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Crónica de coronas, virus y autoritarismo, por Alvaro Hilario desde Bilbao, País Vasco
Lunes, 23 de marzo. Portugalete, localidad obrera de pasado burgués situada en la desembocadura de la ría de Bilbao, capital económica vasca y sita 8 kilómetros aguas arriba.
El sol primaveral acaricia las fachadas desnudas, las calles vacías. Aprovecho la salida a la panadería para, en una carrera, subir hasta la parte más alta del barrio y, desde allí, ver el mar. Los acantilados blancos, metálicos, más solitarios que nunca, se recortan contra las inmóviles grúas del puerto. Nada perturba el azul de la hoy calmada lámina de agua.
Enciendo un pucho. Acá y allá, unas pocas personas, algunas con barbijo, acarrean bolsas con viandas o van al quiosco a por tabaco. De la cama al living. De casa al trabajo.
El mío es un barrio de laburantes. Un barrio acostumbrado a las estrecheces tanto como al festejo y a la calle. Como el resto del país, todo permanece aparcado hasta mejor ocasión. De hecho, las medidas de aislamiento, que comenzaron a aplicarse con la máxima rigidez el pasado domingo, 15 de marzo, se extienden dos semanas más allá de lo inicialmente previsto.
Y el barrio, acostumbrado a las estrecheces, con un carácter reservado, a veces vasco, a veces gallego, continúa resignado con su vida tras esas desnudas fachadas. A veces, pocas, en los balcones. Dichosos balcones.
Desde que la pandemia del corona virus provocara la imposición de las primeras medidas de aislamiento, reforzadas a los dos días (17 de marzo) con la declaración del Estado de Alarma –régimen de excepción de carácter militar- todos los medios de comunicación han actuado de la misma forma: en primer lugar, sobreinformación respecto al covid 19 (entrevistas, tertulias, opinadores, ruedas de prensa oficiales), relegando todo tema ajeno a la emergencia médica, especialmente los más polémicos; por otro lado, todo un despliegue de reportajes costumbristas destinados a provocar una reacción determinada de la ciudadanía, presentando la situación como la de una nación unida y feliz en la desgracia, plena de recursos y ocurrencias para hacer frente a la desgracia; una nación liderada por su rey, sus políticos y protegida por sus fuerzas armadas.
El plato fuerte de esta corriente inducida son los balcones, dichosos balcones, a las ocho de la tarde: el aplauso al personal sanitario.
Comportamiento colectivo –solidario, para unos; producto del miedo, para otras- importado de Italia, anunciado, voceado, inducido por el Estado y los medios que, sin rubor alguno, lo presentan como “espontáneo”.
Es la guinda de la torta: la fiesta balconera, dichosa fiesta, que rubrica la acrítica aceptación de unas medidas de aislamiento que coartan gravemente los derechos civiles, recentralizan el poder del Estado y colocan a las fuerzas armadas españolas a la cabeza del armado.
Unas medidas de urgencia diseñadas por el capital y sus gestores que, sin ningún género de dudas, nos llevarán a la socialización de las pérdidas empresariales (como ya sucedió con el salvataje de la banca, cifrado en 60.000 millones de euros).
Confinamiento, autoritarismo y capital
Lo más destacable de la situación es el inmediato acatamiento de modo acrítico por parte de la población de las medidas de aislamiento, del confinamiento, aún a pesar de que las razones científicas no sean comprendidas y de que no haya unanimidad en la comunidad científica. Medidas de aislamiento físico que se imponen de modo universal obviando las diferencias entre una ciudad de 4 millones de habitantes y localidades de 300 vecinos. Medidas de aislamiento que, sin embargo, desaparecen a la hora de trabajar: ni en call centers ni en fábricas se respeta el metro de diferencia entre personas; menos aún en los subtes que, para colmo, vieron reducidas sus frecuencias (como todo el transporte colectivo) el primer lunes de restricciones, aumentando así las aglomeraciones.
Después de 10 días de encierro, no se ha parado la producción en los sectores no esenciales (alimentación y sanidad, en especial) tal como están pidiendo los sindicatos en su totalidad.
