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Esta semana se juega el futuro de los trabajadores ¿Qué se debatirá en el Congreso?

Como es ya costumbre, el gobierno de Javier Milei apretó el acelerador y advirtió que la llamada Ley Bases debería aprobarse sí o sí este mismo lunes mientras amenazaba a los gobernadores de quedar afuera del promovido Pacto de Mayo si sus senadores votasen en contra. Varios sectores llaman a movilizarse al Congreso de la Nación este lunes, algunos irán a las 11 y otros a las 17 hs. Así lo adelantaron Miriam Bregman desde su banca, ATE Capital, Leopoldo Moreau a través de un twit y Unidos por la Cultura que coincidirá en el Gaumont a las cinco de la tarde. La semana se completará con una reunión de la CGT en el Consejo de Salario Mínimo el día martes.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes en rechazo a la aprobación de la discusión de la ley este lunes, por el cual podrían paralizarselas exportaciones y controles sanitarios en todo el país. “Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato, quien agregó: “Si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo. Pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En tanto, la CGT se reunirá este lunes para ver si logra presionar para anular más artículos de la reforma laboral que ya fue recortada logrando anular 42 artículos pero en la que restan 16 que provocan preocupación. Luego de una semana al rojo vivo que comenzó con el senador Miguel Angel Pichetto advirtiendo a los dirigentes sindicales que “el domingo por la noche apareció un nuevo texto de la Ley Bases donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos”, y se parece mucho al DNU de Milei. Hubo reuniones a contrarreloj con distintos funcionarios del gobierno que desmintieron a Pichetto pero aceptaron realizar las modificaciones que fueran necesarias para que se aprobara la ley, claro que con algunos límites: ‘No pueden ganarlas todas’, sostuvo Julio Cordero, de la Secretaría de Trabajo.

LOS PUNTOS EN DISCUSIÓN

La denuncia del diputado de Hacemos Coalición Federal provocó que los abogados de los sindicatos analizaran con mayor atención los 16 artículos que se mantuvieron en el texto y coincidieron en que varios de ellos afectan los derechos de los trabajadores.

Desde la CGT consideraron inaceptable el artículo 93 que permite a un “trabajador independiente” tener otros 5 ‘trabajadores independientes’ a su cargo provocando una precarización laboral ya que no contarían con vacaciones, aguinaldos, licencias ni salario mínimo.

Un informe del Instituto de Estudios y Fromación (IEF) de la CTA Autónoma llega a idéntica conclusión con relación al mencionado artículo 93: “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”. También advierte que la ley va en contra de los trabajadores estatales: “Facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”.

Otra de las objeciones es el artículo 226 que deroga la moratoria previsional y la reemplaza por una Prestación de Retiro Proporcional, destinada a personas que cumplieron 65 años y no completaron 30 años de aportes necesarios. En los hechos, aumentaría 5 años la edad jubilatoria para el 90% de las mujeres que pasarían a cobrar un haber mínimo equivalente al 80% de una jubilación mínima.

También sobrevivió en la reforma laboral la extensión de los períodos de prueba que actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

Ya comenzaron a alzarse voces llamando a movilizarse frente al Congreso durante el debate. Miriam Bregman convocó a la ciudadanía a permanecer afuera del edificio porque están en juego los derechos de los trabajadores y por la reforma del Estado que prevé distintas privatizaciones. En efecto, el proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. Junto a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos 2 casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria. Quedó afuera del texto la privatización del Banco Nación, aunque el ministro del interior, Guillermo Francos, no descartó que eso pueda ocurrir en un mediano plazo. Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Por su parte, Leopoldo Moreau también llamó a seguir el debate en las afueras del Congreso mientras advertía a través de un twitt que la flexibilidad de la reforma del Estado ponía en riesto de disolución organismos como el Banco de Datos Genéticos creado por el gobierno de Raúl Alfonsín que permitió que más de cien niños secuestrados durante la dictadura pudieran recuperar su identidad.

Luego de la martónica sesión del lunes, la semana sigue agitada para los trabajadores. El martes, la CGT participará del Consejo del Salario junto con el Gobierno y los empresarios para definir un aumento del sueldo mínimo y el miércoles será la movilización convocada por el 1° de mayo en el Monumento al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia, el mismo lugar elegido en el 2016 luego de la asunción de Macri que fue una multitudinaria manifestación de unidad sindical.

Juan Carlos Schmid anunció que “se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y maritimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el impuesto a las ganancias“, el paro está previsto entre la mañana y el mediodía del martes 6 de mayo.

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España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.

Veinte minutos fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dejase clara la postura española frente a los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán: “La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y de bombas. Y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

Añadió, además, que esta apuesta por el derecho internacional, enarbolada también por España en los conflictos de Ucrania, Groenlandia, Palestina o Venezuela no supone defensa alguna del régimen iraní: “Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España” -afirmación que relacionó con la sangrienta invasión de Irak, dirigida hace 23 años por George W. Bush con el apoyo y aplauso de los líderes británico y español, Tony Blair y José María Aznar-“La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver”.

Una respuesta que, más allá de las palabras, se complementa con la negativa a que Estados Unidos utilice dos de las tres bases militares (Rota y Morón, sitas en Andalucía desde 1953 en virtud a los pactos alcanzados con Franco) de titularidad hispano-estadounidense para la materialización de los ataques contra Irán, negativa que ha contrariado al presidente estadounidense Donald Trump hasta el punto de anunciar la ruptura de relaciones comerciales con España (algo imposible de materializar tanto en base al derecho privado -los tratos entre empresas- como al hecho de que España pertenece a la Unión Europea que pacta como bloque con Estados Unidos).

Interpretación en clave electoral

España vive una seguidilla, un carrusel, de elecciones autonómicas (equiparables a las provinciales argentinas) provocado por el derechista Partido Popular (PP) con la intención última de debilitar al Partido Socialista (PSOE) y forzar a su líder y presidente del Gobierno, Sánchez, a llamar a elecciones generales. De hecho, desde que Sánchez asumió la presidencia toda la estrategia del PP ha estado dirigida a desalojar a este del ejecutivo embarrando la cancha sea cual sea la polémica que se planteé y valiéndose para ello, por lo general, de una asombrosa pobreza de argumentos.

Así las cosas, no hay interpretación del discurso de veinte minutos que no tenga la carrera electoral como punto de salida y final del análisis, sea este realizado desde la izquierda o la derecha.

El progresismo subraya la autonomía y dignidad españolas a la hora de tomar decisiones, cuyos opuestos se personifican en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejos del servilismo europeo, obviando que durante los gobiernos presididos por Sánchez España ha batido todo récord en gasto armamentístico e implicación en las labores de la OTAN, y que en estos días España está enviando buques de guerra al Mediterráneo oriental con el pretexto de defender Chipre (miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN).

Por otra parte, hay un punto en común en casi todos los análisis, vengan por izquierda o derecha: el paralelismo establecido por Sánchez entre la situación actual y la guerra de Irak de hace 23 años, el rescate del “no a la guerra” que entonces movilizó de forma mayoritaria a la sociedad española, más allá de reafirmar la vocación por el diálogo del ejecutivo español tendría también la intención de encolumnar a los votantes de izquierda tras el PSOE; como sucediera con la guerra de Irak, el rechazo a la guerra (según las encuestas más de la mitad de la población española comparte la posición de Sánchez) movilizaría este sector del electorado en plena coyuntura adversa (la izquierda tuvo un muy mal desempeño en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, diciembre de 2025 y febrero de 2026) y en puertas de las autonómicas de Castilla-León y Andalucía

Las derechas, por su parte, tirando de una lógica tan elemental como torticera e infantil defendieron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ´régimen odioso¨. Siguiendo en el desprecio al derecho internacional ya manifestado durante la crisis venezolana, Feijóo añadió que “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay”. Aseguró, por otro lado, que apoyar el belicismo y el desprecio por la ley es estar junto a las democracias liberales, junto a Occidente y, siguiendo esta lógica primariay de tintes electorales, lo contrario es participar del eje del mal: “No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados”, insistió, mientras acusaba al presidente Sánchez de no defender “los intereses generales de España, sino a sus necesidades políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”.

Todo el PP, consciente del apoyo de la sociedad civil al “no a la guerra” ha salido a repetir los argumentos de su líder aunque sin aportar ni originalidad ni brillantez a los argumentos de este. De este modo, su portavoz parlamentaria Ester Muñoz manifestó que la complejidad del derecho internacional impide caer en el simplismo de eslóganes sobre la guerra, defendiendo que, aunque todos están en contra de los conflictos armados, la situación actual es mucho más profunda, sin explicar ninguna de estas afirmaciones y para, a continuación, evitando una vez más pronunciarse sobre la cuestión de la violación del derecho internacional por parte de Israel y Estados Unidos, señalar que Irán “no respeta el derecho internacional” puesto que se dedica a lapidar mujeres, colgar a homosexuales y alentar el terrorismo internacional. Retrucando, que es gerundio.

La extrema derecha, Vox, capitaneada por Santiago Abascal, aliado de Milei, y que disputa al PP el liderazgo del bloque de derechas, también se abraza al agresor norteamericano a pesar de las amenazas contra la España que tanto dicen amar y defender valiéndose de los mismos argumentos del PP, partido al que perteneció durante 19 años. Obviando el derecho internacional, igual que Núñez Feijóo, Abascal dijo que si el régimen «tiránico» de los ayatolás cae, “el mundo será más libre”, y enmarcó la agresión en lo que definió como “la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás”.

