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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao
“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre, fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.
Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.
Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.
La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.
Fiesta patria
El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.
El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.
la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981
Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.
A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.
El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.
Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.
El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.
Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.
“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.
Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha
“Recortes de derechos para todos los españoles”
La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.
Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.
Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.
“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.»
Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.
«los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política»
La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.
La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.
Seis días de protestas multitudinarias
El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto
Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.
Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.
Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.
El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.
Criminalizar el independentismo
Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.
La juventud airada
Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.
Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.
En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.
la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017
Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan 7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.
Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.
Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”
El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.
Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.
Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.
En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.
[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.
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Pablo Llonto: “Los gerentes de personal son la mano que mueve la guillotina”
A horas del inicio del juicio oral contra Emilio Parodi, exgerente de Relaciones Industriales de Molinos Río de la Plata, el periodista y abogado Pablo Llonto repasó la investigación por la desaparición de trabajadores aceiteros durante la última dictadura. Señaló la responsabilidad de los gerentes y personal jerárquico que colaboraron con la represión y advirtió sobre la enorme deuda de la Justicia argentina con los empresarios y civiles cómplices del terrorismo de Estado.
El próximo 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, quien fuera gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura militar. La causa forma parte de las investigaciones sobre la responsabilidad de empresarios, gerentes y personal jerárquico en la desaparición de trabajadores durante la década del 70. Para hablar sobre el caso y sobre el rol de los sectores empresariales en la represión, conversamos con Pablo Llonto, periodista, abogado e investigador que lleva adelante estas causas.
LCV: ¿Cómo te va, Pablo? Entendemos que esto son buenas noticias. Contanos un poco cuánto tiempo llevó poder tener al señor Emilio Parodi en el estrado.
Pablo Llonto: “La denuncia se hizo en 2013 y estamos llegando a juicio oral 13 años después. Así que es un buen tiempo para alguien que está por cumplir 86 años y que el juzgado de instrucción de La Plata consideró partícipe en los crímenes cometidos contra los trabajadores de Molinos en 1976, específicamente el 7 de julio de ese año, cuando un grupo de tareas ingresó a la planta de Molinos en la localidad de Avellaneda y, con la anuencia y colaboración de Parodi, que en aquel momento era gerente de Relaciones Industriales, lo que sería hoy un jefe de Personal o de Recursos Humanos, se llevaron a estos compañeros, que están desaparecidos. Se llevaron a más compañeros, pero todavía no se ha podido precisar de quiénes se trataba, porque hay testigos que dicen que ese camión que ingresó se llevó a más de tres personas, pero todavía no hemos podido determinar si se trata de sobrevivientes o de desaparecidos.”
LCV: ¿Quiénes son los tres trabajadores que están desaparecidos?
Pablo Llonto: “Los tres trabajadores desaparecidos que se llevaron el 7 de julio de 1976 son Roberto José Rivolta, Santos Ojeda y Francisco Fernández, todos trabajadores aceiteros. Yo quiero remarcar esto porque se habla mucho de la falta de compromiso que toman distintas organizaciones o representaciones de trabajadores frente a estos temas y, sin embargo, acá estamos hablando de que el impulso de todo esto tiene a las organizaciones gremiales como la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera como impulsores de este tema, como gente que no deja caer la memoria.”
LCV: Es decir que los aceiteros fueron fundamentales para que esto siguiera adelante.
Pablo Llonto: “Sí. Aceiteros es de los pocos gremios que se ha presentado en estos años como querellante y marca no solo una cuestión de respeto y dignidad por sus trabajadores, sino también una obligación que deberían tener todos los gremios que tienen desaparecidos, que, si no nos equivocamos, son todos los gremios del país. No hubo ningún gremio que no haya sido golpeado por la mano del terror de la dictadura cívico-militar. Ninguno.”