La patronal vasca, CEBEK, por boca de su presidente, Iñaki Garcinuño, ha señalado esta mañana que el País Vasco no se puede permitir “un cierre global” de la actividad económica e industrial como consecuencia de la crisis del coronavirus porque la pérdida puede ser “extraordinaria e incluso irreparable”, ya que “muchas empresas no volverán a abrir”. Lo “conveniente y responsable”, ha añadido el empresario vasco, es ir a trabajar para tratar de mantener una “mínima” actividad económica que haga que “la cadena no se rompa” para que, “el día después”, las empresas sigan existiendo y “no sean un cadáver”.
Mientras tanto, las empresas, pensando en sus beneficios, obvio, ya se han lanzado a una frenética escalada de despidos que están tomando la figura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El Expediente Temporal de Regulación de Empleo es una autorización temporal para una empresa mediante la cual puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para que prescinda durante un periodo de tiempo de sus empleados quedando exenta de pagarles. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero, con carácter general, no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo. Además, para hacer esta figura más atractiva para los empresarios, el Gobierno bonificará la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERTE, de modo que limitará al máximo el coste de sus sueldos.
El caso de Inditex, la multinacional del rubro textil propiedad de Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo, es paradigmático en cuanto a la aplicación de ERTEs y la socialización de las pérdidas. Inditex tiene previsto aplicar este tipo de despido a una plantilla, la española, que oscila entre los 34.000 y 37.000 trabajadores, a partir del 15 de abril. No vamos a hablar del medio millón de laburantes que trabajan para Inditex en Bangla Desh por un sueldo de 83 euros mensuales.
Mediante este ERTE, Inditex, la multinacional que cobija a las tiendas de ropa Zara, se ahorraría unos 45 millones de euros en sueldos y aportes por cada mes de parón en la actividad; sueldos y aportes que correrán por parte del Estado, de la ciudadanía.
Mientras tanto, el magnate español, que con su multinacional textil tuvo 3.444 millones de euros en 2018, juega a la filantropía y dona 300.000 barbijos fabricados en China a la sanidad española. Una bagatela, claro.
Más dinero estará gastando en la campaña, espontánea, para que se le conceda el Premio princesa de Asturias a la concordia y que a fecha de hoy ha recibido el apoyo online de 100.000 personas.
¿En qué piensan esas 100.000 almas de cántaro? ¿No aprendieron matemáticas?
Solo los portales web independientes y las redes sociales se hacen eco del malestar que depredadores como Ortega causan en amplios sectores de la población, en esos sectores que ya apagaron la TV.
La preocupación por la situación económica, por la que nos viene, es disimulada por los grandes medios radicados en Madrid que, como decíamos, imponen esa imagen de patria unida e interclasista contra la adversidad.
Balcones, costumbrismo y patria
En este armado tiene gran importancia el hecho colectivo por antonomasia, el aplauso que a las 20.00 horas la ciudadanía tributa al sector sanitario, el más castigado por la enfermedad ya que el 12% del total de los afectados, 3.475 personas, son profesionales del sector. El aplauso, iniciativa nacida en Italia y cuya imitación se ha difundido sin descanso por los mismos medios que osan calificarla de “espontánea”, se está utilizando en los últimos días para que la ciudadanía honre a las fuerzas de seguridad, a la policía: los diferentes cuerpos policiales arriman el ascua a su sardina y con la escusa de ir a apoyar a los sanitarios se colocan con sus vehículos en el centro de la escena, de las cámaras y de los focos. Ahora, la población extiende su reconocimiento a quienes detentan el monopolio de la violencia.
El Estado de Alarma cuenta con un tendal de medidas represivas para quienes incurran en contravenciones, medidas represivas que se están aplicando de forma extensiva y de modo arbitrario, primando los barrios carenciados. No hay cuerpo policial que no esté incurriendo en excesos durante estos días. Será difícil que cambien su actitud si un día esto termina. Multas y detenciones superan los millares en toda la geografía peninsular. Poca broma. ¡Ar!
Además, desde el 17 de marzo el ejército español se está desplegando por las calles con la justificación de la emergencia y cobijados por la Alarma. El País Vasco ha sido la última comunidad autónoma donde han tomado posiciones … Vemos atónitos improvisados desfiles, proclamas de guerra, el himno español atronando desde los vehículos militares, desde los tanques. Combatir un virus a cañonazos es una idea muy española.
