Ambiente

Marchas y contramarchas en conflictos por las tierras

Mensajes contradictorios del Estado han llegado en los últimos días sobre los conflictos que se viven en Río Negro y Mendoza. Algunas comunidades Mapuches han avanzado en el diálogo con la suspensión de los desalojos, mientras otras -que ya tenían orden judicial para ocupar sus territorios- sufrieron la apelación del Ejército Argentino provocando una carta abierta al Ministro Taiana. En Mendoza, luego de la cesión de 12.000 hectáreas fiscales a una empresa que salió por ley a principios de febrero, el Estado Nacional le exige dar marcha atrás por no haber cumplido con requisitos mínimos.

Por una parte, la suspensión de la orden de desalojo de la comunidad del Lof Quenquentrew de Cuesta del Ternero, en Río Negro, llevó alivio a la población luego de un fin de año plagado de operaciones mediáticas llevadas adelante por la propia Gobernadora, Arabela Carreras, quien sin medias tintas tildó a los mapuches que reclamaban por su terriorio ancestral como ‘terroristas’, militarizó la zona, y los mantuvo como rehenes, aislados y sin comida. Este mes, se abrió el diálogo y firmaron un acuerdo entre las partes -Estado, empresa y mapuches- en el que se suspende la orden de desalojo la comunidad por seis meses, renovables, hasta que se haga el relevamiento de pueblos originarios dispuesto por la ley.

Suspenden desalojo del Lof Quenquentrew en Río Negro ¿Hacía falta un asesinato?

En un sentido totalmente opuesto, el Ejército Argentino, apeló un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que ordenaba la entrega en un plazo de 60 días del título de propiedad de las tierras donde está instalada la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue “desde hace más de 100 años”. El Juzgado Federal de Bariloche hizo lugar al recurso de apelación que presentó el Ejército Argentino para frenar la entrega del título de propiedad de 180 hectáreas que le pertenecen al Estado Nacional y que son reclamadas por la comunidad mapuche instalada allí desde fines del siglo XIX -antes de la llegada de los militares- y que permanece bajo custodia estatal a partir de 1937. El argumento esgrimido por el Ejército es que allí se desarrollanactividades de instrucción de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón.

Sin embargo, la verdadera razón de este golpe judicial sería el antecedente que puede provocar una ola de reconocimiento de entrega de tierras ancestrales, cosa que preocupa a empresarios, comerciantes y políticos de la localidad.

Portavoz de esta inquietud fue el abogado Diego Breide, integrante de la Mesa de Consenso, quien admitió que “otras comunidades irán tras los mismos pasos, atentando entre otras cosas con el emplazamiento del Parque Central”. Dicho Parque es un proyecto que la gobernadora Arabela Carreras, aprobado por la ley provincial 5.155 y que tiene un objetivo turístico entre el cerro Catedral y el lago Moreno. Por lo visto, al turismo no le molestan los ejercicios militares previstos.

Las familias Millalonco Ranquehue, junto a las comunidades Tambo Báez y Celestino Quijada que también habitan dentro de las tres mil hectáreas cedidas para el Parque Nacional, responsabilizaron de una actitud “racista y discriminatoria” al propio Ministro de Defensa, Jorge Taiana, jefe del Ejército. A través de una Carta Abierta en la que expresan:

“Las Comunidades Mapuche Tambo Báez, Millalonco Ranquehue y Celestino Quijada nos encontramos nuevamente ante la necesidad de hacer pública la defensa de lo que por derecho nos corresponde. Como es de su conocimiento, somos sobrevivientes del genocidio sufrido por nuestro Pueblo Mapuche a manos del estado y del ejército Argentino. (…) Nosotras Mirta Godoy, Marta Ranquehue y Luisa Quijada somos mujeres Mapuche, vivimos y nos desarrollamos en nuestros territorios comunitarios, tenemos presente la historia de despojo, abuso y amedrentamiento constante por parte del ejército. Podemos contarle frente a frente nuestra historia, historia que no encontrará en los libros ni en los medios de comunicación.

