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Crónica de coronas, virus y autoritarismo, por Alvaro Hilario desde Bilbao, País Vasco

Lunes, 23 de marzo. Portugalete, localidad obrera de pasado burgués situada en la desembocadura de la ría de Bilbao, capital económica vasca y sita 8 kilómetros aguas arriba.
El sol primaveral acaricia las fachadas desnudas, las calles vacías. Aprovecho la salida a la panadería para, en una carrera, subir hasta la parte más alta del barrio y, desde allí, ver el mar. Los acantilados blancos, metálicos, más solitarios que nunca, se recortan contra las inmóviles grúas del puerto. Nada perturba el azul de la hoy calmada lámina de agua.
Enciendo un pucho. Acá y allá, unas pocas personas, algunas con barbijo, acarrean bolsas con viandas o van al quiosco a por tabaco. De la cama al living. De casa al trabajo.
El mío es un barrio de laburantes. Un barrio acostumbrado a las estrecheces tanto como al festejo y a la calle. Como el resto del país, todo permanece aparcado hasta mejor ocasión. De hecho, las medidas de aislamiento, que comenzaron a aplicarse con la máxima rigidez el pasado domingo, 15 de marzo, se extienden dos semanas más allá de lo inicialmente previsto.
Y el barrio, acostumbrado a las estrecheces, con un carácter reservado, a veces vasco, a veces gallego, continúa resignado con su vida tras esas desnudas fachadas. A veces, pocas, en los balcones. Dichosos balcones.
Desde que la pandemia del corona virus provocara la imposición de las primeras medidas de aislamiento, reforzadas a los dos días (17 de marzo) con la declaración del Estado de Alarma –régimen de excepción de carácter militar- todos los medios de comunicación han actuado de la misma forma: en primer lugar, sobreinformación respecto al covid 19 (entrevistas, tertulias, opinadores, ruedas de prensa oficiales), relegando todo tema ajeno a la emergencia médica, especialmente los más polémicos; por otro lado, todo un despliegue de reportajes costumbristas destinados a provocar una reacción determinada de la ciudadanía, presentando la situación como la de una nación unida y feliz en la desgracia, plena de recursos y ocurrencias para hacer frente a la desgracia; una nación liderada por su rey, sus políticos y protegida por sus fuerzas armadas.
El plato fuerte de esta corriente inducida son los balcones, dichosos balcones, a las ocho de la tarde: el aplauso al personal sanitario.
Comportamiento colectivo –solidario, para unos; producto del miedo, para otras- importado de Italia, anunciado, voceado, inducido por el Estado y los medios que, sin rubor alguno, lo presentan como “espontáneo”.
Es la guinda de la torta: la fiesta balconera, dichosa fiesta, que rubrica la acrítica aceptación de unas medidas de aislamiento que coartan gravemente los derechos civiles, recentralizan el poder del Estado y colocan a las fuerzas armadas españolas a la cabeza del armado.
Unas medidas de urgencia diseñadas por el capital y sus gestores que, sin ningún género de dudas, nos llevarán a la socialización de las pérdidas empresariales (como ya sucedió con el salvataje de la banca, cifrado en 60.000 millones de euros).
Confinamiento, autoritarismo y capital
Lo más destacable de la situación es el inmediato acatamiento de modo acrítico por parte de la población de las medidas de aislamiento, del confinamiento, aún a pesar de que las razones científicas no sean comprendidas y de que no haya unanimidad en la comunidad científica. Medidas de aislamiento físico que se imponen de modo universal obviando las diferencias entre una ciudad de 4 millones de habitantes y localidades de 300 vecinos. Medidas de aislamiento que, sin embargo, desaparecen a la hora de trabajar: ni en call centers ni en fábricas se respeta el metro de diferencia entre personas; menos aún en los subtes que, para colmo, vieron reducidas sus frecuencias (como todo el transporte colectivo) el primer lunes de restricciones, aumentando así las aglomeraciones.
Después de 10 días de encierro, no se ha parado la producción en los sectores no esenciales (alimentación y sanidad, en especial) tal como están pidiendo los sindicatos en su totalidad.
La patronal vasca, CEBEK, por boca de su presidente, Iñaki Garcinuño, ha señalado esta mañana que el País Vasco no se puede permitir “un cierre global” de la actividad económica e industrial como consecuencia de la crisis del coronavirus porque la pérdida puede ser “extraordinaria e incluso irreparable”, ya que “muchas empresas no volverán a abrir”. Lo “conveniente y responsable”, ha añadido el empresario vasco, es ir a trabajar para tratar de mantener una “mínima” actividad económica que haga que “la cadena no se rompa” para que, “el día después”, las empresas sigan existiendo y “no sean un cadáver”.
Mientras tanto, las empresas, pensando en sus beneficios, obvio, ya se han lanzado a una frenética escalada de despidos que están tomando la figura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
El Expediente Temporal de Regulación de Empleo es una autorización temporal para una empresa mediante la cual puede suspender uno o varios contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para que prescinda durante un periodo de tiempo de sus empleados quedando exenta de pagarles. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero, con carácter general, no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo. Además, para hacer esta figura más atractiva para los empresarios, el Gobierno bonificará la cuota empresarial a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERTE, de modo que limitará al máximo el coste de sus sueldos.
