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Brasil : ¿elecciones sin Lula?, por Ramón García Fernández

Hace un mes que el ex-presidente Lula está preso en Brasil por un proceso escandaloso y arbitrario. Hay quienes evalúan que, dadas las múltiples irregularidades del proceso, Lula saldrá en breve de la cárcel, mientras que a otros les parece que eso es casi imposible, pues todas las artimañas jurídicas tenían esa prisión como su principal objetivo desde el comienzo de las investigaciones fraudulentas. De cualquier manera, más que la situación personal de Lula, por más injusta que sea, la cuestión crucial es cómo eso va a afectar el futuro de Brasil. Para eso tenemos que volver al golpe parlamentario que depuso a la presidenta Dilma y puso en su lugar al vicepresidente Michel Temer.
En 2014, en una elección tan disputada como la Argentina de 2015, Dilma se impuso por una diferencia de 3,2% (ligeramente mayor que la de Macri sobre Scioli). Sin embargo, el PMDB, partido que integraba la alianza ganadora, y al cual pertenece Temer, consiguió una representación mucho mayor en diputados que el PT y que los partidos de izquierda en general (en Brasil no hay listas; los votos a diputados son individuales, aunque las bancas son distribuidas por coaliciones). Por eso, Dilma empezó su mandato con un congreso donde tenía serias dificultades para conseguir cualquier cosa. Para empeorar la situación, un diputado del PMDB, Eduardo Cunha, un político muy próximo a Temer, consiguió ser elegido presidente de la Cámara de Diputados contra la articulación de Dilma y del PT, pero con total apoyo de la oposición. Cunha nunca le perdonó a Dilma que no lo apoyara, y empezó a hacerle oposición sistemática.
De todos modos, un observador podría preguntarse cómo partidos y políticos de centro o centro derecha, en algunos casos muy conservadores, apoyaban a los gobiernos de Dilma y Lula. Efectivamente, para eso hay que entender un fenómeno que en Brasil se denomina “presidencialismo de coalición”. Eso quiere decir que, por la fragmentación partidaria, generalmente los gobiernos no pueden tener mayoría, y siempre precisan un apoyo de otros partidos. Ese apoyo significa ministerios, cargos, e inclusive dinero, para conseguir votos cruciales en el congreso. De esa manera, Lula consiguió hacer dos mandatos que agradaron a casi todos, sin pelearse mucho ni con los opositores. Dilma nunca tuvo la habilidad de negociación de Lula, y eso complicó una situación económica que ya venía deteriorándose por el panorama internacional desfavorable. Las “jornadas de junio” de 2013 fueron canalizadas por la derecha para crear un clima opositor en las grandes capitales del Sur y del Sudeste de Brasil. Sin embargo, la simpatía por Lula y su heredera política se mantuvo firme en el Nordeste, y fue con los votos de esa región Dilma consiguió reelegirse.
Casi inmediatamente después de la elección, la reacción de los sectores conservadores llevó a que los políticos del PMDB, especialistas en detectar de donde vienen los vientos, pasaran a presionar al gobierno, sumándose a la campaña opositora. Además de las maniobras en el congreso, lo más claro fue la adopción por el PMDB como carta programática de un documento llamado “Un puente para el futuro”, que esencialmente es una réplica del programa del candidato derrotado en la elección de 2014. Ese documento fue publicado en octubre de 2015, y Temer diría más tarde que el rechazo de Dilma a aceptar esas propuestas fue el motivo de que su partido pasara a la oposición.
El juicio político a Dilma, basado en que habría hecho maniobras para que el déficit fiscal pareciese menor de lo que en realidad era (algo que todos los presidentes anteriores también hicieron) estaba decidido antes de empezar; los motivos fueron irrelevantes, y por eso las justificativas orales de los votos por la destitución representaron uno de los episodios más vergonzosos de la historia política de Brasil.
Con Temer en el gobierno, comenzó la adopción de un programa neoliberal, con intentos de reformas de las relaciones de trabajo, de las jubilaciones, del gasto público, etc. Algunas leyes fueron aprobadas, otras no. Esas leyes fueron aprobadas en el gobierno con mayorías inéditas, lo que contrasta especialmente con un gobierno cuya imagen en las encuestas de opinión siempre fue muy negativa; se puede aceptar que su imagen de “excelente y bueno” nunca pasó del 15%, pero hace mucho está debajo de los 10%, mientras que cada vez más los que lo veían como regular o no tenían opinión (poco menos de la mitad cuando asumió) hoy se reducen vertiginosamente, siendo alrededor del 20%. Contribuye para la falta de apoyo a Temer la vinculación de su nombre y de su partido con hechos de corrupción muchos más sólidos que las supuestas reformas del supuesto departamento de Lula, después de que la lucha contra la corrupción era la bandera que unió a los opositores al gobierno de Dilma. Sin entrar en las delaciones sin pruebas y sin juicio, cuyo uso siempre va contra los principios básicos del derecho, su aliado y expresidente del congreso Eduardo Cunha está hoy preso por poseer millones de dólares en el exterior en cuentas no declaradas; además, se descubrió en un departamento de uno de sus principales aliados, el diputado Geddel Lima, cajas que contenían billetes que sumaban alrededor de 15 millones de dólares en efectivo (más que los famosos “bolsos de López”). Obviamente, la gran mayoría de los ciudadanos que ruidosamente pedían la caída de Dilma por su “corrupción” hoy están callados, y las pocas manifestaciones festejando la prisión de Lula son una pálida sombra de lo que fueron en su auge en 2015 y 2016.
