Opinión

Privatizar el agua: la negación de un derecho humano, por Foro Economía y Trabajo*

Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de la provisión del agua y de los servicios sanitarios, el gobierno de Javier Milei , mediante un nuevo e irregular decreto de necesidad y urgencia, acaba de ratificar su decisión de privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)¹, buscando conseguir dólares para sostener un esquema económico insostenible.

Lamentablemente la Argentina ya transitó por ese camino y sus resultados no fueron buenos. Los datos sobre la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, realizada el 1° de mayo de 1993, en forma integral, mediante el procedimiento de adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria, muestran en forma clara el fracaso de la privatización.

La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que presentó una oferta predatoria, esto es, que sus números no cerraban para cumplir las exigencias contractuales.

La opción elegida por reducción tarifaria derivó en que la concesión fuera otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon, lo cual no tiene justificación económica. Entre los compromisos asumidos figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).

¿Qué hizo AASA, la empresa concesionaria? Se expandió hacia las zonas con usuarios de mayor poder adquisitivo (norte del AMBA)², los que podían pagar las tarifas, postergando a los habitantes de zonas de bajos ingresos.

En materia tarifaria, se estableció que los precios debían permanecer estables durante los primeros 10 años y después de ese lapso sólo podrían disponerse reducciones en los valores vigentes. Sin embargo, la tarifa de un usuario residencial no medido tuvo un crecimiento entre mayo de 1993 y enero de 2002 del 82 % mientras que la inflación (IPC) en el mismo periodo fue del 7 %. La mayoría de las subas, que incluyeron nuevos cargos, fueron extra contractuales, autorizados por el ente regulador (ETOSS) y por la autoridad de aplicación, comandada por la Ingeniera María J. Alsogaray.

Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 % cuando la meta comprometida era del 88% y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 % frente a la previsión del 74% establecida en el contrato.

Tampoco AASA (Aguas Argentinas) cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el municipio de Berazategui. Fue AySA quien después se hizo cargo de la construcción que estuvo terminada en tres años e inaugurada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Los aumentos tarifarios extracontractuales y los incumplimientos de las metas de inversión permitieron la obtención de elevadas tasas de rentabilidad. AASA tuvo una rentabilidad promedio sobre facturación del 13 %, tasa que se eleva a más del 20 % en la relación utilidades/patrimonio neto, muy por encima de los promedios que caracterizan a servicios similares en países desarrollados.

Los incumplimientos contractuales mencionados a lo que se suman desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.

Pero el fracaso privatizador no sólo abarcó el caso de AASA, ya que la privatización de los servicios públicos se había extendido hacia las provincias. Es así como a fines del 2001, casi el 60 % de la población del país era abastecido por empresas privadas. Del total de 15 empresas que fueron privatizadas 11 de ellas fueron re-estatizadas. Además de Aguas Argentinas, son los casos de Tucumán (1998), Buenos Aires (2002, las dos empresas que se habían fusionado en Aguas Bonaerenses S.A.), Formosa (2002), Santa Fe (2006), Catamarca (2008), La Rioja (2010), Mendoza (2010), Salta (2009) y Jujuy (2015).

En la actualidad, sólo quedan cuatro empresas de agua y saneamiento privatizadas: Aguas Cordobesas S. A., que abastece a la ciudad de Córdoba (sólo de agua ya que el servicio de saneamiento está a cargo del gobierno municipal); Aguas de Corrientes S. A., que abastece a la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia –esta fue la primera privatización del sector, en el año 1991-; Aguas de Santiago S. A., en la Provincia de Santiago del Estero; y Aguas de Misiones S. A. que abastece a las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones. Entre las 4 abastecen a menos de un 10% de la población del país.

EN EL PLANO INTERNACIONAL

La crisis del modelo privatizador y la tendencia a re-estatizar las empresas es un fenómeno que se ha ido extendiendo en el ámbito internacional y que se observa en países y ciudades sumamente dispares. Tanto en países desarrollados, donde el abastecimiento prácticamente se ha universalizado, es decir alcanza casi al 100% de la población, como en regiones periféricas donde aún existen grandes desigualdades en el acceso al agua y aún mayor en el saneamiento, el modelo privatizador y mercantil ha entrado en crisis y los gobiernos optan por volver a un modelo público del agua.