Un twitter de 21 de marzo, firmado por Jainko barik (sin dios), resume lo que muchos pensamos de esta intolerable presencia de los milicos en nuestras calles:
“Es curioso como cada vez que quieren enaltecer a los militares nos los presentan realizando actividades que no son propias de militares, sino de bomberos, limpiadores, personal humanitario o de rescate. Y lo más curioso es que parece que funciona”.
Los recelos de las autoridades catalanas y vascas ante el despliegue militar se han combatido desde Madrid con el habitual menosprecio y subrayando el tremendo trabajo que la unidad militar de emergencia realiza. Cataluña y País Vasco, por supuesto, no entienden lo primordial que es la “unidad nacional” en la lucha contra el covid 19. Ya decimos que el Estado está planteando el asunto como una lucha patriótica en la que, obvio, incluyen a toda esa periferia que no se siente española. Recordar que el Estado de Alarma centraliza todo el poder en Madrid dejando en suspenso las competencias que las comunidades autónomas tienen. Madrid está dando una vuelta de tuerca a la recentralización del Estado, se mire como se mire.
La rueda de prensa del Comité de Dirección del Coronavirus, hoy también, es dirigida por militares. Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, anuncia que la guardia real también se incorpora a las tareas. Una muestra de que el rey de España “es el primer soldado”. Sí, estamos en 2020.
El Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto (2019) de 8.537 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, 4.253 millones de euros. Señalar que en el presupuesto de Defensa no entran las partidas destinadas a los cuerpos policiales ni a la industria armamentística.
El Ejército español nunca tuvo más papel que reprimir a su población y, por otra parte, no fue depurado tras la dictadura del genocida general Franco (1939-1975). Si los presupuestos del Reino de España se diseñaran pensando en las necesidades de la gente y no del capital, hoy en día contaríamos con el número de profesionales suficiente para hacer innecesaria la inútil presencia militar que, reiteramos, no tiene otro objetivo que reforzar la idea de unidad española y lavar la cara de las fuerzas armadas. Y parece que funciona.
A pesar de todo, solo el diputado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya) ha pedido reducir el presupuesto militar para que sea dedicado a fines sanitarios y sociales.
Sanidad, borbones y cacerolas
A fecha de hoy, aún 23 de marzo, en el Estado español hay 33.105 casos diagnosticados y 2.192 defunciones registradas. De estos, 10.575 contagios y 1.263 muertes se dan en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP), fuerza heredera del franquismo, desde 1995. Madrid ha sido durante todos estos años laboratorio predilecto del neoliberalismo español que, entre otros dislates, ha arrasado la sanidad pública, sanidad colapsada en estos días, sanidad reforzada -¡Cómo no!- por los esfuerzos de los militares. El circulo vicioso del capital.
El PP ha privatizado la sanidad pública madrileña. El PP ha saqueado la sanidad pública madrileña, como también lo hizo con la valenciana, por ejemplo. Todo en un contexto de recortes en todo tipo de gasto social efectuados por todas las instituciones a raíz de la crisis de 2008.
Desde 2009, Madrid ha perdido 53.000 sanitarios. Un año después, comenzó la privatización del sector sanitario: Madrid tiene 33 hospitales públicos y 50 privados. De los 33 públicos, 5 tienen gestión privada, haciendo que sus tratamientos sean hasta seis veces más caros para el erario público.
Es más, el PP, envuelto en infinidad de casos de corrupción, llegó a desviar 3 millones de euros destinados a la sanidad madrileña a financiar el partido.
El PP, en estos días, crítica al Gobierno y le reprocha la falta de medios de una sanidad que ellos hicieron bosta. Dichosos balcones.
La semana pasada, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, una de las personas que más ha hecho por privatizar el sector público, fue ingresada junto a su marido, ambos aquejados de covid 19, en un hospital público. Los dos juntitos en la misma pieza medicalizada.
Ni Esperanza ni Amancio son capaces de romper la felicidad de los balcones. Esta solo se quebró el 18 de marzo con motivo del discurso televisado del rey Felipe VI.