El territorio de nuestras comunidades ha sido relevado y reconocido por el Estado Nacional a través del INAI. Entonces, ¿un organismo del Estado reconoce que el territorio pertenece a las comunidades pero otro organismo, del mismo Estado, pretende despojarnos insinuando que no existimos? (…) Es Ud, en el cargo que hoy ocupa, el responsable directo de estar bloqueando el cumplimiento de la ley en favor de las comunidades mapuche de Bariloche. Con su accionar no hace más que favorecer a los capitales, tanto extranjeros como nacionales que se apropian de grandes extensiones de tierra, agua y recursos. Son ellos quienes alambran las costas de lagos y ríos que son de todos. (…) Lo invitamos a ud. Sr. Ministro Taiana, a que se acerque a las Comunidades ya que es parte de un gobierno que pregona trabajar por los Derechos Humanos, escuche nuestra historia que esta respaldada por papeles pero sobre todo respaldada por nuestra palabra. No somos un expediente, somos personas con derechos reconocidos en sus leyes. Por la defensa de nuestro territorio y nuestros derechos”

La política del Estado Nacional no termina de definirse en un sentido o en otro. Así lo demuestra la reciente intervención de la Presidencia de la Nación que, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le reclamó al gobierno de Mendoza que diera marcha atrás con la concesión de tierras fiscales, más de 12.000 hectáreas, a la empresa El Azufre para un emprendimiento turístico de esquí en zona de glaciares y volcanes en la comuna de Malargüe, en el límite con Chile. En la nota, reclama “dejar sin efecto” el decreto provincial 2138, el cual permite a los empresarios tener posesión preliminar de las tierras sin haberse realizado ningún estudio de impacto ambiental. Cabe destacar que la empresa ya empezó a realizar tareas en la zona.

“Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, indica el escrito donde reclama a la provincia dar marcha atrás.

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Ambiente

Ganaron! Cierran minera de litio en Córdoba. La Justicia le dio la razón a los vecinos

Después de más de veinte años de lucha, los vecinos de Traslasierra lograron que la justicia reconociera sus argumentos sobre el daño ambiental que provocaba la mina de litio de Los Tapiales y la cerrara definitivamente.

En una decisión que resonó en todo el valle la justicia de Córdoba ordenó la clausura definitiva y el retiro de la empresa Integración Minera SRL, que venía desarrollando actividades extractivas en zonas serranas cercanas a Las Tapias. La explotación se encuentra muy cerca de una zona urbana, contigua a un arroyo y a cientos de metros del embalse Boca del Río, de cuya agua beben decenas de miles de habitantes de Villa Dolores y otras localidades cercanas.

En tiempos en que Mendoza continúa peleando por el agua, mientras Chubut se quema por razones ambientales, vale la pena destacar esta victoria de las organizaciones cordobesas y de otras provincias que ya en el año 2007 se movilizaron para exigir una legislación que resguardara la salud de los habitantes de esa región de Córdoba, junto a los vecinos del Valle de Punilla en San Luis, y al apoyo de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) que lleva décadas realizando Asambleas en distintas provincias para alertar y luchar contra la contaminación. Sin repercusión en los medios, lo vecinos de Traslasierra estaban haciendo historia.

En el año 2019 las asambleas de Las Tapias, Villa de Las Rosas, Villa Dolores, Las Chacras Norte y Mina Clavero, junto al intendente de Villa de Las Rosas, concejales e integrantes del Foro Ambiental Traslasierra que colaboran con la parte técnica, anunciaron que habían reunido 11.757 firmas de vecinos de todo el valle (y algunos turistas) y más de 35 mil adhesiones de personas de todo el país vía internet, para pedir el cierre definitivo de la que, por entonces, era la minera australiana Dark Horse que intentaba extraer litio de una mina en Las Tapias.

Los dueños de las mineras pueden cambiar pero quienes habitan esas tierras no. Suele fomentarse una contradicción entre trabajo, ganancias macroeconómicas y comunidades que ven cómo se destruye su entorno. Bajo el espejismo de más empleo, se destruye una red social, cultural y económica. Así le decía, sin ponerse colorado, Martín Pérez Solvay, el CEO de la minera que más tiempo lleva extrayendo litio en la Argentina, la australiana Allkem, al Diario.com.ar en el 2023: la oportunidad de negocio del oro blanco sólo durará 20 años. En las próximas dos décadas se supone que el mundo se lanzará a buscar litio para producir baterías y reemplazar los contaminantes autos a nafta y gasoil por los eléctricos.

