Opinión
«Por primera vez las vi llorar», por Lucas Brito Sánchez, desde el Chaco
El pasado lunes a la noche, las trabajadoras y los trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco que estamos de paro nos juntamos en el estacionamiento de la Casa de Culturas para esperar el resultado de una nueva reunión con representantes del gobierno provincial. Nuestros delegados y delegadas contaron que ningún funcionario de rango apareció durante la reunión, y mandaron a dos secretarios que informaron que no había ninguna propuesta superadora para destrabar el conflicto. Caras largas, cansadas, quejas y lágrimas. Era la primera vez, al menos en público, que veía llorar a algunas compañeras y compañeros. Seguro lo habrán hecho en privado otras veces y por lo mismo, pero esta vez emergió, se hizo visible como resultado de la angustia sostenida. Es el signo del maltrato, del desprecio, del boludeo al que nos tienen atados hace más de veinte días, y varios años.
El paro en Cultura podría alcanzar el mes, pero esto viene de muy lejos. Y este “muy lejos” implica año tras año tras año. Ningún funcionario lo resolvió de manera determinante, todos fueron parches.
La creación del Instituto de Cultura en 2007, gestión de Francisco Tete Romero bajo el gobierno de Jorge Capitanich, agrupó a muchas de las compañeras y compañeros con los que aún hoy compartimos espacios de trabajo y de lucha. En aquellos años también trabajamos en condiciones precarias, ya que existía lo que se llamaba Asistencia Técnica (figura ya desaparecida, creo). A su vez, existieron muchos Contratos de Obra, hecho que implicaba que el trabajador se pague sus cargas sociales, jubilación y obra social. Luego asumió la presidencia Silvia Robles, que fue una buena continuadora de las políticas que había ejecutado Tete. Años después pasaríamos muchos a pertenecer a la Planta Permanente, lo que no quita que hayamos trabajado en condiciones que hoy serían inadmisibles (el sueldo actual promedio de alguien de Planta en Cultura está por debajo de la canasta básica, imaginen a los que están contratados y deben facturar 12.000 pesos por mes, o menos; en este momento hay 277 compañeros y compañeras precarizadas). Después, con Edgardo Pérez como presidente, comenzó la persecución a trabajadores por opinar distinto, aparecieron los aprietes por opiniones en redes sociales (práctica que fue denunciada a través de ATE en su momento). Ante un claro deterioro de la calidad de las políticas culturales y las condiciones de trabajo, sin una Ley de Cultura y con el Estado mismo como explotador, llegó el momento de Héctor Bernabé, gestión durante la que se hizo lo mínimo. Y, cuando creíamos que nada podría ser peor, llegó Marcelo Gustin, quien cerró todo camino al diálogo, empeorando aún más la situación. Pero hay algo fundamental que distingue una gestión de otra: no son lo mismo Tete Romero y Silvia Robles que los demás; con ellos sentimos que fuimos, al menos así lo sintió un número importante de trabajadores, parte de un proyecto en construcción en el que creímos. Hoy no tenemos ni proyecto ni salario digno. Esta es una condición básica si se quiere que funcione cualquier grupo de trabajo: escuchar qué se plantea, cómo lo hacen y para qué. Ahora, el sentirse parte de algo no implica, de ningún modo, el no reconocimiento salarial, no se vive “de onda” o con “la camiseta”, al menos para mí, eso es innegociable a esta altura.
Escribo esto con el corazón invadido por la bronca, porque podría haberse evitado. Podrían haber evitado la angustia de mis compañeros y compañeras. Pienso algo que podría habernos dicho el gobernador Domingo Peppo, o el actual ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Cristian Ocampo, para tranquilizar al menos: “Veamos qué se puede hacer, dennos tiempo, esperen a que analicemos alguna opción para resolverlo”. Ningún funcionario dijo eso, menos el señor que hoy preside el Instituto de Cultura, que cerró las vías ordinarias y por eso la asamblea (a través de sus delegados) tuvo que golpear otras puertas. Y si lo dijeron, y si prometieron, las opciones que mandaron a comunicar con sus empleados no sólo no resuelven nada, sino que se transforman en una mentira camuflada.
