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Los fabulosos Perelman, por Teodoro Boot, especial para La Columna Vertebral

Nacido en Odesa, el inmigrante judío Iahn Perelman, hombre de acción y tenaz militante comunista que casi no hablaba castellano, se desempeñaba como obrero en la gigantesca Tamet, la metalúrgica más importante de Sudamérica. Le habían tocado en suerte dos hijos muy rebeldes, el activo y encarador Ángel y el serio y reflexivo Adolfo, el intelectual de la familia, a quien en algún momento había echado de su casa debido a sus ideas.

Descarriados

Metalúrgico uno, textil el otro, ambos hermanos habían sido influidos por Liborio Justo, hijo del presidente Agustín P. Justo, que no estaba muy bien de la cabeza y con el alias de Quebracho apostrofaba al imperialismo norteamericano en las recepciones oficiales a Franklin Delano Roosevelt y se oponía públicamente al estalinismo, sumándose a las huestes del derrotado León Trotsky. Mientras, con el pseudónimo de Lobodón Garra,
daba forma a textos costumbristas y conservacionistas, los hermanos Perelman también renegaban del Partido Comunista y colaboraban con el periódico Frente Obrero.
Frente Obrero, cuyo director era el casi adolescente Jorge Abelardo Ramos, hijo y nieto de anarquistas, meloneado en las ideas trotskistas por Adolfo Perelman, fungía de órgano del Partido Obrero Revolucionario Socialista (PORS), pequeño grupo de jóvenes activistas aglutinado en torno a Aurelio Narvaja.
Con el tiempo, atraído por la revolución boliviana, Adolfo viajará a La Paz, donde tendrá enorme influencia en el surgimiento de una izquierda nacional, hasta el punto de que el malogrado Sergio Almaraz, el Scalabrini Ortiz de Bolivia, le dedicará su libro El poder y la caída, y será el inspirador de la creación de la primera fundición de estaño de Bolivia y redactor de la ley de nacionalización de la Gulf Oil Company en 1969. Dos de los discípulos de Adolfo serán Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado en 1980 por un
grupo de militares argentinos durante el sangriento golpe de los narcotraficantes Luis García Meza y Luis Arce, y Andrés Solís Rada, ministro de Hidrocarburos de Evo Morales.

Una agachada sindical

Pero estamos en 1942, en el transcurso de una huelga metalúrgica declarada por una asamblea el 26 de junio que a inicios de julio la dirección del SOIM (Sindicato de Obreros de la Industria Metalúrgica) en manos de militantes comunistas, decide levantar con el argumento de los obreros le estarían “haciendo el juego a los nazis”. Ese es el momento en que el joven Ángel Perelman adquiere notoriedad, al volcar a favor de continuar la medida de fuerza a la asamblea de trabajadores de CATITA, una enorme
metalúrgica de más de 3000 obreros. Para los trabajadores metalúrgicos –argumentará Perelman, de ahí en más delegado general de la planta– los nazis contra los que debían pelear no estaban en Berlín, sino en la Unión Industrial.
Ya desde el año anterior Perelman venía denunciando en Frente Obrero la complicidad de los dirigentes de su sindicato con Torcuato Di Tella y el gobierno conservador a fin de reducir la conflictividad laboral y oponerse a los aumentos salariales reclamados por los trabajadores.
No se había equivocado. El 13 de julio de 1942, el SOIM consigue levantar la medida de fuerza, en medio de serios incidentes entre los trabajadores y los dirigentes del sindicato, el aparato del Partido y las fuerzas policiales. La defección del SOIM y la complicidad del Partido Comunista con la patronal quedan en evidencia.
Pocos meses después un grupo de mecánicos de la fábrica Fontanares va a ver a Perelman, quien en su libro Cómo hicimos el 17 de octubre recordará: “Eran como yo, en esa época afiliados al Partido Socialista, disconformes con la orientación del partido y con la dirección comunista de nuestro gremio. Me propusieron la formación de un nuevo sindicato metalúrgico que organizase realmente a los trabajadores de nuestra industria rompiendo así, definitivamente, con los comunistas”.

