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Brasil : ¿elecciones sin Lula?, por Ramón García Fernández

Hace un mes que el ex-presidente Lula está preso en Brasil por un proceso escandaloso y arbitrario. Hay quienes evalúan que, dadas las múltiples irregularidades del proceso, Lula saldrá en breve de la cárcel, mientras que a otros les parece que eso es casi imposible, pues todas las artimañas jurídicas tenían esa prisión como su principal objetivo desde el comienzo de las investigaciones fraudulentas.  De cualquier manera, más que la situación personal de Lula, por más injusta que sea, la cuestión crucial es cómo eso va a afectar el futuro de Brasil. Para eso tenemos que volver al golpe parlamentario que depuso a la presidenta Dilma y puso en su lugar al vicepresidente Michel Temer.

En 2014, en una elección tan disputada como la Argentina de 2015, Dilma se impuso por una diferencia de 3,2% (ligeramente mayor que la de Macri sobre Scioli). Sin embargo, el PMDB, partido que integraba la alianza ganadora, y al cual pertenece Temer, consiguió una representación mucho mayor en diputados que el PT y que los partidos de izquierda en general (en Brasil no hay listas; los votos a diputados son individuales, aunque las bancas son distribuidas por coaliciones). Por eso, Dilma empezó su mandato con un congreso donde tenía serias dificultades para conseguir cualquier cosa. Para empeorar la situación, un diputado del PMDB, Eduardo Cunha, un político muy próximo a Temer, consiguió ser elegido presidente de la Cámara de Diputados contra la articulación de Dilma y del PT, pero con total apoyo de la oposición. Cunha nunca le perdonó a Dilma que no lo apoyara, y empezó a hacerle oposición sistemática.

De todos modos, un observador podría preguntarse cómo partidos y políticos de centro o centro derecha, en algunos casos muy conservadores, apoyaban a los gobiernos de Dilma y Lula. Efectivamente, para eso hay que entender un fenómeno que en Brasil se denomina “presidencialismo de coalición”. Eso quiere decir que, por la fragmentación partidaria, generalmente los gobiernos no pueden tener mayoría, y siempre precisan un apoyo de otros partidos. Ese apoyo significa ministerios, cargos, e inclusive dinero, para conseguir votos cruciales en el congreso. De esa manera, Lula consiguió hacer dos mandatos que agradaron a casi todos, sin pelearse mucho ni con los opositores. Dilma nunca tuvo la habilidad de negociación de Lula, y eso complicó una situación económica que ya venía deteriorándose por el panorama internacional desfavorable. Las “jornadas de junio” de 2013 fueron canalizadas por la derecha para crear un clima opositor en las grandes capitales del Sur y del Sudeste de Brasil. Sin embargo, la simpatía por Lula y su heredera política se mantuvo firme en el Nordeste, y fue con los votos de esa región Dilma consiguió reelegirse.

Casi inmediatamente después de la elección, la reacción de los sectores conservadores llevó a que los políticos del PMDB, especialistas en detectar de donde vienen los vientos, pasaran a presionar al gobierno, sumándose a la campaña opositora. Además de las maniobras en el congreso, lo más claro fue la adopción por el PMDB como carta programática de un documento llamado “Un puente para el futuro”, que esencialmente es una réplica del programa del candidato derrotado en la elección de 2014. Ese documento fue publicado en octubre de 2015, y Temer diría más tarde que el rechazo de Dilma a aceptar esas propuestas fue el motivo de que su partido pasara a la oposición.

El juicio político a Dilma, basado en que habría hecho maniobras para que el déficit fiscal pareciese menor de lo que en realidad era (algo que todos los presidentes anteriores también hicieron) estaba decidido antes de empezar; los motivos fueron irrelevantes, y por eso las justificativas orales de los votos por la destitución representaron uno de los episodios más vergonzosos de la historia política de Brasil.

Con Temer en el gobierno, comenzó la adopción de un programa neoliberal, con intentos de reformas de las relaciones de trabajo, de las jubilaciones, del gasto público, etc. Algunas leyes fueron aprobadas, otras no. Esas leyes fueron aprobadas en el gobierno con mayorías inéditas, lo que contrasta especialmente con un gobierno cuya imagen en las encuestas de opinión siempre fue muy negativa; se puede aceptar que su imagen de “excelente y bueno” nunca pasó del 15%, pero hace mucho está debajo de los 10%, mientras que cada vez más los que lo veían como regular o no tenían opinión (poco menos de la mitad cuando asumió) hoy se reducen vertiginosamente, siendo alrededor del 20%. Contribuye para la falta de apoyo a Temer la vinculación de su nombre y de su partido con hechos de corrupción muchos más sólidos que las supuestas reformas del supuesto departamento de Lula, después de que la lucha contra la corrupción era la bandera que unió a los opositores al gobierno de Dilma. Sin entrar en las delaciones sin pruebas y sin juicio, cuyo uso siempre va contra los principios básicos del derecho, su aliado y expresidente del congreso Eduardo Cunha está hoy preso por poseer millones de dólares en el exterior en cuentas no declaradas; además, se descubrió en un departamento de uno de sus principales aliados, el diputado Geddel Lima, cajas que contenían billetes que sumaban alrededor de 15 millones de dólares en efectivo (más que los famosos “bolsos de López”). Obviamente, la gran mayoría de los ciudadanos que ruidosamente pedían la caída de Dilma por su “corrupción” hoy están callados, y las pocas manifestaciones festejando la prisión de Lula son una pálida sombra de lo que fueron en su auge en 2015 y 2016.

En ese clima complicado, y aplicando políticas recesivas, el gobierno Temer empeoró la crisis recibida de Dilma (cuyo breve segundo mandato fue caótico). El producto siguió cayendo (sólo la agricultura tuvo un buen desempeño), el desempleo aumentó, y talvez el mejor número que Temer pueda presentar es la caída de la inflación provocada por esa misma recesión.

El gran interrogante es qué puede pasar en las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas mostraban un apoyo creciente a Lula, que ganaría contra cualquier opositor en el ballotage. Aunque el PT afirma que mantendrá la candidatura de Lula, parece irrealista apostar en que sea autorizada. La duda es sobre quién podrá ser el heredero de sus votos. ¿Indicará Lula un candidato de su partido, apoyará alguien de centroizquierda, alguien aún más a la izquierda que él, o simplemente pedirá un boicot a las elecciones? El exgobernador y exministro Ciro Gomes se propone como un candidato de centroizquierda, mientras que el piquetero Guilherme Boulos y la diputada Manuela d’Ávila podrían ser los nombres más a la izquierda. El primero tiene un desempeño flojo en las encuestas, el que aún así es mucho mejor que el de los otros dos. El PT también podría elegir otro candidato, pero la insistencia en el nombre de Lula traba cualquier articulación.

Por el lado de la centroderecha, todos quieren despegarse del gobierno Temer, aunque lo apoyan con votos en el congreso y defienden las mismas medidas. Los potenciales candidatos del PMDB (ahora sólo MDB) no mueven el amperímetro en ninguna encuesta. Los del partido de oposición tradicional, el PSDB, que llegó al ballotage y lo perdió en las últimas cuatro elecciones presidenciales, trata de tornar viable algún candidato (talvez sea el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, ya derrotado por Lula en 2006), después de abandonar la idea de postular un popular animador de TV sin ningún antecedente político. El rechazo al partido en el Nordeste se suma al rechazo provocado por la caída del prestigio del último candidato a presidente, el exsenador Aécio Neves, ahora investigado en varias causas de corrupción, aunque otras tantas ya prescribieron. Si la mayoría de los electores del PSDB en las últimas cuatro elecciones parecen dispuestos a abandonar el partido, otros candidatos tratarán de atraerlos, pero sin dudas ese espacio está fragmentado. Entre ellos, el ex juez de la Suprema Corte Joaquim Barbosa y la exministra Marina Silva, tercera colocada en las dos últimas elecciones, luchan para ganar esos votos presentándose como alternativas “puras” ante la corrupción vista como general en los otros partidos. Ambos son negros, de origen humilde, y con seguridad usarán ese argumento en sus campañas.