Un negocio de veinte años por el cual están dispuestos a destruir comunidades, emprendimientos agrarios, turísticos, artesanales, culturales. Veinte años para ellos, el fin para los habitantes de la región.

El 25 de noviembre de 2025, La Voz del Interior publicaba: “Una mañana de octubre pasado, vecinos del sector conocido como El Valle, entre Las Tapias y Villa de las Rosas, observaron que lo que definieron como “una harina de piedra” había caído sobre la vegetación y las viviendas .Miembros del Foro Ambiental de Traslasierra afirmaron que analizaron la sustancia y se trataba de “un polvillo que contiene cristales de sílice muy finos, que pueden ingresar a los pulmones y producir un daño irreparable conocido como “silicosis” o mal de minas; si se vuelve frecuente, es peligroso”, puede leerse de un documento emitido por el organismo.”

Ante la denuncia de violación de la legislación vigente y el riesgo ambiental, las actividades fueran suspendidas de manera provisoria. No fue suficiente para los miembros del Foro Ambiental regional que continuó reclamando un cierre definitivo y advirtiendo que se planifican otros emprendimientos extractivos en distintos puntos de las sierras de Córdoba.

En la llamada “Mina de las Tapias”, un territorio en donde en realidad hay varias minas, se venían realizando prospecciones destinadas a la extracción de litio por parte de una empresa de capitales chinos, que en principio contaba con la autorización de la Provincia. No obstante, la fiscal de Villa Dolores, Lucrecia Zambrana, ordenó en noviembre la clausura preventiva de las actividades. Los vecinos denunciaron que la empresa continuaba operando ilegalmente.

El 10 de enero de este año, 2026, desde el Cabildo Abierto Traslasierra (CAT) exigieron la clausura definitiva de la empresa Integración Minera SRL, ubicada sin licencia social en la zona gris del Valle Traslasierra, entre los límites de las localidades Las Tapias y Villa de las Rosas, en Córdoba. Las máquinas seguían funcionando, ahora sin control ambiental alguno.

La intervención judicial llegó después de que comunidades locales, asambleas y organizaciones ciudadanas presentaran denuncias y exigieran la intervención de las autoridades ambientales. La Fiscalía de Villa Dolores y la Secretaría de Ambiente verificaron irregularidades que justificaron la clausura preventiva inicial, que terminó transformándose en orden definitiva de retiro.

El alerta en la comunidad continúa vigente. Después de tantas trampas y con tanto poder, imposible bajar los brazos. Por el momento, una victoria significativa para las asambleas ciudadanas. La destrucción de nuestros territorios exceden una provincia o una localidad. Las empresas pueden cambiar de nombre y de nacionalidad, ser de Canadá o Chinas, pero a su alrededor viven personas con la identidad bien puesta.

Ambiente

Acuerdo Mercosur-UE: la hipocresía ambiental europea, por Laura Giussani Constenla

El recién firmado acuerdo entre los países del Mercosur y la Unión Europea echa luz sobre la desigualdad en políticas ambientales. Mientras en Europa los productores rurales ocupan las calles con sus tractores en protesta contra el ingreso de productos agroalimentarios sin impuestos desde Latinoamérica en Argentina se festeja por un mercado que se amplía para la explotación de materia prima. Razones no les faltan a los franceses, españoles, belgas, alemanes y demás trabajadores de la tierra de occidente para estar preocupados. El descontrol de uso de agroquímicos, más allá de la incorporación de nuevas disposiciones, los pone en una situación desventajosa ¿Por qué la Unión Europea lo firmó? Porque, a cambio, ellos exportaran, sin tener que pagar altas tasas, toda la infraestructura agroindustrial, tractores, automóviles, etc. ¿Por qué lo firmó el Mercosur? Porque apoya un modelo extractivista de intercambio de materias primas por productos manufacturados.

En esta columna, reflexionamos sobre el tema ambiental. Mientras en Europa son extremadamente cuidadosos en separar la basura en distintos tachos para su reciclaje, nada hacen para disminuir el consumo de cosas innecesaria que repletan los prolijos tachos de plásticos y metales.

