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El FMI reconoce el esfuerzo del gobierno argentino y que la deuda es “insostenible”

La página oficial del Fondo Monetario Internacional publica hoy éste artículo:
Un equipo del FMI, dirigido por Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, visitó Buenos Aires[1] del 12 al 19 de febrero de 2020 para discutir con las autoridades argentinas los recientes desarrollos macroeconómicos y conocer en mayor detalle el programa económico del gobierno. Al finalizar la misión, la Sra. Kozack y el Sr. Cubeddu emitieron la siguiente declaración:
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo.
Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables. Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales. Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda.
El personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By (SBA). En esa ocasión, la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales, que incluían: (i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es buen un predictor de crisis en economías emergentes.
Desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. De hecho, desde julio de 2019, el peso se ha depreciado en más del 40 por ciento, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1100 puntos básicos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de US$ 20 mil millones y el PIB real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión. Además, dadas las profundas dificultades de financiamiento que surgieron, desde agosto 2019 se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales y extender el vencimiento de ciertas deudas. Al mismo tiempo, se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal.
A la luz de estos desarrollos, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda.
El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas. En el contexto de la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G20, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a efectos de definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina”.

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Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

En exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el economista y candidato a diputado por el instrumento electoral de la Unidad Popular, Claudio Lozano, expone su mirada sobre la política argentina, la crisis de representación, la desestructuración social y educativa, y la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus instituciones. A lo largo de la conversación, Lozano combina reflexiones históricas, análisis de la realidad actual y propuestas concretas para intervenir desde el Congreso, siempre con el eje puesto en los derechos de los trabajadores, la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.
LCV: “El economista Claudio Lozano, si no me equivoco, es candidato a diputado. El partido es Unidad Popular, pero la lista se llama instrumento electoral.”
Claudio Lozano: “No, el partido se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. Normalmente decimos Unidad Popular para simplificar.”
LCV: “¿Por qué instrumento electoral?”
Claudio Lozano: “Es una pregunta que obliga a una reflexión bastante profunda. Nosotros no creemos en la idea tradicional de los partidos, como estructuras con cuadros que sostienen una concepción de izquierda, derecha o centro y que la proponen a la sociedad. Creemos que esas concepciones están puestas en debate y hay que construir otras cosas, recogiendo lo que la propia sociedad va produciendo. Por eso, nuestro partido se asume como un instrumento de la sociedad, especialmente en el campo de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Nuestra lista está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintas organizaciones con compromiso, trayectoria y vínculo con trabajadores, cooperativistas y temas como derechos urbanos y ambientales. Es un paso más allá del movimientismo, una herramienta de construcción que respeta la iniciativa social.”
LCV: “¿La diferencia con el PJ sería que el PJ tiene una concepción más estatalista?”
Claudio Lozano: “Exactamente. Creemos que hay que darle más entidad a las organizaciones de la comunidad. El PJ tiene tradición en esto, pero no compartimos la vieja concepción de partidos del siglo XIX y XX, donde las decisiones estaban estructuradas por cuadros que le decían a la sociedad qué hacer. Para nosotros, la sociedad tiene que ser parte de lo que decide sobre su propia organización.”
LCV: “Y las últimas decisiones de la sociedad, ¿te preocupan?”
Claudio Lozano: “Sí, en tanto elecciones mayoritarias. La sociedad ha optado en un contexto de debacle. Desde el fin de la dictadura en 1983-84 hasta hoy, hemos pasado de un 30% a alrededor del 40% de pobreza. La idea de que con la democracia se come, se educa y se cura no se cumplió. Las últimas experiencias de gobierno, tanto Macri como el Frente de Todos, aunque confrontadas, mantienen la continuidad del deterioro de la vida social. Hay un emergente de crisis monumental de representación política. Para mí, el problema central a lo largo de 41 años de democracia ha sido la educación, la falta de aspiraciones formativas y sociales, lo que genera un fenómeno donde la generación actual teme que sus hijos estén peor que ellos. Esto mata cualquier aspiración y lleva a la búsqueda de soluciones inmediatas, como las criptomonedas o la inmediatez tecnológica, en ausencia de bases educativas sólidas y un tejido social fuerte.”
LCV: “¿Creés que la desestructuración social se vincula a la transformación regresiva del país?”
Claudio Lozano: “Sí. La destrucción del sistema público educativo y sanitario se enmarca en una reestructuración capitalista que empieza en la dictadura, con la deuda, la fuga de capitales, la desindustrialización y ajustes sistemáticos del Estado. Esto impacta en la sociedad, en las aspiraciones de las nuevas generaciones y en la percepción de comunidad. Antes, los niños tenían la obligación de estudiar y participar de la vida comunitaria; hoy, esa estructura desapareció, y la competencia reemplaza a la cooperación. La comunidad y el tejido social que existían en barrios como Liniers se ha debilitado, y con ello la capacidad de la sociedad para organizarse y reivindicar derechos.”
LCV: “Vos mencionás la responsabilidad de transmitir esos valores, ¿no?”
Claudio Lozano: “Sí. Esa responsabilidad explica mi trayectoria: la fundación de la CTA, la recuperación de ATE, el trabajo con Adolfo Pérez Esquivel en Servicio Paz y Justicia durante la dictadura, el acompañamiento a Gustavo Conte en derechos humanos en 1984 y ahora la candidatura a diputado. Hay una salida más fácil que competir electoralmente: ser el ‘sabio del pueblo’, dar charlas y organizar estudiantes, lo cual también forma parte de mi rutina y me da placer. Pero considero que hay que intervenir institucionalmente, desde el Congreso, para defender derechos y modificar la sociedad.”
LCV: “¿Cuál sería tu propuesta concreta al llegar al Congreso?”
Claudio Lozano: “Primero, rechazar los decretos inconstitucionales de este gobierno, como el 7023, que derogó y modificó leyes afectando a inquilinos, tarjetas de crédito, prepagas y empresas estatales. Segundo, recuperar la capacidad del Parlamento de auditar la deuda y la fuga de capitales, y cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, trabajar para que este gobierno se vaya, porque ha hecho mucho daño social, cultural y político. Presentamos siete causales de juicio político para visibilizar la violación constante de la Constitución y abrir una salida institucional acompañada por la movilización popular. Con estas medidas, nuestra presencia en el Congreso busca defender derechos, recuperar institucionalidad y construir alternativas para el futuro del país.”
LCV: “Es un enfoque integral: derechos, comunidad y control institucional.”
Claudio Lozano: “Exactamente. Además, hay que frenar la penetración del narcotráfico en los barrios populares y fortalecer la comunidad a través de organizaciones, iglesias y movimientos sociales. Nuestra fuerza, con presencia en 16 provincias y más de diez años de existencia, busca confrontar al gobierno y crear un bloque político sólido, democrático y comprometido con los derechos del pueblo argentino. Esto significa garantizar coaliciones sin proyectos contradictorios y con procedimientos internos democráticos, excluyendo la influencia de actores destructivos como los narcos.”
LCV: “En el contexto histórico, también señalaste vínculos con la dictadura y la herencia educativa de ese período.”
Claudio Lozano: “Sí. Por ejemplo, Juan José Catalán, ministro de educación durante la dictadura, aplicó métodos perversos de adoctrinamiento y retraso educativo. Hoy, algunos descendientes de esos actores reproducen estrategias similares. Esto refleja cómo la memoria histórica, la represión y la desigualdad educativa se entrelazan con la política contemporánea. La lucha actual incluye frenar la criminalización de la protesta, defender los derechos sindicales y la organización comunitaria, y enfrentar una fase de revancha oligárquica que amenaza los derechos adquiridos.”
LCV: “Para cerrar, ¿cómo resumirías tu misión en el Congreso?”
Claudio Lozano: “Mi objetivo es claro: desmontar decretos que vulneran derechos, auditar la deuda y la fuga de capitales, suspender pagos abusivos, garantizar la institucionalidad y trabajar para una transición hacia un gobierno que respete la Constitución. Todo esto se hará en diálogo con la movilización popular y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Con estas acciones, buscamos que la sociedad vuelva a ser protagonista y que se reconstruya el lazo social que hoy se ha debilitado.”
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Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra

Uno de los sindicatos más combativos dentro de la CGT, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), fue atacada entre 4 y 5 de octubre, un par de días antes de que se iniciara un anunciado paro nacional por negociación paritaria. Huelga que quedó en suspenso por el rápido pedido de las cámaras empresarias de una conciliación obligatoria.
El fin de semana aterior al paro, cuando las negociaciones estaban estancadas por la exigencia de un salario digno que cumpla con el mandato constitucional que de acuerdo a cifras oficiales sería de más de 2.000.000 de pesos como primer sueldo, un grupo de desconocidos desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.
No se trató de un robo ‘al voleo’, no sólo estaba planificado sino que el operativo demostró un conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.
Después de analizar lo sucedido, con prudencia, el sindicato difundió éste domingo un comunicado en el que sostienen:
“El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones. Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera. Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.”
El atentado a la sede sindical aceitera se produjo, también, luego de una postura activa de su dirigencia en pos de la unidad sindical en la que convocaron a un plenario de 200 delegados de diversos gremios, entre ellos UOM, SiPreBA y ATE. Mientras en la CGT se debate la futura conducción a definir dentro de un mes.
De inmediato comenzaron a llegar los comunicados de repudio, primero el de la CTA:
“Se trata de un ataque a una organización sindical que ha dado pruebas de su compromiso en la defensa de los trabajadores. Cualquier agresión o atentado contra una organización sindical o sus dirigentes implica un ataque a la democracia y a toda la clase trabajadora. Desde nuestra CTA exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho y que el poder judicial determine quienes son sus responsables materiales e intelectuales. Por último, solicitamos a los gobiernos provincial y municipal que garanticen la seguridad de la organización afectada y sus dirigentes, como así también el ejercicio de la libertad sindical.”
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Conflicto por paritarias de Aceiteros: nueva conciliación obligatoria. Van por un mínimo de 2 millones

Una vez más, el gobierno tuvo que recurrir a la conciliación obligatoria por 15 días. Queda en suspenso el paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.
El reclamo paritario de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.
En un comunicado difundido en el día de hoy, advierten: “Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones. Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo.”
Luego de considerar que no están dispuesto a acompañar una política salarial que pretende condenar a la pobreza a la clase trabajadora favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos, concluyen: “Por ello, reafirmando nuestra defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país.”


Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra
