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Brasil : ¿elecciones sin Lula?, por Ramón García Fernández
Hace un mes que el ex-presidente Lula está preso en Brasil por un proceso escandaloso y arbitrario. Hay quienes evalúan que, dadas las múltiples irregularidades del proceso, Lula saldrá en breve de la cárcel, mientras que a otros les parece que eso es casi imposible, pues todas las artimañas jurídicas tenían esa prisión como su principal objetivo desde el comienzo de las investigaciones fraudulentas. De cualquier manera, más que la situación personal de Lula, por más injusta que sea, la cuestión crucial es cómo eso va a afectar el futuro de Brasil. Para eso tenemos que volver al golpe parlamentario que depuso a la presidenta Dilma y puso en su lugar al vicepresidente Michel Temer.
En 2014, en una elección tan disputada como la Argentina de 2015, Dilma se impuso por una diferencia de 3,2% (ligeramente mayor que la de Macri sobre Scioli). Sin embargo, el PMDB, partido que integraba la alianza ganadora, y al cual pertenece Temer, consiguió una representación mucho mayor en diputados que el PT y que los partidos de izquierda en general (en Brasil no hay listas; los votos a diputados son individuales, aunque las bancas son distribuidas por coaliciones). Por eso, Dilma empezó su mandato con un congreso donde tenía serias dificultades para conseguir cualquier cosa. Para empeorar la situación, un diputado del PMDB, Eduardo Cunha, un político muy próximo a Temer, consiguió ser elegido presidente de la Cámara de Diputados contra la articulación de Dilma y del PT, pero con total apoyo de la oposición. Cunha nunca le perdonó a Dilma que no lo apoyara, y empezó a hacerle oposición sistemática.
De todos modos, un observador podría preguntarse cómo partidos y políticos de centro o centro derecha, en algunos casos muy conservadores, apoyaban a los gobiernos de Dilma y Lula. Efectivamente, para eso hay que entender un fenómeno que en Brasil se denomina “presidencialismo de coalición”. Eso quiere decir que, por la fragmentación partidaria, generalmente los gobiernos no pueden tener mayoría, y siempre precisan un apoyo de otros partidos. Ese apoyo significa ministerios, cargos, e inclusive dinero, para conseguir votos cruciales en el congreso. De esa manera, Lula consiguió hacer dos mandatos que agradaron a casi todos, sin pelearse mucho ni con los opositores. Dilma nunca tuvo la habilidad de negociación de Lula, y eso complicó una situación económica que ya venía deteriorándose por el panorama internacional desfavorable. Las “jornadas de junio” de 2013 fueron canalizadas por la derecha para crear un clima opositor en las grandes capitales del Sur y del Sudeste de Brasil. Sin embargo, la simpatía por Lula y su heredera política se mantuvo firme en el Nordeste, y fue con los votos de esa región Dilma consiguió reelegirse.
Casi inmediatamente después de la elección, la reacción de los sectores conservadores llevó a que los políticos del PMDB, especialistas en detectar de donde vienen los vientos, pasaran a presionar al gobierno, sumándose a la campaña opositora. Además de las maniobras en el congreso, lo más claro fue la adopción por el PMDB como carta programática de un documento llamado “Un puente para el futuro”, que esencialmente es una réplica del programa del candidato derrotado en la elección de 2014. Ese documento fue publicado en octubre de 2015, y Temer diría más tarde que el rechazo de Dilma a aceptar esas propuestas fue el motivo de que su partido pasara a la oposición.
El juicio político a Dilma, basado en que habría hecho maniobras para que el déficit fiscal pareciese menor de lo que en realidad era (algo que todos los presidentes anteriores también hicieron) estaba decidido antes de empezar; los motivos fueron irrelevantes, y por eso las justificativas orales de los votos por la destitución representaron uno de los episodios más vergonzosos de la historia política de Brasil.