LCV: Yo estoy haciendo una investigación sobre trabajadores desaparecidos y cada vez que creo que la cierro aparece otro sindicato, aparece otro y aparece otro. Desde los sindicatos de trabajadores hasta la UOCRA, el tema está absolutamente atravesado por el movimiento obrero.
Pablo Llonto: “Absolutamente atravesado.”
LCV: Vos dijiste recién que Parodi permitió el ingreso. Pero además de permitirlo, ¿no fue partícipe en la confección de las listas de entrega?
Pablo Llonto: “Hay algunos testimonios que indican que Parodi confeccionaba esas listas. Hay testimonios de quien vio la lista con el membrete de Molinos. O sea, hay una suma de indicios y de pruebas que señalan que la conducta de Parodi fue una conducta múltiple. No solo permitir que entren, permitir que se los lleven y no hacer nada, sino también una conducta por omisión: no hacer nada para impedirlo ni para averiguar adónde se los llevaban. Hay testimonios, además de trabajadores de Molinos, que han dicho en la etapa de instrucción el rol que cumplía Parodi en los meses previos. Todas estas conductas, las que tuvo Parodi en los meses previos, las que tuvo en los momentos del secuestro y las listas son elementos que hay que tener en cuenta en el juicio oral. Todo eso tiene que reproducirse, los testigos tienen que volver a declarar para reafirmarlo y después, en los alegatos, las partes acusadoras les daremos el contenido jurídico necesario para decir si es un autor o si es un partícipe. Eso va a depender de la acumulación de pruebas. Para nosotros es un coautor, para nuestra querella, pero hay más querellas: está la querella de Aceiteros, está el Ministerio Público Fiscal y está la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.”
LCV: ¿Cuál de ellos lo considera coautor?
Pablo Llonto: “Como coautor creo que somos dos quienes estamos acusando y otros lo consideran partícipe. Son categorías que implican distintos grados de responsabilidad. Autor es una mayor responsabilidad. Seguramente Aceiteros estará en esta parte. Pero, de todas maneras, una cosa es lo que se dice en la acusación inicial, que es la que se va a leer el jueves, y otra cosa es la que se va a decir el día de los alegatos. Uno puede haber acusado por participación y después, vista la prueba y vista la dimensión de la tarea que cumplió, puede acusar por autoría directa o por coautoría. Esas son cuestiones que se van a evaluar el día de los alegatos.”
LCV: Hay algunos números que circulan en relación con la investigación. Estos tres trabajadores están comprobados, pero habría al menos 26 personas en listas que tenían el sello de Molinos Río de la Plata. Y, además, Parodi sería la punta del iceberg de aproximadamente 16 jefes y personal jerárquico de esa planta de Avellaneda.
Pablo Llonto: “Sí. El tema es que gran parte de los directivos de Molinos ya falleció y, por lo tanto, la decisión ha sido ir contra esta persona porque tiene responsabilidad y porque es el que quedó vivo. Pero, si no, la idea nuestra al comienzo, cuando empezaron las denuncias de los hijos de los obreros desaparecidos, era ir también por los integrantes del directorio. La empresa en aquellos años, estamos hablando de hace 50 años, pertenecía al grupo Bunge y Born. Hoy ya no pertenece más, la compró el grupo Pérez Companc. Y, aunque suene llamativo para alguna gente, la actual empresa prestó colaboración para la investigación. No fue de las empresas que ponían trabas para acceder a los archivos. Al revés: la empresa puso a disposición todas las llaves de la planta de Avellaneda para que se abrieran y se revisara si allí había legajos de personal, etcétera. Algunas cosas se encontraron. Uno también valora y aprecia todo lo que tiene que ver con generaciones distintas, no te voy a decir de empresarios, pero sí por ahí de terceras líneas de las empresas, gente que trabaja en los departamentos legales, etcétera, que son jóvenes y que cuando reciben un oficio judicial, en vez de demorarlo o hacerse los idiotas, responden y dicen: ponemos a disposición toda la documentación del departamento de Personal. Acá ha ocurrido algo por el estilo.”
