Por Paulo Giacobbe

El Hospital Dra. Laura Bonaparte queda en Combate de los Pozos al 2100, en Parque Patricios. Al igual que el Sitio de memoria Virrey Cevallos, resiste al vaciamiento y los despidos. Bajo la consigna “Defender al Bonaparte” como parte de la lucha por la salud mental de la comunidad, este viernes 31 de enero a las 17 hs, convocan a todos los sectores a las puertas del Hospital, en Combate de los Pozos 2133, Parque Patricios.

Los trabajadores y trabajadoras del Bonaparte acudieron al festival Arde la Memoria en el ex CCD Virrey Ceballos el pasado viernes y convocaron a esta resistencia en unidad.
Sol es trabajadora social y fue despedida hace una semana. En total fueron 200 las notificaciones de despidos que llegaron. Al igual que en Cevallos, la cosa empezó en el 2024: “En el mes de agosto del 2024 nos echaron a treinta compañeros, cerraron un centro de atención primaria que teníamos en la Isla Maciel, y en el mes de octubre nos amenazaron con un cierre, el cual pudimos resistir. Logramos que no lo cierren en ese momento porque los trabajadores en asamblea votamos un plan de lucha que incluía la permanencia en el hospital y la creación de comisiones de trabajo”, contó Sol a La Columna Vertebral.

Este año, desde el Ministerio de Salud retomaron los ataques. Y entonces vuelta a organizarse y realizar asambleas. En una de esas asambleas votaron participar de la actividad en el Sitio de Memoria, “otro sector que está siendo fuertemente atacado, y nos parece muy importante poder unir todas las luchas, porque la gente, la comunidad, tiene la fuerza”, analizó Sol.
La cantidad de despidos implica que el hospital cierre. “Hay días que directamente la guardia no puede abrir, hay muchos servicios que quedaron desguazados. Nuestra lucha no es sólo por nuestros puestos de laburo, sino por la atención de calidad”.

“El Hospital Laura Bonaparte tiene una perspectiva de atención en salud mental que se denomina comunitaria, nosotros teníamos dos centros de atención primaria, uno en la Isla Maciel y otro en Zabaleta, que era donde yo trabajaba, y lo que hacemos ahí básicamente es acercar la salud a los barrios, que muchas veces las personas, sobre todo en los barrios más postergados, no pueden acceder, ya sea porque no pueden pagar un viático o por diferentes cuestiones que tienen que ver con la crisis económica que estamos viviendo; pensar que la atención de salud mental no tiene que ser solamente al interior de un hospital, sino que nos basamos en lo que tiene que ver con la Ley de Salud Mental, que implica que los abordajes tienen que ser en las comunidades, en los barrios, donde las personas tienen su centro de vida”.

Sol hace más de dos años que trabaja en el Hospital, siempre realizando abordaje territorial. En Zabaleta, en Villa Fiorito, en Villa Palito en La Matanza; por eso cuenta que cada persona en su barrio tiene sus lazos y redes de apoyo. “Aparte que hay problemáticas sociosanitarias muy importantes; por ejemplo, Villa 21-24 Zabaleta, tiene más de 100.000 habitantes, con uno de los índices más altos en riesgo eléctrico, plomo en sangre, abundan muchas instancias de problemáticas también de salud mental”.

La guardia, el trabajo territorial, la farmacia, el servicio de niñeces; enumera Sol de memoria a las áreas desguazadas, “echaron a la única odontopediatra del hospital. Eso implica que un montón de niñeces que tenían su control odontológico en el hospital ya no lo tienen más, y así te puedo enumerar también los servicios de salud integral, clínica, consejería de salud sexual, reproductivo, no reproductivo… son muchos los servicios que están siendo totalmente desguazados y que no pueden tener la atención como la venían realizando”.

El perfil del trabajador y trabajadora a despedir es amplio: “Tenemos compañeras embarazadas de seis meses que las despidieron, tenemos compañeros con tratamientos prolongados por enfermedades bastante complejas que fueron despedidos, incluso una delegada que tiene fueros… Nosotros trabajamos de una forma interdisciplinaria; entonces, no solo es una escucha con un psicólogo, sino que también intervienen trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, músicoterapeutas. La verdad es que, al día de hoy, nosotros planteamos un lema que “vaciar es cerrar”, porque si bien pudimos resistir al cierre de octubre, en este momento nos están cerrando de forma operativa”.

El Hospital Bonaparte estará presente en la Marcha Federal del próximo sábado 1 de febrero.

Por Paulo Giaccobe

El pasado sábado se realizó un festival en las puertas del Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Virrey Cevallos, donde funciona un Espacio de Memoria, en el barrio porteño de Monserrat. Con la consigna “¡Arderá la memoria!”, los trabajadores organizados se defienden de la política de vaciamiento y despidos de la Secretaría de Derechos Humanos que administra el gobierno negacionista de Javier Milei.

La Columna Vertebral charló con Nelson, trabajador del Sitio de Memoria: “El festival surgió a partir de la demanda social por el vaciamiento que está aconteciendo a partir de la asunción del último gobierno”, contó Nelson, trabajador cesanteado de Virrey Cevallos, a La Columna Vertebral. “En la sociedad hay una conciencia sobre estos lugares. Y esto lo que nos deja es una base organizativa para lo que viene. Estamos muy agradecidos con la comunidad, con las organizaciones que se acercaron a colaborar y que son quienes en definitiva van a sostener las políticas de memoria”.

La cuadra de Cevallos al 600 estuvo llena de gente. En un escenario montado en la puerta del sitio de Memoria se sucedieron una radio abierta, obras de teatro y musiquillas. Puertas adentro se desarrollaron visitas en simultáneo, guiadas por sus trabajadores.

El ex centro clandestino estuvo a cargo del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de un edificio bajo pero largo, que los represores alquilaron a la familia Río para utilizar como casa operativa. Es lo mismo que hicieron en la calle Franklin al 900, en el barrio de Caballito. Los mismos locadores, los mismos locatarios. Dos inmuebles distintos alquilados para ser utilizados con el mismo fin. Terminada la dictadura, Cevallos fue abandonado y tomado por distintas familias simultáneamente, que ocuparon sus piezas como si fuera un conventillo. Cuando una inmobiliaria lo puso a la venta con la intención de demolerlo, la agrupación barrial independiente Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, organizando escraches y marchas, logró su recuperación como sitio. Era 2004. La casa de Franklin, en cambio, solo fue señalizada y actualmente está ocupada por una familia.
“Esta casa es muy particular, este centro clandestino fue muy particular”. En sus diferentes etapas el inmueble fue sufriendo modificaciones y se fue deteriorando por falta de mantenimiento. “Se fueron perdiendo algunas cuestiones materiales, pero todo eso también se pudo reconstruir a partir del trabajo del área de conservación específicamente, con detalles, por ejemplo, como buscar debajo de las capas de pintura cuál es la coincidencia con los testimonios, porque de pronto tenemos un color cuando entramos, pero los testimonios nos dicen que las paredes eran de otro color. Y eso es lo que, por ejemplo, aporta el área de conservación, poder hacer esa tarea de decapar y de encontrar esas pistas debajo de las capas de pintura que se fueron acumulando con el tiempo”.

“Teniendo en cuenta que este gobierno pasó del negacionismo a la reivindicación del golpe de Estado, lo que viene creemos que se va a intensificar en ese sentido, con la profundización de un modelo económico”, alertó Nelson, “Nosotros en estos espacios para la memoria lo que hacemos también, de alguna manera, es una caracterización del Estado argentino y también de los estados en general, sobre todo en la región americana, que surgen como garantes de modelos económicos. Hoy tenemos un presidente que se autodenomina anarcocapitalista, pero lo cierto es que el gobierno actual lo que quiere es ir al origen del Estado argentino, como un garante de un modelo económico. El Estado no va a desaparecer, sino que se va a fortalecer para garantizar la concentración de la riqueza, el avance en contra de los derechos conquistados a lo largo de todos los años de lucha del pueblo argentino, pero de este lado lo que se viene también es mucha organización y participación social”

Al comienzo de la gestión Milei, el sitio tenía diez trabajadores y trabajadoras cumpliendo funciones. Para mitad de año eran siete y para el 31 de diciembre quedaron solo dos personas con promesa de contratación, “ni siquiera contratados, con lo cual el vaciamiento se dio de manera total. Las tareas en este espacio son diversas y dada también la complejidad que tenemos debido a la falta de personal, muchas veces cumplimos tareas varias. Pero las áreas fundamentales tienen que ver obviamente con la conservación material, con el área de educación y con el área de investigación. Todas esas áreas fueron desarticuladas a partir del 1.º de enero de este año”.

Nelson detalló el trabajo de cada área: “El área de conservación lo que hace es intervenir sobre la materialidad de los espacios, sobre los lugares que fueron reconocidos como sala de torturas, sala de interrogatorios, celdas, en búsqueda de pruebas que aporten a los juicios de Lesa Humanidad”.

