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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao

“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre,  fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.

Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.

Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.

La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.

Fiesta patria

El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.

El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.

la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981

Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.

A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.

El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.

Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.

El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.

“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.

Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha

“Recortes de derechos para todos los españoles”

La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.

Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.

Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.

“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.”

Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.

“los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política”

La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.

La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.

Seis días de protestas multitudinarias

El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto

Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.

Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.

Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid  … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.

El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Criminalizar el independentismo

Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.

La juventud airada

Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.

Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.

En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan  7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.

Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.

Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”

El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.

Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.

Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.

 

[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.

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Crónica de un día agitado: Marcha y represión, la CGT con senadores y funcionarios, ATE Capital en conferencia.

Mientras una marcha conjunta del Polo Obrero, UTEP y otros movimientos sociales desafiaba el protocolo en reclamo de comida para los comedores y era brutalmente reprimida, dejando un tendal de heridos, entre ellos varios periodistas, y ocho detenidos; en la CGT recibían a diputados y senadores de Unión por la Patria antes de ir a una reunión a la Rosada con Guillermo Francos; ATE Capital hacía una conferencia de prensa advirtiendo no iban a ” tolerar militarización de los puestos de trabajo, la policía armada amedrentando a los y las trabajadoras que luchan ante los despidos arbitrarios del Gobierno Nacional” y que era hora de ‘activar un gran paro nacional”, mientras continuaba la lucha en algunos organismos como el INADI donde una radio abierta se instalaba en Avenida de Mayo y San José.

Represión, heridos y detenidos, a pocas cuadras de la CGT

Una jornada que iniciaba con los trabajadores a cara de perro terminaba con una cordial reunión de la CGT en la Casa Rosada con los principales dirigentes que salían satisfechos y Hugo Moyano que se quedaba un rato más para acordar el levatamiento de las medidas de fuerza anunciadas por Pablo Moyano y la revisión de la paritaria no homologada. ¿Qué había pasado en el camino?

Qué pasó en la CGT con los representantes de UxP

La primera sorpresa fue la ausencia de Pablo Moyano, uno de los tres Secretarios Generales de la Central Obrera. Camioneros estuvo representado por su padre, el histórico dirigente Hugo Moyano. La charla se mantuvo por los caminos imaginados: tomaron la palabra en representación de la comitiva legislativa Mariano Recalde, Juan Manzur, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio y Sandra Mendoza, quienes expresaron su apoyo a los reclamos de la CGT, siendo inclaudiclables en su rechazo a la reforma laboral y la baja del piso de ganancias. Por la parte gremial, hablaron Héctor Daher, a modo de anfitrión ponderó la articulación entre el bloque y la central obrera y llamó a fortalecer en el tiempo esa alianza. Hugo Moyano resaltó la unidad entre los senadores y el movimiento frente a un Gobierno que tiene por objetivo quitarle derechos a los trabajadores . En tanto el secretario general de UPCN Andrés Rodríguez, uno de los gremios más vulnerados por el masivo despidos de trabajadores, pidió defender el Estado frente a quienes pretendes desacretidarlo. Abel Furlán de la UOM fue el más confrontativo hizo un llamamiento a enfrentar en unidad los embates del Gobierno. Por último, Jorge Sola, presentó un documento elaborado por la CGT titulado ” Agenda para un nuevo contrato social”, un texto extenso que revisa punto por punto las políticas propuestas por la Central Obrera en cada item. (file:///C:/Users/Pc/Downloads/Agenda%20para%20un%20nuevo%20contrato%20social%20-%20CGT.pdf )

Ante la expectativa periodísica por obtener declaraciones uno de los pocos que dialogó con la prensa a la entrada fue Juan Carlos Schmid quien expresó que “se mostró preocupado por la creo que la preocupación está centrada en los despidosy en la homologación de los acuerdos paritarios, para los cuales parece que nos rigela libertad de negociación.” Y agregó que: “como Confederación del Transporte nos vamos a reunir la semana que viene y seguramente va a haber medidas de acción con asambleas informativas, interrupción de los servicios en todos los modos de transporte.”

