LCV: Este lunes los trabajadores del subte se sumaron al paro convocado por la CATT. ¿Qué recepción tuvo de la gente? porque ustedes están allí levantando los molinetes, pero al mismo tiempo conversan con las personas, con los pasajeros.
—Sí, la medida fue una medida muy positiva. Nosotros como parte de esta jornada de lucha de la CATT, decidimos liberar los molinetes. A los usuarios les explicamos cuáles son los motivos por los cuales estamos haciendo la medida, explicamos también los reclamos que tenemos, que son los reclamos en general de toda la clase obrera, en un momento muy difícil, donde desde los gobiernos hay un ataque a la línea contra las conquistas históricas de los trabajadores, contra las condiciones de vida, contra el salario, contra la posibilidad inclusive de protestar, de organizarse. Por eso nos parece muy importante, muy positiva la medida, porque nos ha permitido también un intercambio donde los usuarios entendían el reclamo, lo compartían, muchos de ellos nos decían no bajen los brazos, no aflojen, vamos para adelante, y eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Una unidad de todo, del movimiento obrero, de los sectores populares, que somos la mayoría de la población, que tenemos la fuerza suficiente como para pararle la mano al plan de ajuste, de miseria, de represión de este gobierno.
-LCV: Cómo es la relación con la CGT?
Para eso también hay que hacer un gran debate, porque las centrales sindicales, más allá de algunas medidas un poco dispersas, sueltas, que han llamado en los últimos meses, no han hecho lo que corresponde, que es empezar a hacer asambleas, proponer un plan de lucha nacional sostenido en el tiempo, con medidas progresivas que terminen en una huelga general para poder frenarle la mano al gobierno. Inclusive estas medidas que son importantes, como la de hoy, como la del paro del 9, llegan tarde, porque tendríamos que haber hecho una gran movilización, un gran día de lucha, un gran paro nacional el día que se empezaba a tratar las Ley Bases en el Congreso. Quizá otra suerte hubiera sido la de la ley si toda la fuerza que tenemos los trabajadores la hubiéramos puesto en movimiento ese día y hubiéramos dado un mensaje potente a los diputados que estaban ahí adentro.
LCV: Me gustaría que contaras cómo fue la lucha de la CATT el lunes.
—La CATT es la confederación de los gremios del transporte que están nucleados dentro de la CGT. Nosotros hace poco tiempo fuimos invitados a participar como sindicato en la CATT. Hay una gran discusión todavía dentro de nuestro sindicato porque la forma en que hemos ingresado no es la mejor, no se han hecho todas las consultas que corresponden con nuestros compañeros, pero en principio ese debate está abierto y hemos participado en esta convocatoria porque nos parece importante demostrar la fuerza que tenemos los trabajadores de cara a la pelea que tenemos por delante. Entonces, esta confederación nuclea a los gremios del transporte, a los ferroviarios, a los compañeros de los colectivos, a los compañeros aeronáuticos, a los compañeros camioneros. Nosotros desde el subte estamos participando en estas condiciones, pero estamos participando. Y esa decisión de hacer asambleas, de hacer alguna medida preparatoria de las medidas que se vienen en los próximos días, empezando por la del jueves 9, en ese caso cada sindicato decidió cuál era la mejor medida. Algunos hicieron asambleas con afectación del servicio, otros asamblea solamente, otros tuvieron alguna otra medida, y nosotros definimos en ese marco la liberación de molinetes.
LCV: Lo de Rosario fue bastante impresionante. ¿Viste el vídeo que está circulando?
—Me llegó algo, no lo pude ver bien. Estuvimos todo el día con acciones, con actividades. Recién ahora estoy empezando a poder levantar muchos mensajes, a poder ver lo que fue pasando a lo largo del país en todo el día. Pero yo lo que te quiero decir es que hay una fuerza enorme. Nosotros los trabajadores vemos el mundo, o sea que tenemos la fuerza suficiente como para poder hacer que este ataque, que el mismo DNU, que la Ley Bases, que los despidos, los cierres, la persecución que hay, quede sin efecto. Lo que pasa es que ahí hay una responsabilidad, insisto, de los dirigentes de las centrales sindicales que durante muchas décadas anteriores permitieron que la clase obrera fuera dividida, fuera precarizada, y que ahora están de alguna manera permitiendo también que pase este plan del gobierno de Milei, porque no han llamado todavía a dar una respuesta acorde a la gravedad del ataque que estamos sufriendo.
LCV: Ustedes siempre, en cualquier plan de lucha, hablan del tema de la lucha contra el asbesto en la red. ¿Podés explicarnos en qué condiciones está eso hoy?
