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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao
“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre, fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.
Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.
Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.
La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.
Fiesta patria
El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.
El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.
la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981
Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.
A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.
El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.
Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.
El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.
“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.
Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha
“Recortes de derechos para todos los españoles”
La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.
Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.
Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.
“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.»
Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.
«los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política»
La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.
La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.
Seis días de protestas multitudinarias
El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto
Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.
Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.
Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.
El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Criminalizar el independentismo
Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.
La juventud airada
Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.
Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.
En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan 7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.
Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.
Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”
El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.
Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.
Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.
[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.
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Fulvio Monti: “Hay 90 familias en la calle por los despidos en Gentec Platinum y la empresa todavía no pagó las indemnizaciones”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Fulvio Monti, secretario general de Empleados de Comercio de Villa Constitución, denunció los despidos en una empresa de tecnología agrícola que golpean a la ciudad santafesina. Advirtió sobre la falta de pago de las indemnizaciones y los salarios adeudados, la pérdida de puestos de trabajo altamente calificados y el impacto que el cierre de fuentes laborales tiene sobre toda la economía local. Además, reclamó la intervención del gobierno provincial y convocó a impulsar un paro regional en defensa de los trabajadores.
LCV: ¿Cómo estás viviendo esta situación de los despidos en Villa Constitución?
Fulvio Monti: “Es algo tremendo que nos golpea muy fuerte en una ciudad que ya viene atravesando la problemática de los despidos desde principios del año pasado. La verdad es que esto es algo más que hace mucho daño a una Villa Constitución tan golpeada. Además, estamos hablando de 90 familias afectadas, lo que representa un promedio de 330 o 440 personas, teniendo en cuenta una familia tipo, con una persona casada y dos hijos. Estamos hablando de casi 500 personas afectadas por un despido”.
LCV: Además del impacto directo sobre los trabajadores, ¿qué significa esto para la economía de la zona?
Fulvio Monti: “Totalmente. Y aparte está lo que significa para toda la zona. Esa persona es la que deja de comprar en el mercado, la que deja de pagar una niñera. Todo repercute, todo está conectado con todo: el jardinero, las changas, la pintura, los arreglos de tu casa. Todo eso lo dejás para otro momento porque hay que comer. Es una cadena que termina afectando a toda la comunidad”.
LCV: En este caso, la situación es todavía más grave porque ni siquiera les han pagado las indemnizaciones.
Fulvio Monti: “Exactamente. En primera instancia, lo que siempre peleamos, y en común acuerdo con todos los trabajadores, es la reincorporación. También buscamos la posibilidad de reinventar una empresa que tiene empleados con altos niveles de conocimiento. Es una empresa de tecnología, de agricultura de precisión, que fabrica pilotos automáticos. No puede pretender una empresa dejar a 90 compañeros y compañeras en la calle y después decir que no los va a reincorporar. En la última reunión en el Ministerio volvió a confirmar que no habrá reincorporaciones. La empresa dice que les va a pagar y que va a seguir trabajando con 60 empleados. Esa es la problemática más grande que tenemos como gremio, porque siguen trabajando 60 compañeros y compañeras, pero la prioridad hoy son estas 90 familias que nos tocan en Villa Constitución”.
LCV: ¿A qué se dedica la empresa y cuál era la preparación de los trabajadores despedidos?
Fulvio Monti: “Como te decía, fabrican pilotos automáticos, monitores multifunción y tienen tecnología de pulverización selectiva. No solamente estamos hablando de 90 familias, sino también de grandes profesionales, empleados muy formados de la provincia de Santa Fe que se están perdiendo. Son trabajadores con una formación muy específica y una experiencia que no se consigue de un día para el otro”.
LCV: ¿También cambiaron las condiciones de trabajo de los 60 empleados que quedaron en la empresa?
Fulvio Monti: “Las condiciones de trabajo evidentemente van a cambiar. Por más que haya menos trabajo, va a haber multifunción. Al día de hoy se les ha pagado el sueldo, pero se les sigue adeudando dinero tanto a los despedidos como a los que todavía están trabajando. Es una situación muy compleja. En un país donde no hay inserción laboral, la gente sabe que si sale de ahí no tiene dónde ir. Es entendible que se aferre a su trabajo y que hoy lo único que le importe sea poder seguir ahí”.