Al finalizar la reunión los sindicalistas se fueron sin dar declaraciones, por lo cuál solo tenemos una gacetilla bastante parca de la CGT en la que no se menciona si el tema de convenios colectivos y homologación de las paritarias formó parte del intercambio.

Los senadores de Unión por la Patria sí utilizaron el estrado para hablar en conferencia con la prensa siguiendo más o menos la misma línea. José Mayans fue duro con Milei: “Obviamente que el plan de gobierno es aplastar el salario del trabajador. El gobierno está dando datos falsos con respecto a todo lo que vendrían a ser índices económicos y obviamente que hay mucha gente que está sufriendo. Hay un compromiso por parte de la CGT de buscar alcanzar el nivel salarial que llegue por lo menos a la canasta básica de los trabajadores argentinos.” Mientras Juliana di Tullio respondió a una pregunta sobre la represión que vivía los sectores más humildes en la 9 de julio y dijo: “la represión es una política necesaria para poder llevar el ajuste brutal que este gobierno decidió hacer con los trabajadores, con las organizaciones sociales, con los comedores sociales, con toda organización del pueblo, con todo tipo de organización que tiene la comunidad.” Consultada sobre la actividad prevista para el 1° de mayo aseguró que estuvo en la agenda de la reunión: “Se conversó, pero eso le toca a la CGT anunciarlo, no lo vamos a anunciar nosotros.” Hoy se reúne el concejo directivo para resolver si será paro con movilización, o solo una marcha, o distintas alternativa.

En la Casa Rosada, Cordero pidió paciencia

De esta forma, los gremialistas partían en varios autos hacia la casa Rosada, mientras los militantes sociales se amontonaban en la alcaidía para pedir la liberación de los detenidos.

La representación gremial quedó sorprendida por el tono dialoguista de los funcionarios. Desde un inicio aclararon que no propondrán ninguna reforma laboral que no haya sido consenduada con la CGT. Al igual que con ganancias. La afirmación calmó los ánimos de inmediato. Además de Guillermo Francos, llevaba la batuta Nicolás Posse, Jefe de Gabinete, junto al Secretarios de Trabajo Julio Cordero, quien pidió ‘paciencia’, está recién poniéndose al tanto de los acuerdos paritarios y tiene una demora en la homologación, con un estilo acorde a su apellido, sugirió que le den dos o tres meses para normalizar las relaciones.

Después de cuatro horas de negociaciones, Moyano y Acuña salen de la Rosada

De hecho, también Cordero fue el encargado de mantener una reunió posterior para decidir el futuro de los Camioneros. Hasta el momento, más allá de que hay varias paritarias en espera de ser homologadas (entre ellas la recién firmada por el gremio Aceitero), la única objeción fue contra el acuerdo firmado por Pablo Moyano y las Cámaras empresarias.

Distnaciándose de la actitud combativa de su hijo, Pablo Moyano, Hugo consideró sensato el pedido, volver a discutir los aumentos ante una nueva realidad de inflación a la baja.

Quedan resonando, claro, las denuncias de Senador Mayans que indican un fraude del gobierno en las cifras de inflación, ya que todos podemos notar en nuestros bolsillos la merma de los ingresos.

Por ahora, da la impresión de que la CGT aceptó tener un poco de ‘paciencia’ por dos o tres meses. ¿Qué será del paro anunciado?

