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Esta semana se juega el futuro de los trabajadores ¿Qué se debatirá en el Congreso?

Como es ya costumbre, el gobierno de Javier Milei apretó el acelerador y advirtió que la llamada Ley Bases debería aprobarse sí o sí este mismo lunes mientras amenazaba a los gobernadores de quedar afuera del promovido Pacto de Mayo si sus senadores votasen en contra. Varios sectores llaman a movilizarse al Congreso de la Nación este lunes, algunos irán a las 11 y otros a las 17 hs. Así lo adelantaron Miriam Bregman desde su banca, ATE Capital, Leopoldo Moreau a través de un twit y Unidos por la Cultura que coincidirá en el Gaumont a las cinco de la tarde. La semana se completará con una reunión de la CGT en el Consejo de Salario Mínimo el día martes.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Nacional) realizará un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a partir de las 00 horas del lunes en rechazo a la aprobación de la discusión de la ley este lunes, por el cual podrían paralizarselas exportaciones y controles sanitarios en todo el país. “Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato, quien agregó: “Si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo. Pretenden dejar sobre la órbita del SENASA solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En tanto, la CGT se reunirá este lunes para ver si logra presionar para anular más artículos de la reforma laboral que ya fue recortada logrando anular 42 artículos pero en la que restan 16 que provocan preocupación. Luego de una semana al rojo vivo que comenzó con el senador Miguel Angel Pichetto advirtiendo a los dirigentes sindicales que “el domingo por la noche apareció un nuevo texto de la Ley Bases donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos”, y se parece mucho al DNU de Milei. Hubo reuniones a contrarreloj con distintos funcionarios del gobierno que desmintieron a Pichetto pero aceptaron realizar las modificaciones que fueran necesarias para que se aprobara la ley, claro que con algunos límites: ‘No pueden ganarlas todas’, sostuvo Julio Cordero, de la Secretaría de Trabajo.

LOS PUNTOS EN DISCUSIÓN

La denuncia del diputado de Hacemos Coalición Federal provocó que los abogados de los sindicatos analizaran con mayor atención los 16 artículos que se mantuvieron en el texto y coincidieron en que varios de ellos afectan los derechos de los trabajadores.

Desde la CGT consideraron inaceptable el artículo 93 que permite a un “trabajador independiente” tener otros 5 ‘trabajadores independientes’ a su cargo provocando una precarización laboral ya que no contarían con vacaciones, aguinaldos, licencias ni salario mínimo.

Un informe del Instituto de Estudios y Fromación (IEF) de la CTA Autónoma llega a idéntica conclusión con relación al mencionado artículo 93: “La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios”. También advierte que la ley va en contra de los trabajadores estatales: “Facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”.

Otra de las objeciones es el artículo 226 que deroga la moratoria previsional y la reemplaza por una Prestación de Retiro Proporcional, destinada a personas que cumplieron 65 años y no completaron 30 años de aportes necesarios. En los hechos, aumentaría 5 años la edad jubilatoria para el 90% de las mujeres que pasarían a cobrar un haber mínimo equivalente al 80% de una jubilación mínima.

También sobrevivió en la reforma laboral la extensión de los períodos de prueba que actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

Ya comenzaron a alzarse voces llamando a movilizarse frente al Congreso durante el debate. Miriam Bregman convocó a la ciudadanía a permanecer afuera del edificio porque están en juego los derechos de los trabajadores y por la reforma del Estado que prevé distintas privatizaciones. En efecto, el proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. Junto a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos 2 casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria. Quedó afuera del texto la privatización del Banco Nación, aunque el ministro del interior, Guillermo Francos, no descartó que eso pueda ocurrir en un mediano plazo. Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Por su parte, Leopoldo Moreau también llamó a seguir el debate en las afueras del Congreso mientras advertía a través de un twitt que la flexibilidad de la reforma del Estado ponía en riesto de disolución organismos como el Banco de Datos Genéticos creado por el gobierno de Raúl Alfonsín que permitió que más de cien niños secuestrados durante la dictadura pudieran recuperar su identidad.

Luego de la martónica sesión del lunes, la semana sigue agitada para los trabajadores. El martes, la CGT participará del Consejo del Salario junto con el Gobierno y los empresarios para definir un aumento del sueldo mínimo y el miércoles será la movilización convocada por el 1° de mayo en el Monumento al Trabajo, en Paseo Colón e Independencia, el mismo lugar elegido en el 2016 luego de la asunción de Macri que fue una multitudinaria manifestación de unidad sindical.

Juan Carlos Schmid anunció que “se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y maritimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el impuesto a las ganancias“, el paro está previsto entre la mañana y el mediodía del martes 6 de mayo.