LCV: Entre esas 26 personas hay trabajadores aceiteros y familiares. Hay un caso particular, el de Paula Noemí Albornoz Musachio, hija de René Albornoz y de su esposa Elva. Esta chica fue secuestrada cuando tenía seis meses de edad, luego de la desaparición de sus padres.
Pablo Llonto: “Sí, pero en este juicio nada más se va a tratar el caso de los tres primeros que dijiste.”
LCV: Entiendo. Lo menciono porque muestra todo lo que queda pendiente.
Pablo Llonto: “Sí, hay tanto para revolver. Fueron atacados por luchar, fueron atacados en sus derechos laborales, sindicales, democráticos, etcétera. Había un poder económico concentrado que necesitaba esto. Hoy hay un poder económico concentrado que no se estaría llevando del todo bien con los métodos del gobierno nacional, sobre todo en lo que les atañe a sus propios intereses.”
LCV: A lo mejor ahí también hay algo que tiene que ver con que sean más abiertos a las intervenciones.
Pablo Llonto: “Sin dudas. Nosotros sabemos que una gran cuenta pendiente con el tema de los empresarios cómplices y los gerentes de producción, de Personal y de Seguridad cómplices es que en la Argentina la deuda es enorme. Son muy pocas las condenas que se tienen hasta ahora. Está el caso Ford, el caso La Veloz del Norte y Mercedes-Benz, aunque Mercedes-Benz va a empezar el 22 de octubre. Empieza el juicio en San Martín, en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, contra el gerente de producción de la planta de Mercedes-Benz de González Catán en 1977. Se llama Tasselkraut y fue nombrado por primera vez su nombre y su participación en el secuestro de obreros de Mercedes hace 41 años.”
LCV: Y está vivo.
Pablo Llonto: “Sí, está vivo. En el juicio contra Tasselkraut va a declarar el obrero de Mercedes-Benz Héctor Ratto, un obrero que declaró en 1985, o sea, 41 años atrás, cuando era un trabajador de treinta y pico de años y hoy, a los 70 y pico, Ratto va a ser el primer testigo y va a repetir lo que dijo en el juicio a las Juntas. Para que se vea lo que es la demora de esta Justicia, a la que ya no sabemos cómo calificar, en la Argentina.”
LCV: Pablo, esto me lleva a pensar determinadas cosas y quiero que nos ayudes a analizarlas. Cuando hablamos de los grandes grupos económicos, de Bunge y Born, de los señores que fueron durante mucho tiempo los dueños de la Argentina, hablamos de intereses económicos muy potentes, de gente que incluso se llevó puesta a poblaciones indígenas para obtener territorios. Pero cuando hablamos de un gerente de Recursos Humanos, de un jefe de talleres, de un jefe de Personal, de personal jerárquico que confeccionaba las listas y entregaba a los delegados, ¿cuál es la clave ideológica en la cabeza de esa gente? ¿Qué les pasa para poder ser cómplices, partícipes necesarios, acompañantes tan activos de una dictadura que secuestraba y desaparecía trabajadores?
Pablo Llonto: “En general, los gerentes de Personal, y acá uno sí podría hasta decir que vale la pena generalizar, porque es muy difícil que un obrero, un empleado, en la historia del movimiento obrero, en la historia de la clase trabajadora, te hable bien de un gerente de Personal. Es casi imposible. Son los verdugos. Son la mano que mueve la guillotina, son la mano que mueve el telegrama de despido, son los que hacen las listas. Cuando la empresa dice ‘hay que racionalizar’, los dueños, los accionistas dicen ‘racionalizá’, y el que racionaliza con la lapicera o la computadora es el gerente de Recursos Humanos o el gerente de Personal. Hay pilas de películas sobre estos temas, algunas muy importantes, las francesas. Los franceses han hecho un gran trabajo con lo ideológico del ser humano, del hombre gris, de ese mediocre que, en un lugar escondido, en una oficina que puede ser ostentosa o que generalmente es gris, pelea porque le den una oficina con ventana. Todo esto, sin embargo, utiliza una lapicera para generar la desgracia económica o el destino en la vida. En este caso se jugaba la vida de las personas. Ese formato gris a mí me impresiona mucho. Me interesa indagar en esas cabezas.”
