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Discurso de Guillermo Saccomanno en la Feria del Libro: reflexiones y duras críticas

Meses atrás, en febrero, ante la inminencia de esta Feria, Silvina Friera publicó en Página/12 un artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta muchos países. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento en los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales: la industria del papel es oligopólica, el papel se cotiza en dólares, y aun cotizando en dólares, tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado.

En consecuencia, para las editoriales pequeñas y medianas se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras de papel para hacer libros. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier/Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados con la Sociedad Rural, escenario en el que hoy estamos. La otra empresa es Celulosa Argentina.

Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panamá Papers. Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia. Y cabe destacarlo: han destinado su producción a papel para embalar o para cajas, y no tanto al papel de uso editorial. Para hacer un libro de unas 160 páginas, con una tirada de 2.000 mil ejemplares, se necesitan entre papel interior y papel de tapa más de 150.000 pesos de inversión.

Un editor independiente proponía como solución la intervención del Estado. Por ejemplo, la creación de una papelera del Estado. Pero, por supuesto, como no ocurrió en el escándalo Vicentin, es improbable que suceda su intervención. Sería un hallazgo, en la crisis que atravesamos, crear una papelera con participación del Estado, que nuclee a los cartoneros y a las cooperativas.

Al leer esta noticia me pregunté qué tenía esto que ver conmigo, con la hoja en que empezaba a escribir este texto una noche en el bosque. En los últimos treinta años, desde que me afinqué en Villa Gesell, esta “tierra elegida” como la llamábamos con mi amigo Juan Forn, escribo con una birome negra en un cuaderno de hojas lisas.

Me gusta el fluir de esta escritura en silencio, una grafía que se vincula con el dibujo, y el dibujo, a su vez, me devuelve a mí mismo. Así me pregunto quién soy, y si esta ignorancia no es la que induce a la búsqueda de un sentido que a menudo se me rehúye. La escritura, conjeturo, debe saber más de mí que yo.

Tal vez esta sea la razón por la que en los últimos años me dediqué a la lectura y escritura de notas sobre poesía. En tanto, con la birome negra en un cuaderno, escribí en la ciudad, en micros, en trenes, en el mar y también en el bosque. Y fue en el bosque donde mi escritura se volvió más reconcentrada y, a un tiempo, abierta, tratando de conectar en un modo zen el uno con el todo.Inauguración de la Feria del Libro 2022. Fotos Martín Bonetto

El monje taoísta vietnamita Thich Nhat Hanh dice que la hoja donde escribo contiene el árbol del que proviene, desde la semilla, pasando por la lluvia, el sol, las estaciones, una historia concerniente a la naturaleza ante la que no puedo hacerme el distraído. Intentaré evitar irme por las ramas.

Hace un instante comentaba el silencioso acto de la escritura con el destino final que uno puede, con suerte, atribuirle: la publicación. A qué precio, vale preguntarse. En un posteo de un editor independiente leí que imprimir un libro de 290 páginas cuesta tres cuartos de un millón de pesos, aproximadamente más de 700.000 pesos. Además, vaya detalle, no son pocos los autores que pagan una parte de la edición con tal de ver publicada su obra.

Debe haber sido en noviembre. Cuando fui convocado a la inauguración de esta Feria experimenté sentimientos contradictorios. Me acordé de la biblioteca de mi padre perseguido político en la casa de un Mataderos de calles de tierra, hedor de frigoríficos y curtiembres.

En esos años fue la toma del Lisandro de la Torre y la insurgencia barrial ante los carriers y los tanques. La biblioteca estaba en el fondo de casa, en un galpón lindante con el gallinero, era vasta y en sus estantes, tablones hasta el techo de cinc, cargadísimos, convivían, entre otros, Bakunin y Zola, Barbusse y Dostoievski, Maupassant y Marx, Arlt y Martínez Estrada.

Me vi más tarde, a los quince, cuando empecé a trabajar de cadete en una agencia de publicidad. Me detenía en las librerías de la avenida Corrientes y en los puestos de usados de Tribunales. Cuando el dinero no me alcanzaba robaba los libros. A los quince iba formando mi propio programa de lecturas: Sartre, Hemingway, Camus, Pavese, Vitorini, Duras, Pasolini, Guinzburg, Faulkner, Woolf, Mc Cullers, O´Connor, Hamsun. Descubría a Gelman, Bustos, Bignozzi, Bailey, Porchia, Thenon, Urondo y Pizarnik. Leía El Escarabajo de Oro y La Rosa Blindada. Era el tiempo de, entre otros, Castillo, Guido, Dal Masetto, Hecker, Rivera, Orpheé, Puig, Lynch, Briante, Gallardo, y Piglia.

Siempre pensé que el premio mayor para una escritora o un escritor debe ser que una piba, un pibe, detecten mañana tu libro en una bandeja de usados, ese entusiasmo al encontrar y encontrarse. Todavía lo sostengo. Desde esta construcción de mi escritura hablo esta noche.

La Feria siempre me generó tensión. Y no sólo porque uno se se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz, que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas, antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir Feria implica decir comercio.

Esta es una Feria de la industria, y no de la cultura aunque la misma se adjudique este rol. En todo caso, es representativa de una manera de entender la cultura como comercio en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar.

En esta Feria se han escuchado y se siguen escuchando discursos bien intencionados acerca de la función del libro, de su trascendencia, su empleo como objeto tanto de placer como de herramienta educativa. En fin, discursos que pronto habrán de ser olvidados.

Cuando fui convocado planteé dos cosas: leer los discursos de quienes me antecedieron y el pago de honorarios. Sólo pude leer, gracias a la inquietud de Ezequiel Martínez, a los últimos cuatro o cinco discursos. La organización de la Feria, presumo, no conserva los anteriores, lo que puede interpretarse como desidia hacia lo que esas voces reclamaron en cada oportunidad.

Con respecto a mis honorarios, a Ezequiel, además de honesto periodista cultural, hijo de un gran escritor, no puso reparo. Es más, coincidió en que se trataba, sin vueltas, de trabajo intelectual. Y como tal debía ser remunerado, aunque hasta ahora, como tradición, este trabajo hubiera sido, gratuito. No creo que mencionar el dinero en una celebración comercial sea de mal gusto. ¿Acaso hay un afuera de la cultura de la plusvalía?

Quiero aclararlo, en los años que llevo publicando debí demandar a varias editoriales, incluyendo alguna progresista, para recuperar los derechos de publicación de un libro una vez vencido el período del contrato y otros incumplimientos de cláusulas acordadas.

En esas demandas me asistió el amigo Oscar Finkelberg, un especialista en derechos de autor. Tomás Eloy Martínez supo agradecerle a Finkelberg en una dedicatoria haberle probado que los derechos de autor son también derechos humanos.

Nuestra relación con los editores es siempre despareja. Nos sentamos en desventaja a ofrecer nuestra sangre, no otra cosa es la tinta. El editor es propietario de un banco de sangre compuesto por un arsenal de títulos publicados siempre en condiciones desfavorables para quienes terminan donando prácticamente su obra.

De manera que, desde que recibí el ofrecimiento de intervenir acá, no pude menos que, todo un trabajo, todos los días dedicarme a pensar de qué iba a hablar, qué decir. En principio, me dije, debía y debo agradecer a quienes me propusieron como forma de reconocimiento a mi producción.

Pero elegí, elijo, ahondar en la tensión. Es decir, elijo la sinceridad. Más tarde, a través de algunos amigos, algunos editores, y no daré nombres, supe de quienes se opusieron al pago. Su argumento consistía en que pronunciar este discurso significaba un prestigio. Me imaginé en el supermercado tratando de convencer al chino de que iba a pagar la compra con prestigio.

Entre quienes cuestionaban el pago de honorarios no faltó quien planteara que, de pagar, la cifra dependería de la extensión del discurso. Me pregunté a cuánto podría reducirse la suma si yo decidía resolver el discurso, en modo patafísico, con un aforismo. Además, convinieron esos editores, si se me pagaba, se establecía un antecedente que perjudicaba los intereses de la Feria.

¿Qué los sorprendía? Es que quienes me precedieron en este lugar, comprometidos con la defensa del libro, nunca habían cobrado. El uso que de estas figuras hizo la Feria en función de su propio prestigio ha sido mala fe ideológica y no se obviar. Por tanto, soy el primer escritor que cobra por este trabajo.