Desaparecido durante toda la crisis, hace 5 días, Felipe de Borbón hizo una alocución a la nación, todo esto después de haber hecho pública, pocos días antes, su renuncia a la herencia que le correspondería por parte paterna, por parte del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. También le retiraba la asignación; esta, sin gastos de vivienda, transporte y demás, suma casi 200.000 euros anuales… A cargo de los presupuestos del Estado. La renuncia, una medida de cara a la galería en un intento de salvar su figura abjurando de su padre, viene después de conocerse una más de las trapacerías del anterior rey: el pago de 65 millones de euros a una amante, plata proveniente del cobro de mordidas en Arabia Saudí.
Los negocios de Juan Carlos de Borbón, turbios, con cuentas multimillonarias suizas, están tapados por la inviolabilidad de la que goza por haber sido jefe del estado, pero parte de la opinión pública no aguanta más abusos de la Monarquía. Parece que ni su misma presencia.
Así, el discurso de Felipe de Borbón fue acompañado de una tremenda cacerolada, hecho este que no pareció simpático y espontáneo a los grandes medios. Pero todos pudimos oírlo.
Con tanto tiempo e información, quien no se quiere enterar es porque no le da la gana. Así, se perfilan los dos grupos de siempre: uno de buenos ciudadanos, dispuestos a participar en la impostura patriótico festiva e interclasista, y otro que ve preocupado la deriva autoritaria del Estado, deriva acompañada de la sombra de la miseria y la exclusión.
Si la arbitrariedad de las fuerzas policiales a la hora de aplicar contravenciones y la presencia de tanques en las calles no fueran suficientes, no son pocas las individualidades de balcón que, animadas por el cotarro represivo, se dedican a increpar a quienes circulan por las veredas, ajenos a si esas personas laburan en la sanidad o van a atender familiares de avanzada edad (como es mi caso). El buchoneo colectivo y promocionado por los medios. El enano fascista que todos llevamos dentro.
Terminaremos con otro meme, con otro twitter: “De la droga se sale. De jalear desde el balcón a la policía para que multe y detenga a personas que van solas por la calle tengo mis dudas”.
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España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.
Veinte minutos fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dejase clara la postura española frente a los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán: “La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y de bombas. Y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.
Añadió, además, que esta apuesta por el derecho internacional, enarbolada también por España en los conflictos de Ucrania, Groenlandia, Palestina o Venezuela no supone defensa alguna del régimen iraní: “Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España” -afirmación que relacionó con la sangrienta invasión de Irak, dirigida hace 23 años por George W. Bush con el apoyo y aplauso de los líderes británico y español, Tony Blair y José María Aznar-“La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver”.
Una respuesta que, más allá de las palabras, se complementa con la negativa a que Estados Unidos utilice dos de las tres bases militares (Rota y Morón, sitas en Andalucía desde 1953 en virtud a los pactos alcanzados con Franco) de titularidad hispano-estadounidense para la materialización de los ataques contra Irán, negativa que ha contrariado al presidente estadounidense Donald Trump hasta el punto de anunciar la ruptura de relaciones comerciales con España (algo imposible de materializar tanto en base al derecho privado -los tratos entre empresas- como al hecho de que España pertenece a la Unión Europea que pacta como bloque con Estados Unidos).
Interpretación en clave electoral
España vive una seguidilla, un carrusel, de elecciones autonómicas (equiparables a las provinciales argentinas) provocado por el derechista Partido Popular (PP) con la intención última de debilitar al Partido Socialista (PSOE) y forzar a su líder y presidente del Gobierno, Sánchez, a llamar a elecciones generales. De hecho, desde que Sánchez asumió la presidencia toda la estrategia del PP ha estado dirigida a desalojar a este del ejecutivo embarrando la cancha sea cual sea la polémica que se planteé y valiéndose para ello, por lo general, de una asombrosa pobreza de argumentos.
Así las cosas, no hay interpretación del discurso de veinte minutos que no tenga la carrera electoral como punto de salida y final del análisis, sea este realizado desde la izquierda o la derecha.
El progresismo subraya la autonomía y dignidad españolas a la hora de tomar decisiones, cuyos opuestos se personifican en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejos del servilismo europeo, obviando que durante los gobiernos presididos por Sánchez España ha batido todo récord en gasto armamentístico e implicación en las labores de la OTAN, y que en estos días España está enviando buques de guerra al Mediterráneo oriental con el pretexto de defender Chipre (miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN).