(NDR: como siempre, toda esta información puede autodestruirse en 10′, el vértigo de la política argentina hace imposible panoramas más estables)

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Norberto Cafasso: “No podemos dejar a los niños y niñas a merced de estos patrones de estancia”

La Coordinadora por la Unidad Sindical Contra el Trabajo Infantil, de la que forman parte la CGT, la CTA-A y la CTA de los trabajadores realizó este martes una conferencia de prensa en repudio a las declaraciones de Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza, quien en un reportaje radial dijo: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Para profundizar sobre el tema, LCV entrevistó al coordinador del programa de Erradicación del Trabajo Infantil de la UOLRA. Norberto Cafasso, secretario gremial de la Unión de Obreros Ladrilleros de la República Argentina, comenzó junto con su Secretario General, Luis Cáceres, con la campaña nacional ‘Los únicos privilegiados son los niños’ para visibilizar el drama de los chicos trabajadores. Una bandera del Sindicato de Ladrilleros desde el año 2015. El juego como emancipación, los distintos tipos de trabajo infantil, desde la niña que debe lavar la ropa y ocuparse de sus hermanitos, hasta los chicos actores. La legislación; la vista gorda de los jueces; la necesidad de espacios de cuidado en la economía familiar, son algunos de los temas por los que transitamos en esta conversación.

Norberto Cafasso, sec. gremial de UOLRA a cargo del programa de Erradicación del Trabajo Infantil

LCV: ¿Cuál es tu opinión sobre las declaraciones del dip. Benegas Lynch?

—Benegas Lynch es un patrón de estancia, como bien lo denominó la CGT, que nos retrotrae muchos años, porque hay una legislación vigente que de acuerdo a la Ley 26390, prohíbe el trabajo infantil hasta los 16 años. Además, Argentina ha firmado dos convenios internacionales, el 136, que justamente fue reglamentado por esta ley 26390 con la Organización Internacional del Trabajo, que dice que la edad mínima de admisión al empleo es de los 16 años. Y para trabajos peligrosos, sean en lo rural, en las ladrilleras, en cualquier trabajo peligroso, los 18 años. O sea que el trabajo infantil está prohibido en la Argentina por ley y además está penado en el código penal: quien explotare a menores tiene de uno a cuatro años de prisión. Rara vez van en cana pero hemos hecho muchas denuncias de patrones inescrupulosos que explotan a menores. Además hay otra cosa fundamental, que es jugar, porque cuando vos trabajas, haces algo muy repetitivo, y bueno, vos fuiste niña, yo fui niño, yo lamentablemente empecé a trabajar a los 12 años, pero el juego emancipa las cosas de su sentido. Una vez lo estaba escuchando a Darío Sztajnszrajber y decía “mi hijo agarra una cuchara y de repente lo transforma en una espada, después la transforma en la guerra de las galaxias”. O sea, todo lo lúdico es fundamental para la construcción del psiquismo de las niñas, niños y adolescentes.

LCV: ¿Pueden existir situaciones sociales en las que un niño deba trabajar por necesidad? O pueda admitirse que estudie y trabaje?

—Existen sectores de la economía familiar, popular, en donde los hijos participan de la producción hogareña. Los padres no son responsables penalmente ni nada de eso. Nosotros no denunciamos a los padres. Una cosa es trabajadores, niñas y niños explotados por patrones, donde eso tienen que ir en cana. La justicia no los manda en cana, porque bueno, justifica de alguna manera la explotación. Pero muchas veces es al revés, se la agarran con los padres. Nosotros hacíamos un festival que se llamaba Cosquín Canta a los Niños. Una vez fui allí, con Peteco y todo un grupo, y un montón de gente decía “pero los padres están detrás de esos nenes que venden flores”. Nosotros no podemos culpabilizar a los padres por la pobreza, por la marginación social, o en este caso, como vos decís, por un oficio que se va transfiriendo culturalmente de generación en generación, como es también, ojo, el ladrillero. Lo que sí nosotros tenemos que decir ahí es que las niñas y niños no tienen que trabajar y buscarle alguna alternativa productiva, algún espacio de cuidados.

LCV: Cómo llevan adelante el tema entre los ladrilleros, un oficio de economía familiar?

-En el caso de las familias ladrilleras, que son familias que laburan, que no son empresas, ¿qué hicimos nosotros? Un espacio de cuidados. En el horario de apile de ladrillos, algo que suelen hacer niños y niñas porque es en el patio de su casa, van a un espacio de cuidados, donde tienen recreación, fútbol, apoyo infantil, bueno, todo tipo de actividades. Incluso, no muy lejos, estamos hablando acá en Cucuyú, San Andrés de Giles, hay un espacio de cuidado de 120 niñas y niños que nunca habían salido de San Andrés de Giles y conocieron el mar en Chapadmalal. Fueron dos años de vacaciones, 10 días en Chapadmalal, que lamentablemente Milei cerró ahora, y este año no pudieron ir, pero todas esas familias conocieron por primera vez el mar. Entonces cuando las niñas, los niños y los padres empiezan a tener derecho, ya no quieren que los pibes laburen, porque empiezan a mirar otra cosa.

LCV: Eso en cuanto a trabajo. Pero sí quiero hacer este paréntesis de lo que tiene que ver con esa cultura ancestral, o no tan ancestral, digo, esta cuestión de que algunos tuvimos abuelos tradicionales que nos enseñaron a tejer, a hacer alguna cosa que después se transformó en un oficio. Pero eso no es lucrar con el niño, sino incorporarlo a una dinámica de transmisión de cultura.

—Claro, de saberes. Mientras no sea algo que tengan que hacer todos los días 5 o 6 horas.

LCV: Entonces la definición de trabajo sería aquella acción repetitiva que cumple una parte del horario del pibe y que además toma la mayor parte del día productivo en desmedro de la parte de educación y de escuela.

—Claro, de la educación, la escuela y la recreación. Pero ojo que también hay otra definición de trabajo, que es el trabajo intensivo doméstico que se dio en la pandemia. Generalmente es femenino, que son nenas que están 8 horas lavando los platos, lavando la ropa y cuidando los hermanitos, eso es el trabajo. Eso se dio mucho en la pandemia, porque como en los lugares rurales se había abandonado la escuela, se producía eso. Y eso también nosotros lo definimos como trabajo infantil. Como también el trabajo artístico. El trabajo artístico está regulado, o sea, lamentablemente no se ha podido avanzar más pero es toda una lucha el tema de regular el trabajo artístico de los chicos que laburan de actores, porque es un laburo. Tienen que tener un permiso y tienen que ser supervisados y demás.

LCV: ¿Cuándo nace esta coordinación? ¿Esta coordinación es de la UOLRA o es una coordinación nacional que es transversal a otros gremios?

—Nosotros mañana tenemos una conferencia de prensa de lo que es la Cuceti, que tiene un nombre raro, pero mañana las tres centrales sindicales, CGT, CTA Autónoma y CTA de los trabajadores, hacemos una conferencia de prensa en la CGT a las 11 de la mañana. O sea que las tres centrales sindicales no tenemos diferencia en este tema.

LCV: ¿Y vos sos autoridad en la Cuceti?

—Sí, con Susana Santomingo, con la CGT. Pero esto nace en la UOLRA, cuando gana nuestro secretario general, Luis Cáceres, en el 2015. Entonces yo le digo a Luis, mirá, es impresionante la cantidad de trabajo infantil que hay acá. Me dice mirá, yo ya lo estoy pensando, estoy evaluando. Y él después nos convoca a una reunión de toda la comisión directiva y nos dice la erradicación de trabajo infantil va a ser una de las banderas fundamentales de la UOLRA. Así que vamos a pensar en una campaña nacional que se llame “Los únicos privilegiados son los niños’. Bueno, por esa famosa frase de Evita. A partir de ahí surge, porque nosotros en actividad hay bastante trabajo infantil, nuestra campaña nacional para visibilizar y erradicar el trabajo infantil. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar con la CGT, empezamos a conocer, bueno, hay una compañera, Susana Santomingo, que es muy importante para nosotros, que es de CGT, que es la que nos enseñó un poco todo el camino, no solamente nacional sino internacional, participando en conferencias, la cuarta Conferencia Mundial contra el Trabajo Infantil que se hizo en la Argentina, la quinta se hizo con pandemia en Sudáfrica y se hizo virtual, no viajamos, pero si participamos de manera virtual. Así que la política de la UOLRA es esa, es la lucha contra el trabajo infantil, porque lo que hace es esto, dejar a las niñas y niños a merced de estos patrones de esta estancia que piensan que las familias no tienen que tener derecho.

