Memoria
Cómo ahogar un periódico cooperativo, por Alipio Eduardo Paoletti, Madrid, febrero de 1981 (*)
Soy periodista. He trabajado en varios diarios argentinos y desde 1960 hasta marzo de 1976, fui el director del diario El Independiente de La Rioja, que desde 1970 era editado por una cooperativa obrera, integrada por gráficos, empleados administrativos y periodistas, una experiencia única en la Argentina, que aún subsiste, pese a la represión militar.
Hasta marzo de 1976, la cooperativa estaba integrada por 72 trabajadores. La dirección de la cooperativa y de la política editorial, era decidida en asamblea por la totalidad de los socios, que también elegían por voto secreto a los miembros del Consejo de Administración y al director por un período de dos años.
La política editorial se decidía en base a la adopción del programa de la central única de trabajadores, la CGT. Nosotros adoptamos como referente el programa del 1º de mayo de 1968, aprobado por la CGT de los Argentinos, un programa que sintetizaba las aspiraciones políticas y sociales de los trabajadores argentinos en sus cien años de lucha.
El Independiente, por su vocación democrática, popular y antimperialista, pero al mismo tiempo pluralista política e ideológicamente, se convirtió en una experiencia de comunicación masiva única: era uno de los diarios más leídos del país. El 12 de marzo, al día siguiente del triunfo popular en las elecciones de 1973, el tiraje, controlado por el Instituto Verificador de la Circulación, alcanzó una cifra récord: 11.500 ejemplares, para una provincia de 140.000 habitantes, diseminados en una extensión de 92.000 kilómetros cuadrados, recostada sobre los Andes en el noroeste argentino. Si esa proporción, por ejemplo, se hubiera establecido en Buenos Aires, con 10 millones de habitantes, la cantidad de ejemplares vendidos hubiera sido cercana al millón. Esta explicación no es vana: sirve para ejemplificar el peso político y en la formación de la opinión pública de la zona que tenía El Independiente. Y porqué, antes y después de marzo de 1976 se convirtió en uno de los objetivos estratégicos de la represión militar.
En 1974, después de la muerte de Perón y la aparición pública de la famosa AAA, varios trabajadores de nuestro periódico recibieron amenazas de muerte. Ese mismo año, El Independiente fue objeto de varias clausuras, bajo la presión del ala derechista del peronismo. Motivos invocados: “anomalías” e “irregularidades” en relación a las disposiciones municipales. Estas medidas fueron acompañadas de una persecución sistemática por parte de organismos del Estado. Nosotros logramos, a pesar de todo, salir indemnes de 18 inspecciones diversas ordenadas por la municipalidad de La Rioja, por el Instituto de Cooperativas –que sostenía la curiosa teoría de que las cooperativas no podían editar diarios ni periódicos–, por el Banco de La Rioja, la Dirección Provincial de Cooperativas, etc. Por su parte, la Fiscalía del Estado, de oficio, instauró una acción ante la justicia local para que se investigara si El Independiente, al opinar públicamente sobre los hechos políticos y sociales, no violaba, entre otras, la ley de cooperativas.
En realidad, como después pudo verse claro, el objetivo era acallar la prédica cotidiana del diario a favor de la democracia, de los intereses de los trabajadores y del respeto a los derechos humanos. Paralelamente, por orden jerárquica, se impidió al Obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, una de las cabezas del ala progresista de la Iglesia Católica, leer sus homilías dominicales por la radio estatal. El golpe de 1976 desvelaría las incógnitas y demostraría la continuidad de los objetivos de la extrema derecha: Monseñor Angelelli fue asesinado en agosto de 1976, y nuestro periódico acallado.
La noche misma del golpe, el 24 de marzo de 1976, fue detenido Mario Paoletti, subdirector del periódico. Y en los días sucesivos otros diez compañeros: la cooperativa fue intervenida y un alto oficial del ejército se ocupó de la dirección. El 5 de abril se ordenó mi captura. Y unos meses después, la de mi esposa, también trabajadora de El Independiente.
Los compañeros detenidos fueron sometidos a torturas de todo tipo para intentar arrancarles información sobre supuestos hechos terroristas en los cuales, como es obvio, nada tenían que ver. Aún hoy varios de ellos están en la cárcel, y es imprescindible redoblar los esfuerzos para lograr su libertad. Se trata de Plutarco Antonio Schaller, jefe de fotógrafos; Juan Argeo Rojo, abogados, asesor legal del periódico; Pedro E. Pérez, corresponsal en la localidad de Aminga.
Otros compañeros tuvimos que marchar al exilio. Alrededor de veinte fueron despedidos y se alentó el ingreso de nuevos socios para torcer la vocación democrática y popular del periódico. En 1980, después de más de cuatro años de intervención militar, los trabajadores de El Independiente han recuperado su patrimonio físico. Sin duda no podrán recuperar su patrimonio moral e histórico hasta la caída de la dictadura, pues el diario, pese a seguir saliendo, no puede decir lo que quisiera decir.