Por otra parte, hay un punto en común en casi todos los análisis, vengan por izquierda o derecha: el paralelismo establecido por Sánchez entre la situación actual y la guerra de Irak de hace 23 años, el rescate del “no a la guerra” que entonces movilizó de forma mayoritaria a la sociedad española, más allá de reafirmar la vocación por el diálogo del ejecutivo español tendría también la intención de encolumnar a los votantes de izquierda tras el PSOE; como sucediera con la guerra de Irak, el rechazo a la guerra (según las encuestas más de la mitad de la población española comparte la posición de Sánchez) movilizaría este sector del electorado en plena coyuntura adversa (la izquierda tuvo un muy mal desempeño en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, diciembre de 2025 y febrero de 2026) y en puertas de las autonómicas de Castilla-León y Andalucía
Las derechas, por su parte, tirando de una lógica tan elemental como torticera e infantil defendieron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ´régimen odioso¨. Siguiendo en el desprecio al derecho internacional ya manifestado durante la crisis venezolana, Feijóo añadió que “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay”. Aseguró, por otro lado, que apoyar el belicismo y el desprecio por la ley es estar junto a las democracias liberales, junto a Occidente y, siguiendo esta lógica primariay de tintes electorales, lo contrario es participar del eje del mal: “No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados”, insistió, mientras acusaba al presidente Sánchez de no defender “los intereses generales de España, sino a sus necesidades políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”.
Todo el PP, consciente del apoyo de la sociedad civil al “no a la guerra” ha salido a repetir los argumentos de su líder aunque sin aportar ni originalidad ni brillantez a los argumentos de este. De este modo, su portavoz parlamentaria Ester Muñoz manifestó que la complejidad del derecho internacional impide caer en el simplismo de eslóganes sobre la guerra, defendiendo que, aunque todos están en contra de los conflictos armados, la situación actual es mucho más profunda, sin explicar ninguna de estas afirmaciones y para, a continuación, evitando una vez más pronunciarse sobre la cuestión de la violación del derecho internacional por parte de Israel y Estados Unidos, señalar que Irán “no respeta el derecho internacional” puesto que se dedica a lapidar mujeres, colgar a homosexuales y alentar el terrorismo internacional. Retrucando, que es gerundio.
La extrema derecha, Vox, capitaneada por Santiago Abascal, aliado de Milei, y que disputa al PP el liderazgo del bloque de derechas, también se abraza al agresor norteamericano a pesar de las amenazas contra la España que tanto dicen amar y defender valiéndose de los mismos argumentos del PP, partido al que perteneció durante 19 años. Obviando el derecho internacional, igual que Núñez Feijóo, Abascal dijo que si el régimen «tiránico» de los ayatolás cae, “el mundo será más libre”, y enmarcó la agresión en lo que definió como “la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás”.
Al hilo, criticó la política exterior del Gobierno español, asegurando estar preocupado porque Pedro Sánchez, acerque a España a «la oscuridad antioccidental» con posiciones contrarias a los intereses occidentales, que reciba los aplausos de Hamás o de los talibanes y pretenda “enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán”.
Vox, financiada en 2014 con cerca de un millón de euros procedentes de oscuros grupos del exilio iraní, ha propuesto al PP por boca de su presidente Santiago Abascal presentar una moción de censura parlamentaria contra el presidente Sánchez. Un paso más en la competición por los votos. Abascal, antiguo ñoqui del PP, asegura que Sánchez se disfraza “de pacifista” y utiliza su política exterior contra el genocidio en Palestina y ahora contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para su propio beneficio. “Miente porque quiere la guerra. Quiere todas las guerras porque eso le permite ocultar sus crímenes y sus corrupciones. Es el personaje más miserable porque es el carroñero que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles”, ha dicho. Y ha añadido: “Sánchez celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones”.
