El pasado 8 de noviembre, durante una conferencia de prensa de la que participaban el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el desregulador Federico Sturzenegger, se anunciaba el ‘fin de Intercargo’. Tal como lo reproduce la página oficial del gobierno, Adorni utilizó éstos términos para festejar la noticia: “es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”. La medida habilitaba a las Fuerzas de Seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general: “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”, aseguró el Vocero y agregó que “a este Gobierno no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes”.
La desmesura de los calificativos del gobierno no provocaron el estremecimiento social que hubiese sido de esperar. En cualquier democracia hubiera sido un escándalo que las acciones sindicales, amparadas por la Constitución Nacional, fueran definidas como actos terroristas, y sus dirigentes como delincuentes que secuestraban gente y tomaban rehenes. Nada de eso ocurrió.
No es la primera vez que existe una embestida legal, represiva y comunicacional contra los gremios. Durante el gobierno de Mauricio Macri no dudaron en intervenir sindicatos y considera como mafiosos a abogados y jueces laboralistas. En aquel entonces, Macri fue denunciado por varias organizaciones, entre ellas el CELS y la Corriente de Abogados y Abogadas laboralistas 7 de julio, por violación a los Derechos humanos. El propio presidente tuvo que ir a dar explicaciones en noviembre de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo.
Por esos días, nació la FAOS, Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal conformada por abogados laboralistas dispuesto a defender los derechos legales adquiridos por el movimiento obrero en un contexto de estigmatización de los dirigentes sindicales, represión de la protesta social, y medidas tendientes a obstaculizar la libertad gremial.
Preocupados por el surgimiento de una nueva caza de brujas, con acciones y lenguajes mucho más violentos que aquellos, reflexionamos junto al abogado laboralista, Gustavo Ciampa, uno de los fundadores de la FAOS, sobre los dichos del vocero presidencial y el propio presidente.
LCV: En estos días yo vengo preocupada por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como “terrorismo sindical”, “subversión”, etcétera. ¿Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, han analizado este tema? ¿Qué piensan?
—Es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, no es descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente la libertad de pasajeros, es muy grave. Hoy traía a colación cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl, que Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria y le decía: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”, imputando a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. Calificar de terrorista no es disputa política, imputar la comisión de delitos graves, como secuestro, no es disputa política. A esto quiero traer colación algo muy importante desde el punto de vista político, soy abogado, que son algunas cosas que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en nuestro país, obligatorio para todos los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales. Pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno, como para el poder judicial, como para el poder legislativo. Entonces, ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio?
Primero dijo: los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Es una obligación del Estado, el Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Además dijo: el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental el derecho de huelga y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? El derecho de huelga es una acción colectiva que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos.
LCV: Podríamos utilizar otra definición? como comunicadora te digo que decir “hay huelga para hacer daño” no es lo ideal para que la gente sea empática.
—No, por eso yo te puntualizaba esto. No es “hago huelga para hacer daño”, hago huelga para el logro de una reivindicación. Ahora, en eso hay un daño.
LCV: Bueno, está bien. Usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación.
—No me quedo con el daño, me quedo con la materialidad. Como en todos los conflictos, hay gente que se solidariza. Esto es como la protesta, si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos allá lejos, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos donde no se visibiliza, donde no moleste a nadie, bueno, eso no es la protesta. La protesta para ser tal tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo.
LCV: Visible y comprensible, para generar empatía.
—Para obtener el favor social. Ahora, ¿Qué es lo que además dice la Corte Interamericana? Esto es obligatorio para nuestro país: el Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. No se puede penalizar, dice la Corte Interamericana. El Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Más allá de que la Ley Bases, sancionada por este gobierno o sancionada durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido. Porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga en el conflicto puntual de la aeronavegación pero esto, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. No creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a tocar.
LCV: Esto es la preparación del oído de la gente de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra “terrorismo” asociada a huelga o asociada a sindicato.
—Tal cual. Estamos de acuerdo. Por eso me interesa reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna versión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la libertad o como secuestros. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los Estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida, incluidas las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, como delito. No se puede utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras para reprimirlo.
LCV: Para este gobierno romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder.
—Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Además, por ahora, la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional, y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vos me podes decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro, se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime; en vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser huelguistas, no puedan ser sancionados, los sanciona; busca crear y crea, como el Protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo esto es violatorio de la Constitución Nacional. Esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol, y esto yo sé que también es difícil. Como abogado digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir “bueno, el tratado tal dice tal, la Corte Interamericana dice tal”, pero es lo que tendría que hacer.
España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.
Veinte minutos fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dejase clara la postura española frente a los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán: “La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y de bombas. Y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.
