El mundo ha entrado oficialmente en la era de la quiebra hídrica. No lo dice solo el polvo que vuela hoy sobre la meseta; lo advirtió la ONU este 21 de enero de 2026. La humanidad ha roto el ciclo del agua, y en la Patagonia, esa bancarrota se traduce en ríos que ya no llegan a su destino y lagos que se borran del mapa.

El Senguer: Una arteria rota

El sistema del Río Senguer es una cadena de vida que se ha cortado. Como un organismo que sacrifica sus extremidades para intentar salvar el corazón, el sistema ha dejado morir al Lago Colhué Huapi. Mis propias fotos del lago hoy muestran un desierto donde debería haber olas.

El Senguer, que interconecta los lagos de cordillera con el Musters, ya no tiene “capital” suficiente para repartir. El Musters, rehén del consumo humano e industrial, retiene lo último que queda, dejando al Colhué en una insolvencia total. Es el primer gran colapso de la quiebra hídrica en el sur: un sistema interconectado que ya no conecta nada.

Chubut y Negro: El retroceso de los gigantes

Más al norte, la situación no es más alentadora. El Río Chubut está operando con el 50% de sus ahorros históricos. El ingreso al Dique Ameghino es hoy una sombra de lo que fue en el siglo XX. La “quiebra” aquí se siente en la falta de presión en las canillas de las ciudades del valle y en la incertidumbre de los productores que ven cómo el río se retrae, dejando al descubierto riberas de lodo seco.

Por su parte, el Río Negro, el más caudaloso de la región, ha perdido el 43% de su fuerza vital. Lo que la ONU describe como la “ruptura del ciclo hídrico” se ve aquí de forma clara: las nieves que antes financiaban el caudal de verano ya no caen, y el río, ese gigante que parecía inagotable, entra en zona de números rojos.

De la crisis a la insolvencia

La diferencia entre “crisis” y “quiebra” es que la crisis es temporal, pero la quiebra es estructural. La nota de Euronews es clara: las grandes potencias han ignorado las alertas y ahora el sistema natural ha quebrado.

En la Patagonia, esa quiebra significa que:

* El agua ya no es un recurso renovable bajo las condiciones actuales.

* La interconexión de las cuencas (como la del Senguer) es su mayor vulnerabilidad: si falla la naciente, colapsa toda la línea hasta el último lago

.* La política tradicional es cómplice al seguir gestionando los ríos como si el “depósito” se fuera a llenar mágicamente el próximo año.

El territorio habla

Las imágenes del Colhué seco no son solo fotos de un paisaje triste; son el acta de defunción de una forma de entender nuestro territorio. El agua ya no alcanza para el extractivismo, el consumo desmedido y la naturaleza al mismo tiempo. Alguien está perdiendo, y por ahora, es el territorio.

La quiebra hídrica global ha llegado a la Patagonia. La pregunta no es cuándo volverá el agua, sino cómo vamos a sobrevivir en un territorio que se está quedando sin crédito ambiental.

*Guillermo Gettig Jacob, docente de Chubut, referente ambientalista, miembro de Asamblea Autoconvocados por el agua.

Durante décadas nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como el país fuerte, estable y dueño del tablero mundial. Sin embargo, hoy ese gigante parece estar peleándose consigo mismo. No por una invasión extranjera, sino por algo mucho más peligroso: la ruptura interna de su sociedad y el deterioro de sus propias instituciones. No es una opinión aislada ni una exageración alarmista; es una preocupación creciente entre analistas, académicos y medios internacionales.

La politóloga Barbara F. Walter, asesora del Pentágono y autora de How Civil Wars Start, advierte desde hace años que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en lo que se denomina una anocracia, un sistema híbrido e inestable donde conviven mecanismos democráticos con prácticas autoritarias (Foreign Affairs, 2022). Históricamente, este tipo de regímenes son los más propensos a caer en conflictos internos.Uno de los síntomas más graves de esta degradación es la normalización de la impunidad. El caso de René Good, una madre de 37 años asesinada por agentes federales de inmigración, es revelador. Un análisis visual publicado por The New York Times demostró que la víctima no intentaba atacar a los agentes, sino huir. Aun así, altos cargos de la administración defendieron al agente implicado alegando que gozaba de “inmunidad absoluta”. Este tipo de declaraciones no solo justifican una muerte civil, sino que envían un mensaje peligroso: que el Estado puede ejercer la violencia sin rendir cuentas.

Cuando un gobierno empieza a etiquetar a ciudadanos como “terroristas internos” y protege sistemáticamente a sus fuerzas aunque existan pruebas en contra, la confianza social se rompe. No es una opinión ideológica, es una constante histórica documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International, que ya han alertado del uso excesivo de la fuerza y de la politización de los cuerpos de seguridad en Estados Unidos.

Las políticas internacionales de Donald Trump tampoco ayudan a calmar las aguas. Su estrategia de confrontación permanente —con China, con Europa, con América Latina e incluso con aliados de la OTAN— tiene un reflejo directo en el interior del país. Cuando un líder gobierna desde el conflicto constante, la sociedad termina adoptando ese mismo lenguaje. No es casual que mientras Trump amenaza con el uso de la fuerza en escenarios como México, Groenlandia o Venezuela entre otros muchos, dentro del país aumenten los choques entre autoridades estatales y federales.

Un ejemplo claro es Minnesota, donde el gobernador activó 13.000 efectivos de la Guardia Nacional para proteger a la población frente a actuaciones De la policía federal anti inmigración consideradas abusivas. La información fue recogida por Reuters y Associated Press. Tener dos cadenas de mando armadas, legítimas y enfrentadas dentro del mismo territorio es, según la literatura académica sobre conflictos civiles, uno de los pasos previos más peligrosos. Desde Washington, lejos de rebajar la tensión, se llegó a hablar incluso de aplicar la Ley de Insurrección para arrestar al gobernador, algo que expertos constitucionalistas calificaron de extremadamente grave (Brookings Institution).

A todo esto se suma un dato inquietante: según encuestas del Public Religion Research Institute y de la University of California, cerca del 47 % de los estadounidenses cree posible una guerra civil en su vida. Uno de cada tres considera justificable la violencia con fines políticos, y alrededor de diez millones de personas afirman abiertamente que una guerra civil “sería necesaria para arreglar el país”. Todo esto ocurre en una nación que concentra casi el 46 % de las armas civiles del mundo, con una ratio de 120 armas por cada 100 habitantes (Small Arms Survey).

Mientras tanto, la imagen de potencia imparable contrasta con una realidad social muy distinta. Más de 40 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales de la U.S. Census Bureau, y millones más sobreviven con empleos precarios sin acceso garantizado a sanidad o vivienda. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo y supera al de los siguientes diez países juntos (Stockholm International Peace Research Institute).

Estados Unidos hoy se parece a un gran edificio con una fuga de gas. Los vecinos discuten, se insultan y se ven como enemigos. Y el administrador, en lugar de cerrar la llave, camina con una antorcha encendida asegurando que no pasa nada y que, si pasa, no será su responsabilidad. La violencia ya no es una hipótesis: está ocurriendo. La pregunta real es si las instituciones que aún se mantienen en pie serán capaces de contener el incendio antes de que el colapso interno sea irreversible.

Porque cuando una potencia mundial empieza a romperse por dentro, el problema deja de ser solo suyo. Nos afecta a todos.

*José Félix Abad es un reconocido reportero de guerra español, con amplia trayectoria en el periodismo especializado en internacionales. En la actualidad difunde sus ideas por las redes. El presente artículo fue tomado de su página de facebook.

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.