Destacada
Ordenan detención de Deolinda Carrizo, campesina y militante del MOCASE
Tensa situación en Santiago del Estero frente al desalojo de una familia que provocó una orden de detención contra dos funcionarias del Estado, una familia de siete miembros que crían desde hace años vacas, gallinas, chanchos y otros animales, y tres militantes del MOCASE. Por el momento, ante la resistencia de los campesinos, no se produjeron ni el desalojo ni las detenciones. Para hoy están previstas distintas acciones en reclamo de justicia.
El hecho tuvo repercusión nacional e internacional porque una de las perseguidas es Deolinda Carrizo, histórica militante del Mocase. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero acaba de cumplir 30 años, casi la edad de Deolinda, primera generación nacida y criada en el marco de una organización que reclama por los derechos de los campesinos en base a criterios de solidaridad y Derechos Humanos. Aquella niña que creció en medio del campo, conociendo sus derechos, trabajando la tierra y participando de asambleas, marchas y resistencia, hoy es, además, funcionaria de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación.
Aquí los hechos.
Luego de un proceso judicial plagado de irregularidades, el viernes 26 de agosto se presentó la policía local y un oficial de justicia en el paraje El Urunday, de la localiidad de Roversi, en Santiago del Estero, para desalojar a Carlos Esteban Medina y toda su familia. Allí acudieron distintos funcionarios y militantes del Mocase, entre ellos, Deolinda Carrizo, Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), y Fabián Orellana, del INAI.
Las funcionarias tomaron conocimiento de la situación: Un juicio iniciado por Guillermo Marcelino Ríos quien, sin poseer ningún título de propiedad sobre el terreno de 212 hectáreas -de acuerdo al expediente dice tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital y no volvió a vivir en el lugar, actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”. Con ese único antecedente el 12 de febrero de 2019, la escribanía Gómez Terzano, extiende un contrato de Comodato por un año, en el que Ríos aparece como propietario y Medina como inquilino, lo que conlleva a una posibilidad de desalojo en febrero de 2020.
Así inicia un complejo proceso penal en el que alguien que sin tener título de propiedad alguno, a través de engaños, convence a Medina a firmar un papel que le permite comenzar un juicio por desalojo que la familia ignora.
De acuerdo a los dichos de Medina ante Deolinda Carrizo que trabaja en la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, el acusado reconoció haber firmado un papel pero que le dijeron que era para que un empresario vecino con el que tenía un conflicto dejara de molestarlo. Ocurre que Medina apenas sabe leer – tiene solo segundo grado- y casi no ve.
Mocase denuncia que el Juez de Paz nunca estuvo en el lugar ni los notificó de la demanda ni de la sentencia. En el lugar viven Carlos Medina con su compañera Mirta Belizan, y sus hijos Lucas de 22 años, Mauro de 20, Cristian de 17 años, Julián de 13 años y una nieta llamada Bianca de 6 años.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, la organización campesina decidió acompañar a la familia Medina y pelear para evitar el desalojo. En un comunicado difundido el 3 de septiembre afirman:
“Del expediente civil relatado y resumido surge a prima facie que: – El Sr. Ríos nunca acredito ser titular o poseedor del inmueble que reclama. – Nunca se realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina. – Nunca se ordenó un informe social-productivo (siendo que el poder judicial cuenta con un cuerpo de trabajadores sociales, por ejemplo) que pueda reflejar como vive la familia Medina, si efectivamente tomo conocimiento de lo que se estaba desarrollando en Tribunales. Sobre todo para verificar si viven o no niñes o adultos mayores u otro grupo que requiera la intervención del Ministerio Publico Tutelar u otro organismo especifico. El día de la ejecución de la sentencia (26 de agosto último pasado) el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, se presentó ante el pedido de auxilio de la familia Medina, quienes estaban siendo desalojados y dejados a la vera del camino/ruta, sin ningún tipo de recaudo por parte del poder judicial u otro organismo estatal.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del MOCASE, no se abandonó el territorio. Y en consecuencia, inició sus actuaciones (sin demora alguna) el fuero penal, abriendo una causa por el delito de “usurpación” en contra de Mirta Belizan, Carlos Medina y varios-as integrantes del MOCASE. El día 2 de septiembre, día feriado e inhábil en la justicia provincial, se presentó nuevamente un operativo policial, esta vez con orden de la Jueza de Control y Garantías Ana Cecilia Vittar, a pedido de la Fiscal Lujan Gonzalez Garay (expte Actuaciones promovidas por el Ministerio Publico Fiscal, Dra Maria Lujan Gonzalez Garay, Fiscal de la Unidad de la Circunscripción Capital, Legajo Fiscal S/N – Autos: Medina, Carlos Esteban p.s.d. Usurpación art. 181 inc. 1 e.p. Ríos Marcelino Guillermo), en la que intimaba al desalojo del inmueble en un plazo de dos horas; y de no hacerlo ordenaba el allanamiento y detención de Mirta Belizan, Carlos Medina, Noemi Medina, Cristian y Lucas Medina y los siguientes compañeros-as del MOCASE: Deolinda Carrizo (quien además es Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), Fabián Orellana (representante del Consejo de Participación Indígena – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Marysol Aguirre y Rodolfo Joaquín Basualdo.”
