En una semana en que ha vuelto a tener relevancia pública la vulnerabilidad de las infancias y adolescencias. Hay 1460 denuncias por año de niños perdidos y en el momento se mantienen más de cien búsquedas. LCV dialogó con María Elena Naddeo, profesora de historia, con postgrado Interdisciplinario de Estudios de Género en la la facultad de Psicología, ex legisladora porteña, desde cuya banca impulsó el Parlamento de mujeres y peleó por el cumplimiento de la ley de Salud Mental. También fue creadora y primera Presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de de Buenos Aires, y directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente es vicepresidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos e integra la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de Buenos Airees y la Red Feminista Latinoamericana.
LCV: A partir de tu vínculo con la docencia comenzaste a luchar por los derechos de los niños y adolescentes ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste y los principales logros de los últimos años?
— Cuando fui elegida concejala en la Ciudad de Buenos Aires integré la Comisión de Minoridad y encontré que había una lucha feroz contra la ley de Patronato de Menores, donde a los chicos chiquitos y hasta los 21 años en esa época, se los encerraba en los viejos institutos de menores. Fue impresionante esa lucha. Recién se había puesto en marcha la Convención de los Derechos del Niño. Así que sí, me involucré a través de la educación y porque realmente se había puesto en marcha la convención y había que aplicarla en nuestro país. Por eso redactamos la ley 114 en la primera legislatura porteña, y después luchamos para derogar el patronato, que recién se pudo derogar en el 2005. O sea, recién se pudo derogar la ley de Patronato en el año 2005.
Logramos que se considerara la ‘trata de personas’ como delito federal para evitar la connivencia entre los jueces y la policía que ignoraban las denuncias de explotación sexual, rapto, o reducción a servidumbre
LCV: Es muy impresionante que se haya atravesado tantos años de democracia con una ley que era carcelaria para los niños, niñas y adolescentes.
—Después con el tema de trata, nosotras fuimos parte de todo el movimiento de lucha para que el delito de trata se convirtiera en un delito federal. Porque hasta el 2008, y justamente estoy hablando de la década ganada, hasta ese momento la trata se abordaba desde las justicias provinciales. Entonces la connivencia que había entre los jueces y la policía hacía que todas las denuncias de explotación sexual, de rapto, de reducción a servidumbre, de secuestro, etc. cayeran en el olvido. Por eso fue importante en aquella época la denuncia de Susana Trimarco, la desaparición de Marita Verón, que ella recorrió el país e hizo que se modifique y logramos la ley contra la trata en el 2008, convirtiendo a la trata en un delito federal. Después en el 2012 se perfeccionó esa ley y tenemos una legislación muy importante que fue muy valorada, y que es muy valorada, en América Latina. Teníamos una oficina, porque ahora estamos en un retroceso total, ¿no? Pero realmente hasta el año pasado teníamos una oficina de rescate y una línea 145, que recepcionaba y recepciona todavía, aunque con mucho menos personal, las denuncias contra la trata en sus distintas formas. Es más corriente la trata de mujeres, la trata de trabajadores de familias informales, la trata de niños chiquitos es menos corriente, pero ocurre y es gravísima.
Hasta el año pasado teníamos una oficina de rescate y una línea de teléfono, la 145, ahora estamos en un retroceso total
LCV: ¿En qué medida los despidos que se llevaron a cabo en el Estado nacional agravaron la cosa?
— Todo el sistema de redes contra la trata, que es muy complejo porque es un negocio enorme – está entre los tres primeros negocios del mundo, con armas, drogas y trata de personas- es difícil de abordar y para combatirlo implica tener una fuerte voluntad política del Estado. La verdad que se había logrado una legislación muy completa, muy detallada, y además políticas públicas para darle a las víctimas, por ejemplo, de explotación laboral o de explotación sexual, la posibilidad de reinsertarse, de darles viviendas. Se empezaron a adjudicar viviendas en varias provincias argentinas a partir del trabajo que se hizo en los últimos, yo diría, 10 años, pero particularmente en el último período, en los últimos cuatro años, se fue acelerando esto, porque se creó un fideicomiso importante en todos los secuestros, por ejemplo, efectuados por el poder judicial, en depósitos de droga o en depósitos de armas, se crea un fideicomiso con esos recursos económicos que fueron destinados a las víctimas. Entonces ya había un recurso económico para poder otorgarle a las víctimas. Bueno, esto que venía creciendo, que venía fortaleciéndose, a partir del gobierno de Milei, a partir del despido de cientos de trabajadores y trabajadoras del ministerio de justicia, de la jefatura de gabinete, se empieza a desarticular.
Milei aniquiló las delegaciones contra la trata de persona que se abrieron en 24 provincias
LCV- Podemos notar este retroceso en el caso de Loan en Entre Ríos?
