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¿Caza de brujas contra los gremios? Charla-debate con el Dr. Gustavo Ciampa

El pasado 8 de noviembre, durante una conferencia de prensa de la que participaban el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el desregulador Federico Sturzenegger, se anunciaba el ‘fin de Intercargo’. Tal como lo reproduce la página oficial del gobierno, Adorni utilizó éstos términos para festejar la noticia: “es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”. La medida habilitaba a las Fuerzas de Seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general: “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”, aseguró el Vocero y agregó que “a este Gobierno no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes”.

La desmesura de los calificativos del gobierno no provocaron el estremecimiento social que hubiese sido de esperar. En cualquier democracia hubiera sido un escándalo que las acciones sindicales, amparadas por la Constitución Nacional, fueran definidas como actos terroristas, y sus dirigentes como delincuentes que secuestraban gente y tomaban rehenes. Nada de eso ocurrió.

No es la primera vez que existe una embestida legal, represiva y comunicacional contra los gremios. Durante el gobierno de Mauricio Macri no dudaron en intervenir sindicatos y considera como mafiosos a abogados y jueces laboralistas. En aquel entonces, Macri fue denunciado por varias organizaciones, entre ellas el CELS y la Corriente de Abogados y Abogadas laboralistas 7 de julio, por violación a los Derechos humanos. El propio presidente tuvo que ir a dar explicaciones en noviembre de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo.

Por esos días, nació la FAOS, Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal conformada por abogados laboralistas dispuesto a defender los derechos legales adquiridos por el movimiento obrero en un contexto de estigmatización de los dirigentes sindicales, represión de la protesta social, y medidas tendientes a obstaculizar la libertad gremial.

Preocupados por el surgimiento de una nueva caza de brujas, con acciones y lenguajes mucho más violentos que aquellos, reflexionamos junto al abogado laboralista, Gustavo Ciampa, uno de los fundadores de la FAOS, sobre los dichos del vocero presidencial y el propio presidente.

LCV: En estos días yo vengo preocupada por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como “terrorismo sindical”, “subversión”, etcétera. ¿Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, han analizado este tema? ¿Qué piensan?

—Es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, no es descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente la libertad de pasajeros, es muy grave. Hoy traía a colación cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl, que Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria y le decía: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”, imputando a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. Calificar de terrorista no es disputa política, imputar la comisión de delitos graves, como secuestro, no es disputa política. A esto quiero traer colación algo muy importante desde el punto de vista político, soy abogado, que son algunas cosas que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en nuestro país, obligatorio para todos los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales. Pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno, como para el poder judicial, como para el poder legislativo. Entonces, ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio?

Primero dijo: los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Es una obligación del Estado, el Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Además dijo: el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental el derecho de huelga y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? El derecho de huelga es una acción colectiva que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos.

LCV: Podríamos utilizar otra definición? como comunicadora te digo que decir “hay huelga para hacer daño” no es lo ideal para que la gente sea empática.

—No, por eso yo te puntualizaba esto. No es “hago huelga para hacer daño”, hago huelga para el logro de una reivindicación. Ahora, en eso hay un daño.

LCV: Bueno, está bien. Usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación.

—No me quedo con el daño, me quedo con la materialidad. Como en todos los conflictos, hay gente que se solidariza. Esto es como la protesta, si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos allá lejos, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos donde no se visibiliza, donde no moleste a nadie, bueno, eso no es la protesta. La protesta para ser tal tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo.

LCV: Visible y comprensible, para generar empatía.

—Para obtener el favor social. Ahora, ¿Qué es lo que además dice la Corte Interamericana? Esto es obligatorio para nuestro país: el Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. No se puede penalizar, dice la Corte Interamericana. El Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Más allá de que la Ley Bases, sancionada por este gobierno o sancionada durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido. Porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga en el conflicto puntual de la aeronavegación pero esto, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. No creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a tocar.

LCV: Esto es la preparación del oído de la gente de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra “terrorismo” asociada a huelga o asociada a sindicato.

—Tal cual. Estamos de acuerdo. Por eso me interesa reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna versión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la libertad o como secuestros. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los Estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida, incluidas las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, como delito. No se puede utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras para reprimirlo.

LCV: Para este gobierno romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder.

—Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Además, por ahora, la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional, y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vos me podes decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro, se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime; en vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser huelguistas, no puedan ser sancionados, los sanciona; busca crear y crea, como el Protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo esto es violatorio de la Constitución Nacional. Esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol, y esto yo sé que también es difícil. Como abogado digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir “bueno, el tratado tal dice tal, la Corte Interamericana dice tal”, pero es lo que tendría que hacer.

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España: Vox embarra la cancha en medio de la catástrofe, por Alvaro Hilario

Alvaro Hilario (Bilbao, País Vasco)

La noche del pasado 18 de enero, domingo, la colisión entre dos trenes de alta velocidad en Andalucía, sur de España, dejó el saldo de 45 personas fallecidas y cientos de heridos de los que dos decenas aún permanecen hospitalizados. A la par que se descartan hipótesis como el fallo humano o el sabotaje, dos comisiones, una de carácter técnico y otra judicial, trabajan para esclarecer las causas del suceso, tarea que necesitará de muchos meses. A pesar de ello, la extrema derecha, Vox, apoyándose en una campaña de bulos en redes sociales, responsabiliza al Gobierno y la “corrupción” de forma directa. Son la única formación política que no ha respetado el luto nacional de tres días.

En el mágico 1992, se inauguró la primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, bajomonopolio de la estatal RENFE, no siendo hasta el 14 de diciembre de 2020, siguiendo las directrices de la Unión Europea, cuando el sector, el mercado español, se abrió a operadores privados como Ouigo (francés) e Iryo (italiano), aunque los primeros servicios comerciales de estas nuevas empresas no comenzaron hasta mayo de 2021, compitiendo con el AVE de Renfe, marcando un cambio histórico en el sector ferroviario español de alta velocidad tras décadas de monopolio. 

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), desde la liberalización del sector ferroviario, el volumen de pasajeros de alta velocidad en España ha crecido exponencialmente, alcanzando casi 40 millones de viajeros en 2024, lo que supone un aumento del 77% respecto a 2019 (pre-liberalización), captando millones de usuarios del avión y la carretera gracias a la competencia y la bajada de precios. Los corredores con competencia, como Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla o Madrid-Alicante, han batido récords de viajeros, con incrementos notables en todas las rutas. El tren ha atraído 4.8 millones de viajeros que antes usaban avión o carretera. Los datos del corredor donde se dio el choque, Madrid-Sevilla/Málaga/Granada, es de 5 millones de pasajeros encada uno (+28%).

La fuerte subida se atribuye directamente a la liberalización, que ha fomentado la competencia entre operadores (Renfe, Ouigo, Iryo), resultando en precios más bajos y una oferta más amplia, captando una gran cuota modal frente a otros transportes. 

Sin embargo, la inversión en mantenimiento de la alta velocidad en España no se ha correspondido adecuadamente con el aumento de actividad tras la liberalización, existiendo un déficit histórico de inversión que genera preocupación por el deterioro de la red a pesar del tráfico récord. Las inversiones se han reducido en una década, resultando insuficientes para las necesidades de una red con más trenes y mayor uso. 

La evolución presupuestaria para el mantenimiento de la alta velocidad en España muestra un aumento significativo y récord en los últimos años, especialmente desde 2023, con cifras que superan los 900 millones de euros anuales en conservación, contrastando con años anteriores donde la inversión pudo ser menor o más centrada en construcción, destacando la tendencia actual de priorizar la conservación de la extensa red existente tras años de fuerte expansión, según datos de Adif.

Parece, sin embargo, que el esfuerzo de estos últimos años no llega para compensar el abandono de décadas anteriores, desde la crisis de 2008 y los gobiernos del conservador Partido Popular (PP), caracterizados por sus recortes en gasto público.

Miguel Montenegro, miembro del sindicato de ferroviarios de la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT) recuerda que desde su central “venimos desde muchos años advirtiendo de a dónde nos está llevando esta política de desmantelamiento del servicio público ferroviario en cuanto al mantenimiento” que, en su opinión, se traduce en el empleo por parte de las grandes constructoras ya citadas del empleo de contratas y subcontratas, de la precarización del empleo, para acometer todas las obras en las infraestructuras ferroviarias sin que el Estado fiscalice estas.