El fantasma de la elección es el diputado y capitán retirado Jair Bolsonaro; en términos argentinos, podría ser comparado con Aldo Rico, Patti o Bussi . Sus posiciones de extrema derecha, defendiendo torturadores de la dictadura, sus comentarios homofóbicos, su defensa del porte de armas y de la pena de muerte, etc., provocan rechazo de la mayoría, pero aún así es el candidato con mayores intenciones de voto después de Lula.

Muchos entienden que Bolsonaro ya está en el ballotage. Entonces, el haría un papel semejante al de los Le Pen, padre e hija, en Francia, uniendo contra sí todos los otros candidatos de centroderecha a extrema izquierda en un frente antifascista. En ese caso, la cuestión clave es saber quién va a ser ese candidato.

Sea quien fuere el próximo presidente o presidenta, encontrará un país más pobre, dividido, y con problemas sociales que se agravaron en los últimos años, después de la significativa mejoría que se había visto en los gobiernos de Lula. Pero difícilmente el político que condujo al país en su mejor período de los últimos cincuenta años pueda ser candidato.

Especial para La Columna Vertebral de Ramón García Fernández, Profesor titular de Economia de la UFABC (Universidade Federal do ABC) en San Pablo, Brasil.

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La Justicia anuló las elecciones de la UOM Seccional Zárate-Campana: «Es una operación política, judicial y empresaria»

La resolución fue emitida por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de los jueces Víctor Pesino y María Dora González. Se destaca que estos mismos magistrados fueron quienes recientemente validaron la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. El fallo anula las elecciones de la Seccional Zárate-Campana, donde el actual secretario general a nivel nacional, Abel Furlán, había sido reelecto con el 85% de los votos.

Desde la conducción de la UOM, se describe este avance judicial como el desenlace de una «operación política, judicial y empresaria». Denuncian que sectores internos, tras haber sido derrotados en las urnas y fracasar en su intento por bloquear el funcionamiento del Colegio Electoral Nacional, recurrieron a la justicia para obtener una intervención que no lograron mediante el voto de los afiliados.

Contexto de conflicto y defensa del salario

El sindicato sostiene que este embate no es casual, sino que ocurre mientras la organización encabeza el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y enfrenta a las principales cámaras empresariales del sector para recuperar el poder adquisitivo tras una pérdida salarial brutal en los últimos años. Desde el FreSU denunciaron: «el objetivo de fondo es debilitar la capacidad de lucha de la UOM para garantizar a las patronales salarios bajos y trabajadores sin poder de organización».

Resistencia y llamado al movimiento obrero

Con 83 años de historia, la UOM recordó que ha sobrevivido a dictaduras, persecuciones y proscripciones. Ante lo que califican como una «intervención disfrazada de resolución judicial», la entidad ha convocado a todo el movimiento obrero argentino, confederaciones y cuerpos de delegados a defender la autonomía sindical.

La organización reafirmó que no aceptará pasivamente esta avanzada y que responderá mediante la democracia sindical, la participación y la lucha. «Defender a la UOM es defender al movimiento obrero frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer el ajuste y la precariedad», concluye el comunicado.

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Marta Graña: “La modernización no puede ser una vuelta al esclavismo”

Marta Graña, dirigente de UATRE y representante de la Comisión Asesora Regional (CAR) N.º 2, en representación de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. En diálogo con La Columna Vertebral, habló sobre el rol del sindicato rural, la defensa del Estatuto del Peón Rural, la reforma laboral y las paritarias del sector.

