Informe especial para LCV de Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco. 19 de junio, 2025

El proceso judicial que se sigue contra el que fuera ministro de Transportes y actual diputado José Luis Ábalos, junto a su asesor, Koldo García, por coimas en la adjudicación de obra pública en tiempos de pandemia, adquirió tintes de vodevil luego de que se filtrara el pasado 12 de junio el contenido de un informe policial que involucra al diputado Santos Cerdán en la trama del cobro de coimas vinculadas al ministerio dirigido por Ábalos.

El informe de 490 páginas presentado por la Unidad Central Operativa -unidad operativa de elite que investiga casos complejos de corrupción, narcotráfico o terrorismo y actúa como policía judicial en este caso- reproduce audios grabados por el imputado Koldo García.

En noviembre de 2023, a unos meses de comenzar el proceso, el diputado Ábalos y su asesor Koldo abordan el tema de los pagos pendientes. En un momento de la conversación, Koldo García, al aparecer muy enfadado, menciona 450.000 euros que se le deberían al ex ministro. “Y a mí me debe ciento treinta más… El hijo de puta del Santos (Cerdán) se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí”.

De acuerdo con otra grabación, José Luis Ábalos trasladó a Koldo García la preocupación de Santos porque «había empresas pequeñas» a las que el asesor «estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos». García reconoce en el audio haber cobrado, al menos, 570.000 mil euros. Santos Cerdán dice no saberse «de memoria» sus cuentas.

En otro de los cinco audios publicados hasta ahora, grabado el 22 de abril de 2019, Koldo García afirma haber recibido 60.000 euros y le dice a Santos Cerdán que, de esa cantidad, 50.000 euros le correspondían a Ábalos y 10.000 eran para él mismo. se escucha:

– Koldo García: Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.

– Santos Cerdán: ¿Cuánto le dimos?

-Koldo García: 60.

-Santos Cerdán: ¿60 le dieron ahora?

-Koldo García: Sí, pero yo…

-Santos Cerdán: Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para tí.

La presencia de Ábalos y Cerdán, dos secretarios de Organización, dos números 3 del PSOE, dos diputados, y un ministro de Transportes, manos derechas del Presidente, personajes con poder dentro del partido y alcance en las labores parlamentarias y de gobierno, salpica al propio Sánchez.

En horas previas al levantamiento del secreto de sumario, cuando los rumores ya apuntaban a Cerdán como partícipe de la red de corrupción, tanto Pedro Sánchez como el partido defendieron su inocencia basándose en la palabra que este había dado al Presidente, palabras que se llevó el viento cuando se conocieron los audios grabados por uno de los implicados e incluidos en el informe, Koldo García, en los que se escucha a Cerdán hablando de coimas y prostitutas con García y Ábalos.

Horas después, en condición de líder del partido socialista, Sánchez compareció ante los medios para pedir perdón. Igual que hizo Mariano Rajoy cuando perdió la presidencia del gobierno acosado por los escándalos de corrupción y financiación ilegal de su Partido Popular (PP) mediante una red clientelar de coimas. Un perdón que fue insuficiente para un Pedro Sánchez que asumió el cargo para regenerar la política española.

El pasado lunes, luego de que apareciera su nombre en el informe, el diputado Santos Cerdán renunció a su banca por lo cual quedó sin fueros y se inició una investigación sobre su patrimonio revelando que es dueño del 43 % de las acciones de una de las empresas constructoras investigadas. Por su parte, el diputado Abalos se atornilló a su banca para entorpecer el proceso judicial y creó un monobloque.

Denuncias cruzadas de izquierda a derecha

En cuatro días, Pedro Sánchez ha pasado de la defensa al ataque, haciendo gala de su famosa resiliencia. Si la semana pasada mostraba un gesto adusto y compungido, en esta ha mostrado su vis más agresiva, recordando a las formaciones de derecha, ante sus desaforadas peticiones de dimisión, sus numerosos casos de corrupción y desafiándoles a presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados, el parlamento español, sabiendo que, de momento, los números no les salen. Ni va a dimitir ni va a adelantar las elecciones.

La sobreactuación de la derecha, envuelta en permanentes escándalos de corrupción, con el presidente de la comunidad de Valencia escondido desde hace meses para no afrontar su responsabilidad por la tragedia de las inundaciones, no culmina con una moción de censura porque las matemáticas no le acompañan y porque esperan más audios que hagan implosionar al gobierno, que no hagan tolerable la corrupción, tragar sapos, a cambio de que la derecha no acceda al gobierno.

El llamado “gobierno progresista”, formado por el PSOE y Sumar (coalición de diferentes partidos de centro izquierda), se apoya en una mayoría parlamentaria en la que, además de los dos mencionados partidos de gobierno, participan los nacionalismos periféricos vascos, catalanes y gallegos, unidos todos por el rechazo a un virtual advenimiento de una alianza de derecha (PP) y extrema derecha (Vox).

Esto no es un temor a lo desconocido ya que ambos partidos gobernaron en coalición en varias comunidades autónomas (Valencia, Extremadura, Aragón, Murcia), haciéndolo, ahora, el PP en solitario con el apoyo parlamentario de Vox. En todas estas comunidades se han dado retrocesos en derechos fundamentales en los rubros de mujer, LGTBI+, inmigración, sostenibilidad y emergencia climática o memoria histórica, entre otros.

Aunque de forma tímida y expectante, toda la denominada mayoría de progreso (a excepción de Podemos y sus cuatro bancas; muy críticos ya con el socialismo por su postura belicista) ha expresado su apoyo al gobierno presidido por Pedro Sánchez, intentando circunscribir el problema de corrupción al socialismo y primando los buenos datos económicos de los siete años de gobierno de Sánchez, los avances conseguidos en la agenda social y los aún en marcha, todo ello imposible con la derecha.

Las preguntas que se hace la sociedad son: ¿Sánchez no estaba al tanto de los manejos y catadura de estos personajes en los que tanta confianza depositó, más teniendo en cuenta el férreo liderazgo que ejerce en partido y gobierno? O ¿Hubo una inexplicable ausencia de controles dentro del PSOE para detectar la corrupción en su seno? algo preocupante para quienes vinieron a regenerar la política española y que, por otra parte, pone en tela de juicio la organización y democracia interna del socialismo.

En relación con estas dos interrogantes, visto el poder de los secretarios de Organización, que manejan las relaciones entre la ejecutiva y otras instancias regionales, que elaboran las listas electorales, que nombran y sitúan personas afines en la estructura del partido, ¿está la corrupción limitada a tres personas? En el PSOE, nadie se atreve a poner la mano en el fuego por nadie. Hay miedo a que en nuevas grabaciones haya más personas implicadas, haya más sorpresas como la de Cerdán. A ello obedece también la tímida respuesta de los socios de gobierno y parlamentario.

Tirando del hilo, teniendo en cuenta que también han colocado gente afín en la administración pública y que las adjudicaciones de contratos y obra pública están sometidos a complejos procesos de control parece difícil que la trama se límite a tres personajes.

De ahí que la cautela presida las actuaciones de todas las partes en este caso… O vodevil, según se prefiera.

De corruptos y corruptores

Aunque algunos de los contratos que están siendo investigados están relacionados con suministros relacionados con la pandemia, las obras de infraestructura y las coimas recibidas para la adjudicación de estas son la parte más jugosa de la trama corrupta que el proceso judicial en fase de instrucción tiene como objetivo.

Las infraestructuras son rutas y obras relacionadas con el tren de alta velocidad. Estas últimas son, además, obras cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y Next Generation. En tres de estas participa la constructora Acciona, una de las más grandes de España y recurrente en las causas de corrupción. De hecho, aparecía en los escándalos de financiación ilegal del PP.

Es, sin embargo, muy complicado probar la participación de las constructoras en las tramas corruptas. Se necesita prueba documental de la coima y esto rara vez se da. Por otra parte, estas grandes obras suelen acometerse entre más de una empresa, en régimen de UTE (unión temporal de empresas), entre una gran constructora y otras más pequeñas que acostumbran a afrontar las sanciones, si las hay, en estos casos. La legislación, muy laxa para con el corruptor, puede impedir a las constructoras participar en la licitación de contratos públicos. Pero, obvio, son contadas las empresas que pueden ejecutar la gran obra pública, por no hablar de las implicaciones políticas.

A diferencia de otras ocasiones, donde nadie ha mirado a las empresas corruptoras, la repetición de los mismos nombres, como Acciona, ha agitado el avispero y, acá y allá, se demandan medidas y cambios en la legislación para atajar el problema en raíz, desde las empresas, desde los corruptores, algo que no ha sentado nada bien en la patronal. Su presidente, Antonio Garamendi, este martes, 17 de junio, criticó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de quien dijo que “se permite el lujo de hablar de los corruptores” al proponer que se prohíba que las administraciones contraten con empresas “corruptoras”. Garamendi lamentó que “le echó la culpa a las empresas” cuando, recordó, “el que corrompe es el que tiene la capacidad de leer un contrato y decir <te doy el contrato si me pagas>, porque los que se han repartido el dinero todos sabemos quiénes son y del Ministerio de donde han salido los contratos”. Y se quedó tan ancho, sin mirar debajo de la escalera, que huele.

El mes de junio de 1955, no fue un mes cualquiera durante el segundo gobierno del Gral. Juan Domingo Perón. El día 11, la Iglesia Católica realizó la procesión de Corpus Christi, que excedió lo religioso y se produjo una movilización opositora que reunió 250.000 manifestantes, desplazándose desde la zona de la Catedral a la zona del Congreso Nacional.

Las crónicas reseñan que los activistas dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón e izaron la bandera del Vaticano en lugar de la bandera argentina en el mástil del Congreso. El conflicto se agudizó cuando se conoció que durante la procesión se había quemado una bandera argentina y al publicarse en los diarios la fotografía de Perón y Borlenghi mirando los restos de la misma.

El 16 el gobierno había organizado un acto de desagravio a la bandera nacional. El ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor Juan Ignacio de San Martín, dispuso que la aviación testimonie su adhesión al presidente de la República, desagraviando a la vez la memoria del general José de San Martín. Para esto decidió que una formación de aviones sobrevuele la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del Libertador. El anuncio del desfile reunió en Plaza de Mayo a un numeroso público. Se trataba de un acto cívico-militar en solidaridad con el gobierno frente a los embates de la oposición.

Pero durante esa jornada, al mediodía se produciría el bombardeo, conocido como la Masacre de Plaza de Mayo. Ese día un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Perón, intentó asesinarlo y llevar adelante un golpe de estado y, si bien fracasaron en su propósito, durante el mismo varios escuadrones de aviones pertenecientes a la Aviación Naval, bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el edificio de la Confederación General del Trabajo y el edificio que en aquella época servía como residencia presidencial.Causaron la muerte de 700 personas y más de 2000 heridos.

Los relatos de la época comentan que:

“A las 12.40, la escuadra de treinta y cuatro aviones de la Marina de Guerra argentina que había estado sobrevolando la ciudad desde hacía bastante tiempo (22 North American AT-6, 5 Beechcraft AT-11, 3 hidroaviones de patrulla y rescate Catalina), iniciaron sus bombardeos y ametrallamientos al área de la Plaza de Mayo.”

“El capitán de fragata Néstor Noriega, de 39 años de edad, esperaba que el cielo se despejara, la escuadrilla formaba escalonada hacia arriba. A las 12,40 Noriega al mando de su Beechcraft descarga una bomba de 100 kilos que cae sobre la sede presidencial; a continuación los North American al mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots descargan bombas de 50 kilos cada uno. La sorpresa del ataque hizo que el mismo cayera sobre la población, que realizaba sus actividades normales debido a que era un día hábil.”

“Entre las primeras víctimas se contaron los ocupantes de los vehículos de transporte público de pasajeros. Un trolebús repleto recibió una bomba de lleno, muriendo todos sus ocupantes.”

“La Plaza de Mayo era un incendio, quienes salían de las bocas del subte se encontraron con la nube de pólvora, los aviones rasantes sobre el casco porteño, la gritería, la desesperación, la gente intentando esconderse como podía, heridos, muertos, mutilados. Los aviones lanzaron sus bolas de fuego y muerte contra los trabajadores que se desplazaban hacia sus tareas, o bien transeúntes distraídos que recorrían ese lugar histórico, mientras se escondían como podían ante la sorpresiva y violenta lluvia de bombas y metrallas”.

Esa mañana fue el bautismo de fuego de los aviones de la aeronáutica contra el pueblo. Los aviadores arrojaron nueve toneladas y media de explosivos, según algunas fuentes, otras, catorce toneladas sobre la población civil inerme.

