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¿Caza de brujas contra los gremios? Charla-debate con el Dr. Gustavo Ciampa

El pasado 8 de noviembre, durante una conferencia de prensa de la que participaban el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el desregulador Federico Sturzenegger, se anunciaba el ‘fin de Intercargo’. Tal como lo reproduce la página oficial del gobierno, Adorni utilizó éstos términos para festejar la noticia: “es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”. La medida habilitaba a las Fuerzas de Seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general: “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”, aseguró el Vocero y agregó que “a este Gobierno no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes”.

La desmesura de los calificativos del gobierno no provocaron el estremecimiento social que hubiese sido de esperar. En cualquier democracia hubiera sido un escándalo que las acciones sindicales, amparadas por la Constitución Nacional, fueran definidas como actos terroristas, y sus dirigentes como delincuentes que secuestraban gente y tomaban rehenes. Nada de eso ocurrió.

No es la primera vez que existe una embestida legal, represiva y comunicacional contra los gremios. Durante el gobierno de Mauricio Macri no dudaron en intervenir sindicatos y considera como mafiosos a abogados y jueces laboralistas. En aquel entonces, Macri fue denunciado por varias organizaciones, entre ellas el CELS y la Corriente de Abogados y Abogadas laboralistas 7 de julio, por violación a los Derechos humanos. El propio presidente tuvo que ir a dar explicaciones en noviembre de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo.

Por esos días, nació la FAOS, Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal conformada por abogados laboralistas dispuesto a defender los derechos legales adquiridos por el movimiento obrero en un contexto de estigmatización de los dirigentes sindicales, represión de la protesta social, y medidas tendientes a obstaculizar la libertad gremial.

Preocupados por el surgimiento de una nueva caza de brujas, con acciones y lenguajes mucho más violentos que aquellos, reflexionamos junto al abogado laboralista, Gustavo Ciampa, uno de los fundadores de la FAOS, sobre los dichos del vocero presidencial y el propio presidente.

LCV: En estos días yo vengo preocupada por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como “terrorismo sindical”, “subversión”, etcétera. ¿Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, han analizado este tema? ¿Qué piensan?

—Es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, no es descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente la libertad de pasajeros, es muy grave. Hoy traía a colación cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl, que Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria y le decía: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”, imputando a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. Calificar de terrorista no es disputa política, imputar la comisión de delitos graves, como secuestro, no es disputa política. A esto quiero traer colación algo muy importante desde el punto de vista político, soy abogado, que son algunas cosas que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en nuestro país, obligatorio para todos los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales. Pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno, como para el poder judicial, como para el poder legislativo. Entonces, ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio?

Primero dijo: los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Es una obligación del Estado, el Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Además dijo: el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental el derecho de huelga y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? El derecho de huelga es una acción colectiva que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos.

LCV: Podríamos utilizar otra definición? como comunicadora te digo que decir “hay huelga para hacer daño” no es lo ideal para que la gente sea empática.

—No, por eso yo te puntualizaba esto. No es “hago huelga para hacer daño”, hago huelga para el logro de una reivindicación. Ahora, en eso hay un daño.

LCV: Bueno, está bien. Usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación.

—No me quedo con el daño, me quedo con la materialidad. Como en todos los conflictos, hay gente que se solidariza. Esto es como la protesta, si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos allá lejos, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos donde no se visibiliza, donde no moleste a nadie, bueno, eso no es la protesta. La protesta para ser tal tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo.

LCV: Visible y comprensible, para generar empatía.

—Para obtener el favor social. Ahora, ¿Qué es lo que además dice la Corte Interamericana? Esto es obligatorio para nuestro país: el Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. No se puede penalizar, dice la Corte Interamericana. El Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Más allá de que la Ley Bases, sancionada por este gobierno o sancionada durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido. Porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga en el conflicto puntual de la aeronavegación pero esto, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. No creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a tocar.

LCV: Esto es la preparación del oído de la gente de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra “terrorismo” asociada a huelga o asociada a sindicato.

—Tal cual. Estamos de acuerdo. Por eso me interesa reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna versión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la libertad o como secuestros. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los Estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida, incluidas las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, como delito. No se puede utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras para reprimirlo.

LCV: Para este gobierno romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder.

—Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Además, por ahora, la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional, y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vos me podes decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro, se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime; en vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser huelguistas, no puedan ser sancionados, los sanciona; busca crear y crea, como el Protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo esto es violatorio de la Constitución Nacional. Esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol, y esto yo sé que también es difícil. Como abogado digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir “bueno, el tratado tal dice tal, la Corte Interamericana dice tal”, pero es lo que tendría que hacer.

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“Sin archivos no hay derechos”: la advertencia de Andrés Pak Linares ante el vaciamiento de la memoria estatal

El archivista y presidente de AFPA (Archivistas de la Función Pública Argentina) Andrés Pak Linares, advierte sobre los riesgos que corren los archivos públicos en un contexto de desfinanciamiento, desmantelamiento institucional y políticas que apelan a la desmemoria. Desde el Archivo General de la Nación hasta los organismos más pequeños del país, Pak Linares plantea que sin una política estatal sólida en materia archivística no solo se pierde historia: también se atenta contra la eficiencia del Estado y, sobre todo, contra el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En diálogo con LCV, insiste en la necesidad de una política de archivos que trascienda gobiernos y coyunturas ideológicas, tal como sucede en otros países de la región.

LCV: ¿Cuáles son los riesgos que corren los archivos? Sobre todo en este momento, con este tipo de gobierno que apela a la destrucción y la desmemoria.

Andrés Pak Linares: “Bueno, nosotros desde AFPA , advertimos en un comunicado en abril de 2023 que todo estaba en peligro. Tristemente se fue cumpliendo esta visión que nosotros teníamos. Y lo vemos —para decirlo de una forma que se entienda, digamos— detrás de cada institución que se cierra o detrás de cada programa que se descontinúa, hay un archivo. Hay un archivo que recoge los documentos que dan cuenta de lo que hizo ese feminismo, de lo que hizo ese programa, ese funcionario”.

LCV: Ese funcionario también, por supuesto.

Andrés Pak Linares: “Claro, porque los archivos son los lugares donde se puso la documentación que refleja el accionar de las instituciones. Hay una trazabilidad de la historia que indica en qué gobiernos se cuidó más la memoria, en cuáles se cuidó más la cuestión archivística, se le dio visibilidad, se le dio formación a la gente.”

LCV: Recuerdo, desde que tengo uso de razón —y sobre todo desde que soy periodista— haber ingresado, y salvo los de la Biblioteca Mariano Moreno y algunos otros que son buenos en sí mismos, pero recuerdo el ingente trabajo de los archivistas para protegerlos del polvo, de los ácaros, de un montón de situaciones en donde uno dice: “Pará, eh, esto sin ir a otras cosas, como por ejemplo los fílmicos y los discos, que vos recordarás en la época del presidente Menem, por ejemplo, los archivos de Radio Nacional se tiraron todos a los containers de basura”.

Andrés Pak Linares: “No es fácil ponernos a hacer cuentas de lo que se ganó y lo que se perdió en los últimos años —a decir, no sé, 40 años—, hay muchos hitos, ¿no? Pero yo empezaría por acá: lo que nosotros planteamos desde AFPA es que lo que falta es una política estatal en materia de archivos. Política estatal, no gubernamental. Después podemos encontrar en los distintos gobiernos algunas acciones positivas, algunas negativas. Querríamos trascender eso a favor de la discusión por una política estatal, que es la responsabilidad estatal de la memoria. Y más que de la memoria, yo diría de archivos. Tenemos otra discusión. Las políticas de memoria útiles, buenas, que nosotros acompañamos y demás, tienen una correlación con las políticas de archivo. Si yo quiero una política de memoria eficiente, necesito una política de archivos eficiente. En ese sentido, y para nombrar hitos venturosos, entre el 2010 y el 2020 funcionó un programa de capacitación por el que pasaron más de 3000 agentes, más de 100 organismos públicos. Discontinuado. En los 90s, por ejemplo —para hablar de distintos gobiernos— durante el proceso de privatizaciones, y por el denodado esfuerzo de trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la Nación y de otros archivos, bueno, el Archivo General de la Nación duplicó su patrimonio. Rescatando fondos de organismos privatizados.

LCV: ¿Cuáles serían las deudas de la democracia con la política de archivos?

