La docencia, al menos del modo en que está estructurada en el sistema educativo uruguayo, es una actividad muy solitaria y poco propicia para el trabajo colectivo. Los y las docentes no tomamos cargos, tomamos horas de clase; y en general lo hacemos en horarios salpicados, en distintos centros educativos y distintos niveles. Nos pasamos la semana entrando y saliendo de clase, fomentando debates, planificando actividades de problematización y discusión grupal puertas adentro, pero tenemos pocos espacios para el encuentro y la colectivización de este trabajo. Por eso, la seguidilla de ocupaciones y manifestaciones que se están dando desde la semana pasada, de la mano de colectivos estudiantiles y docentes de distintos sistemas, nos moviliza e impacta profundamente. De fondo, lo que existe es un debate público que es a la vez epistémico, pedagógico y político: epistémico, porque se trata de determinar qué saberes consideramos pertinentes y relevantes; pedagógico, porque nos empuja a discutir sobre aspectos centrales de la educación: qué queremos enseñar, para qué, de qué modo; político, porque está en juego la determinación de qué actores son relevantes o no en esta construcción, quiénes y cómo deben tomarse las decisiones, cuál debe ser el presupuesto destinado a la educación, y en definitiva cuál es nuestro futuro laboral.

Este lunes, por primera vez en la historia, se ocupó el Instituto de Profesores Artigas (IPA) -el instituto de formación docente más grande del país- por parte del sindicato docente. La semana pasada se había ocupado, desocupado y vuelto a ocupar por parte del centro de estudiantes; esta semana, se sumó a las medidas el colectivo docente para acompañar las reivindicaciones estudiantiles que son también nuestras. Simultáneamente, se están desarrollando paros y ocupaciones en muchos institutos del país. La ocupación del IPA fue un hecho inédito e histórico que marca un hito y la explicitación de un conflicto que era hasta ahora un malestar latente. El instituto fue ocupado a las nueve de la mañana; durante todo el día, se programaron talleres sobre diversos temas por parte de distintas organizaciones gremiales. El ánimo general era de emoción; existía una cierta sensación de estar gestando algo. Hacia las once de la mañana llegó la intimación del ministerio de trabajo para desocupar el centro de forma inmediata, de lo contrario se haría presente de forma “inminente” la fuerza pública. Se resolvió mantener la ocupación hasta que llegara la fuerza policial, hacer una breve conferencia de prensa y desocupar pacíficamente. La “inminencia” duró cuatro horas; cuatro horas en las que continuaron las actividades previstas, mientras se esperaba la llegada de la policía. Finalmente, hacia las tres de la tarde se dio el despliegue policial: corte de la avenida y policías formados en fila, con sus escudos y parafernalias, frente al IPA. Tiempo después, y al grito de “se escucha, se escucha, arriba los que luchan”, unos cincuenta docentes terminaban la ocupación alineados en la puerta, de cara a la policía que observaba desde la otra vereda. Lejos de finalizar el conflicto, se entendió que la ocupación del IPA supuso un paso más en una situación de movilización y resistencia que continúa; sin ir más lejos, hay convocada una marcha para hoy a las cinco de la tarde por parte de todos los sindicatos de la educación (gremios de estudiantes de secundaria, educación terciaria y universidad; gremios docentes de educación primaria, secundaria, terciaria y Universidad; gremios de funcionarios de distintas ramas de la educación; sindicato de docentes de enseñanza privada).

Para entender un poco más, ¿por qué hay conflicto? Hay un conjunto de críticas que los colectivos estudiantiles y docentes vienen realizando, que pueden sintetizarse en tres tensiones:

Reforma educativa

Los reclamos que desataron las ocupaciones se vinculan a una propuesta de reforma educativa que el gobierno está planificando tanto a nivel de enseñanza primaria y secundaria como de formación docente. Esta reforma está siendo llevada adelante con muy poca transparencia y prácticamente nula participación de docentes y estudiantes.

En el caso del “marco curricular nacional” que se está elaborando como programa nacional para enseñanza primaria y secundaria, aún es bastante opaco en qué consiste la reforma, sin embargo a través de rumores y trascendidos se ha hablado de proponer un currículum basado en un núcleo de asignaturas obligatorias y un cinturón de materias que pasarían a ser optativas, con lo cual peligra la continuidad de asignaturas no consideradas esenciales. El espíritu de esta reforma es beneficiar un abordaje por “competencias”, lo cual ha dado lugar a un intenso debate dentro del cuerpo docente. Suele presentarse este abordaje como favorecedor de asignaturas que hacen énfasis en desarrollar la creatividad, pensamiento crítico, etc., pero no es claro que se contemplen los “contenidos” necesarios para esas competencias. Esto ha sido denunciado como un “vaciamiento” del curriculum, que parece más preocupado por desarrollar habilidades apropiadas para formar para el mercado del trabajo que por el abordaje de contenidos disciplinares y saberes fundamentales. Prácticamente no se han brindado espacios de participación o discusión de este plan; los documentos “bajan” a los docentes pero sus opiniones no han sido atendidas; parece todo “decisión tomada”, lo cual genera una gran frustración. Los docentes temen por su estabilidad laboral y por la calidad de la enseñanza del nuevo plan.

Sobre la reforma de la formación de educadores, en este momento se está construyendo la malla curricular, pero también sin participación de docentes y estudiantes. En diciembre tiene que estar el nuevo plan terminado ya que se ha insistido desde el gobierno en que la reforma sí o sí comenzará el año que viene, y a esta altura del año aún no sabemos qué asignaturas permanecen y cuáles no, ni si son semestrales o anuales. Se sabe que va a haber redistribución y recorte de horas, pero no se sabe aún qué asignaturas se verán afectadas por ello. Pedagógicamente, la propuesta también se fundamenta en un diseño “por competencias” que prioriza asignaturas acordes a las habilidades que se desea promover; diseño que ha sido criticado por entenderse acorde a una lógica de educación adaptada a las necesidades del mercado. Aún más alarmante es lo que se ha descubierto hace pocos días: el documento de propuesta de reforma está plagado de fragmentos extensos plagiados de otros documentos de otros países. El hallazgo del plagio ha sido uno de los últimos bochornos que fortaleció los pedidos de renuncia del director de CFE.

Luchas presupuestales

Otra de las tradicionales reivindicaciones es el reclamo por mayor presupuesto. Tanto docentes como estudiantes piden desde hace tiempo más presupuesto para cargos, becas, y aspectos edilicios (más salones o mejora de las condiciones de los centros, que en algunos casos son muy deficientes).

La Universidad de la República (Udelar) se encuentra en una situación extremadamente delicada en lo que refiere a presupuesto. Pese al rol que tuvo la Universidad en la última pandemia, cuyos desarrollos científico-tecnológicos y compromiso mostró estar a la altura de las necesidades del momento, se mantuvo para la Universidad el mismo presupuesto. Esto en los hechos quiere decir que la Universidad cuenta con menos recursos que antes: en los últimos años se ha ido expandiendo y ha aumentado mucho la matrícula, y no hay recursos para atender a ese aumento de nuevos ingresos. En materia de cargos, los cargos universitarios son los salarios profesionales peor pagos, y la Universidad no cuenta con recursos para compensar estos salarios deprimidos. Hay cursos y cátedras que se mantienen en condiciones sumamente precarias, con cargos de grado bajo que ganan muy poco y terminan quedando a cargo de cursos con gran número de estudiantes.

Además del no aumento de presupuesto, el poder ejecutivo había propuesto quitar un impuesto destinado a la Universidad en el interior, el “adicional del Fondo de Solidaridad”. El fondo de Solidaridad consiste en un pago que hacen todos los egresados de la Udelar, que se destina a becas o bienestar estudiantil; hay un porcentaje “adicional” que desde hace décadas se cobra a los profesionales egresados de carreras superiores a cinco años que está destinado específicamente a la Universidad en el interior. El gobierno había propuesto quitar este adicional. Luego de un extenso debate, y con gremios estudiantiles y docentes manifestándose en las puertas del palacio legislativo, finalmente no se aprobó esta quita. El proyecto pasa ahora a la otra cámara; pero aparentemente la Universidad mantendría aún ese ingreso. Así que por el momento no ocurrió lo que se temía, que habría sido una situación drástica para la sostenibilidad de muchas carreras universitarias, sin embargo los recursos de la Universidad penden de un hilo. La situación en general, y específicamente en el interior, es altamente preocupante y hay cursos cuya continuidad peligra por falta de dinero para cargos.

La “laicidad” como nueva herramienta de censura

Pero más allá de las disputas en torno al presupuesto y a la reforma educativa, hay de fondo un clima de censura y represión que ha generado un permanente estado de malestar, tensión y miedo en los docentes. Quizás lo más simbólico en este sentido es la lucha por los muros de los centros educativos. El gobierno ha adoptado una postura radical de rechazo a las expresiones de estudiantes en los muros de los centros educativos, en nombre del “cuidado de las fachadas” de los edificios públicos. Esto llegó al punto de que un grupo de estudiantes de magisterio fue detenido por hacer pintadas en los muros de su centro educativo dando la bienvenida a la generación 2022. En el caso del IPA, pese a la resistencia del centro de estudiantes pintaron de blanco toda la fachada, en la que se encontraban dos murales con representaciones artísticas, entre ellas una en homenaje a Nibia Sabalsagaray (estudiante desaparecida durante la dictadura). Volver a clase a un edificio totalmente pintado de blanco, cual hospital, fue desgarrador y tuvo un peso simbólico importante. Esto se suma a una multiplicidad de sucesos que dan cuenta de un intento de censurar a todo punto de vista diferente al oficial. En nombre de una “laicidad” entendida como una educación “neutral” y libre de “política”, se censuran eventos, se desvinculan docentes (el último caso fue la desvinculación de una docente que iba a participar en un curso, justamente, sobre laicidad, por un desacuerdo muy menor en torno a su forma de evaluación), y hasta se ha sancionado duramente a docentes por hacer públicas ciertas reivindicaciones sindicales. Esto genera un clima de sospecha constante hacia los docentes que lleva incluso a la autocensura. Además del ya instalado desprestigio de la profesión docente (son vagos, tienen tres meses de vacaciones…) se instala un velo de sospecha (además de vagos, adoctrinan).

 No son éstas, en realidad, las únicas tensiones existentes en un contexto político que se ha mostrado poco afín a la negociación, la participación de colectivos en la toma de decisiones, y el fortalecimiento de fondos destinados a programas sociales y culturales en general. Sin embargo, sirven para entender un poco más el entramado de críticas que hacen que hoy todos los sectores educativos se encuentren en conflicto.