En ese clima complicado, y aplicando políticas recesivas, el gobierno Temer empeoró la crisis recibida de Dilma (cuyo breve segundo mandato fue caótico). El producto siguió cayendo (sólo la agricultura tuvo un buen desempeño), el desempleo aumentó, y talvez el mejor número que Temer pueda presentar es la caída de la inflación provocada por esa misma recesión.
El gran interrogante es qué puede pasar en las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas mostraban un apoyo creciente a Lula, que ganaría contra cualquier opositor en el ballotage. Aunque el PT afirma que mantendrá la candidatura de Lula, parece irrealista apostar en que sea autorizada. La duda es sobre quién podrá ser el heredero de sus votos. ¿Indicará Lula un candidato de su partido, apoyará alguien de centroizquierda, alguien aún más a la izquierda que él, o simplemente pedirá un boicot a las elecciones? El exgobernador y exministro Ciro Gomes se propone como un candidato de centroizquierda, mientras que el piquetero Guilherme Boulos y la diputada Manuela d’Ávila podrían ser los nombres más a la izquierda. El primero tiene un desempeño flojo en las encuestas, el que aún así es mucho mejor que el de los otros dos. El PT también podría elegir otro candidato, pero la insistencia en el nombre de Lula traba cualquier articulación.
Por el lado de la centroderecha, todos quieren despegarse del gobierno Temer, aunque lo apoyan con votos en el congreso y defienden las mismas medidas. Los potenciales candidatos del PMDB (ahora sólo MDB) no mueven el amperímetro en ninguna encuesta. Los del partido de oposición tradicional, el PSDB, que llegó al ballotage y lo perdió en las últimas cuatro elecciones presidenciales, trata de tornar viable algún candidato (talvez sea el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, ya derrotado por Lula en 2006), después de abandonar la idea de postular un popular animador de TV sin ningún antecedente político. El rechazo al partido en el Nordeste se suma al rechazo provocado por la caída del prestigio del último candidato a presidente, el exsenador Aécio Neves, ahora investigado en varias causas de corrupción, aunque otras tantas ya prescribieron. Si la mayoría de los electores del PSDB en las últimas cuatro elecciones parecen dispuestos a abandonar el partido, otros candidatos tratarán de atraerlos, pero sin dudas ese espacio está fragmentado. Entre ellos, el ex juez de la Suprema Corte Joaquim Barbosa y la exministra Marina Silva, tercera colocada en las dos últimas elecciones, luchan para ganar esos votos presentándose como alternativas “puras” ante la corrupción vista como general en los otros partidos. Ambos son negros, de origen humilde, y con seguridad usarán ese argumento en sus campañas.
El fantasma de la elección es el diputado y capitán retirado Jair Bolsonaro; en términos argentinos, podría ser comparado con Aldo Rico, Patti o Bussi . Sus posiciones de extrema derecha, defendiendo torturadores de la dictadura, sus comentarios homofóbicos, su defensa del porte de armas y de la pena de muerte, etc., provocan rechazo de la mayoría, pero aún así es el candidato con mayores intenciones de voto después de Lula.
Muchos entienden que Bolsonaro ya está en el ballotage. Entonces, el haría un papel semejante al de los Le Pen, padre e hija, en Francia, uniendo contra sí todos los otros candidatos de centroderecha a extrema izquierda en un frente antifascista. En ese caso, la cuestión clave es saber quién va a ser ese candidato.
Sea quien fuere el próximo presidente o presidenta, encontrará un país más pobre, dividido, y con problemas sociales que se agravaron en los últimos años, después de la significativa mejoría que se había visto en los gobiernos de Lula. Pero difícilmente el político que condujo al país en su mejor período de los últimos cincuenta años pueda ser candidato.
Especial para La Columna Vertebral de Ramón García Fernández, Profesor titular de Economia de la UFABC (Universidade Federal do ABC) en San Pablo, Brasil.