Andrés Pak Linares: Lo que no tenemos del 83 para acá —para hablar de las deudas- es una actualización normativa, un reconocimiento de la profesión. Reconocimiento que tiene que, además de ver sueldos, verse en estructuras, verse en funcionalidad de los archivos. Entonces, más allá de señalar si este gobierno hizo esto, este gobierno hizo lo otro… nosotros vemos que hay una línea, por así decir, que no termina de instalar una política sólida.

LCV: ¿Cómo ves la política actual en ese sentido?

Estamos viviendo un denodado ataque a toda la estatalidad o a todas las —digamos— funcionalidades estatales, ¿no? Y en ese sentido no hay mucho para destruir. Está todo en peligro. Hay un peligro total, en todos los estamentos.”

LCV: Hay mucho para hablar, te digo, hay mucho para hablar y muy poco tiempo, porque yo te voy a pedir que en un minuto me definas la importancia que tiene —en un país— para su crecimiento intelectual, histórico, político y social, el tener los archivos y poder acceder a ese pasado nuestro que yo entiendo siempre enseña. Bien, en un minuto nada más.

Andrés Pak Linares: “Perfecto. Lo que nosotros planteamos —y esto quizás lo explique bien— es que los archivos tienen una triple función social. Una, la de preservar documentos que puedan oficiar de fuentes para el conocimiento del pasado. Otra, para la eficiencia administrativa. Y acá ya empezamos a abrir el juego: si yo quiero un Estado eficiente, más allá de la ideología o más allá de la dirección política que le dé, necesito archivos adecuados. Y una tercera, que dejo para el final y no es la menos importante: los archivos son el soporte documental para el ejercicio de derechos individuales y colectivos”.

LCV: “Totalmente”.

Andrés Pak Linares: “Entonces, si yo no implemento una política de archivo o directamente ataco la funcionalidad o servicios de archivos, estoy atacando directa o indirectamente —pero más directa que indirectamente— la posibilidad del ejercicio de derechos individuales y colectivos. Para poner un ejemplo de países vecinos: Brasil, hasta hace poco, tenía una política estatal en materia de archivos. Cambiaban los gobiernos —se iba Collor de Mello, venía Lula—, el director del Archivo Nacional de Brasil era el mismo. La CONARC, el Consejo Nacional de Archivo, era el mismo, seguía funcionando. A eso llamamos política estatal.

LCV: “Exactamente”.

Andrés Pak Linares: “Que trascienda las coyunturas. Que trasciendan las coyunturas y las ideologías”.

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Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Zanon: “Nos están asfixiando”.

En un país donde las estadísticas borran a quienes resisten por fuera del mercado, el trabajador y dirigente ceramista, ex diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, levanta la voz desde el corazón de una experiencia que desafía las reglas del capitalismo hace casi 25 años. Zanon, la fábrica de cerámicos de Neuquén gestionada por sus trabajadores desde 2001, enfrenta hoy un escenario crítico: tarifas impagables, falta de crédito, desindustrialización y un Estado que nunca apostó por las gestiones obreras.

El viernes 13 de junio a las 17:30 hs en el Auditorio de ATE Nacional “Héctor Quagliaro”, ubicado en Moreno 2654, CABA, convocan a una reunión de solidaridad. En defensa de las gestiones obreras de Neuquén: Zanon, Ceramica Neuquen y Stefani de Cutral Co.
“El gobierno provincial con el uso de las fuerzas represivas: corto la luz y el gas a las cooperativas en plenos fríos. Paralizando asi toda la producción por lo tanto el sustento de cientos de familias. En la provincia de Vaca Muerta que provee energía a un tercio del país cortan los servicios a cooperativas de trabajo. Los trabajadores con un amplio apoyo de la comunidad vienen realizando manifestaciones en Neuquen, pero necesitan hacer visible esta situación a nivel nacional”, explicaron en un comunicado.

De paso por Buenos Aires para impulsar esa reunión de solidaridad y visibilización, Godoy analiza el presente de la cooperativa, recuerda el rol de los gobiernos que prometieron y no cumplieron, y apunta contra un modelo económico que prioriza a las multinacionales mientras deja caer a quienes producen sin patrón. “Lo que es verdaderamente utópico —advierte— es pensar que se puede sostener una cooperativa en medio de este capitalismo destructivo.”

LCV: ¿Dónde estás vos en este momento?