LCV: Durante muchos años, la industria argentina invirtió en la formación de sus trabajadores. Había escuelas dentro de las empresas y se preparaba a técnicos con conocimientos muy específicos. Cuando esa industria desaparece, ¿dónde se reinserta un trabajador con semejante formación? ¿A dónde van estos trabajadores especializados en tecnología agrícola en este modelo de país?
Fulvio Monti: “Hoy, tristemente, en ningún lado. Y te hablamos de Villa Constitución, que es una ciudad industrial. Personas totalmente formadas, con una categoría profesional importante, terminan yendo a manejar un Uber. También tenemos la metalmecánica, con cientos de talleres en la ciudad que se disputan esa mano de obra. El problema es que hoy los talleres también están cerrando, están entrando en convocatoria, están quebrando y están despidiendo gente. Está todo muy complejo. Hoy no hay inserción laboral. Por eso es muy complicado el tema”.
LCV: Pero volvemos a lo mismo: ni siquiera les pagaron las indemnizaciones. ¿En qué instancia está la negociación?
Fulvio Monti: “Nosotros estamos en negociaciones con el Ministerio, pero lo digo con total sinceridad: es pura formalidad, porque el Ministerio de la provincia no va a hacer nada o no tiene el poder para obligar a la empresa a que pague. Ni siquiera todavía nos han sentado con el gobernador, a quien ya le pedimos una reunión hace 15 días. Esto requiere que el gobernador se siente con el gremio y con los representantes de los trabajadores para apoyar y buscar alguna alternativa para la empresa. En primera instancia, necesitamos que pague las indemnizaciones y que pueda seguir funcionando. Además, estamos hablando de una ciudad emblemática en materia de conflictos y de potencial laboral como Villa Constitución”.
LCV: La movilización de los trabajadores fue muy importante. ¿Cómo fue la respuesta de la comunidad?
Fulvio Monti: “Tremenda. Los compañeros se han organizado muy bien. Se hizo un evento con más de 5.000 personas acá, en las dos manos. La semana pasada, el viernes, hubo una movilización que salió desde la planta hasta la plaza central. Nos acompañaron un montón de gremios, instituciones y la sociedad. Los comercios fueron cerrando sus persianas y acompañando a la gente”.
LCV: En esa marcha también se pidió un paro regional. ¿Considerás que es necesario avanzar con esa medida?
Fulvio Monti: “Yo creo que es importantísimo hacer un paro regional, ponerse realmente de frente a esta situación. Ojalá que se pueda dar, porque todavía hay un montón de gente que no entiende lo que está pasando. No creo que sea maldad, sino que simplemente todavía no entendió cómo esto los perjudica a largo plazo, a ellos y a sus familias”.
LCV: También hay una cuestión generacional. Durante muchos años se desvalorizó a los gremios y a la organización de los trabajadores. Hay jóvenes que quizás no conocen la historia de las conquistas laborales ni lo que costaron. ¿Cómo ves esa situación?
Fulvio Monti: “Fueron muchos años de denostar a los gremios, de denostar a la política y de sembrar un individualismo. Lo que vos hablás de las escuelas es muy importante. Acá está la Escuela San Pablo, donde toda la vida iban a estudiar los técnicos, salían y entraban a las fábricas. Había formación y todo eso se perdió. Hay una nueva generación que parece que no sabe todo lo que costaron esas conquistas. No saben que costaron vidas. Hay una falta de enseñanza en las escuelas. En un momento se habló de que no había que adoctrinar, pero no era adoctrinar: era contar una parte de la historia, nuestra trágica historia de lucha de los trabajadores. Eso es algo que tendría que darse. Hay generaciones que no vivieron eso y hoy siguen esperando algo. Nosotros ya lo vivimos, ya lo vivimos en los 90. La educación es también el otro desafío”.