El caso de Inditex, la multinacional del rubro textil propiedad de Amancio Ortega, el tercer hombre más rico del mundo, es paradigmático en cuanto a la aplicación de ERTEs y la socialización de las pérdidas. Inditex tiene previsto aplicar este tipo de despido a una plantilla, la española, que oscila entre los 34.000 y 37.000 trabajadores, a partir del 15 de abril. No vamos a hablar del medio millón de laburantes que trabajan para Inditex en Bangla Desh por un sueldo de 83 euros mensuales.
Mediante este ERTE, Inditex, la multinacional que cobija a las tiendas de ropa Zara, se ahorraría unos 45 millones de euros en sueldos y aportes por cada mes de parón en la actividad; sueldos y aportes que correrán por parte del Estado, de la ciudadanía.
Mientras tanto, el magnate español, que con su multinacional textil tuvo 3.444 millones de euros en 2018, juega a la filantropía y dona 300.000 barbijos fabricados en China a la sanidad española. Una bagatela, claro.
Más dinero estará gastando en la campaña, espontánea, para que se le conceda el Premio princesa de Asturias a la concordia y que a fecha de hoy ha recibido el apoyo online de 100.000 personas.
¿En qué piensan esas 100.000 almas de cántaro? ¿No aprendieron matemáticas?
Solo los portales web independientes y las redes sociales se hacen eco del malestar que depredadores como Ortega causan en amplios sectores de la población, en esos sectores que ya apagaron la TV.
La preocupación por la situación económica, por la que nos viene, es disimulada por los grandes medios radicados en Madrid que, como decíamos, imponen esa imagen de patria unida e interclasista contra la adversidad.
Balcones, costumbrismo y patria
En este armado tiene gran importancia el hecho colectivo por antonomasia, el aplauso que a las 20.00 horas la ciudadanía tributa al sector sanitario, el más castigado por la enfermedad ya que el 12% del total de los afectados, 3.475 personas, son profesionales del sector. El aplauso, iniciativa nacida en Italia y cuya imitación se ha difundido sin descanso por los mismos medios que osan calificarla de “espontánea”, se está utilizando en los últimos días para que la ciudadanía honre a las fuerzas de seguridad, a la policía: los diferentes cuerpos policiales arriman el ascua a su sardina y con la escusa de ir a apoyar a los sanitarios se colocan con sus vehículos en el centro de la escena, de las cámaras y de los focos. Ahora, la población extiende su reconocimiento a quienes detentan el monopolio de la violencia.
El Estado de Alarma cuenta con un tendal de medidas represivas para quienes incurran en contravenciones, medidas represivas que se están aplicando de forma extensiva y de modo arbitrario, primando los barrios carenciados. No hay cuerpo policial que no esté incurriendo en excesos durante estos días. Será difícil que cambien su actitud si un día esto termina. Multas y detenciones superan los millares en toda la geografía peninsular. Poca broma. ¡Ar!
Además, desde el 17 de marzo el ejército español se está desplegando por las calles con la justificación de la emergencia y cobijados por la Alarma. El País Vasco ha sido la última comunidad autónoma donde han tomado posiciones … Vemos atónitos improvisados desfiles, proclamas de guerra, el himno español atronando desde los vehículos militares, desde los tanques. Combatir un virus a cañonazos es una idea muy española.
Un twitter de 21 de marzo, firmado por Jainko barik (sin dios), resume lo que muchos pensamos de esta intolerable presencia de los milicos en nuestras calles:
“Es curioso como cada vez que quieren enaltecer a los militares nos los presentan realizando actividades que no son propias de militares, sino de bomberos, limpiadores, personal humanitario o de rescate. Y lo más curioso es que parece que funciona”.
Los recelos de las autoridades catalanas y vascas ante el despliegue militar se han combatido desde Madrid con el habitual menosprecio y subrayando el tremendo trabajo que la unidad militar de emergencia realiza. Cataluña y País Vasco, por supuesto, no entienden lo primordial que es la “unidad nacional” en la lucha contra el covid 19. Ya decimos que el Estado está planteando el asunto como una lucha patriótica en la que, obvio, incluyen a toda esa periferia que no se siente española. Recordar que el Estado de Alarma centraliza todo el poder en Madrid dejando en suspenso las competencias que las comunidades autónomas tienen. Madrid está dando una vuelta de tuerca a la recentralización del Estado, se mire como se mire.
La rueda de prensa del Comité de Dirección del Coronavirus, hoy también, es dirigida por militares. Miguel Villarroya, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, anuncia que la guardia real también se incorpora a las tareas. Una muestra de que el rey de España “es el primer soldado”. Sí, estamos en 2020.
El Ministerio de Defensa cuenta con un presupuesto (2019) de 8.537 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, 4.253 millones de euros. Señalar que en el presupuesto de Defensa no entran las partidas destinadas a los cuerpos policiales ni a la industria armamentística.