Raúl Godoy: Ahora, en estos momentos estoy en Buenos Aires. Estamos organizando una reunión para este viernes. Fue el pedido de los compañeros, se discutió en asamblea, para poder hacer visible nuestra lucha. Como bien decías al inicio, desde Neuquén siempre hay mucho silencio. Estamos en la Patagonia, lejos del centro político, por lo tanto, para hacer visible una lucha hay que venir hasta Buenos Aires. Entonces, bueno, acá preparando el terreno para poder hacer esta reunión de solidaridad y poder votar un plan de acción.

LCV: Contanos cuál es la situación que están viviendo en este momento en Neuquén.

Raúl Godoy: Claro. Las gestiones obreras, Zanon principalmente, pero después también Cerámica Neuquén, Stefani, y todos, somos parte de la lucha del 2001 en la Argentina, de ese momento donde surgieron y se multiplicaron las asambleas barriales, las ocupaciones de fábricas, gestiones obreras, cooperativas, etc. La gente se recordará lugares emblemáticos como el Bahuen, como Brukman. Fueron más de 250 fábricas y empresas que fueron ocupadas y puestas a producir frente al abandono de la patronal. Frente al cierre masivo de lugares de trabajo, mucha gente ocupó esos lugares y los puso a funcionar. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Zanon, que venimos hace muchos años, ¿no? Ya el año que viene cumplimos 25 años, desde que se ocupó la fábrica y se puso a producir.

Bueno, estos años han sido de resistencia, de mucho trabajo. Al inicio, cuando empezó nuestro trabajo, tuvimos un momento donde las maquinarias estaban en buenas condiciones, veníamos con un cierto empuje, y logramos que las fábricas funcionaran, que ingresaran más compañeros y compañeras desocupadas a trabajar. Construimos una escuela, construimos un centro de salud, trabajamos muchísimo con la comunidad. Ahora, con el pasar de los años, los ajustes, una política peor que la otra, nos fueron asfixiando. No nos dieron jamás un acceso a crédito para renovar maquinaria. Entonces es como tener un taxi con un Ford Line, con un Torino, digamos. Es muy difícil seguir manteniendo una producción con fábricas que tienen más de 30 años de antigüedad. Han pasado los gobiernos, nunca accedimos, y ahora nos están apretando con los cuadros tarifarios. Con la política de Milei, de darle prioridad a las empresas multinacionales, nos vinieron a apretar. Y bueno, la parte más delgada de una economía son las cooperativas. No tienen espalda.

LCV: Respecto de la energía, escuchaba algo que tenía que ver con que si en la zona fría, que son ustedes, claro, tienen más de un medidor, significa que un medidor lo están usando de lujo. ¿No es posible que una cooperativa tenga dos medidores?

Raúl Godoy: Mirá, es incluso más complejo. Con las privatizaciones de los 90, que hizo el gobierno de Menem, quedó un desastre. Tenés una empresa que es la transportadora de gas, que es Camuzzi, una multinacional francesa que tiene el monopolio del transporte de gas. Pero además, tenés que contratar otra empresa que sea la proveedora. Ahí tenés una multitud de empresas, una peor que la otra, que especulan, la mayoría son multinacionales. En un momento tenía YPF la concesión, nos daba el gas, pero se retiró por zonas. Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, la boleta de gas es de 30 millones de pesos por mes.

LCV: ¿Y lo que gastás en sueldos para una cooperativa?

Raúl Godoy: Tenemos un sueldo básico, porque depende de la venta. En realidad, todos los primeros años de Zanon, los primeros 15 años, te diría, estábamos por encima, lejos, de lo que es el convenio ceramista en general. Siempre pudimos acceder, mientras la cooperativa funcionaba bien, a buenos sueldos. Cuando se empezó a deteriorar la economía, los sueldos los votamos en asamblea.

LCV: Entiendo. Pero lo que quería era que mi oyente entienda: 30 millones en gasto de gas y sueldos de cuánto.

Raúl Godoy: Estamos entre 300 y 400 mil pesos.

LCV: Me lo contabas de tal manera que pensé que me ibas a decir dos millones y medio. 400 mil pesos es una jubilación mínima.

Raúl Godoy: Exactamente. Por ahí si tenés una venta mayor se mejora y si no, no. No es estable. Al haberse caído tanto la producción y la economía en la cooperativa, se cobra lo que se puede. No todos los meses es igual.

LCV: En algún momento, ¿Zanon exportó?