Y finaliza diciendo: “Exigimos como medidas inmediatas además del cese de las órdenes de lanzamiento y detención: que los jueces dejen de emitir sentencias de desalojo sin conocer el lugar a las familias cuyos derechos están en juego, sin realizar un abordaje interdisciplinario adecuado que incorpore la perspectiva de derechos humanos y estándares internacionales en la materia, como así también exigimos que se termine con la criminalización de quienes defienden la tierra para vivir y producir para el pueblo.”
Destacada
Agustín Lecchi: “Esta reforma laboral es un negocio redondo para las grandes empresas de medios de comunicación”.
En diálogo con LCV, Agustín Lecchi analiza el escenario que enfrenta el gremio de prensa tras el proceso eleccionario, los desafíos de la nueva conducción y la ofensiva del gobierno nacional sobre los derechos laborales, los medios públicos y la comunicación democrática.
LCV: ¿Cómo fue el proceso eleccionario y con qué panorama se encontraron al asumir la nueva gestión?
Agustín Lecchi: “Empezamos y rápidamente tuvimos que salir a enfrentar la reforma laboral que promueve este gobierno, que incluye el intento de derogación del Estatuto del Periodista y un capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que profundiza un mercado de medios hiperconcentrado. Desde el primer día estuvimos en la calle enfrentando el DNU 70, la Ley Bases, el intento de privatización de los medios públicos y, además, peleando por el salario y las condiciones de trabajo. Logramos ganar algo de tiempo, que no es menor, pero va a haber que profundizar la lucha.”
LCV: ¿Qué llegada tienen a diputados y senadores para explicar lo que implica la derogación del Estatuto del Periodista?
Agustín Lecchi: “La semana pasada participamos de la Comisión de Previsión y Trabajo del Senado, el mismo día que nos movilizamos en las calles. Por las características de nuestra actividad tenemos compañeros que trabajan dentro del Congreso y eso nos permite dialogar con muchos legisladores y legisladoras que nos escuchan. Ojalá podamos torcer esta decisión del gobierno. En la Ley Bases logramos algo parecido cuando los medios públicos estaban entre las empresas privatizables y conseguimos sacarlos, sobre todo explicando a legisladores de provincias del norte y la Patagonia la importancia estratégica de Radio Nacional y la Televisión Pública.”
LCV: Da la sensación de que el Estatuto se presenta como algo “negociable” frente a otros derechos más visibles.
Agustín Lecchi: “Es así. Nosotros rechazamos toda la reforma, pero en particular la derogación del Estatuto y el capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que elimina el gravamen que financia medios públicos y fondos de fomento. Acá no solo buscan quebrar al movimiento obrero, sino destruir la comunicación democrática y la pluralidad de voces. Atacan la libertad de expresión y el derecho a la información, porque si yo puedo ser despedido por lo que pienso, se van acallando voces hoy y mañana.”
LCV: ¿Cómo se le explica esto a la sociedad de manera simple?
Agustín Lecchi: “Hay que decirlo en términos básicos: si yo quiero contar una noticia desde mi punto de vista y no coincide con el de la empresa, me pueden echar. No importa si está justificado o no. Eso va generando autocensura. No se trata de un gobierno en particular ni de una línea editorial, sino de evitar la hegemonía de voces, porque con cualquier gobierno sería igual de grave.”
