Piquetes de agricultores vascos y catalanes de ambas vertientes de los Pirineos bloquean las dos rutas que unen Francia y España en protesta por la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, acuerdo que alumbrará la mayor zona de libre comercio del mundo con 780 millones de personas y que tanto en su opinión como la de sus compañeros que secundan las protestas en Bélgica, Polonia, Hungría, Irlanda, Francia, Italia o Alemania supondrá la desaparición de la agricultura tradicional europea a manos del agro-negocio industrial, juicio que comparten las organizaciones ecologistas que apoyan las acciones y reclamos de estos días.

El acuerdo, que comenzó a forjarse hace veintiséis años, tiene como fin la eliminación en un plazo de quince años de los aranceles entre ambos bloques. Desde la UE, el mismo se plantea como favorable y necesario para su economía ya que impulsará la venta de vehículos y máquina-herramienta, así como la de algunos productos agrícolas, como el queso, el aceite de oliva y el vino.

Según cálculos de la Comisión europea (ejecutivo europeo, responsable de implementar las decisiones de Parlamento y Consejo europeo, instancias legislativas), las empresas de la UE aumentarán sus exportaciones en un monto cercano a 84.000 millones de euros. Ya que el tratado suprime más del 90% de los aranceles, estas empresas dejarán de pagar 4.000 millones de euros anuales por ese concepto.

El acuerdo, sin embargo, toma una serie de salvaguardas o medidas de protección dirigidas, en especial, al sector primario, al impacto en la agricultura: El acuerdo no otorga acceso libre de impuestos a productos sensibles como la carne de vacuno, pollo o arroz, y establece cuotas y aranceles para proteger a los productores europeos.

Normas sanitarias: Los productos importados deben cumplir con las estrictas normas sanitarias de la UE; este es uno de los reclamos más insistentes de los agricultores
europeos.

Reclamos de agricultores

Después de veintiséis años de proceso, de negociaciones entre Mercosur y UE, este ha
sido ratificado por parte europea, en una coyuntura internacional que obliga a esta a
ampliar sus mercados, sus aliados comerciales.

El voto positivo de Italia ha sido decisivo para que el acuerdo saliera adelante: La UE
necesita una mayoría cualificada de al menos 15 estados que representen el 65% de la población para aprobar el convenio. Italia, con su peso económico y político, tenía mucho que decir: con la negativa de Francia sobre la mesa, un no de Meloni podía propiciar el bloqueo. De hecho, ya expresó reservas, relacionadas con el sector primario. La Comisión ofreció concesiones, como reducciones en los precios de los fertilizantes y adelantos en los
pagos a los agricultores, para tratar de ganar su apoyo. Al no de Irlanda, Polonia e Hungría se ha unido Francia.

El Gobierno francés, en nota emitida el 8 de enero, señaló que aunque sigue defendiendo el libre comercio, el acuerdo se basa en un mandato de 1999, ya obsoleto y que concita el rechazo de toda la Asamblea Nacional. Considera, además, que su efecto sobre el PIB de la UE en 2040 será no más del 0,05%, estimando “injustificado” exponer al sector primario europeo “esencial para la soberanía alimentaria”. Si bien ve como positivas las cláusulas de salvaguardia para hacer frente a posibles distorsiones de precios en el mercado europeo, que podrían activarse a petición de cualquier Estado miembro o de los representantes del sector agrícola y también resalta la existencia de “estándares recíprocos de producción” en materia de salud, medio
ambiente y bienestar animal, así como en la aplicación de controles sanitarios y fitosanitarios en terceros países, junto a los fondos adicionales comprometidos para la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028. Pero mantiene su decisión de votar en contra de la adopción del pacto con el bloque latinoamericano, precisamente por el “rechazo unánime” que suscita en la escena política francesa.

Raúl Beitia, presidente de una asociación de agricultores vascos, Ataca, señalaba ante los medios, el 8 de enero, durante una protesta frente a las instituciones vascas en la ciudad de Vitoria, que el acuerdo “supone una amenaza directa para la supervivencia del campo y para la soberanía alimentaria” quien también destacó cómo el mercado europeo se abrirá a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la UE “con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, sin cumplir unos estándares de producción”.

Algunos de esos estándares a los que Beitia se refería son las Políticas medioambientales: La UE ha implementado normas para promover la biodiversidad y combatir el cambio climático, como la obligación de mantener el 4% de las tierras en barbecho. Los agricultores consideran que estas medidas son excesivamente restrictivas y afectan su viabilidad económica.