Tenemos que ver el trabajo que se venía haciendo en las provincias. Gustavo Vera, como Coordinador de Jefatura de Gabinete en el tema de la lucha contra la trata de personas, en estos últimos cuatro años había designado referentes provinciales en las 24 provincias para constituir una red antitrata con los gobiernos locales y con algunas organizaciones de la sociedad civil. Era una manera de controlar, justamente, que cuando había una denuncia sobre personas perdidas, mujeres perdidas o desaparecidas, o niños perdidos o extraviados, se aplicara el protocolo contra la trata. Esas delegaciones Milei las aniquiló. Además Corrientes, esto yo lo escuchaba en estos días también, Corrientes es una de las provincias que resistió más, tiene una impronta conservadora, resistió más la aplicación de estas leyes y de estos protocolos. En el caso de Loan se tergiversó todo. En general las fiscalías lo que hacen es aplicar el mayor riesgo, el protocolo de mayor riesgo y van en descenso. Cuando descartan un homicidio, descartan un secuestro, pasan a otro grado. Acá empezaron al revés, lo dieron por un niño perdido, y en realidad lo que ahora vemos es que si el comisario que lo dio como un caso de niño perdido, el primer fiscal, están presos, entonces hubo un encubrimiento.
Quienes quieran realizar una denuncia o buscar orientación frente a un caso de secuestro o trata puede escribir a apdh@apdh.org.ar .
LCV: El comisario además, no sé si estas esterada, tiene una condena en suspenso por abuso sexual con penetración carnal y además por maltratos a sus compañeros, a sus subordinados en la comisaría.
—Hay que seguir profundizando, pidiendo espacios de monitoreo.
LCV: ¿Qué pensas de que parece que la carátula que le van a poner al caso es “desaparición forzosa”?
—Me parece que el cambio de carátula es importantísimo, que debería ser secuestro además, porque se pueden acumular los tipos penales, y realmente la connivencia, la complicidad, es casi de manual. Es lo qué pasó con Marita Verón, en el año 2002, veinte años atrás. Es lo que pasaba el siglo pasado además. Es decir, la connivencia de la policía con jueces o fiscales corruptos que miran para otro lado y las familias poderosas. Las pequeñas oligarquías locales.
LCV: ¿Qué se le puede aconsejar a las familias que se encuentran en una situación tan angustiante como el secuestro de uno de sus hijos?
Quería decirle a las madres o a los familiares que tienen personas que están desaparecidas, o que han sido apropiadas por otras personas y que la justicia no reacciona, cosa eue es muy común, además de ser muy lenta la justicia, aunque hay excepciones, por supuesto, que los organismos de Derechos Humanos y de los movimientos de mujeres y las infancias son lugares para denunciar. Tenemos la Defensoría Nacional de Niños y Adolescentes a cargo de Marisa Graham por ejemplo, que ese es un buen lugar para denunciar por mail, y en la APDH yo sigo estando en la comisión directiva, soy secretaria general, tenemos también un espacio para recibir denuncias.
Tablero gremial frente a la reforma laboral: nace el FreSu
Desde un principio estuvo clara la postura de la CTA: rechazo total a la reforma laboral con plan de lucha, paro y movilización. Dentro de la CGT las diferencias entre distintos gremios tienen matices que no llegan a ser antagónicos, más bien complementarios. La cúpula cegetista apuesta al diálogo con los distintos bloques que lograr su voto en contra. Tanto Jorge Sola como Cristian Jerónimo, han declarado su oposición total a la reforma que pretende poner en un supuesto pie de igualdad en las negociaciones a los trabajadores de manera individual y a las empresas, dejando de lado el diálogo con los sindicatos. La soledad de un empleado solo aumenta su debilidad a la hora de llegar a un acuerdo. Al igual que el supuesto ‘banco de horas extras’ que no sería acordado de manera bilateral sino impuesto por el empleador. Sin embargo, aún no han definido un plan de lucha. Fieles a su estilo, piden prudencia y una respuesta orgánica en unidad. Causó bastante disgusto entre los dirigentes de la Central Obrera el anuncio unilateral del Secretario General de la UOM de una convocatoria a paro general y movilización sin consulta previa al Consejo Directivo.
De los gremios fuertes dentro de la CGT, se diferenció por su combatividad el sindicato de aceiteros, liderado por Daniel Yofra para quien no basta con parar sólo un día, habría que ir a un paro por tiempo indefinido: “Un día de paro no sirve para nada”. En los últimos tiempos, Yofra, quien tenía una política muy combativa dentro de su propio sindicato pero un bajo perfil en lo que se refiriera a cuestiones internas de la CGT, ha levantado la cabeza y se está transformando en en dirigente a nivel nacional que es escuchado y respetado por su coherencia.
Así las cosas, el miércoles 28 de enero hubo una reunión en la sede de la UOM en la que se reunieron 86 sindicatos pertenecientes a la CGT y las dos CTA que lanzaron el Frente por la Unidad Sindical (FreSu), forman parte del nuevo espacio la Federación de Aceiteros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), El Sindicato Gráfico y La Fraternidad, entre otros.
En el encuentro acordaron un plan de lucha que prevé movilizaciones regionales el 5 de febrero en Córdoba y el 10 del mismo mes en Rosario, rumbo a una movilización para el 11 de febrero frente al Congreso, cuando se debata la polémica Ley. Aceiteros y las CTAs ya convocaron para ese día a un paro general. Abel Furlán, luego del traspié sufrido por un anuncio prematuro, espera que la CGT sea también parte de la medida para hacer su convocatoria.