LCV: ¿Ese fue el eje de la exposición en el Senado?
Agustín Lecchi: “Sí, planteamos la importancia de la libertad de expresión y de la tarea periodística garantizada por el Estatuto. Es un gobierno que también atacó leyes de acceso a la información pública, por eso tener una norma que resguarde nuestra profesión es fundamental. El Estatuto no es solo laboral: también protege derechos individuales y profesionales, y esa discusión no puede darse dentro de esta ley.”
LCV: ¿Trabajan la concientización con las audiencias?
Agustín Lecchi: “Lo venimos haciendo hace mucho, pero hay una censura enorme de las grandes empresas de medios sobre la reforma laboral y el Estatuto, porque es algo pedido por ellas. Para las empresas es un negocio redondo: les sacan impuestos y nos sacan derechos. Desde el menemismo, cuando se permitió que fuéramos factureros, se fue degradando la relación laboral y el periodismo pasó a verse como un producto.”
LCV: El gobierno anunció una reducción del 20 % en RTA. ¿Qué saben de eso?
Agustín Lecchi: “Hablan de retiros voluntarios que de voluntarios no tienen nada. La semana pasada hicimos un paro con concentración en la puerta del canal, con acompañamiento de dirigentes de la CGT y la CTA. Hay mucha conflictividad porque la situación salarial es dramática. Nos imponen la paritaria de la administración pública cuando históricamente tuvimos paritarias propias. En Radio Nacional el salario está judicializado y en la Televisión Pública seguimos en conflicto.”
LCV: ¿Cómo se preparan para lo que viene?
Agustín Lecchi: “Vamos a rechazar cualquier intento de avanzar sobre los puestos de trabajo. Estuvimos cuatro meses acampando en la puerta de la TV Pública y cuando hacemos paro es contundente, no sale nada al aire. Sabemos que se viene un año difícil, pero una elección no da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Tenemos fortaleza gremial para enfrentar lo que haya que enfrentar y para construir propuestas desde los trabajadores.”
LCV: ¿Hubo cambios en la conducción del sindicato?
Agustín Lecchi: “Sí, hubo mucho recambio. Se incorporaron compañeros jóvenes, como Sebastián Díaz en la Secretaría Gremial y delegados de distintos medios. Tenemos una conducción diversa, ideológica y políticamente, pero todos con un objetivo común: defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de prensa de todos los medios.”
LCV: ¿Cómo es la relación con el Grupo Octubre?
Agustín Lecchi: “Para nosotros es un empleador más. Este año tuvimos mucha conflictividad en Canal 9, Página 12 y Radio Continental. Logramos un impasse porque empezaron a cumplir con el pago de la paritaria. Nuestro objetivo es simple: que paguen lo que se acordó con la cámara empresarial, como cualquier otro medio.”
Destacada
“Cuando la vivienda se construye en comunidad: la experiencia de FECOOPTEBA”
Con más de tres décadas de trayectoria, la Federación de Cooperativas de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (FECOOPTEBA) nuclea a cooperativas de vivienda y consumo integradas por docentes y auxiliares de escuelas públicas y privadas. En diálogo con La Columna Vertebral, Marta Andreoli explicó el origen, el funcionamiento solidario y el alcance de una experiencia que ya permitió el acceso a la vivienda a más de mil familias bonaerenses.
Transcripción:
LCV: “Contame un poquito de qué se trata la FECOPEBA, Federación de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires y cooperativa de vivienda y consumo.”
Marta Andreoli: “FECOPEBA no es una cooperativa en sí misma, sino una federación de cooperativas de vivienda y consumo. Tenemos una historia de 30 años en la provincia de Buenos Aires y está vinculada específicamente a docentes y auxiliares de escuelas de toda la provincia, tanto de gestión pública como privada. Como toda cooperativa, está abierta en cada distrito a que se sumen compañeras y compañeros de las distintas comunidades educativas.”
LCV: “¿Por qué surge la federación a nivel provincial?”
Marta Andreoli: “Hablamos de 30 años porque primero se fue formando cada cooperativa de manera autónoma, autogestionada y autodeterminada. La primera fue en el distrito de La Matanza y, a medida que se fue colaborando con el nacimiento de otras cooperativas, se volvió necesario generar una federación para organizarnos, intercambiar experiencias y seguir creciendo en toda la provincia.”