LCV: Porque son responsables de alguna manera.
Pablo Llonto: “Son responsables y por eso decimos que son coautores, autores al igual que el autor que ejecuta de uniforme el secuestro o la tortura. La verdad es que uno se acostumbra por ahí a llamarlos delincuentes de cuello blanco, cuando en realidad son de manos ensangrentadas, porque ellos sabían quién se los llevaba. Sabían que los llevaban a un destino que era la desaparición, primero la tortura y después la desaparición forzada o el asesinato directo. Lo supieron siempre. Fueron personas que en 1983, al recuperarse la democracia, se presentaron en un juzgado para decir: ‘Miren, yo era gerente de Molinos, yo tenía que hacer esto y yo sé que quienes entraron acá fueron los del Regimiento de La Tablada, por ejemplo, y el capitán fulano de tal’. Pero mantienen su silencio, forman parte del pacto de silencio. Porque Parodi, cuando declaró, no dijo: ‘Bueno, miren, pido disculpas por lo que hice. Yo fui un mal gerente. Yo tendría que haber denunciado esto, aunque sea en el 83, 84 o 85, pero no lo hice. Pido perdón’. No. Dice: ‘Yo no sé nada. Yo no lo hice’, cuando tiene 20 o 30 declaraciones de obreros diciendo el rol que él cumplió ese día y los días anteriores.”
LCV: ¿Y qué pasa con los gerentes de Personal en otros casos?
Pablo Llonto: “Te voy a contar una anécdota, una pequeña apostilla al tema de Mercedes-Benz. Los obreros de Mercedes-Benz, cuando declararon en la instrucción de este juicio hace muchos años y hablaban de Tasselkraut, decían el apodo de él. Ni siquiera decían Tasselkraut. Decían: ‘No, al gerente, yo no me acuerdo el nombre. Era…’. Como no lo memorizaban, decían: ‘Para nosotros era Moco Verde’. ¿Por qué? Porque nadie en la planta se lo tragaba. Decían eso. El apellido era difícil de pronunciar, entonces para el obrero era más fácil: ‘Es Moco Verde, el gerente de Personal que nadie tragaba’.”
LCV: Es un estudio en sí mismo. En algún momento tendríamos que juntarnos a charlar sobre esa parte, hablar con algún psicólogo, con algún sociólogo, no sé con quién, para que nos explique ese pensamiento del hombre gris e intentar descular cuánto mal hicieron los hombres grises de la dictadura.
Pablo Llonto: “Sí, seguro. Es todo un estudio. En algún momento tendríamos que juntarnos y charlar acerca de esa parte, para intentar descular a los hombres grises de la dictadura y cuánto mal hicieron.”
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Ernesto Alonso: “No tenemos ninguna duda de que es un plan sistemático de entrega”
El referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, Ernesto Alonso, analizó la política del gobierno de Javier Milei respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, cuestionó el alineamiento con Estados Unidos y Gran Bretaña y advirtió sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. También denunció el impacto de las políticas económicas sobre Tierra del Fuego y sostuvo que la Argentina necesita recuperar una política exterior basada en la soberanía y en un proyecto nacional.
En diálogo con La Columna Vertebral, Ernesto Alonso analizó las últimas declaraciones y decisiones vinculadas con la cuestión Malvinas, el posicionamiento de Estados Unidos y Gran Bretaña, la política exterior del gobierno de Javier Milei y la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Alonso cuestionó la idea de una supuesta neutralidad histórica de Estados Unidos frente al reclamo argentino y advirtió sobre las consecuencias de los acuerdos y políticas que, según sostuvo, favorecen los intereses británicos y norteamericanos.
