Durante décadas nos acostumbramos a ver a Estados Unidos como el país fuerte, estable y dueño del tablero mundial. Sin embargo, hoy ese gigante parece estar peleándose consigo mismo. No por una invasión extranjera, sino por algo mucho más peligroso: la ruptura interna de su sociedad y el deterioro de sus propias instituciones. No es una opinión aislada ni una exageración alarmista; es una preocupación creciente entre analistas, académicos y medios internacionales.

La politóloga Barbara F. Walter, asesora del Pentágono y autora de How Civil Wars Start, advierte desde hace años que Estados Unidos ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en lo que se denomina una anocracia, un sistema híbrido e inestable donde conviven mecanismos democráticos con prácticas autoritarias (Foreign Affairs, 2022). Históricamente, este tipo de regímenes son los más propensos a caer en conflictos internos.Uno de los síntomas más graves de esta degradación es la normalización de la impunidad. El caso de René Good, una madre de 37 años asesinada por agentes federales de inmigración, es revelador. Un análisis visual publicado por The New York Times demostró que la víctima no intentaba atacar a los agentes, sino huir. Aun así, altos cargos de la administración defendieron al agente implicado alegando que gozaba de “inmunidad absoluta”. Este tipo de declaraciones no solo justifican una muerte civil, sino que envían un mensaje peligroso: que el Estado puede ejercer la violencia sin rendir cuentas.

Cuando un gobierno empieza a etiquetar a ciudadanos como “terroristas internos” y protege sistemáticamente a sus fuerzas aunque existan pruebas en contra, la confianza social se rompe. No es una opinión ideológica, es una constante histórica documentada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnesty International, que ya han alertado del uso excesivo de la fuerza y de la politización de los cuerpos de seguridad en Estados Unidos.

Las políticas internacionales de Donald Trump tampoco ayudan a calmar las aguas. Su estrategia de confrontación permanente —con China, con Europa, con América Latina e incluso con aliados de la OTAN— tiene un reflejo directo en el interior del país. Cuando un líder gobierna desde el conflicto constante, la sociedad termina adoptando ese mismo lenguaje. No es casual que mientras Trump amenaza con el uso de la fuerza en escenarios como México, Groenlandia o Venezuela entre otros muchos, dentro del país aumenten los choques entre autoridades estatales y federales.

Un ejemplo claro es Minnesota, donde el gobernador activó 13.000 efectivos de la Guardia Nacional para proteger a la población frente a actuaciones De la policía federal anti inmigración consideradas abusivas. La información fue recogida por Reuters y Associated Press. Tener dos cadenas de mando armadas, legítimas y enfrentadas dentro del mismo territorio es, según la literatura académica sobre conflictos civiles, uno de los pasos previos más peligrosos. Desde Washington, lejos de rebajar la tensión, se llegó a hablar incluso de aplicar la Ley de Insurrección para arrestar al gobernador, algo que expertos constitucionalistas calificaron de extremadamente grave (Brookings Institution).

A todo esto se suma un dato inquietante: según encuestas del Public Religion Research Institute y de la University of California, cerca del 47 % de los estadounidenses cree posible una guerra civil en su vida. Uno de cada tres considera justificable la violencia con fines políticos, y alrededor de diez millones de personas afirman abiertamente que una guerra civil “sería necesaria para arreglar el país”. Todo esto ocurre en una nación que concentra casi el 46 % de las armas civiles del mundo, con una ratio de 120 armas por cada 100 habitantes (Small Arms Survey).

Mientras tanto, la imagen de potencia imparable contrasta con una realidad social muy distinta. Más de 40 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la pobreza, según datos oficiales de la U.S. Census Bureau, y millones más sobreviven con empleos precarios sin acceso garantizado a sanidad o vivienda. Sin embargo, el gasto militar sigue creciendo y supera al de los siguientes diez países juntos (Stockholm International Peace Research Institute).

Estados Unidos hoy se parece a un gran edificio con una fuga de gas. Los vecinos discuten, se insultan y se ven como enemigos. Y el administrador, en lugar de cerrar la llave, camina con una antorcha encendida asegurando que no pasa nada y que, si pasa, no será su responsabilidad. La violencia ya no es una hipótesis: está ocurriendo. La pregunta real es si las instituciones que aún se mantienen en pie serán capaces de contener el incendio antes de que el colapso interno sea irreversible.

Porque cuando una potencia mundial empieza a romperse por dentro, el problema deja de ser solo suyo. Nos afecta a todos.

*José Félix Abad es un reconocido reportero de guerra español, con amplia trayectoria en el periodismo especializado en internacionales. En la actualidad difunde sus ideas por las redes. El presente artículo fue tomado de su página de facebook.

Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.

En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.

Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.

Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.

Una cláusula indefendible

La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.

Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.

Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.

La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)

La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.

La Constitución habla de gratuidad en relación con:

· el acceso a la información pública (art. 13),

· la asistencia sanitaria (art. 19),

· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),

· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),

· la acción de amparo (art. 56),

· el habeas data (art. 63),

· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),

· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),

· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),

· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),

· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),

· el perfeccionamiento docente (art. 267),

· la universidad autónoma (art. 269),

· y la póliza escolar (art. 270).

La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.

Lo que no pueden hacer los legisladores

Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.

Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.

Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.

Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.

Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.

Ignorancia u oportunismo (o ambas)

Legislar desde dogmas ideológicos es necio.

Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.

Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.

Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.

Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.

Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.

*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.

Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Todo ocurre a cada instante, de modo cruel, y, en ocasiones, espeluznante. La vida se ha convertido en una suerte de encadenamiento de pasos dominados por la inviabilidad de llevarla a cabo. Un vagabundeo desprovisto de mira. Basta con echarle un poco de ojo a los acontecimientos que nos rodean, y nos sumergen, sin pausa, en un estado de las cosas en el que predominan el oscurantismo, la persecución, la barbarie, y el espíritu de la irracionalidad más abyecta. Sin embargo, lo que más pesadumbre causa es el silencio, y la quietud, y el desmembramiento de las voces y los actos de los que, al parecer, a los gritos y gesticulaciones por momentos dignas de conmiseración, condenan el oscurantismo, la persecución, la ignorancia y la irracionalidad. Y, al final de cuentas, no hacen más que brindarle mayor magnitud al descalabro, y, en ocasiones, fundamento. Triste victoria del vacío. ¿Qué decir? ¿Qué escribir?

Mejor lo ha dicho y escrito Julio Cortázar en su artículo “Policrítica a la hora de los chacales”, en 1971. Medio siglo atrás:

“De qué sirve escribir la buena prosa, de qué vale que exponga razones y argumentos si los chacales velan, la manada se tira contra el verbo, lo mutilan, le sacan lo que quieren, dejan de lado el resto, vuelven lo blanco negro, el signo más se cambia en signo menos, los chacales son sabios en los teles, son las tijeras de la infamia y del malentendido, manada universal, blancos negros, albinos, lacayos si no firman y todavía más chacales cuando firman, de qué sirve escribir midiendo cada frase, de qué sirve pesar cada acción, cada gesto que expliquen la conducta, si al otro día los periódicos, los consejeros, las agencias, los policías disfrazados, los asesores del gorila, los abogados de los trusts se encargarán de la versión más adecuada para consumo de inocentes o de crápulas, fabricarán una vez más la mentira que corre, la duda que se instala, y tanta buena gente en tanto pueblo y tanto campo de tanta tierra nuestra, que abre su diario y busca su verdad y se encuentra con la mentira maquillada, los bocados a punto, y va tragando baba prefabricada, mierda en pulcras columnas, y hay quien cree y al creer olvida el resto, tantos años de amor y de combate, porque así es, compadre, los chacales lo saben; la memoria es falible y como en los contratos, como en los testamentos, el diario de hoy con sus noticias invalida todo lo precedente, hunde el pasado en la basura de un presente traficado y mentido.Entonces no, mejor ser lo que se es, decir eso que quema la lengua y el estómago, siempre habrá quien entienda este lenguaje que del fondo viene, como del fondo brotan el semen, la leche, las espigas.Y el que espera otra cosa, la defensa o la fina explicación, la reincidencia o el escape, nada más fácil que comprar el diario made in usa, y leer los comentarios a este texto, las versiones de Reuter o de la UPI donde los chacales sabihondos le darán la versión satisfactoria, donde editorialistas mexicanos o brasileños o argentinos traducirán para él, con tanta generosidad, las instrucciones del chacal con sede en Washington, las pondrán en correcto castellano, mezcladas con saliva nacional, con mierda autóctona, fácil de tragar.No me excuso de nada, y sobre todo no excuso este lenguaje, es la hora del chacal, de los chacales y de sus obedientes: los mando a todos a la reputa madre que los parió, y digo lo que vivo y lo que siento y lo que sufro y lo que espero. Sólo así podremos acabar un día con los chacales y las hienas”.

Ilustración: Silvia Flichman (https://silviaflichman.com.ar/ )

Frente a la catástrofe ambiental, social, económica y humana de los incendios que desde diciembre del 2025 están devastando la provincia de Chubut, LCV recurre a sus fuentes: los trabajadores. Con voz cansina, Hernán Mondino, brigadista del Parque Nacional Los Alerces, dialoga con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores.

‘Combatientes’, ‘primera línea de fuego’, ‘brigadistas’, ‘héroes’, son palabras que se repiten en la charla como si habláramos de una guerra. Pero aquí no hay soldados. Quienes están a cargo de combatir las llamas son empleados de un Parque Nacional, personal del Estado. Algunos los llaman ‘héroes’, Mondino esboza una sonrisa triste, sabe que sólo son trabajadores a quienes el sueldo no les alcanza. No quieren halagos, cumplen con su deber, pero cuando llegan a su casa, después de una jornada extenuante en la guerra del fuego, la plata no les alcanza y empieza otro combate. Antes, hace un par de años, eran muchos más los que trabajaban en prevención en el Parque, el ajuste estatal dio de baja a centenares de brigadistas. Mientras Sturzenegger festeja el ahorro en el presupuesto, la Patagonia se derrumba. “No hay plan de manejo del fuego, hacen falta profesionales y logística”, explica Hernán.

En Los Alerces el fuego empezó a principios de diciembre por un rayo que cayó sobre un árbol. Luego los focos se multiplicaron. Ocurre que las llamas corren también por debajo de la tierra. Puede parecer que todo se apagó pero a doscientos metros reaparecen con fuerza. Inútil tratar de identificar responsables individuales.

Mientras el gobierno apunta a las comunidades mapuches, amenaza juicios y detenciones, Hernán Mondino menciona otras causas. El aumento de las temperaturas, vientos arremolinados, mayor cantidad de tormentas eléctricas. Es decir, el cambio climático es una de ellas.

Por otro lado, las plantaciones de extensos territorios de pinares, “cuando las llamas llegan a los pinos el incendio se extiende de manera vertiginosa”. ¿Por qué plantaron pinos? “Supongo que para la industria maderera”, dice Hernán sin voluntad de profundizar en algo que cae de maduro . Benetton tiene grandes plantaciones de pinos con fines de lucro. “El Estado no sólo no combate esta actividad sino que la fomenta”.

Además, falta lo más importante: la prevención. El ahorro en la planta de empleados del Estado es dudoso, cada emergencia que se presenta implica un gasto 10 veces mayor que si se tuviera una estructura eficaz para evitarla. Una responsabilidad de los gobiernos que en este momento rezan para que vuelva la lluvia. Lamentablemente, no habrá diluvio que solucione esta situación que se agrava año tras año.

A continuación, la entrevista completa con Hernán Mondino. Te invitamos a escuchar la charla, tal como fue, sin ediciones, cara a cara.

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Versión oficial y respuesta de las comunidades

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos nacional y provincial que difunden la amplitud de su compromiso en la lucha contra el fuego, en la que se crearon comandos unificados de innumerables fuerzas y la contratación de algún avión hidrante, los funcionarios prefieren no resaltar sus falencias sino apuntar hacia algún culpable.

Un twit del Ministerio de Seguridad no deja lugar a dudas y advierte:

“En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego.

Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental.

El Ministerio de Seguridad Nacional identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables.

El que las hace, las paga.“

Como en el 2025, la culpa sería de la víctimas. En este caso la Comunidad Mapuche Pulgar Huentuquidel, que perdió todo por las llamas, fue allanada por la policía sin que existiera prueba alguna, tal como lo admitió el propio fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer. Acusaron a una joven trabajadora mapuche, Rocío Brizuela, de ser la responsable de semejante desastre. La Confederación Mapuche de Neuquén denuncia la criminalización y el racismo estatal.

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Reproducimos a continuación un comunicado firmado por decenas de comunidades mapuches en respuesta a las acusaciones oficiales:

“Marimari compuche:

A través de este zungun desde las distintas lof del Puel Mapu repudiamos los dichos del gobierno de Chubut, por responsabilizar a nuestro pueblo por los incendios.
Los medios regionales y nacionales se exaltan y ponen énfasis por el hecho de que sean intencionales.