LCV: Nos van arrinconando para sacarnos todos los derechos.

—Exactamente. Mucha gente desde su lugar de creer que va a mejorar todo, no entienden que están gobernando para la peor de la casta, que es la casta de los que más tienen, de los que se robaron el país, de la oligarquía financiera que nos quieren dejar sin derechos. Está claro que a los trabajadores nos quieren dejar sin derecho, sin organizaciones gremiales, sin derecho a huelga y sin educación.

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Agricultura Familiar: “Si se retira el Estado se profundizan el desarraigo y la pobreza rural y urbana”. Entrevista a la Ing. Ana Herrera

El 19 de marzo, el vocero presidencial anunció el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Indígena y Campesina. La medida significaba el despido de 900 técnicos que asistían a unas 200.000 familias de agricultores, sector que abastece por excelencia el consumo interno. Por el momento, lo que hubo fue un decreto presidencial firmado el 3 de abril que intervino por 90 días el AFCI. Al mando del organismo pusieron a una abogada, Inés Liendo, nieta del ministro de Trabajo de Videla en 1976. Para conocer más sobre la situación, LCV dialogó con Ana Herrera, ingeniera agrónoma, con 27 años de antigüedad en el Instituto que se ocupa de la asistencia a la pequeña producción agropecuaria en la provincia de Salta en donde los profesionales están ocupando sus lugares trabajo. No fueron formalmente despedidos pero no cobraron sus sueldos y están fuera del sistema de información del Estado, GDE.

Ingeniera Agrónoma Ana Herrera

LCV: ¿Vos fuiste despedida, Ana?

—Estamos en un estado de incertidumbre porque si bien el vocero presidencial anunció el cierre formal, eso lo hizo el 19 de marzo, nosotros no hicimos abandono de nuestros lugares de trabajo; y a partir de del día 28, creo que fue el jueves santo, bueno, desde ese día no podemos acceder al sistema GDE, que es la gestión documental electrónica, ni a nuestros medios institucionales. Al día de hoy no hemos cobrado nuestros sueldos, que normalmente nosotros lo cobramos el primer día hábil de cada mes, todavía no se nos pagó el mes de marzo.

LCV: ¿Les permiten la entrada?

—Lo que pasa es que como estamos ubicados en las Provincias del Interior, no tenemos un sistema, o sea, tenemos entendido que algunos compañeros que están en la ciudad de Buenos Aires no pueden ingresar, pero nosotros, donde llevamos adelante nuestra nuestras actividades, no tenemos restringido la entrada. De hecho, estamos ocupando nuestros lugares de trabajo.

LCV: Me gustaría que me contaras en qué parte del interior de Salta vos desarrollabas la tarea y además, concretamente en qué se traducía para el ciudadano el servicio público de la AFCI.

—Yo formo parte del equipo técnico de Zona Sur. Trabajamos justamente en la zona sur de la provincia de Salta, en tres departamentos: Departamento Rosario de la Frontera, Departamento Metán y Departamento Anta. Somos un equipo, o sea, el conjunto de trabajadores tenemos distintas profesiones, la mayoría somos profesionales de las ciencias agropecuarias, o sea, ingenieros agrónomos, veterinarios, pero también tenemos compañeros de las ciencias sociales. El abordaje que siempre se hizo es un abordaje integral, digamos, de la problemática de la pequeña producción, abordando todo lo que son los aspectos técnicos de la producción agropecuaria. O sea, es un sector que dentro del universo de la producción agropecuaria es el sector más vulnerable, que tiene mayores limitantes en cuanto a superficie de tierra, infraestructura productiva, por ende, asistencia técnica, que es la que nosotros brindamos. O sea, nuestro aporte desde la política pública consistía en el acceso a financiamiento, ya sea crédito o subsidios, la asistencia técnica concreta, capacitación y es un acompañamiento constante en los territorios.