Después mi orden de captura, y tras la intervención de muchos sindicatos de prensa en todo el país, en mayo de 1976 se realizó una reunión clandestina de activistas sindicales de todo el país en la cual integramos una comisión de “Prensa de la Resistencia”, que logró la edición de un par de boletines e intentó la reorganización sindical. Yo fui designado por mis compañeros del interior como integrante de esa Comisión, que la represión desorganizó, sobre todo a partir del secuestro de Héctor Demarchi y su posterior “desaparición”. Hoy, varios de esa Comisión, estamos exiliados.
Nuestros sindicatos siguen intervenidos, las conquistas sociales logradas por los periodistas tras largos años de lucha, como nuestro Estatuto Profesional, han sido avasalladas y las condiciones laborales y económicas son de súper explotación. Hay centenares de periodistas asesinados, secuestrados, exiliados.
Nuestra obligación, nuestro deber, es lograr la libertad de nuestros presos, denunciar a la dictadura militar argentina ante la opinión pública internacional denunciando sus intentos de disfrazarse con recambios pseudos institucionales (como el protagonizado por el genocida general Viola que reemplazará al genocida general Videla), y proponer la unidad de todos los argentinos honestos y democráticos en torno a las banderas de lucha que agitan nuestros compañeros en la Argentina.
Libertad, Justicia, Democracia para el pueblo argentino.
Pueda este modesto testimonio ser un gran aporte en ese sentido.
Madrid, febrero de 1981
* Este artículo integra el libro “Argentina, cómo matar a la cultura”, editado en 1981, junto a otros textos de la autoría de Julio Cortázar, Juan Gelman, Mercedes Sosa, Vicente Zito Lema, Alberto Szpunberg, Miguel Ángel Estrella, Ignacio Colombres.
Destacada
Adiós a Juan Actis, referente histórico del Villazo y de la UOM local, por Ariel Fabián Gómez
El movimiento sindical de Villa Constitución atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse este lunes 6 de abril el fallecimiento de Juan Actis, histórico referente metalúrgico y protagonista clave del Villazo.
Actis fue uno de los trabajadores que, desde el corazón de las plantas industriales, impulsó el proceso de organización que derivó en aquella gesta de 1974, considerada una de las mayores conquistas del movimiento obrero argentino. Su participación quedó registrada en un documento difundido en 2009, al cumplirse 35 años del Villazo, donde se destacaba el carácter colectivo y democrático de aquella lucha encabezada, entre otros, por Alberto Piccinini, Dante Manzano, Adolfo Curti y el propio Actis.
En ese texto se subrayaba que el movimiento “generó desde el corazón mismo de las plantas industriales un proceso genuino que, en unidad con la sociedad, logró el objetivo de elegir y ser elegidos libremente por los trabajadores metalúrgicos como sus representantes”, consolidando un hito histórico apoyado también en experiencias como el Cordobazo y el Rosariazo.
Durante la última dictadura militar, Actis continuó comprometido con la lucha sindical. El 6 de diciembre de 1982 fue parte del proceso de reorganización de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica, junto a dirigentes como Piccinini y Tito Martín, sentando las bases de la recuperación institucional tras los años de intervención.
Ya en una etapa más reciente, asumió la conducción de la UOM Villa Constitución como secretario general entre 2010 y 2012, tras la renuncia de Piccinini por su jubilación, manteniendo viva la tradición de lucha y organización del gremio. Previo a ello se desempeñaba como Secretario Adjunto desde 2008.
Además de su militancia, Actis dejó reflexiones escritas sobre la importancia del Villazo en la historia argentina. En 2010, en el prólogo de un libro de Jorge Winter, destacó que aquella experiencia “nunca podrá ser omitida ni minimizada”, y la definió como una herramienta indispensable de aprendizaje para las nuevas generaciones de trabajadores.
Te puede interesar:
Destacada
30 de marzo de 1982: gran paro obrero contra la dictadura.
Para el 30 de marzo de 1982, los trabajadores nucleados en la CGT Brasil y bajo la conducción de Saúl Ubaldini convocaron a una jornada de protesta en todo el país, bajo las consignas «Paz, Pan y Trabajo”, «Abajo la dictadura militar”.
La posible movilización de amplios sectores de la población, motivó que el Ministerio del Interior presionara para que la marcha no se hiciera, bajo el argumento que la CGT no había solicitado la autorización correspondiente para realizar el acto y que estas situaciones podían producir alteraciones a la seguridad y el orden público, a la vez se recordó que seis dirigentes sindicales, entre ellos Saúl Ubaldini, se encontraban procesados por haber declarado otras huelgas generales.
El día de la protesta, Buenos Aires amaneció con carros de asalto, carros hidrantes, la montada de la policía federal, militares en traje de fajina, armas largas y cortas, por todo el centro porteño.