El Ejército español nunca tuvo más papel que reprimir a su población y, por otra parte, no fue depurado tras la dictadura del genocida general Franco (1939-1975). Si los presupuestos del Reino de España se diseñaran pensando en las necesidades de la gente y no del capital, hoy en día contaríamos con el número de profesionales suficiente para hacer innecesaria la inútil presencia militar que, reiteramos, no tiene otro objetivo que reforzar la idea de unidad española y lavar la cara de las fuerzas armadas. Y parece que funciona.
A pesar de todo, solo el diputado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana de Catalunya) ha pedido reducir el presupuesto militar para que sea dedicado a fines sanitarios y sociales.
Sanidad, borbones y cacerolas
A fecha de hoy, aún 23 de marzo, en el Estado español hay 33.105 casos diagnosticados y 2.192 defunciones registradas. De estos, 10.575 contagios y 1.263 muertes se dan en la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular (PP), fuerza heredera del franquismo, desde 1995. Madrid ha sido durante todos estos años laboratorio predilecto del neoliberalismo español que, entre otros dislates, ha arrasado la sanidad pública, sanidad colapsada en estos días, sanidad reforzada -¡Cómo no!- por los esfuerzos de los militares. El circulo vicioso del capital.
El PP ha privatizado la sanidad pública madrileña. El PP ha saqueado la sanidad pública madrileña, como también lo hizo con la valenciana, por ejemplo. Todo en un contexto de recortes en todo tipo de gasto social efectuados por todas las instituciones a raíz de la crisis de 2008.
Desde 2009, Madrid ha perdido 53.000 sanitarios. Un año después, comenzó la privatización del sector sanitario: Madrid tiene 33 hospitales públicos y 50 privados. De los 33 públicos, 5 tienen gestión privada, haciendo que sus tratamientos sean hasta seis veces más caros para el erario público.
Es más, el PP, envuelto en infinidad de casos de corrupción, llegó a desviar 3 millones de euros destinados a la sanidad madrileña a financiar el partido.
El PP, en estos días, crítica al Gobierno y le reprocha la falta de medios de una sanidad que ellos hicieron bosta. Dichosos balcones.
La semana pasada, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, una de las personas que más ha hecho por privatizar el sector público, fue ingresada junto a su marido, ambos aquejados de covid 19, en un hospital público. Los dos juntitos en la misma pieza medicalizada.
Ni Esperanza ni Amancio son capaces de romper la felicidad de los balcones. Esta solo se quebró el 18 de marzo con motivo del discurso televisado del rey Felipe VI.
Desaparecido durante toda la crisis, hace 5 días, Felipe de Borbón hizo una alocución a la nación, todo esto después de haber hecho pública, pocos días antes, su renuncia a la herencia que le correspondería por parte paterna, por parte del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. También le retiraba la asignación; esta, sin gastos de vivienda, transporte y demás, suma casi 200.000 euros anuales… A cargo de los presupuestos del Estado. La renuncia, una medida de cara a la galería en un intento de salvar su figura abjurando de su padre, viene después de conocerse una más de las trapacerías del anterior rey: el pago de 65 millones de euros a una amante, plata proveniente del cobro de mordidas en Arabia Saudí.
Los negocios de Juan Carlos de Borbón, turbios, con cuentas multimillonarias suizas, están tapados por la inviolabilidad de la que goza por haber sido jefe del estado, pero parte de la opinión pública no aguanta más abusos de la Monarquía. Parece que ni su misma presencia.
Así, el discurso de Felipe de Borbón fue acompañado de una tremenda cacerolada, hecho este que no pareció simpático y espontáneo a los grandes medios. Pero todos pudimos oírlo.
Con tanto tiempo e información, quien no se quiere enterar es porque no le da la gana. Así, se perfilan los dos grupos de siempre: uno de buenos ciudadanos, dispuestos a participar en la impostura patriótico festiva e interclasista, y otro que ve preocupado la deriva autoritaria del Estado, deriva acompañada de la sombra de la miseria y la exclusión.
Si la arbitrariedad de las fuerzas policiales a la hora de aplicar contravenciones y la presencia de tanques en las calles no fueran suficientes, no son pocas las individualidades de balcón que, animadas por el cotarro represivo, se dedican a increpar a quienes circulan por las veredas, ajenos a si esas personas laburan en la sanidad o van a atender familiares de avanzada edad (como es mi caso). El buchoneo colectivo y promocionado por los medios. El enano fascista que todos llevamos dentro.
Terminaremos con otro meme, con otro twitter: “De la droga se sale. De jalear desde el balcón a la policía para que multe y detenga a personas que van solas por la calle tengo mis dudas”.

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“Sin archivos no hay derechos”: la advertencia de Andrés Pak Linares ante el vaciamiento de la memoria estatal

El archivista y presidente de AFPA (Archivistas de la Función Pública Argentina) Andrés Pak Linares, advierte sobre los riesgos que corren los archivos públicos en un contexto de desfinanciamiento, desmantelamiento institucional y políticas que apelan a la desmemoria. Desde el Archivo General de la Nación hasta los organismos más pequeños del país, Pak Linares plantea que sin una política estatal sólida en materia archivística no solo se pierde historia: también se atenta contra la eficiencia del Estado y, sobre todo, contra el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En diálogo con LCV, insiste en la necesidad de una política de archivos que trascienda gobiernos y coyunturas ideológicas, tal como sucede en otros países de la región.