LCV: “Cuando hablamos de cooperativas de vivienda, históricamente se pensaba en el acceso a la primera casa. Hoy, con el crédito tan escaso, ¿cómo funcionan estas cooperativas?”
Marta Andreoli: “En su origen y en su continuidad, nuestras cooperativas se basan en algo que parece en desuso pero es fundamental: el autoahorro. Cada compañera y cada compañero que se asocia va generando, junto a otros, un capital común. Con ese capital se gestiona la compra de un terreno, generalmente cercano a la zona de trabajo. Luego se realiza todo el trabajo con el municipio para lograr la mayor cantidad de viviendas posibles al costo, porque somos nosotros mismos quienes administramos el dinero.”
LCV: “¿Qué rol cumple el trabajo solidario en ese proceso?”
Marta Andreoli: “El trabajo solidario es clave. Las comisiones trabajan de manera voluntaria y eso permite que entre un 30 y un 35% del costo no pase por un fideicomiso ni por una empresa privada. Ese esfuerzo colectivo se vuelca directamente para que las viviendas salgan a costo. No es un crédito, es una capitalización solidaria entre todos para que cualquier familia, en cualquiera de sus formatos, pueda acceder a su primera vivienda.”
LCV: “¿Cómo se define quién accede primero a la vivienda dentro del grupo?”
Marta Andreoli: “Se prioriza a las familias que alquilan y que tienen hijos pequeños. También se tienen en cuenta situaciones de mayor vulnerabilidad, como quienes viven prestados o en una sola habitación dentro de una casa familiar. En general, quienes alquilan son los primeros en acceder y, muchas veces, se trata de jefas de hogar, mujeres que quedaron solas al frente de la familia, algo muy común.”
LCV: “Una vez comprado el terreno, ¿cómo se garantiza el acceso a los servicios básicos?”
Marta Andreoli: “Depende mucho de la zona. En localidades como Rauch, Carmen de Patagones, Junín o Las Heras existe una colaboración muy fuerte con cooperativas de servicios y de trabajo, porque esas comunidades funcionan así. En otros casos, como hoy en Luján, trabajamos sobre terrenos que no tienen servicios y es obligatorio articular con las cooperativas correspondientes para lograr luz, agua, gas y saneamiento, siempre buscando que el pago sea accesible para las familias.”
LCV: “¿Cómo es el vínculo con los municipios y el Estado?”
Marta Andreoli: “En cada municipio donde trabajamos también hay una tarea pedagógica, porque somos docentes. Hay funcionarios que nos abren las puertas y otros no tanto, pero siempre explicamos cómo funcionamos y que no tenemos fines de lucro. Todo debe estar en blanco, con facturas y regulado tanto en la provincia como a nivel nacional. No existe la posibilidad de coimas ni atajos: los expedientes siguen su curso de manera transparente o no avanzan.”
LCV: “¿A cuántas personas han asistido hasta el momento?”
Marta Andreoli: “Con la suma de las últimas diez viviendas entregadas en La Matanza, entre todas las cooperativas ya alcanzamos las 1.214 viviendas construidas y entregadas.”
LCV: “¿Cómo es la vivienda promedio que construyen?”
Marta Andreoli: “En líneas generales tenemos tres modelos: un monoambiente, una vivienda de dos dormitorios con cocina comedor integrado y una vivienda de tres dormitorios, que llamamos la vivienda grande. En las zonas donde se puede se construyen casas y, más cerca de la General Paz, edificios. Todo depende también de lo que permita cada municipio. Una vivienda grande puede tener entre 65 y 75 metros cuadrados, la mediana entre 45 y 50, y el monoambiente o vivienda de un dormitorio entre 42 y 47 metros cuadrados.”
Destacada
Julián Benitez, de la Cámara de la Industria del Juguete: “La Noche de las Jugueterías mostró que el comercio de cercanía sigue siendo clave”
En un contexto de caída del consumo, cambios en los hábitos infantiles y preocupación por la seguridad de los juguetes, la industria juguetera atraviesa un año complejo. Sin embargo, iniciativas como la Noche de las Jugueterías buscan fortalecer al comercio de cercanía y sostener la actividad. En diálogo con LCV, Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, analizó los resultados de la jornada, la situación del sector y los desafíos que enfrenta la industria nacional.