Este proceso comprende diferentes alternativas no sólo la re-estatización, sino también la conversión en empresas de carácter local, porque la provisión del agua tiene esta modalidad, o el establecimiento de empresas de tipo comunitario. Proceso que podríamos definir como un nuevo modelo de gestión pública, que se distancia tanto del modelo privatista como del viejo modelo estatal del siglo pasado.

En el caso de Gran Bretaña, que ha sido emblemática en la privatización de los servicios públicos, cabe resaltar que en Escocia nunca fueron privatizados los servicios de provisión de agua, que en Gales la empresa Aguas Galesas se transformó en una empresa de carácter comunitario, donde los cuestionamientos a los resultados de la privatización fueron un tema central en la campaña electoral para las últimas elecciones.

HACIA NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y GESTIÓN

Estos procesos que involucran el retorno activo del Estado en la prestación y gestión de diversos servicios públicos deberían conducir a reflexionar y debatir intensamente, porque la discusión actual va más allá de la propiedad estatal o privada, dado que se trata de afrontar nuevos desafíos y posibilidades de encontrar nuevas formas de gestión que convoquen a los diferentes actores.

Es que estos nuevos y renovados procesos deberían comprenden un cambio fundamental en la concepción de los servicios públicos y particularmente del agua y el saneamiento, pasando de la lógica mercantilista que caracterizó a los programas de privatización hacia servicios de carácter público y su reconocimiento como derecho humano. Y ello involucra:

a) la universalización eficaz del servicio, lo que necesita criterios adecuados para financiar la incorporación de aquellos que aún no están abastecidos y en casos de exploración privada la fijación de tarifas pagables;

b) la calidad del producto, agua segura, tratamiento de los residuos cloacales y prevención estricta de la descarga ilegal de otros desechos contaminantes;

c) organizar a la comunidad en nuevas formas de propiedad y gestión PÚBLICO SOCIAL NO RENTISTA que incluya la participación de usuarios, vecinos, trabajadores, y con estrictas condiciones, proveedores locales, que supere el ineficaz y mezquino esquema de la propiedad participada;

d) justas condiciones laborales;

e) claros y exigentes sistemas de control y de rendición de cuentas;

f) preservación de los acuíferos

El agua es un derecho humano, recurso estratégico vital e imprescindible para todas las formas de vida, la salud, el trabajo y la producción, la economía sustentable, y la justicia social. En el contexto actual, de guerra económica por los recursos naturales, formas depredadoras de explotación y comercialización, de cambio climático negativo es fundamental asumir una estrategia para la conservación de los acuíferos, y el acceso asequible al agua a toda nuestra población con intervención social y pública del estado.

EL DECRETO 494/25 y LA PRIVATIZACIÓN de AYSA DEBEN SER ANULADOS. Es el Congreso de la Nación el que debe legislar en cuanto a los servicios públicos.

…

* Foro Economía y Trabajo del que participan: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, , Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación: Eduardo Berrozpe

El FORO ECONOMÍA Y TRABAJO está abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com

1 Lo hizo a través del DNU 494/25 y la Resolución N° 221 de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Milei y su ministro Luis Caputo pusieron en marcha la privatización total AYSA, mediante la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, disponiendo que el 51% del paquete accionario debe ser licitado para su adjudicación a un operador estratégico nacional o internacional, mientras que el remanente de acciones será vendido en bolsas y mercados del país. AYSA representa la empresa nacional prestadora del servicio de agua potable más importante del país, sirviendo al 25% de su población, cuyos objetivos centrales son garantizar el acceso al agua potable y saneamiento universal mediante el desarrollo de obras hídricas y de infraestructura, promoviendo el cuidado ambiental, preservando los recursos naturales. Bajo el pretexto del mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei abre la puerta a grupos económicos, transnacionales y otros estados, que pareciera ya están elegidos, como podría ser el caso de Mekorot (empresa estatal israelí), para que administren un recurso estratégico para el país, esencial para la vida humana y la producción. La privatización del servicio de agua potable implica subordinar su prestación a la lógica de la maximización del beneficio empresarial y no de su acceso universal, negando así un derecho humano esencial para la vida. En esta línea, en 2024 se redujeron en un 70% * respecto del año anterior, las obras públicas de cloacas, saneamiento y ampliación del servicio llevadas adelante por AYSA. Y ahora, con la modificación del régimen regulatorio estarán habilitados para interrumpir el servicio por completo debido a la mora en los pagos, en un contexto de liberalización de las tarifas, que implicó incrementos en las facturas por más del 300% el último año.