LCV: Acompañamiento en el territorio ¿a quienes? ¿A los pobladores de esos sitios que vos nombraste?

—Claro, es a los pequeños productores. O sea, lo que se conoce en la Argentina es un sector productivo que más o menos ronda las 150000 familias en todo el país. En el caso de las provincias del NOA es el sector productivo más importante. O sea, por ejemplo, acá en Salta más o menos más del 75% de las explotaciones agropecuarias pertenecen a este sector y provincias como Jujuy casi es el 90%. O sea, estamos pensando de todas las explotaciones agropecuarias, la mayoría pertenecen a este sector de la pequeña producción, que justamente es una producción diversificada. Es un sector que está relacionado a la producción de alimentos, o sea, los alimentos que consumimos los argentinos normalmente provienen de este sector, o sea, todas las frutas, las cenizas, la verdura, las carnes, diversos, o sea, por ejemplo, la producción de cerdo, las economías regionales acá en el caso de Salta, que se yo, la producción de pimiento para pimentón, poroto, payar, las papas andinas, todo eso está en manos del sector de la agricultura familiar, campesina, indígena.

LCV: ¿Cuál es la situación laboral de las poblaciones a las que ustedes asisten? ¿Son pymes, trabajan en cooperativa, son emprendimientos familiares? ¿Qué tipo de organización tienen?

—Digamos que la producción es netamente familiar, justamente se llama agricultura familiar por eso, la familia es la que gestiona su emprendimiento productivo. Tengamos en cuenta que también son productores ancestrales, o sea de toda la vida son productores y que también debido a la intervención nuestra desde hace tantos años siempre se ha fortalecido el trabajo asociativo, o sea no se da una asistencia técnica individual a las familias sino a grupos u organizaciones. En todo ese transcurso de tiempo se han conformado asociaciones, hay grupos de hecho que no están formalizados, hay cooperativas. A su vez los objetivos de estas personalidades jurídicas son sectoriales, productivos, de lucha por la tierra, o sea se persiguen distintos objetivos, pero siempre digamos se fortaleció la organización de las familias productoras.

LCV: La desaparición de la asistencia y de la organización que tiene la AFCI, cómo se va a traducir en estas poblaciones y cuál es el desmedro, cuál es el impacto que va a tener en todo este trabajo.

—Justamente son miles de familias productoras que se quedan sin el apoyo del Estado. Es un sector productivo que requiere de un Estado presente, porque como te comentaba, también tienen limitantes desde el punto de vista, o sea, tienen una tenencia precaria de la tierra, escaso acceso a la infraestructura productiva, al agua. Nosotros trabajamos justamente brindando todas esas posibilidades, el acceso al agua de riego, al agua de bebida, a mejorar la infraestructura, a acceder a maquinarias, a instalar y fortalecer los circuitos comerciales de cercanía. O sea, no solamente apoyar la parte productiva, sino también el valor agregado, la comercialización, sobre todo el trabajo de la cadena productiva. Entonces, al retirarse el Estado, son familias que quedan en un estado de vulnerabilidad, no solamente para su vida, sino también de alguna manera se pone en riesgo la oferta alimentaria y la soberanía alimentaria de toda la población.

LCV: Además se me ocurre que también debe haber ahí una cuña importante en el tema de la comercialización posterior que han desprotegido también.

