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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao
“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre, fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.
Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.
Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.
La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.
Fiesta patria
El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.
El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.
la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981
Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.
A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.
El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.
Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.
El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.
“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.
Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha
“Recortes de derechos para todos los españoles”
La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.
Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.
Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.
“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.»
Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.
«los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política»
La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.
La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.
Seis días de protestas multitudinarias
El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto
Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.
Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.
Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.
El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Criminalizar el independentismo
Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.
La juventud airada
Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.
Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.
En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan 7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.
Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.
Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”
El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.
Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.
Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.
[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.
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Roberto Bacman: “La campaña de Lula fue a buscar a quienes no habían votado”
En diálogo con La Columna Vertebral, el analista político Roberto Bacman analizó el resultado electoral de Brasil, el trabajo de la militancia que permitió ampliar el caudal de votos de Lula y las diferencias entre el escenario brasileño y el argentino. También evaluó el crecimiento de Javier Milei entre los jóvenes, las dificultades del peronismo para construir una alternativa electoral y el impacto del ajuste sobre la industria, el empleo y las economías regionales. La conversación abordó además el desarrollo de Vaca Muerta y los desafíos de transformar la explotación de recursos naturales en trabajo y riqueza para el país.
LCV: ¿Cómo estás, Roberto? Supongo que muy contento con el resultado electoral de Brasil. Era una parada difícil para Lula, pero lo logró. Recuerdo que la semana pasada, cuando conversamos, vos eras uno de los que pensaba que podía suceder. ¿Esperabas que se diera esta remontada?
Roberto Bacman: “La campaña de Lula se dirigió a distintos segmentos y los segmentó muy bien. Hubo un trabajo novedoso en redes sociales. Crearon una comunidad de WhatsApp, habilitaron militantes digitales y complementaron eso con la militancia tradicional, territorial. También fueron a buscar a electores habilitados que no habían votado en la primera vuelta y lograron movilizar a una parte de ellos. En un padrón de 158 millones de votantes, un punto y medio representa un número muy importante. Además, aprovecharon la disputa entre el gobernador de San Pablo y Flavio Bolsonaro para militar intensamente en ese estado y achicar las diferencias.”
LCV: Más que dar vuelta cuatro millones de votos, parece que consiguieron sumar nuevos votantes. ¿Cómo se explica ese movimiento?
Roberto Bacman: “Aproximadamente, un poco más de diez millones de los nuevos votantes fueron para Lula y algo menos de cuatro millones para Bolsonaro. Es impresionante, sobre todo porque estamos hablando de un país muy grande. San Pablo, que tiene una cantidad enorme de electores, representa alrededor del 21,48% del padrón brasileño. En la Argentina, en cambio, la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 48% del padrón nacional. Brasil tiene un territorio muy amplio y estados con millones de habitantes, de modo que la campaña debía tener en cuenta realidades muy distintas.”
LCV: ¿Cuánto pesó la figura de Lula y cuánto influyó el rechazo a Bolsonaro y a su discurso de odio, agresividad y negacionismo?
Roberto Bacman: “El voto más cercano al lulismo ya estaba bastante consolidado. Lula necesitaba llegar a personas que no eran tan cercanas a él, pero que no querían que continuara el bolsonarismo. Tenía que construir un discurso que integrara a esos votantes, incluso a sectores de derecha que rechazaban a los Bolsonaro y no querían más locura. La campaña buscó canalizar ese temor y ofrecer una alternativa. En eso hay una enseñanza para otros países, aunque las situaciones nunca sean idénticas.”
LCV: ¿Qué diferencias encontrás entre Brasil y la Argentina? ¿Puede servirnos esa experiencia?