LCV: ¿Cuáles son los riesgos que corren los archivos? Sobre todo en este momento, con este tipo de gobierno que apela a la destrucción y la desmemoria.
Andrés Pak Linares: “Bueno, nosotros desde AFPA , advertimos en un comunicado en abril de 2023 que todo estaba en peligro. Tristemente se fue cumpliendo esta visión que nosotros teníamos. Y lo vemos —para decirlo de una forma que se entienda, digamos— detrás de cada institución que se cierra o detrás de cada programa que se descontinúa, hay un archivo. Hay un archivo que recoge los documentos que dan cuenta de lo que hizo ese feminismo, de lo que hizo ese programa, ese funcionario”.
LCV: Ese funcionario también, por supuesto.
Andrés Pak Linares: “Claro, porque los archivos son los lugares donde se puso la documentación que refleja el accionar de las instituciones. Hay una trazabilidad de la historia que indica en qué gobiernos se cuidó más la memoria, en cuáles se cuidó más la cuestión archivística, se le dio visibilidad, se le dio formación a la gente.”
LCV: Recuerdo, desde que tengo uso de razón —y sobre todo desde que soy periodista— haber ingresado, y salvo los de la Biblioteca Mariano Moreno y algunos otros que son buenos en sí mismos, pero recuerdo el ingente trabajo de los archivistas para protegerlos del polvo, de los ácaros, de un montón de situaciones en donde uno dice: “Pará, eh, esto sin ir a otras cosas, como por ejemplo los fílmicos y los discos, que vos recordarás en la época del presidente Menem, por ejemplo, los archivos de Radio Nacional se tiraron todos a los containers de basura”.
Andrés Pak Linares: “No es fácil ponernos a hacer cuentas de lo que se ganó y lo que se perdió en los últimos años —a decir, no sé, 40 años—, hay muchos hitos, ¿no? Pero yo empezaría por acá: lo que nosotros planteamos desde AFPA es que lo que falta es una política estatal en materia de archivos. Política estatal, no gubernamental. Después podemos encontrar en los distintos gobiernos algunas acciones positivas, algunas negativas. Querríamos trascender eso a favor de la discusión por una política estatal, que es la responsabilidad estatal de la memoria. Y más que de la memoria, yo diría de archivos. Tenemos otra discusión. Las políticas de memoria útiles, buenas, que nosotros acompañamos y demás, tienen una correlación con las políticas de archivo. Si yo quiero una política de memoria eficiente, necesito una política de archivos eficiente. En ese sentido, y para nombrar hitos venturosos, entre el 2010 y el 2020 funcionó un programa de capacitación por el que pasaron más de 3000 agentes, más de 100 organismos públicos. Discontinuado. En los 90s, por ejemplo —para hablar de distintos gobiernos— durante el proceso de privatizaciones, y por el denodado esfuerzo de trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la Nación y de otros archivos, bueno, el Archivo General de la Nación duplicó su patrimonio. Rescatando fondos de organismos privatizados.
LCV: ¿Cuáles serían las deudas de la democracia con la política de archivos?
Andrés Pak Linares: Lo que no tenemos del 83 para acá —para hablar de las deudas- es una actualización normativa, un reconocimiento de la profesión. Reconocimiento que tiene que, además de ver sueldos, verse en estructuras, verse en funcionalidad de los archivos. Entonces, más allá de señalar si este gobierno hizo esto, este gobierno hizo lo otro… nosotros vemos que hay una línea, por así decir, que no termina de instalar una política sólida.
LCV: ¿Cómo ves la política actual en ese sentido?
Estamos viviendo un denodado ataque a toda la estatalidad o a todas las —digamos— funcionalidades estatales, ¿no? Y en ese sentido no hay mucho para destruir. Está todo en peligro. Hay un peligro total, en todos los estamentos.”
LCV: Hay mucho para hablar, te digo, hay mucho para hablar y muy poco tiempo, porque yo te voy a pedir que en un minuto me definas la importancia que tiene —en un país— para su crecimiento intelectual, histórico, político y social, el tener los archivos y poder acceder a ese pasado nuestro que yo entiendo siempre enseña. Bien, en un minuto nada más.
Andrés Pak Linares: “Perfecto. Lo que nosotros planteamos —y esto quizás lo explique bien— es que los archivos tienen una triple función social. Una, la de preservar documentos que puedan oficiar de fuentes para el conocimiento del pasado. Otra, para la eficiencia administrativa. Y acá ya empezamos a abrir el juego: si yo quiero un Estado eficiente, más allá de la ideología o más allá de la dirección política que le dé, necesito archivos adecuados. Y una tercera, que dejo para el final y no es la menos importante: los archivos son el soporte documental para el ejercicio de derechos individuales y colectivos”.