Los delegados fundan la UOM

Fue en base a esos trabajadores de Fontanares, delegados de Tamet como Fernando Carpio –quien en el futuro sería el primer secretario general del Partido Socialista de la Izquierda Nacional–, Ángel Perelman y Víctor Gosis (del PORS) y Nicolás Giuliani y el grupo de delegados socialistas, tras sucesivas reuniones en la pieza de un conventillo de la calle México, el 20 de abril de 1943, en la sede de la Unión Ferroviaria de Independencia 2880, unos sesenta delegados de varias fábricas deciden fundar la Unión
Obrera Metalúrgica.
Por unanimidad, Ángel fue elegido secretario general, Carlos Etkin y Hugo Sylvester, asesores jurídicos, Adolfo Perelman, administrativo, Víctor Gossis y Nicolás Giuliani parte de la comisión directiva de quince trabajadores de diversas corrientes ideológicas, mayoritariamente socialistas. Iahn Perelman, comunista convencido, no perdonó la defección del SOIM y se sumó como asesor al nuevo sindicato, con el secreto propósito de controlar a sus dos descarriados hijos.
El nuevo sindicato comenzará a funcionar en una pequeña oficinita de la sede de la Unión Ferroviaria, dirigida por José Domenech (líder de una de las dos facciones en que se había dividido la CGT) y cuya eminencia gris era el abogado socialista Atilio Bramuglia, quedando así de hecho incorporada a la CGT 1.

Un coronel muy raro

Un mes y medio después, el 4 de junio de 1943, se producía un golpe de estado y el nuevo gobierno, en sus inicios “orientado en sentido reaccionario”, recordará Perelman, interviene a varios sindicatos.
Cuando poco después el general Farell es designado ministro de Guerra, un insólito coronel Perón lo acompaña como secretario de la cartera, secundado por el teniente coronel Mercante. El coronel tenía una idea muy precisa de la importancia que adquirirían los trabajadores y así lo sostuvo en una conferencia dictada en la Escuela de Guerra, en la que debe haber infartado a más de cuatro al afirmar que si la Revolución Francesa había terminado con el gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa
terminaría con el gobierno de las burguesías. “Empieza –aseguró– el gobierno de la las masas populares”.
Pero no le resultaría sencillo establecer alguna clase de vínculo con los dirigentes sindicales que, con buenas razones, desconfiaban de los militares, sus intenciones y su ideología.
El hielo se empieza a derretir por medio del teniente coronel Mercante, hijo de un muy respetado dirigente de La Fraternidad, que insiste en la necesidad de que ambos gremios ferroviarios se entrevisten con los dos jóvenes oficiales. Será Hugo Mercante, hermano del teniente coronel y obrero ferroviario, quien lleve a Bramuglia y a Domenech a la Secretaría de Guerra.
Fue el primer paso. En los próximos meses, con la Secretaría convertida en un Departamento del Trabajo paralelo, Perón sostendrá infinidad de reuniones con los dirigentes ferroviarios y delegados y militantes de base de diversos gremios.

La renuncia de “Angelito”

La comisión directiva de la UOM rechaza la propuesta de Perelman de reunirse con Perón y “Angelito” se siente obligado a renunciar. El 20 de septiembre otra asamblea general elige una nueva Comisión Directiva, designando secretario general a Nicolás Giuliani, apoyado por los socialistas. Perelman queda en minoría, aunque continúa integrando la Comisión Directiva. Lo recordará así: “Mi posición encontró gran resistencia entre los otros miembros de la Comisión. De los 15 asistentes, votaron en contra 13 y sólo dos a favor”.
No obstante, la Comisión autorizará a Perelman y a Ernesto Cleve –más tarde diputado nacional por el Partido Laborista– a reunirse con Perón, como metalúrgicos, pero a título personal. En esos momentos Perón y Mercante ocupaban el edificio del Consejo Deliberante porteño y Perón asumía la presidencia del Departamento Nacional del Trabajo, inmediatamente convertido en Secretaría. La única representación sindical presente en el acto fue la de la Unión Ferroviaria.
Perelman y Cleve concurren a entrevistarse con el secretario de Trabajo y salen muy entusiasmados de la reunión: el coronel se había comprometido a apoyar todas las demandas del gremio metalúrgico.
Paralelamente, Bramuglia es designado director general de Asistencia Social de la Secretaría y Mercante desplaza al capitán de fragata Raúl Puyol de la intervención a la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, asumiendo la administración del gremio rodeado de sus dirigentes.
De inmediato unifica todas las entidades mutuales ferroviarias, organiza el sistema integral de asistencia y previsión, al que suma el Hospital Ferroviario y las colonias de vacaciones e imponiendo un 12% de aporte provisional a las empresas, sanea el sistema jubilatorio y reglamenta el alcance de las pensiones e indemnizaciones por deceso.