Como se apreciará, me limito a narrar hechos y describir. Procuro una narración realista que puede ilustrar los porqués de mi tensión en esta Feria y preguntarme cuánto en ella, más allá de las presentaciones de libros, mesas redondas y debates, es su real interés en la literatura, su significación.

A esta Feria, queda claro, le importan más los libros que más se venden, que, como es sabido, suelen ser complacientes con la visión quietista del poder. Conviene quizá que lo aclare: la literatura que me interesa – trátese de ensayo, poesía, narrativa -, ilumina, perturba, incomoda y subvierte.

Otra situación que no se puede soslayar es que las sucesivas crisis económicas han afectado no sólo la industria editorial. No es una novedad que nuestro país ha superado el 40% estadístico de pobreza y que la línea de hambre es impiadosa.

En su introducción a los Hechos del Rey Arturo y sus Nobles Caballeros de Thomas Mallory, John Steimbeck escribió: “Hay muchas personas que olvidan, cuando crecen, lo mucho que les costó aprender a leer. Quizá se trate del mayor esfuerzo emprendido por un ser humano, y debe afrontarlo cuando niño.

Un adulto rara vez sale triunfante de esa empresa, la de reducir la experiencia a un orbe de símbolos. Los seres humanos han existido durante mil millares de años, y sólo han aprendido este prodigio en los últimos diez últimos millares de los mil millares”.

Corresponde entonces preguntarse si un chico con hambre está en condiciones de realizar esa operación, asimilar conocimiento cuando no ha asimilado alimento.

Al mismo tiempo, si retornamos a la crisis del papel, no podemos dejar de lado el crimen impune de las políticas extractivas que sustenta el estado y contribuye al desastre de la naturaleza. No me desvío demasiado: hace un tiempo también leí en The Guardian que la estadística de millones de fugitivos de los desastres climáticos supera los millones de refugiados por desastres bélicos: aproximadamente dieciséis conflictos bélicos en la actualidad.

En nuestro país los incendios forestales son tan graves como los efectos asesinos del gaseo pesticida. A propósito, les recomiendo el libro del fotorreportero Pablo Piovano. En esas imágenes espectrales de seres deformados podrán observar eso que los medios invisibilizan, una tragedia ninguneada y oculta que no es tan espectacular como las secas de cuencas acuíferas y los incendios.

Tampoco, se me dirá, es pertinente traer acá la indigencia de los pueblos originarios y sus territorios que históricamente les pertenecen y les fueron expropiados a partir del genocidio roquista. Sin embargo, tanto el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel como la represión sobre el pueblo mapuche están en línea directa con esta estrategia de expoliación y entrega de recursos.

La teoría literaria, sostiene el marxista irlandés Terry Eagleton, es, ni más ni menos, que teoría política. Leída desde esta perspectiva, desde sus orígenes, nuestra literatura está signada por la violencia política: el indio, la mujer y el inmigrante son las víctimas y han sido y siguen siendo muchas veces escamoteadas.

Toda nuestra literatura, incluso aquella que se define como de evasión, aunque se haga la otaria, también tiene que ver con la violencia política. Es que, me digo, si escribimos no podemos jugarla de inocentes. Si me remito a los versos de John Donne queda claro por quién doblan las campanas. Doblan por nosotros.

Otra pregunta me queda picando: ¿es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta Feria se realice en la Rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? En lo personal, creo que esta situación simbólica refiere una violencia política encubierta.

Cuando pregunté, antes de venir, por qué la Feria se realiza aquí y no en otro espacio, Ariel Granica, hijo del editor exilado en el 76, tuvo el gesto solidario y comprensivo de explicarme que no hay otro lugar de magnitud capaz de albergar tantos expositores y facilitar el ingreso de una multitud.

De producirse un cambio de geografía, me dijo, dependería de la colaboración del estado en facilitar un predio afín. Le cité el ejemplo de la Feria de Guadalajara. Y Granica me informó que dicha Feria, a diferencia de esta, dispone no sólo del respaldo sino también del apoyo económico del estado mejicano.

Si la Feria le paga una fortuna a la Rural, esto justifica la cuantiosa cifra del alquiler de los predios de los expositores. De modo que quien visita esta Feria, debe contemplar que al costo de la entrada debe sumarle el precio del libro. Alguna vez esta Feria tuvo como lema propiciar la relación del autor con el lector. La sombra del dinero enturbia, como vemos, la naturaleza de esa conexión.