Perón se había retirado al Ministerio de Guerra ubicado a 200 metros de la Casa Rosada por lo cual no estaba en ella al comenzar los ataques aéreos y el intento de asalto por fuerzas de tierra.

Después de la primera hora de bombardeo los gremios empezaron a convocar a los obreros para organizar una Marcha de Resistencia a la Plaza de Mayo en defensa de Perón. Una bomba cayó sobre la convocatoria a las 13.30 y mató a Armando Fernández, de la Asociación de Trabajadores Jaboneros, Perfumistas y Afines.

Mientras se acentuaban los tiroteos en el centro porteño, se ordenó a la Base Militar de la Fuerza Aérea en Morón el despegue de interceptores a reacción. Los pilotos se encontraban entonces en acaloradas discusiones sobre si debían adherirse o no al movimiento de los sublevados. Rápidamente se hizo al aire una escuadrilla de cuatro Gloster Meteor leales al gobierno. Si bien no pudieron llegar a tiempo para impedir el bombardeo, lograron interceptar una escuadrilla naval rebelde que se retiraba de la zona. El combate se produjo a baja altura sobre el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Río de la Plata.

La Base Aérea de Morón caería entonces por poco tiempo en manos rebeldes, con lo que estos pudieron hacerse con 4 Meteors. Los hicieron despegar para continuar ametrallando la zona de Plaza de Mayo en apoyo a los rebeldes emplazados en la zona del Ministerio de Marina, extendiendo sus acciones hasta las 17.20. Al no contar con bombas uno de estos aviadores empleó su tanque de combustible como si fuese una bomba de napalm, que cayó sobre los automóviles que se encontraban en el estacionamiento de la Casa de Gobierno.

Ante el fracaso del combate en tierra y luego de ser derribados dos aviones por las baterías antiaéreas montadas en la zona, los aviadores rebeldes recibieron la orden de escapar al territorio uruguayo, pidiendo asilo. De los treinta aviones que huían, algunos aparatos no llegaron a aterrizar en el territorio uruguayo por el excesivo consumo de combustible invertido en los ametrallamientos, por lo que sus pilotos debieron descender forzosamente al Río de la Plata o en campos de la zona de Carmelo.

El pueblo salió a la calle enardecido, solicitando armas al presidente. En un mensaje radial emitido por el General Perón afirmó que “la situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado y está ocupado, y los culpables, detenidos”, e instó a la población: “nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión”.

Se había perpetrado uno de los hechos más cobardes y criminales de militares y civiles de la historia de nuestro país.

El archivista y presidente de AFPA (Archivistas de la Función Pública Argentina) Andrés Pak Linares, advierte sobre los riesgos que corren los archivos públicos en un contexto de desfinanciamiento, desmantelamiento institucional y políticas que apelan a la desmemoria. Desde el Archivo General de la Nación hasta los organismos más pequeños del país, Pak Linares plantea que sin una política estatal sólida en materia archivística no solo se pierde historia: también se atenta contra la eficiencia del Estado y, sobre todo, contra el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En diálogo con LCV, insiste en la necesidad de una política de archivos que trascienda gobiernos y coyunturas ideológicas, tal como sucede en otros países de la región.

LCV: ¿Cuáles son los riesgos que corren los archivos? Sobre todo en este momento, con este tipo de gobierno que apela a la destrucción y la desmemoria.

Andrés Pak Linares: “Bueno, nosotros desde AFPA , advertimos en un comunicado en abril de 2023 que todo estaba en peligro. Tristemente se fue cumpliendo esta visión que nosotros teníamos. Y lo vemos —para decirlo de una forma que se entienda, digamos— detrás de cada institución que se cierra o detrás de cada programa que se descontinúa, hay un archivo. Hay un archivo que recoge los documentos que dan cuenta de lo que hizo ese feminismo, de lo que hizo ese programa, ese funcionario”.

LCV: Ese funcionario también, por supuesto.

Andrés Pak Linares: “Claro, porque los archivos son los lugares donde se puso la documentación que refleja el accionar de las instituciones. Hay una trazabilidad de la historia que indica en qué gobiernos se cuidó más la memoria, en cuáles se cuidó más la cuestión archivística, se le dio visibilidad, se le dio formación a la gente.”