Que entre las hipótesis se plantee fallos en las soldaduras de los raíles, confirmaría los riesgos derivados de las subcontrataciones que el sindicalista Montenegro denuncia. Falta de profesionalidad y/o experiencia contrastada en tareas de exigencia máxima al estar relacionadas con infraestructuras y seguridad.

Solo un puñado de constructoras tienen capacidad de acometer la gran obra pública española y es por ello que se reparten toda adjudicación ministerial, realidad que favorece una corrupción perpetua cuyo último capítulo es el procesamiento de José Luis Ábalos, ex Ministro de Transportes y ex número tres del partido socialista, en la actualidad, en prisión, a espera de juicio.

Embarrando la cancha

Haciendo un alto en la bronca que envuelve la escena política desde que el socialista Pedro Sánchez fuese investido como presidente del Gobierno por el Parlamento español en noviembre de 2023, las diferentes instituciones públicas, aún gobernadas por partidos de diferente signo, unieron sus fuerzas en hacer frente a la catástrofe y sus dirigencias se abstuvieron de hacer declaraciones estridentes. La situación, las víctimas lo requerían.

Vox, la extrema derecha, fue la excepción. Con la población estremecida y sus referentes mostrando una tremenda cautela respecto a las causas de la tragedia, sin mencionar siquiera responsabilidades, el líder del partido, el ex militante del PP, Santiago Abascal ya lo tenía claro; en redes sociales, proclamó: “Como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”. Quince horas después, ufano, añadía: “Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto.”

Todas las formaciones políticas suspendieron de inmediato su agenda política, sus actos de campaña electoral en Aragón, con sus elecciones fijadas para el 8 de febrero, excepto Vox, que no iba a participar del silencio impuesto para ayudar al Gobierno a esconder sus responsabilidades e iba a continuar trabajando.

Al mismo tiempo, impulsaron, como es habitual, una campaña de desinformación y bulos en las redes sociales para instrumentalizar el desastre, como ya hicieran con la DANA de Valencia. El bulo principal fue marcado ante los medios por el portavoz del partido, José Antonio Fuster, quien sugirió que el accidente “coincide con la decisión del Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles a financiar redes ferroviarias en otros países”.

Ese mensaje ha sido amplificado en redes sociales por perfiles de la ultraderecha y por medios afines, que difunden la mentira de que, tras el descarrilamiento de los trenes en España, Pedro Sánchez “regaló” 247 millones de euros a Marruecos para mejorar su red ferroviaria.

Ocultan, sin embargo, que no es ni una inversión ni un regalo, sino créditos reembolsables concedidos tanto a Marruecos como a Uzbekistán. Estos préstamos deben devolverse, estando condicionados a que el dinero se gaste en la contratación de empresas españolas. Así, la compañía CAF anunció recientemente un importante contrato con Marruecos vinculado a este tipo de financiación.

A pesar de ello, el discurso de la ultraderecha insiste en vincular la tragedia con una supuesta falta de inversión en el sistema ferroviario español y con la idea de que viajar en tren en España ya no es seguro. Así, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, ha manifestado que los españoles tienen miedo de subirse a un tren.

La extrema derecha, vendiendo miedo.

Vox, hace pocos años una organización residual, consiguió la financiación de destacados miembros de la oligarquía española como David Álvarez Díez, propietario del Grupo Eulen, Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL)a través de la organización ultra-católica Hazte Oír y, hoy en día, maneja una intención de voto cercana al 20%, restando base electoral al PP.

Así, a cuatro días del accidente de Andalucía, el PP ya rompió su tregua política por boca de personajes de su ala más dura, como Cayetana Álvarez de Toledo o la gran amiga de Milei, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los hechos

Andalucía, municipalidad de Adamuz, a 66 kilómetros de Córdoba; 367 de Madrid. Eran las 19.40, noche cerrada, cuando los tres últimos vagones del tren de alta velocidad Iryo 6189 que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron e invadieron la vía contraria por la que, procedente de Madrid y con destino Huelva, circulaba el Alvia 2384. El violento choque provocó que parte de este cayera por una barranca de cuatro metros de profundidad. El impacto fue tal que los trenes, que circulaban a 200 kilómetros por hora, quedaron separados por una distancia de 800 metros.