Raúl Godoy: Sí, Zanón llegó a exportar, pero con mucho obstáculo. Hay mucha competencia. Había otras empresas que importaban directamente cerámicos más baratos, de menor calidad, y teníamos que competir. Las cooperativas, para nosotros, en última instancia, son lugares de resistencia. Mantenemos las fábricas abiertas. Pero debería ser un lugar de crecimiento, no de resistencia. Pero en un mercado capitalista absolutamente destructivo, no te dejan jamás.

De hecho, ningún gobierno nos permitió tener acceso a crédito para renovar maquinaria. Desde 2001 para acá, ninguno. Este gobierno menos. Este viene a liquidarte. Los anteriores te ponían un respirador. Este te lo quita y dice: “Si soportás, bien”.

Mirá, siempre cuento la anécdota: muchos estudiantes iban a Zanón a solidarizarse, estudiantes de economía, ingenieros. Uno de ellos era Axel Kicillof. Después llegó a ser ministro de Economía. Nunca pudimos acceder a un crédito, ni siquiera con él. Le vimos las caras a todos. Soluciones, a ninguno.

LCV: Le estoy preguntando esto a toda persona que fabrica algo. Con las importaciones abiertas, sin control, también se han abierto los controles de calidad y salubridad. ¿La cerámica tiene ese problema?

Raúl Godoy: Totalmente. Por ejemplo, Zanón fue la primera fábrica en Latinoamérica en fabricar porcelanato pulido. Con las importaciones empezaron a traer porcelanato chino, malísimo.

LCV: ¡Es el que se quiebra!

Raúl Godoy: Exactamente. Me alegra que lo digas vos, porque si lo digo yo parece parte interesada. Pero es verdad. Traían cerámicos malos, más baratos. La gente, con necesidad, compraba cualquier cosa. Imaginate planes de vivienda o empresas que hacen edificios: ponían lo más barato.

LCV: En los planes de vivienda del peronismo, las casas de obreros eran de materiales de calidad. Hoy el Estado te pone material barato. También hay una mirada política en eso.

Raúl Godoy: Sí, hay una decadencia generalizada. En Neuquén, que tiene mucha renta petrolera, ya no hay planes de vivienda. O están terciarizados. Nosotros planteamos que se estatizara la fábrica y, con control estatal, dedicar nuestra producción a viviendas. El gobierno proveía materia prima, maquinaria. Nosotros laburábamos. Gestión obrera. Ese fue el proyecto. No llegamos. Nadie quiso.

LCV: Nadie. Ni los más peronistas, ni los más socialistas.

Raúl Godoy: Logramos la cooperativa, sostuvimos el equipo, la fábrica abierta, trabajamos con la comunidad. Pero ese proyecto más amplio no se concretó.

LCV: Del 2001 al 2005 hubo una especie de “moda Zanon”. ¿Qué opinás de esos enamoramientos fugaces de la cultura “woke” que luego los abandonan?

Raúl Godoy: Yo creo que el título sería: No me arrepiento de este amor. Lo que hicimos en Zanon fue impresionante. Hasta 2009, cuando llegó la crisis de Lehman Brothers, tuvimos un golpe fuerte. Se encareció la energía, tuvimos que apagar un horno.

LCV: ¿Quién era el ministro de Economía?

Raúl Godoy: No me acuerdo. Pero fue un golpe. Afectó a toda la economía. Pero lo importante es que Zanon fue una gran prueba de cómo los trabajadores podemos gestionar. Se creó una escuela, se trabajó con pueblos originarios. Acá, siempre que hay crisis, los patrones dicen “cierro”. Pero ahora saben que los trabajadores pueden ocupar la fábrica. Eso quedó. Eso está en la conciencia de miles. Y también en la de los patrones.

Hay una empresa, Madigraf, que era de un fondo buitre. Amenazaban con cerrar. Los compañeros grabaron un video con un fantasma que decía “Zanon” en el pecho. Terminó siendo cierto. Ocupada y puesta a producir. Hoy es cooperativa. Produce en el parque industrial de Pilar. Frente a Ford, con 5.000 obreros.

LCV: El tiempo está a favor de los pequeños.

Raúl Godoy: Esperemos. Ninguna lucha fue en vano. Lo que sí es utópico es tener una cooperativa y pensar que, en este capitalismo destructivo, vamos a prosperar. Eso sí es utópico. Pero pensar en un país cooperativo, más grande, es lo único que nos puede salvar de esta barbarie.