Roberto Bacman: “Hay diferencias sustantivas. Lula iba por la continuidad y tiene un liderazgo propio. En la Argentina, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner está condicionado por su situación judicial y por otras circunstancias políticas. Además, Lula abrió su espacio a sectores del centro, a pequeños industriales, comerciantes y personas que se incorporan a nuevas actividades. La campaña estuvo dirigida a quienes no habían votado por desinterés y a quienes podían ser convocados desde una propuesta más amplia. Esa estrategia puede servir como ejemplo para la Argentina: hay que hablarle a quienes no son seguidores de Milei, pero tampoco se sienten representados por determinados sectores de la oposición. No alcanza con dirigirse siempre a los propios.”
LCV: Lula habló de su intención de utilizar estos últimos cuatro años para dialogar con distintos sectores de la sociedad y desarrollar tecnología propia. ¿Qué importancia tiene esa definición?
Roberto Bacman: “Es importante que plantee la necesidad de hablar con todos los sectores: empresarios, industriales, comerciantes, estudiantes y trabajadores de la industria del conocimiento. También aparece la idea de desarrollar inteligencia artificial brasileña, no depender exclusivamente de la estadounidense. Hay una discusión de fondo sobre la capacidad de un país para negociar con el mundo sin que otros le impongan todas las condiciones. Eso está relacionado con el desarrollo, la soberanía y la posibilidad de construir una política industrial propia.”
LCV: También es interesante el uso que hicieron de las nuevas tecnologías durante la campaña. ¿Cómo se diferencia esa experiencia de la utilización de redes para difundir odio?
Roberto Bacman: “Lo que se demostró con la comunidad de WhatsApp es que se pueden utilizar herramientas tecnológicas para organizar personas, promover una campaña positiva y llegar a sectores que de otra manera quizás no se movilizarían. Eso no es lo mismo que usar bots, cuentas falsas o herramientas digitales para difundir odio e insultos contra el adversario. La tecnología no tiene por qué ser demonizada, pero hay que discutir para qué se utiliza y qué objetivos persigue.”
LCV: En la Argentina hay sectores que parecen atrapados en la lógica de la grieta. ¿Cómo se construye una alternativa que pueda llegar a más gente?
Roberto Bacman: “Es necesario ampliar la convocatoria y no hablar solamente para los convencidos. Hay que entender que existen personas que no quieren a Milei, pero tampoco se sienten representadas por determinadas formas de hacer política de la oposición. Si se pretende construir una alternativa, hay que encontrar una manera de hablarles y ofrecerles una propuesta concreta. La dificultad es que no resulta sencillo construir unidad dentro del peronismo ni ampliarla hacia otros sectores que podrían estar cerca. Además, hoy faltan figuras convocantes. Hay que encontrarlas y darles una oportunidad.”
LCV: ¿Qué papel deberían tener las PASO en esa construcción?
Roberto Bacman: “Es importante defender las PASO porque permiten que los liderazgos sean elegidos democráticamente. La unidad no puede resolverse solamente mediante acuerdos entre dirigentes. También tiene que existir una instancia en la que la sociedad pueda participar y elegir quiénes van a representar esa alternativa. Hay que buscar mecanismos para ordenar la competencia interna y construir una propuesta que tenga posibilidades electorales.”
LCV: En las últimas discusiones parlamentarias hubo acuerdos que después no se sostuvieron al momento de votar. ¿Qué impacto tienen esas situaciones?
Roberto Bacman: “Esas situaciones generan mucho daño. Cuando se llega a un acuerdo y, a la hora de votar, algunos legisladores desaparecen o no cumplen con lo que habían comprometido, se debilita la confianza. La política termina organizada alrededor de acuerdos circunstanciales y de intereses que no siempre responden a las necesidades de la sociedad. Mientras tanto, el oficialismo busca avanzar con sus iniciativas y puede aprovechar las divisiones de la oposición.”
LCV: ¿Cómo evaluás el apoyo que Milei consiguió entre sectores populares y jóvenes que históricamente habían estado vinculados al peronismo?