LCV: ¿Qué significa UATRE? ¿Cómo nace y qué representa el reglamento para el peón rural?

Marta Graña: “En realidad, UATRE es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Es el sindicato que rige a todos los trabajadores rurales y sus familias en todo el país. Si bien tiene ya 70 años, antiguamente era FATRE, después UATRE; primero fue federación y ahora es unión. Hace muchísimos años que trabaja muchísimo por la gente de campo y ahí es cuando nacen estas paritarias y las peleas que damos con los productores y representantes de las entidades agropecuarias. El país está dividido en distintos sectores llamados CAR por número y yo represento la CAR número 2, que abarca la provincia de Buenos Aires y La Pampa, representando todas las actividades y producciones que se llevan adelante en esas provincias.”

LCV: Dice el Gobierno nacional que la derogación del Estatuto del Peón de Campo tenía que ver con que era una Argentina vieja, obsoleta e imposible. ¿Qué le respondés?

Marta Graña: “Yo le respondería que tendría que tomar algunas cafiaspirinas para ver si puede ubicarse un poquito en sus ideas, porque las leyes laborales y el Estatuto del Peón Rural, realizados y llevados adelante por el compañero general Perón, son los derechos que tenemos los trabajadores y lo que hoy este gobierno nos ha quitado. Les ha quitado derechos a todos los sectores y actividades. Los trabajadores estamos perdiendo nuestros derechos y es una burla realmente decir que esto es obsoleto o antiguo. Le llaman modernismo y lamentablemente estamos perdiendo derechos adquiridos que no se pueden perder de esta manera. No nos están respetando como trabajadores. Yo represento a la institución, a UATRE, que también tiene conexión con la CGT y con organizaciones de todo el país. Creemos que este presidente, impresentable presidente, me hago cargo de lo que digo, realmente no tiene vergüenza de querer modernizar quitándole derechos a los trabajadores. La modernización debería ser una aspiración positiva, no una vuelta al esclavismo. Esto es medieval.”

LCV: Cuando escuchás que dicen que el Estatuto del Peón Rural es obsoleto porque todas las tareas del campo van a ser reemplazadas por máquinas, ¿qué pensás?

Marta Graña: “Siempre las máquinas están conducidas, visualizadas, reparadas o ideadas por trabajadores, por personas, por seres humanos. Hoy la lucha es por preservar los puestos de trabajo, pelear para que nuestros trabajadores estén cada día mejor y para tener salarios dignos. Si ese es el futuro del modernismo, dejamos mucho que desear. No es que no estemos de acuerdo con modificar cosas o con actualizar leyes, pero no todas las leyes son obsoletas. Y si me decís que la mano de obra va a ser reemplazada totalmente por máquinas, no sé qué nos espera como país.”

LCV: El proceso de paritarias estuvo muy amenazado por la reforma laboral y por el recurso de amparo que había presentado la CGT. Ustedes son la primera paritaria homologada después de eso. ¿Cómo fue el proceso y cuál fue la pérdida para los trabajadores?

Marta Graña: “Nosotros estuvimos prácticamente tres meses esperando poder avanzar con esta paritaria, que abarca al personal permanente y a trabajadores rurales con prestación continua y discontinua. Estuvimos más de tres meses esperando la homologación. Cuando se levanta el recurso de amparo que había pedido la CGT, y donde UATRE también estuvo presente pidiendo recursos y visualizando la necesidad de avanzar, volvimos a una situación muy complicada. Veníamos con la Ley 14.250, donde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario homologaba los acuerdos realizados entre las entidades agropecuarias y las gremiales. Cada gremio defendía el salario de los trabajadores. Al modificar esa ley y modernizarla, nos están quitando muchos derechos. Más allá de eso, cada vez que vamos a paritarias entramos en una penumbra, porque con esta nueva ley, la 27.802, se modificó totalmente el mecanismo de regulación. Lo que antes hacía la Comisión Nacional de Trabajo Agrario ahora se implementa por resolución entre las partes.”