LCV: “Totalmente”.
Andrés Pak Linares: “Entonces, si yo no implemento una política de archivo o directamente ataco la funcionalidad o servicios de archivos, estoy atacando directa o indirectamente —pero más directa que indirectamente— la posibilidad del ejercicio de derechos individuales y colectivos. Para poner un ejemplo de países vecinos: Brasil, hasta hace poco, tenía una política estatal en materia de archivos. Cambiaban los gobiernos —se iba Collor de Mello, venía Lula—, el director del Archivo Nacional de Brasil era el mismo. La CONARC, el Consejo Nacional de Archivo, era el mismo, seguía funcionando. A eso llamamos política estatal.
LCV: “Exactamente”.
Andrés Pak Linares: “Que trascienda las coyunturas. Que trasciendan las coyunturas y las ideologías”.
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Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Zanon: “Nos están asfixiando”.

En un país donde las estadísticas borran a quienes resisten por fuera del mercado, el trabajador y dirigente ceramista, ex diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, levanta la voz desde el corazón de una experiencia que desafía las reglas del capitalismo hace casi 25 años. Zanon, la fábrica de cerámicos de Neuquén gestionada por sus trabajadores desde 2001, enfrenta hoy un escenario crítico: tarifas impagables, falta de crédito, desindustrialización y un Estado que nunca apostó por las gestiones obreras.
El viernes 13 de junio a las 17:30 hs en el Auditorio de ATE Nacional “Héctor Quagliaro”, ubicado en Moreno 2654, CABA, convocan a una reunión de solidaridad. En defensa de las gestiones obreras de Neuquén: Zanon, Ceramica Neuquen y Stefani de Cutral Co.
“El gobierno provincial con el uso de las fuerzas represivas: corto la luz y el gas a las cooperativas en plenos fríos. Paralizando asi toda la producción por lo tanto el sustento de cientos de familias. En la provincia de Vaca Muerta que provee energía a un tercio del país cortan los servicios a cooperativas de trabajo. Los trabajadores con un amplio apoyo de la comunidad vienen realizando manifestaciones en Neuquen, pero necesitan hacer visible esta situación a nivel nacional”, explicaron en un comunicado.
De paso por Buenos Aires para impulsar esa reunión de solidaridad y visibilización, Godoy analiza el presente de la cooperativa, recuerda el rol de los gobiernos que prometieron y no cumplieron, y apunta contra un modelo económico que prioriza a las multinacionales mientras deja caer a quienes producen sin patrón. “Lo que es verdaderamente utópico —advierte— es pensar que se puede sostener una cooperativa en medio de este capitalismo destructivo.”
LCV: ¿Dónde estás vos en este momento?
Raúl Godoy: Ahora, en estos momentos estoy en Buenos Aires. Estamos organizando una reunión para este viernes. Fue el pedido de los compañeros, se discutió en asamblea, para poder hacer visible nuestra lucha. Como bien decías al inicio, desde Neuquén siempre hay mucho silencio. Estamos en la Patagonia, lejos del centro político, por lo tanto, para hacer visible una lucha hay que venir hasta Buenos Aires. Entonces, bueno, acá preparando el terreno para poder hacer esta reunión de solidaridad y poder votar un plan de acción.
LCV: Contanos cuál es la situación que están viviendo en este momento en Neuquén.
Raúl Godoy: Claro. Las gestiones obreras, Zanon principalmente, pero después también Cerámica Neuquén, Stefani, y todos, somos parte de la lucha del 2001 en la Argentina, de ese momento donde surgieron y se multiplicaron las asambleas barriales, las ocupaciones de fábricas, gestiones obreras, cooperativas, etc. La gente se recordará lugares emblemáticos como el Bahuen, como Brukman. Fueron más de 250 fábricas y empresas que fueron ocupadas y puestas a producir frente al abandono de la patronal. Frente al cierre masivo de lugares de trabajo, mucha gente ocupó esos lugares y los puso a funcionar. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Zanon, que venimos hace muchos años, ¿no? Ya el año que viene cumplimos 25 años, desde que se ocupó la fábrica y se puso a producir.
Bueno, estos años han sido de resistencia, de mucho trabajo. Al inicio, cuando empezó nuestro trabajo, tuvimos un momento donde las maquinarias estaban en buenas condiciones, veníamos con un cierto empuje, y logramos que las fábricas funcionaran, que ingresaran más compañeros y compañeras desocupadas a trabajar. Construimos una escuela, construimos un centro de salud, trabajamos muchísimo con la comunidad. Ahora, con el pasar de los años, los ajustes, una política peor que la otra, nos fueron asfixiando. No nos dieron jamás un acceso a crédito para renovar maquinaria. Entonces es como tener un taxi con un Ford Line, con un Torino, digamos. Es muy difícil seguir manteniendo una producción con fábricas que tienen más de 30 años de antigüedad. Han pasado los gobiernos, nunca accedimos, y ahora nos están apretando con los cuadros tarifarios. Con la política de Milei, de darle prioridad a las empresas multinacionales, nos vinieron a apretar. Y bueno, la parte más delgada de una economía son las cooperativas. No tienen espalda.