Roberto Bacman: “Milei logró instalar una identidad política que fue más allá del núcleo libertario tradicional. Llegó a sectores jóvenes, especialmente varones de hogares de clase baja y media baja que tenían antecedentes peronistas o cercanos al peronismo, aunque no necesariamente fueran militantes. El concepto de ‘casta’ fue importante porque le puso un nombre sencillo a un rechazo que ya existía hacia la vieja política. Muchas personas creyeron que la libertad significaba algo más amplio que lo que después terminó proponiendo el Gobierno. Ahora hay sectores que están volviendo a revisar esa decisión.”
LCV: ¿Cuánta responsabilidad tiene la dirigencia política en haber dado por sentado que los sectores populares iban a acompañarla?
Roberto Bacman: “Hubo responsabilidad. Uno de los peores escenarios para un gobierno es tener una interna abierta desde el primer día, porque eso genera un desgaste enorme. También es un error creer que determinados sectores sociales están asegurados electoralmente. La gente no le pertenece a ningún partido. Si una fuerza política supone que los votantes de los conurbanos o de las provincias van a acompañarla automáticamente, deja de escuchar qué les pasa y por qué cambian su voto.”
LCV: En Brasil también hubo disputas internas dentro del espacio de Bolsonaro. ¿Eso influyó en el resultado?
Roberto Bacman: “Sí, las internas abiertas pueden hacer mucho daño. La disputa entre Flavio Bolsonaro y el gobernador de San Pablo tuvo consecuencias en un estado que concentra una cantidad muy importante de votantes. Allí se achicó la diferencia y Lula terminó obteniendo un resultado mayor al que muchos esperaban. Las divisiones internas pueden perjudicar a una candidatura, especialmente cuando la campaña depende de mantener cohesionados distintos sectores.”
LCV: Pasemos a la economía argentina. Se habla de una mejora en algunos indicadores y de un crecimiento en Neuquén asociado a Vaca Muerta, pero también hay preocupación por el empleo y por las condiciones de vida. ¿Cómo lo ves?
Roberto Bacman: “Hay que mirar qué tipo de trabajo se está generando y quiénes pueden acceder a él. En Neuquén existe una expectativa muy grande alrededor de Vaca Muerta y llega gente pensando que va a encontrar empleo. Pero gran parte de los puestos requiere mano de obra muy calificada, técnicos e ingenieros especializados en petróleo. No es una actividad en la que cualquiera pueda llegar y empezar a trabajar. Por eso hay que analizar qué pasa con las personas que se trasladan buscando una oportunidad y no la encuentran.”
LCV: Si Vaca Muerta puede generar tanta riqueza, ¿qué debería hacerse para que ese desarrollo beneficie también a los trabajadores y a las comunidades de la región?
Roberto Bacman: “Hay que planificar. Si va a crecer la población, se necesitan escuelas, hospitales, viviendas y servicios públicos. Ojalá se construyan escuelas de calidad, que los docentes tengan trabajo y que haya educación pública, no solamente instituciones privadas. También hacen falta barrios para los trabajadores, no solo viviendas de lujo para quienes tienen mucho dinero. El crecimiento puede ser una oportunidad extraordinaria, pero, si no se planifica, puede terminar siendo pan para hoy y un problema mañana.”
LCV: También se mencionan los problemas de infraestructura y el impacto del transporte de arena para el fracking. ¿Qué está faltando?
Roberto Bacman: “Hay problemas con los caminos, que reciben el tránsito de camiones muy pesados que transportan la arena utilizada en la actividad. Esa infraestructura se deteriora y no hay una inversión pública suficiente para resolverlo. Además, hay que preguntarse por qué no se transforma una parte mayor de los recursos en actividad industrial local. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, se puede discutir por qué el petróleo no genera más procesos de transformación y trabajo en la propia región. La explotación de recursos naturales podría generar riqueza no solo para una provincia, sino también para las provincias cercanas.”