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Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

En exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el economista y candidato a diputado por el instrumento electoral de la Unidad Popular, Claudio Lozano, expone su mirada sobre la política argentina, la crisis de representación, la desestructuración social y educativa, y la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus instituciones. A lo largo de la conversación, Lozano combina reflexiones históricas, análisis de la realidad actual y propuestas concretas para intervenir desde el Congreso, siempre con el eje puesto en los derechos de los trabajadores, la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.
LCV: “El economista Claudio Lozano, si no me equivoco, es candidato a diputado. El partido es Unidad Popular, pero la lista se llama instrumento electoral.”
Claudio Lozano: “No, el partido se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. Normalmente decimos Unidad Popular para simplificar.”
LCV: “¿Por qué instrumento electoral?”
Claudio Lozano: “Es una pregunta que obliga a una reflexión bastante profunda. Nosotros no creemos en la idea tradicional de los partidos, como estructuras con cuadros que sostienen una concepción de izquierda, derecha o centro y que la proponen a la sociedad. Creemos que esas concepciones están puestas en debate y hay que construir otras cosas, recogiendo lo que la propia sociedad va produciendo. Por eso, nuestro partido se asume como un instrumento de la sociedad, especialmente en el campo de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Nuestra lista está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintas organizaciones con compromiso, trayectoria y vínculo con trabajadores, cooperativistas y temas como derechos urbanos y ambientales. Es un paso más allá del movimientismo, una herramienta de construcción que respeta la iniciativa social.”
LCV: “¿La diferencia con el PJ sería que el PJ tiene una concepción más estatalista?”
Claudio Lozano: “Exactamente. Creemos que hay que darle más entidad a las organizaciones de la comunidad. El PJ tiene tradición en esto, pero no compartimos la vieja concepción de partidos del siglo XIX y XX, donde las decisiones estaban estructuradas por cuadros que le decían a la sociedad qué hacer. Para nosotros, la sociedad tiene que ser parte de lo que decide sobre su propia organización.”
LCV: “Y las últimas decisiones de la sociedad, ¿te preocupan?”
Claudio Lozano: “Sí, en tanto elecciones mayoritarias. La sociedad ha optado en un contexto de debacle. Desde el fin de la dictadura en 1983-84 hasta hoy, hemos pasado de un 30% a alrededor del 40% de pobreza. La idea de que con la democracia se come, se educa y se cura no se cumplió. Las últimas experiencias de gobierno, tanto Macri como el Frente de Todos, aunque confrontadas, mantienen la continuidad del deterioro de la vida social. Hay un emergente de crisis monumental de representación política. Para mí, el problema central a lo largo de 41 años de democracia ha sido la educación, la falta de aspiraciones formativas y sociales, lo que genera un fenómeno donde la generación actual teme que sus hijos estén peor que ellos. Esto mata cualquier aspiración y lleva a la búsqueda de soluciones inmediatas, como las criptomonedas o la inmediatez tecnológica, en ausencia de bases educativas sólidas y un tejido social fuerte.”
LCV: “¿Creés que la desestructuración social se vincula a la transformación regresiva del país?”
Claudio Lozano: “Sí. La destrucción del sistema público educativo y sanitario se enmarca en una reestructuración capitalista que empieza en la dictadura, con la deuda, la fuga de capitales, la desindustrialización y ajustes sistemáticos del Estado. Esto impacta en la sociedad, en las aspiraciones de las nuevas generaciones y en la percepción de comunidad. Antes, los niños tenían la obligación de estudiar y participar de la vida comunitaria; hoy, esa estructura desapareció, y la competencia reemplaza a la cooperación. La comunidad y el tejido social que existían en barrios como Liniers se ha debilitado, y con ello la capacidad de la sociedad para organizarse y reivindicar derechos.”
LCV: “Vos mencionás la responsabilidad de transmitir esos valores, ¿no?”
Claudio Lozano: “Sí. Esa responsabilidad explica mi trayectoria: la fundación de la CTA, la recuperación de ATE, el trabajo con Adolfo Pérez Esquivel en Servicio Paz y Justicia durante la dictadura, el acompañamiento a Gustavo Conte en derechos humanos en 1984 y ahora la candidatura a diputado. Hay una salida más fácil que competir electoralmente: ser el ‘sabio del pueblo’, dar charlas y organizar estudiantes, lo cual también forma parte de mi rutina y me da placer. Pero considero que hay que intervenir institucionalmente, desde el Congreso, para defender derechos y modificar la sociedad.”
LCV: “¿Cuál sería tu propuesta concreta al llegar al Congreso?”
Claudio Lozano: “Primero, rechazar los decretos inconstitucionales de este gobierno, como el 7023, que derogó y modificó leyes afectando a inquilinos, tarjetas de crédito, prepagas y empresas estatales. Segundo, recuperar la capacidad del Parlamento de auditar la deuda y la fuga de capitales, y cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, trabajar para que este gobierno se vaya, porque ha hecho mucho daño social, cultural y político. Presentamos siete causales de juicio político para visibilizar la violación constante de la Constitución y abrir una salida institucional acompañada por la movilización popular. Con estas medidas, nuestra presencia en el Congreso busca defender derechos, recuperar institucionalidad y construir alternativas para el futuro del país.”
LCV: “Es un enfoque integral: derechos, comunidad y control institucional.”
Claudio Lozano: “Exactamente. Además, hay que frenar la penetración del narcotráfico en los barrios populares y fortalecer la comunidad a través de organizaciones, iglesias y movimientos sociales. Nuestra fuerza, con presencia en 16 provincias y más de diez años de existencia, busca confrontar al gobierno y crear un bloque político sólido, democrático y comprometido con los derechos del pueblo argentino. Esto significa garantizar coaliciones sin proyectos contradictorios y con procedimientos internos democráticos, excluyendo la influencia de actores destructivos como los narcos.”
LCV: “En el contexto histórico, también señalaste vínculos con la dictadura y la herencia educativa de ese período.”
Claudio Lozano: “Sí. Por ejemplo, Juan José Catalán, ministro de educación durante la dictadura, aplicó métodos perversos de adoctrinamiento y retraso educativo. Hoy, algunos descendientes de esos actores reproducen estrategias similares. Esto refleja cómo la memoria histórica, la represión y la desigualdad educativa se entrelazan con la política contemporánea. La lucha actual incluye frenar la criminalización de la protesta, defender los derechos sindicales y la organización comunitaria, y enfrentar una fase de revancha oligárquica que amenaza los derechos adquiridos.”
LCV: “Para cerrar, ¿cómo resumirías tu misión en el Congreso?”
Claudio Lozano: “Mi objetivo es claro: desmontar decretos que vulneran derechos, auditar la deuda y la fuga de capitales, suspender pagos abusivos, garantizar la institucionalidad y trabajar para una transición hacia un gobierno que respete la Constitución. Todo esto se hará en diálogo con la movilización popular y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Con estas acciones, buscamos que la sociedad vuelva a ser protagonista y que se reconstruya el lazo social que hoy se ha debilitado.”
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Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra

Uno de los sindicatos más combativos dentro de la CGT, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), fue atacada entre 4 y 5 de octubre, un par de días antes de que se iniciara un anunciado paro nacional por negociación paritaria. Huelga que quedó en suspenso por el rápido pedido de las cámaras empresarias de una conciliación obligatoria.
El fin de semana aterior al paro, cuando las negociaciones estaban estancadas por la exigencia de un salario digno que cumpla con el mandato constitucional que de acuerdo a cifras oficiales sería de más de 2.000.000 de pesos como primer sueldo, un grupo de desconocidos desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.
No se trató de un robo ‘al voleo’, no sólo estaba planificado sino que el operativo demostró un conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.
Después de analizar lo sucedido, con prudencia, el sindicato difundió éste domingo un comunicado en el que sostienen:
“El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones. Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera. Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.”
El atentado a la sede sindical aceitera se produjo, también, luego de una postura activa de su dirigencia en pos de la unidad sindical en la que convocaron a un plenario de 200 delegados de diversos gremios, entre ellos UOM, SiPreBA y ATE. Mientras en la CGT se debate la futura conducción a definir dentro de un mes.
De inmediato comenzaron a llegar los comunicados de repudio, primero el de la CTA:
“Se trata de un ataque a una organización sindical que ha dado pruebas de su compromiso en la defensa de los trabajadores. Cualquier agresión o atentado contra una organización sindical o sus dirigentes implica un ataque a la democracia y a toda la clase trabajadora. Desde nuestra CTA exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho y que el poder judicial determine quienes son sus responsables materiales e intelectuales. Por último, solicitamos a los gobiernos provincial y municipal que garanticen la seguridad de la organización afectada y sus dirigentes, como así también el ejercicio de la libertad sindical.”
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Conflicto por paritarias de Aceiteros: nueva conciliación obligatoria. Van por un mínimo de 2 millones

Una vez más, el gobierno tuvo que recurrir a la conciliación obligatoria por 15 días. Queda en suspenso el paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.
El reclamo paritario de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.
Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.
En un comunicado difundido en el día de hoy, advierten: “Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones. Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo.”
Luego de considerar que no están dispuesto a acompañar una política salarial que pretende condenar a la pobreza a la clase trabajadora favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos, concluyen: “Por ello, reafirmando nuestra defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país.”


Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra
