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Opinión

Los bellos durmientes, por Mempo Giardinelli

Mientras el circo mediático sigue haciendo de las suyas ­–verbi gratia, sus maldades– su cometido final y profundo no es otro que ocultar lo que se nos viene encima a casi 50 millones de compatriotas, si no reaccionamos.

Ya está a la vista el desastre que esta columna prenunció, con algunas otras, hace varios meses: el Paraná no era una cuestión solamente de soberanía, o en todo caso sí lo era pero con todo lo que implicaba: recuperar el comercio exterior, cuidar el río, liquidar la deuda, sustentabilidad climática, racionalidad productiva, y disfrute de la población.

Todo eso ahora ya no está “en peligro”, sino en plena evidencia de daños. Y como no podía ser de otra manera, ahora viene a mostrar una de sus consecuencias peores: precisamente porque el río está herido y no va a soportar más canalizaciones y dragados canallas, los beneficiarios de siempre y sus amigos funcionarios salieron a buscar otras opciones y encontraron la más razonable: el ferrocarril.

Pero enseguida escupieron el asado abriendo otro frente de espanto ambiental: los ferrocarriles argentinos abandonados por dos décadas y media requieren vías en buen estado. ¿Y hasta dónde llegó la imaginación de los genios de la economía y el transporte? Lo revela un informe de Greenpeace que produce escalofríos:

Las dos últimas semanas se ocultó –aunque debiera decirse “se supo”– el desastre que se avecina. Y que una vez más pone en marcha el Ministerio de Transporte de la Nación, que por licitación BCyL N°28/2021 “Mejoramiento Pesado de Vías en Sectores Varios, Línea General Belgrano, Año 2021” convoca al recambio de las vías de tren en Chaco y Catamarca, para lo cual se dispone la compra de 36.000 durmientes de quebracho… Que se sumarán al ya denunciado desmonte de más de 2 millones de ejemplares de esa especie arbórea arrasada en la última década y que fue hiperdenunciado inútilmente.

La repudiable disposición no deja de tener un costado casi gracioso, ya que el texto del decreto llama “QºCº”a los que son ni más ni menos que “quebrachos colorados”. Acaso para disimular así los llama, y el decreto además admite la tala de durmientes de otras maderas duras, también chaqueñas y también en extinción, como quebracho blanco, urunday y guayacán, especies de maderas durísimas igualmente en extinción.

Según un completo informe de Greenpeace que está circulando, “en el norte argentino a mediados de la década de 1940 se llevaban talados 350 millones de quebrachos colorados para la extracción de tanino y la elaboración de durmientes de ferrocarril, postes, leña y carbón”. El dato es aún más escalofriante si se añade que fueron 350 millones de ejemplares de uno de los árboles más duros del mundo, que se caracteriza por su absoluta resistencia a la humedad. De ahí su maldición, porque de esa madera se hicieron los “durmientes” rectangulares que soportaron y todavía soportan rieles ferroviarios en gran parte del mundo, debido al tanino que contiene y que se usó también para la industria de las curtiembres, además del indiscriminado uso en forma de leña y carbón. Como para el argentinísimo “asadito”, o sea.

La extracción de este árbol emblemático de las selvas chaqueñas se inició circa 1870 y degradó millones de hectáreas de bosques. A despecho de lo cual gobiernos pro-empresariales y cipayos fueron capaces de celebrar semejante atentado ecológico declarando al quebracho, en 1956, “Árbol Forestal Nacional”. Quizás porque ya entonces la explotación maderera intensiva, y los desmontes para abrir campos para un supuesto “desarrollo agropecuario”, prácticamente arrasaban con los quebrachales.

Hoy el desmonte contumaz ha colocado al Gran Chaco (las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, por lo menos), en la cima mundial de pérdida de bosques nativos. El 85% de este ecosistema ha sido destruido. Y encima ahora desde un ministerio de un gobierno nacional y popular se llama a licitación para terminar aquella obra maldita.

Pero lo más grave –y alucinante en términos ambientales– es que desde 2013 empezaron a anunciarse licitaciones para la compra de más de dos millones y medio de durmientes de quebracho colorado y quebracho blanco. Son los dos millones de árboles que aún quedan y que tienen entre 60 y 80 años de edad, y que mientras lectoras y lectores se adentran en esta nota están siendo cortados bestialmente por empresas y empresarios autorizados por funcionarios incalificables. El Chaco, con Santiago del Estero, Salta y Formosa, a este paso será muy pronto un desierto. Como ya lo es la otrora “Cuña Boscosa” del norte santafesino, que hoy es un paisaje raso y para llorar.