LCV: Todo esto ocurre mientras se profundiza la crisis industrial. Se habla de cierres de fábricas, de la caída de la industria textil y de pequeñas empresas que no pueden pagar los servicios. ¿Qué relación encontrás entre esos procesos?
Roberto Bacman: “Hay un proceso de desindustrialización que no afecta solamente a las fábricas, sino también a los comercios y a las pequeñas y medianas empresas. La industria textil está muy golpeada por la competencia de productos importados baratos, mientras muchas pymes no pueden sostener los costos de los servicios. Una panadería pequeña puede tener dificultades para pagar la energía, incluso antes de pensar en los salarios o los impuestos. Y a eso se suma que cada vez hay menos gente que puede comprar. Cuando cae el poder adquisitivo, se perjudica toda la cadena económica.”
LCV: También se informó sobre la paralización de la producción de camionetas en plantas automotrices por la baja demanda. ¿Qué te dice ese dato?
Roberto Bacman: “Es preocupante porque una camioneta no es solamente un vehículo de consumo: también es una herramienta de trabajo para el campo, para transportar materiales y para distintas actividades comerciales. Si cae la demanda, eso refleja que hay menos actividad y menos capacidad de compra. Incluso pequeños comerciantes que antes podían utilizar una camioneta para transportar mercadería pueden encontrarse ahora con dificultades para sostener ese gasto. La crisis termina repercutiendo en distintos sectores de la economía.”
LCV: Para cerrar, ¿qué pensás de las denuncias de fraude que surgieron después de la elección brasileña y de la situación judicial de Flavio Bolsonaro?
Roberto Bacman: “Las denuncias electorales tienen que evaluarse con datos concretos y por las vías correspondientes. En la conversación se mencionó una cifra de alrededor de 34.000 votos en relación con una de esas presentaciones, pero habría que verificar con precisión a qué se refería. En cuanto a Flavio Bolsonaro, la situación judicial es un asunto distinto: que alguien pueda presentarse como candidato no significa que quede exento de responder ante la Justicia. Hay que distinguir entre la competencia electoral y las causas judiciales que puedan existir.”
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Sebastián Bravo: “La impresión de billetes argentinos se trasladó al exterior y entregaron conocimientos estratégicos”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Sebastián Bravo, delegado de ATE en Casa de Moneda, denunció el vaciamiento de la empresa estatal, la tercerización de la impresión de billetes, la pérdida de capacidades estratégicas y la persecución judicial contra los trabajadores que resisten estas políticas. También explicó la importancia de Casa de Moneda para la soberanía nacional y alertó sobre el futuro de sus trabajadores.
LCV: ¿Cómo estás? Estamos muy contentos con el resultado de las elecciones en Brasil. Los compañeros del sindicato gráfico brasileño se habían comunicado con nosotros porque estaban preocupados por la posibilidad de que ganara la ultraderecha. Nos pidieron consejos sobre cómo enfrentar estos tres años de gobierno. ¿Cómo viviste el resultado?
Sebastián Bravo: «Estamos muy contentos. Los compañeros de Brasil se comunicaron con nosotros y nos agradecieron el mensaje. Como país hermano, también estamos felices. La sociedad brasileña hizo lo que tenía que hacer. Creo que acá tenemos que aprender de esa experiencia: debemos dejar de lado los nombres propios y discutir qué país queremos construir.»
LCV: En Brasil hubo mucha gente que votó a Lula no necesariamente por ser lulista, sino porque no quería que ganara Bolsonaro. La sociedad tenía claro qué políticas rechazaba: la discriminación, el negacionismo, la mano dura y el rechazo a la inmigración. ¿Creés que acá tenemos que trabajar en esa misma dirección?
