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Ordenan detención de Deolinda Carrizo, campesina y militante del MOCASE
Tensa situación en Santiago del Estero frente al desalojo de una familia que provocó una orden de detención contra dos funcionarias del Estado, una familia de siete miembros que crían desde hace años vacas, gallinas, chanchos y otros animales, y tres militantes del MOCASE. Por el momento, ante la resistencia de los campesinos, no se produjeron ni el desalojo ni las detenciones. Para hoy están previstas distintas acciones en reclamo de justicia.
El hecho tuvo repercusión nacional e internacional porque una de las perseguidas es Deolinda Carrizo, histórica militante del Mocase. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero acaba de cumplir 30 años, casi la edad de Deolinda, primera generación nacida y criada en el marco de una organización que reclama por los derechos de los campesinos en base a criterios de solidaridad y Derechos Humanos. Aquella niña que creció en medio del campo, conociendo sus derechos, trabajando la tierra y participando de asambleas, marchas y resistencia, hoy es, además, funcionaria de la Subsecretaría de Agricultura de la Nación.
Aquí los hechos.
Luego de un proceso judicial plagado de irregularidades, el viernes 26 de agosto se presentó la policía local y un oficial de justicia en el paraje El Urunday, de la localiidad de Roversi, en Santiago del Estero, para desalojar a Carlos Esteban Medina y toda su familia. Allí acudieron distintos funcionarios y militantes del Mocase, entre ellos, Deolinda Carrizo, Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), y Fabián Orellana, del INAI.
Las funcionarias tomaron conocimiento de la situación: Un juicio iniciado por Guillermo Marcelino Ríos quien, sin poseer ningún título de propiedad sobre el terreno de 212 hectáreas -de acuerdo al expediente dice tener derecho al inmueble por “ser oriundo de Roversi, y que en la adolescencia se mudó a la capital y no volvió a vivir en el lugar, actualmente concurre con frecuencia por tener un cargo docente en el lugar”. Con ese único antecedente el 12 de febrero de 2019, la escribanía Gómez Terzano, extiende un contrato de Comodato por un año, en el que Ríos aparece como propietario y Medina como inquilino, lo que conlleva a una posibilidad de desalojo en febrero de 2020.
Así inicia un complejo proceso penal en el que alguien que sin tener título de propiedad alguno, a través de engaños, convence a Medina a firmar un papel que le permite comenzar un juicio por desalojo que la familia ignora.
De acuerdo a los dichos de Medina ante Deolinda Carrizo que trabaja en la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, el acusado reconoció haber firmado un papel pero que le dijeron que era para que un empresario vecino con el que tenía un conflicto dejara de molestarlo. Ocurre que Medina apenas sabe leer – tiene solo segundo grado- y casi no ve.
Mocase denuncia que el Juez de Paz nunca estuvo en el lugar ni los notificó de la demanda ni de la sentencia. En el lugar viven Carlos Medina con su compañera Mirta Belizan, y sus hijos Lucas de 22 años, Mauro de 20, Cristian de 17 años, Julián de 13 años y una nieta llamada Bianca de 6 años.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, la organización campesina decidió acompañar a la familia Medina y pelear para evitar el desalojo. En un comunicado difundido el 3 de septiembre afirman:
“Del expediente civil relatado y resumido surge a prima facie que: – El Sr. Ríos nunca acredito ser titular o poseedor del inmueble que reclama. – Nunca se realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quienes viven y la situación de la familia Medina. – Nunca se ordenó un informe social-productivo (siendo que el poder judicial cuenta con un cuerpo de trabajadores sociales, por ejemplo) que pueda reflejar como vive la familia Medina, si efectivamente tomo conocimiento de lo que se estaba desarrollando en Tribunales. Sobre todo para verificar si viven o no niñes o adultos mayores u otro grupo que requiera la intervención del Ministerio Publico Tutelar u otro organismo especifico. El día de la ejecución de la sentencia (26 de agosto último pasado) el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, se presentó ante el pedido de auxilio de la familia Medina, quienes estaban siendo desalojados y dejados a la vera del camino/ruta, sin ningún tipo de recaudo por parte del poder judicial u otro organismo estatal.