LCV: Respecto de la energía, escuchaba algo que tenía que ver con que si en la zona fría, que son ustedes, claro, tienen más de un medidor, significa que un medidor lo están usando de lujo. ¿No es posible que una cooperativa tenga dos medidores?
Raúl Godoy: Mirá, es incluso más complejo. Con las privatizaciones de los 90, que hizo el gobierno de Menem, quedó un desastre. Tenés una empresa que es la transportadora de gas, que es Camuzzi, una multinacional francesa que tiene el monopolio del transporte de gas. Pero además, tenés que contratar otra empresa que sea la proveedora. Ahí tenés una multitud de empresas, una peor que la otra, que especulan, la mayoría son multinacionales. En un momento tenía YPF la concesión, nos daba el gas, pero se retiró por zonas. Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, la boleta de gas es de 30 millones de pesos por mes.
LCV: ¿Y lo que gastás en sueldos para una cooperativa?
Raúl Godoy: Tenemos un sueldo básico, porque depende de la venta. En realidad, todos los primeros años de Zanon, los primeros 15 años, te diría, estábamos por encima, lejos, de lo que es el convenio ceramista en general. Siempre pudimos acceder, mientras la cooperativa funcionaba bien, a buenos sueldos. Cuando se empezó a deteriorar la economía, los sueldos los votamos en asamblea.
LCV: Entiendo. Pero lo que quería era que mi oyente entienda: 30 millones en gasto de gas y sueldos de cuánto.
Raúl Godoy: Estamos entre 300 y 400 mil pesos.
LCV: Me lo contabas de tal manera que pensé que me ibas a decir dos millones y medio. 400 mil pesos es una jubilación mínima.
Raúl Godoy: Exactamente. Por ahí si tenés una venta mayor se mejora y si no, no. No es estable. Al haberse caído tanto la producción y la economía en la cooperativa, se cobra lo que se puede. No todos los meses es igual.
LCV: En algún momento, ¿Zanon exportó?
Raúl Godoy: Sí, Zanón llegó a exportar, pero con mucho obstáculo. Hay mucha competencia. Había otras empresas que importaban directamente cerámicos más baratos, de menor calidad, y teníamos que competir. Las cooperativas, para nosotros, en última instancia, son lugares de resistencia. Mantenemos las fábricas abiertas. Pero debería ser un lugar de crecimiento, no de resistencia. Pero en un mercado capitalista absolutamente destructivo, no te dejan jamás.
De hecho, ningún gobierno nos permitió tener acceso a crédito para renovar maquinaria. Desde 2001 para acá, ninguno. Este gobierno menos. Este viene a liquidarte. Los anteriores te ponían un respirador. Este te lo quita y dice: “Si soportás, bien”.
Mirá, siempre cuento la anécdota: muchos estudiantes iban a Zanón a solidarizarse, estudiantes de economía, ingenieros. Uno de ellos era Axel Kicillof. Después llegó a ser ministro de Economía. Nunca pudimos acceder a un crédito, ni siquiera con él. Le vimos las caras a todos. Soluciones, a ninguno.
LCV: Le estoy preguntando esto a toda persona que fabrica algo. Con las importaciones abiertas, sin control, también se han abierto los controles de calidad y salubridad. ¿La cerámica tiene ese problema?
Raúl Godoy: Totalmente. Por ejemplo, Zanón fue la primera fábrica en Latinoamérica en fabricar porcelanato pulido. Con las importaciones empezaron a traer porcelanato chino, malísimo.
LCV: ¡Es el que se quiebra!
Raúl Godoy: Exactamente. Me alegra que lo digas vos, porque si lo digo yo parece parte interesada. Pero es verdad. Traían cerámicos malos, más baratos. La gente, con necesidad, compraba cualquier cosa. Imaginate planes de vivienda o empresas que hacen edificios: ponían lo más barato.
LCV: En los planes de vivienda del peronismo, las casas de obreros eran de materiales de calidad. Hoy el Estado te pone material barato. También hay una mirada política en eso.
Raúl Godoy: Sí, hay una decadencia generalizada. En Neuquén, que tiene mucha renta petrolera, ya no hay planes de vivienda. O están terciarizados. Nosotros planteamos que se estatizara la fábrica y, con control estatal, dedicar nuestra producción a viviendas. El gobierno proveía materia prima, maquinaria. Nosotros laburábamos. Gestión obrera. Ese fue el proyecto. No llegamos. Nadie quiso.
LCV: Nadie. Ni los más peronistas, ni los más socialistas.
Raúl Godoy: Logramos la cooperativa, sostuvimos el equipo, la fábrica abierta, trabajamos con la comunidad. Pero ese proyecto más amplio no se concretó.
LCV: Del 2001 al 2005 hubo una especie de “moda Zanon”. ¿Qué opinás de esos enamoramientos fugaces de la cultura “woke” que luego los abandonan?