Al hilo, criticó la política exterior del Gobierno español, asegurando estar preocupado porque Pedro Sánchez, acerque a España a «la oscuridad antioccidental» con posiciones contrarias a los intereses occidentales, que reciba los aplausos de Hamás o de los talibanes y pretenda “enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán”.

Vox, financiada en 2014 con cerca de un millón de euros procedentes de oscuros grupos del exilio iraní, ha propuesto al PP por boca de su presidente Santiago Abascal presentar una moción de censura parlamentaria contra el presidente Sánchez. Un paso más en la competición por los votos. Abascal, antiguo ñoqui del PP, asegura que Sánchez se disfraza “de pacifista” y utiliza su política exterior contra el genocidio en Palestina y ahora contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para su propio beneficio. “Miente porque quiere la guerra. Quiere todas las guerras porque eso le permite ocultar sus crímenes y sus corrupciones. Es el personaje más miserable porque es el carroñero que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles”, ha dicho. Y ha añadido: “Sánchez celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones”.

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“La Ley de Glaciares no se toca”: la campaña que advierte que están “rifando el agua del presente y del futuro”

En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, la activista socioambiental Paula Kaeser explicó en qué consiste la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, cuestionó la media sanción obtenida en el Senado y alertó sobre los riesgos de la megaminería, la privatización del agua y el uso intensivo de recursos por parte de la inteligencia artificial. “No están discutiendo un cubito de hielo: están discutiendo la reserva estratégica de agua dulce de la Argentina”, afirmó.

LCV: ¿En qué consiste esta campaña plurinacional por la Ley de Glaciares?

Paula Kaeser: “La campaña se llama ‘La Ley de Glaciares no se toca’. Lo que ocurrió fue que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados. Algunos lo presentan como un logro, pero es apenas un paso en una disputa muy compleja. Lo que estamos pidiendo es que no se modifique la ley para habilitar actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglaciar, porque eso implica poner en riesgo la principal reserva de agua dulce que tenemos.”

LCV: ¿Cómo se le explica a un ciudadano común —o a un diputado que minimiza el tema— por qué esto es tan grave?

Paula Kaeser: “Cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo del agua, nos explicaban cómo el agua baja de las montañas, alimenta los ríos y permite la vida en todo el territorio. Si destruís glaciares o descuidás el ambiente periglaciar, alterás ese sistema. No es un pedacito de hielo aislado: es un ecosistema conectado. Si se habilitan proyectos megamineros en esas zonas, la consecuencia es que la reserva de agua dulce puede quedar contaminada o directamente agotada.”

LCV: ¿Tenés ejemplos concretos de lo que puede pasar?

Paula Kaeser: “En la provincia de San Juan, en el departamento de Jáchal, la actividad minera generó derrames que afectaron una cuenca completa. Ese pueblo vivía de dos ríos; tras la contaminación, tuvieron que modificar su sistema de abastecimiento porque uno ya no podía utilizarse para consumo ni riego. A partir de ahí empezaron a registrarse más enfermedades, incluso casos de cáncer, algo que los vecinos remarcan que no era habitual décadas atrás.”

LCV: También mencionaste el tema del acceso al agua potable.

Paula Kaeser: “En Argentina todavía hay un porcentaje muy alto de población sin acceso pleno a agua potable. Y mientras no terminamos de garantizar ese derecho básico, se pretende avanzar sobre las reservas estratégicas. Es un contrasentido: no llegamos a potabilizar el agua para todos y al mismo tiempo queremos habilitar actividades que pueden deteriorar la fuente.”

LCV: ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial y los proyectos que se mencionan para la Patagonia?

Paula Kaeser: “Los grandes centros de datos que sostienen la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía y agua para refrigeración. Son servidores que funcionan de manera permanente y generan mucho calor. Para enfriarlos se usan sistemas que demandan millones de litros de agua dulce. Entonces, cuando se habla de instalar polos tecnológicos en zonas frías con abundancia de agua, estamos hablando también de presión sobre un recurso finito.”

LCV: También mencionaste la presencia de empresas extranjeras en la gestión del agua.

Paula Kaeser: “Hace años que denunciamos el avance de Mekorot en convenios vinculados al manejo del agua. Por eso impulsamos también la campaña ‘Afuera Mekorot’. Creemos que el agua es un bien común y no puede quedar sujeta a lógicas de negocio. Lo mismo advertimos sobre procesos de privatización en áreas metropolitanas.”

LCV: ¿Cuál es tu perfil y desde dónde impulsás esta militancia?

Paula Kaeser: “Soy maestra jardinera y licenciada en administración hotelera, pero hoy me defino sobre todo como activista socioambiental. Formo parte de la campaña ‘La Ley de Glaciares no se toca’, de ‘Afuera Mekorot’ y de la coordinadora ‘Basta de Falsas Soluciones’, que articula asambleas y espacios territoriales de todo el país.”

LCV: Si alguien quiere sumarse o informarse, ¿cómo puede hacerlo?

Paula Kaeser: “En Instagram pueden encontrarnos en @bastafalsasoluciones y @fueramecorot. Y para información específica sobre glaciares está el blog ‘laleydeglaciaresnose toca.blogspot.com’, donde hay materiales, videos y documentos para descargar y trabajar en escuelas o espacios comunitarios.”

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Paula Arkerfeld, docente y miembro de SUTEBA: “El modelo educativo de Milei es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Paula Arkerfeld, docente de educación especial en la provincia de Buenos Aires, analizó el inicio del ciclo lectivo atravesado por paros nacionales, rechazo paritario y una profunda crisis salarial. Cuestionó tanto las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como la administración provincial de Axel Kicillof, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza, el impacto social en las escuelas y el debate pendiente sobre el modelo educativo.

LCV: ¿Cómo viene el tema en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases y demás?

Paula Arkerfeld: “Hoy estuvimos iniciando una jornada de paro nacional que fue muy fuerte en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana continuamos con una medida de fuerza porque se rechazó la oferta paritaria del gobierno de Kicillof. El miércoles va a haber una nueva reunión, pero estamos hablando de salarios que realmente nos dejan por debajo de la línea de pobreza. Estamos entre los cuatro peores salarios a nivel nacional, siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica. Con 750.000 pesos una maestra no puede vivir, y eso nos obliga a tener otros trabajos o hacer Uber, lo que va en detrimento de la calidad educativa de los chicos.”

LCV: ¿Cómo te cayó el fragmento del discurso del presidente hablando de la importancia de la educación como un baluarte?

Paula Arkerfeld: “Yo creo que el gobierno de Milei desde el primer momento se declaró enemigo de los trabajadores y de la educación pública. Nos recortaron el salario mínimo docente nacional, que hoy está en 500.000 pesos, y convocaron a Paritaria Nacional obligados por una medida cautelar ofreciendo 0% de aumento. Es una burla y un destrato. Es un modelo donde lo que quieren es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera.”

LCV: También hay familias que no pueden sostener la escuela privada y vuelven a la pública. ¿Cómo impacta eso?

Paula Arkerfeld: “Se ve cada vez más reducida la población que puede acceder a la escuela privada, pero para las grandes mayorías lo que ofrece este modelo con reforma laboral es precarización y pérdida de derechos. Nosotras nos movilizamos contra la reforma laboral porque también es una defensa de nuestros estudiantes. Damos todo para que egresen de la secundaria y no tengan ni siquiera acceso a un trabajo con derechos. Ese es el futuro que están proponiendo.”

LCV: ¿Sos maestra de grado?

Paula Arkerfeld: “Soy docente de educación especial. Todo el ajuste y el recorte en políticas de discapacidad nos atraviesa directamente. Acompañamos la lucha de los colectivos de discapacidad porque la escuela vive la crisis social de conjunto. Por eso también planteamos que las familias apoyen esta pelea, que es por los derechos de sus hijos e hijas. Muchas veces se intenta enfrentar a las familias con la docencia, pero hoy se ve más claramente que es una pelea común.”

LCV: ¿Qué pensás de los debates sobre repetición, frustración y el estado actual del sistema educativo?

Paula Arkerfeld: “Son debates muy complejos y necesitaríamos un gran congreso pedagógico para discutir qué escuela necesitamos y cómo salen hoy los pibes. La tarea pedagógica está cada vez más desdibujada porque tenemos que garantizar cuestiones básicas: juntar zapatillas, comprar útiles, ayudar a las familias. Lo hacemos porque tenemos un vínculo con la comunidad, pero en ese contexto es muy difícil abordar la tarea pedagógica como corresponde. Además, muchos chicos no acceden a una lectoescritura comprensiva, y eso también tiene que ver con condiciones materiales, alimentarias y sociales. Los recursos no están.”

LCV: ¿Es solo un problema nacional o también provincial?

Paula Arkerfeld: “Hay fondos nacionales que fueron recortados, pero también hay responsabilidad de la provincia. Hay plata y no hay decisión de ponerla donde corresponde. Estamos teniendo cierre de grados en la provincia de Buenos Aires, no es solo un tema salarial. Podríamos trabajar con grupos más reducidos para atender la complejidad actual, pero se aplican lógicas mercantiles de cantidad de alumnos por maestra. El financiamiento de infraestructura y comedores es muy escaso. En lugar de pagar deudas que benefician a grandes empresarios, necesitamos impuestos a las grandes empresas de la provincia y que esos recursos vayan a educación.”

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