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“El peor momento del periodismo argentino en democracia”: Inés Hayes denuncia persecución, censura y violencia estatal

En el marco del Día del Periodista, Inés Hayes —periodista, escritora y editora de La Columna Vertebral— conversó con LCV sobre el informe que elaboraron para visibilizar la grave situación que atraviesa el periodismo en Argentina. En una entrevista cruda y comprometida, Hayes advierte que “en 40 años de democracia, nunca hubo un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”. Denuncias de represión, estigmatización, uso de trolls oficiales, precarización laboral y una creciente violencia contra la prensa atraviesan su análisis. La entrevista también subraya la necesidad de sindicalización, unidad gremial y solidaridad para enfrentar un contexto que pone en riesgo no solo a los y las periodistas, sino a la democracia misma.

LCV: “¿Qué es lo que han presentado para este Día del Periodista?”

Inés Hayes: “Bueno, hicimos un informe sobre la situación actual del periodismo, eh, y decíamos que en 40 años de democracia nunca había habido un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”.

LCV: “En ese sentido, ¿podemos ser más concretas? ¿Cuáles son todas las excepcionalidades que hacen que este sea el peor momento de la historia del periodismo argentino?”

Inés Hayes: “Sí. Mirá, por un lado, nunca se ha reprimido tanto y tan directamente a la prensa. Bueno, sabemos que Pablo Grillo estuvo en riesgo su vida, el fotoperiodista que estaba en el Congreso, como bueno, como van todos los fotorreporteros y los periodistas los miércoles a cubrir las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, que lo único que hacen es exigir salarios que les permitan vivir después de haber trabajado toda la vida. Esa es una de las excepcionalidades: la represión tan directa. Y después, la estigmatización a periodistas de todos los arcos ideológicos, desde Ari de El Destape, hasta Alconadamón, hasta Pani. Eso es una excepcionalidad. O sea, yo eso sí lo veo como una excepcionalidad: el tema de tomarse la molestia —que a veces se judicializa y otras simplemente se tira en las redes para la cancelación y el escarnio— el nombre de un periodista, y le dicen a él… bueno, digo, lo de Grillo es una tremenda desgracia que creíamos erradicada en el tiempo. Pero yo no puedo dejar de olvidarme en el Día del Periodista, eh, digo, de José Luis Cabezas, quien no la pudo contar y que también fue víctima de una agresión desde el costado político de nuestro país, digamos, con matices impresionantes y encima con su gente en libertad. Digo, los periodistas argentinos tenemos una larga matriz, una larga historia, quizás desde Moreno que lo tiraron al agua en adelante, de intentos de hacernos callar o de hacernos morigerar lo que pensamos. Últimamente, el insulto, “ensobrados” o “mandriles”, o no sé, todo ese tipo de cosas… y la utilización de las redes creo que es lo que potencia en modo exponencial esta situación. Porque cualquier anónimo hijo de vecino, que está en su casa sin tener nada que hacer, mañana decide que vos o yo somos sujetos de odio para ser.

LCV: “¿Qué rol le das a las redes, al anonimato de las redes, a la ejecución de esta persecución de odio?”

Inés Hayes: “Sí. Eh… creo que otra excepcionalidad es esa, ¿no? Es cómo el gobierno usa las redes. El periodista mismo ataca desde X como si fuera un ciudadano común y no el presidente, que llama a odiarnos, como vos decías. Y tiene todo un ejército de trolls manejando las redes también, eh, no haciendo periodismo, sino propaganda”.

LCV: “Que me parece que también está bueno diferenciar el periodismo de la propaganda”.

Inés Hayes: “Absolutamente. Y no tienen supuestamente presupuesto para aumentar las jubilaciones mínimas, pero sí tienen presupuesto para tener un ejército de trolls odiadores de los y las periodistas”.

LCV: “Sí, eso es muy impresionante”.

Inés Hayes: “Si vos te metés en inteligencia artificial y preguntás causas y consecuencias de las agresiones contra periodistas, inteligencia artificial te devuelve una respuesta muy interesante que dice que la primera consecuencia de las agresiones a los periodistas es el impacto negativo en la libertad de prensa, la difusión de información y, con esto, se decreta la muerte a la democracia”.

LCV: “La inteligencia artificial la tiene clara. ¿Vos creés que nuestra clase política la tiene clara?”