LCV: Fulvio, te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa. Por favor, mantenenos al tanto permanentemente de lo que esté sucediendo en Villa Constitución.
Fulvio Monti: “Claro que sí. Muchas gracias por la difusión y por acompañar en la lucha, que es larga. Tenemos una carpa afuera de la empresa y ahí vamos a quedarnos hasta que el último compañero cobre lo que tiene que cobrar”.
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Héctor Amichetti: “Estamos protestando en fila india, cuando tenemos que estar uno al lado del otro”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, analizó el impacto del modelo económico del gobierno de Javier Milei sobre la industria nacional y el sector gráfico. Advirtió sobre el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del mercado interno. Además, planteó la necesidad de fortalecer las organizaciones sindicales y empresariales, recuperar una agenda programática común y construir una alternativa política basada en la unidad de los sectores del trabajo y la producción. También denunció el vaciamiento de la industria gráfica, la caída de la impresión de libros escolares y las consecuencias de las privatizaciones de los servicios públicos.
LCV: Venimos de una nota con la secretaria gremial de UTEP, que relató su experiencia en el encuentro con León XIV en la UCA, en el marco de la reunión de las fuerzas del trabajo. Después estuvimos en Pilar, con empresarios que contaban lo que sucede en sus sectores y las dificultades que tienen para sostener el mundo del trabajo. Vos diste un testimonio muy interesante sobre la situación de tu federación, que produce todo lo relacionado con el papel, el packaging y la gráfica. ¿Cómo los está afectando esta ola de industricidio del Gobierno nacional?
Héctor Amichetti: «Me parece que fue interesante abordar un tema que nos preocupa a todos en este momento: el trabajo relacionado con la producción. Evidentemente, hubo una coincidencia generalizada en que este modelo económico que se está llevando adelante es un modelo destructivo de la industria. Ahí hay un punto en el que todos coincidimos. Después viene, por supuesto, la discusión sobre qué hacemos frente a un modelo como este. El diagnóstico es realmente terrible: estamos hablando de alrededor de 30 empresas que cierran por día. Es decir, hoy va a terminar el día y habrá 30 empresas cerradas. Además, si tomamos el período desde noviembre de 2023 hasta ahora, hay un promedio de 400 familias que pierden el empleo formal. El encuentro del otro día me pareció interesante y creo que tendríamos que extender este tipo de reuniones. Más que encuentros para debatir la política en términos electorales, tenemos que empezar a discutir cómo nos unimos para ponerle freno a este plan destructivo, porque todavía tenemos un año y pico por delante. No podemos mirar todo exclusivamente en términos de política electoral, sino pensar cómo actuamos en conjunto para tratar de paliar los efectos de esta política. Por otro lado, insistí mucho en que la democracia se fortalece con la participación de las organizaciones. Nos quedamos en el lamento individual de cada empresario por lo que está pasando, pero no nos proponemos nutrir a nuestras organizaciones, tanto de trabajadores como de empresarios pymes, con planteos más profundos sobre qué país industrial podemos construir. Porque en algo estábamos convencidos todos: Argentina puede ser perfectamente un gran país industrial. Durante las exposiciones y los intercambios apareció permanentemente la necesidad de una mayor participación. Si siguen siendo los mismos protagonistas políticos a la hora de las elecciones, los resultados van a ser los mismos. Si estos sectores no tienen una incidencia directa en la política, y con esto quiero decir atreverse a ser candidatos, por ejemplo, o conseguir una mayor representación del mundo gremial y del trabajo en los espacios parlamentarios, difícilmente podamos modificar esa realidad.»
LCV: ¿Creés que hay posibilidades de construir una fuerza nueva, diferente, en la que la energía puesta en el mundo del trabajo pueda traducirse en una política y en candidaturas?
