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Docentes e investigadores de historia le responden a Milei.

Preocupados por la manipulación del pasado con la que el actual presidente respalda sus dichos y hechos, investigadores y docentes de historia difundieron una carta abierta titulada “Milei ante la historia argentina” en la que advierten que “tergiversa y manipula el significado histórico de figuras como Alberdi o Roca, apela a descalificaciones con reminiscencias dictatoriales para quienes no piensan como él (“comunistas”, “zurdos”, “populistas”), y convoca a un “Pacto de Mayo” sin relación alguna con los valores y la historia de la revolución de 1810. Pero va más allá: enmarca su misión histórica en la mitografía bíblica mesiánica recurriendo a argumentos teocráticos, misóginos y esotéricos.” LCV consultó a Federico Lorenz para conocer el porqué de este texto: “Como historiadore/as, quisimos poner el acento en los usos del pasado que hace el actual gobierno, y desde nuestro lugar, queremos señalar los peligros que esto entraña para nuestro futuro como país.”

Firman la carta abierta Omar Acha, Marina Franco , Silvina Jensen, , Federico Lorenz, Marta Philp, Andrea Belén Rodríguez , Ignacio Telesca, Javier Trímboli, Julio Vezub, Fabio Wasserman y ya recibió la adhesión de 558 destacados docentes e investigadores de historia de las universidades argentinas y el Conicet junto a 225 profesionales de las principales universidades del mundo.

A continuación, el texto completo de la Carta Abierta.

La amenaza

“Desde el 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción del presidente Javier Milei, asistimos a una prolija tarea de demolición del Estado y las instituciones republicanas, federales y democráticas, así como del sistema legal que garantiza la vida cotidiana de millones de personas. Se trata del ataque deliberado a una convivencia trabajosa, a la división de poderes y a la democracia. La actual política amenaza todo aquello que es patrimonio de la sociedad argentina en términos culturales, materiales, ambientales y territoriales. Cínicamente, la retórica gubernamental convierte esta destrucción en una obra salvadora y modernizadora, aunque huele a receta vieja, fracasada y rancia.
Nada está a salvo del fulminante rayo de las diatribas y extorsiones presidenciales. Tampoco, del arrogante regodeo de sus voceros, ministros, y esa nueva especie de actores virtuales que
traslada las agresiones gubernamentales al mundo de la comunicación y de las redes.
El presidente ha roto el espejo en el que nos miramos: a la hora de agredir, elige cada uno de
esos fragmentos para sostener sus medias verdades y mentiras. Explica el todo por las partes, y
fortalece una sensación de aislamiento e indefensión que refuerza la transformación individualista de la sociedad al amparo de lo que considera “libertad”. Ha trazado una clara línea entre los “argentinos de bien” y quienes pasan a ser “orcos” e “irrecuperables”. Quedan a salvo quienes se pliegan sin contradecirlo, negocian prebendas y se subordinan a sus planes en una definición oportunista y a conveniencia de “la casta”.
No desconocemos que la llegada de Javier Milei a la presidencia es síntoma de un profundo
malestar social y de deficiencias profundas de la democracia argentina y sus gobiernos. Pero a
cuarenta años del fin de la última dictadura, corremos el riesgo de que la democracia deje de ser el sistema mejorable para construir la vida en común. Con su política, Javier Milei pone en riesgo el pacto fundante de 1983.