Inés Hayes: “Bueno, una de las cuestiones que marcamos en el informe es justamente pedirle al Poder Ejecutivo que cese con las agresiones, al Poder Judicial que investigue y que dé curso, por ejemplo, a quien le disparó a Pablo Grillo —o sea, que se haga responsable y pase lo que tenga que pasar con esta persona. Que nos cuiden también las fuerzas, que las fuerzas de seguridad del Estado no están para pegarnos ni pegarles a los jubilados, sino para supuestamente cuidar a la ciudadanía. Bueno, que cumplan con su deber. Y a las empresas periodísticas también, que nos protejan cuando vamos a cubrir estas movilizaciones, que nos den los elementos necesarios: casco”.

LCV: “Bueno, parece que vamos a una guerra. Es tristísimo, pero vamos a cumplir con el deber de informar, ¿no?”

Inés Hayes: “Y además te hago un paréntesis en el medio. Aquellos medios como el mío, como el nuestro, como el que tenemos con el equipo de La Columna Vertebral, que no tenemos ninguna posibilidad de tener cascos, chaleco antibalas, y un montón de situaciones que vemos a los compañeros de los medios grandes que van previstos… Nada. Somos la captura fácil de los grillos de la vida. Grillo también era un “frilo”, un freelance. Así que este pedido incluye a los compañeros que están en los medios más, digamos, importantes. Los medios como los nuestros, que son importantes en lo que dicen, pero que tienen recursos escasos, no tienen manera de ofrecer esa protección. Bueno, el tema sería, en la medida de lo posible, sindicalizarse, porque los sindicatos también están tratando de dar respuestas a los que vamos a cubrir en la calle, no solo las empresas periodísticas, ¿no? Y a las empresas también les pedimos que paguen salarios que estén acorde a lo que sale vivir. Porque no pueden pagar 500.000 pesos —diarios conocidos como Página 12 o Perfil“.

LCV: “¿500.000 pesos por mes?”

Inés Hayes: “Por mes, sí, claro. Digo, por 8 horas diarias, 500.000 pesos por mes”.

LCV: “Disculpame, ¿qué es lo que el sindicato provee? ¿Proveen chalecos? ¿Proveen cascos?”

Inés Hayes: “Sí, están proveyendo ahora cascos y elementos de cuidado para ir a las movilizaciones, porque nosotros estamos todos sindicalizados en SiPreBA”.

LCV: “No teníamos esa información”.

Inés Hayes: “Ah, salió hace poquito. Salió la información por correo”.

LCV: “¿Cómo nos encuentra a los periodistas? ¿Nos encuentra unidos? ¿Nos encuentra temerosos? ¿Hay periodistas y hay propagandistas? ¿Cómo es el panorama que me podés mostrar?”

Inés Hayes: “Por lo que nosotros estuvimos viendo cuando hicimos el informe, y los videos que circularon en las redes nuestras, hay una unidad frente a este peligro de la libertad de expresión. O sea, el riesgo que está corriendo la libertad de expresión, y por ende la democracia. Hay una unidad porque es transversal, como decíamos al principio. Y además hay una unidad de las organizaciones: estuvo COPEA, SiPreBA, la directora de la carrera de comunicación de la UBA… Estamos todos juntos y juntas en esta lucha por visibilizar lo que está pasando con el periodismo. Y también lo que queremos decir es que el periodismo garantiza la democracia, el estado de derecho. Y que cuando se persigue al periodismo, también se persigue al estado de derecho y a la democracia”.

LCV:” Obviamente. ¿Cómo creés que lo toma la gente, quien nos escucha, quien nos consume? ¿Se da cuenta? ¿Hay un ida y vuelta?”

Inés Hayes: “Piensan que es un tema de tribu, de sector. Y eso es lo que nosotras tratamos de romper con este informe. Por un lado, decir que somos todas trabajadoras. Por otro lado, que estamos sufriendo el ajuste como toda la sociedad. Y por otro lado, ponerlo sobre la mesa para que no solo lo debatamos quienes trabajamos en comunicación, sino toda la sociedad. Porque lo que decimos nosotras es que el derecho a la información y a la comunicación es de toda la sociedad, no solo de quienes ejercen el periodismo o ejercemos el periodismo. Yo supongo que gracias a programas como el tuyo, que lo está visibilizando, y otros, de a poquito puede llegar a ser un tema de debate común y no de nicho”.

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