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Febrero de 1958: la primer pueblada de Cutral-Có
Fragmento de “Conflictos del “oro negro” en Neuquén. La gran huelga petrolera de 1958“, de Joaquín Perren (UNCo-CONICET) – Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)
El escenario.
Todavía estaba fresco el recuerdo de la ocupación militar de la Patagonia, cuando fue descubierto el “oro negro” en Neuquén. En 1913, una comisión técnica encabezada por Windhausen, un ingeniero de origen alemán, confirmaba la presencia de petróleo en Plaza Huincul. Hasta allí, ese paraje había servido de escala en la ruta que unía a Neuquén con Zapala. Una posta, que ofrecía los mínimos servicios a los viajeros, daba vida a un área que ni siquiera había sido considerada a la hora de diagramar las estaciones del Ferrocarril del Sud. Las razones de esta decisión no son difíciles de imaginar: la aridez del terreno y la escasez de agua complicaban cualquier asentamiento humano de magnitud.
Con la instalación del primer pozo, en 1918, esa realidad comenzaría a torcerse. Alrededor del campamento de la división de minas, geología e hidrológica del Ministerio de Agricultura fue desarrollándose una incipiente localidad. En el área de reserva fiscal, un octágono de 5 kilómetros de diámetro, se instalaron las viviendas del personal encargado de la extracción del recurso. A comienzos de la década de 1920, la ausencia total de servicios fue lentamente subsanada. Con la actividad hidrocarburífera llegó, primero, una oficina de Registro Civil y, poco tiempo después, la postergada estación de ferrocarril. En el renglón productivo, la creciente presencia oficial fue acompañada por las operaciones de algunas empresas privadas entre las que destacaban Astra, Standard Oil o Dodero. Estos avances, sin embargo, no fueron suficientes para opacar la primacía que, por entonces, ostentaba Comodoro Rivadavia. Hacia 1922, el “gigante del sur” tenía cerca de noventa pozos en producción, mientras que Plaza Huincul sólo cinco. Lo mismo podríamos decir del volumen total producido: los 5.000 m3 de la comarca neuquina estaban todavía muy lejos de los mas de 300.000 m3 extraídos del golfo de San Jorge.
El despliegue definitivo de la actividad hidrocarburífera tuvo que esperar a la fundación de YPF en 1922. El desabastecimiento de combustible generado por la Primera Guerra Mundial caló hondo en las Fuerzas Armadas. Un mundo inestable, siempre al borde de una nueva conflagración, obligaba a prestar atención sobre algunos recursos que se juzgaban estratégicos. Eran tiempos en los que la nación era pensada como una unidad militar cuya vitalidad dependía del petróleo. No es extraño, entonces, que el Ejército o la Marina hayan llevado adelante labores, como la exploración y la explotación, que calificaban de patrióticas. La asunción del coronel Mosconi al frente de la petrolera estatal fue quizás la muestra más clara de esta tendencia.
Su llegada imprimió profundos cambios en todos los campos de la actividad hidrocarburífera. Al incremento de la capacidad productiva y comercial, debemos sumar la implementación de un nuevo formato en las relaciones entre trabajadores y empresa. El trabajador del petróleo, en clara sintonía con las políticas bismarkianas, era imaginado como recluta de una cruzada patriótica o, utilizando las palabras de Solberg, como un “soldado civil”. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. La empresa, además de conservar la propiedad de la vivienda, controlaba otros aspectos pertenecientes al mundo de lo privado: la alimentación, las relaciones familiares, el ocio y la misma vida sexual de los operarios. Esto le aseguraba “una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones”. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios, entre los que contaban servicios de salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.
En las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas surgieron las primeras organizaciones de los trabajadores. La fuerte vigilancia ejercida por la petrolera oficial, reflejada en prácticas de espionaje y la prohibición de la prensa obrera, no impidió el desembarco en la región de la Asociación de Trabajadores del Estado (luego llamado Sindicato de Obreros y Empleados de YPF). Sus demandas, en un principio, no estuvieron relacionadas con reivindicaciones salariales. Salvo una larga meseta que acompaño a la gestión de Mosconi, los sueldos tendieron al alza y contuvieron toda clase de bonificaciones (por paternidad, fallecimiento, antigüedad y por productividad). El mejoramiento de las condiciones de trabajo, en cambio, estuvo en el centro de las demandas de los trabajadores. Las horas extras no remuneradas, la falta de ropa de trabajo, la ausencia de un régimen de licencias motorizaron los primeros reclamos gremiales que tuvieron a la huelga de 1949 como experiencia piloto. En esa oportunidad, cerca de dos mil obreros detuvieron la producción petrolera por dos semanas hasta que, previa intervención de Eva Perón, los trabajadores lograron una respuesta favorable a sus reivindicaciones.
La llegada del peronismo significó una fractura en la organización de los trabajadores del petróleo. La conducción histórica, de extracción radical y comunista, mantuvo cierta distancia del accionar estatal y, sobre todo, de la figura de Perón: eran los “perros rojos”. Sus adversarios, los “gatos negros”, intentaba compaginar el movimiento sindical con la política oficial. Con ese propósito se sumaron a la estrategia peronista de creación de sindicatos afines que funcionaran como interlocutores entre el Estado y los trabajadores. Nacía así el Sindicato Único de Petroleros Estatales (SUPE). Luego de un corto periodo de convivencia de ambas organizaciones, una suerte de doble poder, los restos del “gremio grande” –como era llamado el Sindicato de Obreros y empleados de YPF- decidieron sumarse al sindicato oficial. La persecución a sus dirigentes y escasa predisposición del gobierno a dialogar con la antigua organización, sellaron su suerte.
Más allá de las evidentes diferencias gremiales, la comarca petrolera contaba con una densa trama de relaciones sociales que, llegado el caso, podía ponerse en movimiento. A un sindicato que luego de unificarse ganó en madurez institucional, debemos sumar los lazos generados en diferentes ámbitos de sociabilidad que, aunque bajo la atenta mirada de YPF, podían servir a una acción colectiva. Las relaciones “cara a cara” en clubes, cooperativas o bibliotecas podían estimular al “patriotismo de empresa”, pero también dar curso a la protesta social. Para que esto último ocurriera sólo debía existir una oportunidad y un marco cultural que le diera sentido.
La oportunidad.
La Revolución libertadora, proceso que trucó la experiencia peronista, implementó medidas que volvieron el tiempo atrás. El congelamiento salarial, una devaluación que impacto en el bolsillo de los asalariados, la eliminación de los subsidios a los artículos de primera necesidad fueron algunos de los mecanismos que dieron paso a una distribución regresiva del ingreso. Estos cambios, desde luego, repercutieron en la economía neuquina. El territorio nacional iniciaba la experiencia post-peronista con una caída de la inversión y una menor demanda laboral. Sus efectos pronto se hicieron sentir: la desocupación y los precios comenzaron una escalada que no parecía tener fin.
Pese a su indudable importancia, no podríamos explicar la conflictividad de la época solo a partir de razones materiales. La intensa movilización sindical fue parte de una “resistencia peronista” que abandonaba su carácter inorgánico y comenzaba a disputar poder. Diferentes sectores -entre los que destacaban los ferroviarios, la construcción y los bancarios- estaban dispuestos a boicotear el proceso eleccionario de 1958. La idea era presionar al gobierno de Aramburu justo en el momento en que intentaba mostrar la viabilidad de una Argentina sin Perón. Frente a esta oleada de protestas, las autoridades nacionales lanzaron un decreto que prohibía cualquier huelga en los 40 días anteriores a los comicios del 23 de febrero. La respuesta autoritaria no hizo más que tensar la soga y sembrar las semillas de futuros enfrentamientos.
En ese marco, el SUPE a nivel nacional presentó a las autoridades de YPF un pliego de reclamos que incluía, entre otros puntos, un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesante por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial. El gremio puso al 10 de febrero de 1958 como fecha limite. Si la respuesta no era favorable, daría paso a un paro por tiempo indeterminado. Antes que culminara el plazo, las autoridades lanzaron una contrapropuesta que contemplaba alguno de los reclamos, pero no atacaba el problema salarial: el aumento planteado era exactamente la mitad del solicitado. La mayoría de las filiales, desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, rechazaron el ofrecimiento de la empresa. En parte para lubricar los mecanismos de coordinación y en parte para dar tiempo al gobierno de mejorar su propuesta, se planteó un cambio en el cronograma: la huelga daría comienzo el 17 de febrero en lugar del mismo 11.
La respuesta del gobierno nacional no fue precisamente conciliadora. El ministro de comercio e industria, Julio Cueto Rua, amenazó con declarar ilegal a la medida de fuerza y con implementar medidas preventivas. La más importante de ellas era la aplicación en las destilerías de una vieja ley peronista. La legislación sancionada en 1948, pensada para organizar la economía en tiempos de guerra, obligaba a los trabajadores a concurrir a su puesto de trabajo y a ejecutar sus labores de acuerdo a las directivas de la superioridad. Para normalizar la producción, el gobierno contemplaba la posibilidad de someter al personal a las disposiciones del código de justicia castrense. Esto significaba que podían ser duramente castigados quienes no se presentaran, se demoraran o abandonaran su servicio.
La dureza de las medidas hizo que la filial neuquina del SUPE abandonara su letargo. En asamblea, los trabajadores resolvieron adelantar la medida de fuerza. El 13 de febrero, cuatro días antes de lo estipulado, el grueso del personal había abandonado sus tareas. Al mismo tiempo, el gremio tomó algunos recaudos para evitar que su organización fuera desmembrada por la persecución de sus dirigentes. En principio, se creaba un Comité de Huelga que se encargaría de la logística de la protesta, sobre todo de la edición de volantes que mantuvieran informados a los trabajadores. Para evitar el riesgo de acefalía, los miembros de la Comisión no eran los mismos que los del Comité: si los primeros eran detenidos, los segundos asumirían sus funciones. Por ultimo, la conformación del comité se mantuvo en el más hermético secreto y se dispusieron reemplazos en caso de detenciones.
Con el paro anticipado, el gobierno nacional completó la batería de disposiciones con un decreto de movilización del personal. Con la ley de su lado, la presidencia de YPF podía tomar todas las medidas que considerara necesarias para regularizar la producción de petróleo. Y esto, como es lógico imaginar, suponía el auxilio de las fuerzas armadas en la represión de los trabajadores. Rápidamente, el jefe del Regimiento 10 de Infantería de Covunco, Andrés Pont Lezica, se hizo cargo de la situación: el octágono dejaba de ser un área productiva y se convertía en una zona militarizada.
La llegada del ejército marcó un punto de inflexión. Ese clima pacifico de las primeras horas de huelga parecía un lejano recuerdo del pasado. Un operativo militar se apoderó de la comarca petrolera. Su saldo era inédito en la historia neuquina: la sede del SUPE había sido ocupada y más de trescientos trabajadores habían sido detenidos. La sensación de “pueblo invadido” crecía y con ella se fueron sumando sectores que se habían mantenido al margen: la huelga de los petroleros se transformaba en una “pueblada”.
La redes en marcha.
Cuando los huelguistas fueron recluidos en la sede del sindicato comenzaron a escucharse las primeras voces contra los militares. Reunidos en la plaza, familiares y vecinos mostraron su disconformidad frente a lo que consideran una “fuerza de ocupación”. Banderas, carteles y cánticos dieron vida a un escenario que se había volcado en favor del reclamo. Los militares, junto al cuerpo de bomberos, intentaron dispersar la manifestación apagando las fogatas que los vecinos habían encendido durante la noche. En esas circunstancias se dio el primer choque: los manifestantes repelieron la agresión con piedras y cortaron las mangueras de la autobomba. Para que no se multiplicaran las muestras de hostilidad, el oficial a cargo dispuso el traslado de los huelguistas al Cine Petroleum y luego a la ciudad de Neuquén. Esta decisión no hizo más que profundizar la protesta: las relaciones formales e informales se pusieron en marcha.
Desatada la represión, el Comité de Huelga comenzó a funcionar a pleno. Dos volantes diarios mantenían informados a los habitantes de la comarca de las alternativas del conflicto. El papel necesario para su elaboración fue suministrado por comerciantes que se habían plegado a la protesta. El cura de Cutral Co, Ernesto Zsantos, mostró su apoyo cediendo el mimeógrafo y la maquina de escribir necesarios para imprimir los volantes. Una vez impresos, éstos eran llevados a lugares a priori inofensivos, como la iglesia o una pizzería, donde funcionaban centros clandestinos de distribución. La logística se completaba con una compleja red de intermediarios. Los panfletos eran repartidos al campamento por los miembros del Comité y a los vecindarios mas alejados por referentes barriales. Cuando la presencia militar se intensificaba, eran los niños, mujeres y ancianas quienes se encargaban de entregarlos casa por casa. Con la calles ocupadas por los militares, los volantes evitaban que la desmoralización se apoderara de los huelguistas y daban contenido ideológico a la protesta.
Las relaciones de vecinazgo y amistad brindaron a la huelga un recurso indispensable: un lugar donde ocultar a los huelguistas. Los aviones que sobrevolaban la zona ponían al descubierto los escondites de quienes se resistían el decreto de movilización. Además, el frío y la falta de alimentos desalentaban a los huelguistas a permanecer alejados de la ciudad. De ahí que la asistencia de los habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co haya sido crucial en la continuidad de la medida de fuerza. Algunos vecinos vaciaron sus aljibes para alojar a los trabajadores de YPF. Otros cedieron sus sótanos para albergar un número de huelguistas que, en ocasiones, se contaba por decenas. El fluido dialogo entre el SUPE y los petroleros privados también rindió sus frutos. Con el octágono fiscal bajo la atenta mirada de Pont Lezica, el campamento de Esso albergó a muchos obreros, quienes eran ingresados con el uniforme del personal de la compañía norteamericana.