2 Área Metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Destacada

Reforma previsional o ajuste encubierto?, por Sandra Zapatero

El Gobierno nacional se prepara para avanzar con una reforma previsional que, según trascendidos no oficiales, sería uno de los puntos clave exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con el acuerdo de financiamiento. Aunque el texto definitivo aún no fue presentado, las medidas que circulan preocupan por su regresividad y su impacto directo sobre los sectores más vulnerables.

Entre los cambios propuestos se mencionan el aumento de la edad de retiro, la eliminación de la moratoria previsional, la reducción del cálculo del haber inicial, el fin de los regímenes especiales y el regreso —esta vez en versión voluntaria— de un sistema de capitalización individual. El Ejecutivo planea enviar el proyecto al Congreso después de las elecciones de medio término, con la expectativa de lograr mayoría parlamentaria. Sin embargo, mientras tanto, algunas reformas de facto ya están en marcha: por ejemplo, el índice de movilidad jubilatoria, que se ajusta por una inflación oficial notoriamente inferior a la real, licúa los haberes mes a mes.

Desde el discurso oficial, estas decisiones buscan garantizar la “sostenibilidad” del sistema previsional ante el envejecimiento poblacional, el déficit crónico y la caída en la cantidad de aportantes formales. Pero aquí es donde debemos detenernos: la seguridad social no es un privilegio ni un lujo, es un derecho humano. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo ratifica nuestra propia Constitución Nacional.

Cuando se habla de “sustentabilidad”, se apela a un argumento económico. Sin embargo, la verdadera pregunta es política: ¿quién sostiene el sistema? ¿Lo sostienen los ricos o lo siguen sosteniendo los sectores más castigados? Porque en la Argentina de hoy está claro: el ajuste recae sobre las y los jubilados, sobre las y los trabajadores y sobre el pueblo en su conjunto.

Si se eliminan las moratorias, las consecuencias serían graves: solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzarían los requisitos para jubilarse. No porque no hayan trabajado, sino porque durante años muchos empleadores no realizaron los aportes que les correspondían, aunque sí los descontaron. A eso se suma la situación de millones de personas que trabajaron en la informalidad o realizaron tareas de cuidado no remuneradas —en su mayoría, mujeres— que el sistema sigue sin reconocer como trabajo.

Y, sin embargo, son ellas y ellos quienes hoy deben cargar con una deuda que no generaron. La idea de que el acceso a una jubilación debe limitarse a quienes tienen “los papeles en regla” es profundamente injusta en un país con altos niveles de informalidad y desigualdad estructural.

Las mujeres, en particular, seguimos en condiciones laborales desiguales, con menos oportunidades de inserción formal y salarios más bajos. Y aun así, sostenemos la economía con tareas esenciales para la reproducción de la fuerza de trabajo: el cuidado de niños, personas mayores, personas con discapacidad. Nos quieren hacer creer que estamos por fuera de la producción, cuando en realidad somos parte central del funcionamiento económico.

Según estudios del CONICET, las moratorias previsionales han transformado vidas, permitiendo que miles de personas mayores —en su mayoría mujeres— accedan a una jubilación y, con ella, a una mínima seguridad económica y social.

Porque, en definitiva, vivir más no es un problema: es un logro de la humanidad. Lo que está en juego no es un equilibrio fiscal abstracto. Lo que se debate es qué tipo de sociedad queremos construir: una que garantice derechos, o una que profundice las desigualdades.

Opinión

Fetiches de la cultura ‘slow’, por Pablo Echeverría

La masa madre es un gran ejemplo de algo que fue de pronto fetichizado, vuelto símbolo de autenticidad, cuidado y cultura, cuando en realidad es solo una manera más —válida, pero no sagrada— de hacer pan.

En esa línea, también se han vuelto moda y parte de un coqueteo sobrevalorado: la cúrcuma (un polvo amarillo con gusto a tierra), que de pronto está en todo, y resulta que alivia dolores, fortalece el sistema inmunológico, te rejuvenece y hasta te resetea el karma.

El jengibre es un caso raro: de ser un tubérculo casi desconocido, feo hasta de ver, pasó a ingrediente indispensable: condimento, jugos, postres, cosmética, aromaterapia y hasta en cápsulas. Y no sé por qué cosa, la gente ama nombrarlo.

Todas estas cosas —y muchas otras más— encarnan una rara nostalgia moderna, una forma de querer volver —desde un lugar performático— a donde nunca se estuvo.