LCV: ¿Eso significa menor representatividad para los trabajadores?

Marta Graña: “No, no tiene menor representatividad; al contrario, le da más fuerza y más representatividad. Lo que pasa es que la mayoría de las paritarias se basan en la inflación interanual, que no se respeta. Hoy las paritarias llevan mucho más tiempo. Hay una resolución en la que se trabaja muchísimo en registración y demás, pero pasó a ser un régimen de negociación política.”

LCV: El hecho de que hayan homologado la paritaria de ustedes primero, ¿es auspicioso para los demás gremios?

Marta Graña: “Sí, seguramente también van a ser homologadas las demás. Hay muchas actividades esperando homologación y nosotros también tenemos varias pendientes. Esta se homologó porque fue una de las primeras que presentamos y porque llevamos toda la problemática del trabajador rural. Lo hacemos pensando en todas las actividades agropecuarias, sabiendo que las economías regionales están devastadas y que la situación económica es malísima.”

LCV: Nos contaban que fue un gran logro porque prácticamente empataron con la homologación que tuvo Camioneros. ¿Es así?

Marta Graña: “Sí, el número es similar al de Camioneros, pero de todos modos no es suficiente. Porque cuando homologan, homologan un acuerdo que tiene tres meses de antigüedad y si vemos que la inflación en este país es 2,7; 3; 2,8; 2,1, ese porcentaje no llega al sueldo del trabajador. Se diluye completamente.”

LCV: ¿Cuántas mujeres trabajan en el campo?

Marta Graña: “No tengo el número exacto ahora, pero son muchísimas compañeras. Hay un caudal muy importante de afiliados, tanto varones como mujeres, compañeros y compañeras. Mujeres trabajando en el campo hay muchísimas.”

LCV: Te agradecemos muchísimo este tiempo y esperamos poder entrevistarte en piso cuando estés en Buenos Aires.

Marta Graña: “Tienen las puertas abiertas de UATRE. Me encanta que me hayan llamado. Por ahí estoy cansada y se me escapan algunas cosas, pero la nota refleja realmente lo que ustedes querían saber y lo que el pueblo y el trabajador quieren saber. Uno está para darle difusión a esto. Y además, tu programa se llama La Columna Vertebral, nada más y nada menos, un nombre muy fuerte. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Y a los trabajadores rurales les digo que confíen, porque vamos a seguir peleando y trabajando para dignificar al trabajador y para que pueda llevar el alimento a su mesa de una manera más digna.”

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Hernán Correidora: “Quieren quebrar el PAMI para imponer un modelo de seguros de salud”

El secretario general de SUTEPA, Hernán Correidora, analizó la situación crítica que atraviesa el sistema de atención de los adultos mayores y denunció un “plan organizado” del Gobierno nacional para desfinanciar el PAMI y avanzar hacia un esquema de seguros privados de salud. Además, se refirió a la movilización federal convocada por trabajadores, organizaciones sociales y sectores sanitarios en defensa del sistema público y solidario.

LCV: ¿Cómo están ustedes en este momento con el tema de la salud de los adultos mayores? ¿Cuál es la información que nos puede dar?

Hernán Correidora: “Estos primeros cuatro meses PAMI enfrentó una reducción de su presupuesto del 55%. Eso obviamente ha aparejado un sinnúmero de problemas y recortes de prestaciones. Hoy nos acabamos de enterar de que los odontólogos de PAMI suspendieron la atención porque les adeudan dos períodos de los meses anteriores. Están iniciando un paro y probablemente se les sumen los médicos de cabecera por esta situación. Nosotros vemos esto como un plan organizado por el Gobierno nacional, que no es solamente un plan de ajuste, sino un cambio en el sistema de salud argentino. Planean desarmar el sistema solidario de salud como lo conocemos para implementar seguros de salud en la vejez, avanzar hacia un negocio financiero de la salud donde la salud se convierte en una mercancía. Y la verdad es que la sociedad argentina hace muchos años eligió otro camino, el del sistema solidario.”