Y la verdad es que nada ha cambiado: en la Argentina el sector forestal es uno de los más descontrolados y se calcula que el 30% del volumen total de la madera de bosques nativos que se comercializan, es ilegal. Por eso asombra y disturba que la industria ferroviaria no busque otras opciones, que sí tiene. Por ejemplo, los durmientes de hormigón o de plásticos ultrasintéticos que reemplazan a las maderas en todo el mundo. Y que desde hace años se utilizan como alternativas en las industrias ferroviarias de los Estados Unidos, la India, Brasil, México y Europa. En cambio aquí el disparate es fenomenal: esta semana se abren los sobres de dos nuevas licitaciones para mejoramiento de vías que incluyen la compra de 120.000 durmientes de quebracho, que implicarán la tala de unos 120.000 árboles aún jóvenes. No es así como la Argentina debe recuperarse. Nadie se opone a la restauración de los trenes, más bien al contrario: es necesidad y urgencia nacional, en múltiples sentidos. Pero acabar con los pocos quebrachos existentes en los pocos bosques que quedan, además de políticamente imbécil es económicamente repudiable. Y sobre todo si van a ser unas pocas corporaciones las beneficiarias, una vez más.

La inmoralidad en esta materia parece generalizada. Toda red ferroviaria sustentada en semejante crimen ecológico será condenable desde el vamos. Y más aún si las licitaciones se llaman desde el mismo Ministerio de Transporte que buscó y es presumible que sigue buscando entregar a toda costa nuestro río Paraná.

Se disculpará a esta columna el enojo y el dolor que gobiernan estos párrafos –escritos por un nativo y residente chaqueño– pero cuando la irracionalidad gobierna, las decisiones políticas de un gobierno que votamos y apoyamos, resulta casi imposible atemperar la indignación. Porque más allá de debates tarados acerca de la infortunada foto de un cumpleaños, mejor sería que se cortaran de cuajo decisiones como ésta y se forzara a la oposición a ocuparse de estos que sí son crímenes.

Pero ya sabe el país que Arturo Jauretche tenía razón en esta materia: “Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen, ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios, quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en las sombras”.

La pregunta que queda es hasta cuándo, y cuánto más.

(Publicado en Página 12, el 15 de agosto 2021)

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Destacada

Una ideología siniestra, por Marcelo Cosin

En el discurso de ayer, Javier Milei y Luis Caputo mostraron la base ideológica del gobierno, abastecidos —seguramente— por los intelectuales de la ultraderecha, dirigentes de FARO, la usina de ideas del presidente.

Promueve la violencia y la intolerancia: la incitación al odio, la discriminación y la violencia contra sectores sociales específicos. Ejemplos incluyen el nazismo y otras formas de fascismo.

Niega los derechos humanos y las libertades fundamentales: la supresión de la libertad de expresión, de prensa y de reunión, así como la persecución de disidentes y opositores políticos.

Justifica la opresión y la desigualdad: la creación de una jerarquía social rígida, donde algunos grupos son considerados superiores a otros, y la explotación de los débiles es vista como algo natural o necesario.

Carece de empatía y compasión: la deshumanización de los demás y la justificación de la crueldad en nombre de un objetivo político o social.

Utiliza la manipulación y la comunicación: el uso de la mentira, la desinformación y el adoctrinamiento para controlar a la población y mantener el poder.

En resumen, una ideología “siniestra” es aquella que se percibe como una amenaza para la dignidad humana, la libertad y la justicia social, y que promueve la destrucción en lugar de la construcción.

Ejes del discurso de Javier Milei en FARO
Autoproclamación como el mejor gobierno de la historia argentina Reafirma que su gestión es superior a todas las anteriores, con frases grandilocuentes que buscan instalar legitimidad por vía retórica.

El veto como hazaña ética Defiende el rechazo al aumento de jubilaciones como muestra de coherencia fiscal, y acusa a la oposición de querer “voltear el modelo”.

Confrontación cultural como misión presidencial Propone una “revolución moral liberal” contra las “castas políticas”, y apela a una cruzada ideológica que trasciende lo económico.

Economía como religión del mérito Sostiene que la recuperación económica está en marcha, que Argentina “va para arriba”, y que Caputo es “el mejor ministro de la historia”.