LCV: En los últimos días hubo distintas declaraciones de Donald Trump vinculadas con la cuestión Malvinas. ¿Qué opinás de este giro y de la posición de Estados Unidos respecto de nuestro reclamo de soberanía?
Ernesto Alonso: “La verdad es que esto que venía haciendo Trump en los días anteriores, diciendo que estaban evaluando cambiar la posición histórica con respecto a la supuesta neutralidad que Estados Unidos tiene con Gran Bretaña en el reclamo de soberanía con Argentina, esa neutralidad nunca existió. Creo que hay que estudiar un poco la historia. Siempre esa neutralidad estuvo inclinada hacia el lado de Gran Bretaña. Antes de que los británicos usurparan nuestras Islas Malvinas en 1833, por allí pasó la corbeta Lexington en 1831, que bombardeó Puerto Luis. Intentaron quedarse con las Malvinas porque el gobierno de Buenos Aires les quiso cobrar impuestos y ellos venían a llevarse las ballenas y los lobos marinos de nuestro mar Austral. Y después, en 1982, en esa aventura bélica que tomó la decisión de llevar adelante la dictadura militar con Galtieri, Estados Unidos les dijo: ‘Sí, sí, vayan, avancen, que nosotros no nos vamos a meter’. Por supuesto, esto fue una gran traición. El resultado que obtuvimos después de la derrota militar de la dictadura, y no de nuestro pueblo, fue que los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados.”
LCV: ¿Cómo se entiende esta situación en el contexto geopolítico actual?
Ernesto Alonso: “En este contexto mundial, donde se está reacomodando la geopolítica, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña necesitan garantizar su cadena de suministros, particularmente en recursos energéticos. En este caso podemos mencionar el petróleo que está en Malvinas, que siempre estuvo presente. Ya desde 1974 o 1975, cuando se hace el informe Shackleton, se descubrieron reservas de petróleo de clase mundial. Después de la usurpación y después de la guerra de Malvinas, los británicos instalaron la fortaleza en Monte Agradable, una base militar que responde a la logística de la OTAN. También hay que entender que en los años 80, en esa posible conflagración a escala nuclear entre el bloque de la ex Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y la OTAN, necesitaban un punto de apoyo logístico y un punto de control geopolítico en el Atlántico Sur, y eso era Malvinas. Reagan planteaba el plan Ocean Plans y la Guerra de las Galaxias, el escudo misilístico, y necesitaban tener ese posicionamiento. La longitud de la pista que hicieron en 1985 permitía incluso que pudiera aterrizar el transbordador espacial. Entonces hay que revisar la historia y tener mejor información para tomar algún tipo de decisión política, y más cuando estás al frente de un gobierno como el de la República Argentina.”
LCV: Más allá de todas estas cuestiones históricas, económicas y geopolíticas, ¿no hay también una apelación muy fuerte al sentimiento alrededor de Malvinas?
Ernesto Alonso: “Sí. Creo que las decisiones que se toman alrededor de esto, incluida la guerra, tienen un costado de mucha apelación al sentimiento. Pasamos del trapo en el Mundial a esto porque las encuestas muestran que la gente sabe lo que es Malvinas. Yo creo que la gente sabe que las Malvinas son argentinas, pero seguramente no tiene el grado de información que estamos dando acá. Esto ya no se enseña en las escuelas como se enseñaba antes. Depende del docente y depende de la provincia. Hay provincias en las que es muy importante y otras en las que pasan un poco de largo. A veces hasta se olvidaron de ponerlas en los mapas oficiales y tuvieron que salir corriendo a modificar el mapa.”
LCV: En ese contexto, hay algunas políticas del actual gobierno que, al menos formalmente, continúan iniciativas vinculadas con Malvinas. ¿Cuál es tu posición?
Ernesto Alonso: “Los que no nos olvidamos de Malvinas sabemos que muchas de las cosas que dijo Milei, lamentablemente, son cosas a las que uno no se puede oponer. Por ejemplo, a la implementación de la Ley Pino Solanas o a la implementación de cualquiera de las otras leyes anteriores, mucho menos a la terminación o a que se finalice una base que empezó en el gobierno anterior y después se desfinanció. El problema es que pasamos a tener un retrato de Margaret Thatcher en el despacho del presidente de la Nación. Entonces, ¿cómo explicarle a nuestro pueblo querido que no estamos en contra de que se apliquen determinadas medidas ni de que continúe adelante la base? Sí queremos saber para qué se va a usar. El problema no es el modo, el problema es el fin. Si hacemos la base en el sur, se va a usar para lo que estaba previsto, para un mayor poderío argentino, o la vamos a usar para que tenga la base el gobierno norteamericano. Ese es el problema.”
LCV: ¿Por qué señalás directamente a Milei como el problema?
Ernesto Alonso: “El problema es Milei. Fue totalmente inverosímil lo que hizo en la cadena nacional. Nosotros estábamos muy preocupados porque el día lunes presentamos conjuntamente con la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina una medida de acción que venimos trabajando hace tiempo en el Juzgado Federal de Río Grande. Es una medida que conjuga lo ambiental y lo soberano. Esto tiene que ver con que ya tiene fecha de anuncio el comienzo de la extracción de petróleo en estas áreas de concesión que fueron concesionadas de forma ilegal e ilegítima, como es la de Sea Lion, a 200 kilómetros al norte de nuestras Islas Malvinas, en 2028. Entonces, escuchar a Milei con esta lógica es absurdo. Es la lógica del absurdo y esto va a terminar muy mal.”
LCV: ¿Por qué decís que puede terminar muy mal?
Ernesto Alonso: “Por dos cuestiones. Primero, porque es obediente a lo que le dice Donald Trump y otro socio, Netanyahu. Las empresas que están operando en estas áreas de concesión ya fueron sancionadas, ya fueron perseguidas por la Justicia argentina y hay exhortos en Cancillería que nunca fueron entregados, solicitados por la jueza que está a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, la doctora Borruto. Entonces, escuchar a Milei y hacer un recuento de estos casi tres años que tiene el presidente muestra una serie de contradicciones. Primero, un presidente que tiene a Margaret Thatcher en su escritorio. Eso es una afrenta a los caídos y particularmente a los que murieron por la decisión de Thatcher en el hundimiento del Crucero General Belgrano.”
LCV: También está aquella frase de Milei sobre que los habitantes de las islas algún día podrían “votar con los pies”. ¿Qué significa eso?
Ernesto Alonso: “Escuchar a Milei el pasado 2 de abril de 2025 decir que el día que los habitantes de las islas voten con los pies por ahí quizás podamos recuperar las Malvinas es algo que todavía no entiendo. Porque cuando uno dice ‘estás pensando con los pies’ quiere decir que estás pensando mal. Entonces no entiendo qué quiere decir ‘votar con los pies’.”
LCV: ¿Cómo interpretás esa expresión?
Ernesto Alonso: “Es otorgarle el derecho a la autodeterminación a quienes son una población insertada. Eso fue comunicado a la comunidad internacional. No puede ser. Son una población insertada y dependiente. No digo que haya dicho nada nuevo: no es que la gente de las islas esté queriendo ser argentina enloquecidamente. Ese es el grave problema que tenemos. Lo que está haciendo es colocar a la República Argentina en un lugar en el que pareciera que la autodeterminación de esa población fuera la solución. Y, por supuesto, si fuera por eso ya estaban votando con los pies, porque en una consulta que hicieron con los kelpers ya habían querido ser británicos.”