El suceso arrojó el trágico balance de 45 personas fallecidas y 123 heridas, de las que 21 aún permanecen hospitalizadas. Las víctimas se encontraron tanto en el Alvia, operado por la compañía estatal RENFE, como en el de la italiana Iryo.

Dos comisiones, una de naturaleza técnica, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), formada por profesionales independientes de reconocida valía y adscrita al Ministerio de Transportes, y otra judicial, dirigida por la Guardia Civil (similar a la Gendarmería), trabajan desde el primer momento para conocer las causas que provocaron un accidente que expertos, profesionales del mundo ferroviario y la ingeniería e incluso el Ministro de Transportes, Oscar Puente, han calificado de “extraño”. Extraño porque es inusual que un descarrilamiento se produzca en una recta cuya infraestructura ferroviaria fue renovada en mayo de 2025, invirtiéndose 14,1 millones de euros, amén de 43,3 millones en las mismas labores tres años antes. Plata que fue a parar mediante adjudicación ministerial a las grandes constructoras privadas Ferrovial, OHL, FCC y Azvi.

 También sale de lo habitual que fuesen los vagones de cola los que descarrilasen.

Por otra parte, tanto el ETR 1000 de Iryo como elAlvia S-120 de Renfe, son modelos tecnológicamente avanzados, siendo de reciente fabricación. El Iryo, por ejemplo, entró en servicio en 2022, habiendo pasado su última inspección de seguridad solo tres días antes del accidente.

Aunque la CIAF tiene un plazo de doce meses para hacer públicas sus conclusiones, mucho antes, en dos o tres meses, difundirá un informe preliminar descartando hipótesis y eliminando así especulaciones sobre las razones de la catástrofe. De hecho, algunas, como el fallo humano, el sabotaje o el exceso de velocidad ya lo han sido.

Así las cosas, las investigaciones se dirigen al estado de la vía, de los railes y al tren que descarriló, al Iryo.

Liberalización de la Alta Velocidad en España

Una rotura de más de 30 centímetros del carril derecho de la vía por la que circulaba el tren siniestrado centra gran parte de la atención de los grupos que investigan la tragedia. Se desconoce si esta falla es causa o consecuencia del suceso. Las ruedas del Iryo, desde el primer al sexto coche (que descarriló) muestran unas muescas o mordidas, un poco más chicas que una moneda de peso, coincidentes con esa rotura de la vía, achacable a un fallo de soldadura en la misma. Estas marcas indicarían, en opinión de los técnicos, que el Iryo 6189 pasó sus ruedas sobre ese fallo de soldadura en la vía que se ensanchó a medida que pasaba cada rueda. Los sucesivos golpes de las llantas metálicas de un tren que mueve 500 toneladas a más de 200 kilómetros por hora provocaron la rotura del carril que, entienden, provocó la salida del coche sexto y que se desencadenara el accidente mortal.

Además, siguiendo la línea abierta por esta hipótesis, técnicos contratistas desplazados al lugar del descarrilamiento observaron “varias traviesas de hormigón (concreto) completamente destrozadas”, algo que solo puede haber sucedido por el impacto muy fuerte de un elemento contundente, como el desprendimiento del bogie (bogie es un conjunto mecánico articulado de pares de ruedas montado sobre un bastidor para adaptar la movilidad de los vagones a las vías).

La infraestructura, un fallo en los trenes, una combinación fatal de fallos en ambos elementos, las hipótesis que barajan los grupos de especialistas e investigación pudieran moverse en estos parámetros, siempre, claro está, con todas las cautelas debidas, excepto, como decíamos más arriba, para la extrema derecha, que siempre tiene claro quiénes son los culpables y cuáles las causas.

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Hugo Paredero: “El arte no necesita críticos: necesita gente que sienta”

En una charla exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Hugo Paredero recorre su vida atravesada por el arte, el periodismo, el teatro y la cultura. Con anécdotas entrañables, memoria afectiva y una mirada crítica sobre el presente, la entrevista se convierte en un testimonio sensible sobre la potencia del encuentro, la resistencia cultural y el valor del oficio.

LCV: A veces una se da los gustos en vida, ¿no? Hoy estoy particularmente contenta. Señoras y señores, con ustedes el periodista, escritor y humorista Hugo Paredero. ¿Cómo estás, Hugo?