La organización española Ecologistas en Acción apoya el reclamo: “Este acuerdo simboliza una política comercial que enfrenta y hace competir aún más -si cabe- a agricultores y agricultoras de ambos lados del Atlántico en una carrera suicida para recortar leyes sociales, ambientales y sanitarias. Este modelo de agricultura industrial basada en la exportación es la mayor causa de la emergencia climática y ambiental y compromete la capacidad de producir alimentos”.

Otros motivos que empujan las protestas del campo europeo:

• Competencia desleal: La importación de productos agrícolas de países no pertenecientes a la UE, como Ucrania, ha generado preocupación entre los agricultores europeos, que se sienten afectados por la competencia desleal. Así la patronal española del campo advierte del “grave impacto” que el acuerdo tendría sobre sectores sensibles “como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz”. Mientras denuncia también “la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, medioambientales y de trazabilidad exigidas a las producciones importadas frente a las europeas”.
• Costos y regulaciones: Los agricultores se quejan de los altos costos de producción, incluyendo el precio del combustible, los fertilizantes y los seguros, así como de las regulaciones excesivas que les impiden competir con productores de otros países.

País raro, Argentina. Como dijo en el 2015 el entonces presidente Mauricio Macri: “en unos lugares sobra el agua y en otros falta”. En el 2026 la historia se repite. Salta vuelve a vivir inundaciones que dejaron a Rosario de Lerma y La Merced bajo el agua. Llovieron 100 mm en una hora y la provincia colapsó. Los habitantes no sólo miran al cielo, también al gobierno por la falta de mantenimiento de los canales de riego que desbordaron, desagües pluviales inexistentes y la promesa incumplida durante años de obras hídricas. Entre tanto, arde Chubut. Dos mil hectáreas de bosque arrasadas por el fuego en el Lago Epuyén, ante la falta de aviones hidrantes y la parálisis estatal, la comunidad se organiza en brigadas y denuncia el desfinanciamiento del manejo del fuego y la Ley de Bosques. Catástrofes climáticas y desidia política, un combo difícil de sostener.

Sin embargo, el gobierno festeja el vaciamiento de las políticas de Estado. Federico Sturzenegger señaló este jueves su gran logro: un recorte del 12,1 % de empleados estatales con un ahorro de 2.444 millones de dólares. El ministro de Economía también celebra: gracias a un préstamo de bancos internacionales cumplirá con el pago de deuda por más de USD 4.200 millones. Lo aplauden en Estados Unidos. Mientras en Argentina los despidos se expanden como el agua y el fuego. Porque en economía ocurre una rareza similar al clima: “para algunos no hay plata y a otros les sobra”.

Vaya como ejemplo, este nuevo boletín informativo semanal en donde les mostramos el abajo que se mueve.

Síntesis de noticias sociales y gremiales de LCV

Semana del 5 al 9 de enero de 2025

UN DÍA% PUBLICÓ UNA OFERTA LABORAL DE 12 HORAS DE TRABAJO POR UN SUELDO DE $407.000. A pocos días de reabrir el debate por la Reforma Laboral regresiva que propone el gobierno, el aviso de un supermercado Día en Lomas de Zamora desató la polémica al ofrecer $407.000 mensuales más eventuales premios por una jornada de 12 horas diarias, un salario básico que apenas alcanza el valor de la Canasta Básica Total por adulto, a cambio de una jornada laboral que (todavía) es ilegal.

ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD EXIGIERON LA INMEDIATA REAPERTURA DE ANDIS. En respuesta al desguace y a la suspensión de la Ley de Emergencia, la Asamblea Discas en Lucha convocó a una manifestación espontánea en las puertas sede de la extinta Agencia para exigirle al Poder Ejecutivo su reapertura y la reincorporación de los trabajadores despedidos que, según afirman, son más de 700.Distintas organizaciones se concentraron para rechazar el cierre del organismo y exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia. El Gobierno respondió con un intimidante operativo policial.

DESPIDOS MASIVOS EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE CHACO: CESAN CONTRATOS DE 400 TRABAJADORES DEL PERSONAL CIVIL. El Ministerio de Seguridad de Chaco, provincia gobernada por Leandro Zdero (UCR), notificó el cese de contratos de unos 400 trabajadores civiles, muchos con años de antigüedad, lo que motivó una convocatoria a concentrar frente a la Casa de Gobierno para exigir explicaciones y reclamar estabilidad laboral ante el impacto que la medida tendría en áreas clave del sistema de seguridad.