“El área de investigación lo que hace es poner en juego toda esa materialidad junto con los testimonios de los sobrevivientes, de los familiares, de los vecinos, para poder ampliar esa prueba judicial, pero también para que quede como testimonio del Terrorismo de Estado”.
“El área de educación lo que hace es articular toda la transmisión de la memoria con las universidades, escuelas, instituciones del territorio. Se ocupa del área de las visitas guiadas, pero también de ir a las escuelas, de proponer actividades en función de eso, de capacitar a docentes”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos pretenden que todas esas funcionas queden a cargo de dos personas, que realizarán tareas administrativas.

Nelson, por último, resalta que el sitio permanece abierto gracias a sus trabajadores pero también por las mesas de trabajo y consenso. E invita a la comunidad a visitar el lugar, a conocer la historia y a proponer actividades que se puedan realizar en el sitio. Porque “los compañeros que hemos sido despedidos seguimos cumpliendo funciones en el espacio a pesar de los despidos”. El festival cerró con una convocatoria a la Marcha Federal del próximo sábado 1 de febrero.

Luego del despido de cuatro trabajadores de la empresa Explora, que produce biodiesel en Puerto San Martín, en cercanías de Rosario, que fue la primera en negarse a pagar la primera cuota de la gratificación anual pactada para el 10 de enero, inició un conflicto cuyo final es imprevisible luego de que la Prefectura Naval militarizara el ingreso a la planta.

“A los compañeros los echaron como a los perros, sin causa, sin justificación, sin siquiera un telegrama y desde el gremio no lo vamos a permitir”, expresaron desde el Soea, que mantiene una protesta activa en los portones de la planta de biodiésel. Dicha situación puso en alerta a todos los aceiteros del país.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, junto a los cuerpos de delegados de las empresas aceiteras y de biodiesel de todo el país, denunciaron el “grave e ilegal avasallamiento en los derechos de los trabajadores y trabajadoras aceiteras por varias empresas de la actividad.”

A través de un comunicado, advirtieron: “Si continúan con estas medidas ilegales nos veremos obligados a ir a una huelga nacional para hacer valer nuestros derechos, que fueron conquistados en muchos años de lucha.” La bronca de los trabajadores aceiteros se debe a que varias empresas decidieron incumplir con los convenios colectivos aceiteros y los acuerdos paritarios: “en algunos casos, despidieron trabajadores discriminatoriamente por el hecho de reclamar el pago de sus salarios conforme a derecho. Esta suerte de revancha patronal contra los aceiteros se produce en conjunto con la militarización de una de las plantas en la que se despidieron trabajadores”.

De acuerdo a los sindicatos del sector así se sucedieron los hechos:

-En Explora SA, de Puerto San Martín, despidieron cuatro trabajadores falseando causas. La decisión patronal es una represalia por la retención de tareas que llevaba el conjunto de los trabajadores para reclamar por la falta de pago de la primera cuota de la gratificación extraordinaria. Ahora el reclamo salarial se convirtió en una huelga hasta tanto se efectivice la reincorporación de los despedidos y se abonen los salarios conforme derecho.

• Las empresas Vicentín y Renopack, en todos sus establecimientos aceiteros, se encuentran transitando una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, porque también decidió no pagar el bono anual, lo que provocó una medida de retención de tareas. Este ilegal accionar patronal se da en el marco del inicio de un insólito Procedimiento Preventivo de Crisis.

• El caso que más trascendió es el de Dánica en Llavallol, en la provincia de Buenos Aires, porque la patronal decidió cerrar la planta en diciembre de 2024 despidiendo a la totalidad de los trabajadores, pero se logró la reapertura del sector de envasado con 40 trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario.

Dichos conflictos se suman a otros más largos como el que viene desarrollándose en Bahía Blanca con Viterra -hoy propiedad de Bunge- y la reciente militarización con el uso de la Prefectura Nacional y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas.

El comunicado, firmado por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) concluye diciendo:

“Por todo esto, es que los sindicatos aceiteros y los trabajadores y trabajadoras aceiteras de todo el país advertimos que, en caso de continuar estos hechos que implican un grosero avasallamiento de los derechos laborales, donde no hay garantía para los aceiteros de trabajar pacíficamente, que buscan desconocer y limitar el ejercicio del constitucional derecho a huelga, afectando también los derechos de los gremios como representantes de los trabajadores, daremos inicio a una huelga nacional aceitera.Hacemos directamente responsables a las empresas de la actividad y al gobierno nacional, que pretende criminalizar los conflictos laborales, por la integridad de nuestros compañeros y compañeras aceiteras que ejercen el derecho de huelga, inclusive ante las constantes provocaciones de las fuerzas de seguridad nacional que se encuentran al servicio de las patronales, mientras el ministro de Economía las beneficia con una rebaja de las retenciones.”