Añadió, además, que esta apuesta por el derecho internacional, enarbolada también por España en los conflictos de Ucrania, Groenlandia, Palestina o Venezuela no supone defensa alguna del régimen iraní: “Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España” -afirmación que relacionó con la sangrienta invasión de Irak, dirigida hace 23 años por George W. Bush con el apoyo y aplauso de los líderes británico y español, Tony Blair y José María Aznar-“La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver”.
Una respuesta que, más allá de las palabras, se complementa con la negativa a que Estados Unidos utilice dos de las tres bases militares (Rota y Morón, sitas en Andalucía desde 1953 en virtud a los pactos alcanzados con Franco) de titularidad hispano-estadounidense para la materialización de los ataques contra Irán, negativa que ha contrariado al presidente estadounidense Donald Trump hasta el punto de anunciar la ruptura de relaciones comerciales con España (algo imposible de materializar tanto en base al derecho privado -los tratos entre empresas- como al hecho de que España pertenece a la Unión Europea que pacta como bloque con Estados Unidos).
Interpretación en clave electoral
España vive una seguidilla, un carrusel, de elecciones autonómicas (equiparables a las provinciales argentinas) provocado por el derechista Partido Popular (PP) con la intención última de debilitar al Partido Socialista (PSOE) y forzar a su líder y presidente del Gobierno, Sánchez, a llamar a elecciones generales. De hecho, desde que Sánchez asumió la presidencia toda la estrategia del PP ha estado dirigida a desalojar a este del ejecutivo embarrando la cancha sea cual sea la polémica que se planteé y valiéndose para ello, por lo general, de una asombrosa pobreza de argumentos.
Así las cosas, no hay interpretación del discurso de veinte minutos que no tenga la carrera electoral como punto de salida y final del análisis, sea este realizado desde la izquierda o la derecha.
El progresismo subraya la autonomía y dignidad españolas a la hora de tomar decisiones, cuyos opuestos se personifican en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejos del servilismo europeo, obviando que durante los gobiernos presididos por Sánchez España ha batido todo récord en gasto armamentístico e implicación en las labores de la OTAN, y que en estos días España está enviando buques de guerra al Mediterráneo oriental con el pretexto de defender Chipre (miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN).
Por otra parte, hay un punto en común en casi todos los análisis, vengan por izquierda o derecha: el paralelismo establecido por Sánchez entre la situación actual y la guerra de Irak de hace 23 años, el rescate del “no a la guerra” que entonces movilizó de forma mayoritaria a la sociedad española, más allá de reafirmar la vocación por el diálogo del ejecutivo español tendría también la intención de encolumnar a los votantes de izquierda tras el PSOE; como sucediera con la guerra de Irak, el rechazo a la guerra (según las encuestas más de la mitad de la población española comparte la posición de Sánchez) movilizaría este sector del electorado en plena coyuntura adversa (la izquierda tuvo un muy mal desempeño en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, diciembre de 2025 y febrero de 2026) y en puertas de las autonómicas de Castilla-León y Andalucía
Las derechas, por su parte, tirando de una lógica tan elemental como torticera e infantil defendieron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ´régimen odioso¨. Siguiendo en el desprecio al derecho internacional ya manifestado durante la crisis venezolana, Feijóo añadió que “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay”. Aseguró, por otro lado, que apoyar el belicismo y el desprecio por la ley es estar junto a las democracias liberales, junto a Occidente y, siguiendo esta lógica primariay de tintes electorales, lo contrario es participar del eje del mal: “No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados”, insistió, mientras acusaba al presidente Sánchez de no defender “los intereses generales de España, sino a sus necesidades políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”.
Todo el PP, consciente del apoyo de la sociedad civil al “no a la guerra” ha salido a repetir los argumentos de su líder aunque sin aportar ni originalidad ni brillantez a los argumentos de este. De este modo, su portavoz parlamentaria Ester Muñoz manifestó que la complejidad del derecho internacional impide caer en el simplismo de eslóganes sobre la guerra, defendiendo que, aunque todos están en contra de los conflictos armados, la situación actual es mucho más profunda, sin explicar ninguna de estas afirmaciones y para, a continuación, evitando una vez más pronunciarse sobre la cuestión de la violación del derecho internacional por parte de Israel y Estados Unidos, señalar que Irán “no respeta el derecho internacional” puesto que se dedica a lapidar mujeres, colgar a homosexuales y alentar el terrorismo internacional. Retrucando, que es gerundio.
La extrema derecha, Vox, capitaneada por Santiago Abascal, aliado de Milei, y que disputa al PP el liderazgo del bloque de derechas, también se abraza al agresor norteamericano a pesar de las amenazas contra la España que tanto dicen amar y defender valiéndose de los mismos argumentos del PP, partido al que perteneció durante 19 años. Obviando el derecho internacional, igual que Núñez Feijóo, Abascal dijo que si el régimen «tiránico» de los ayatolás cae, “el mundo será más libre”, y enmarcó la agresión en lo que definió como “la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás”.