LCV: ¿Qué responsabilidad tuvieron los gobiernos anteriores en esta situación?
Ernesto Alonso: “Se han repuesto, en todos los ciclos neoliberales —Menem, Macri y Milei—, los acuerdos de Madrid, las relaciones carnales y distintos acuerdos que terminaron favoreciendo a Gran Bretaña. Macri, por ejemplo, firmó el acuerdo Foradori-Duncan, brindándole recursos producidos por las propias agencias estatales, información científica con respecto al tema de pesca y anunciando a su vez que se iba a promover el desarrollo económico de las Islas Malvinas. Eso lo hizo Macri en el Foro de Davos. Foradori fue quien firmó en la bodega de la embajada británica en Buenos Aires. Después se repuso con Mondino y con el actual gobierno. Entonces vas a ver una cantidad de hechos sucesivos que nosotros caracterizamos como un plan sistemático de entrega.”
LCV: ¿Qué te genera la política exterior de Milei en relación con Gran Bretaña y Estados Unidos?
Ernesto Alonso: “Esto tiene que ver con la contradicción de este presidente, que anunció lo que anunció el otro día y en ese mismo momento estaba en Chile con el presidente Kast, reivindicando a Pinochet. Pinochet también colaboró con los británicos con información y apoyo. Entonces que él diga que la gente decidió mal y que lamentó que se hubiera ido de Pinochet es una contradicción enorme. Es una postura totalmente alineada con su contraparte de derecha, como el presidente Kast.”
LCV: ¿Hay hechos concretos que estén ocurriendo mientras el gobierno hace estos anuncios?
Ernesto Alonso: “En ese mismo momento, una empresa naviera que opera desde Punta Arenas anunció una nueva cadena de suministros desde Punta Arenas a Malvinas a partir de noviembre para asistir la logística del proyecto Sea Lion. ¿Escuchaste a la Cancillería decir algo desde ese día hasta ahora? Nada. Y fijate que cuando el jefe de la Fuerza Aérea Argentina dijo que teníamos que tener más presencia en el estrecho de Magallanes, dos horas después salió la queja de la Cancillería chilena. Entonces no se dijo nada sobre la pesca. La industria pesquera hizo una presentación para ser incluida, pero hay que saber quién pesca en Malvinas. La primera fase para obtener las licencias ilegales de pesca es lo que permite obtener el 60 por ciento del presupuesto para que puedan sobrevivir en Malvinas.”
LCV: ¿Quiénes son los principales actores de esa actividad pesquera?
Ernesto Alonso: “Los españoles. Hay que terminar con el cuento chino. Los chinos andan por aguas internacionales y de vez en cuando algún barco entra al área continental, a la plataforma continental argentina, al mar argentino. Hay 14 barcos españoles y ni ahora ni nunca les hicimos ninguna queja a España. Hoy la cadena de suministros es vía Uruguay, todos los meses, en un barco desde Montevideo que lleva productos frescos, alimentos y suministros a Malvinas. Y los barcos de conveniencia, con bandera de conveniencia, van a abastecerse, prepararse y buscar suministros a Montevideo.”
LCV: ¿Qué consecuencias tiene esta política en la relación de Argentina con sus vecinos?
Ernesto Alonso: “Este tipo se ha peleado con todos nuestros vecinos y aliados históricos. Brasil nos ha quitado el embajador en Río Grande, en Tierra del Fuego, perdón. Le sacaron, le quitaron e intervinieron el puerto de la provincia hace pocos días y apareció hace una semana un barco petrolero con bandera británica. Además, son tan torpes que alguna de las empresas que suponen que van a sancionar ya les dieron un RIGI.”
LCV: ¿Cuál es tu conclusión sobre todo este proceso?