Sebastián Bravo: «Estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que corregir. El peronismo ya no tiene el mismo núcleo duro y muchos jóvenes que no encontraban trabajo terminaron comprando el discurso de que podían ser sus propios jefes. Tenemos que hacer una autocrítica, reconocer lo que se hizo mal y entender el contexto. Hubo una pandemia, hubo sequías y ocurrieron muchas cosas, aunque no deben utilizarse como excusas. El próximo gobierno tiene que ser empático, escuchar a la gente y, especialmente, a los jóvenes. El trabajo cambia, la tecnología avanzó muchísimo y tenemos que adaptar los procesos a esta nueva realidad.»
LCV: Para entender el conflicto actual, contale a la gente qué era históricamente Casa de Moneda antes de la intervención de este gobierno. ¿Qué función cumplía?
Sebastián Bravo: «Casa de Moneda es la principal gráfica de seguridad del país. El Gobierno instaló durante la campaña la idea de que éramos responsables de la emisión monetaria porque fabricábamos monedas y billetes. Pero nuestra actividad iba mucho más allá: producíamos pasaportes, chapas patentes, títulos automotores, títulos universitarios, medallas, monedas, estampillas fiscales, entradas para parques nacionales y distintos documentos que contienen elementos de seguridad. También imprimíamos boletas electorales y padrones. Todo trabajo que necesitara medidas de seguridad y respaldo debía pasar por Casa de Moneda.»
LCV: ¿Qué formación y conocimientos técnicos necesita la gente que trabaja allí?
Sebastián Bravo: «Los técnicos se forman a lo largo de muchos años y reciben capacitación permanente. Son trabajadores gráficos especializados que incluso se capacitaron en el exterior. Para los últimos trabajos vinculados con los billetes, por ejemplo, personal de Casa de Moneda viajó a China para realizar cursos. También hubo capacitaciones en instituciones gráficas de primer nivel. Para llegar a trabajar directamente con las máquinas se necesitan aproximadamente diez años de formación. Es una tarea de enorme responsabilidad que exige conocimientos técnicos específicos y un alto nivel de seguridad.»
LCV: Estamos hablando de trabajadores que conocen los diseños y los mecanismos de seguridad de los billetes. Son personas que deben inspirar una enorme confianza para evitar falsificaciones y proteger los materiales que se utilizan para fabricar dinero.
Sebastián Bravo: «Esa es una de las principales denuncias que hicimos. Casa de Moneda dejó de emitir billetes para la Argentina, pero la impresión no desapareció: se trasladó a otros países. En las próximas semanas vamos a comenzar a imprimir billetes de Nigeria, las nairas. El trabajo continúa, pero las medidas de seguridad se transfirieron al exterior y los billetes argentinos dejaron de imprimirse acá. Es decir, se entregó a otros países un conocimiento estratégico.»
LCV: Es llamativo que un gobierno que cuestiona las relaciones con China termine trasladando allí conocimientos y capacidades vinculados con la impresión de dinero. Si mañana hubiera un conflicto, estaríamos entregando información estratégica sobre nuestra propia moneda.
Sebastián Bravo: «Exactamente. Se trasladaron conocimientos y medidas de seguridad a otro país. Eso genera una dependencia muy peligrosa. Si entráramos en un conflicto con China, tendrían información sobre nuestros materiales y nuestra economía. Es un riesgo enorme haber entregado esos conocimientos.»
LCV: También estaba el trabajo de los diseñadores. La selección de las imágenes, el desarrollo de los billetes y las técnicas de impresión eran parte de una especialización muy importante. Casa de Moneda recibió premios por sus diseños.
Sebastián Bravo: «En Casa de Moneda todos los sectores forman parte de una misma cadena de trabajo. El diseño también es fundamental. Nuestros billetes recibieron premios internacionales: el del yaguareté fue reconocido por su diseño y otro obtuvo una distinción como mejor billete de Latinoamérica. Casa de Moneda fue muy premiada. Durante la pandemia, además, el personal siguió trabajando las 24 horas para garantizar la producción.»