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Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

En exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el economista y candidato a diputado por el instrumento electoral de la Unidad Popular, Claudio Lozano, expone su mirada sobre la política argentina, la crisis de representación, la desestructuración social y educativa, y la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus instituciones. A lo largo de la conversación, Lozano combina reflexiones históricas, análisis de la realidad actual y propuestas concretas para intervenir desde el Congreso, siempre con el eje puesto en los derechos de los trabajadores, la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.

LCV: “El economista Claudio Lozano, si no me equivoco, es candidato a diputado. El partido es Unidad Popular, pero la lista se llama instrumento electoral.”

Claudio Lozano: “No, el partido se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. Normalmente decimos Unidad Popular para simplificar.”

LCV: “¿Por qué instrumento electoral?”

Claudio Lozano: “Es una pregunta que obliga a una reflexión bastante profunda. Nosotros no creemos en la idea tradicional de los partidos, como estructuras con cuadros que sostienen una concepción de izquierda, derecha o centro y que la proponen a la sociedad. Creemos que esas concepciones están puestas en debate y hay que construir otras cosas, recogiendo lo que la propia sociedad va produciendo. Por eso, nuestro partido se asume como un instrumento de la sociedad, especialmente en el campo de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Nuestra lista está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintas organizaciones con compromiso, trayectoria y vínculo con trabajadores, cooperativistas y temas como derechos urbanos y ambientales. Es un paso más allá del movimientismo, una herramienta de construcción que respeta la iniciativa social.”

LCV: “¿La diferencia con el PJ sería que el PJ tiene una concepción más estatalista?”

Claudio Lozano: “Exactamente. Creemos que hay que darle más entidad a las organizaciones de la comunidad. El PJ tiene tradición en esto, pero no compartimos la vieja concepción de partidos del siglo XIX y XX, donde las decisiones estaban estructuradas por cuadros que le decían a la sociedad qué hacer. Para nosotros, la sociedad tiene que ser parte de lo que decide sobre su propia organización.”

LCV: “Y las últimas decisiones de la sociedad, ¿te preocupan?”

Claudio Lozano: “Sí, en tanto elecciones mayoritarias. La sociedad ha optado en un contexto de debacle. Desde el fin de la dictadura en 1983-84 hasta hoy, hemos pasado de un 30% a alrededor del 40% de pobreza. La idea de que con la democracia se come, se educa y se cura no se cumplió. Las últimas experiencias de gobierno, tanto Macri como el Frente de Todos, aunque confrontadas, mantienen la continuidad del deterioro de la vida social. Hay un emergente de crisis monumental de representación política. Para mí, el problema central a lo largo de 41 años de democracia ha sido la educación, la falta de aspiraciones formativas y sociales, lo que genera un fenómeno donde la generación actual teme que sus hijos estén peor que ellos. Esto mata cualquier aspiración y lleva a la búsqueda de soluciones inmediatas, como las criptomonedas o la inmediatez tecnológica, en ausencia de bases educativas sólidas y un tejido social fuerte.”

LCV: “¿Creés que la desestructuración social se vincula a la transformación regresiva del país?”

Claudio Lozano: “Sí. La destrucción del sistema público educativo y sanitario se enmarca en una reestructuración capitalista que empieza en la dictadura, con la deuda, la fuga de capitales, la desindustrialización y ajustes sistemáticos del Estado. Esto impacta en la sociedad, en las aspiraciones de las nuevas generaciones y en la percepción de comunidad. Antes, los niños tenían la obligación de estudiar y participar de la vida comunitaria; hoy, esa estructura desapareció, y la competencia reemplaza a la cooperación. La comunidad y el tejido social que existían en barrios como Liniers se ha debilitado, y con ello la capacidad de la sociedad para organizarse y reivindicar derechos.”

LCV: “Vos mencionás la responsabilidad de transmitir esos valores, ¿no?”

Claudio Lozano: “Sí. Esa responsabilidad explica mi trayectoria: la fundación de la CTA, la recuperación de ATE, el trabajo con Adolfo Pérez Esquivel en Servicio Paz y Justicia durante la dictadura, el acompañamiento a Gustavo Conte en derechos humanos en 1984 y ahora la candidatura a diputado. Hay una salida más fácil que competir electoralmente: ser el ‘sabio del pueblo’, dar charlas y organizar estudiantes, lo cual también forma parte de mi rutina y me da placer. Pero considero que hay que intervenir institucionalmente, desde el Congreso, para defender derechos y modificar la sociedad.”

LCV: “¿Cuál sería tu propuesta concreta al llegar al Congreso?”