Al hilo, criticó la política exterior del Gobierno español, asegurando estar preocupado porque Pedro Sánchez, acerque a España a «la oscuridad antioccidental» con posiciones contrarias a los intereses occidentales, que reciba los aplausos de Hamás o de los talibanes y pretenda “enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán”.
Vox, financiada en 2014 con cerca de un millón de euros procedentes de oscuros grupos del exilio iraní, ha propuesto al PP por boca de su presidente Santiago Abascal presentar una moción de censura parlamentaria contra el presidente Sánchez. Un paso más en la competición por los votos. Abascal, antiguo ñoqui del PP, asegura que Sánchez se disfraza “de pacifista” y utiliza su política exterior contra el genocidio en Palestina y ahora contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para su propio beneficio. “Miente porque quiere la guerra. Quiere todas las guerras porque eso le permite ocultar sus crímenes y sus corrupciones. Es el personaje más miserable porque es el carroñero que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles”, ha dicho. Y ha añadido: “Sánchez celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones”.
“La Ley de Glaciares no se toca”: la campaña que advierte que están “rifando el agua del presente y del futuro”
En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, la activista socioambiental Paula Kaeser explicó en qué consiste la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, cuestionó la media sanción obtenida en el Senado y alertó sobre los riesgos de la megaminería, la privatización del agua y el uso intensivo de recursos por parte de la inteligencia artificial. “No están discutiendo un cubito de hielo: están discutiendo la reserva estratégica de agua dulce de la Argentina”, afirmó.
LCV: ¿En qué consiste esta campaña plurinacional por la Ley de Glaciares?
Paula Kaeser: “La campaña se llama ‘La Ley de Glaciares no se toca’. Lo que ocurrió fue que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados. Algunos lo presentan como un logro, pero es apenas un paso en una disputa muy compleja. Lo que estamos pidiendo es que no se modifique la ley para habilitar actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglaciar, porque eso implica poner en riesgo la principal reserva de agua dulce que tenemos.”
LCV: ¿Cómo se le explica a un ciudadano común —o a un diputado que minimiza el tema— por qué esto es tan grave?
Paula Kaeser: “Cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo del agua, nos explicaban cómo el agua baja de las montañas, alimenta los ríos y permite la vida en todo el territorio. Si destruís glaciares o descuidás el ambiente periglaciar, alterás ese sistema. No es un pedacito de hielo aislado: es un ecosistema conectado. Si se habilitan proyectos megamineros en esas zonas, la consecuencia es que la reserva de agua dulce puede quedar contaminada o directamente agotada.”
LCV: ¿Tenés ejemplos concretos de lo que puede pasar?
Paula Kaeser: “En la provincia de San Juan, en el departamento de Jáchal, la actividad minera generó derrames que afectaron una cuenca completa. Ese pueblo vivía de dos ríos; tras la contaminación, tuvieron que modificar su sistema de abastecimiento porque uno ya no podía utilizarse para consumo ni riego. A partir de ahí empezaron a registrarse más enfermedades, incluso casos de cáncer, algo que los vecinos remarcan que no era habitual décadas atrás.”
LCV: También mencionaste el tema del acceso al agua potable.
Paula Kaeser: “En Argentina todavía hay un porcentaje muy alto de población sin acceso pleno a agua potable. Y mientras no terminamos de garantizar ese derecho básico, se pretende avanzar sobre las reservas estratégicas. Es un contrasentido: no llegamos a potabilizar el agua para todos y al mismo tiempo queremos habilitar actividades que pueden deteriorar la fuente.”
LCV: ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial y los proyectos que se mencionan para la Patagonia?
Paula Kaeser: “Los grandes centros de datos que sostienen la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía y agua para refrigeración. Son servidores que funcionan de manera permanente y generan mucho calor. Para enfriarlos se usan sistemas que demandan millones de litros de agua dulce. Entonces, cuando se habla de instalar polos tecnológicos en zonas frías con abundancia de agua, estamos hablando también de presión sobre un recurso finito.”
LCV: También mencionaste la presencia de empresas extranjeras en la gestión del agua.
Paula Kaeser: “Hace años que denunciamos el avance de Mekorot en convenios vinculados al manejo del agua. Por eso impulsamos también la campaña ‘Afuera Mekorot’. Creemos que el agua es un bien común y no puede quedar sujeta a lógicas de negocio. Lo mismo advertimos sobre procesos de privatización en áreas metropolitanas.”
LCV: ¿Cuál es tu perfil y desde dónde impulsás esta militancia?