DENUNCIAN DESPIDOS EN EL MUSEO MALVINAS Y ADVIERTEN SOBRE UN PROCESO DE “DESMALVINIZACIÓN”. En las últimas horas de 2025, trabajadoras y trabajadores del Museo Malvinas denunciaron el despido de cuatro integrantes del equipo y alertaron que la medida forma parte de un proceso de “desmalvinización” que, según sostienen, implica un retroceso en una política de Estado vinculada a la memoria, la soberanía y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

REVÉS JUDICIAL AL PROTOCOLO REPRESIVO DE BULLRICH MIENTRAS CONFIRMAN DATOS DE LA VIOLENCIA ESTATAL CONTRA LAS PROTESTAS. El fallo judicial se conoce en un contexto marcado por un fuerte incremento de la represión estatal. Según el último informe del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 el Ministerio de Seguridad fue responsable directo de 52 represiones a protestas callejeras, con un saldo de al menos 2.382 personas heridas y 229 manifestantes detenidos como consecuencia de la intervención de fuerzas federales.

FORMOSA: SMATA ENFRENTA DESPIDOS EN TOYOTA HOMU. El gremio de mecánicos (SMATA) llevó adelante una importante protesta frente a la concesionaria de Toyota Homu Formosa ante el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. La medida de fuerza, que incluyó una movilización en la intersección de Italia y Avenida Circunvalación, surge como respuesta a lo que la organización define como una ruptura unilateral de la paz social por parte de la empresa. Horacio González, miembro del Consejo Directivo del sindicato, denunció el pago de salarios «en negro» y el avasallamiento de los derechos convencionales.

QUILMES: PARO INDEFINIDO POR DESPIDOS EN SEALED AIR . La planta petroquímica Sealed Air en Quilmes ratificó el despido de 65 trabajadores anunciado en noviembre. Luego de meses de lucha habían logrado frenar la medida empresaria pero pese a que está en el marco de una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Buenos Aires que le impide ejecutar desvinculaciones la empresa rompió negociaciones y reiteró los despidos. Ante la actitud de la patronal, los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado y la fábrica se encuentra paralizada.

MISIONES: ATE DENUNCIA PERSECUCIÓN SINDICAL YE DESPIDOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE. La secretaria general de ATE Misiones, Miriam López, alertó sobre la crítica situación de los trabajadores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y advirtió que se podría avecinar una segunda tanda de despidos. En diálogo con la FM de las Misiones, confirmó que hasta el momento se contabilizan 21 despidos, aunque advirtió que circulan rumores sobre una segunda tanda de cesantías.Desde el gremio sostienen que existe una clara animosidad y persecución hacia quienes decidieron afiliarse a ATE recientemente. Para López, este conflicto no es un hecho aislado, sino que responde a la política nacional de desmantelamiento de organismos públicos impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

PILAR: CIERRA GEPSA Y DEJA EN VILO A 80 FAMILIAS. La industria alimentaria argentina atraviesa un nuevo golpe con el cierre definitivo de la planta del Grupo GEPSA, una histórica empresa dedicada a la producción de alimentos balanceados para mascotas y animales de producción. La decisión fue oficializada mediante un acta firmada el pasado 29 de diciembre de 2025 en el Ministerio de Trabajo y afecta directamente a cerca de 80 trabajadores de la localidad bonaerense de Pilar. La fábrica, ubicada sobre la Ruta 34 a la altura del kilómetro 2, fue durante décadas una referencia del sector. La confirmación del cierre generó una fuerte reacción del gremio de Molineros, que rechazó la medida y no descartó acciones legales y sindicales. Hasta el momento, los empleados no recibieron los telegramas de despido formales

CHACO: TRABAJADORES DE LA EMPRESA ESTATAL DE AGUA DENUNCIAN CONDICIONES LABORALES Y SALARIOS  Y AGUINALDO IMPAGOS. En los últimos días los trabajadores de Sameep confirmaron el cobro parcial de los salarios adeudados pero el conflicto laboral en la empresa estatal de agua del Chaco está lejos de resolverse. Los sindicatos aseguran que la situación interna sigue siendo crítica y advierten que las tensiones podrían profundizarse, en un contexto marcado por la falta de agua potable para miles de usuarios que, aun así, afrontan boletas cada vez más elevadas.