Pero el apoyo de la comunidad petrolera no fue únicamente subterráneo. Las formas cotidianas de resistencia se complementaron con manifestaciones abiertas. Las marchas completaron a un variado repertorio de protesta. El ritual comenzaba en la plaza San Martín de Cutral Co y culminaba en el Campamento Uno de Plaza Huincul, donde se pedían explicaciones al administrador de YPF y al encargado del operativo militar. Con los trabajadores detenidos o escondidos, las mujeres y los niños cumplieron un papel estelar en estas movilizaciones. Algunas prácticas llevadas a cabo por los manifestantes no dejan de llamar la atención. Para evitar que se desatara la represión, los manifestantes llevaban consigo banderas argentinas de guerra, dado que, según un extendido rumor, ellas no podían ser objeto de ataques. La marcha más importante, el 19 de febrero, congregó -según la prensa- cerca de mil manifestantes y fue encabezada por los párrocos de la comarca petrolera (Zsantos y Urrutia).
¿Qué consignas dieron unidad a este heterogéneo conjunto de actores? ¿Qué marco cultural dio sentido a la protesta? Si algo está claro es que el reclamo salarial no fue el único elemento aglutinante. Con el paso de los días se fue conformando una identidad en la lucha. Uno de sus pilares fue una identificación con lo local. Frente a lo que se consideraba una fuerza invasora se reforzó un sentido de “pueblo” que confundía sus límites con la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co. También fue fuerte la defensa de un recurso que se juzgaba amenazado. Mas allá que el petróleo era de propiedad fiscal, los manifestantes se imaginaban a si mismos como sus naturales depositarios. Eso los había enfrentado a la firma de contrato de concesión con empresas extranjeras en los últimos años peronistas y a la continuidad de esa política durante la “Revolución Libertadora”. Por ultimo, la protección de los hidrocarburos se mezclaba por momentos con reivindicaciones de clase. En la visión de algunos huelguistas ambas parecían las dos caras de una misma moneda. Las palabras de un trabajador de YPF son claras al respecto.: “resolví, con los demás compañeros, ir a un paro para defender los derechos del petróleo, (de no hacerlo) seria un traidor de la clase trabajadora, y yo prefiero la muerte y no traicionar a mi clase”.
El final.
El propósito del gobierno nacional de lograr un proceso eleccionario ordenado fue un rotundo fracaso. Los paros simultáneos de cuatro sectores (bancarios, construcción, petroleros y parcialmente ferroviarios) se conjuraron para que eso no ocurriera. El voto en blanco y el apoyo de Perón a Frondizi marcaron un nuevo tiempo: el primer test presidencial después de 1955 demostró que peronismo seguía siendo un engranaje fundamental de la política nacional.
En Neuquén, donde se elegía gobernador por primera vez, los votos acompañaron a la UCRI. Ángel Edelman y Américo Verdinelli eran ungidos gobernador e intendente de Cutral Co respectivamente. El peronismo proscrito y un clima de conflictividad ayudaron para que el frondizismo se impusieran sobre los sectores colaboracionistas, fundamentalmente sobre la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Los escasos resultados de la estrategia represiva, empujaron al gobierno a decidirse por el dialogo. La primera señal fue levantar el decreto que establecía la ilegalidad de las medidas de fuerza. Con este alto al fuego, comenzaron las reuniones entre el SUPE e YPF que concluyeron con un acuerdo preliminar el 4 de marzo. El convenio, que debía ser refrendado por las filiales de la federación, mejoraba la propuesta inicial de la empresa: llevaba a $450 el aumento salarial e incrementaba la suma por presentismo (de $55 a $120). Se incluían además puntos que antes no habían sido contemplados, como el pase a planta permanente de todos los agentes que revistieran calidad de transitorios y la rediscusión del escalafón. Junto con las reivindicaciones salariales se discutieron algunos puntos políticos: la empresa se comprometía a no sancionar al personal que había adherido al paro y el gremio a no perseguir a quienes no se habían plegado.
Tres días después, el 7 de marzo, la mayoría de las filiales se pronunciaron a favor del acuerdo. En Plaza Huincul el final de la huelga se demoró un día más. Con la liberación de los detenidos y la llegada de los trabajadores que se habían ocultado en otras localidades, estuvieron dadas las condiciones para una asamblea general. Más de tres mil personas colmaron el salón de usos múltiples de la localidad para discutir la salida del conflicto. La intensidad de la protesta se había significado un enorme desgaste y las posibilidades de continuar eran reducidas. Presentada la nueva propuesta, los trabajadores resolvieron levantar la medida de fuerza. Luego de diecinueve días, las actividades productivas se reiniciaban. Un reclamo protagonizado por los trabajadores y sus organizaciones había concluido. Cuatro décadas después, los desocupados y sus cortes de ruta abrirían un nuevo capitulo de la historia neuquina. La búsqueda de una mejor posición en la distribución del ingreso seria reemplazada por una meta mucho más humilde: obtener un empleo y abandonar el casillero de la exclusión.
Joaquín Perren (UNCo-CONICET)
Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)