LCV: Recuerdo, desde que tengo uso de razón —y sobre todo desde que soy periodista— haber ingresado, y salvo los de la Biblioteca Mariano Moreno y algunos otros que son buenos en sí mismos, pero recuerdo el ingente trabajo de los archivistas para protegerlos del polvo, de los ácaros, de un montón de situaciones en donde uno dice: “Pará, eh, esto sin ir a otras cosas, como por ejemplo los fílmicos y los discos, que vos recordarás en la época del presidente Menem, por ejemplo, los archivos de Radio Nacional se tiraron todos a los containers de basura”.

Andrés Pak Linares: “No es fácil ponernos a hacer cuentas de lo que se ganó y lo que se perdió en los últimos años —a decir, no sé, 40 años—, hay muchos hitos, ¿no? Pero yo empezaría por acá: lo que nosotros planteamos desde AFPA es que lo que falta es una política estatal en materia de archivos. Política estatal, no gubernamental. Después podemos encontrar en los distintos gobiernos algunas acciones positivas, algunas negativas. Querríamos trascender eso a favor de la discusión por una política estatal, que es la responsabilidad estatal de la memoria. Y más que de la memoria, yo diría de archivos. Tenemos otra discusión. Las políticas de memoria útiles, buenas, que nosotros acompañamos y demás, tienen una correlación con las políticas de archivo. Si yo quiero una política de memoria eficiente, necesito una política de archivos eficiente. En ese sentido, y para nombrar hitos venturosos, entre el 2010 y el 2020 funcionó un programa de capacitación por el que pasaron más de 3000 agentes, más de 100 organismos públicos. Discontinuado. En los 90s, por ejemplo —para hablar de distintos gobiernos— durante el proceso de privatizaciones, y por el denodado esfuerzo de trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la Nación y de otros archivos, bueno, el Archivo General de la Nación duplicó su patrimonio. Rescatando fondos de organismos privatizados.

LCV: ¿Cuáles serían las deudas de la democracia con la política de archivos?

Andrés Pak Linares: Lo que no tenemos del 83 para acá —para hablar de las deudas- es una actualización normativa, un reconocimiento de la profesión. Reconocimiento que tiene que, además de ver sueldos, verse en estructuras, verse en funcionalidad de los archivos. Entonces, más allá de señalar si este gobierno hizo esto, este gobierno hizo lo otro… nosotros vemos que hay una línea, por así decir, que no termina de instalar una política sólida.

LCV: ¿Cómo ves la política actual en ese sentido?

Estamos viviendo un denodado ataque a toda la estatalidad o a todas las —digamos— funcionalidades estatales, ¿no? Y en ese sentido no hay mucho para destruir. Está todo en peligro. Hay un peligro total, en todos los estamentos.”

LCV: Hay mucho para hablar, te digo, hay mucho para hablar y muy poco tiempo, porque yo te voy a pedir que en un minuto me definas la importancia que tiene —en un país— para su crecimiento intelectual, histórico, político y social, el tener los archivos y poder acceder a ese pasado nuestro que yo entiendo siempre enseña. Bien, en un minuto nada más.

Andrés Pak Linares: “Perfecto. Lo que nosotros planteamos —y esto quizás lo explique bien— es que los archivos tienen una triple función social. Una, la de preservar documentos que puedan oficiar de fuentes para el conocimiento del pasado. Otra, para la eficiencia administrativa. Y acá ya empezamos a abrir el juego: si yo quiero un Estado eficiente, más allá de la ideología o más allá de la dirección política que le dé, necesito archivos adecuados. Y una tercera, que dejo para el final y no es la menos importante: los archivos son el soporte documental para el ejercicio de derechos individuales y colectivos”.

LCV: “Totalmente”.

Andrés Pak Linares: “Entonces, si yo no implemento una política de archivo o directamente ataco la funcionalidad o servicios de archivos, estoy atacando directa o indirectamente —pero más directa que indirectamente— la posibilidad del ejercicio de derechos individuales y colectivos. Para poner un ejemplo de países vecinos: Brasil, hasta hace poco, tenía una política estatal en materia de archivos. Cambiaban los gobiernos —se iba Collor de Mello, venía Lula—, el director del Archivo Nacional de Brasil era el mismo. La CONARC, el Consejo Nacional de Archivo, era el mismo, seguía funcionando. A eso llamamos política estatal.

LCV: “Exactamente”.

Andrés Pak Linares: “Que trascienda las coyunturas. Que trasciendan las coyunturas y las ideologías”.