Creo no exagerar si escribo que centenares de miles de personas en el mundo nos preguntamos por qué nadie detiene la locura criminal del gobierno de Israel en Gaza y los territorios ocupados, por qué los gobiernos que condenan el genocidio no actúan, por qué la Unión Europea mantiene su acuerdo de cooperación política y económica con Israel cuando una de sus condiciones es el respeto de los derechos humanos (Alemania e Italia siguen vendiéndole armas a Israel).
La respuesta más sólida la brindó el 30 de junio último la relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, la italiana Francesca Albanese. Tan sólida, documentada y pragmática (por así decir) es dicha respuesta, que la primera reacción de Estados Unidos fue imponerle sanciones personales el 9 de julio, por “colaborar con la Corte Penal Internacional“. “Albanese ha colaborado directamente con la Corte Penal Internacional en iniciativas para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ambos países”, indicó el secretario de Estado de USA Marco Rubio a través de un comunicado. “Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, lo que convierte esta acción en una grave violaciónde la soberanía de ambos países”, añadió.
¿Y qué dice en esencia el informe de Francesca Albanese? Que la verdadera razón son las ganancias que la guerra está produciendo para centenares de entidades corporativas del mundo entero. Su recopilación de datos incluye casi 1.000 entidades del mundo, englobando bajo ese nombre incluso universidades y fondos de pensión de países tan “insospechados” como Noruega.
Cuarenta y cinco entidades nombradas explícitamente en el informe fueron previamente notificadas de las acusaciones en su contra.
Antes de seguir, lo primero: lo mismo hicieron los judíos después de la Soha, al llevar al banquillo de los acusados en Nuremberg (1947-48) a varias empresas, empezando por la más grande de Europa, IG Farben, 13 de cuyos directivos fueron condenados. La empresa tuvo que ser disuelta en 1952 y sus activos se dividieron: Bayer, BASF, Hoechst (luego Aventis, luego Sanofi). Fue el juicio de Nuremberg, entonces, el que sentó las bases legales para definir la responsabilidad penal internacional de los ejecutivos corporativos.
Sigamos: “Como principal fuente de financiación del presupuesto del Estado israelí, los bonos del Tesoro han desempeñado un papel fundamental en la financiación del ataque en curso contra Gaza”, dice el informe de Francesca Albanese. Al menos 400 inversionistas de 36 países compraron bonos del Tesoro israelíes “incluidos 8.000 millones de dólares en marzo de 2024 y 5.000 millones de dólares en febrero de 2025”. Entre quienes compraron los bonos israelíes figuran los bancos más grandes del mundo y fondos de inversión insospechados: “BNP Paribas y Barclays intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del tesoro nacionales e internacionales, lo que permitió a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de la calificación crediticia”. “La Corporación de Desarrollo para Israel (bonos de Israel) triplicó sus ventas anuales de bonos para canalizar casi 5.000 millones de dólares (al gobierno) desde octubre de 2023, y ofrece a los inversores la opción de enviar el rendimiento de las inversiones a organizaciones benéficas que apoyan al ejército israelí y a las colonias”. El presupuesto militar israelí aumento 65% entre 2023 y 2024, siendo uno de los más altos per capita del mundo.
¿Qué empresas? IBM (bases de datos biométricos de palestinos), Hewlett Packard (servidores para la Coordinación de Actividades en los Territorios, cárceles y policía), Microsoft (ciberseguridad y vigilancia). “En 2021, Israel otorgó a Alphabet Inc. (Google) y Amazon.com, Inc. un contrato de 1.200 millones de dólares (Proyecto Nimbus) –financiado en gran medida a través de gastos del Ministerio de Defensa– para proporcionar infraestructura tecnológica básica”. En octubre de 2023, “cuando la nube militar interna israelí se sobrecargó, Microsoft, con su plataforma Azure, y el consorcio Proyecto Nimbus intervinieron con una infraestructura crítica de nube e inteligencia artificial. Sus servidores ubicados en Israel garantizan la soberanía de los datos”. Y además, impiden su hackeo.
Cuando el Mossad hace operativos “quirúrgicos” para matar en cualquier lugar del mapa a dirigentes que ellos consideran enemigos, está utilizando inteligencia artificial de esas y otras empresas. Como por ejemplo la compañía norteamericana Palantir Technologies Inc. (minería de datos), uno de cuyos propietarios es ideólogo del “libertarianismo”, y su trabajo sirve tanto para rastrear emigrantes perseguidos por Trump en USA como palestinos en Gaza y los territorios ocupados.
Pero no son solo empresa de nuevas tecnologías (Israel ocupó el primer lugar de nuevas empresas tecnológicas en 2024, con un crecimiento de 143% en las dedicas a tecnología militar), hay hasta empresas de turismo: Booking, Airbnb, por ejemplo, promueven alquileres en los territorios ocupados, para hacer turismo. “En Tekoa, Airbnb permite a los colonos promover una “comunidad cálida y amorosa”, encubriendo la violencia de los colonos contra la vecina aldea palestina de Tuqu‘”. Caterpillar Inc, Leonardo DRS, Inc, HD Hyundai, Doosan, Volvo (“Desde al menos 2007, la maquinaria Volvo se ha utilizado para arrasar áreas palestinas, incluidas Jerusalén Este y Masafer Yatta”), Heidelberg Materials AG, la española-vasca Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, el grupo inmobiliario mundial Keller Williams Realty LLC (en 2024, una de sus franquicias Home in Israel, organizó una gira de bienes raíces en Canadá y USA, para vender aptos en las colonias), Drummond Company, Inc., sede en Estados Unidos, y Glencore PLC, sede en Suiza, (proveedores de carbón de Colombia para electricidad), Chevron Corporation, East Mediterranean Gas (uso del territorio marítimo palestino y explicación de su bloqueo), Tamar y el gasoducto del Mediterráneo Oriental., BP PLC, Petrobras, Paz Retail and Energy Ltd., Tnuva (el conglomerado alimentario más grande de Israel), propiedad mayoritaria de Chinese Bright Food (Group) Co., Netafim (riego por goteo) propiedad en un 80% de la mexicana Orbia Advance Corporation, Maersk A/S, el Fondo de Pensiones del gobierno de Noruega, la Caisse de dépot de Québec. Como hubiese dicho algún publicista de los años 90 “es el dinero, imbécil” Trump y Netanyahu han vilipendiado, embargado y amenazado a Francesca Albanese, mujer de 48 años, abogada y académica, quien en sus dos años de Relatora ha logrado probar que el genocidio en Gaza sigue por intereses económicos de empresas del mundo entero. Y eso incluye universidades que colaboran en investigaciones aparentemente neutras, como la ANII de Uruguay. Su informe se titula “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.
¿Quién protege a Francesca Albanese, que habla en nombre de la ciudadanía mundial?