Negación del sufrimiento social Minimiza el impacto del ajuste con afirmaciones como: “Si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, la calle estaría llena de cadáveres”.

El enemigo: el kirchnerismo como mal épico Anuncia que derrotar a Kicillof en la provincia será “el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”, construyendo una narrativa de exterminio simbólico.

Ejes del discurso de Luis Caputo – La tecnocracia del ajuste elegante
Excel como evangelio Desarrolló un enfoque técnico centrado en métricas, planillas y proyecciones. La política queda subordinada a los datos.

El ajuste como virtud civilizatoria Defendió la reducción del gasto como “la única alternativa posible”, apelando a un sentido moral de sacrificio económico.

Negación del caos, celebración de la austeridad Presentó indicadores selectivos para sostener que “todo está mejorando”, omitiendo variables como pobreza y desempleo.

Blindaje discursivo: el desvío académico Recurrió a tecnicismos para evitar definiciones concretas sobre el impacto del plan económico. El lenguaje sirve como barrera, no como puente.

El binomio Milei-Caputo configura más que una alianza de poder: expresa una nueva hegemonía discursiva que legitima la violencia simbólica desde lo emocional, y la racionalidad del ajuste desde lo técnico. La ultraderecha encuentra en esta dupla una maquinaria perfecta: mientras Milei vocifera desde el púlpito moral, Caputo administra desde el Excel. La ideología siniestra no se presenta como un monstruo, sino como planilla, como decálogo, como mantra. Lo inquietante no es solo lo que se dice, sino el modo en que se articula una estética del despojo y una ética de la exclusión.

“El país que quieren los dueños” (Alejandro Bercovich)
Articulación entre ideología siniestra y poder económico

Del plan de gobierno al plan de negocios Bercovich plantea que no hay un proyecto de país inclusivo, sino un modelo que responde a los intereses de una élite empresarial. La ideología siniestra funciona como blindaje simbólico para justificar ese modelo excluyente.

La violencia como garantía de estabilidad La represión simbólica (y material) que promueve Milei —desde el desprecio por los pobres hasta la negación del sufrimiento social— es funcional a los dueños del poder económico, que necesitan un clima de orden para sostener sus privilegios.

La tecnocracia como legitimación del saqueo Caputo, con su discurso técnico, convierte el ajuste en una necesidad moral. Esto despolitiza el conflicto social y lo convierte en una cuestión de eficiencia, permitiendo que los grandes actores económicos operen sin resistencia.

La deshumanización como estrategia de mercado La ideología siniestra desactiva la empatía social, lo que facilita la implementación de políticas que benefician a unos pocos. Si el otro no importa, entonces el despido, el hambre o la exclusión se vuelven cifras, no tragedias.

El Estado como gestor de intereses privados Según Bercovich, los “dueños del país” no buscan gobernar directamente, sino condicionar al Estado para que administre sus negocios. Milei sería el instrumento perfecto: un presidente que desprecia lo público y celebra lo privado.

La mirada de Alejandro Horowicz
La política como administración, no como transformación Horowicz sostiene que desde Alfonsín en adelante, la política dejó de ser una herramienta de cambio estructural y pasó a ser gestión de lo posible. Se perdió la vocación de disputar sentidos y construir proyectos colectivos.

La democracia como forma sin contenido Se mantiene el ritual democrático (elecciones, partidos, instituciones), pero se vacía de sustancia transformadora. La política se convierte en una escena repetitiva, donde los actores cambian, pero el guión sigue dictado por poderes fácticos.

El balotaje como simulacro de mayoría Horowicz critica que el sistema electoral construye mayorías ficticias. Milei, por ejemplo, gana con el voto de quienes no lo apoyan ideológicamente, sino como rechazo al otro candidato. Esto genera gobiernos sin base social real.

La pérdida de la política como conflicto de ideas En lugar de confrontar proyectos, se confrontan gestos, slogans, personajes. La política se “alfonsiniza” cuando se vuelve una práctica sin disputa ideológica profunda, sin horizonte emancipador.

El Estado como rehén de intereses externos Horowicz afirma que el programa económico ya está escrito por el FMI. La política se reduce a administrar ese mandato, sin posibilidad de construir alternativas desde lo nacional-popular.