Quiero, en este relato, plantear otra pregunta: si este es el cuadro de situación de la Feria, que no es nuevo, en medio de esta crisis económica que depreda nuestro país, ¿quiénes son los lectores que llegan al libro sino los de una clase media pauperizada siempre y cuando no gasten demasiado en la gaseosa y los panchos?

Acá se habla de los riesgos de la industria, se repite retórica la necesidad del acceso a los libros, se habla y se habla. Parafraseando a Greta Thumberg, blablablá. Pero cómo hablar de lectores, me pregunto, si se elude desde los estamentos gubernamentales la enseñanza y el aliento de la lectura, que no se arregla ingenuamente repartiendo fascículos literarios en las canchas ni con una candorosa primera dama leyendo cuentos a los chicos de vacaciones en Mar del Plata.

No me voy a detener acá en los exabruptos fascistas de la ministra de educación porteña, tampoco en el menosprecio del ministro de cultura porteño por los premios municipales a la labor de creadores en literatura, teatro, música y artes visuales, subsidios a menudo en riesgo.

Pero no puedo pasar por alto a un reciente ministro de educación nacional que, al encarar una enésima reforma educativa, declaraba no hace tanto que estábamos ante un “proceso de reorganización” pedagógico. “Los límites de mi lenguaje son los de mi mundo”, escribió Wittgenstein, pensamiento que ese ministro seguramente ignorará. Subrayo los términos del ministro: “proceso de reorganización”.

Tzvetan Todorov afirma que un país que ha padecido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Me pregunto entonces cuál es la calidad educativa en nuestro país que ha sufrido ya suficientes reformas educativas para que, encima, un ministro, pueda expresarse en estos términos. No creo necesario extenderme abarcando la situación siempre precaria de los docentes en el país donde fue asesinado el maestro Fuentealba y en los últimos años otros maestros murieron por la explosión de las garrafas en escuelas convertidas en comederos.

La literatura que me gusta no baja línea. Y, lo que escribo en esta hoja, tampoco baja línea. Simplemente soy descriptivo, estas son las cosas que se juegan para quienes elegimos este oficio. Inexorable, la tensión me impulsa hacia un nervioso desorden enumerativo. Asumo el riesgo de ser malentendido y juzgado como aguafiestas.

Pero, a pesar del frenesí y la euforia de la organización y su expectativa en la facturación, nuestro presente no tiene mucho de festivo. Quienes me han leído saben que, acá, ahora, persisto en sostener una contrariada coherencia. Estoy convencido, estos datos y anécdotas tienen que ver con la escritura. No la determinan, pero inciden más de lo que me gustaría cuando viene el momento de publicar.

A pesar de todo, no soy pesimista. Son varias las generaciones que, en el presente, desde la diversidad y la disidencia, están generando escrituras cuestionadoras. La crisis que afecta a la industria es tanto una realidad como la de quienes, a pesar de las dificultades colectivas y personales de toda índole, persisten en la escritura y creen que, si bien la escritura no puede transformar el mundo, puede hacerlo un poco mejor.

La vida es breve, uno escribe contra la fugacidad. Escribir es el intento muchas veces frustrado de capturar instantes de belleza, registrarlos para que sobrevivan a pesar de la finitud. Se escribe en soledad, pero no ajeno a las contradicciones de lo social. Hace falta una gran tolerancia al fracaso para este oficio. “Escribo porque sufro”, dice John Berger. Y lo dice “con la esperanza entre los dientes”. Y esta es una verdad que no se transa.

Mientras escribía este texto, para aliviar la tensión, con la conciencia de que este discurso pronto será olvido, salí a la noche, al bosque. Me acerqué a un árbol añoso, lo toqué, respiré la oscuridad. Al volver a la mesa, a la birome negra y a la hoja, algo había pasado, una especie de gratitud. Y seguí escribiendo. No cambiaría este oficio por nada.

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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.

LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”

Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”

LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”

Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”

LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”

Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”

LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”

Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”

LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”

Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”

LCV: “Eso ya lo vivimos.”

Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”

LCV: “También preocupa el rol de los medios.”

Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”

LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”

Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”

LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”

Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”

Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”

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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.

LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”

Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”

LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”

Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”

Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”

LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”

Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”

LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”

Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”

LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”

Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”

LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”

Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”

LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”

Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”

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