Pero nada dicen de la falta de previsión por parte del gobierno, después de lo vivido el año pasado en Epuyén, donde se destruyeron más de 70 viviendas y la mayoría no se han reconstruido. Aún con ése panorama no hubo ninguna previsibilidad, ni con tanques australianos, ni raleos de bosques de pinos. Y ni hablar de los trabajadores del Manejo del Fuego, brigadistas, con contratos precarizados, de los cuales se despidió casi el 50 por ciento de los trabajadores, en este último año.

Además de una serie de hechos por decir extraños, que se suscitaron estos meses, como la aparición de explosivos (granadas) en Puerto Bonito, Epuyén.

Por lo cual el domingo 4 cierran el acceso y despliegan un operativo de seguridad.
El lunes 5 se inicia el fuego en la zona de Puerto Patriadas. El gobernador aterriza en una avioneta de EE UU en la Comarca.

Martes 6 el fuego llega al otro lado del Cerro Pirque y nadie acude a apagar, más que vecinos organizados.

A partir del miércoles 7 el fuego se desparramó, por toda la zona. Se descontroló. Evacúan varias zonas del pueblo de El Hoyo, El Pedregoso, Epuyen, Rio Minas, El Coihue.

Toda la comarca participa de la ayuda, se piden motobombas, totem de agua, traslados voluntarios. El viernes por la noche los pedidos de ayuda fueron a montones y todos desesperados.

Durante el fin de semana las necesidades se redoblan, son urgentes, agobiantes, dolorosas.
Hay focos por todos lados. Hay angustia, y sobre todo abandono por parte del gobierno.

No es desidia es una decisión

Al decir del gobernador sólo se quemó una casa. Eso no es verdad, entre casas y galpones estaría llegando a una decena. Cuestiona todos los pedidos de ayuda a brigadas vecinales que se vienen organizando hace años, y que son quienes más les están poniendo el cuerpo, sus vehículos, trasladando mangueras, motobombas, con ropa y calzado insuficiente para atender el fuego en zonas inhóspitas. Grupos organizados en distintas cocinas preparan viandas para quienes están en zonas de riesgo, todo con donaciones o poniendo plata de sus bolsillos. Recursos resueltos comunitariamente.

Y mientras tanto el gobierno tiene retenido 600 mil dólares, de fondos que provienen de programas de prevención de incendios forestales, según lo publicado en el diario Tiempo Argentino, el mismo gobernador que advierte por los medios que todos los pedidos de ayuda, cbu de cuentas para colaborar con las brigadas son una estafa.

No sólo no cumple con su función sino que pone en duda a quienes si le ponen el cuerpo.
Y dicho por los mismos bomberos: hasta ahora no se ha recibido ayuda ni del gobierno nacional, ni provincial.

¿Por qué se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde.

¿Y cuál es la respuesta, monotemática del gobierno? Culpar al pueblo Mapuche.

Mientras Iturrioz, su Ministro de Seguridad dice que “ la hipótesis respecto del incendio es que fueron los mapuches, porque es lo que muestra la historia”

Lo que muestra la historia y se volvió a mostrar es que los primeros en incendiarse son las comunidades, como paso con pu lof Monsalve y Pulgar Huntuquidel, que perdieron todo, ruka, animales, bosque, todo.

Tenemos como ejemplo lo que ocurrió el año pasado que luego de acusar a nuestro pueblo allanaron 11 viviendas, entre comunidades, casas de barrio, radio Mapuche, etc, golpearon y humillaron a pu peñi ka pu lamuen, pero con quienes más se ensañaron fue con pu papay, pu chachay, ancianos y ancianas de la comunidad. Se llevaron celulares, libros, diferentes objetos, tomaron muestras de adn de kompuche. Deteniendo una mujer que luego de 6 meses no encontraron ninguna prueba para incriminarla.

¿Eso sigue ahora? Van a volver a usarnos como chivo expiatorio. ¿Para conformar a quién?

Desde el 9 de diciembre se quema el Parque Nacional Los Alerces, ¿Qué pasó? ¿por qué lo dejaron quemar? ¿Por eso desalojaron el Lof Pailaco, porque tienen intereses en esa zona?

Ya hay miles y miles de hectáreas de tierra arrasada, por una decisión política.

Apelamos a la conciencia social a que repudiemos estos dichos sin prueba, tal como lo mencionó el Fiscal Diaz Mayer en el programa Mañana Silvestres.

