La consigna es el resumen de una propuesta política impulsada por la central sindical uruguaya PIT-CNT, que plantea aplicar una sobretasa del 1% al patrimonio personal del 1% más rico de la población, parafinanciar el 1% de las políticas públicas, destinadas específicamente a erradicar la pobreza infantil en Uruguay.
Pese a las reticencias de varios sectores, el debate sobre la imposición a la riqueza, los impuestos al capital y más específicamente los impuestos al patrimonio, está en plena efervescencia a nivel internacional.
A modo de ejemplo se puede mencionar la publicación firmada por siete ganadores del Premio Nobel de Economía en defensa de una imposición al patrimonio de los multimillonarios en Francia; la solicitud de más de 500 destacados economistas para la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, según lo recomendado por el Comité de Desigualdad del G20 liderado por Joseph Stiglitz; los debates liderados por Brasil en el ámbito del G20 (con el apoyo de países como Sudáfrica, España y Francia, entre otros) para gravar a los multimillonarios; así como también las recomendaciones de organismos internacionales especializados en materia económica y tributaria, y los debates parlamentarios o reformas parciales que están sucediendo en algunos de los principales países del mundo, como Reino Unido o Francia.
Como lo atestiguan numerosos estudios, la pobreza en Uruguay se manifiesta en múltiples dimensiones que van más allá del ingreso, y su concentración en hogares con niños persiste desde hace varias décadas. El crecimiento económico ha resultado insuficiente hasta ahora para lograr reducciones sustanciales y duraderas en su incidencia y severidad en el futuro de las infancias.
En 2024 los ingresos de un 17,3% de las personas en Uruguay se ubicaban por debajo de la línea de pobreza (según el Instituto Nacional de Estadísticas); esa cifra asciende al 18,9% si se toma en cuenta el indicador oficial de pobreza multidimensional. En el caso de los menores de seis años, la incidencia de la pobreza alcanza al 32,2%, de modo que uno de cada tres niños de cero a seis años vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. A la vez, la vulnerabilidad a la pobreza (tanto monetaria como multidimensional) alcanza casi al 40% de la población.
Por otra parte, el ingreso y la riqueza muestran una fuerte concentración: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del ingreso total del país. Los recursos originados en la aplicación de esta sobretasa propuesta por el PIT-CNT se propone volcarlos a un fondo estatal específico, cuyas características serían definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo
Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
La idea de la central sindical es que las normas que se propongan tendrán que asegurar de modo claro, preciso y públicamente controlable, que el destino de todo lo recaudado esté destinado estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes. Aunque su implementación no permitiría recaudar la totalidad de los fondos necesarios para desplegar el amplio
conjunto de políticas requeridas para erradicar definitivamente la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes, constituye un aporte sustancial con respecto a la realidad actual.
Las estimaciones actuales señalan que aproximadamente las 25.000 personas de mayor patrimonio de Uruguay poseen entre 1 millón y algo más de 1.000 millones de dólares. Por supuesto que la Confederación de Cámaras Empresariales no está de acuerdo, con el argumento básico de que lo recaudado sería ínfimo y podría retraer las inversiones, por ejemplo en el ámbito inmobiliario (compras con destino a renta). Incluso argumentan que los dos países que tiene una tasa similar (España y Noruega)
recaudan un monto mínimo en relación al PBI.
Hay que tener presente que el dinero de uruguayos en el exterior alcanza aproximadamente unos 62.000 millones de dólares, en depósitos e inversiones financieras (casi el 50% del PBI del país).
Una de las dificultades actuales en Uruguay es que el nuevo gobierno de izquierda que asumió el 1o de marzo de 2025, presidido por el Presidente Yamandú Orsi, prometió no aumentar los impuestos. Varios legisladores pertenecientes al grupo mayoritario del Frente Amplio (MPP, liderado por el difunto José Pepe Mujica) han intentado minimizar la propuesta argumentando que son “apenas” algunos “pocos” senadores que se han sumado a la iniciativa.
Al mismo tiempo, dos de los referentes públicos del Frente Amplio, el ministro de Economía (Gabriel Oddone) y el Intendente de Montevideo (Mario Bergara), ambos economistas, han tenido posiciones divergentes: para el ministro es “inconveniente” y no hay siquiera que discutirlo, y para el jefe del gobierno de Montevideo es “razonable” y, justamente, lo que hay que hacer es discutirlo, porque es una propuesta “seria”.
Por ahora la propuesta agita sobre todo las aguas del oficialismo, ya que los sectores que la impulsan se han propuesto recorrer todos los organismos de base del Frente Amplio (llamados Comité de Base), para llevar la discusión al seno “de la gente”. Allí, el apoyo es bastante más generalizado que en los ámbitos de la élite.
La oposición (del Partido Nacional y del Partido Colorado) están en contra, y argumentan -claro- que se irán los inversores, corriendo, que buscarán la manera de evadir la fiscalidad, y que nadie garantiza que los fondos recaudados vayan efectivamente a la infancia. Sin embargo, el tema de la extrema desigualdad que reina hoy en el mundo es un trasfondo que nadie puede obviar, y es un telón de fondo que cuestiona la viabilidad de un sistema que agudiza las tensiones sociales y concentra la riqueza. Están quienes argumentan que si el capitalismo quiere sobrevivir, no tiene
otro camino que redistribuir de manera más igualitaria, ya que la desigualdad en realidad debilita la economía y amenaza a la democracia.
El nuevo gobierno del Frente Amplio en Uruguay no se ha caracterizado por su audacia programática y el descontento de votantes tradicionales de la izquierda se hace sentir por ahora en las redes sociales. Los juicios sobre el desempeño del presidente Yamandú Orsi están divididos aproximadamente en tercios, con un moderado saldo positivo. Se agudizan las miradas críticas de los votantes de la oposición, pero también hay leve caída entre los votantes frenteamplistas. En el total, 36% aprueba, 32% desaprueba, y para 28% es indiferente.
En opinión de uno de los politólogos mediáticos del país, Alfonso Garcé, “lo que hizo este gobierno fue tirar hielo hasta dejar congeladas las expectativas de que haya algún cambio”. Para la central sindical entonces, en un marco bastante evidente de inmovilidad, la tarea es gigante.