—Exactamente, porque justamente nosotros fortalecíamos, como te decía, estos canales cortos de comercialización, la realización de ferias locales, son conocidas todas las redes, las ferias francas que se llevan adelante en las provincias del NEA, sobre todo en Misiones, Corrientes, Chaco, que son ferias que se instalan semanalmente y abastecen cada uno de los municipios de alimentos frescos a precios accesibles, y eso está protagonizado por este tipo de productores. También es un sector que hace ocupación efectiva de los territorios. O sea, estamos pensando que son familias que llevan adelante su vida y su producción en el campo, en el interior profundo, y que si no están dadas las condiciones de producción en el lugar, son desgraciadamente las migraciones que se dan a las ciudades de todo el interior y a su vez también a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando estamos hablando de que se retire Estado, estamos hablando de este desarraigo rural y la profundización de la pobreza rural y también de la pobreza urbana.

LCV: Es absolutamente retroceso sin pausa esto que está pasando.

—Tal cual, porque también, si se quiere, nuestro trabajo tiene que ver con con procesos de formación, con educación, con respetar esos saberes ancestrales, donde justamente se trata de facilitar y de mejorar las condiciones de producción en el territorio, cosa de que justamente esa familia tenga la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar, porque también es un sector que expulsa la mano de obra al no tener las condiciones productivas en su lugar. Entonces muchas veces esas familias a su vez tienen que vender su mano de obra como peones golondrinas, porque no alcanzan los ingresos y en esas migraciones también tienen que migrar esos niños que pierden por ahí la posibilidad de poder estudiar en su lugar. Así que es toda una cadena, cuando desaparece el Estado, se multiplican estas vulnerabilidades que ya existen, se agravan muchísimo. Y yo creo que por ahí no se toma dimensión de que cuando se cae un derecho es como que se desmorona otro tanto.

LCV: ¿Qué impacto produjo en el ánimo de la gente desde el momento en que les dijeron que no iban a contar más con ustedes, con esa ayuda?

—Uno ha generado en todo este tiempo vínculos que van más allá de lo laboral, que es gente con la que uno viene trabajando hace un montón de años y hay un cariño y una pena, o sea, por ahí se apenan más por nosotros que por ellos mismos. Entonces es eso, es recibir ese mensajito que viene de lejos “doña Anita, ¿qué va a pasar?” y así con cada uno de nosotros. Se ha recibido a su vez apoyos específicos como comunicados de organizaciones de todo el país, de todo el interior, que nos han llegado los comunicados expresando no solamente lo que implica la ausencia del Estado, sino solidarizándose con nuestra situación. Al menos eso también es de alguna manera contestar a lo que se dijo sobre que de los argentinos no sabían lo que era la agricultura familiar. Espero que hayan llegado todos estos comunicados, no solamente del ámbito productivo, sino del ámbito académico, institucional, o sea, todos los organismos de ciencia y técnica, las universidades, consejos profesionales de extensión rural, o sea, todo lo que tiene que ver con el ámbito rural se ha expresado, se ha pronunciado.

LCV: Decime algo que quieras comunicar antes de terminar la nota.

—Simplemente agradecer la oportunidad del espacio, de dar a conocer nuestro trabajo que no comenzó ahora. Es mentira que no somos trabajadores, la mayoría tenemos más de 20 años de antigüedad y somos trabajadores comprometidos con un sector productivo que se dedica a la producción de alimentos y a la ocupación efectiva de los territorio, haciendo cada día la soberanía alimentaria. LA soberanía no es solo el territorio sino también lo que comemos, y algo tan básico que es el derecho a la alimentación tiene muchísimo que ver en este momento. Lo que comemos tiene que ver con nuestra salud física y con lo que somos, y con cómo se cuida la tierra en un contexto de cambio climático. Nosotros tenemos los elementos para hacer frente a esos cambios tan drástico porque producimos diversidad, producimos desde un saber ancestral, por eso ahí está la oportunidad de tener asegurada nuestra alimentación. Somos miles de trabajadores que cada uno desde su lugar está asegurando un derecho, por ahí estamos acostumbrados a que así sucede y no nos damos cuenta y se festeja, eso es muy doloroso, se festeja que miles de familias pierdan su fuente laboral y con ellos los derechos que todos gozamos cada día.

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