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Ordenan detención de Deolinda Carrizo, campesina y militante del MOCASE

Tensa situación en Santiago del Estero frente al desalojo de una familia que provocó una orden de detención contra dos funcionarias del Estado, una familia de siete miembros que crían desde hace años vacas, gallinas, chanchos y otros animales, y tres militantes del MOCASE. Por el momento, ante la resistencia de los campesinos, no se produjeron ni el desalojo ni las detenciones. Para hoy están previstas distintas acciones en reclamo de justicia.
El hecho tuvo repercusión nacional e internacional porque una de las perseguidas es Deolinda Carrizo, histórica militante del Mocase. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero acaba de cumplir 30 años, casi la edad de Deolinda, primera generación nacida y criada en el marco de una organización que reclama por los derechos de los campesinos en base a criterios de solidaridad y Derechos Humanos. Aquella niña que creció en medio del campo, conociendo sus derechos, trabajando la tierra y participando de asambleas, marchas y resistencia, hoy es, además, funcionaria de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación.
Aquí los hechos.
Luego de un proceso judicial plagado de irregularidades, el viernes 26 de agosto se presentó la policía local y un oficial de justicia en el paraje El Urunday, de la localiidad de Roversi, en Santiago del Estero, para desalojar a Carlos Esteban Medina y toda su familia. Allí acudieron distintos funcionarios y militantes del Mocase, entre ellos, Deolinda Carrizo, Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), y Fabián Orellana, del INAI.
Las funcionarias tomaron conocimiento de la situación: Un juicio iniciado por Guillermo Marcelino Ríos quien, sin poseer ningún título de propiedad sobre el terreno de 212 hectáreas -de acuerdo al expediente dice tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital y no volvió a vivir en el lugar, actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”. Con ese único antecedente el 12 de febrero de 2019, la escribanía Gómez Terzano, extiende un contrato de Comodato por un año, en el que Ríos aparece como propietario y Medina como inquilino, lo que conlleva a una posibilidad de desalojo en febrero de 2020.
Así inicia un complejo proceso penal en el que alguien que sin tener título de propiedad alguno, a través de engaños, convence a Medina a firmar un papel que le permite comenzar un juicio por desalojo que la familia ignora.
De acuerdo a los dichos de Medina ante Deolinda Carrizo que trabaja en la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, el acusado reconoció haber firmado un papel pero que le dijeron que era para que un empresario vecino con el que tenía un conflicto dejara de molestarlo. Ocurre que Medina apenas sabe leer – tiene solo segundo grado- y casi no ve.
Mocase denuncia que el Juez de Paz nunca estuvo en el lugar ni los notificó de la demanda ni de la sentencia. En el lugar viven Carlos Medina con su compañera Mirta Belizan, y sus hijos Lucas de 22 años, Mauro de 20, Cristian de 17 años, Julián de 13 años y una nieta llamada Bianca de 6 años.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, la organización campesina decidió acompañar a la familia Medina y pelear para evitar el desalojo. En un comunicado difundido el 3 de septiembre afirman:
“Del expediente civil relatado y resumido surge a prima facie que: – El Sr. Ríos nunca acredito ser titular o poseedor del inmueble que reclama. – Nunca se realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina. – Nunca se ordenó un informe social-productivo (siendo que el poder judicial cuenta con un cuerpo de trabajadores sociales, por ejemplo) que pueda reflejar como vive la familia Medina, si efectivamente tomo conocimiento de lo que se estaba desarrollando en Tribunales. Sobre todo para verificar si viven o no niñes o adultos mayores u otro grupo que requiera la intervención del Ministerio Publico Tutelar u otro organismo especifico. El día de la ejecución de la sentencia (26 de agosto último pasado) el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, se presentó ante el pedido de auxilio de la familia Medina, quienes estaban siendo desalojados y dejados a la vera del camino/ruta, sin ningún tipo de recaudo por parte del poder judicial u otro organismo estatal.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del MOCASE, no se abandonó el territorio. Y en consecuencia, inició sus actuaciones (sin demora alguna) el fuero penal, abriendo una causa por el delito de “usurpación” en contra de Mirta Belizan, Carlos Medina y varios-as integrantes del MOCASE. El día 2 de septiembre, día feriado e inhábil en la justicia provincial, se presentó nuevamente un operativo policial, esta vez con orden de la Jueza de Control y Garantías Ana Cecilia Vittar, a pedido de la Fiscal Lujan Gonzalez Garay (expte Actuaciones promovidas por el Ministerio Publico Fiscal, Dra Maria Lujan Gonzalez Garay, Fiscal de la Unidad de la Circunscripción Capital, Legajo Fiscal S/N – Autos: Medina, Carlos Esteban p.s.d. Usurpación art. 181 inc. 1 e.p. Ríos Marcelino Guillermo), en la que intimaba al desalojo del inmueble en un plazo de dos horas; y de no hacerlo ordenaba el allanamiento y detención de Mirta Belizan, Carlos Medina, Noemi Medina, Cristian y Lucas Medina y los siguientes compañeros-as del MOCASE: Deolinda Carrizo (quien además es Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), Fabián Orellana (representante del Consejo de Participación Indígena – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Marysol Aguirre y Rodolfo Joaquín Basualdo.”
Y finaliza diciendo: “Exigimos como medidas inmediatas además del cese de las órdenes de lanzamiento y detención: que los jueces dejen de emitir sentencias de desalojo sin conocer el lugar a las familias cuyos derechos están en juego, sin realizar un abordaje interdisciplinario adecuado que incorpore la perspectiva de derechos humanos y estándares internacionales en la materia, como así también exigimos que se termine con la criminalización de quienes defienden la tierra para vivir y producir para el pueblo.”

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Miguel Ferreyra, pro secretario gremial de Aceiteros: “La huelga es nuestra herramienta para conquistar derechos”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el dirigente sindical Miguel Ferreyra analizó el reciente encuentro sindical realizado en Córdoba tras la detención de un gremialista. En la entrevista reflexiona sobre la criminalización de la protesta, la importancia del salario mínimo vital y móvil, el rol de la huelga como herramienta central de lucha y los desafíos de un movimiento obrero que debe incluir a trabajadores precarizados y desocupados.
LCV: “Contame cómo transcurrió el encuentro de la semana pasada.”
Miguel Ferreyra: “Lo organizamos rápido. La semana anterior estábamos en la federación charlando con Daniel, nuestro secretario general, y con Ezequiel. Decidimos, dadas las circunstancias de Córdoba, con la detención de Federico Yuliá, secretario general de ATE Córdoba, realizar un encuentro sindical. Siempre venimos haciendo actividades con ellos, capacitaciones y formaciones con abogados que nos representan a ambos gremios. Participaron ATE nacional, ATE Córdoba, la UOM nacional, la UOM Córdoba y el SPR, sindicato de prensa de Buenos Aires. El tema central fue la criminalización del derecho a la protesta. Un compañero había sido detenido por reclamar alimentos para merenderos de la capital cordobesa. Esta avanzada busca restringir el derecho de huelga. El encuentro se organizó de una semana para la otra, los abogados abordaron el tema y luego expusieron Daniel Yofra, Abel Furlán, Rodolfo Aguiar, Perico Julián y el compañero de prensa.”
LCV: “En este tipo de encuentros suele haber riesgo de que se conviertan en debates de consignas que no se concretan. Por el perfil de quienes participaron, da la sensación de que se buscó ir más a fondo. ¿Qué elementos surgieron como necesarios para aplicar en estos días?”
Miguel Ferreyra: “Nos enfocamos en la pelea por un salario mínimo vital y móvil, tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo. Entendemos que hoy hay nuevas necesidades que deben cubrirse: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia médica, transporte, vacaciones, previsión. Hace más de diez años sostenemos esta lucha, más allá de los gobiernos de turno. La herramienta fundamental para lograrlo es la huelga. Queríamos aunar criterios con compañeros de otros gremios para exigir un salario mínimo vital y móvil para todos los trabajadores. Y discutir cómo conseguirlo, sabiendo que los gobiernos nacionales y provinciales encarcelan a dirigentes sindicales que luchan. La criminalización de la protesta busca frenar la organización de los trabajadores que pelean por mejorar las condiciones de vida de nuestra clase.”
LCV: “En las últimas elecciones pareciera que el sentido común de la sociedad se desplazó hacia otro lado. Los asalariados en blanco cada vez son menos, crece la precarización y el trabajo en aplicaciones. ¿Cómo impacta esto en la posibilidad de hacer un paro, cuando muchos no tienen esa herramienta?”
Miguel Ferreyra: “Tenemos que entender que estar registrados es una suerte. Pero los compañeros y compañeras que no tienen trabajo también son clase trabajadora. No tienen la posibilidad de vender su fuerza de trabajo con un buen salario registrado. Debemos lograr, desde las centrales obreras, sindicatos y federaciones, que esa otra mitad de la población económicamente activa se organice con nosotros. Si peleamos separados no conseguimos nada. Se trata de ponernos en lugar del otro y tener empatía con quienes no tienen la posibilidad de un trabajo digno ni herramientas para defenderse.”
LCV: “Muchas veces un trabajador registrado habla de vacaciones o aguinaldo, y un repartidor de aplicaciones responde que nunca vio esos derechos. Hay dos mundos laborales muy distintos. ¿Se puede lograr que el trabajador precarizado comprenda que la lucha es por incluirlos y no por formalizar la precarización?”
Miguel Ferreyra: “Es interesante lo que planteás. Debemos expresarnos de modo que el compañero precarizado comprenda que la lucha es juntos, codo a codo en la calle. Nosotros podemos ejercer el derecho a huelga porque estamos dentro del sistema y organizados, pero ¿qué huelga pueden hacer quienes no tienen empleo? Hay que encontrar la manera de organizar también a esos compañeros y compañeras sin trabajo estable. Esa es tarea de los dirigentes sindicales, una tarea militante enorme.”
LCV: “Recuperar derechos perdidos en lugar de darlos por perdidos es un desafío enorme. Los sindicatos también deben hacerse cargo de lo que no se pudo conseguir en más de 40 años de democracia. Con gobiernos liberales y antiobreros se perdieron conquistas, y muchos trabajadores precarizados creyeron que votando a Milei mejorarían sus condiciones. ¿Cómo se enfrenta esto?”
Miguel Ferreyra: “Debemos tener conciencia de clase. A veces es un diálogo de sordos. Un amigo me decía: los próximos jubilados pueden ser las últimas generaciones en cobrar una jubilación. Si no se hace algo, la jubilación desaparecerá. ¿De qué te vas a jubilar si no tenés empleo registrado? ¿Del Uber? ¿Del delivery? Todo esto está ligado al desfinanciamiento de universidades públicas y a los bajos salarios docentes. Es parte de un plan económico que busca poblaciones no educadas. En la secundaria no se habla de derechos laborales, y quienes no acceden a la universidad no llegan a comprenderlos. Por eso es clave recuperar conciencia y organización.”
LCV: “Hoy en mi editorial mencioné que soy autora, junto con Mónica Costa y otras personas, del documental Regístrese, comuníquese y archívese, sobre la historia del ministro de Educación de la dictadura, Catalán, padre del actual ministro, quien implementó una reforma que limitaba la lectoescritura a 12 letras para retrasar el desarrollo. Ese plan educativo se aplicó junto con el plan económico desde marzo de 1976.”
Miguel Ferreyra: “Terrible. No lo sabía. Cuando quieras vamos a Córdoba a presentar el documental.”
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Mujeres protagonistas: Norma Ríos y el noveno encuentro de empresarias en Formosa

En el marco del noveno Encuentro Internacional de Mujeres Empresarias, que se realizará en Formosa bajo el lema Mujeres protagonistas, conversamos con Norma Ríos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEF). La dirigente explicó los objetivos del evento, destacó la importancia de la cooperación en red entre empresarias de distintas regiones y compartió su visión sobre la coyuntura económica nacional y provincial.
LCV: “Decinos de qué se trata este noveno encuentro de mujeres empresarias.”
Norma Ríos: “Nosotros estamos organizando el noveno encuentro internacional de mujeres empresarias en Formosa. Es un congreso que todos los años realizamos. Este año se va a llamar Mujeres protagonistas y vamos a estar hablando en paneles de innovación, de liderazgo inclusivo, de territorio, de cómo desarrollarte en tu lugar, además de ofrecer talleres prácticos para aplicar directamente en los emprendimientos.”
LCV: “Yo tuve oportunidad de conocerte en un encuentro en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué frutos dejó ese encuentro y cuántas de las personas que participaron estarán ahora en Formosa?”
Norma Ríos: “Ese encuentro y tantos otros en los que participamos nos permitieron conocernos entre mujeres que trabajamos por el liderazgo y el empoderamiento económico. Hemos hecho alianzas, firmado acuerdos y potenciado proyectos. A este encuentro vendrán participantes de la Patagonia, Buenos Aires, Paraguay, Uruguay y de la Red Internacional de Líderes Empresariales de Rimel, que nació en Formosa. Para nosotras es fundamental trabajar en conjunto, en red, porque nos permite visibilizarnos, empoderarnos y acompañar a las empresarias y emprendedoras. En esta oportunidad, además, tendremos un panel y una charla sobre cómo desarrollarse en el territorio donde se vive.”
LCV: “Este encuentro de mujeres emprendedoras y empresarias seguramente no estará exento del análisis político de la situación económica. ¿Cuál es el mensaje que ustedes llevan respecto de la política económica implementada por el presidente Milei?”
Norma Ríos: “En Formosa gobierna el Dr. Gildo Insfrán, cuya política económica es un modelo a seguir. Es un gobierno presente que acompaña a las empresas a través de bancos, fondos fiduciarios y programas de apoyo a productores agrícolas y ganaderos. Es un modelo provincial único, que nos permite sentirnos respaldados. Nuestro gobernador también acompaña el empleo y ajusta salarios según la inflación; ahora está por anunciar un aumento del 45%. Como formoseños nos sentimos acompañados por la política pública provincial.”
LCV: “¿Este encuentro ofrecerá alguna mirada o propuesta frente a la situación nacional, marcada por la falta de recursos en las provincias y el ajuste presupuestario?”
Norma Ríos: “Desde que Javier Milei llegó al gobierno nacional, respetando la elección de la mayoría, está haciendo un mal gobierno donde no le importa el ciudadano ni tiene perspectiva de género. Eliminó el Ministerio de la Mujer y desmontó derechos que conquistamos. Rechazamos también el ataque a jubilados, a niños con discapacidad, a hospitales y a la investigación científica. Es una política equivocada que rechazamos.”
LCV: “En términos de endeudamiento externo y de manejo de fondos para las provincias, ¿qué visión tienen?”
Norma Ríos: “Rechazamos el manejo extorsivo de los fondos. Milei habla de consenso pero no escucha a los gobernadores. Somos un país federal y cada provincia tiene una realidad distinta. No puede gobernar por decreto ni ignorar a los representantes provinciales.”
LCV: “Podría decirse que el presidente no recorre ni conoce el territorio.”
Norma Ríos: “No conoce mi provincia ni casi ninguna. Lo que no conoce lo critica, y subestima a los habitantes.”
LCV: “Si hay emprendedoras que nos escuchan, ¿todavía están a tiempo de inscribirse y cómo hacerlo?”
Norma Ríos: “Claro que sí. Pueden inscribirse a través del Instagram de la CAMEF o en la página web www.camefor.org. El evento será el 26 de septiembre a partir de las 14 horas en el predio de la Costanera, en Formosa, frente a la ciudad de Alberdi, Paraguay. Habrá seis talleres simultáneos, patio de comidas, patio cervecero y una ronda de negocios con empresarios de Paraguay, Chaco, Corrientes, Misiones y emprendedores locales.”
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“El agua y la vida social de un pueblo: la experiencia cooperativa en Saavedra”

En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 120 km de Bahía Blanca, funciona desde 1974 la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios de Saavedra. Con una comunidad de poco más de 3.000 habitantes, la institución no solo garantiza agua de calidad, sino que también brinda servicios sociales, traslados en ambulancia y hasta un vehículo oncológico. Gabriel Reser, con casi tres décadas en la cooperativa, relata cómo esta iniciativa comunitaria sostiene al pueblo, su relación con el movimiento cooperativo provincial y los nuevos proyectos que buscan mejorar la salud y la vida social de la localidad.
LCV: Contanos a qué se dedica la cooperativa de provisión de agua potable y otros servicios de Saavedra.
Gabriel Reser: Saavedra está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 120 km de Bahía Blanca por la ruta 33, km 110. Es una localidad de 3.000 habitantes. La cooperativa brinda servicio de agua potable y servicios sociales: traslado en ambulancia y un auto oncológico para quien lo necesite.
LCV: ¿Cómo es Saavedra?
Gabriel Reser: Está situada a 10 km del cordón serrano y a 5 km de la ruta 33. Es un lugar espectacular, a 50 km de Sierra de la Ventana. Es una localidad agrícola-ganadera. Hace más de 20 años se creó la Unidad 19, una cárcel, que le dio mucho movimiento al pueblo.
LCV: ¿Qué impacto tuvo la Unidad 19 en la comunidad?
Gabriel Reser: Como en toda localidad chica, es difícil que los jóvenes tengan trabajo. La penitenciaría emplea a unas 400 personas, lo que genera movimiento económico y social.
LCV: Además de la cárcel, ¿qué actividades económicas hay?
Gabriel Reser: La producción es agroganadera, con cereal y hacienda. Pigüé es la cabecera del partido y Villa Blanca es la ciudad más grande de la zona, de la cual dependemos para hospitales y servicios.
LCV: En tu distrito ganó Milei, ¿verdad?
Gabriel Reser: Sí, acá ganó. En el partido de Saavedra también, con una diferencia que rondó los 800 votos.
LCV: ¿Cómo es la convivencia política en una localidad tan chica?
Gabriel Reser: Tenemos la ventaja de conocernos y la desventaja también. Políticamente, lo que se hace es para sumar al pueblo. Saavedra fue ferroviaria, llegó a tener 5.000 habitantes. Con el ferrocarril apagado, la unidad penitenciaria y el campo reactivaron la economía local.
LCV: ¿Cómo es la vida social en Saavedra?
Gabriel Reser: Somos unos 3.000 habitantes, un pueblo de “puerta abierta y llave puesta”. Tenemos dos escuelas primarias, un jardín de infantes, un secundario, dos clubes, biblioteca popular, Banco Provincia. Cultural y deportivamente estamos bien cubiertos.
LCV: ¿Cuándo se creó la cooperativa?
Gabriel Reser: En 1974. En 1979 empezó a proveer agua. Se arrancó con 450 medidores y hoy tenemos 1.050.
LCV: ¿Cuántas personas trabajan en ella?
Gabriel Reser: Siete empleados. Hay área administrativa, servicios sociales y sepelio, traslado en ambulancia y mantenimiento de la red de agua.
LCV: ¿Qué relación tienen con el sistema cooperativo provincial?
Gabriel Reser: Muy buena. El SPAR apoyó con créditos y obras. Se hicieron tres pozos de explotación. El agua es de muy buena calidad por estar cerca de la sierra. Los servicios sociales también acompañan mucho.
LCV: ¿Participan de capacitaciones del IPAC?
Gabriel Reser: Sí. Fue muy positivo que pusieran subdelegados en distintos lugares de la provincia. Estamos a 600 km de La Plata, y las capacitaciones, como la última en Pigüé, son fundamentales para nosotros.
LCV: ¿Qué edad tenés y cuánto llevás en la cooperativa?
Gabriel Reser: Tengo 56 años. El año que viene cumplo 30 en la cooperativa.
LCV: ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en estos años?
Gabriel Reser: Pasó mucha gente por los consejos de administración. No siempre es fácil conformarlos, pero la cooperativa siempre se destacó por el compromiso con el pueblo.
LCV: ¿Tu familia también participa?
Gabriel Reser: No. Mi señora es peluquera y tengo una hija de 15 años que cursa la secundaria en Saavedra.
LCV: ¿Hay algún proyecto nuevo?
Gabriel Reser: Sí. Queremos sumar consultorios médicos, porque el hospital local es chico y faltan especialidades. Ya está en marcha un consultorio odontológico, y la idea es sumar cardiólogo, traumatólogo u otros profesionales que puedan venir periódicamente. Lo hacemos sin rédito económico, solo para cubrir una necesidad de la comunidad.
LCV: Es muy importante lo que cuentan, porque muchas veces las localidades pequeñas no tienen voz.
Gabriel Reser: Nosotros decimos que “Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires”. Y sí, estamos alejados: nos tenemos que conformar con un cardiólogo cada 15 días.


Miguel Ferreyra, pro secretario gremial de Aceiteros: “La huelga es nuestra herramienta para conquistar derechos”

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