—Sí, nosotros tenemos un gran problema que lo descubrimos nosotros, los propios trabajadores, hace seis años, que es la presencia de un mineral cancerígeno, que es el asbesto, que está presente en las seis líneas, en todo el ámbito de la red, que está prohibido desde el año 2003, pero que sin embargo ningún gobierno, ni el nacional cuando el subte estaba bajo ese ámbito, ni el Gobierno de la Ciudad cuando se trasladó hacia este, lo retiraron. Entonces, esto pone en riesgo cotidianamente la vida de millones de usuarios, también de los trabajadores. De hecho, ya tenemos compañeros fallecidos, casi 100 compañeros afectados, y hace poco tiempo se confirmó también que hay usuarios afectados. O sea, vos viajas en el subte y además de que el servicio es muy malo, porque no hay inversión, no hay mantenimiento, no hay obras, los trenes tienen 70, 50, 40 años, son chatarra, no hay ningún tipo de previsión, no andan las escaleras mecánicas, no andan los ascensores, se caen a pedazos las estaciones, además corres el riesgo de respirar una fibra cancerígena, desarrollar un cáncer y morirte. Entonces, hace mucho tiempo que venimos dando esta pelea. Hicimos muchas medidas que lograron de alguna manera, primero hacer visible este reclamo, que la opinión pública lo conozca y que algunas cosas cambien, pero de fondo el problema todavía está presente. De hecho, nosotros tenemos atado a este reclamo el pedido de la reducción de la jornada para los trabajadores del subte, para minimizar la incidencia que tiene material cancerígeno sobre nuestra salud, para tratar de alguna manera de ganar algo de años de vida, porque lamentablemente nosotros ya tenemos una sentencia de muerte sobre nuestros cuerpos. No se sabe en qué momento ese tiempo que uno pasó respirando el asbesto puede hacer que empiece a desarrollarse un cáncer y morirse, porque no tienen tratamiento. En ese marco, con esa clase de servicio, estamos denunciando también el aumento de tarifa sideral que quieren poner en práctica, una tarifa que va a aumentar desde febrero a junio más del 700%, cuando el servicio no es ni cómodo, ni eficiente, ni seguro, y además tampoco tiene relación con los salarios de los trabajadores. No hay ningún salario en el país de los trabajadores que haya aumentado 700% en 5 o 6 meses.
LCV: En este programa cuando alguien sale por primera vez nosotros le cobramos un peaje. El peaje es una anécdota. La anécdota tiene que ver con preguntarte de qué se trató el primer trabajo que tuviste, a qué edad fue, si te acordás más o menos cuánto ganaste y en qué lo usaste.
—Mi primer trabajo fue alrededor de los ocho o nueve años. En ese momento uno no lo identificaba como trabajo, y fue lo que en ese momento se llamaba botellero, hoy sería cartonero. Salía con un carro tirado por un caballo con mi abuelo que se dedicaba a eso y trabajaba con él. El sueldo no era más que la comida del día, se ganaba para parar la olla, que en ese momento se podía pagar una olla que era un puchero, cosa inimaginable hoy por los valores de la comida. Ese fue mi primer contacto con el trabajo, cosa que está mal porque los niños no deberían trabajar, pero en una economía como la de aquel momento, mucho peor ahora, muchas familias están obligadas a hacerlo, cuando no deberían. Debería estar garantizada la salud pública, la educación pública, que todas las familias tuvieran acceso a una vivienda, que todos los trabajadores y trabajadoras tuvieran acceso a un trabajo en blanco con derecho, cosa que se puede garantizar por los recursos que tenemos en el país si empezamos a afectar las grandes fortunas, por ejemplo, empezamos a afectar a os millonarios, a los poderosos, a los terratenientes, a las multinacionales, que son las que se están beneficiando de este gobierno y que lamentablemente también han beneficiado históricamente todos los gobiernos.
LCV: ¿En qué barrio fue que empezaste de botellero de chiquito?
—En San Miguel.
LCV: ¿Después cómo siguió tu vida? ¿Estudiaste, entraste al secundario? ¿Qué hiciste?
—Sí, afortunadamente pude estudiar, terminar la primaria, terminar la secundaria con alguna materia que todavía debía y anotarme en el CBC en aquel momento. Después no pude seguir estudiando, formé mi familia, tuve hijos. Trabajos tuve muchos, la mayoría en negro, precario, mucho en gastronomía. Después terminé de rebote entrando por un aviso en el diario a trabajar en el subte, y hace casi 30 años que estoy ahí peleándola con los compañeros y las compañeras.
LCV: Cuándo fuiste elegido diputado, en el momento de jurar, ¿se te vino el pibe chiquito botellero en la cabeza? ¿Qué link hiciste entre aquella historia y ese señor que estaba jurando?
—Ese pibe está siempre presente. Lo que hacemos, o lo que hago yo particularmente, lo hacemos por la experiencia de vida. Somos producto de la experiencia que tuvimos, de las cosas que nos pasaron. Así que juré por eso, por la clase obrera internacional, por cambiar el mundo, por tener un mundo diferente, donde no exista la desigualdad, donde no exista la esclavitud asalariada en la que vivimos hoy. Está todo relacionado, no hay forma de escaparse de eso, por lo menos en mi caso.
¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*
Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.
En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.
Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.
Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.
Una cláusula indefendible
La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.
Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.
La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)
La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.
La Constitución habla de gratuidad en relación con:
· el acceso a la información pública (art. 13),
· la asistencia sanitaria (art. 19),
· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),
· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),
· la acción de amparo (art. 56),
· el habeas data (art. 63),
· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),
· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),
· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),
· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),
· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),
· el perfeccionamiento docente (art. 267),
· la universidad autónoma (art. 269),
· y la póliza escolar (art. 270).
La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.
Lo que no pueden hacer los legisladores
Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.
Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.
Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.
Ignorancia u oportunismo (o ambas)
Legislar desde dogmas ideológicos es necio.
Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.
Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.
Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.
Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.
*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.
Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.
LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”
Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”
LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”
Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”
LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”
Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”
LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”
Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”
LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”
Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”
LCV: “Eso ya lo vivimos.”
Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”
LCV: “También preocupa el rol de los medios.”
Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”
LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”
Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”
LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”
Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”
LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”
Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”
Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.
LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”
Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”
LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”
Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”
LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”
Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”
LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”
Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”
LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”
Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”
LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”
Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”
LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”
Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”
LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”
Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”