Héctor Amichetti: «Yo creo en una democracia donde, más allá de los partidos políticos, sean las organizaciones de los distintos sectores sociales las que participen. En su momento, el peronismo las llamó organizaciones libres del pueblo. Son las que, en definitiva, participan y definen los grandes planteos políticos y los planes de gobierno. El primer Plan Quinquenal, el posterior Plan Trienal y aquel modelo de proyecto nacional de los años 70 se nutrían fundamentalmente del aporte de los sectores sociales, más que de los propios sectores políticos. Hoy tenemos muchas veces la queja de sectores del trabajo. Yo lo vivo en el sindicalismo: hay sectores que dicen que no son tenidos en cuenta. Pero me parece que lo que está debilitado es precisamente el peso de las organizaciones para incidir en la política. Hoy hay que volver, por ejemplo, en el movimiento sindical, a aquellos planteos programáticos de la CGT. Recordemos los 26 puntos de la CGT cuando la conducía Ubaldini, durante la presidencia de Alfonsín. Allí se planteaban cuestiones concretas relacionadas con la deuda externa, el sistema financiero, la participación en el PBI y muchos otros temas. Todas esas discusiones parecen haberse perdido. Entonces buscamos que nos tengan en cuenta en la política, pero tenemos organizaciones débiles. El aporte más grande que podemos hacer para fortalecer incluso la democracia es precisamente fortalecer el diálogo entre las propias organizaciones del pueblo.»
LCV: ¿No sentís que nos hemos quedado, en el marco de las organizaciones, en las demandas coyunturales? Estamos reclamando por el plato del día, pero nos hemos olvidado de armar el menú.
Héctor Amichetti: «Totalmente. Eso es así y nos debilita absolutamente. Te doy un ejemplo: en este momento se reabren las discusiones de los convenios colectivos y hay cámaras empresarias que piensan que pueden paliar su situación crítica a partir de algunas medidas de flexibilidad que les habilita la reforma laboral, como la flexibilidad horaria o las modificaciones en las vacaciones. Es parte de lo que vos señalás: pensar que pueden subsistir con cuestiones muy parciales y dejar de debatir el problema central. Si no hay una reactivación del consumo, que tiene que ver con el consumo del pueblo, no va a haber un mercado interno fuerte para la industria nacional. Si no hay una política que ponga freno a las importaciones indiscriminadas, que hoy permiten incluso el contrabando y el dumping, tampoco vamos a resolver esos problemas flexibilizando las vacaciones de los trabajadores. Muchas veces nos quedamos en lo coyuntural, tratando de resolver una emergencia, y no abordamos el tema de fondo. Creo que es absolutamente necesario un diálogo entre las organizaciones que representan a los sectores nacionales: el trabajo y la producción, la educación, la salud y todos los demás sectores. El Gobierno ya demostró que no quiere dialogar ni mover un centímetro su modelo. Pero sí tenemos que fortalecer el diálogo entre nosotros. Hoy estamos protestando en fila india, uno detrás de otro, cuando tenemos que estar uno al lado del otro.»
LCV: Hay otro tema preocupante: nos hemos quedado también ideológicamente en discusiones muy livianas, muy coyunturales. Estamos más preocupados por un posible apagón informático que por lo que realmente está pasando. Te pongo un ejemplo: explota una esquina en Remedios de Escalada y nadie pone el acento en que detrás de ese hecho está la tercerización del trabajo. Antes, cuando el Estado tenía a su gente formada para ser gasista y desempeñar cada uno de esos puestos, estas cosas no pasaban de la misma manera. Ahora una empresa como Metrogas terceriza el trabajo y termina siendo un trabajador que necesita empleo el que va a hacer una zanja, sin que la responsabilidad esté donde corresponde. ¿Tiene que ver con lo que se ha hecho con el Estado?
Héctor Amichetti: «Absolutamente. La reflexión de fondo frente a situaciones como esta debería ser por qué no hablamos más de aquello que establecía la Constitución de 1949: que los servicios públicos debían estar indefectiblemente en manos del Estado. El neoliberalismo, con sus incursiones políticas a lo largo de la historia, debilitó las funciones del Estado y entregó los servicios públicos para que se convirtieran en un negocio de los sectores privados. Nos ocurren estas cosas después de que el Estado hizo las grandes inversiones en cada uno de esos sectores y luego se las concedimos a quienes las explotan como negocio. Son negocios pasivos, seguros y permanentes porque tienen consumidores fijos. No podemos dejar de consumir gas, electricidad o agua. Son servicios esenciales que no deberían estar subordinados exclusivamente a una lógica de negocios.»