SAN JUAN: DESPIDOS MASIVOS EN SEGURIDAD PRIVADA. 130 VIGILADORES QUEDAN SIN EMPLEO EN SAN JUAN. Un clima de angustia y tensión se vivió días atrás en los accesos del Hospital Rawson de San Juan, cuando 130 trabajadores de seguridad privada se despidieron entre lágrimas y abrazos de sus puestos de trabajo luego de que la empresa Hunter cesara definitivamente sus funciones en el centro de salud.

ATE DENUNCIA QUE “LA PATAGONIA SE QUEMA POR EL AJUSTE DE MILEI” Y EXIGE REABRIR PARITARIAS Y UN BONO DE EMERGENCIA. En medio de los incendios que afectan a cuatro provincias, el gremio advirtió sobre recortes del 70% en el manejo del fuego, salarios por debajo de la línea de pobreza y falta de personal e insumos. Desde ATE también alertaron sobre la situación laboral de los brigadistas. Según el gremio, la Administración de Parques Nacionales cuenta actualmente con 391 combatientes de incendios para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando los informes oficiales indican que el mínimo necesario es de 700.

CON MILEI, SE DESTRUYERON 4.500 EMPLEOS EN EL SECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA TRAS UN AJUSTE DEL 44%. El Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación elaboró un trabajo en retrospectiva sobre los dos primeros años de gestión de Javier Milei, y su «política científica».En primer lugar determinó que «el financiamiento público de la ciencia llegó a un mínimo histórico argentino: pasó del 0,30% del PBI en 2023 hasta el 0,164% en 2025. Se trata de una reducción del 43,8% en dos años. De esta manera, hoy se encuentra por debajo incluso del anterior mínimo en el año 2002«. Entre otra de las conclusiones, definió que «los sueldos del sector científico cayeron hasta un 38%: investigadores, personal técnico y personal de apoyo de CONICET, de organismos dependientes del Sistema Nacional de Empleo Público y de Universidades Nacionales padecieron mes a mes un deterioro programado de sus ingresos».

PBA: RECHAZAN LA POSIBLE PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES SAMIC. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) expresó su profunda preocupación ante las declaraciones del gobierno de Javier Milei sobre el futuro de los hospitales SAMIC y la posibilidad de avanzar hacia modelos de gestión privada, entre ellos el llamado “sistema español”. En la provincia de Buenos Aires, los hospitales alcanzados por esta posible redefinición de su gestión son el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Dr. René Favaloro de Rafael Castillo, el Hospital Presidente Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.Desde la organización sindical advirtieron que esta iniciativa pone en riesgo el carácter público del sistema sanitario y el derecho a la salud de millones de personas.

TIGRE: GRAVE CONFLICTO LABORAL EN OWOKO. Un profundo conflicto sindical sacude a la empresa Owoko (operada bajo la razón social De Niños SRL), ubicada en el partido de Tigre. Desde mediados del año pasado, las trabajadoras de la firma —que integran un plantel mayoritariamente femenino— denuncian una serie de incumplimientos laborales que se repiten desde junio de 2025 y que violan la legislación laboral vigente, según el el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal (SEC Capital),.

MUNRO: LA FÁBRICA DE PAPAS FRITAS LAMB WESTON ANUNCIÓ EL CIERRE Y DESPIDIÓ 100 EMPLEADOS. La fabricante de papas congeladas estadounidense Lamb Weston, anunció el cierre de una de sus plantas ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despedirá a unas 100 personas. La empresa contaba con dos plantas en la provincia de Buenos Aires y se quedará solo con una, la que montó hace pocos meses en Mar del Plata.

MAR DEL PLATA: MUNICIPALES EN ESTADO DE ALERTA. La Municipalidad de General Pueyrredón volvió a enfrentar dificultades para hacer frente al pago completo de los salarios de los trabajadores comunales, lo que llevó al Ejecutivo a desdoblar el pago de haberes superiores a $2 millones, generando malestar y una fuerte reacción gremial. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) declaró el estado de alerta y movilización, al tiempo que solicitó una reunión urgente con el intendente Agustín Neme para abordar la situación y exigir soluciones de fondo.

TARTAGAL: BANCARIOS EN ALERTA POR EL CIERRE DE LA SUCURSAL DEL SANTANDER. El anuncio del cierre definitivo de la sucursal del Banco Santander en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, generó una fuerte preocupación entre los trabajadores bancarios y encendió alertas en el ámbito gremial, ante el impacto laboral y social que la medida tendrá en una región donde la atención presencial sigue siendo clave para miles de usuarios.

SINDICATO DE MAESTRANZA PROTESTÓ EN ATUCHA I Y II POR LA INDEFINICIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS. Trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) realizaron una movilización en las centrales nucleares Atucha I y II en reclamo por la falta de definiciones en el nuevo contrato de servicios. La situación se arrastra desde hace más de un mes y genera un creciente malestar entre los empleados que prestan tareas en ambos complejos. El conflicto se origina en la ausencia de confirmación sobre la adjudicación del servicio a las empresas ClarytySRL y DistribonSRL, lo que provoca un escenario de incertidumbre laboral y una serie de incumplimientos que afectan de manera directa las condiciones de trabajo.

SANTA FE: MUNICIPALES VA A UN PARO DE 48 HS CON MOVILIZACIÓN ESTA SEMANA Y LA PRÓXIMA. Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) lanzó un plan de lucha con paros, movilizaciones y cortes de ruta. La medida de fuerza de los municipales santafecinos se enmarca en el rechazo a la propuesta salarial y la exigencia a una convocatoria a paritarias que lleva meses de atraso. En este contexto, plenario de Secretarios/as Generales de FESTRAM, determinó paro total de actividades de 48 horas para esta semana y la próxima se resolvió iniciar un Plan de Lucha con medidas de Paro Total de actividades para este jueves 8 y el viernes 9 de esta semana, y jueves 15 y viernes 16 de la semana entrante, con movilizaciones y cortes de ruta.

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PARO DE COLECTIVOS EN EL AMBA: MÁS DE VEINTE LÍNEAS SIN SERVICIO.
Un paro de choferes de colectivos mantuvo sin servicio a más de veinte líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la medianoche de este jueves, en reclamo por el incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a diciembre. El paro pudo levantarse a las 7 de la mañana tras llegar a un acuerdo con los trabajadores. La medida de fuerza había generado una interrupción total del servicio desde la medianoche, afectando principalmente a los partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

CRECE LA TENSIÓN EN VASSALLI Y SE ENDURECEN LAS PROTESTAS EN FIRMAT.
Trabajadores de la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli profundizaron las medidas de fuerza ante el incumplimiento salarial y la falta de definiciones empresariales, con nuevos cortes en la Ruta 33 y la advertencia de una posible toma de la planta. Este miércoles, los trabajadores llevaron adelante un corte total de tránsito durante aproximadamente una hora, tras lo cual realizaron una asamblea en la que resolvieron endurecer el plan de lucha si no surgen novedades inmediatas.

GARRAHAN: RECLAMAN QUE REINCORPOREN A 45 CHICOS EXPULSADOS DEL JARDÍN MATERNAL. “El pasado día 30 de diciembre de 2025 fue el último día por decisión del interventor, dejando sin vacantes a 45 hijos e hijas de trabajadoras del hospital”, alertó la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital. Es “una decisión política que vulnera un derecho reconocido por ley desde hace muchos años”, denunciaron. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizó una conferencia de prensa este viernes 9 en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881 y exigió la reincorporación inmediata de 45 niños y niñas menores de 3 años expulsados anticipadamente del Jardín Maternal de la institución. A su vez, anunciaron que denunciarán judicialmente al interventor Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud Mario Lugones durante el gobierno de Javier Milei. Medidas de fuerza acompañarán el reclamo.

CABA: DESALOJO DEJA SIN TRABAJO A 200 RECICLADORES URBANOS Y GENERA RECHAZO SINDICAL. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de agentes de Espacio Público y la Policía porteña, realizó el miércoles un operativo de desalojo en un predio de Parque Avellaneda donde funcionaba la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”. El procedimiento dejó a más de 200 trabajadores sin su fuente de ingresos y afectó al sistema de reciclado urbano porteño. La cooperativa, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), llevaba más de una década ocupando el predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en la calle Ameghino 1035. Los trabajadores cumplían funciones clave en la recuperación y reciclado de material urbano, con más de 100 toneladas mensuales de residuos reciclables que se procesan entre recuperadores urbanos, operarios y mecánicos.

CHUBUT: DENUNCIAN CONTRATACIONES «PRECARIAS E IRREGULARES» EN LA EMPRESA DE PESCA RED CHAMBER. El conflicto laboral continúa escalando en medio de la ausencia de definiciones por parte del Estado y la falta de presencia de la empresa en las instancias de diálogo. El eje del reclamo está puesto en la situación de decenas de trabajadores que, pese a haber cumplido funciones de manera continua y por tiempo indeterminado, figuran actualmente como eventuales en los registros de altas tempranas de la empresa, una práctica que —según advierten—configura un fraude a la legislación laboral vigente.