El gobierno provincial es el que permite que el fuego arrase, empobreciendo cada vez más el sector, permitiendo pérdidas de viviendas, sufrimiento con graves consecuencias, como ataque de pánico, miedos en las infancias, sumado a la falta de agua en la zona.

Y esto nos está sucediendo a todos y todas, Mapuche y vecinos y vecinas de Esquel y la Comarca.

El gobierno entregó la provincia y vuelve a estigmatizar a nuestro pueblo

Nos están desalojando a punta de fuego. Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Usan el odio y el racismo para generar división.

Mientras aquí seguimos, en conexión con el mapu, levantando con fuerza nuestro nguillipun, convocando la mahun y conversando con el kutral.

Porque nosotros sí queremos, como pueblo que el fuego se apague. Que nuestros animales vivan, que pu pichikeche no tengan miedo, que los lawen no desaparezcan, que las aguadas no se sequen, y el alerce milenario se mantenga en pie.

Sr Gobernador: basta de asesinar a la tierra. Sino sabe que hacer retírese, pero deje de inventar relatos que ya nadie le cree.

La tierra no se vende. Se defiende. Marichiwew Marichiwew!!

Todo el kume nehuen a Bomberos, Brigadistas del Manejo del Fuego y Brigadas Vecinales y cocinas comunitarias, Radios Comunitarias de la zona, que sin su ayuda esto sería una verdadera tragedia.

Adhieren: Lof katrawletuain Rawson warria; Inan küme rupu Eskel warria mew; Coordinadora del Parlamento Mapuche Rio Negro; Lof Pillan Mahuiza Corcovado; Lof Quemquemtrew; Inan Leüfü Mongeiñ, Carmen de Patagones y Viedma; Comunidad Mapuche Pillan Manke (Cóndor Sagrado); Circulo por kompu lamgen Viedma; Comunidad mapuche calfulafken de Carhue; Lof Ignacio Coliqueo de los toldos Bs As; Lofche. CALLVU. SHOTEL Mapuche Tehuelche Villa Elisa La Plata; Lof Cayulao de Tres Arroyos; Lof Nahuelpan, Esquel; La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la UNPSJB; Comunidad “Husica-Antieco” Alto Rio Corinto; Peñi mapu lofche mew, Olavarría; Lof mapuche Tehuelche Meli witral mapu kimun helkelke warria; Lof Laguna Fría – Chacay Oeste; Lof cayunao, Alto Chubut; Rosa Ñancucheo Lonko territorial;Soraya Maicoño Pillan Cushe; Comunida Kupalme Millaqueo, Rio Mayo-Chubut; Pueblo Tehuelche Mapuche; Abel Muñoz; Comunidad Quichaura Oeste, Tecka ; Almendra Daniela, comunidad mapuche Tehuelche de lago Rosario y Sierra colorada; Lof mapuche Cañio el Maitén; Lof FENTREN Kimun; Lof Newentuaiñ Inchin; Lof Santa Rosa Leleque; APDH Regional Esquel Trevelin; Catedra abierta de pueblos originarios UNP sede Trelew; APDH Noroeste del Chubut, siguen las firmas.”

Piquetes de agricultores vascos y catalanes de ambas vertientes de los Pirineos bloquean las dos rutas que unen Francia y España en protesta por la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, acuerdo que alumbrará la mayor zona de libre comercio del mundo con 780 millones de personas y que tanto en su opinión como la de sus compañeros que secundan las protestas en Bélgica, Polonia, Hungría, Irlanda, Francia, Italia o Alemania supondrá la desaparición de la agricultura tradicional europea a manos del agro-negocio industrial, juicio que comparten las organizaciones ecologistas que apoyan las acciones y reclamos de estos días.

El acuerdo, que comenzó a forjarse hace veintiséis años, tiene como fin la eliminación en un plazo de quince años de los aranceles entre ambos bloques. Desde la UE, el mismo se plantea como favorable y necesario para su economía ya que impulsará la venta de vehículos y máquina-herramienta, así como la de algunos productos agrícolas, como el queso, el aceite de oliva y el vino.

Según cálculos de la Comisión europea (ejecutivo europeo, responsable de implementar las decisiones de Parlamento y Consejo europeo, instancias legislativas), las empresas de la UE aumentarán sus exportaciones en un monto cercano a 84.000 millones de euros. Ya que el tratado suprime más del 90% de los aranceles, estas empresas dejarán de pagar 4.000 millones de euros anuales por ese concepto.