LCV: ¿Cuánto personal tenía Casa de Moneda antes de que comenzara este gobierno y cuántos trabajadores quedan actualmente?
Sebastián Bravo: «Antes de que comenzara este gobierno teníamos alrededor de mil empleados. Hoy quedamos aproximadamente 680, entre personal administrativo y trabajadores de planta. Hubo jubilaciones, retiros voluntarios y lo que nosotros llamamos despidos encubiertos. A muchos compañeros les plantearon que podían retirarse cobrando el 70 u 80 por ciento de lo que les correspondía, o quedarse sin nada. En un contexto de incertidumbre y endeudamiento, muchos aceptaron porque necesitaban el dinero, incluso cuando todavía les faltaban varios años para jubilarse.»
LCV: Hoy quedan 680 trabajadores y, al mismo tiempo, tienen que afrontar la impresión de una moneda extranjera. ¿Cómo es ese trabajo y qué relación tiene con la posible privatización?
Sebastián Bravo: «Tenemos que afrontar un trabajo complejo porque vamos a imprimir un billete que no conocemos, el de Nigeria. La producción está tercerizada y la empresa que contrata el servicio es inglesa. Por eso nuestro gran temor es la privatización. Nosotros venimos denunciando la posibilidad de que detrás de estas decisiones exista un negocio inmobiliario y un proceso de tercerización de los trabajos. Tememos que, como ocurrió en otras empresas estatales, después se diga que Casa de Moneda no cumple con las nuevas necesidades, que es deficiente y que hay que privatizarla. Así podrían terminar comprando una planta que tiene máquinas de última generación.»
LCV: Es decir, los argentinos podrían terminar imprimiendo billetes de Nigeria por encargo de una empresa inglesa, mientras se pierde la capacidad de producir nuestra propia moneda. A la cuestión de Malvinas se suma la discusión sobre la soberanía monetaria.
Sebastián Bravo: «Exactamente. Ese es uno de los grandes conflictos que estamos denunciando.»
LCV: ¿Cómo respondió el Gobierno frente a los trabajadores que se oponen a estas políticas?
Sebastián Bravo: «Esta lucha nos costó mucho. Llegamos a tener 18 sumarios administrativos, que nosotros llamamos carpetazos, porque te inventan causas para intentar someterte o extorsionarte. Como no pudieron avanzar de esa manera, ahora utilizan las demandas penales. Junto con otros cinco compañeros fuimos procesados después de impedir que uno de los responsables del cierre de una planta ingresara para negociar la tercerización de la producción de chapas patentes.»
LCV: ¿En qué situación está la causa judicial y qué pueden hacer las organizaciones para ayudarlos?
Sebastián Bravo: «Estamos esperando que se resuelva la apelación. Nuestro abogado presentó el descargo dentro del plazo correspondiente. No entendemos cómo el juez llegó a una conclusión sin tener en cuenta nuestras pruebas y resolvió todo en apenas quince días. Evidentemente, había una postura tomada. El objetivo es amedrentarnos, apartarnos de la representación de los trabajadores y buscar despidos con causa. Si no pueden avanzar mediante los sumarios administrativos, recurren a la Justicia para intentar sacarnos del camino.»
LCV: Resulta llamativo que el sistema judicial avance contra trabajadores que defienden sus puestos de trabajo mientras hay otras denuncias contra funcionarios que no reciben el mismo tratamiento.
Sebastián Bravo: «Nosotros sentimos que se está utilizando la Justicia para perseguir a quienes piensan diferente y defienden los derechos de los trabajadores. Si estás del lado del trabajador, intentan amedrentarte o correrte del camino.»
LCV: Quería que la gente conociera no solamente el conflicto, sino también todo lo que estamos perdiendo con el vaciamiento de Casa de Moneda. Para muchos, es una institución que fabrica billetes, pero detrás hay conocimientos técnicos, seguridad y soberanía nacional. ¿Querés agregar algo?
