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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao

“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre,  fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.

Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.

Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.

La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.

Fiesta patria

El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.

El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.

la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981

Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.

A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.

El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.

Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.

El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.

“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.

Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha

“Recortes de derechos para todos los españoles”

La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.

Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.

Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.

“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.”

Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.

“los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política”

La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.

La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.

Seis días de protestas multitudinarias

El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto

Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.

Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.

Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid  … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.

El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Criminalizar el independentismo

Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.

La juventud airada

Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.

Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.

En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan  7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.

Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.

Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”

El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.

Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.

Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.

 

[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.

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Curiosidades orientales / I

Cadena Nacional de la oposición. El Secretario General del Pit Cnt, Marcelo Abdala, solicitó en un discurso el uso de la cadena nacional para explicar los motivos del referendum por la reforma constitucional de la previsión social. Curiosamente, el presidente Lacalle Pou autorizó la “trasmisión simultánea”, prevista por el artículo 94 de la Ley 19.307. Se trata de «una conquista de la clase obrera», señaló Abdala. «El Presidente de la República acaba de emitir el decreto que nos otorga la cadena de radio y televisión. Será el lunes 14 a las 18 horas.”

Fútbol. Los clásicos serán sin hinchada local. Luego de los incidentes producidos en los alrededores del estadio en ocasión de jugarse el partido entre Peñarol-Nacional del pasado domingo 8 de octubre, se estableció que los próximos clásicos serán solamente con hinchada visitante. Al revés de lo que ocurre en Argentina.

Prohibidos los allanamientos nocturnos. Más allá del plebiscito por la jubilación, este 27 de octubre habrá otra papeleta para apoyar un referendum que modifica el artículo 11 de la Constitución que prohibe los allanamientos nocturnos en Uruguay. Ya en el 2019 hubo un plebiscito similar que no obtuvo la mayoría. Desde entonces hay un fuerte debate en torno al tema, ya que se considera un retroceso en lo que refiere a derechos civiles. La Constitución uruguaya establece que: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Exitosa campaña del candidato musculoso. El Partido Colorado propone para la presidencia a un candidato de cuarenta años, cuyo nombre era apenas conocido. Sin embargo, un spot publicitario que lo muestra joven y musculoso, haciendo gimnasia mientras respondía preguntas de fondo como ¿cuál es tu signo? y con orgullo decía ‘Capricornio’. Hoy Andrés Ojeda, es candidato musculoso, está en boca de todos, y tuvo una remontada en las encuestas que lo ubica a pocos puntos del consolidado Partido Nacional. Mediático y desfachatado como Milei y pintón al estilo Bukele, Ojeda descoloca con su estilo en un país de modos más conservadores. Sin pelos en la lengua aseguró que en Uruguay la política es un ‘embole’. Al presentar a quien encabeza la lista por su partido, el historiador y comediante Diego Delgrossi, el candidato definió al humorista como “la prueba viviente de que se puede tener sustancia sin ser un embole”. “Esto es muy importante, porque parece que para tener sustancia hay que ser un embole, es casi una cosa de Uruguay”, aseguró. El mismo  Jaime Durán Barba, elogió la campaña del candidato a presidente de la República por el Partido Colorado, en la que trabaja uno de sus discípulos, el consultor español Aleix Sanmartín.

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“La salud se defiende en la calle”. El gobierno concede una tregua.

Jornadas intensas para los trabajadores de la salud y la comunidad de familiares y pacientes. Marchas, asambleas, negociaciones, reuniones y abrazos. Las alarmas sonaron en los primeros días de octubre en el Hospital Garrahan cuando el gobierno descabezó a todo el directorio exigiendo su renuncia por haber dispuesto el pago de un bono de 500 mil pesos para sus trabajadores debido al retraso salarial actual. Un sueldo promedio ronda los 600.000 pesos, para personas que están bajo la presión de luchar día a día entre la vida y la muerte.

El gobierno volvía a poner el dedo en la llaga. No sólo el fútbol es un orgullo nacional, la educación y la salud son derechos adquiridos que tocan la sensibilidad de todos los sectores.

El Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” es el centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad de la Argentina. Allí son atendidos niños y niñas de todo el país y el continente, con un nivel profesional de excelencia que mantiene el ideario de grandes médicos argentinos como Ramón Carrillo o Favaloro quienes peleaban por una salud igual para todos.

La sociedad toda reaccionó de inmediato. Llovieron las críticas, incluída la de Adolfo Rubinstein, ex ministro de salud de Mauricio Macri, quien entrevistado por Ernesto Tenembaum sostuvo que las medidas que aplica la gestión de Javier Milei son “intempestivas” y advirtió que están agravando la crisis de la Salud.

La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Garrahan anunció de inmediato un paro de 48 horas para los días 8 y 9 de octubre acompañado por una movilización durante la jornada del martes hasta la Plaza de Mayo y el Ministerio de Economía.

Frente a una sociedad sensibilizada por el destrato de los profesionales de la salud, orgullo nacional, el viernes 4 de octubre llega la noticia de que el flamante Ministro de Salud, Mario Lugones, ordenaba el cierre de las guardias e internaciones del Centro de Salud Mental ‘Laura Bonaparte‘. De acuerdo a lo informado por el diario La Nación, al propio director del hospital, Christian Baldino, se le comunicó que este martes se publicaría en el Boletín Oficial el cierre de la institución. Desde el Ministerio dejaban trascender los motivos de la decisión: “Desde el inicio de la gestión se trabaja en la normalización del hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución.”

Consultado por La Columna Vertebral, Hernán Catalano, trabajador social de la guardia interdisciplinaria del Bonaparte, explicó los criterios seguidos por los profesionales del hospital que respetan la reglamentación de la Ley de Salud Mental: “Acá hay 40 pacientes internados, pero es la ‘bala de plata’ la internación, no es la primera opción, hacemos un laburo muy armonioso y minucioso de acompañamientos ambulatorios diarios con la red familiar y vecinal, es un trabajo invaluable. Nosotros intentamos, incluso con pacientes complejos, lo ambulatorio con apoyo de la familia, si no tendríamos 400 pacientes internados, como el Borda. Para nosotros es el último recurso la internación y es corta.

La lógica del ministerio parece ser ‘demasiada plata para pocos internados: “Vale destacar que el establecimiento de salud recibe un presupuesto de $17.000 millones anuales y cuenta con una muy baja ocupación”, le explicó un funcionario al diario La Nación. Sin embargo los pacientes ambulatorios son 900, muchos de ellos adictos o personas en situación de calle, rechazados en otros hospitales, que no necesariamente necesitan el encierro sino un tratamiento psiquiátrico. “La internación es la bala de plata”. La atención de la salud mental no puede basarse en que el gasto de presupuesto sirve solo para la ocupación de camas.

En cuestión de días, estallaban dos chispas en dos hospitales de un mismo barrio de la ciudad de Buenos Aires, Parque Patricios. La salud de los chicos y de los ‘locos’ corrían peligro. La salud de los sin voz provocó un grito atronador.

El lunes, en el Hospital de Salud Mental ‘Laura Bonaparte‘ se unieron ambos conflictos. Allí estuvieron los trabajadores del Garrahan, y la ciudadanía organizada para frenar el cierre. Abrazo simbólico multitudinario en el exterior, convocado por ATE, y otra multitudinaria asamblea en el interior convocada por UPCN.

Este martes el vértigo de la información no daba tregua. Al paro y la marcha a Plaza de Mayo convocada por la Junta Interna de ATE del Garrahan se le sumaban las negociaciones en el Ministerio por el conflicto del Bonaparte que amanecía con cierto optimismo: “El decreto de cierre no salió y las autoridades del hospital se tuvieron que presentar por un amparo donde se los acusaba de abandono de personas presentado por el CELS. No se produjeron traslados de pacientes internados a otros hospitales. Ayer, lunes, fueron a fiscalizar el órgano de revisión del hospital para constatar que todo este en orden y funcionando y se llevaron informes de cada uno de las personas internadas para auditar”, le comentaba una fuente a La Columna Vertebral en las primeras horas del martes. Que no hubiera salido el decreto y que se detuviera la orden de traslado inmediato era una de las consecuencias de las gran movilización del día lunes. Se mantenía una vigilia permanente dentro y fuera del hospital las 24 hs con asambleas constantes. Allí se votó plegarse a la movilización convocada por los empleados de Garrahan a Plaza de Mayo para este mismo día.

La convocatoria a la marcha fue impresionante. Cuadras y cuadras de médicos, enfermeros, residentes, familiares y organizaciones a favor de la salud pública. “La salud se defiende en la calle”, decía un cartelito escrito con marcador negro en una cartulina que llevaba una mujer de guardapolvo blanco y resumía la sensación de los miles que marchaban a Plaza de Mayo.

No era una marcha sólo por un reclamo salarial, había otro componente, como con la educación, habían tocado una fibra profunda de las conquistas argentinas por las que se salía a resistir. El nombre del Hospital de Salud Mental, Laura Bonaparte, emblema de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, aportaba la memoria necesaria.

La mañana del martes terminaba con una tregua.

En el Garrahan conseguían, al menos, ‘legalizar’ el bono cobrado, firmando una autorización fechada el 30 de septiembre entre UPCN y el ministerio. Un permiso que, sin embargo, no dió marcha atrás a la renuncia del directorio cuya única culpa había sido pagarlo con acuerdo sindical.

Entre tanto, el Ministerio de Salud, los respresentantes sindicales del Hospital de Salud Mental ‘Laura Bonaparte’, firmaban un acuerdo en los que se mantenían las guardias e internaciones, no se hablaba de cierre, y anunciaban la creación de ‘una mesa de trabajo conjunta’ con representantes de los trabajadores y el gobierno a fin de ‘asegurar la prestación de los servicios y la atención de salud de los pacientes’. Entre tanto, continúaban evaluando la ‘reestructuración propuesta por el ministerio’ mientras garantizaban la continuidad laboral de los profesionales del Hospital.

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Esa clase media que no termina de caer, por Oscar Taffetani

El domingo 1 de abril de 1990 (hace 34 años) el diario Nuevo Sur entregaba junto a otros suplementos su“Crónica Sureña” dedicada a un tema nada original y muy recurrente: la caída de la clase media. Mucha agua ysufrimiento y expectativas han corrido bajo los puentes desde entonces, y a la fecha, con un 53% de pobres, uno cae en la tentación de pensar que la clase media argentina ha muerto y que los medios se obstinan en hablar de algo que no existe. Sin embargo, fuertes demandas como la gratuidad de la enseñanza y la ampliación y
financiamiento de las universidades nacionales nos dicenque hay una memoria de clase media que no desaparece, así como hay también una nueva clase media que busca, al modo de los dreamers de América del Norte, el ascenso económico y social. Una relectura de aquella “instantánea” escrita por Taffetani en los ’90 nos permite observar lo que ha cambiado y también lo que permanece.
Un orgullo para La Columna Vertebral publicarla por primera vez en versión digital en su sección Archivos.

Diario Nuevo Sur, 1 abril de 1990, suplemento Crónicas Sureñas

Título original: La caída de la clase media

Por Oscar Taffetani

El sociólogo argentino Sergio Bagú, actualmente radicado en México, publicó hacia 1972, en Chile, una interesante hipótesis sobre la muerte en silencio (es decir, no violenta) de algunas clases. Ya es un lugar común decir que las clases poderosas no se suicidan, o que no abandonan el poder por propia voluntad. Sin embargo, Bagú sostiene que a veces el ocaso se produce en virtud de un proceso que esas mismas clases no están en condiciones de impedir. Asi, por ejemplo, la burguesía terrateniente argentina se fue convirtiendo, en este siglo, en una burguesia de otro tipo, propietaria de empresas urbanas, miembro de corporaciones industriales y financieras, socia del capital transnacional. Murió en silencio. Algún sociólogo o cientista social arderá en deseos de aplicar la hipótesis de Bagú al proceso de pauperización y proletarización de nuestra clase media, acelerado en los últimos años. El veterano profesor le diría que no se apure, que antes de extender el certificado de defunción de una clase es necesario demostrar que esa ha existido alguna vez: es necesario determinar si fue verdaderamente una clase, con intereses y comportamiento de clase, o si se trato de un conglomerado de “grupos de interés” o “grupos profesionales” de diversa y hasta encontrada relación con la producción material y espiritual de la sociedad.

