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Eduardo Belliboni: “¿Quién defrauda a quién?”

El mismo día en que se conoció el procesamiento de más de una decena de dirigentes sociales, nos comunicamos con el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que deberá enfrentar a la justicia acusado de ‘defraudación al Estado’. “Este gobierno le robó a los jubilados, le sacó la comida a los comedores populares mientras votaba blanquear capitales a los narcos y nos dice a nosotros lavadores de dinero!”, comentó, francamente indignado.

A continuación la entrevista completa.

LCV: Hola, queríamos comunicarnos hoy, apenas nos enteramos de tu procesamiento. Nos parece preocupante esta judicialización de los movimientos sociales ¿Nos podés contar un poco cómo están las cosas?

—Hoy recibimos a la mañana muy temprano el procesamiento por parte de la justicia, del juez Casanelo. Se trata de la continuidad de un proceso de persecución política que ahora ya nos tiene como procesados a doce compañeros del Polo Obrero y otros dos compañeros de Barrios de Pie, pero que incluye 100 allanamientos en los últimos dos meses a comedores populares. Cien es el número. Una locura. Hay tres jueces federales que remiten a Comodoro Py, que están en Comodoro Py y que se dedican a allanar comedores populares. No a perseguir narcos, no a perseguir el delito de trata, que con el caso Loan parece que nos quedó un poquito claro que hay trata en este país. Están persiguiendo comedores populares con cosas absurdas, con planteos absurdos, como que nosotros defraudamos al Estado! Yo te puedo asegurar que cada persona que se mata laburando en un comedor popular, algunos con un plan social, otros sin un plan social, para sostener 45 mil comedores populares, son todos acreedores del Estado, no solo los del Polo, todos somos acreedores del Estado, que no aparece por ningún lado, excepto con un patrullero para ayudar con los narcos en los barrios. Eso es lo que ocurre realmente en este país. Mientras, miran para otro lado, con todo lo que ocurre en este país, con todos los delitos en serio que ocurren en este país y son gravísimos. Y mientras a los narcos se les permite avanzar en los barrios como se les permite, hoy salió un video de Patricia Bullrich diciendo que nosotros fuimos procesados por ‘lavado de dinero’. Ya es el colmo. Un video que lanzaron hoy, el mismo día en que me comunican el procesamiento,hace un ratito, mostrando mi cara, diciendo que yo ¡lavo dinero!. Yo vivo en el barrio Luz y Fuerza hace 50 años. A diferencia de los funcionarios de este gobierno que no saben cómo hacer para explicar sus fortunas, incluida Patricia Bullrich. Pero yo, que vivo en un mismo barrio hace 50 años, trabajé toda mi vida, tengo que estar dando explicaciones de algo que no hice, en el delito que no cometí, que es la defraudación al Estado ¿Defraudación al Estado? A mí me echaron del ferrocarril y no me pagaron indemnización en los ‘90, para empezar a decir quién defrauda quién. Y el ferrocarril era del Estado en ese momento, cuando me echaron a mí me echaron por luchar contra las privatizaciones, algo de lo que estoy orgulloso.

LCV: Da la impresión de que esta gente cayó de un repollo y los trata a ustedes como si ustedes tuviesen la obligación de paliar el hambre de la población y no el Estado; y no como si fuesen una organización política, que es lo que son. Está a la vista en todas las pancartas, en todas las banderas, en todos los discursos. Así que los acusan como que no han hecho bien su trabajo, que su trabajo es darle comer a los pobres. Yo lo entiendo de esa manera, ellos los están jugando como si fuesen Cáritas.

—Pero además hemos hecho cosas por lo que hemos tenido que vivir en los barrios, que es asistir a la gente. Nosotros no somos asistencialistas, pero tuvimos que asistir a emergencias muy graves en la Argentina que no podemos mirar por otro lado. Tenemos sensibilidad social, antes que nada. Por eso militamos, por eso construimos una organización política, sino dedicate a otra cosa. Entonces nosotros somos los defraudadores del Estado. Pero resulta que el Polo Obrero construyó 44 sedes en todo el país, cuando las tenía que haber construido el Estado. No sedes nuestras, sino comedores, salones de usos múltiples que usa la comunidad de ese lugar, porque no hay ninguna otra cosa, y así festejan el cumpleaños de 15 de la hija, y entonces lo usan como socialmente debería estar el Estado cubriendo esa necesidad ante la falta de recursos que tiene muchísima gente en este país. Este gobierno que le ha robado la plata a los jubilados, que le sacó la comida a los comedores populares y que acaba de votar una ley que le permite blanquear capitales a los narcos, nos dice a nosotros lavadores de dinero. Lo dice Patricia Bullrich en un video que acaba de salir. La verdad es que no tienen vergüenza, porque acaban de votar una ley, con el apoyo de varios sectores, de blanqueo de capitales. ¿De qué se blanquean los capitales? ¿Dónde estaban? ¿De dónde viene esa plata? En un país donde avanza el narcotráfico, brutalmente, no solo en Rosario, en todo el país avanza, y esos capitales ahora van a ser blanqueados, van a ser premiados, como dice Milei. Son gente a la que hay que felicitar. Son héroes. Aquellos que evaden, los que roban en el narcotráfico, los que envenenan a nuestros jóvenes, esos son los héroes. Bueno, es el mundo al revés del que hablaba María Elena Walsh.