El momento decisivo

Ángel Perelman, cuya oficina de la UOM en la Unión Ferroviaria es contigua a la de Domingo Mercante, observa cómo, en apenas dos meses, los ferroviarios concretaban viejos reclamos que ni en sueños habían pensado en satisfacer. Vuelve a la carga y finalmente consigue persuadir a la Comisión Directiva de entrevistarse con Perón.
Para asombro de la mayoría, en esa reunión se formaliza el acuerdo con las
reivindicaciones del gremio metalúrgico y se resuelve organizar un acto público con el propio Perón, el miércoles 6 de septiembre de 1944 en el salón del edificio de Perú y Diagonal Sur para hacer públicos el convenio y los acuerdos.
“Fijada la fecha –dice Perelman– calculamos que podríamos llenar con mil metalúrgicos el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante”. Sorprendidos, los dirigentes observarán que tras colmar el salón de actos, en la Diagonal Roca se había concentrado una enorme multitud de cerca de 20.000 metalúrgicos.
A partir de ese momento, la UOM no cesará de crecer. Perelman y un pequeño grupo de trabajadores trotskistas que pronto formarán la izquierda nacional, habían creado la que sería la organización más poderosa del movimiento obrero y auténtico emblema del sindicalismo peronista.
Luego de su activo papel en las jornadas del 17 de octubre, como especialista en convenios colectivos Ángel Perelman conservará enorme influencia en la UOM, tanto durante el periodo peronista como luego de su retorno del exilio en Israel tras la amnistía dictada por Frondizi. En la asamblea que consigue normalizar el sindicato, cuando el viejo dirigente Paulino Niembro, que había sido uno de los sesenta delegados iniciales, rechaza el cargo de secretario general para el que había sido proclamado,
proponiendo en su lugar al joven Augusto T. Vandor, Ángel Perelman estaba a su lado. En 1968, en el documental “La Hora de los Hornos”, junto a un grupo de delegados obreros Perelman sostendrá que “El sindicalismo argentino no lucha únicamente por un salario más, sino que, verdaderamente, nosotros soñamos y creemos en la posibilidad de
una gran revolución social y nacional para reivindicaciones ya no únicamente de la clase trabajadora sino para todo el país”.
Tal como sostuvieron Solanas y Getino, a lo largo de la larga noche que cayó sobre Argentina en 1955, Ángel Perelman será un auténtico ejemplo de que “los delegados, comisiones internas y dirigentes sindicales fueron la única vanguardia intelectual y efectiva que se autoproporcionó el movimiento nacional”.
A los 25 años de edad, ese obrero trotskista, prototipo de una nueva camada de activistas sindicales, había sido el fundador y primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y nada menos que el gestor de un acercamiento al coronel Perón que resultará clave y providencial.
Ángel Perelman morirá en 1973, a los 56 años de edad. Aquí, las versiones difieren. Para algunos fue enterrado en La Chacarita y para otros está sepultado en el cementerio judío de La Tablada, que si dispone de un sector especial para putas y cafishios, seguramente dispondrá de otro para nipo-nazi-falanjo-peronistas.

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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.

LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”

Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”

LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”

Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”

LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”

Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”

LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”

Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”

LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”

Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”

LCV: “Eso ya lo vivimos.”

Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”

LCV: “También preocupa el rol de los medios.”

Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”

LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”

Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”

LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”

Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”

Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”

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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.

LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”

Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”

LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”

Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”

Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”

LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”

Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”

LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”

Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”

LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”

Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”

LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”

Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”

LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”

Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”