Pasado y presente

Nos dedicamos a estudiar la historia, y ello nos hace revisar permanentemente el sentido de
nuestra profesión. Nos hemos formado en el sistema educativo público argentino; somos
educadoras/es e investigadores/as. Entre las grandes mayorías agredidas, tampoco estamos
exentos de la brutal ofensiva: por el ataque a nuestros salarios, por el riesgo de pérdida de
nuestras fuentes de trabajo. Al igual que a millones de personas que habitan este suelo, la política de Milei amenaza nuestro presente y nuestro futuro.
Pero nos implica especialmente, aunque parezca secundario, porque el gobierno utiliza el pasado como ariete. En su retórica agresiva, clasista y regresiva, el presidente Javier Milei apela reiteradamente a la historia. Señala un supuesto momento dorado del pasado argentino al que ubica, de manera para nada azarosa, antes de 1916 (cuando la participación democrática se amplió a partir de la Ley Sáenz Peña sancionada en 1912). Resulta insostenible la referencia al más alto PBI del mundo y la condición de potencia mundial de la Argentina, con la que vocifera en sus discursos, para sostener una interpretación decadentista de nuestra historia nacional. De la misma manera, tergiversa y manipula el significado histórico de figuras como Alberdi o Roca, apela a descalificaciones con reminiscencias dictatoriales para quienes no piensan como él (“comunistas”, “zurdos”, “populistas”), y convoca a un “Pacto de Mayo” sin relación alguna con los valores y la historia de la revolución de 1810. Pero va más allá: enmarca su misión histórica en la mitografía bíblica mesiánica recurriendo a argumentos teocráticos, misóginos y esotéricos.
Relativiza de una manera inhumana las consecuencias del terrorismo de Estado, envalentonando a la corriente negacionista o apologista de la dictadura militar.Al usar el pasado como herramienta, Milei no es original; ni siquiera en su forma autoritaria y radical de interpretarlo. Pero nos obliga a confrontarlo.
Para una retórica mesiánica, mentirosa y refundacional, la historia es especialmente peligrosa.
Estudiar el pasado es un instrumento poderoso, es un arma potencialmente al alcance de
cualquiera para desmontar todas y cada una de las falacias, mentiras y exclusiones que pretenden instalar en nuestras vidas. Por eso el gobierno ataca especialmente a los centros de transmisión y producción del conocimiento y la cultura.
Vivimos una época en que parece que vale lo mismo decir cualquier cosa. Así, una elección
democrática ganada en segunda vuelta pretende ser transformada en un plebiscito que legitima el arrasamiento de conquistas históricas de la sociedad argentina. Si el presidente avanza en esa idea es porque hay silencios cómplices. Quizás los legisladores puedan aceptar que el Congreso sea llamado “nido de ratas”. Nosotros/ as, no. Porque sabemos el laborioso proceso de construcción colectiva que ha llevado a que allí se ejerza la representación de la ciudadanía. A una versión antidemocrática y elitista de la historia, podemos oponer la idea de la construcción colectiva de derechos. Lo que se gana, se puede perder, lo que hoy nos quiten, podrá ser recuperado. Ahora bien, ¿por qué permitir que eso suceda?
Frente a la retórica del odio y la estigmatización basada en una visión de la historia que condena y humilla, la historia permite rescatar las huellas de la dignidad humana, la que ilumina aquellos momentos en los que un puñado, millares, o millones de personas enfrentaron a los poderes que buscaron menoscabarla y negarla. El gobierno blinda las calles porque sabe que es en ellas donde durante generaciones lo/as argentino/as hemos sabido hacer política. El bienestar económico no lloverá cual maná del cielo. El presidente Javier Milei no es un refundador, sino un destructor. No es un mesías, sino un agresor. Encabeza una facción en una puja histórica. Milei es la cara, en 2024, de una revancha de sectores socioeconómicos que desde mediados de la década de 1970 quieren torcer las conquistas de las mayorías populares, convertidas en derechos a costa de años de lucha. Milei no sirve a Dios, como cree y proclama, sino a intereses concretos que históricamente han bloqueado la ampliación de derechos y la justicia social. Tampoco es franco, realista, ni dice verdades innegociables -como él pretende- , sus aseveraciones siempre son modificables, a conveniencia y muchas veces falsas.

El futuro

Frente al odio que avanza, la Historia muestra que un proyecto mesiánico busca y necesita el
apoyo de las masas, pero a la vez teme al poder que radica en la acción colectiva y solidaria. Por eso Milei reprime la protesta con instrumentos ilegales y contrarios a los Derechos Humanos como el “Protocolo de Seguridad”. Por eso, y en sus discursos estigmatiza los acontecimientos del pasado de intensa movilización social para justificar la represión del presente.
El elegido, Milei, quiere imponer su voluntad. Pero sabemos, por el contrario, que la acción
colectiva es el camino para reparar las injusticias de cualquier sociedad. Sabemos que la retórica del odio puede ser derrotada porque otros/as, antes que nosotros/as, pudieron hacerlo. No por ser mejores, sino porque pusieron por delante de sus angustias y carencias individuales el bien común.
Buscamos acercarnos tanto como podemos a la verdad. Pero sabemos que a lo largo de siglos ha habido distintas formas de comprender el mundo, de habitarlo, y de soñarlo. Por eso no podemos callar: la historia no da lecciones, pero permite formular advertencias. Y obliga a tomar posición cuando la dignidad humana se ve amenazada. Nos advierte que quien entrega la posibilidad de imaginar un futuro, ha sido derrotado. Quien acepta callar ante lo que le parece incorrecto y le genera indignación, naturaliza hacerlo, y enseña a hacerlo.
Queremos señalar el peligro que corre nuestra sociedad. No podemos, éticamente, no hacerlo. En el pasado, en contextos mucho más difíciles, otros seres humanos hicieron lo mismo que
nosotro/as. Hablar o callar será una toma de posición. Historiadores/as al fin, pretendemos que
estas palabras funcionen en el presente como una advertencia. En el futuro, si este brutal avance autoritario persiste, quizás este texto recuerde a alguien que el hilo invisible de la solidaridad humana nunca puede cortarse por completo, que el autoritarismo siempre encontró resistencias. Y encontrará esperanzas para hacer lo mismo.”

Argentina, 9 de marzo de 2024

Omar Acha (UBA-CONICET), Marina Franco (UNSAM-CONICET), Silvina Jensen
(UNS-CONICET), Federico Lorenz (UBA-CONICET / CNBA), Marta Philp (FFyH-UNC), Andrea
Belén Rodríguez (IPEHCS-UNCo/CONICET), Ignacio Telesca (UNaF-CONICET), Javier
Trímboli (FaHCE-UNLP), Julio Vezub (IPCSH-CONICET / UNPSJB), Fabio Wasserman (UBACONICET).

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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.

LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”

Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”

LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”

Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”

LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”

Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”

LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”

Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”

LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”

Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”

LCV: “Eso ya lo vivimos.”

Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”

LCV: “También preocupa el rol de los medios.”

Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”

LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”

Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”

LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”

Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”

Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”

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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.

LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”

Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”

LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”

Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”

Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”

LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”

Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”

LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”

Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”

LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”

Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”

LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”

Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”

LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”

Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”