LCV: Hace muy pocos días, el 11, se realizó la Noche de las Jugueterías. Contame qué resultados tuvieron, cómo fue la jornada.
Julián Benítez: “Fue una muy buena jornada, con una gran adhesión por parte de los comercios. La gente se acercó para conocer novedades y realizar reservas, lo que muestra una de las fortalezas de las jugueterías de barrio: el comerciante de cercanía puede reservar un juguete a un cliente de toda la vida y guardarlo hasta el momento de una promoción bancaria. Ahora estamos complementando esta iniciativa con los días clave que definen el desempeño de la temporada de fin de año, especialmente Navidad.”
LCV: ¿Cuántos barrios abarcó la Noche de las Jugueterías?
Julián Benítez: “Fue una jornada federal, con participación de jugueterías de todo el país.”
LCV: ¿En qué lugares tuvo más impacto? Pienso en Córdoba, Jujuy.
Julián Benítez: “Siempre de acuerdo a la densidad poblacional, pero el impacto se notó en todo el país. Lo más importante es remarcar que existe una manera diferente de comerciar cuando hablamos de un comercio de proximidad.”
LCV: Recién hablábamos del valor del comercio de cercanía.
Julián Benítez: “El objetivo es invitar a la gente a volver al comercio pyme y a la juguetería tradicional para encontrar el juguete indicado. Ese es el valor agregado: la recomendación del juguetero, que orienta según la edad y los intereses de los chicos, y pone la cara por la calidad de lo que está vendiendo.”
LCV: ¿Cómo convive esto con el crecimiento del comercio online?
Julián Benítez: “Hoy hay una reconfiguración de los canales de comercialización, con un fuerte crecimiento del e-commerce, que es muy útil cuando ya se sabe exactamente qué comprar. Pero no siempre es así, y ahí el comercio de cercanía sigue siendo fundamental. Además, el comercio online explica entre el 25 y el 30% de las ventas totales, mientras que el comercio de proximidad continúa siendo mayoritario.”
LCV: Paso del minorista al fabricante. ¿Cómo está la industria hoy?
Julián Benítez: “El nivel de actividad de las pymes es bajo en comparación con años anteriores. Se trabaja a un solo turno y seis de cada diez máquinas no están funcionando plenamente, lo que implica una capacidad ociosa del 50 al 60%. La principal problemática del año fue la caída del consumo general, que afecta no solo a la industria del juguete sino a todos los sectores.”
LCV: Además hay cambios en los hábitos de los chicos.
Julián Benítez: “Sí, cada vez pasan más tiempo frente a pantallas y menos tiempo jugando con juguetes. Esto no solo preocupa a la industria, sino también a la educación y al desarrollo infantil. Junto a pediatras y especialistas vemos problemas de sedentarismo, obesidad, falta de atención y dificultades para tolerar la frustración, algo que antes se aprendía jugando juegos de mesa en familia.”
LCV: Justamente, los juegos de mesa cumplen un rol educativo.
Julián Benítez: “Exactamente, ayudan a aprender a ganar, perder y respetar reglas, que es la vida misma. Por eso insistimos en volver a poner el juego en agenda, incluso el juego sin consignas, el aburrirse, que es fundamental para estimular la creatividad.”
LCV: También expresaron preocupación por los juguetes importados sin controles sanitarios. ¿Qué están reclamando?
Julián Benítez: “Es un problema multivariable. El contrabando elude los controles oficiales y hace ingresar juguetes que no cumplen con la norma técnica de seguridad ni con los procesos de certificación. Desde agosto cambió el esquema de fiscalización y ahora se controla en el mercado, lo que es un gran desafío en un país tan extenso. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: ya se retiraron productos peligrosos, se eliminaron publicaciones online y se avanzará con multas. Además del riesgo para los chicos, estos productos generan competencia desleal porque se venden a precios irrisorios al no cumplir ningún control.”
Raul “Rulo” Dellatorre: ““Nunca hubo en la Argentina un proceso de desinversión como el actual”
Agustín Lecchi: “Esta reforma laboral es un negocio redondo para las grandes empresas de medios de comunicación”.