Cuando Bagú presentó su trabajo Evolución de la estratificación social en la Argentina, confesó que habia debido recurrir a indicadores de distinta naturaleza para detectar la presencia de una clase: los datos estadísticos, la literatura de la época, las crónicas periodísticas, las páginas sociales de algunos diarios y otros elementos no convencionales.

Sin otra intención que la de aportar a los lectores –y, eventualmente, a algún investigador del futuro– una serie de observaciones hechas en días particularmente criticos para la Ilamada clase media argentina, entregamos esta Cronica Sureña elaborada, como es obvio, desde la subjetividad de un periodista, trabajador de ese rubro que alguna vez estuvo reservado a la “clase media alta”, posteriormente a la “clase media baja” y, próximamente, a un hipotético “proletariado cultural” (alternativa que encanta a algunos y horroriza a otros, en tipico pathos de clase media). Un chiste antes de seguir. El Gobierno ha conseguido por fin mostrarle al mundo, en estos días, que el pais conserva una gran movilidad social… descendente

Lo importante es tener la casa propia

Hasta mediados de la década del 70, una pareja de recién casados podía adquirir mediante crédito normal, hipotecario, plan de ahorro o plan de vivienda una casa o departamento. Sindicatos como ATE, bancarios, Supe y otros, con fuerte presencia de la clase media, construyeron barrios propios en distintos puntos del país. A partir de la dictadura militar procesista se intervinieron obras sociales y sindicatos, se detuvieron los planes de edificación en marcha y se expropiaron (mediante el mecanismo de un reajuste exorbitante del precio originalmente pactado) numerosas viviendas, que luego fueron redistribuidas de favor a precios irrisorios. Más tarde, con el instrumento de la Ley 1.050 (indexación de las cuotas) continuaron las expropiaciones. La clase media argentina (y, por supuesto, también la clase obrera) se despedía del crédito social (a largo plazo, con tasas preferenciales). Ni la administración radical (que empleó los escasos recursos disponibles en instituciones como el BHN y el Banco Nación en créditos de favor) ni la administración peronista (que sencillamente ha decidido liquidar esas instituciones) revirtieron la situación. La falta de crédito y la caída progresiva de los salarios reales hizo trizas el sueño de “la casa propia” para las parejas jóvenes. La disponibilidad de vivienda en las grandes ciudades quedó en manos de un reducido grupo de propietarios y firmas inmobiliarias. El precio de alquileres y arriendos creció desde la proporción que se consideraba normal en los 70 (20-25% del salario) hasta el valor de un salario básico, lo que supone, para una joven pareja de la clase media, la necesidad de contar con dos o más fuentes de ingresos para acceder a una vivienda.

Motor a nuevo. Gomas nuevas. Chiche. Joya. Vendo urgente

Pocas cosas de tan alto contenido simbólico para la clase media como el automóvil. Tenerlo es definitivamente ascender un peldaño en la escala social. Con el alto poder de compra de la pequeña burguesía en las décadas del 50, 60 y 70, grandes terminales automotrices como Ford, General Motors y Fiat (más algunas fábricas argentinas como Kaiser y Siam) inundaron el mercado de automóviles medianos y grandes. La demanda por “el cero kilómetro” era fuerte, y dinamizaba la renovación del parque existente. A fin de la década del 70, la primera señal de la “reconversión” comenzada fue el abandono del pais por la firma General Motors y el reciclaje de sus instalaciones. Se abrió la importación de automóviles y las pocas fábricas argentinas que quedaban en pie debieron cerrar. Las terminales extranjeras se fusionaron, concentraron y orientaron su producción a un segmento más restringido de la población (menor cantidad a un precio más alto). El proyecto fracasó en los primeros meses de este año, cuando la suba de los combustibles, el costo de seguro y mantenimiento, y el precio de las unidades provocó una caída del 73,5% en las ventas de febrero (con respecto a enero). Las 2.378 unidades vendidas en ese mes –informó Adefa, cámara de fabricantes– es la más baja de los últimos 20 años. La merma mayor, comparando los períodos enero/febrero de 1989 y 1990, fue registrada en el rubro automóviles (no en utilitarios, pick-ups ni “pasajeros”). Lectura inmediata: la clase media alta, la que todavía podía acceder al “cero kilómetro”, ya no puede. El resto de la clase media, esa que activa y reactiva el mercado “del usado”, siguió pasándole cera a su joya, con la esperanza de que la compre –diría el tango– alguien capaz de mantenerla.

