El pasado 8 de noviembre, durante una conferencia de prensa de la que participaban el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich y el desregulador Federico Sturzenegger, se anunciaba el ‘fin de Intercargo’. Tal como lo reproduce la página oficial del gobierno, Adorni utilizó éstos términos para festejar la noticia: “es un paso más para sepultar el terrorismo sindical que no tuvo pruritos de secuestrar a más de 2.000 personas en 10 aviones”. La medida habilitaba a las Fuerzas de Seguridad a explotar, en casos de emergencia y de manera temporal excepcional, los servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general: “ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente a un pasajero y arruinarle sus vacaciones, su viaje laboral o su viaje por temas médicos o por cualquier otra razón”, aseguró el Vocero y agregó que “a este Gobierno no le tiembla el pulso para sepultar las extorsiones de estos delincuentes”.

La desmesura de los calificativos del gobierno no provocaron el estremecimiento social que hubiese sido de esperar. En cualquier democracia hubiera sido un escándalo que las acciones sindicales, amparadas por la Constitución Nacional, fueran definidas como actos terroristas, y sus dirigentes como delincuentes que secuestraban gente y tomaban rehenes. Nada de eso ocurrió.

No es la primera vez que existe una embestida legal, represiva y comunicacional contra los gremios. Durante el gobierno de Mauricio Macri no dudaron en intervenir sindicatos y considera como mafiosos a abogados y jueces laboralistas. En aquel entonces, Macri fue denunciado por varias organizaciones, entre ellas el CELS y la Corriente de Abogados y Abogadas laboralistas 7 de julio, por violación a los Derechos humanos. El propio presidente tuvo que ir a dar explicaciones en noviembre de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Montevideo.

Por esos días, nació la FAOS, Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal conformada por abogados laboralistas dispuesto a defender los derechos legales adquiridos por el movimiento obrero en un contexto de estigmatización de los dirigentes sindicales, represión de la protesta social, y medidas tendientes a obstaculizar la libertad gremial.

Preocupados por el surgimiento de una nueva caza de brujas, con acciones y lenguajes mucho más violentos que aquellos, reflexionamos junto al abogado laboralista, Gustavo Ciampa, uno de los fundadores de la FAOS, sobre los dichos del vocero presidencial y el propio presidente.

LCV: En estos días yo vengo preocupada por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como “terrorismo sindical”, “subversión”, etcétera. ¿Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, han analizado este tema? ¿Qué piensan?

—Es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados y a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, no es descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente la libertad de pasajeros, es muy grave. Hoy traía a colación cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl, que Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria y le decía: “Llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”, imputando a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. Calificar de terrorista no es disputa política, imputar la comisión de delitos graves, como secuestro, no es disputa política. A esto quiero traer colación algo muy importante desde el punto de vista político, soy abogado, que son algunas cosas que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro: la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en nuestro país, obligatorio para todos los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales. Pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno, como para el poder judicial, como para el poder legislativo. Entonces, ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio?

Primero dijo: los Estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial. Es una obligación del Estado, el Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Además dijo: el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental el derecho de huelga y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? El derecho de huelga es una acción colectiva que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos.

LCV: Podríamos utilizar otra definición? como comunicadora te digo que decir “hay huelga para hacer daño” no es lo ideal para que la gente sea empática.

—No, por eso yo te puntualizaba esto. No es “hago huelga para hacer daño”, hago huelga para el logro de una reivindicación. Ahora, en eso hay un daño.

LCV: Bueno, está bien. Usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación.

—No me quedo con el daño, me quedo con la materialidad. Como en todos los conflictos, hay gente que se solidariza. Esto es como la protesta, si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos allá lejos, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos donde no se visibiliza, donde no moleste a nadie, bueno, eso no es la protesta. La protesta para ser tal tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo.

LCV: Visible y comprensible, para generar empatía.

—Para obtener el favor social. Ahora, ¿Qué es lo que además dice la Corte Interamericana? Esto es obligatorio para nuestro país: el Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. No se puede penalizar, dice la Corte Interamericana. El Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Más allá de que la Ley Bases, sancionada por este gobierno o sancionada durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido. Porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga en el conflicto puntual de la aeronavegación pero esto, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. No creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a tocar.

LCV: Esto es la preparación del oído de la gente de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra “terrorismo” asociada a huelga o asociada a sindicato.

—Tal cual. Estamos de acuerdo. Por eso me interesa reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna versión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la libertad o como secuestros. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los Estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida, incluidas las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, como delito. No se puede utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras para reprimirlo.

LCV: Para este gobierno romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder.

—Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Además, por ahora, la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional, y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vos me podes decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro, se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime; en vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser huelguistas, no puedan ser sancionados, los sanciona; busca crear y crea, como el Protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo esto es violatorio de la Constitución Nacional. Esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol, y esto yo sé que también es difícil. Como abogado digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir “bueno, el tratado tal dice tal, la Corte Interamericana dice tal”, pero es lo que tendría que hacer.