DESPIDOS EN LUSTRAMAX: TRABAJADORES EN ASAMBLEA PERMANENTE Y ESTADO DE ALERTA. Los obreros llevan 15 días en estado de alerta y asamblea permanente por las amenazas de despidos, además de que reclaman el pago de un bono de fin de año y el atraso de tres meses del pago de la obra social. La empresa ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas especializada en distribución mayorista de artículos descartables para papeleras, notificó a sus empleados que buscará desvincular a 29 de ellos. «La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei para quitarnos derechos fundamentales», señalaron.

DESALOJAN FAMILIAS EN EL DELTA DE ESCOBAR PARA CONSTRUIR UN MEGAPUERTO. El 6 de enero, cinco familias fueron desalojadas en la zona del arroyo El correntino y el Paraná de las Palmas en el Delta de Escobar. Las y los vecinos denuncian que el espacio es justamente donde quieren construir uno de los mega puertos del proyecto Terminal Marítima Escobar. Los trabajadores que viven allí manifiestan que la orden se ejecutó en plena feria judicial y que fueron desalojados por una orden cautelar, sin previo aviso y de una manera amenazante. Estas familias viven en el lugar desde hace más de 40 años, con servicios a su nombre

DENUNCIAN DESPIDOS Y AMEDRENTAMIENTO LABORAL EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Economía (MECON) denunciaron que la gestión encabezada por el ministro Luis Caputo avanza con despidos encubiertos y un esquema de amedrentamiento y persecución laboral en distintas áreas del organismo. Las cesantías, apuntaron, comenzarían por la Subsecretaría de Presupuesto y la DTO, mediante la no renovación de contratos para 2026.

LA RIOJA: CIERRA OTRA FÁBRICA TEXTIL Y SE PROFUNDIZA LA CRISIS INDUSTRIAL
La empresa Hilados cerró su planta de confección en el Parque Industrial riojano. De un proyecto que prometía 500 puestos de trabajo, solo quedarán 60 empleados en el área de hilandería.

GREMIALES

OMAR MATURANO CRITICÓ A LOS SINDICALISTAS «DIALOGUISTAS» Y PIDIÓ UN PARO NACIONAL DE 48 HORAS CONTRA LA REFORMA LABORAL. El secretario general del gremio de maquinistas de trenes «La Fraternidad», Omar Maturano, rechazó el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional y apuntó contra los “sindicalistas muy dialoguistas”. El titular del sindicato planteó la necesidad de convocar a un paro nacional de 48 horas frente al avance de la reforma laboral en el Congreso. En diálogo con Radio Perfil (AM 1190), el dirigente ferroviario afirmó que el proyecto implica una flexibilización que pone en riesgo derechos constitucionales como la protesta y sostuvo que, ante la falta de respuestas del Gobierno, el sindicalismo no puede ser “tibio”.

LAS DOS CTA Y LA UTEP Y LA MOVILIZACIÓN CONTRA EL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA. La invasión de Estados Unidos a Venezuela, que incluyó el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, generó la reacción de todo el arco sindical. Las acciones de repudio fueron unánimes. Pero las dos CTA junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) avanzaron un casillero y convocaron a acciones de protesta, que incluyen una movilización a las 17 horas de este lunes desde Plaza Italia hacia la Embajada del país norteamericano.

BAHÍA BLANCA: DIRIGENTES GREMIALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES SE MOVILIZAN CONTRA EL ATAQUE DE TRUMP A VENEZUELA. La concentración, convocada por las dos CTA y otras organizaciones,  tuvo lugar esta mañana cuando se movilizaron en una de las principales esquinas de Bahía Blanca, Estomba y Sarmiento, frente al Concejo Deliberante en donde se criticó la postura del gobierno argentino ante el ataque militar que sufrió el país sudamericano.

MARÍTIMOS  SE SUMAN A LOS REPUDIOS DEL ATAQUE IDE ESTADOS UNIDOS A VENEZUELA. La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) se sumó a las expresiones sindicales contra el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. Como las CTA, la CGT y la UTEP, la organización que lidera Juan Carlos Schmidcondenó las acciones de la Casa Blanca. Rechazó la escalada bélica que impacta de lleno para la paz regional y el derecho internacional. En ese sentido, el dirigente sindical afirmó su “más profunda solidaridad con el pueblo venezolano” y reafirmó el “compromiso irrenunciable con la paz, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos entre las naciones”.

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.