Hugo Paredero: “Bien, muy contento de estar acá. De verdad. Estoy con buen ánimo, y eso que no siempre es fácil, pero hoy sí puedo decir que estoy bien. Me hicieron muy bien veinte días de vacaciones.”

LCV: ¿Dónde estuviste?

Hugo Paredero: “En América, el pueblo donde vive mi hermano. No es donde nací —yo nací en Carlos Tejedor—, pero es donde vivieron mis padres durante más de cuarenta años. Estuve en la casa familiar veinte días maravillosos: comer, caminar, cantar, compartir afectos. Eso te reordena el alma.”

LCV: Trabajamos muchos años juntos y hay una anécdota inolvidable: la malla de lana que te tejió tu mamá para ir al río. Contala, por favor.

Hugo Paredero: “Mi mamá era tejedora compulsiva. Un día vamos a Punta Lara y ella, convencida de que íbamos al mar, me teje una malla de lana con pecherita, roja, con un conejito azul. Yo tenía cinco años. Entro al agua y la lana empieza a pesar… me hundía. Mi papá me rescata. Para mí fue un héroe absoluto. Hoy cumpliría 103 años.”

LCV: ¿Cómo se hace humor y periodismo crítico en este contexto tan hostil?

Hugo Paredero: “Primero, teniendo una disposición vital: yo tiendo al vaso más de tres cuartos lleno. Me gusta la vida. Me enojo, claro, pero mi base es esa. Empecé en la revista Humor en el 79, ahí me autopercibí periodista. Nunca estudié periodismo formalmente, pero ese espacio me empujó a serlo.”

LCV: No hablás del arte desde la distancia, sino desde el amor por el oficio.

Hugo Paredero: “Claro. Yo estudié teatro, dramaturgia, actué. Dejé abogacía a los veinte porque mi vocación era el arte. Por eso no creo en el crítico como figura necesaria. El arte existe con el artista y con quien lo recibe. Cada espectador tiene una cita íntima con la obra.”

LCV: ¿Cómo te llevás con los nuevos géneros, el trap, el rap?

Hugo Paredero: “Cuando hay pensamiento, poesía, discurso, me interesa. Escuché a Willy Bronca y me gustó. No suena a arenga vacía, hay cansancio, hay verdad. Ese estilo nace del hartazgo social. Eso lo vuelve respetable.”

LCV: ¿Qué opinás de la política cultural del gobierno actual?

Hugo Paredero: “Es devastadora. Es un gobierno destructivo, profundamente inculto, que ostenta la violencia. El daño que genera en la vida cultural es enorme. Hay miles de actores y actrices sin trabajo. La única salida es juntarse, organizarse, crear en colectivo.”

LCV: Escuchamos recién a Mariquena Monti interpretando “La loba”. ¿Qué te genera?

Hugo Paredero: “Una emoción inmensa. La entrevisté varias veces, la vi en escena, la conocí personalmente. Tenía una mirada que te abrazaba. Cuando cantaba ‘La loba’, no interpretaba un poema: lo habitaba. Era ella. Ese es el arte verdadero.”

LCV: También conociste a figuras como Egle Martin.

Hugo Paredero: “Sí. Íbamos a su casa en Barracas, vermut con papas fritas, música, conversación. Tenía una energía arrolladora. Te convocaba a crear sin imponerte nada. Esa polenta hoy cuesta encontrarla, pero todavía existe en muchos actores y actrices.”

LCV: ¿Qué recomendás hoy para ver en teatro?

Hugo Paredero: “B Company, en el Nacional. Un espectáculo brillante, con talento argentino del más alto nivel. El teatro está lleno porque la gente necesita reír, emocionarse, encontrarse. Eso sigue vivo.”

LCV: Gracias, Hugo. Nos hacía falta jugar un rato con la palabra, con el arte, con la memoria.

Hugo Paredero: “Gracias a vos. Me encanta el programa, me encanta el título. Y me encanta este espacio.”