Ernesto Alonso: “No hay ningún punto favorable, porque este tipo está enchastrando todo. Un dato más: 15.000 puestos de trabajo se perdieron en Tierra del Fuego desde que comenzó Milei hasta la fecha. Venimos siguiendo el tema porque nos preocupa muchísimo la gente que además está migrando a los lugares de origen de sus padres o sus abuelos. Es terrible. Son migrantes internos. Ya estaban afincados, hay una tercera generación, ya hay personas nacidas y criadas allí, pero están yendo a buscar refugio a la tierra de los abuelos, que puede ser Salta, Jujuy, Tucumán o Buenos Aires, donde tampoco la situación está mejor, pero la vida es un poquito menos cara y además tienen contención familiar.”
LCV: ¿Cuándo van a volver a viajar a Malvinas?
Ernesto Alonso: “Ahora, el viernes que viene viaja un grupo y en noviembre viaja otro grupo también. En noviembre están todos los cupos cerrados. Hay problemas porque no hay lugar para conseguir alojamiento. Ya es temporada alta y no hay lugares en el hotel al que vamos generalmente porque es un grupo grande. En noviembre somos alrededor de 20.”
LCV: ¿Cómo creés que va a funcionar todo esto que está planteando el gobierno?
Ernesto Alonso: “Yo creo que no va a pasar nada, sinceramente. Creo que va a ser toda una gran bravuconada. Creo que no va a pasar nada y que, si pasa algo, va a ser en contra nuestro. No van a sancionar a nadie y la base, si crece, va a ser para Estados Unidos, para la Cuarta Flota.”
LCV: Al mismo tiempo, el gobierno intenta alimentarse de un supuesto espíritu malvinero. ¿Creés que ese sentimiento se trasladó a Milei?
Ernesto Alonso: “No. A mí me da la sensación, y puede ser que me equivoque, de que las encuestas que han hecho rápidamente algunos compañeros que uno conoce no muestran que el sentimiento malvinero se haya volcado a favor de Milei. Me parece que una cosa es el trapo en la cancha, otra cosa son las cosas que está diciendo él y otra cosa es comprar que este gobierno realmente lo haría. Hay un nivel de preocupación en ese tema, pero no es la primera preocupación, lamentablemente, porque primero está la heladera.”
LCV: ¿Cuál debería ser entonces la prioridad de la Argentina?
Ernesto Alonso: “La primera preocupación es abrir la heladera y que esté vacía. Ahora tenemos que entender los argentinos que discutir estas cuestiones, que a veces parecen muy abstractas porque la gente está pensando que no llega a fin de mes, también tiene que ver con nuestra soberanía. Los jubilados los cagan a palos todos los miércoles, les quitaron los medicamentos, vaciaron el PAMI, está la asistencia a los discapacitados, entregaron el CAREM y el proyecto nuclear, rifaron Starlink. Insisto con esto: no tenemos ninguna duda de que es un plan sistemático de entrega. Es para que los Peter Thiel y todos estos grandes popes tecnológicos se queden con la crema de nuestro territorio. La Argentina tiene todo lo que el mundo necesita, todo aquello en lo que el mundo escasea, Argentina lo tiene ahora.”
LCV: ¿Qué debería hacer la política argentina frente a este escenario?
Ernesto Alonso: “Lo que falta es que hagamos un gran acuerdo nacional entre los partidos que dicen representar a las grandes mayorías y que tengamos como norte un proyecto político que se sustente en políticas soberanas. Hay que mirar, por ejemplo, las políticas de Brasil.”
LCV: ¿Qué diferencias encontrás con la política exterior brasileña?
Ernesto Alonso: “Ojalá tuviéramos el Palacio de Itamaraty acá en la Cancillería. La Cancillería no es ni de izquierda ni de derecha en Brasil. Nosotros habíamos pedido al canciller Cafiero que echaran a Carlos Foradori. Había que echar a Carlos Foradori. ¿Sabés dónde está ahora, como representante ante los organismos internacionales? El tipo está comiendo, tomando champán y comiendo canapés.”
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