LCV: Y además está la realidad concreta de la gente. Remedios de Escalada es un barrio precioso, con lindas casas y un centro comercial, pero seguimos teniendo personas que pagan fortunas por una garrafa, que no tienen cloacas y que viven en calles de tierra. Cerca del 50% de los habitantes del país sigue viviendo en calles de tierra y sin cloacas. Cuando nos ponemos a discutir tanto sobre las ideas y estamos tan alejados de los problemas concretos, ¿qué podemos esperar? Creo que, más allá de que Milei haya ganado las elecciones, también las perdió el peronismo. Los pibes crecieron sin el mismo acceso a la educación que teníamos en otros tiempos, no vieron transformaciones en sus barrios, siguen teniendo calles de tierra y dificultades para acceder al agua. ¿Qué queremos que voten si sienten que todo sigue igual? ¿Cómo hacemos para volver a pararnos y decirles que Milei ganó porque estábamos hartos, pero que nosotros tenemos una solución?
Héctor Amichetti: «Creo que la trampa se fue generando con el correr del tiempo y, particularmente, desde la dictadura en adelante. Cuando recuperamos la democracia nos dejaron un país con un Estado que ya empezaba a estar semidestruido y con un endeudamiento externo que después se convirtió prácticamente en una limitación para casi todos los gobiernos. Salvo aquel período en que pudimos sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional, no se pudo cerrar ese ciclo con una ruptura de los factores de la dependencia. Cuando empezamos a recuperar YPF, que era clave para el desarrollo industrial porque representaba la posibilidad de manejar nuestra propia energía, aparecieron nuevamente las limitaciones. Hoy tenemos una cantidad de verdades que en realidad son mentiras, impuestas por una política de dominación de los sectores concentrados. Tenemos responsabilidades que asumir y un desafío por delante: recuperar la capacidad de construir un proyecto de país propio.»
LCV: Para ir cerrando, Héctor, me encantó tenerte en nuestro programa. Contanos cómo está el sector de ustedes y qué podemos esperar para el año que viene.
Héctor Amichetti: «El sector de la gráfica periodística ya venía muy impactado por la cuestión tecnológica. Estamos hablando de diarios y revistas, y hoy es un sector prácticamente muerto, con talleres que cerraron definitivamente y que se reconvirtieron hacia otros rubros. La impresión de diarios y revistas sufrió un golpe muy fuerte. El sector del libro también fue tremendamente afectado porque el Estado dejó de darle importancia a la distribución de libros en las escuelas, como se hacía en otros tiempos. Doy un dato: en 2012 se imprimieron 12 millones de libros para distribuir en las escuelas, mientras que en 2025 bajamos a 5 millones. Esto demuestra una falta total de política o, mejor dicho, una decisión política de parte del Gobierno. Es una política de vaciamiento cultural. Por otro lado, el grueso de la actividad de nuestro gremio está ligado a lo industrial, como señalabas al principio, a los envases, los packaging y las etiquetas. Nosotros acompañamos a casi todas las industrias, por lo que vamos de la mano de la caída de la actividad industrial en general. En algunas regiones estamos particularmente afectados. Por ejemplo, la gráfica en Mendoza está muy ligada a la industria del vino y hoy sufrió una fuerte caída de las exportaciones por la cuestión cambiaria y del consumo por la pérdida del poder adquisitivo. Estamos muy golpeados y en línea con lo que sucede en el conjunto de las ramas industriales. Hacia adelante, espero que podamos superar esta crisis política que está ligada pura y exclusivamente a lo electoral y que podamos reconstruir, con la mayor unidad y fortaleza posible, una alternativa política. Creo que este modelo de gobierno se derrumba. Es imposible que cierre, ya lo conocemos y sabemos que no da para más. Pero la apuesta de quienes lo sostienen es conseguir un recambio que permita mantener el mismo modelo con una cara nueva, quizás más prolija y educada que Milei, mientras nosotros seguimos fragmentados. Por eso tenemos que trabajar por la unidad. Y creo que la unidad solamente se construye discutiendo estos grandes temas de los que estuvimos hablando.»