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“La Ley de Glaciares no se toca”: la campaña que advierte que están “rifando el agua del presente y del futuro”
En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, la activista socioambiental Paula Kaeser explicó en qué consiste la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, cuestionó la media sanción obtenida en el Senado y alertó sobre los riesgos de la megaminería, la privatización del agua y el uso intensivo de recursos por parte de la inteligencia artificial. “No están discutiendo un cubito de hielo: están discutiendo la reserva estratégica de agua dulce de la Argentina”, afirmó.
LCV: ¿En qué consiste esta campaña plurinacional por la Ley de Glaciares?
Paula Kaeser: “La campaña se llama ‘La Ley de Glaciares no se toca’. Lo que ocurrió fue que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados. Algunos lo presentan como un logro, pero es apenas un paso en una disputa muy compleja. Lo que estamos pidiendo es que no se modifique la ley para habilitar actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglaciar, porque eso implica poner en riesgo la principal reserva de agua dulce que tenemos.”
LCV: ¿Cómo se le explica a un ciudadano común —o a un diputado que minimiza el tema— por qué esto es tan grave?
Paula Kaeser: “Cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo del agua, nos explicaban cómo el agua baja de las montañas, alimenta los ríos y permite la vida en todo el territorio. Si destruís glaciares o descuidás el ambiente periglaciar, alterás ese sistema. No es un pedacito de hielo aislado: es un ecosistema conectado. Si se habilitan proyectos megamineros en esas zonas, la consecuencia es que la reserva de agua dulce puede quedar contaminada o directamente agotada.”
LCV: ¿Tenés ejemplos concretos de lo que puede pasar?
Paula Kaeser: “En la provincia de San Juan, en el departamento de Jáchal, la actividad minera generó derrames que afectaron una cuenca completa. Ese pueblo vivía de dos ríos; tras la contaminación, tuvieron que modificar su sistema de abastecimiento porque uno ya no podía utilizarse para consumo ni riego. A partir de ahí empezaron a registrarse más enfermedades, incluso casos de cáncer, algo que los vecinos remarcan que no era habitual décadas atrás.”
LCV: También mencionaste el tema del acceso al agua potable.
Paula Kaeser: “En Argentina todavía hay un porcentaje muy alto de población sin acceso pleno a agua potable. Y mientras no terminamos de garantizar ese derecho básico, se pretende avanzar sobre las reservas estratégicas. Es un contrasentido: no llegamos a potabilizar el agua para todos y al mismo tiempo queremos habilitar actividades que pueden deteriorar la fuente.”
LCV: ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial y los proyectos que se mencionan para la Patagonia?
Paula Kaeser: “Los grandes centros de datos que sostienen la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía y agua para refrigeración. Son servidores que funcionan de manera permanente y generan mucho calor. Para enfriarlos se usan sistemas que demandan millones de litros de agua dulce. Entonces, cuando se habla de instalar polos tecnológicos en zonas frías con abundancia de agua, estamos hablando también de presión sobre un recurso finito.”
LCV: También mencionaste la presencia de empresas extranjeras en la gestión del agua.
Paula Kaeser: “Hace años que denunciamos el avance de Mekorot en convenios vinculados al manejo del agua. Por eso impulsamos también la campaña ‘Afuera Mekorot’. Creemos que el agua es un bien común y no puede quedar sujeta a lógicas de negocio. Lo mismo advertimos sobre procesos de privatización en áreas metropolitanas.”
LCV: ¿Cuál es tu perfil y desde dónde impulsás esta militancia?
Paula Kaeser: “Soy maestra jardinera y licenciada en administración hotelera, pero hoy me defino sobre todo como activista socioambiental. Formo parte de la campaña ‘La Ley de Glaciares no se toca’, de ‘Afuera Mekorot’ y de la coordinadora ‘Basta de Falsas Soluciones’, que articula asambleas y espacios territoriales de todo el país.”
LCV: Si alguien quiere sumarse o informarse, ¿cómo puede hacerlo?
Paula Kaeser: “En Instagram pueden encontrarnos en @bastafalsasoluciones y @fueramecorot. Y para información específica sobre glaciares está el blog ‘laleydeglaciaresnose toca.blogspot.com’, donde hay materiales, videos y documentos para descargar y trabajar en escuelas o espacios comunitarios.”