Sebastián Bravo: «Muchas veces se dice que los gremios están dormidos o callados, pero quiero que la sociedad sepa que los trabajadores y los representantes sindicales también sufrimos estos atropellos. Se meten en nuestra vida personal, recibimos amenazas, nuestros puestos de trabajo corren riesgo y sufrimos extorsiones. A través de denuncias penales y amenazas pueden quitarnos el sueldo. Nosotros también somos trabajadores, personas de carne y hueso que sentimos todo esto. Pero la lucha sirve, la lucha continúa y vamos a seguir adelante.»
LCV: Muchísimas gracias, Sebastián. Contá con nosotros para difundir el conflicto y mantener informada a la sociedad.
Sebastián Bravo: «Les agradezco que se acuerden de nosotros. La soberanía argentina, las Malvinas y todos nuestros recursos forman parte de una misma lucha. Tenemos que defender nuestras tierras, la educación, nuestros recursos y también nuestra moneda, porque la moneda es soberanía.»
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Francisca Staiti: “Estamos a punto de perder la educación industrial y las escuelas técnicas”
La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, dialogó con La Columna Vertebral sobre la crisis presupuestaria de las universidades nacionales, el deterioro de los salarios docentes y las consecuencias de las políticas educativas del gobierno de Javier Milei. Cuestionó el proyecto de libertad educativa por desplazar la responsabilidad del Estado hacia las familias y el mercado, advirtió sobre el riesgo de perder la educación industrial y las escuelas técnicas y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. También se refirió a la represión durante la quinta marcha federal universitaria y pidió mayor responsabilidad a los dirigentes para evitar que las imágenes de enfrentamientos opaquen la masividad de las movilizaciones.
LCV: Uno de los ejes fundamentales de la campaña de Lula fue la educación, el tema de la alfabetización. ¿Qué importancia tiene para Brasil y qué diferencias encontrás con lo que sucede en nuestro país?
Francisca Staiti: «Creo que la educación debería ser un eje fundamental para Brasil, pero también para nuestro país y para toda América. En el caso de la educación superior argentina, está abandonada y ahogada presupuestariamente, con salarios realmente liquidados para los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales. La política que viene proponiendo el gobierno de Lula es diametralmente opuesta: busca intensificar y masificar la educación para que llegue realmente a todos los lugares. En la Argentina sucede todo lo contrario. Se plantea una ley de libertad educativa que desplaza la responsabilidad del Estado hacia las familias y deja la educación librada al mercado. Por eso, ¿cómo no apoyar todo lo que tenga que ver con las políticas públicas en educación y en salud?»
LCV: Estamos cumpliendo veinte años de la Ley Federal de Educación. Más allá de las críticas que se le puedan hacer, había una ley. Hoy parece haber una especie de anarquía, en la que cada provincia, municipio o universidad podría tener su propio plan, sin una idea de nación respecto de qué profesionales queremos formar. ¿Qué opina el sindicato?
Francisca Staiti: «Esta pretendida ley de libertad educativa que en algún momento quiere discutir Milei plantea una educación puesta fundamentalmente al servicio del mercado. Nosotros defendemos una universidad que tenga soberanía sobre el conocimiento. Esa soberanía tiene que ver con lo que la Argentina necesita para ser un país libre e independiente, para investigar sobre temas que no respondan exclusivamente a los intereses de las empresas, las grandes fortunas o las grandes compañías tecnológicas. Si queremos buenos ingenieros y profesionales, tenemos que invertir en educación industrial. Sin embargo, hoy estamos a punto de perder la educación industrial y las escuelas industriales de la Argentina.»
LCV: ¿Cómo se forma un chico que sale del bachillerato para ser ingeniero desde cero, cuando antes los egresados de las escuelas técnicas ya llegaban con una formación previa?