Raúl Godoy: Yo creo que el título sería: No me arrepiento de este amor. Lo que hicimos en Zanon fue impresionante. Hasta 2009, cuando llegó la crisis de Lehman Brothers, tuvimos un golpe fuerte. Se encareció la energía, tuvimos que apagar un horno.
LCV: ¿Quién era el ministro de Economía?
Raúl Godoy: No me acuerdo. Pero fue un golpe. Afectó a toda la economía. Pero lo importante es que Zanon fue una gran prueba de cómo los trabajadores podemos gestionar. Se creó una escuela, se trabajó con pueblos originarios. Acá, siempre que hay crisis, los patrones dicen “cierro”. Pero ahora saben que los trabajadores pueden ocupar la fábrica. Eso quedó. Eso está en la conciencia de miles. Y también en la de los patrones.
Hay una empresa, Madigraf, que era de un fondo buitre. Amenazaban con cerrar. Los compañeros grabaron un video con un fantasma que decía “Zanon” en el pecho. Terminó siendo cierto. Ocupada y puesta a producir. Hoy es cooperativa. Produce en el parque industrial de Pilar. Frente a Ford, con 5.000 obreros.
LCV: El tiempo está a favor de los pequeños.
Raúl Godoy: Esperemos. Ninguna lucha fue en vano. Lo que sí es utópico es tener una cooperativa y pensar que, en este capitalismo destructivo, vamos a prosperar. Eso sí es utópico. Pero pensar en un país cooperativo, más grande, es lo único que nos puede salvar de esta barbarie.
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“El peor momento del periodismo argentino en democracia”: Inés Hayes denuncia persecución, censura y violencia estatal

En el marco del Día del Periodista, Inés Hayes —periodista, escritora y editora de La Columna Vertebral— conversó con LCV sobre el informe que elaboraron para visibilizar la grave situación que atraviesa el periodismo en Argentina. En una entrevista cruda y comprometida, Hayes advierte que “en 40 años de democracia, nunca hubo un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”. Denuncias de represión, estigmatización, uso de trolls oficiales, precarización laboral y una creciente violencia contra la prensa atraviesan su análisis. La entrevista también subraya la necesidad de sindicalización, unidad gremial y solidaridad para enfrentar un contexto que pone en riesgo no solo a los y las periodistas, sino a la democracia misma.
LCV: “¿Qué es lo que han presentado para este Día del Periodista?”
Inés Hayes: “Bueno, hicimos un informe sobre la situación actual del periodismo, eh, y decíamos que en 40 años de democracia nunca había habido un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”.
LCV: “En ese sentido, ¿podemos ser más concretas? ¿Cuáles son todas las excepcionalidades que hacen que este sea el peor momento de la historia del periodismo argentino?”
Inés Hayes: “Sí. Mirá, por un lado, nunca se ha reprimido tanto y tan directamente a la prensa. Bueno, sabemos que Pablo Grillo estuvo en riesgo su vida, el fotoperiodista que estaba en el Congreso, como bueno, como van todos los fotorreporteros y los periodistas los miércoles a cubrir las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, que lo único que hacen es exigir salarios que les permitan vivir después de haber trabajado toda la vida. Esa es una de las excepcionalidades: la represión tan directa. Y después, la estigmatización a periodistas de todos los arcos ideológicos, desde Ari de El Destape, hasta Alconadamón, hasta Pani. Eso es una excepcionalidad. O sea, yo eso sí lo veo como una excepcionalidad: el tema de tomarse la molestia —que a veces se judicializa y otras simplemente se tira en las redes para la cancelación y el escarnio— el nombre de un periodista, y le dicen a él… bueno, digo, lo de Grillo es una tremenda desgracia que creíamos erradicada en el tiempo. Pero yo no puedo dejar de olvidarme en el Día del Periodista, eh, digo, de José Luis Cabezas, quien no la pudo contar y que también fue víctima de una agresión desde el costado político de nuestro país, digamos, con matices impresionantes y encima con su gente en libertad. Digo, los periodistas argentinos tenemos una larga matriz, una larga historia, quizás desde Moreno que lo tiraron al agua en adelante, de intentos de hacernos callar o de hacernos morigerar lo que pensamos. Últimamente, el insulto, “ensobrados” o “mandriles”, o no sé, todo ese tipo de cosas… y la utilización de las redes creo que es lo que potencia en modo exponencial esta situación. Porque cualquier anónimo hijo de vecino, que está en su casa sin tener nada que hacer, mañana decide que vos o yo somos sujetos de odio para ser.
LCV: “¿Qué rol le das a las redes, al anonimato de las redes, a la ejecución de esta persecución de odio?”
Inés Hayes: “Sí. Eh… creo que otra excepcionalidad es esa, ¿no? Es cómo el gobierno usa las redes. El periodista mismo ataca desde X como si fuera un ciudadano común y no el presidente, que llama a odiarnos, como vos decías. Y tiene todo un ejército de trolls manejando las redes también, eh, no haciendo periodismo, sino propaganda”.
LCV: “Que me parece que también está bueno diferenciar el periodismo de la propaganda”.