Con Temer en el gobierno, comenzó la adopción de un programa neoliberal, con intentos de reformas de las relaciones de trabajo, de las jubilaciones, del gasto público, etc. Algunas leyes fueron aprobadas, otras no. Esas leyes fueron aprobadas en el gobierno con mayorías inéditas, lo que contrasta especialmente con un gobierno cuya imagen en las encuestas de opinión siempre fue muy negativa; se puede aceptar que su imagen de “excelente y bueno” nunca pasó del 15%, pero hace mucho está debajo de los 10%, mientras que cada vez más los que lo veían como regular o no tenían opinión (poco menos de la mitad cuando asumió) hoy se reducen vertiginosamente, siendo alrededor del 20%. Contribuye para la falta de apoyo a Temer la vinculación de su nombre y de su partido con hechos de corrupción muchos más sólidos que las supuestas reformas del supuesto departamento de Lula, después de que la lucha contra la corrupción era la bandera que unió a los opositores al gobierno de Dilma. Sin entrar en las delaciones sin pruebas y sin juicio, cuyo uso siempre va contra los principios básicos del derecho, su aliado y expresidente del congreso Eduardo Cunha está hoy preso por poseer millones de dólares en el exterior en cuentas no declaradas; además, se descubrió en un departamento de uno de sus principales aliados, el diputado Geddel Lima, cajas que contenían billetes que sumaban alrededor de 15 millones de dólares en efectivo (más que los famosos “bolsos de López”). Obviamente, la gran mayoría de los ciudadanos que ruidosamente pedían la caída de Dilma por su “corrupción” hoy están callados, y las pocas manifestaciones festejando la prisión de Lula son una pálida sombra de lo que fueron en su auge en 2015 y 2016.
En ese clima complicado, y aplicando políticas recesivas, el gobierno Temer empeoró la crisis recibida de Dilma (cuyo breve segundo mandato fue caótico). El producto siguió cayendo (sólo la agricultura tuvo un buen desempeño), el desempleo aumentó, y talvez el mejor número que Temer pueda presentar es la caída de la inflación provocada por esa misma recesión.
El gran interrogante es qué puede pasar en las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas mostraban un apoyo creciente a Lula, que ganaría contra cualquier opositor en el ballotage. Aunque el PT afirma que mantendrá la candidatura de Lula, parece irrealista apostar en que sea autorizada. La duda es sobre quién podrá ser el heredero de sus votos.
¿Indicará Lula un candidato de su partido, apoyará alguien de centroizquierda, alguien aún más a la izquierda que él, o simplemente pedirá un boicot a las elecciones? El exgobernador y exministro Ciro Gomes se propone como un candidato de centroizquierda, mientras que el piquetero Guilherme Boulos y la diputada Manuela d’Ávila podrían ser los nombres más a la izquierda. El primero tiene un desempeño flojo en las encuestas, el que aún así es mucho mejor que el de los otros dos. El PT también podría elegir otro candidato, pero la insistencia en el nombre de Lula traba cualquier articulación.
Por el lado de la centroderecha, todos quieren despegarse del gobierno Temer, aunque lo apoyan con votos en el congreso y defienden las mismas medidas. Los potenciales candidatos del PMDB (ahora sólo MDB) no mueven el amperímetro en ninguna encuesta. Los del partido de oposición tradicional, el PSDB, que llegó al ballotage y lo perdió en las últimas cuatro elecciones presidenciales, trata de tornar viable algún candidato (talvez sea el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, ya derrotado por Lula en 2006), después de abandonar la idea de postular un popular animador de TV sin ningún antecedente político. El rechazo al partido en el Nordeste se suma al rechazo provocado por la caída del prestigio del último candidato a presidente, el exsenador Aécio Neves, ahora investigado en varias causas de corrupción, aunque otras tantas ya prescribieron. Si la mayoría de los electores del PSDB en las últimas cuatro elecciones parecen dispuestos a abandonar el partido, otros candidatos tratarán de atraerlos, pero sin dudas ese espacio está fragmentado. Entre ellos, el ex juez de la Suprema Corte Joaquim Barbosa y la exministra Marina Silva, tercera colocada en las dos últimas elecciones, luchan para ganar esos votos presentándose como alternativas “puras” ante la corrupción vista como general en los otros partidos. Ambos son negros, de origen humilde, y con seguridad usarán ese argumento en sus campañas.