Francisca Staiti: «La escuela técnica también te formaba para el trabajo. Si queremos producir nuestros propios bienes, venderlos y ser buenos exportadores, necesitamos mano de obra calificada. No es ningún gran secreto. Sin embargo, hoy vamos a contramano de eso: desfinanciamos la escuela técnica y abandonamos la escuela pública, que es también un igualador social. La escuela pública permite el ascenso social y después abre la posibilidad de ingresar a la universidad. Todo eso es lo que está en juego.»
LCV: ¿Qué modelo de país representa la política educativa de Javier Milei?
Francisca Staiti: «Lo que representa políticamente Javier Milei es un país donde unos pocos puedan acceder a la universidad, una universidad para una élite, mientras quienes no puedan llegar a ella tendrán que dedicarse a otras tareas. Esto ya lo intentó el macrismo, pero creo que Milei lo profundiza. Para mí, la base de cualquier país es la educación. Los docentes son los ladrillos con los que se construye la patria. Me espanta ver que estuvimos cerca de tener el modelo educativo de la dictadura chilena. Hay que trabajar para que este Gobierno no tenga un nuevo período, porque, si no, ese modelo se va a profundizar.»
LCV: Además de los salarios y de los problemas presupuestarios, ¿estos son los motivos por los que van al paro?
Francisca Staiti: «Sí. Después de la quinta marcha federal universitaria hubo una represión realmente excesiva y absurda. Era una marcha que se venía desarrollando de manera absolutamente pacífica y en ninguna de las anteriores había habido una represión como esta. El paro es una respuesta a esa situación, pero también tiene que ver con que los trabajadores y las trabajadoras de las universidades ya no damos más. Nuestros estudiantes también están hartos. Estamos exigiendo, más allá de lo salarial, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno está fuera de la ley y hace todo lo posible para no cumplirla. Además, de cara al presupuesto de 2027 que se está discutiendo en el Congreso, vemos la posibilidad de un ahogo todavía mayor, tanto en materia salarial y presupuestaria como en las becas para nuestros estudiantes. No queremos volver a estar en la misma situación en la que comenzamos la pelea en 2024.»
LCV: En la última marcha hubo más de diez cuadras de manifestantes, familias, estudiantes, docentes y trabajadores. Sin embargo, muchas imágenes que circularon se concentraron en los enfrentamientos con la Policía. ¿Qué reflexión te merece?
Francisca Staiti: «Creo que tenemos que ser más inteligentes. Este es un llamado a los dirigentes para que cuiden a sus militantes y no los manden al frente. Una foto con una bandera desafiando los carros hidrantes puede ser muy impactante, dar la vuelta al mundo y tener una estética impresionante, pero no representa a las diez cuadras de estudiantes, familias, militantes, docentes y trabajadores que pusieron el cuerpo y marcharon de manera compacta y pacífica. Esas imágenes terminaron opacando la movilización. Por derecha y por izquierda se les dio más importancia a los enfrentamientos que a la marcha multitudinaria.»
LCV: ¿Considerás que esas imágenes terminaron favoreciendo el objetivo del Gobierno de que no se mostrara la marcha?
Francisca Staiti: «Sí. Creo que el objetivo del Gobierno era que no se mostrara la marcha, y lo lograron entre quienes buscaron esa foto, los infiltrados que rompían cosas y la propia Policía. Me dolió terriblemente porque hubo un enorme esfuerzo y una marcha hermosa, pacífica, con tranquilidad y consignas claras. Además, llovía y, a pesar de eso, nadie se movió. Por eso les pido un poco más de responsabilidad a quienes conducen esos grupos pequeños que después se llevan la foto. Para mí, esa foto no vale la pena. Incluso traté de no publicar esas imágenes porque quería mostrar las de la manifestación, que era lo que correspondía.»
Roberto Bacman: “La campaña de Lula fue a buscar a quienes no habían votado”
Sebastián Bravo: “La impresión de billetes argentinos se trasladó al exterior y entregaron conocimientos estratégicos”