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Paula Arkerfeld, docente y miembro de SUTEBA: “El modelo educativo de Milei es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Paula Arkerfeld, docente de educación especial en la provincia de Buenos Aires, analizó el inicio del ciclo lectivo atravesado por paros nacionales, rechazo paritario y una profunda crisis salarial. Cuestionó tanto las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como la administración provincial de Axel Kicillof, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza, el impacto social en las escuelas y el debate pendiente sobre el modelo educativo.
LCV: ¿Cómo viene el tema en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases y demás?
Paula Arkerfeld: “Hoy estuvimos iniciando una jornada de paro nacional que fue muy fuerte en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana continuamos con una medida de fuerza porque se rechazó la oferta paritaria del gobierno de Kicillof. El miércoles va a haber una nueva reunión, pero estamos hablando de salarios que realmente nos dejan por debajo de la línea de pobreza. Estamos entre los cuatro peores salarios a nivel nacional, siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica. Con 750.000 pesos una maestra no puede vivir, y eso nos obliga a tener otros trabajos o hacer Uber, lo que va en detrimento de la calidad educativa de los chicos.”
LCV: ¿Cómo te cayó el fragmento del discurso del presidente hablando de la importancia de la educación como un baluarte?
Paula Arkerfeld: “Yo creo que el gobierno de Milei desde el primer momento se declaró enemigo de los trabajadores y de la educación pública. Nos recortaron el salario mínimo docente nacional, que hoy está en 500.000 pesos, y convocaron a Paritaria Nacional obligados por una medida cautelar ofreciendo 0% de aumento. Es una burla y un destrato. Es un modelo donde lo que quieren es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera.”
LCV: También hay familias que no pueden sostener la escuela privada y vuelven a la pública. ¿Cómo impacta eso?
Paula Arkerfeld: “Se ve cada vez más reducida la población que puede acceder a la escuela privada, pero para las grandes mayorías lo que ofrece este modelo con reforma laboral es precarización y pérdida de derechos. Nosotras nos movilizamos contra la reforma laboral porque también es una defensa de nuestros estudiantes. Damos todo para que egresen de la secundaria y no tengan ni siquiera acceso a un trabajo con derechos. Ese es el futuro que están proponiendo.”
LCV: ¿Sos maestra de grado?
Paula Arkerfeld: “Soy docente de educación especial. Todo el ajuste y el recorte en políticas de discapacidad nos atraviesa directamente. Acompañamos la lucha de los colectivos de discapacidad porque la escuela vive la crisis social de conjunto. Por eso también planteamos que las familias apoyen esta pelea, que es por los derechos de sus hijos e hijas. Muchas veces se intenta enfrentar a las familias con la docencia, pero hoy se ve más claramente que es una pelea común.”
LCV: ¿Qué pensás de los debates sobre repetición, frustración y el estado actual del sistema educativo?
Paula Arkerfeld: “Son debates muy complejos y necesitaríamos un gran congreso pedagógico para discutir qué escuela necesitamos y cómo salen hoy los pibes. La tarea pedagógica está cada vez más desdibujada porque tenemos que garantizar cuestiones básicas: juntar zapatillas, comprar útiles, ayudar a las familias. Lo hacemos porque tenemos un vínculo con la comunidad, pero en ese contexto es muy difícil abordar la tarea pedagógica como corresponde. Además, muchos chicos no acceden a una lectoescritura comprensiva, y eso también tiene que ver con condiciones materiales, alimentarias y sociales. Los recursos no están.”
LCV: ¿Es solo un problema nacional o también provincial?
Paula Arkerfeld: “Hay fondos nacionales que fueron recortados, pero también hay responsabilidad de la provincia. Hay plata y no hay decisión de ponerla donde corresponde. Estamos teniendo cierre de grados en la provincia de Buenos Aires, no es solo un tema salarial. Podríamos trabajar con grupos más reducidos para atender la complejidad actual, pero se aplican lógicas mercantiles de cantidad de alumnos por maestra. El financiamiento de infraestructura y comedores es muy escaso. En lugar de pagar deudas que benefician a grandes empresarios, necesitamos impuestos a las grandes empresas de la provincia y que esos recursos vayan a educación.”
España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.
Planeta Giussani: “El Capitalismo es también una utopía que fracasó”