El fantasma de la elección es el diputado y capitán retirado Jair Bolsonaro; en términos argentinos, podría ser comparado con Aldo Rico, Patti o Bussi . Sus posiciones de extrema derecha, defendiendo torturadores de la dictadura, sus comentarios homofóbicos, su defensa del porte de armas y de la pena de muerte, etc., provocan rechazo de la mayoría, pero aún así es el candidato con mayores intenciones de voto después de Lula.
Muchos entienden que Bolsonaro ya está en el ballotage. Entonces, el haría un papel semejante al de los Le Pen, padre e hija, en Francia, uniendo contra sí todos los otros candidatos de centroderecha a extrema izquierda en un frente antifascista. En ese caso, la cuestión clave es saber quién va a ser ese candidato.
Sea quien fuere el próximo presidente o presidenta, encontrará un país más pobre, dividido, y con problemas sociales que se agravaron en los últimos años, después de la significativa mejoría que se había visto en los gobiernos de Lula. Pero difícilmente el político que condujo al país en su mejor período de los últimos cincuenta años pueda ser candidato.

Especial para La Columna Vertebral de Ramón García Fernández, Profesor titular de Economia de la UFABC (Universidade Federal do ABC) en San Pablo, Brasil.
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Daniel Yofra: “Ofrecer 0% de aumento es una provocación y una invitación al conflicto”
El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso analizó el conflicto salarial que mantiene el sector, cuestionó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, advirtió sobre los efectos de la reforma laboral y vinculó el ajuste sobre las políticas de género con el aumento de la vulnerabilidad social. Además, reclamó una mayor unidad del movimiento sindical y propuso profundizar las medidas de lucha contra las políticas del gobierno nacional.
LCV: ¿Cómo viene el tema de la huelga que se había declarado por parte de todo el sector aceitero? ¿Cómo están las paritarias?
Daniel Yofra: «Estamos en una conciliación obligatoria. A las pocas horas de haber decretado el paro la semana pasada, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria a pedido de las empresas, pero no hubo ningún tipo de avance. Nosotros seguimos sosteniendo el mismo reclamo salarial que venimos planteando desde hace veinte años: un salario que cubra las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 14 bis de la Constitución. Hoy estamos reclamando un salario de 2.800.000 pesos y la respuesta empresarial fue ofrecer un 0%, lo que constituye una verdadera provocación y una invitación al conflicto.»
LCV: O sea que aplicaron, como siempre, ese torniquete que los deja inmovilizados por un tiempo.
Daniel Yofra: «Sí, es una medida que habitualmente se utiliza a favor de las empresas o a pedido de ellas. La conciliación obligatoria dura quince días hábiles y puede extenderse cinco días más una vez finalizado ese plazo.»
LCV: En el marco de la reforma laboral, que prácticamente convierte el derecho a huelga en un delito, ¿cómo están enfrentando esa situación?
Daniel Yofra: «Estamos limitados, pero eso no significa que vayamos a dejar de hacer lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras quiere hacer, que es ir a la huelga para defender sus derechos. Parece que el Gobierno puede transgredir permanentemente la ley y no veo por qué nosotros no podríamos ejercer nuestro derecho a luchar. Vamos a seguir defendiendo las conquistas de los trabajadores.»
LCV: El miércoles es el 3 de junio, una nueva jornada de Ni Una Menos. En las últimas horas hubo varios femicidios que volvieron a conmover al país y, al mismo tiempo, se produjo un fuerte recorte en las políticas de género. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación?
Daniel Yofra: «Este gobierno vino a destruir todo lo que tenga que ver con la sensibilidad social y con la protección de los sectores más vulnerables. Lo vemos en discapacidad, en las políticas de género y en todas las áreas vinculadas a la prevención y el cuidado. Han desmantelado herramientas fundamentales para acompañar y proteger a quienes más lo necesitan. Cuando hablaban de un Estado eficiente, en realidad estaban anunciando este modelo de gobierno que castiga a los más vulnerables y favorece la concentración de la riqueza. Más allá de que una parte importante de la sociedad eligió a este gobierno, no creo que lo haya hecho imaginando el nivel de destrucción social que estamos viendo. La sociedad tiene que empezar a reaccionar y a comprender que, si no enfrentamos estas políticas, las consecuencias serán cada vez peores.»
LCV: ¿Creés que el movimiento sindical tiene un papel especial que cumplir frente a esta situación?
Daniel Yofra: «Sin dudas. Hay motivos de sobra para unirnos en un mismo reclamo y no parar hasta revertir esta situación. Nosotros representamos a un sector rentable que aporta muchas divisas al país y podríamos pensar egoístamente que estamos protegidos, pero la realidad demuestra que también nos están acorralando. Esto nos va a afectar a todos. Por eso vengo planteando la necesidad de un paro por tiempo indeterminado. Existe además una cuestión cultural histórica en la que nunca se respetó plenamente a las mujeres. Si ahora se eliminan las herramientas y las políticas destinadas a prevenir la violencia de género, vamos a seguir lamentando víctimas. Hay que enfrentar estas decisiones políticas porque, de lo contrario, cada vez estaremos peor.»
LCV: ¿Qué evaluación hacés de la respuesta de la dirigencia política y sindical frente a este escenario?
Daniel Yofra: «Todavía no hemos sentido en toda su dimensión el daño que están produciendo estas políticas. Ya hay trabajadores despedidos, personas que quedaron en la calle sin indemnización y sin posibilidades reales de reinsertarse laboralmente. Pero esto recién empieza y todos vamos a terminar sufriendo las consecuencias. Tenemos que dejar de lado los egoísmos y las ambiciones personales para construir una respuesta colectiva. Hay una parte de la sociedad que tiene la responsabilidad de luchar, como los dirigentes sindicales y políticos, y sin embargo muchas veces prefiere concentrarse en las disputas internas o en los cálculos electorales de acá a un año y medio. Mientras tanto, la gente tiene necesidades urgentes hoy. Esa desconexión entre la dirigencia y los problemas reales de la población es algo que debemos corregir cuanto antes.»
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Carlos Del Frade: “El Río Paraná está siendo entregado a las multinacionales y al control estratégico de Estados Unidos”
La discusión sobre la Vía Navegable Troncal del Paraná, el futuro del Canal Magdalena y el control de los principales puertos exportadores del país volvió a ocupar el centro de la escena. Para el diputado provincial santafesino Carlos Del Frade, detrás de las decisiones que impulsa el gobierno nacional existe una profunda cesión de soberanía económica y territorial. En diálogo con LCV, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía cuestionó el rol de las multinacionales, denunció la injerencia estadounidense sobre los recursos estratégicos argentinos y advirtió sobre el silencio de gran parte de la dirigencia política frente a un proceso que considera uno de los mayores saqueos de la historia reciente.
LCV: ¿Qué está pasando con la Vía Navegable Troncal Paraná y con las obras del Canal Magdalena?
Carlos Del Frade: “En realidad, las obras del Canal Magdalena han quedado relegadas frente a un proyecto mucho más amplio de subordinación de la Argentina a los intereses de Estados Unidos. El Canal Magdalena ya no forma parte de una planificación soberana del Paraná, del Río de la Plata ni del sistema fluvial argentino. Lo que está ocurriendo es que el control de la principal vía por donde salen las riquezas del país, por donde se exportan alrededor de 80.000 millones de dólares anuales, está siendo pensado y planificado desde el Comando Sur estadounidense. Quien termine definiendo quién se queda con la riqueza que sale por los puertos de siete provincias argentinas será fundamentalmente Cargill, una de las principales empresas norteamericanas vinculadas al comercio internacional de granos. Esto tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de cualquier familia argentina, porque significará menos recursos para el país y menos alimentos en la mesa de nuestro pueblo. Lo que hoy se discute sobre dragado, balizamiento y peaje del Paraná es, en realidad, quién se queda con la riqueza producida por los argentinos. Estamos atravesando un momento de enorme saqueo y el Río Paraná es una expresión clara de ese proceso.”
LCV: También resulta llamativo que mientras Donald Trump impulsa políticas de protección de los intereses estadounidenses, aquí parece suceder exactamente lo contrario.