Inés Hayes: “Absolutamente. Y no tienen supuestamente presupuesto para aumentar las jubilaciones mínimas, pero sí tienen presupuesto para tener un ejército de trolls odiadores de los y las periodistas”.
LCV: “Sí, eso es muy impresionante”.
Inés Hayes: “Si vos te metés en inteligencia artificial y preguntás causas y consecuencias de las agresiones contra periodistas, inteligencia artificial te devuelve una respuesta muy interesante que dice que la primera consecuencia de las agresiones a los periodistas es el impacto negativo en la libertad de prensa, la difusión de información y, con esto, se decreta la muerte a la democracia”.
LCV: “La inteligencia artificial la tiene clara. ¿Vos creés que nuestra clase política la tiene clara?”
Inés Hayes: “Bueno, una de las cuestiones que marcamos en el informe es justamente pedirle al Poder Ejecutivo que cese con las agresiones, al Poder Judicial que investigue y que dé curso, por ejemplo, a quien le disparó a Pablo Grillo —o sea, que se haga responsable y pase lo que tenga que pasar con esta persona. Que nos cuiden también las fuerzas, que las fuerzas de seguridad del Estado no están para pegarnos ni pegarles a los jubilados, sino para supuestamente cuidar a la ciudadanía. Bueno, que cumplan con su deber. Y a las empresas periodísticas también, que nos protejan cuando vamos a cubrir estas movilizaciones, que nos den los elementos necesarios: casco”.
LCV: “Bueno, parece que vamos a una guerra. Es tristísimo, pero vamos a cumplir con el deber de informar, ¿no?”
Inés Hayes: “Y además te hago un paréntesis en el medio. Aquellos medios como el mío, como el nuestro, como el que tenemos con el equipo de La Columna Vertebral, que no tenemos ninguna posibilidad de tener cascos, chaleco antibalas, y un montón de situaciones que vemos a los compañeros de los medios grandes que van previstos… Nada. Somos la captura fácil de los grillos de la vida. Grillo también era un “frilo”, un freelance. Así que este pedido incluye a los compañeros que están en los medios más, digamos, importantes. Los medios como los nuestros, que son importantes en lo que dicen, pero que tienen recursos escasos, no tienen manera de ofrecer esa protección. Bueno, el tema sería, en la medida de lo posible, sindicalizarse, porque los sindicatos también están tratando de dar respuestas a los que vamos a cubrir en la calle, no solo las empresas periodísticas, ¿no? Y a las empresas también les pedimos que paguen salarios que estén acorde a lo que sale vivir. Porque no pueden pagar 500.000 pesos —diarios conocidos como Página 12 o Perfil“.
LCV: “¿500.000 pesos por mes?”
Inés Hayes: “Por mes, sí, claro. Digo, por 8 horas diarias, 500.000 pesos por mes”.
LCV: “Disculpame, ¿qué es lo que el sindicato provee? ¿Proveen chalecos? ¿Proveen cascos?”
Inés Hayes: “Sí, están proveyendo ahora cascos y elementos de cuidado para ir a las movilizaciones, porque nosotros estamos todos sindicalizados en SiPreBA”.
LCV: “No teníamos esa información”.
Inés Hayes: “Ah, salió hace poquito. Salió la información por correo”.
LCV: “¿Cómo nos encuentra a los periodistas? ¿Nos encuentra unidos? ¿Nos encuentra temerosos? ¿Hay periodistas y hay propagandistas? ¿Cómo es el panorama que me podés mostrar?”
Inés Hayes: “Por lo que nosotros estuvimos viendo cuando hicimos el informe, y los videos que circularon en las redes nuestras, hay una unidad frente a este peligro de la libertad de expresión. O sea, el riesgo que está corriendo la libertad de expresión, y por ende la democracia. Hay una unidad porque es transversal, como decíamos al principio. Y además hay una unidad de las organizaciones: estuvo COPEA, SiPreBA, la directora de la carrera de comunicación de la UBA… Estamos todos juntos y juntas en esta lucha por visibilizar lo que está pasando con el periodismo. Y también lo que queremos decir es que el periodismo garantiza la democracia, el estado de derecho. Y que cuando se persigue al periodismo, también se persigue al estado de derecho y a la democracia”.
LCV:” Obviamente. ¿Cómo creés que lo toma la gente, quien nos escucha, quien nos consume? ¿Se da cuenta? ¿Hay un ida y vuelta?”
Inés Hayes: “Piensan que es un tema de tribu, de sector. Y eso es lo que nosotras tratamos de romper con este informe. Por un lado, decir que somos todas trabajadoras. Por otro lado, que estamos sufriendo el ajuste como toda la sociedad. Y por otro lado, ponerlo sobre la mesa para que no solo lo debatamos quienes trabajamos en comunicación, sino toda la sociedad. Porque lo que decimos nosotras es que el derecho a la información y a la comunicación es de toda la sociedad, no solo de quienes ejercen el periodismo o ejercemos el periodismo. Yo supongo que gracias a programas como el tuyo, que lo está visibilizando, y otros, de a poquito puede llegar a ser un tema de debate común y no de nicho”.


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