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Preocupación en el Hospital El Cruce: salarios bajos, financiamiento incierto y alerta ante posibles intentos de privatización

El Hospital Nacional El Cruce, ubicado en Florencio Varela, es una institución pública estratégica para la salud de miles de personas en el conurbano bonaerense y en todo el país. En diálogo con LCV, Diego Garrobo, trabajador administrativo con 16 años de trayectoria en el hospital, describe la situación actual: el esfuerzo cotidiano del personal para sostener la atención, los bajos salarios, el aumento de la demanda producto de la crisis social y la preocupación que generaron versiones periodísticas sobre una eventual privatización.


LCV: “Contanos un poco cuál es la situación actual del Hospital Nacional El Cruce y dónde queda, para la gente de todo el país.”

Diego Garrobo: “El Hospital El Cruce queda en Florencio Varela. Hoy está funcionando y atendiendo gracias al enorme esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, existe una preocupación real por los salarios bajos, los contratos que no se efectivizan y una situación que termina impactando tanto en la calidad del trabajo como en la atención a los pacientes.

La semana pasada circuló una versión en un diario de alcance nacional sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Esto generó una enorme preocupación en la comunidad hospitalaria y en los pacientes, porque no se trata de un hospital más: es un hospital público de alta complejidad, estratégico para la región y para el sistema de salud provincial y nacional. Garantiza atención integral y gratuita y resuelve casos muy complejos que otros hospitales no pueden abordar.”


LCV: “¿Qué tipo de población asiste al hospital? ¿Cuál es su nivel socioeconómico?”

Diego Garrobo: “Es un hospital público que atiende principalmente a población vulnerable, a personas que no tienen obra social. También atiende a pacientes que sí tienen cobertura, pero que requieren prestaciones que las clínicas privadas no pueden realizar, y en esos casos el hospital recupera costos a través del cobro a las obras sociales.

En Florencio Varela se vive una situación social muy difícil: cierran empresas, cierran comercios y muchas personas pierden su cobertura de salud. Eso hace que aumente la demanda en los hospitales públicos, incluido El Cruce.”


LCV: “¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador de la salud y de un médico en el hospital?”

Diego Garrobo: “Depende de la categoría, pero los profesionales rondan entre 800.000 y 1.300.000 pesos. Es un sueldo muy bajo, y eso es parte central de nuestro reclamo.”


LCV: “¿Cuál es tu rol dentro del hospital?”

Diego Garrobo: “Soy personal administrativo. Llevo 16 años trabajando en el hospital, desde sus inicios. Es un hospital que conozco profundamente: atiende pacientes sin distinción, tengan o no obra social. Es un hospital relativamente nuevo, inaugurado en 2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner, con tecnología de alta complejidad y diagnóstico de última generación.”


LCV: “Se habló de privatización. ¿De qué estamos hablando exactamente?”

Diego Garrobo: “El diario La Nación publicó una versión sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Eso generó muchísima preocupación porque este tipo de medidas suelen derivar en arancelamiento. Nosotros sostenemos que ni la salud ni la educación pueden regirse por una lógica de mercado ni por criterios de rentabilidad.

Tras el repudio rápido del sindicato y de distintos sectores, la dirección del hospital difundió un comunicado aclarando que no existe ningún proyecto de privatización ni de gerenciamiento privado. Eso es importante decirlo. Sin embargo, en ese mismo comunicado se reconoce que hay problemas de financiamiento que afectan la previsibilidad y el desarrollo del hospital.

Desde APEC, el sindicato que representa a los trabajadores, valoramos que se haya aclarado públicamente que no hay un proyecto de privatización, pero también decimos que la preocupación sigue siendo legítima. La historia de la salud pública muestra que muchas privatizaciones avanzan de manera gradual, bajo discursos de eficiencia o modernización. Por eso creemos que no alcanza con un comunicado: necesitamos garantías políticas claras y sostenidas.”


LCV: “¿Cuáles son las próximas medidas?”

Diego Garrobo: “La semana pasada, el jueves 15, realizamos una jornada de protesta de 24 horas con actividades a las 14, a las 18 y a las 24, para que todos los compañeros y compañeras pudieran participar. Hubo una gran convocatoria. Vamos a seguir con el plan de lucha hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.”


LCV: “¿La comunidad acompaña?”

Diego Garrobo: “Sí, la comunidad acompaña mucho. Agradecemos profundamente a la comunidad y a los medios que nos acompañan y defienden la salud pública y al Hospital El Cruce.”

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