Es verdad que Italia pone límites más adecuados al uso de pesticidas pero no prohibe que sus ciudadanos lo hagan en otros países. No sólo exportan maquinaria, también exportan ‘inversores’ que serán los que más ganen con la producción agrícola violando alegremente las leyes de sus países de origen que le compraran toneladas de madera y granos si pagar impuestos. Un negocio redondo para todos, menos para los trabajadores de ambos lados del océano.

Un ejemplo es el italiano Benetton, quien debe ir a Argentina para hacer lo que en su país está prohibido. La deforestación de la flora autóctona en Chubut para reemplazarla por pinos agroindustriales es una de las mayores tragedias de la Patagonia que en este momento está ardiendo. Lo mismo ocurre con la minería o las llamadas ‘tierras ricas’. La devastación está permitida en Europa pero fuera de sus fronteras.

En torno a estos temas gira el Planeta Giussani de este 19 de enero de 2026.

Ambiente

Crónica de una quiebra: el default de los ríos patagónicos, por Guillermo Gettig Jacob*

El mundo ha entrado oficialmente en la era de la quiebra hídrica. No lo dice solo el polvo que vuela hoy sobre la meseta; lo advirtió la ONU este 21 de enero de 2026. La humanidad ha roto el ciclo del agua, y en la Patagonia, esa bancarrota se traduce en ríos que ya no llegan a su destino y lagos que se borran del mapa.

El Senguer: Una arteria rota

El sistema del Río Senguer es una cadena de vida que se ha cortado. Como un organismo que sacrifica sus extremidades para intentar salvar el corazón, el sistema ha dejado morir al Lago Colhué Huapi. Mis propias fotos del lago hoy muestran un desierto donde debería haber olas.

El Senguer, que interconecta los lagos de cordillera con el Musters, ya no tiene “capital” suficiente para repartir. El Musters, rehén del consumo humano e industrial, retiene lo último que queda, dejando al Colhué en una insolvencia total. Es el primer gran colapso de la quiebra hídrica en el sur: un sistema interconectado que ya no conecta nada.

Chubut y Negro: El retroceso de los gigantes

Más al norte, la situación no es más alentadora. El Río Chubut está operando con el 50% de sus ahorros históricos. El ingreso al Dique Ameghino es hoy una sombra de lo que fue en el siglo XX. La “quiebra” aquí se siente en la falta de presión en las canillas de las ciudades del valle y en la incertidumbre de los productores que ven cómo el río se retrae, dejando al descubierto riberas de lodo seco.

Por su parte, el Río Negro, el más caudaloso de la región, ha perdido el 43% de su fuerza vital. Lo que la ONU describe como la “ruptura del ciclo hídrico” se ve aquí de forma clara: las nieves que antes financiaban el caudal de verano ya no caen, y el río, ese gigante que parecía inagotable, entra en zona de números rojos.

De la crisis a la insolvencia

La diferencia entre “crisis” y “quiebra” es que la crisis es temporal, pero la quiebra es estructural. La nota de Euronews es clara: las grandes potencias han ignorado las alertas y ahora el sistema natural ha quebrado.

En la Patagonia, esa quiebra significa que:

* El agua ya no es un recurso renovable bajo las condiciones actuales.

* La interconexión de las cuencas (como la del Senguer) es su mayor vulnerabilidad: si falla la naciente, colapsa toda la línea hasta el último lago

.* La política tradicional es cómplice al seguir gestionando los ríos como si el “depósito” se fuera a llenar mágicamente el próximo año.

El territorio habla

Las imágenes del Colhué seco no son solo fotos de un paisaje triste; son el acta de defunción de una forma de entender nuestro territorio. El agua ya no alcanza para el extractivismo, el consumo desmedido y la naturaleza al mismo tiempo. Alguien está perdiendo, y por ahora, es el territorio.

La quiebra hídrica global ha llegado a la Patagonia. La pregunta no es cuándo volverá el agua, sino cómo vamos a sobrevivir en un territorio que se está quedando sin crédito ambiental.

*Guillermo Gettig Jacob, docente de Chubut, referente ambientalista, miembro de Asamblea Autoconvocados por el agua.