LCV: Cuando empezaron los movimientos sociales, allá por los ‘90, recuerdo haber charlado una vez con un referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús que decía: ‘nosotros no creemos en la representación, creemos que la gente tiene que luchar por lo que quiere. Nosotros luchamos por lo que necesitamos, salimos a la calle y luchamos. Por lo cual, el salir a la calle y luchar es una forma de compromiso que a vos te da también el hecho de que formás parte de esa organización, no es que estás luchando solo, que te estás yendo solo. Así que el hecho de que haya aportes de algunos compañeros o de todos los compañeros a una organización política, no me parece que sea un delito. No sé cómo funciona el Partido Obrero en ese sentido, pero conozco a muchos que aportan al instituto Patria, por ejemplo, y nadie piensa que Cristina le está robando la plata.

—Por eso. Mira, es muy sencillo, porque es como se organizaban los anarquistas y los socialistas de principios de siglo para organizar los sindicatos: con el aporte de los trabajadores conscientes que quieren aportar a la construcción de una causa. Si no es imposible, ¿con qué fondo lo vamos a hacer? Algunos me decían pero ustedes le pedían plata a la gente pobre. ¿Usted pone plata? Le dije al periodista, ¿Usted pone plata para un comedor popular? Lo pone la propia gente, porque el Estado no le da la olla, la cocina, el lugar donde hacerlo, la verdura que ponerle, le dan solamente un poco de comida seca. Y ahora ni siquiera eso bajo este gobierno, y por lo tanto tiene que hacer una comida de eso. Hay que inventar a veces las cosas, y eso es lo que hace la gente, y juntamos los fondos para eso. ¿Eso le parece un delito? ¿En serio? ¿Eso es un delito en la Argentina? Bueno, si eso es un delito, si luchar por sacar a la gente de la pobreza es un delito, yo me considero culpable.

LCV: Además porque esos planes se consiguieron con la gente en la calle y con muertos asesinados por el Estado. Así que que ahora les vengan a plantear qué es lo que tienen que hacer ustedes, de qué manera, cómo tienen que actuar, es como decís vos, es desvergonzado. Ahora, a mí me preocupa igual cuál va a ser la situación tuya, la situación de Pérsico, judicialmente, porque ellos por lo visto están haciendo una apuesta fuerte en la justicia.

—Sí, están haciendo una apuesta fuerte, pero les va a salir el tiro por la culata porque no tienen nada. Pueden apretar algunos jueces, comprar fiscales, lo de Patricia Bullrich es muy burdo, porque que salga hoy a difundir un video con mi cara diciendo que somos los gerentes de la pobreza y que lavamos dinero, ¿Lavamos dinero? ¿En serio? ¿Y votan una ley para blanquear los dineros del narco en el parlamento y la impulsó Milei para que precisamente sus amigos los narcos puedan blanquear y hacer negocios en la Argentina. No les va a salir bien. Eso ya ocurrió. Mirá, yo hablaba recién con un familiar mío que estaba preocupado por la situación. Le digo, mirá, es un clima de época. Quieren crear el clima de que todos vamos a ir en cana si protestamos. Hay dos compañeros que están presos desde el 12 de junio pasado, Daniela Calarco y el otro compañero, Roberto. Están detenidos en Ezeiza por haber salido a protestar. 47 días creo que llevan. Están detenidos en Ezeiza como delincuentes. Primero fueron acusados de sedición, es decir, intento de Golpe de Estado. Es tan absurdo que no se puede creer que acusen a dos personas de intento de Golpe de Estado. Los golpes los dieron en este país los tanques donde se subieron Milei y Villarruel. Es decir, te acusan de lo que han sido siempre ellos defensores, de los Golpes de Estado.

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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.

LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”

Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”

LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”

Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”

LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”

Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”

LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”

Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”

LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”

Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”

LCV: “Eso ya lo vivimos.”

Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”

LCV: “También preocupa el rol de los medios.”

Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”

LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”

Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”

LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”

Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”

Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”

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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.

LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”

Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”

LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”

Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”

Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”

LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”

Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”

LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”

Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”

LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”

Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”

LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”

Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”

LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”

Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”