Claudio Lozano: “Primero, rechazar los decretos inconstitucionales de este gobierno, como el 7023, que derogó y modificó leyes afectando a inquilinos, tarjetas de crédito, prepagas y empresas estatales. Segundo, recuperar la capacidad del Parlamento de auditar la deuda y la fuga de capitales, y cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, trabajar para que este gobierno se vaya, porque ha hecho mucho daño social, cultural y político. Presentamos siete causales de juicio político para visibilizar la violación constante de la Constitución y abrir una salida institucional acompañada por la movilización popular. Con estas medidas, nuestra presencia en el Congreso busca defender derechos, recuperar institucionalidad y construir alternativas para el futuro del país.”

LCV: “Es un enfoque integral: derechos, comunidad y control institucional.”

Claudio Lozano: “Exactamente. Además, hay que frenar la penetración del narcotráfico en los barrios populares y fortalecer la comunidad a través de organizaciones, iglesias y movimientos sociales. Nuestra fuerza, con presencia en 16 provincias y más de diez años de existencia, busca confrontar al gobierno y crear un bloque político sólido, democrático y comprometido con los derechos del pueblo argentino. Esto significa garantizar coaliciones sin proyectos contradictorios y con procedimientos internos democráticos, excluyendo la influencia de actores destructivos como los narcos.”

LCV: “En el contexto histórico, también señalaste vínculos con la dictadura y la herencia educativa de ese período.”

Claudio Lozano: “Sí. Por ejemplo, Juan José Catalán, ministro de educación durante la dictadura, aplicó métodos perversos de adoctrinamiento y retraso educativo. Hoy, algunos descendientes de esos actores reproducen estrategias similares. Esto refleja cómo la memoria histórica, la represión y la desigualdad educativa se entrelazan con la política contemporánea. La lucha actual incluye frenar la criminalización de la protesta, defender los derechos sindicales y la organización comunitaria, y enfrentar una fase de revancha oligárquica que amenaza los derechos adquiridos.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo resumirías tu misión en el Congreso?”

Claudio Lozano: “Mi objetivo es claro: desmontar decretos que vulneran derechos, auditar la deuda y la fuga de capitales, suspender pagos abusivos, garantizar la institucionalidad y trabajar para una transición hacia un gobierno que respete la Constitución. Todo esto se hará en diálogo con la movilización popular y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Con estas acciones, buscamos que la sociedad vuelva a ser protagonista y que se reconstruya el lazo social que hoy se ha debilitado.”

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Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra

Uno de los sindicatos más combativos dentro de la CGT, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), fue atacada entre 4 y 5 de octubre, un par de días antes de que se iniciara un anunciado paro nacional por negociación paritaria. Huelga que quedó en suspenso por el rápido pedido de las cámaras empresarias de una conciliación obligatoria.

El fin de semana aterior al paro, cuando las negociaciones estaban estancadas por la exigencia de un salario digno que cumpla con el mandato constitucional que de acuerdo a cifras oficiales sería de más de 2.000.000 de pesos como primer sueldo, un grupo de desconocidos desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.

No se trató de un robo ‘al voleo’, no sólo estaba planificado sino que el operativo demostró un conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.

Después de analizar lo sucedido, con prudencia, el sindicato difundió éste domingo un comunicado en el que sostienen:

“El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones. Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera. Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.”

El atentado a la sede sindical aceitera se produjo, también, luego de una postura activa de su dirigencia en pos de la unidad sindical en la que convocaron a un plenario de 200 delegados de diversos gremios, entre ellos UOM, SiPreBA y ATE. Mientras en la CGT se debate la futura conducción a definir dentro de un mes.

De inmediato comenzaron a llegar los comunicados de repudio, primero el de la CTA:

“Se trata de un ataque a una organización sindical que ha dado pruebas de su compromiso en la defensa de los trabajadores. Cualquier agresión o atentado contra una organización sindical o sus dirigentes implica un ataque a la democracia y a toda la clase trabajadora. Desde nuestra CTA exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho y que el poder judicial determine quienes son sus responsables materiales e intelectuales. Por último, solicitamos a los gobiernos provincial y municipal que garanticen la seguridad de la organización afectada y sus dirigentes, como así también el ejercicio de la libertad sindical.”

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Conflicto por paritarias de Aceiteros: nueva conciliación obligatoria. Van por un mínimo de 2 millones

Una vez más, el gobierno tuvo que recurrir a la conciliación obligatoria por 15 días. Queda en suspenso el paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

El reclamo paritario de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.

En un comunicado difundido en el día de hoy, advierten: “Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones. Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo.”

Luego de considerar que no están dispuesto a acompañar una política salarial que pretende condenar a la pobreza a la clase trabajadora favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos, concluyen: “Por ello, reafirmando nuestra defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país.”

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