Frente a esta situación de extrema vulneración de derechos de una familia campesina, y con el acompañamiento del MOCASE, no se abandonó el territorio. Y en consecuencia, inició sus actuaciones (sin demora alguna) el fuero penal, abriendo una causa por el delito de “usurpación” en contra de Mirta Belizan, Carlos Medina y varios-as integrantes del MOCASE. El día 2 de septiembre, día feriado e inhábil en la justicia provincial, se presentó nuevamente un operativo policial, esta vez con orden de la Jueza de Control y Garantías Ana Cecilia Vittar, a pedido de la Fiscal Lujan Gonzalez Garay (expte Actuaciones promovidas por el Ministerio Publico Fiscal, Dra Maria Lujan Gonzalez Garay, Fiscal de la Unidad de la Circunscripción Capital, Legajo Fiscal S/N – Autos: Medina, Carlos Esteban p.s.d. Usurpación art. 181 inc. 1 e.p. Ríos Marcelino Guillermo), en la que intimaba al desalojo del inmueble en un plazo de dos horas; y de no hacerlo ordenaba el allanamiento y detención de Mirta Belizan, Carlos Medina, Noemi Medina, Cristian y Lucas Medina y los siguientes compañeros-as del MOCASE: Deolinda Carrizo (quien además es Directora de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación – e integrante del Consejo Asesor Ad Honorem del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación), Fabián Orellana (representante del Consejo de Participación Indígena – Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Marysol Aguirre y Rodolfo Joaquín Basualdo.”
Y finaliza diciendo: “Exigimos como medidas inmediatas además del cese de las órdenes de lanzamiento y detención: que los jueces dejen de emitir sentencias de desalojo sin conocer el lugar a las familias cuyos derechos están en juego, sin realizar un abordaje interdisciplinario adecuado que incorpore la perspectiva de derechos humanos y estándares internacionales en la materia, como así también exigimos que se termine con la criminalización de quienes defienden la tierra para vivir y producir para el pueblo.”
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Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.
Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.
Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?
Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?
Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?
Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?
Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?
Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?
Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?
Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.
Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
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Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.
LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.”
Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”
LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?”
Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”
LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?”
Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”
LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?”
Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”
LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?”
Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”
LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?”
Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”
LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.”
Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”
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Agustín “Tano” Amicone: “Dass despide a 43 trabajadores y expone el colapso del sector del calzado”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, Agustín “Tano” Amicone, analizó la crítica situación que atraviesa la empresa DASS en El Dorado, Misiones, que fabrica para Nike y Adidas y donde fueron despedidos 43 trabajadores. El dirigente contextualizó el conflicto dentro de la profunda crisis que vive la industria nacional, particularmente el sector del calzado por la apertura indiscriminada de las importaciones, pérdida de empleo sumado a la precarización laboral y ausencia de políticas industriales forman parte de un escenario que, advierte, podría agravarse en los próximos meses.
LCV: “¿Cómo es el conflicto que en este momento está llevando adelante la empresa Dass en El Dorado, Misiones?”
Agustín Amicone: “Lamentablemente, como ya informaron ustedes y otros medios, el fin de semana, a partir del viernes a última hora, la empresa decidió despedir a 43 trabajadores. La medida comenzó a efectivizarse desde el sábado, con el envío de notificaciones. Hoy tuvimos una conversación telefónica con un gerente de La Plata, quien ratificó que los despidos responden a la necesidad de ajustar la cantidad de personal al volumen de trabajo actual, porque los pedidos están escaseando. Incluso nos dijeron que la crisis es tan grande que la medida debería haber sido más profunda, pero que en esta primera etapa decidieron prescindir de 43 trabajadores, esperando que en marzo repunten las ventas, especialmente de las grandes empresas para las que producen. Esta es una empresa que no tiene marca propia, sino que trabaja para grandes marcas como Nike o Adidas, que son los principales proveedores en calzado.”