Lo importante es tener un buen empleo.

 El lector asalariado de la clase media argentina, buena parte del cual depende del aparato del Estado, es el que observa la caída más pronunciada de los ingresos en estos últimos años. Un informe del Instituto de Economia de la Uade (que, dicho sea de paso, es una universidad privada) deja ver que el salario medio de un empleado bancario llegó al punto más alto de los últimos cinco años en marzo de 1989 (368,3 dólares), y llegó a su punto más bajo en febrero pasado (93,7 dólares). Para el mismo periodo, en la administración pública la caída fue de 219,8 a 43,4 dólares y en el sector educativo, de 301,9 a 40,8 dólares. Si se examina el detalle de salarios reales devengados, proporcionado por el mismo instituto, se verá que las categorías más altas de los rubros bancario, administración pública y educativo son las más rezagadas en el ajuste, las más perjudicadas con la evolución del salario. Nuevamente los golpes más fuertes son recibidos por la clase media, esa que hasta hace unos años se disputaba los empleos bancarios por su estabilidad y buenos sueldos, o iniciaba la carrera administrativa para tener “un empleo seguro”, o educaba a los niños con la idea de que “lo importante es tener un título”. A su vez, la aplicación compulsiva del decreto 905/90 y la drástica reducción del presupuesto, han echado por tierra el mito de que quedaban en la Argentina empleos seguros, donde la clase media asalariada estaba a salvo de las exaccionnes brucas, practicadas desde el poder.

La crisis

Ya Mafalda decía hace un cuarto de siglo que la crisis argentina debía de tener hormonas, puesto que crecía junto con ella. Peor que eso: en realidad la crisis crecía y ella, condenado personaje de historieta, estaba obligada a verla siempre con los ojos de un niño inteligente. En el imaginario de la clase media argentina, todo tiempo pasado fue mejor: y todo tiempo presente, el peor. Ya no quedan, en 1990, aquellos padres y abuelos que asustaban a los más jóvenes con el recuerdo de la crisis del ‘30, que había sido “la peor de todas”, la inigualable. Ahora, el elemento de contraste es la década el 60, con un país “floreciente”, que ostentaba la mayor tasa de crecimiento bruto en América latina y tenía una mano de obra bien paga, en escalas que sólo conocian Europa y los Estados Unidos. El ’60 es la pesadilla del ’90, una especie de edad de oro, de tiempo feliz al que se tiene la certeza de que no se podrá regresar. La crisis, chivo emisario de la mala administración, los malos gobiernos y los inconfesables pactos celebrados con el capital imperialista, está en boca de todos, en una palabra vaciada de contenido que sustituye, en el discurso dominante, los puntos suspensivos, aquello que no se puede o no se debe decir.

No ha surgido aún en la clase media argentina –tan pródiga en políticos y materia gris– alguien capaz de rasgar con un bisturí intelectual el velo que le oculta la realidad; alguien que la invite a liberarse de la ingenua utopía de volver a los 60, alguien que la invite a  reemplazar ese endeble programa del auto, la casa propia y el empleo seguro por el horizonte, mas lejano pero posible, de alcanzar una sociedad solidaria, donde palabras como justicia y libertad recobren el contenido original. Grupos de presión “socialdemócratas” han entablado un duelo con el fantasma neofascista (que históricamente ha acechado y seducido a la clase media). Ella, cual voluble dama, cual bifronte Jano, le hace un guiño a cada uno de los pretendientes. El futuro dirá si la vereda de enfrente a la política oficial contará con el apoyo activo de la clase media. Algunos datos parecen indicarlo.

La única salida: ¿es Ezeiza?

El golpe militar de Videla, en 1976, no habría podido concretarse sin el consenso de la clase media, espantada por el terrorismo político y el rodrigazo. La vuelta de los radicales al gobierno en 1983, no habría sido posible sin el apoyo de la clase media, duramente golpeada por el terrorismo de Estado y defraudada por el poder militar (especialmente, después de Malvinas y del “reajuste” Sigaut-Cavallo). La llegada de Cafiero al gobierno de la provincia de Buenos Aires y la de Menem a la Presidencia de la Nación, en 1989, no habrían sido posibles sin la concurrencia de la clase media. Quien estudie detenidamente los mensajes publicitarios y proselitistas de los tres períodos, verá que están dirigidos muy especialmente a los sectores medios, que son lo formadores de opinión, son los que hablan. La clase obrera, derrotada como nunca –entre otras cosas, por el desmantelamiento de la industria–,y bajo el manto protector de la burocracia sindical, se mantuvo en un letargo del que recién pareció salir en la lucha contra el plan Sourrouille y ahora contra el plan Dromi. En el momento más crítico (debería hablarse de “sensación crítica”) del reajuste, en febrero pasado, se agotaron los pasaportes para salir del país (clase media, ¿qué estabas haciendo tú a esa hora?). Las colas que aún se observan en el Departamento de Policía y ante las embajadas de Canadá, Australia, Suecia e Italia están compuestas, fundamentalmente, por jóvenes técnicos y profesionales argentinos, sin “horizonte laboral” en el país. A la clase

media no le cuesta mucho, ni material ni espiritualmente, mudar de país. Está fresca la memoria del abuelo inmigrante, de aquel que siguió un viejo proverbio latino, ubi bene, ubi patria, donde uno está bien, allí está la patria. Se sabe que la mano de obra calificada, los técnicos y profesionales argentinos (formados en una universidad estatal que no desdeñó la investigación básica ni la formación integral del estudiante) son muy requeridos en el exterior. Sin embargo. la alternativa del emigrado es siempre la misma: o adaptarse al país que lo recibe (es decir, transculturarse) o vivir en tránsito, como aquellos trabajadores-golondrina que en la belle époque del Centenario cruzaban el océano para levantar el trigo y el maíz del granero del mundo y regresaban después a Europa. Si de veras los gobiernos nacionales quisieran evitar que los jóvenes profesionales emigren, deberían limitarse a cumplir con lo que ofrecieron en sus campanas políticas: “Un país que merezca ser vivido”. Pero la clase media argentina no son sólo jóvenes sin horizonte dispuestos a emigrar. La lucha contra la desocupación, el hambre y el cercenamiento de sus históricas conquistas (educación popular, protección social y servicios públicos –oh paradoja– accesibles), lo mismo que la lucha contra la impunidad represiva de los años recientes, hablan de una (¿insensata?) vocación de quedarse en el país de sus amores y desvelos. O, por lo menos. de no morir en silencio.

El invasor invadido

La clase media del 900, la del ‘30, la del ‘50, la del ‘90 ¿es siempre la misma clase media argentina? Sí y no. Todos pueden estar de acuerdo con que hubo un proceso de crecimiento numérico y de ocupación del espacio político que fue progresivo, con hitos como el sufragio universal, el ascenso del radicalismo, la industrialización de entreguerras, el peronismo y el primer ciclo militar posterior al peronismo (de Lonardi a Lanusse, con los interregnos civiles conocidos). Atendiendo a esa acumulación económica y político-cultural, puede decirse que es siempre la misma clase, una pequeña burguesía ligada al sector administrativo e industrial de la economía y a la burocracia del Estado; profesionales, técnicos, docentes, empleados de la administración pública y privada, pequeños empresarios. Atendiendo a las diferencias étnicas y culturales entre el hijo del inmigrante europeo, el inmigrante del interior ascendido en los 40 y la inmigración asiática de los 80 (japoneses, taiwaneses y coreanos), puede decirse que no es la misma clase media, ya que contiene estados, grados de desarrollo y expectativas muy diferentes. En busca de semejanzas, no obstante, hay que señalar que la identidad cultural de la clase media argentina en los 90 está dada por la mezcla y fusión de los dos grandes grupos, el de origen inmigratorio europeo y el migrado desde el interior del país. Una guía infalible para seguir ese proceso es la literatura argentina. Nuestra literatura de este siglo, la mas importante, he sido elaborada y consumida por la clase media argentina. Los encuentros y desencuentros entre los “asentados” y los recién llegados a a clase son egibles en textos como Locos de verano, Jettatore, M’hijo el dotor, Los siete locos, El Sur, Casa tomada, Cabecita negra y Mi madre andaba en la luz. Sus autores pertenecen a distintas fases de la cultura de la clase media argentina. Alguna vez se sintieron intrusos, alguna vez se sintieron invadidos, alguna vez se sintieron parte del mismo cuerpo social. Otro tanto podría leerse a partir del cine argentino y hasta de la televisión argentina, en el exiguo lapso de tres décadas. Aunque muy condicionada por el modelo dominante (las elites nativas y la influencia exterior), la clase media es el gran sintetizador, productor y reproductor de la cultura argentina.