Paula Kaeser: “Soy maestra jardinera y licenciada en administración hotelera, pero hoy me defino sobre todo como activista socioambiental. Formo parte de la campaña ‘La Ley de Glaciares no se toca’, de ‘Afuera Mekorot’ y de la coordinadora ‘Basta de Falsas Soluciones’, que articula asambleas y espacios territoriales de todo el país.”
LCV: Si alguien quiere sumarse o informarse, ¿cómo puede hacerlo?
Paula Kaeser: “En Instagram pueden encontrarnos en @bastafalsasoluciones y @fueramecorot. Y para información específica sobre glaciares está el blog ‘laleydeglaciaresnose toca.blogspot.com’, donde hay materiales, videos y documentos para descargar y trabajar en escuelas o espacios comunitarios.”
Paula Arkerfeld, docente y miembro de SUTEBA: “El modelo educativo de Milei es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Paula Arkerfeld, docente de educación especial en la provincia de Buenos Aires, analizó el inicio del ciclo lectivo atravesado por paros nacionales, rechazo paritario y una profunda crisis salarial. Cuestionó tanto las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como la administración provincial de Axel Kicillof, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza, el impacto social en las escuelas y el debate pendiente sobre el modelo educativo.
LCV: ¿Cómo viene el tema en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases y demás?
Paula Arkerfeld: “Hoy estuvimos iniciando una jornada de paro nacional que fue muy fuerte en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana continuamos con una medida de fuerza porque se rechazó la oferta paritaria del gobierno de Kicillof. El miércoles va a haber una nueva reunión, pero estamos hablando de salarios que realmente nos dejan por debajo de la línea de pobreza. Estamos entre los cuatro peores salarios a nivel nacional, siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica. Con 750.000 pesos una maestra no puede vivir, y eso nos obliga a tener otros trabajos o hacer Uber, lo que va en detrimento de la calidad educativa de los chicos.”
LCV: ¿Cómo te cayó el fragmento del discurso del presidente hablando de la importancia de la educación como un baluarte?
Paula Arkerfeld: “Yo creo que el gobierno de Milei desde el primer momento se declaró enemigo de los trabajadores y de la educación pública. Nos recortaron el salario mínimo docente nacional, que hoy está en 500.000 pesos, y convocaron a Paritaria Nacional obligados por una medida cautelar ofreciendo 0% de aumento. Es una burla y un destrato. Es un modelo donde lo que quieren es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera.”
LCV: También hay familias que no pueden sostener la escuela privada y vuelven a la pública. ¿Cómo impacta eso?
Paula Arkerfeld: “Se ve cada vez más reducida la población que puede acceder a la escuela privada, pero para las grandes mayorías lo que ofrece este modelo con reforma laboral es precarización y pérdida de derechos. Nosotras nos movilizamos contra la reforma laboral porque también es una defensa de nuestros estudiantes. Damos todo para que egresen de la secundaria y no tengan ni siquiera acceso a un trabajo con derechos. Ese es el futuro que están proponiendo.”
LCV: ¿Sos maestra de grado?
Paula Arkerfeld: “Soy docente de educación especial. Todo el ajuste y el recorte en políticas de discapacidad nos atraviesa directamente. Acompañamos la lucha de los colectivos de discapacidad porque la escuela vive la crisis social de conjunto. Por eso también planteamos que las familias apoyen esta pelea, que es por los derechos de sus hijos e hijas. Muchas veces se intenta enfrentar a las familias con la docencia, pero hoy se ve más claramente que es una pelea común.”
LCV: ¿Qué pensás de los debates sobre repetición, frustración y el estado actual del sistema educativo?
Paula Arkerfeld: “Son debates muy complejos y necesitaríamos un gran congreso pedagógico para discutir qué escuela necesitamos y cómo salen hoy los pibes. La tarea pedagógica está cada vez más desdibujada porque tenemos que garantizar cuestiones básicas: juntar zapatillas, comprar útiles, ayudar a las familias. Lo hacemos porque tenemos un vínculo con la comunidad, pero en ese contexto es muy difícil abordar la tarea pedagógica como corresponde. Además, muchos chicos no acceden a una lectoescritura comprensiva, y eso también tiene que ver con condiciones materiales, alimentarias y sociales. Los recursos no están.”
LCV: ¿Es solo un problema nacional o también provincial?
Paula Arkerfeld: “Hay fondos nacionales que fueron recortados, pero también hay responsabilidad de la provincia. Hay plata y no hay decisión de ponerla donde corresponde. Estamos teniendo cierre de grados en la provincia de Buenos Aires, no es solo un tema salarial. Podríamos trabajar con grupos más reducidos para atender la complejidad actual, pero se aplican lógicas mercantiles de cantidad de alumnos por maestra. El financiamiento de infraestructura y comedores es muy escaso. En lugar de pagar deudas que benefician a grandes empresarios, necesitamos impuestos a las grandes empresas de la provincia y que esos recursos vayan a educación.”