Carlos Del Frade: “Es una contradicción muy evidente. Trump defiende y nacionaliza las vías fluviales de Estados Unidos, impide que sean controladas por terceros y garantiza que los beneficios queden para los norteamericanos. En cambio, en la Argentina ocurre lo opuesto: actuamos como si el Paraná fuera una vía al servicio de intereses extranjeros. A esto se suma el denominado Programa 333, firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, que implica ceder durante cinco años la seguridad del Mar Argentino a la Armada norteamericana. Es algo verdaderamente oprobioso. Ni siquiera durante la última dictadura militar se avanzó en una entrega de semejante magnitud. Más allá de las diferencias internas que existían entonces, había sectores que sostenían una visión más vinculada a la defensa de recursos estratégicos nacionales. Hoy estamos frente a una cesión directa de soberanía.”
LCV: ¿Qué gobernadores deberían estar dando respuestas sobre esta situación?
Carlos Del Frade: “Las principales responsabilidades recaen sobre las siete provincias vinculadas al Paraná. En particular, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, deberían tener una posición mucho más clara. También Axel Kicillof debería volver a poner en discusión el Canal Magdalena y plantear cuánto de esta riqueza quedará efectivamente para la provincia de Buenos Aires. Lo mismo vale para Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Es fundamental que los gobiernos provinciales al menos se pregunten cuánto va a recibir cada provincia de un negocio que hoy parece diseñado exclusivamente para beneficiar a las multinacionales. Hay 79 puertos en estas siete provincias y la mayoría está en manos de grandes corporaciones. Terminaremos dependiendo de simples declaraciones juradas sobre lo que entra y sale del país. El riesgo es que se profundice una pérdida total de control sobre nuestras exportaciones y sobre recursos estratégicos fundamentales.”
LCV: ¿Cómo repercute esta discusión dentro de tu espacio político y qué respaldo encuentran para estas posiciones?
Carlos Del Frade: “Nosotros somos apenas tres diputados dentro de una Legislatura de cincuenta integrantes en Santa Fe. Integramos el Frente Amplio por la Soberanía y nos definimos como una corriente de izquierda nacional, vinculada a los movimientos populares y a la defensa de los intereses nacionales. No contamos con el acompañamiento de los sectores mayoritarios de la política, aunque sí recibimos apoyo de algunas personalidades que comparten estas preocupaciones. Estamos atravesando un momento de mucha soledad política, pero creemos que hay que sostener estas posiciones porque la sociedad necesita escuchar voces que adviertan sobre lo que está ocurriendo. Más temprano que tarde, estas discusiones van a dejar de ser marginales porque la realidad terminará mostrando sus consecuencias.”
LCV: ¿Esa soledad responde a una falta de comprensión del problema o a intereses económicos?
Carlos Del Frade: “Quiero creer que muchas veces se debe a que algunos sectores miran la política desde otro lugar. Sin embargo, sinceramente creo que el principal problema de los grandes partidos políticos argentinos es que se han resignado frente al poder económico. Y esa resignación, muchas veces, termina produciendo los mismos resultados que la corrupción. Es una situación muy grave porque fuerzas políticas que en otros momentos expresaron los intereses de las mayorías populares hoy parecen aceptar como inevitables decisiones que perjudican al conjunto de la sociedad. Ese es uno de los grandes problemas que atraviesa actualmente la Argentina.”
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Horacio Catena, secretario general del SUTEF: “No queremos ni un docente pobre en nuestra patria”
En el marco de las jornadas de lucha convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, el secretario general del gremio, Horacio Catena, se refirió al paro de 48 horas previsto para esta semana, defendió el trabajo que realizan las escuelas en materia de Educación Sexual Integral (ESI), reivindicó las políticas de inclusión, derechos humanos y soberanía, y planteó la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo que garantice salarios dignos, infraestructura adecuada y mayores recursos para estudiantes y docentes.
LCV: ¿Cómo están y cómo se preparan para las jornadas de lucha?