Héctor Amichetti, representate de la Federación Gráfica Bonaerense, no anduvo con medias tintas y haciendo referencia a la actuación de la CGT en busca de apoyo legislativo sostuvo que “la reforma laboral no se discute con los gobernadores sino con los trabajadores“. En el mismo sentido, Yofra advirtió: “Tenemos que hacerle pagar el costo a aquellos gobernadores que acepten esta ley así tal cual está”
Comunicado de prensa
Miercoles 28 de enero de 2026, Buenos Aires
NO AL PACTO CONTRA LAS Y LOS TRABAJADORES
Las organizaciones sindicales firmantes expresamos nuestro enérgico rechazo al proyecto regresivo de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976.
Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, pretende ser el resultado de negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores y senadoras por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales.
Se trata de una maniobra política que entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina. Entre los aspectos más graves del proyecto se destacan la ruptura del sistema de negociación colectiva, la restricción del derecho de huelga, el financiamiento de los despidos con recursos del sistema de seguridad social, el ataque directo a los sindicatos y a la acción colectiva, la institucionalización del techo salarial, la legalización de la precarización laboral y la pérdida de la soberanía sobre el tiempo de trabajo, entre otros.
No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo. Por el contrario, responde a un modelo económico que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país.
Esta es la reforma laboral que necesita el modelo de Milei. Para desmantelar el tejido industrial como lo están haciendo, necesitan facilitar los despidos. Para seguir usando a los salarios como ancla contra la inflación, necesitan legalizar lo que hoy ya hacen de hecho, que es la posibilidad de que el Estado le ponga un techo a las paritarias. Para seguir construyendo una economía en base a salarios bajos y trabajo precario necesitan atomizar la negociación colectiva, eliminar derechos laborales, restringir el derecho de huelga y legalizar el fraude laboral.
Estas discusiones tienen que tener a las y los trabajadores en el centro y, a contramano de este proyecto, deberían apuntar al fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral para la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina. Por todo ello, rechazamos íntegramente el proyecto de “Ley de reforma y modernización del derecho del trabajo” que impulsa el Gobierno Nacional, y convocamos:
A dar inicio al Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva impulsando acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, definiendo las siguientes medidas iniciales: ● 5/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ● 10/2 – MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
Convocamos a todas las organizaciones sindicales, trabajadores y trabajadoras, ocupados y desocupados, formales, informales, cuentapropistas, jubiladas y jubilados a ser protagonistas de la defensa de sus derechos participando activamente del Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva.
El FUTURO DEL TRABAJO SE DECIDE CON NOSOTROS NADA DE LOS TRABAJADORES SIN LOS TRABAJADORES AOMA – Federación Gráfica Bonaerense – APA – FOCRA – Federación de Trabajadores Aceiteros – CTA Autónoma – CTA de los Trabajadores – UOM – ATE – APLA – ASIJEMIN – AAPM – FESPROSA – SADEM – APJ Gas – Molineros – Luz y Fuerza Mar del Plata – FOEIPCYQ – FETIA – UPSA – ATEPSA – SOMU – Centro de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante – FEDUN – Jerárquicos Banco Nación – FEPEVINA – AMM – CEPETEL – AMAP – CEA – AJTPSIP – CICOP – SOEPU – UTICRA – CEP – APJTV – APSAE – ASURA – APOPS – Patrones de Cabotaje – Federación de Remiseros – Guincheros – Fotógrafos – FATERIH – La Fraternidad – APINTA – Fleteros – Trabajadores Viales – FATICA – APSEE – FATIQUIP – STIMPRA – Jerárquicos de la Marina Mercante – Electronicistas Navales – FETERA – FETRADE – Actores – CONADU Histórica – FAPREM – Federación Judicial Argentina – FAAPROME – CISPREN – SECEIC – SAMC – SUTAP – UCRA – SITRAIC – UETTEL – FeNaT – MAP – MTL – FETARA – ATRES – SUOR – SRUPP – SOEAIL – SOEA – STA – SOEASI – ABP – AECPRA – SITOSPLAD – SIUNFLETRA – UOTPGNC – OTECH – Luz y Fuerza – ATEM – SITAPOS – APCNEAN – SOESGYPE – UTRACOS – APJBO – SITEBA – SOMPRA – SATaDTyA – SATIVA – GOA – ATSNR – SUTRAS – SIVISA – SITRAVIP – SSCCAyP – OSTV – SiPeSeDo – SECFER – APECAF – AEDA – AATDa – SiTraMuS – SITMMA-CABA – SITMMA-Prov. Bs. As. – SUPCTRA – SOEALFFFM –UTPE – FAG – SUTAICCA – SITraLab – UNTRA – SURAR – UTI PAMI… siguen las firmas.
Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda. Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar. Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso? Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís? Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros? Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios? Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo? Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas? Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto? Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral. Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.
LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.” Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”
LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?” Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”
LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?” Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”
LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?” Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”
LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?” Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”
LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?” Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”
LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.” Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”