LCV: ¿Cuánto tiempo tiene de existencia el sistema solidario de salud en la Argentina?

Hernán Correidora: “El sistema solidario de salud existe en la Argentina desde 1945. El sistema público de salud argentino tiene raíces en modelos europeos, como el alemán, del que derivan las obras sociales. También hay sistemas públicos fuertes en Inglaterra y España que continúan hasta el día de hoy. Argentina eligió hace décadas este modelo y demostró su funcionalidad, incluso durante una crisis como la pandemia. Con todas las deficiencias que tuvo el gobierno anterior, se pudo asistir a la población y tuvimos menos muertos que otros lugares de la región. El caso más cercano fue Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, donde la política implementada por la derecha fue un fracaso porque entregó a la población a su propia suerte.”

LCV: ¿Cuáles son los países que hoy tienen el sistema al que quiere llevarnos el Gobierno?

Hernán Correidora: “Estados Unidos, por ejemplo, donde un jubilado de 80 años sigue trabajando para poder pagar un seguro de salud. Acá ni siquiera alcanzan a comprar leche, pero además hay un dato muy claro: el 95% de los mayores de 80 años tienen PAMI y el organismo atiende aproximadamente al 83% de todos los adultos mayores de 60 años. Cuando el Gobierno decide romper el PAMI sacándole financiamiento, está condenando el funcionamiento del sistema. No existe funcionario capaz de administrar algo con la mitad del presupuesto y con la misma cantidad de personas afiliadas. La gente no se reduce a la mitad; la gente se resiste a morirse para ajustarse al Excel. Este año es el primero del gobierno de Javier Milei con un presupuesto votado por el Congreso. Los años anteriores fueron prórrogas del último presupuesto de Alberto Fernández y Sergio Massa. Sin embargo, antes de la Marcha Federal de Salud del 20 de mayo decidieron sacar una disposición reduciendo aún más los fondos y asignando 63 mil millones de pesos menos. Lo hacen deliberadamente para seguir desfinanciando el sistema y luego decir que no funciona. Es el propio Estado el que se encarga de quebrar el sistema para después vendernos que hay otra alternativa mejor, que son los seguros de salud, donde cada persona tendría un fondo individual para atenderse. Es una lógica parecida a las AFJP: una especie de AFJP de la salud. La misma filosofía aparece en otras reformas que impulsa el Gobierno, como el fondo de cese laboral. Dicen que el sistema estatal no sirve, pero quieren financiar mecanismos privados con fondos públicos y con aportes de los trabajadores. Todo sale del bolsillo de la gente. No podemos analizar esto de manera aislada. Forma parte de un proyecto ideológico. La economía y la ideología van de la mano en este modelo.”

LCV: ¿Cómo va a ser la convocatoria al paro nacional y a la movilización?

Hernán Correidora: “Va a haber paro en algunos sectores y una movilización muy importante. Tenemos confirmación de sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de pacientes, colectivos de discapacidad y ministros de Salud de alrededor de 14 provincias. También participarán sectores de la provincia de Buenos Aires, trabajadores de Sanidad y las tres centrales obreras. La principal preocupación que tenemos quienes organizamos esta marcha es poner sobre la agenda el avance del Gobierno nacional sobre el sistema de salud. Empezaron con discapacidad, siguieron con la niñez atacando al Garrahan y ahora van contra el PAMI. Pero en realidad no son ataques consecutivos, sino simultáneos: están avanzando sobre todos los frentes al mismo tiempo. Lamentablemente, más allá de las protestas y movilizaciones, no encontramos todavía una respuesta política capaz de cubrir todos esos frentes que hoy están siendo atacados en simultáneo.”

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