LCV: “Esto parece estar vinculado al problema general que atraviesa la industria nacional, las pymes y también a la importación indiscriminada.”
Agustín Amicone: “Exactamente. Esto no es un problema exclusivo de la industria del calzado. Hay un problema económico profundo en el país que atraviesa a todas las industrias. Y si se continúa con las medidas económicas que este gobierno viene aplicando y que aparentemente considera correctas, la situación se va a profundizar. Lamentablemente, se va a agravar. Yo no sé qué creen algunos que tienen en la cabeza: ¿que un país puede convertirse en un mero distribuidor de mercadería importada? Porque cuando importamos lo que estamos haciendo es pagar salarios en el exterior. Y encima, en muchos casos, son salarios de hambre. Es una competencia perversa entre quién explota más a su propia mano de obra.”
LCV: “Incluso ha cambiado el mapa mundial de la producción del calzado.”
Agustín Amicone: “Sí. Hoy China ya no es el principal competidor. Para los importadores de calzado, China está cuarta. ¿Por qué? Porque los salarios en China mejoraron. Ahora aparecen otros países con mano de obra más barata: Indonesia, otros países del sudeste asiático. La industria del calzado es una industria ‘pauperotrópica’, como dijo una vez un amigo economista: se traslada hacia donde hay más pobreza y mano de obra más barata, y se aprovecha de esa situación.”
LCV: “¿Y qué rol juega el Mercosur en este escenario?”
Agustín Amicone: “Yo siempre sostuve que había que replantear el Mercosur. El Mercosur debería servir para potenciar a los países que lo integran, no para que compitan entre sí de manera destructiva. Brasil produce alrededor de 800 millones de pares de calzado al año, mientras que Argentina apenas llega a unos 120 millones. Así es muy difícil competir. Nosotros planteábamos la necesidad de una integración más inteligente, con acuerdos que permitieran complementar capacidades, no pulverizar las posibilidades de desarrollo de ambos países. El espíritu original del Mercosur era construir un gran mercado común hacia afuera, no debilitarnos entre nosotros.”
LCV: “¿Cómo es hoy la situación de los trabajadores del sector?”
Agustín Amicone: “La mayoría de las empresas trata de conservar a su personal, porque formar a un trabajador especializado lleva tiempo y requiere inversión. Pero en este momento hay mucha gente suspendida, y suspendida sin goce de sueldo. Están esperando que la situación mejore, que marzo traiga un repunte. Todo el mundo está a la expectativa.”
LCV: “También hubo cambios estructurales en la industria del calzado.”
Agustín Amicone: “Sí. Antes existía mucha más especialización. Hoy casi todo es ensamblado: una parte se hace en un país, otra en otro. Antes Argentina tenía ventajas por su industria del cuero. Hoy el cuero pasó a ser casi un material de lujo. Aparecieron materiales sintéticos, semicuero, y hasta se engaña con términos como ‘cuero ecológico’, que no existe. Además, la industria del cuero siempre tuvo problemas ambientales, y muchas veces países europeos trasladaron esa contaminación a países como el nuestro. Pero eso es parte de un problema más amplio que atraviesa a toda la estructura productiva.”
LCV: “El panorama es realmente preocupante.”
Agustín Amicone: “Lo es. Y creo que la única salida posible es que la industria, los trabajadores y todos los sectores vinculados al trabajo se sienten a pensar una salida conjunta. Porque si no, nos van a pasar por encima.”
LCV: “Además, el próximo 3 de febrero habrá una reunión de la Confederación de Gremios Industriales para debatir esta situación.”
Agustín Amicone: “Sí, es muy importante que se abran esos espacios de discusión, porque lo que está en juego no es solo un sector, sino el futuro de la industria nacional en su conjunto.”
Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”