El acuerdo, sin embargo, toma una serie de salvaguardas o medidas de protección dirigidas, en especial, al sector primario, al impacto en la agricultura: El acuerdo no otorga acceso libre de impuestos a productos sensibles como la carne de vacuno, pollo o arroz, y establece cuotas y aranceles para proteger a los productores europeos.

Normas sanitarias: Los productos importados deben cumplir con las estrictas normas sanitarias de la UE; este es uno de los reclamos más insistentes de los agricultores
europeos.

Reclamos de agricultores

Después de veintiséis años de proceso, de negociaciones entre Mercosur y UE, este ha
sido ratificado por parte europea, en una coyuntura internacional que obliga a esta a
ampliar sus mercados, sus aliados comerciales.

El voto positivo de Italia ha sido decisivo para que el acuerdo saliera adelante: La UE
necesita una mayoría cualificada de al menos 15 estados que representen el 65% de la población para aprobar el convenio. Italia, con su peso económico y político, tenía mucho que decir: con la negativa de Francia sobre la mesa, un no de Meloni podía propiciar el bloqueo. De hecho, ya expresó reservas, relacionadas con el sector primario. La Comisión ofreció concesiones, como reducciones en los precios de los fertilizantes y adelantos en los
pagos a los agricultores, para tratar de ganar su apoyo. Al no de Irlanda, Polonia e Hungría se ha unido Francia.

El Gobierno francés, en nota emitida el 8 de enero, señaló que aunque sigue defendiendo el libre comercio, el acuerdo se basa en un mandato de 1999, ya obsoleto y que concita el rechazo de toda la Asamblea Nacional. Considera, además, que su efecto sobre el PIB de la UE en 2040 será no más del 0,05%, estimando “injustificado” exponer al sector primario europeo “esencial para la soberanía alimentaria”. Si bien ve como positivas las cláusulas de salvaguardia para hacer frente a posibles distorsiones de precios en el mercado europeo, que podrían activarse a petición de cualquier Estado miembro o de los representantes del sector agrícola y también resalta la existencia de “estándares recíprocos de producción” en materia de salud, medio
ambiente y bienestar animal, así como en la aplicación de controles sanitarios y fitosanitarios en terceros países, junto a los fondos adicionales comprometidos para la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028. Pero mantiene su decisión de votar en contra de la adopción del pacto con el bloque latinoamericano, precisamente por el “rechazo unánime” que suscita en la escena política francesa.

Raúl Beitia, presidente de una asociación de agricultores vascos, Ataca, señalaba ante los medios, el 8 de enero, durante una protesta frente a las instituciones vascas en la ciudad de Vitoria, que el acuerdo “supone una amenaza directa para la supervivencia del campo y para la soberanía alimentaria” quien también destacó cómo el mercado europeo se abrirá a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la UE “con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, sin cumplir unos estándares de producción”.

Algunos de esos estándares a los que Beitia se refería son las Políticas medioambientales: La UE ha implementado normas para promover la biodiversidad y combatir el cambio climático, como la obligación de mantener el 4% de las tierras en barbecho. Los agricultores consideran que estas medidas son excesivamente restrictivas y afectan su viabilidad económica.

La organización española Ecologistas en Acción apoya el reclamo: “Este acuerdo simboliza una política comercial que enfrenta y hace competir aún más -si cabe- a agricultores y agricultoras de ambos lados del Atlántico en una carrera suicida para recortar leyes sociales, ambientales y sanitarias. Este modelo de agricultura industrial basada en la exportación es la mayor causa de la emergencia climática y ambiental y compromete la capacidad de producir alimentos”.

Otros motivos que empujan las protestas del campo europeo:

• Competencia desleal: La importación de productos agrícolas de países no pertenecientes a la UE, como Ucrania, ha generado preocupación entre los agricultores europeos, que se sienten afectados por la competencia desleal. Así la patronal española del campo advierte del “grave impacto” que el acuerdo tendría sobre sectores sensibles “como la carne de vacuno, las aves, el azúcar, el etanol, los cítricos, el arroz, la miel o el maíz”. Mientras denuncia también “la falta de reciprocidad en las normas sanitarias, medioambientales y de trazabilidad exigidas a las producciones importadas frente a las europeas”.
• Costos y regulaciones: Los agricultores se quejan de los altos costos de producción, incluyendo el precio del combustible, los fertilizantes y los seguros, así como de las regulaciones excesivas que les impiden competir con productores de otros países.