La sensación general en las asambleas de Cultura, de las que vengo participando, es que nos toman de idiotas. “Que vuelvan el lunes; vuelvan el miércoles; no el señor viajó, hoy no está, no puede” es lo que venimos escuchando y, cuando las reuniones se concretan (ya hubo demasiadas), siempre es “vamos a ver; esto no podemos; lo vamos a pensar, pero seguro no es posible”. Pareciera que lo que están haciendo es ganar tiempo hasta las elecciones y así salir huyendo o, al menos, hasta saber dónde pueden ubicarse para salvarse y evitar dar la cara en los conflictos.
¿Qué deben saber los demás integrantes de la sociedad? Que cada vez que vayan a un evento o show organizado por el Instituto de Cultura del Chaco, o a uno organizado de forma privada pero que tenga a empleados de este organismo colaborando, están apoyando indirectamente una estructura de opresión y desigualdad. No quisiera con esto amargarles la vida, o sí, quizá la amargura sea la mejor manera de limpiar la mente y ver las cosas como son. Por ejemplo, cuando como un buen plato, trato de no atragantarme con culpa, disfruto, pero no pierdo de vista que para fabricar todos esos maravillosos ingredientes que generan sabor (incluidos los instrumentos para comer y para apoyar el plato y sentarme), en alguna parte de la cadena de trabajo hubo gente mal paga, endeudada, enferma, cansada, harta, manipulada y hambreada. Hacernos los boludos es la única manera de sobrevivir, ya lo sabemos, aunque no implica la pérdida de conciencia total. No querer implicarse en todos los reclamos y luchas que actualmente están abiertas y drenando, no evita tener empatía por la vida, por lo que late y no merece el desprecio y la humillación.
¿Qué tienen que saber los funcionarios actuales (y los que vendrán)? Deben dar una respuesta coherente, les guste o no. Eligieron los cargos, aceptaron las consecuencias. Y hoy les estallan en la cara los conflictos y lo primero que articulan es: “No es mi responsabilidad, esto viene de antes”. Malas noticias, señores y señoras gobernantes, pues ese “antes” al que apelan para eludir, es la razón de ser del Estado. Sin ese antes, mal engendrado y sostenido en el tiempo, no habría nada de esto que estamos discutiendo. ¿Qué creían, que esto es un mundo mágico Disney, un mundo repleto de Ositos Cariñosos? ¿O imaginaban una gestión Instagram, con fotografías de sonrisas y lo mejor de su dentadura, casi sin consecuencias? Si creen que eso es gobernar, son unos ineptos sin remedio y deben renunciar para dar paso, seguramente, a otros ineptos –ojalá me equivoque–. Desde mi punto de vista, gobernar es también administrar (no solo cuerpos y dinero) y lidiar con cambios y mutaciones, con emociones, en suma, habitar la volatilidad. Hace más de diez años que trabajo en el Estado y conocí dos o tres funcionarios que pudieron enfrentar esto con dignidad. No lo resolvieron, pero tuvieron la visión de observar la complejidad.
Tengo la oscura intuición de que si finalmente logramos que nos escuchen y accedan a otorgar lo que nos corresponde, esto será olvidado en pocos meses y vendrán otros empleados y empleadas, contratados y contratadas bajo las mismas condiciones y que van a acumular cansancio, aburrimiento, desidia, y un día van a explotar y tener que exigir que se les trate como personas. Es una rueda que gira engrasada por ciclos de desprecio e inoperancia. El problema del salario es lo emergente, aunque de fondo, oculto y agazapado, está el replantearse qué se hace desde el Estado, cómo y por qué y para qué.
De todos modos, rescato lo valioso que hay en mis compañeras y compañeros, en todos nosotros. En un contexto así, no volverse un criminal dice bastante. Dice, en definitiva, que uno cree y tiene esperanza en que esto pueda funcionar, por más que cada día que pasa se caiga a pedazos. Dice que merecemos que se nos paguen bien, que merecemos ser escuchados y tenidos en cuenta cuando de diseñar políticas de Estado se trata; dice, también, que no somos meros engranajes o piezas de una maquinaria o, si así nos consideran, somos más que eso. Y, si aportamos nuestro tiempo y cuerpo y mente en este lugar elegido de la Tierra, queremos que se lo tenga en cuenta, porque no lo vamos a recuperar jamás.
Publicado en www.diarionorte.com el 2 de octubre de 2019.
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
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El Latinobarómetro y sus trampas, por María Urruzola
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AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
«Política del despojo, resistencia y represión», por Alvaro Hilario
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