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Johanna Duarte: el mensaje del Papa León XIV y el desafío de reconstruir un proyecto de país
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Johanna Duarte, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), compartió sus impresiones sobre el encuentro del papa León XIV con representantes del mundo del trabajo, realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). La dirigente destacó el reconocimiento del Pontífice a los movimientos populares, la defensa de la justicia social y la necesidad de garantizar tierra, techo y trabajo. También cuestionó el modelo económico del gobierno de Javier Milei, la estigmatización de las organizaciones sociales y reclamó que el peronismo vuelva a construir un programa de país que coloque a los trabajadores en el centro de las decisiones.
LCV: El Papa participó de un encuentro con representantes de las cooperativas, los movimientos sociales, las centrales obreras y el mundo empresario. Allí escuchó cinco testimonios, entre ellos el de Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, que representó a la economía social, y el de Soledad Cuella, integrante de la comunidad guaraní de la misión San Francisco de Pichanal, en Salta. El encuentro puso el foco no solamente en las tres T —tierra, techo y trabajo—, sino también en las organizaciones sociales. Johanna, ¿cómo estás? Bienvenida a La Columna Vertebral. ¿Estuviste en la UCA?
Johanna Duarte: «Sí, la verdad es que me tocó estar allí y fue un momento de mucha emoción, sobre todo cuando escuchamos a nuestra compañera Verónica San Martín, que expresó las realidades de la economía popular. Algo que nos llamó mucho la atención desde el primer momento fue que estábamos todos mezclados. No es que los empresarios estaban adelante y los trabajadores atrás».
LCV: No había corralitos ni diferenciaciones. Un trabajador de la economía popular podía estar sentado junto a un secretario general de un sindicato, un representante de una central obrera o un empresario. Incluso empresarios con los que habitualmente no tenemos oportunidad de encontrarnos. Contame qué sentiste frente a las palabras del Papa. Algunos dicen que parecía que Francisco le había dejado escrito el discurso en la mesa de luz, porque hay una misma línea histórica vinculada con la doctrina social de la Iglesia. En un momento en que desde el Gobierno se cuestiona la justicia social, el Papa habló de justicia social, de tierra, techo y trabajo, de organización y de la necesidad de que la gente se organice. También hizo referencia a las mujeres y al feminismo. ¿Cómo viviste ese momento?
Johanna Duarte: «La verdad es que fue muy emocionante. Nos atravesó profundamente a quienes tuvimos la oportunidad de estar allí. La UTEP tuvo la posibilidad de llevar a 40 delegados de todo el país, y para nosotros fue muy importante porque vinieron compañeros y compañeras de todos los puntos de la Argentina. Eso también habla del rol que nos da el papa León en este camino. Quiero contar una anécdota muy particular: a mí y a otros compañeros de la UTEP nos había tocado conocerlo el año pasado, cuando participamos del Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma. En aquel momento ya nos había transmitido un mensaje muy claro: ‘Estoy con ustedes, camino con ustedes’. Pero escuchar esas palabras en nuestra tierra, en un momento tan difícil para nuestro país, fue fuertísimo. Fue volver a ponernos en el centro, como lo hacía Francisco hace más de once años, cuando nos decía que los movimientos populares éramos los poetas sociales que construimos trabajo allí donde el mercado y el Estado descartaban a las personas».
Johanna Duarte: «La verdad es que eso nos coloca en una posición de centralidad, especialmente frente a los actores que estaban presentes, porque también había representantes del Gobierno nacional. Cuando el Papa menciona que no hay posibilidad de justicia social sin construir las tres T —tierra, techo y trabajo para todos—, o cuando habla del principio de subsidiariedad y pone a los movimientos populares como un ejemplo a seguir, está reconociendo una forma de construir dignidad humana. El día anterior había dicho que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. En su discurso planteó que los movimientos populares no somos el problema, sino parte de la solución. Se trata de poner en el centro al trabajador, volver a humanizar el trabajo y construir soluciones de abajo hacia arriba, desde esas periferias de las que también hablaba Francisco. Todo eso nos atravesó profundamente y también fue una bocanada de esperanza».