RECUADRO DE CRÓNICA COTIDIANA
Tribulaciones de una ahorrista

Ella le creía al Gobierno y al plan económico. Por eso fue a comprar dólares. Ya no la iban a agarrar como en febrero, con el plazo fijo inmóvil en el banco y llorando la alocada danza del verde en las alturas. Qué derecho tenían, al fin y al cabo, a jugar con sus ahorros, con esos fondos que Ie permitían compensar una jubilación que da vergüenza y una obra social que –como dijo el interventor– está fundida.

Fue a la city, allí donde dicen que está el gobierno paralelo del país. Bancos, casas de cambio, agencias de turismo, arbolitos, financieras, corredores de bolsa, rematadores de hacienda. Un paraíso para el ahorrista.

O un infierno. La gente camina abstraída, en babia. Sólo tiene números en la cabeza. Mira las pizarras, las carteleras donde señores formales, de camisa y corbata, van cambiando los números. De un pequeño movimiento de la delicada mano de un señor formal, depende el sístole-diástole de otro señor formal que mira desde la calle. Por algo las ambulancias de “emergencia coronaria” están en la city. Palpitaciones, subas de presión arterial, bajas de presión arterial, desmayos y, todas las semanas, algún infarto.

Ella se detuvo en un quiosco de diarios: ¿Ambito financiero o El Cronista Comercial? ¿Cuál es mejor para el pequeño inversor (y la pequeña inversora)? Compró los dos. Parecía uno de esos burreros aficionados que van un día a Palermo y compran la rosa, la celeste, la verde y hasta Crónica y La Razón. No alcanzan a leer nada. Pierden, inexorablemente. “Pst, señora, ¿quiere comprar dólares?” le dice el quiosquero en voz baja. Lo que faltaba, un quiosquero-arbolito. “No, gracias”, dijo instintivamente la señora y se alejó.

Entró a tomar un café en La bicicleta. Oué justo, está en la city y se llama La bicicleta. Está bien puesto el café. Hay jóvenes de saco y corbata, seguramente empleados de las agencias, hay señores canosos con sobrias camperas y capello a cuadros. Ahorristas, como ella, perdón, pequeños inversores, como ella. Ouien diría. docente jubilada, ya abuela, tomando un café en la city.

Años enseñándoles a los chicos que el ahorro es la base de la fortuna; que el que guarda, tiene; que la moneda de un país es una divisa tanto o más importante que la bandera. Años contándoles a sus nietos el cuento de los tres chanchitos, elogiando al chanchito Práctico, que previendo las tormentas hizo su casa de ladrillos. No funcionó. Nada funcionó. Estaba equivocada, la fortuna es la base del ahorro; el que guarda, no tiene; la moneda del país se ha vuelto tanto o más insignificante que la bandera; al chanchito Práctico le entró la Ley 1.050 por la ventana, le sacaron la casa…

El mozo interrumpió sus cavilaciones. La señora pidió un cortado y comenzó a ojear los diarios financieros. “¿Hay remonetización o exceso de emisión?”, “La incertidumbre sobre la crisis en Lituania hizo descender el dólar en Londres y Nueva York”, “Cotización de títulos en los Estados Unidos”, “La Bolsa del mundo”, “¿Bavis o Bonos Conea?”. El mozo-arbolito. Quién lo hubiera dicho, con el chaleco bordó y esa pinta de camarero vienés. “Bueno, gracias”, contestó cortésmente.