La cultura slow, lejos de desacelerar la vida moderna, ha despertado un frenesí por cosas que nadie necesitaba.

Pablo Echeverría, músico, periodista y artista plástico uruguayo

Opinión

Opinión/¿Loco, sobrenatural o demoníaco?, por Marcelo Daniel Cosín

En el acto de apertura del Primer Congreso de la Libertad, Javier Milei dejó de ser sólo presidente: volvió a ser profeta, cruzado y showman. La campaña electoral comenzó como si se tratara de un ritual de guerra y purificación. Rodeado de su gabinete, desde un escenario blindado, lanzó una lluvia de insultos, metáforas escatológicas y promesas de “limpieza” espiritual y política. La provincia de Buenos Aires fue su blanco y su exorcismo: “el último refugio del populismo”, sentenció.

El discurso no tuvo lugar para los matices. A modo de inventario retórico, estos fueron algunos de sus dardos más llamativos:

“Pichón de Stalin”, “burro eunuco” y “último zar de la miseria”, dirigidos a Axel Kicillof.

“Pelotudo”, usado para referirse tanto al gobernador como al expresidente Alberto Fernández.

“Soviético que no puede sumar ni con un ábaco”, para remarcar su desprecio por la gestión económica ajena.

“Parásitos mentales”, “muchas ratas”, y otras imágenes zoológicas para aludir a los funcionarios del Estado bonaerense.

Y su clásico: “Les rompían el culo al sector privado”, una frase que se ha vuelto ritual anal de su ideología performática.

No se limitó a un enemigo. El kirchnerismo entero fue objeto de escarnio, junto a exfuncionarios como Martín Guzmán (a quien llamó chanta y cómplice de un gobierno genocida) o ministerios como el de la Mujer, al que calificó de estructura parasitaria. La escena se transformó en un aquelarre libertario, donde la política dejó de ser administración y pasó a ser exorcismo.

La Fuerza del Cielo (o cómo Conan lo eligió)

¿Dónde encuentra Milei la legitimación de semejante temple mesiánico? El periodista Juan Luis González acaba de publicar Las fuerzas del cielo, una biografía que continúa El Loco y que indaga, sin eufemismos, en la dimensión esotérica de su poder. Allí se afirma que Milei no solo se siente líder político, sino elegido por una fuerza sobrenatural que se comunica con él desde su infancia… a través de su perro fallecido, Conan, quien oficia de médium entre él y “El Uno”.

“El Uno”, por cierto, no es Trump, ni Musk, ni el Papa. Es D-os, como escriben los creyentes judíos ortodoxos. Karina Milei, su hermana, es descrita como una Moisés laica: organizadora electoral, administradora de fondos y guardiana del acceso espiritual.

Según González, Milei declaró haber aceptado mudar la embajada argentina a Jerusalén porque el Rey David “se lo pidió en sueños”. ¿Qué decisión geopolítica puede surgir de una revelación onírica? ¿Qué economía puede resistir un mandato místico?El guionista invisible y la ministra de guerraSantiago Caputo —el silencioso arquitecto detrás del relato— no se muestra, pero escribe. Lo llaman “el Mago del Kremlin”, no por Rusia, sino por su habilidad para diseñar estrategias con aura de ficción. No es un asesor: es un dramaturgo del poder.

Patricia Bullrich, en cambio, es el reverso institucional de esta fábula cósmica. Su biografía también es excéntrica: aristocracia patricia, pasado montonero, presente represivo. Su presencia en el gabinete parece un recordatorio constante de que hay otra forma de crueldad: la del orden.

Epílogo

En un mundo donde Trump vuelve a la Casa Blanca, Netanyahu perpetúa una política de exterminio, Bolsonaro ya tuvo su turno, y Orbán se consolida como modelo, lo verdaderamente sorprendente no es que Milei gobierne la Argentina: es que lo haga invocando entidades místicas y llorando por un peluche de perro.

Esta nota no intenta diagnosticar todas las causas de este derrumbe. Apenas busca ofrecer una estampa: la imagen de un poder que simula sensatez y se asume como religión delirante. Frente a eso, aún hay margen para una salida democrática: un frente nacional, popular y democrático que recupere la esperanza, que reponga el Estado, que lo colectivo supere al individuo, y especialmente que las políticas económicas y sociales se basen en el principio de igualdad.

Porque si el infierno es la sobreactuación, la salida tal vez esté en volver a creer en la escena de lo humano.