Horacio Catena: “Estamos en la pelea. Hoy es feriado provincial porque se conmemora la jura de la Constitución de Tierra del Fuego, así que estamos preparando las jornadas de lucha para el paro de 48 horas que tenemos esta semana, los días miércoles y jueves. En el medio tenemos asambleas y también el 3 de junio, el Ni Una Menos, una fecha muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestras compañeras y compañeros de la educación participan activamente de esas actividades. Todos pedimos Ni Una Menos. Desde nuestra organización venimos trabajando hace muchos años en todo lo relacionado con la Educación Sexual Integral. Nuestras compañeras nos ayudan permanentemente a reeducarnos y a generar los cambios que necesita la sociedad para que ese reclamo sea una realidad efectiva. La ESI es una herramienta fundamental para construir relaciones más igualitarias y una sociedad más justa.”
LCV: Frente a los intentos de desmantelar políticas vinculadas a la ESI, ¿los docentes continúan trabajando esos contenidos dentro de las escuelas?
Horacio Catena: “En Tierra del Fuego no podemos decir que exista una política provincial en contra de las políticas de género o de inclusión. De hecho, este año realizaremos la tercera Expo ESI. Desde nuestra organización sindical impulsamos un trabajo articulado en todas las escuelas de la provincia. Se realizan talleres previos, se inscriben docentes y grupos de estudiantes, y luego desarrollamos actividades en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Nos sentimos muy orgullosos de esta experiencia porque demuestra la enorme potencia que tiene la ESI. La Expo ESI también nos permitió desmontar la visión reduccionista y sexista que algunos sectores intentan imponer sobre estos contenidos. Muchas familias descubrieron que la ESI es una herramienta que ayuda a abordar problemáticas cotidianas que antes no se discutían. Las nuevas generaciones tienen otras perspectivas, otras formas de vincularse y otras realidades. La ESI les permite expresarse, comprender esas transformaciones y contar con más herramientas para desarrollarse plenamente. Cuando asumió el gobierno de Javier Milei dijimos que íbamos a fortalecer cuatro ejes fundamentales dentro de nuestra organización: la inclusión, los derechos humanos, la ESI y la soberanía. Sobre esos cuatro pilares sostenemos nuestra práctica sindical cotidiana.”
LCV: ¿Mantienen vínculos con docentes y organizaciones de otras provincias para intercambiar estas experiencias? ¿Y qué apoyo esperan para el paro?
Horacio Catena: “Desde hace cuatro o cinco años organizamos un seminario que dura dos jornadas y que reúne a organizaciones sindicales, especialistas y docentes de todo el país. Participan, entre otros, la Federación de Aceiteros, ATE, APJ Gas, el CELS, abogados laboralistas y distintos equipos técnicos vinculados a la economía. Un día completo está dedicado a la discusión educativa, desde los aspectos curriculares hasta la organización sindical y política. Este año se realizará los días 27 y 28 de agosto. Han participado docentes de Misiones, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Formosa, Chaco, Rosario y muchas otras regiones. Es un espacio de intercambio muy importante porque permite compartir experiencias y construir propuestas comunes para defender la educación pública.”
LCV: ¿Qué plantean respecto de la relación con la comunidad educativa y los reclamos salariales?
Horacio Catena: “Nosotros hemos planteado la necesidad de una ley provincial de financiamiento educativo. Creemos que el financiamiento debe provenir de quienes más recursos obtienen en cada una de nuestras regiones mientras gran parte de nuestro pueblo atraviesa dificultades. Esa ley contempla tres grandes ejes de inversión: salarios, infraestructura y una inversión directa en nuestros alumnos y alumnas, a través de lo que llamamos mochila educativa. No vamos a naturalizar que nuestros compañeros y compañeras tengan que vivir dentro de la escuela para poder sobrevivir fuera de ella. Necesitamos salarios dignos, pero también mejores edificios escolares y más recursos para los estudiantes. La relación con la comunidad es central. Si en la Argentina los que más tienen aportan más, podremos construir una sociedad más justa. Si ocurre lo contrario, quienes menos tienen estarán cada vez peor. Nosotros queremos transformar esa realidad. Por eso decimos que no queremos ni un docente pobre en nuestro país, en nuestra patria. Creemos que para construir una sociedad justa, libre y soberana los docentes tienen que dar la primera lección. Y muchas veces esa primera lección no se da dentro del aula, sino fuera de ella, defendiendo los derechos de toda la comunidad educativa.”