Desde horas tempranas los obreros y trabajadores de todas las especialidades se fueron agrupando para marchar hacia el centro. Los dirigentes llegaron abrazados por Av. de Mayo hasta la avenida 9 de julio y detrás, cientos de activistas. La marcha pretendía entregar un documento en Casa Rosada. Se cantaba «Pueblo Unido jamás será vencido», «Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar» y «Luche luche que se van».
Hubo al menos tres horas de violentos enfrentamientos entre los manifestantes, que intentaban llegar hasta la Plaza de Mayo, y centenares de policías. Las fuerzas de seguridad no sólo arremetieron contra quienes integraban las columnas de manifestantes, sino que detuvieron también a tres periodistas (uno de ellos de una cadena de televisión norteamericana) y a tres reporteros gráficos. Uno de los problemas que debieron enfrentar los uniformados se centraba en que los grupos populares se armaban y disolvían rápidamente en distintas esquinas, para reaparecer una y otra vez a corta distancia, improvisando con ello una táctica que obligó a la policía a redoblar su acción y a endurecer la represión.
Se reprimió duramente las concentraciones que se efectuaron en los alrededores de Tribunales y en el puerto; por primera vez, empleados y funcionarios de la zona céntrica de Buenos Aires arrojaban desde balcones y ventanas todo tipo de proyectiles contra los elementos de la represión.
Por la noche los noticieros informaron del asesinato de dos trabajadores, uno en Mendoza, José Benedicto Ortiz, trabajador y sindicalista textil. La jornada arrojó más de 2500 heridos y unos 4000 detenidos en todo el país.
Entre los detenidos figuraban el entonces secretario general de la CGT nacional, Saúl Ubaldini, y cinco integrantes de la comisión directiva; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a un grupo de madres de Plaza de Mayo. Las imágenes trascendieron adentro y afuera del país.
Hubo manifestaciones en Mendoza, donde la represión culminó con el asesinato de un sindicalista; en Rosario, dos mil trabajadores recorrieron el centro de la ciudad con consignas contra la dictadura; en Mar del Plata y San Miguel de Tucumán detuvieron a doscientas personas por repudiar al gobierno militar; en Córdoba, el Tercer Cuerpo del Ejército patrulló las calles con columnas de hasta siete vehículos militares por temor a la movilización de los trabajadores».
Al día siguiente, la CGT elaboró un documento afirmando que el proceso militar estaba «en desintegración y desbande» y reclamando un gobierno cívico militar de transición a la democracia. Ese texto nunca llegó a difundirse, porque antes los militares salieron de la sombría situación en que se habían colocado fugando a Malvinas.
Los diarios reflejaron en sus tapas los «importantes disturbios» y la sensación de que la estabilidad de la Junta Militar estaba seriamente amenazada. Sin embargo, tres días después, tropas argentinas tomaron las islas Malvinas.
La CGT y los trabajadores le habían demostrado a los dictadores que debían dejar el gobierno, que ya nada era igual, que se había alcanzado un grado de organización suficiente para hostigarlos hasta echarlos. El movimiento obrero hizo el 30 de marzo del 82 una jornada tan trascendente como lo fueron en los años 60 y 70, las grandes movilizaciones donde se cantaba «Obreros y Estudiantes unidos y adelante”, y en cada barricada se vivía un clima de lucha, libertad y solidaridad .
LEONIDAS F. CERUTI, HISTORIADOR
Ver nota completa en AnRed: https://www.anred.org/dictadura-militar-resistencia-obrera-y-el-paro-del-30-de-marzo-de-1982/
Memoria
«Los delincuentes de guante blanco son la verdadera casta», por Carlos del Frade
El ex comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Fischietti, denunció que el 20 de marzo de 1975 se desató el Operativo Rocamora, apellido del entonces Ministro del Interior, contra la ciudad de Villa Constitución.
Cuatro mil integrantes de diversas patotas, embrión de los grupos de tareas, coparon la geografía del sur santafesino, secuestraron a 200 delegados y trabajadores de las fábricas Acindar, Metcon, Marathon y Vilber y comenzaron a torturarlos en el edificio del albergue de solteros de Acindar, pagados a razón de 200 dólares por día por los empresarios, entre ellos José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces gerente general de Acindar.
Era el ADN del terrorismo de estado: delincuentes de guante blanco ordenaban y pagaban a sus cancerberos para desaparecer a una generación de jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias, la mayoría de las 30 mil personas desaparecidas a partir del 24 de marzo de 1976, donde Martínez de Hoz fue el ministro de Economía. La decisión de los jueces federales, medio siglo después, ratifica que la decisión del verdadero poder en Argentina es consolidar la impunidad de los delincuentes de guante blanco, la verdadera y única casta que existe.
Nuestra admiración y nuestro respeto para los y las sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y las abogadas que seguirán insistiendo para que alguna vez haya justicia contra el verdadero impulsor del genocidio: el poder económico. La historia no habla del pasado, denuncia el por qué del presente.
Virginia Franganillo: «Tenemos que construir un lenguaje de rehumanización de la sociedad»
Rodolfo Aguiar denunció que el ajuste en la CNEA es «un golpe al corazón del plan nuclear argentino»