Johanna Duarte: «En estos últimos dos años, desde que asumió Milei, los movimientos sociales fuimos los más perseguidos y estigmatizados por el Gobierno. Nos armaron causas, allanaron nuestros comedores y nos quitaron políticas que habíamos conseguido para los sectores populares durante los últimos años. Pero también hubo sectores del peronismo y de los espacios más cercanos a nosotros que muchas veces intentaron estigmatizarnos, diciendo que por nuestra culpa los trabajadores formales terminaron votando a Milei. El Papa puso mucha claridad sobre esas contradicciones. Hay que entender que los movimientos populares son parte de la solución y no el problema».
LCV: La UTEP está en contra del reparto indiscriminado de planes, porque entiende que eso termina perjudicando la imagen de la economía popular. Ustedes generan trabajo, no son simplemente un sector que demanda planes como método de subsistencia. Cuando se pone el foco en aquello que no se previó o no se hizo bien, se termina estigmatizando a una parte de la sociedad que también es parte de la solución.
Johanna Duarte: «Totalmente. Creo que también es un fuerte llamado de atención a la dirigencia política en general. Para este Gobierno, obviamente, nosotros hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo al señalar que construye un modelo económico de crueldad y deshumanización. Pero creo que también hay un llamado de atención a toda la dirigencia política, porque el enfrentamiento entre los trabajadores no tiene por qué hacer recaer el peso sobre los sectores populares. En todo caso, la dirigencia, y particularmente la dirigencia peronista, deberá preguntarse qué hizo para que los trabajadores formales no tuvieran condiciones de acceso a salarios dignos y mejor remunerados. También deberá preguntarse por qué el trabajador estatal quedó en una situación de tanta precariedad, sin herramientas, con contratos basura y plantas transitorias, prácticamente indefenso frente a las políticas de este Gobierno».
LCV: Por eso me parece interesante que uno de los testimonios haya sido el de una delegada sindical de los trabajadores del Estado. Si bien en AEFIP no hubo despidos porque trabajaron fuertemente sobre los convenios, los estatales en general también fuimos parte de una persecución descarnada. Los movimientos sociales y los trabajadores estatales fueron presentados como las dos grandes columnas demoníacas sobre las que se construían todos los males del mundo.
Johanna Duarte: «Totalmente. Me parece que las representaciones que pudieron hablar ese día y exponer las distintas situaciones laborales que se viven en nuestro país expresan un poco a todos aquellos que vamos quedando afuera de este modelo económico, todos los que somos descartados. Creo que hay que tener mucha humildad para tomar las palabras del papa León. Y quienes somos peronistas sabemos que la doctrina social de la Iglesia siempre fue una base central del peronismo».
LCV: Hay que recordarles a quienes hoy están peleándose por los cargos que, en realidad, lo que tienen que discutir es la doctrina. Quiénes son capaces de llevar adelante los presupuestos básicos del peronismo. Vos y yo podemos hablar desde el mismo lado de la historia: la justicia social no está alejada del trabajo. El trabajo es lo que construye la dignidad del hombre, y esa dignidad se alcanza con justicia social y una economía verdaderamente igualitaria. También se trata del ascenso social, de que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la escuela secundaria, a la universidad y convertirse en científicos o médicos. Alguna vez un dirigente sindical dijo que quería ver a un trabajador sentado en el sillón de Rivadavia.
Johanna Duarte: «Totalmente. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar: que los trabajadores tengan centralidad. No solamente en un proceso de resistencia, donde siempre ponen el cuerpo y la lucha, sino también en las discusiones sobre el proyecto de país. Muchas veces sucede que, cuando llega el momento de definir ese proyecto, los trabajadores no forman parte de esas discusiones. No pueden ser moneda de cambio. Tenemos que recuperar las banderas del peronismo. Si hay algo que hizo Perón fue no solamente darle derechos a los trabajadores —por eso hasta el día de hoy no pueden destruir los sindicatos ni a los trabajadores—, sino también convertirlos en sujetos políticos».