¿Seré tan rara? ¿No habrá pequeñas inversoras en la city? ¿Cómo se dan cuenta de que quiero comprar dólares? La señora recordó las advertencias de su hijo: “Mamá, no te despegues de la cartera, que hay muchos descuidistas. No le compres dólares a cualquiera. Te dan un punto más, pero pueden ser falsos y no hay donde reclamar. Mejor andá al banco, o a una casa de cambios. Cuando hayas comprado, tomate un taxi y andá a casa. No tomes el taxi ahí nomás, esos son peligrosos…”

Sería más seguro hacer un depósito en el banco, en dólares. No, mejor no, a ver si se les ocurre congelar las cuentas y otra vez se quedan con mi plata. Además, no es tanta plata. Yo no puedo hacer lo que hizo el hermano del Presidente, que llevó dólares al Uruguay. Dicen que lo desmintió. Debe ser cierto. Si una piensa lo contrario de lo que dicen, siempre acierta. ¡Tendría que haber entendido al ministro aquella vez! Lo que él quería decir era el que apuesta al dólar, gana. Tarde para lamentarse. Pero no me van a agarrar otra vez.

Pagó el café, acomodó los diarios en la cartera, (“¿Habrán visto dónde tengo el dinero?”), y salió con paso rápido hacia la primera casa de cambio. Entró en una donde había mucha gente (“Por algo será que hay mucha gente, esa regla no falla”). Se puso en la desordenada cola que se apretaba contra el mostrador y esperó su turno. Su turno no llegaba nunca; por el costado se metían una suerte de arbolitos (para-arbolitos) que llamaban en voz alta a los que atendían el mostrador. “¡Jorge, te encargo quinientos!”, “¡Miguel, acá el señor tiene pesos chilenos!”.

Estaba como abombada. Cuando la atendieron solo acertó a decir “dólares”. “¿Cuántos?”. Sacó el pequeño fajo de australes, todavía con el sello del banco, y se lo dio al empleado. Sin inmutarse, el empleado rompió la faja de papel y pasó los billetes dos veces por la máquina contadora. “Por este número la van a llamar, señora”. Se retiró un poco del mostrador y miró las pizarras. El dólar había bajado hasta los cinco mil, era un buen momento para comprar. En una semana, de seguir las cosas así, iba a tener una pequeña fortuna, iba a poder ayudar a los chicos, iba a poder hacer un buen regalo a los nietoos.

Le vinieron a la mente historias de ahorristas. El abuelo gallego que guaraba los pesos en un frasco, debajo de una baldosa; los tanos que los escondían bajo el cotín del colchón; su madre, administrando el sueldo de su padre, guardando siempre un resto “por lo que pudiera pasar” en un paquete de yerba; ella misma, pegando estampillas en las libretas de la Caja Nacional de Ahorro Postal, haciendo una inversión para el futuro. Altri tempi.

Cuando cantaron su número se acercó rápido al mostrador. En un sobre le entregaron unos pocos billetes verdes, algunos australes, chirolas de diferencia y la boleta de compra. Salió a la calle y fue caminando despacio hasta la Avenida de Mayo. Tomó un subte y regresó a su casa.

No pasaron ni siete días cuando el empleado de la casa de cambios vio llegar nuevamente a esa señora que había comprado dólares sin contarlos. “Buenos días, vengo a vender”. El empleado tomó el sobre con billetes verdes y la boleta de compra. “Está cuatro mil seiscientoos, señora”. “Sí, sí, no importa, necesito el dinero”.

La señora se marchó a su casa pensando en el hermano del Presidente, en el Presidente y en la madre del Presidente. Su experiencia como pequeña inversora le había dejado, a sus años, una nueva lección: los pobres, hasta cuando apuestan al dólar pierden.

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