Johanna Duarte: «En algún momento, las listas del peronismo para las cámaras de Diputados se constituían con un 40% de trabajadores. También hay que recordar las agregadurías obreras en las embajadas argentinas en distintos países del mundo. No se trataba de enviar trabajadores a conocer el mundo o a pasear, sino de construir una relación profunda con los movimientos obreros y sociales de cada uno de esos países. Por eso digo que también se trata de volver a las raíces. El peronismo tiene que volver a poner en el centro a los trabajadores».
Johanna Duarte: «Además, frente al crecimiento del trabajo informal y las transformaciones que se están produciendo en el mundo laboral, tenemos que construir leyes que les garanticen derechos a esos trabajadores. Desde la UTEP y los movimientos populares de la Argentina venimos planteando hace mucho tiempo que la asistencia no alcanza. La asistencia sirve para salir de un momento muy complejo, pero no puede ser la respuesta permanente. Cuando este Gobierno termine, en 2027, vamos a encontrar un país devastado. El peronismo tiene que tener un programa de gobierno que ponga en el centro a los trabajadores y que incorpore a quienes hoy no están registrados y no tienen garantizados los derechos básicos que debe tener cualquier trabajador».
Johanna Duarte: «Eso requiere una decisión política. Un gobierno peronista tiene que decidir cómo incorpora las nuevas realidades del trabajo, que incluyen a la economía popular, pero también a los trabajadores de plataformas. Hay que reconocer esas formas de trabajo y garantizarles derechos».
LCV: Además, cuando el asistencialismo se transforma en una política permanente, termina siendo el peor parásito de la verdadera justicia social. El reparto de bolsones, canastas o ayudas no contribuye al ascenso social, sino que muchas veces aplasta las voluntades y las posibilidades de la gente. Se parece a esa caridad que tranquiliza las conciencias: alguien entrega dinero para una comida de fin de año y después la ayuda que llega a los barrios no modifica la realidad de quienes viven allí.
Johanna Duarte: «Sin lugar a dudas, el asistencialismo puede terminar siendo eso. Para mí es equivalente a las damas de caridad: personas que se van a dormir tranquilas porque creen que hicieron una buena acción, pero que no transforman las condiciones de vida de quienes reciben esa ayuda. Son dos caras de la misma moneda: el asistencialismo y la caridad que tranquiliza conciencias. Desde los movimientos populares, y particularmente desde la UTEP, hemos dado muestras de que nuestra propuesta va mucho más allá de la asistencia. Por ejemplo, cuando construimos el Salario Social Complementario, buscamos complementar los ingresos de los trabajadores que estaban en los márgenes de la informalidad de la economía popular y avanzar en el reconocimiento de los derechos que les faltaban. También construimos la Ley Nacional de Barrios Populares, que permitió avanzar en la urbanización de más de 4.000 barrios que ni siquiera el Estado sabía que existían».
Johanna Duarte: «En síntesis, creo que el papa León nos habló de las tres T: tierra, techo y trabajo; del bien común, de la dignidad humana y del destino universal de los bienes. También planteó que la propiedad privada no es absoluta, sino que los bienes tienen que estar al servicio del desarrollo y del cuidado de las comunidades. Especialmente los bienes naturales deben estar al servicio de las comunidades y del cuidado de la casa común. Allí también retoma el pensamiento de Francisco, expresado en Laudato si’. Me parece que el mensaje del papa León es muy claro. Ahora está en manos de la dirigencia política, sobre todo del peronismo, interpretar esas palabras y llevarlas a la práctica».
Johanna Duarte: «El peronismo tiene que volver a tener un programa de país transformador, que modifique las realidades injustas que hoy viven los trabajadores y que vuelva a enamorar. Y, fundamentalmente para nosotros, no hay posibilidad de transformación si los trabajadores no son parte de esa discusión».