¿Cómo terminan las ideologías siniestras?
En el mundo, las ideologías siniestras suelen terminar en ruinas: tribunales internacionales, juicios por crímenes de lesa humanidad, monumentos a las víctimas y generaciones enteras que cargan con el trauma. El nazismo terminó en Núremberg, pero también en Auschwitz, en Hiroshima, en el silencio de los sobrevivientes. El fascismo italiano cayó entre escombros, y el franquismo se disolvió sin justicia plena. En todos los casos, el final no fue una epifanía moral, sino una acumulación de dolor que volvió intolerable su continuidad.

En Argentina, las ideologías siniestras han tenido finales más ambiguos. La dictadura cívico-militar terminó con el Juicio a las Juntas, pero también con pactos de silencio y complicidades empresariales que aún perduran. El neoliberalismo de los noventa terminó en el estallido de 2001, pero sus lógicas de mercado siguen vivas en discursos actuales. Lo siniestro no siempre se retira: a veces muta, se disfraza, se recicla.

Hoy, frente a una nueva versión de esa ideología —más performática, más digital, más blindada por el poder económico— el desafío no es solo resistir, sino narrar. Nombrar lo siniestro antes de que se naturalice. Porque si la historia enseña algo, es que estas ideologías no terminan solas: se las termina.

Bardo Moments, 5 de agosto de 2025

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Internacionales

Israel: Del sueño del Kibutz socialista al sionismo como ideología excluyente, por María Urruzola

Primero lo primero: lo que hizo Hamas fue un horror, crímenes que superan cualquier calificativo. Pero es preciso recordar que el ejército israelí tardó más de 7 horas en reaccionar. ¿Raro no? Las Fuerzas Armadas consideradas las mejores del mundo, con los servicios tecnológicos más sofisticados, si hubiesen intervenido antes, muchísimas vidas se hubiesen salvado. La ciudadania de Israel ha pedido de todas las maneras una ‘investigación independiente’, pero hasta ahora no se ha logrado, por razones “de seguridad” según el gobierno. Las únicas supuestas investigaciones son del propio ejército. Y qué dicen? Básicamente, que el ejército “tenía una percepción errada del movimiento islámico palestino”… Que lo creían “concentrado en la administración de la banda de Gaza”… ¿De verdad?

Con el diario del lunes sabemos que el gobierno de Israel ayudó a la financiación de Hamas durante años, para dividir a los palestinos. Si alguno de ustedes vio una serie israelí que está desde hace años en Netflix y se llama Fauda, habrán visto que ellos se jactan de tener toda la vida palestina infiltrada. Tan así, que cuando la vi le pregunté a un amigo uruguayo que vive en Israel si era tal cual y, por supuesto, me contestó que sí.

Pero ahora, además, sabemos que el MOSAD tiene tal capacidad operativa que logró comprar una empresa de “buscadores” y de walkies-talkies, llenar miles de ellos de explosivos, y vendérselos a Hezbollah, para que estallaran todos al mismo tiempo en forma cronometrada. Primero unos, y luego otros. También sabemos que han sido capaces de matar con una precisión quirúrgica a líderes de Hamas, de Hezbollah, de Irán, a científicos nucleares, en cualquier territorio. Y sabemos que entran y salen de Irán, por ejemplo, como si fuera su casa. Ya sabíamos que habían secuestrado a Eichman en Argentina en el año 60 y lo habían llevado a Israel.

Hay infinidad de otros datos sobre la “excelencia” del Mosad y su estrategia de guerra sin reglas. Su presupuesto es de 3.000 millones de dólares al año, y no rinde cuentas ni ante el parlamento ni ante la justicia.

Entonces: ¿el genocidio en Gaza empezó porque las Fuerzas Armadas de Israel no fueron capaces de prever el ataque de Hamas? O fue algo planificado, instigado, sugerido -pongan la palabra que les guste- desde el gobierno de Israel, para hacer lo que ahora están haciendo.

Visto el resultado, está claro que era el sueño de Netanyahu, quien, no lo olvidemos, perdió a su hermano mayor en julio del 76, en una operación de rescate de un avión de Air France que había sido secuestrado por terroristas palestinos y llevado al aeropuerto de Entebbe en Uganda. El rescate fue un éxito para Israel y el único militar que murió fue el comandante de la unidad de asalto: Yonatan Netanyahu. Está claro que es urgente parar el genocidio en Gaza, pero el nivel de destrucción y muertes difícilmente podrá ser reparado. Y creo que está claro que el gobierno de Israel quería esto y para Netanyahu era y es una cuestión personal.

Yo no me olvido que alguna vez el sueño de Israel fue un país socialista, con kibutz como forma de vida colectiva.”Los kibutzim, el plural de kibutz en hebreo, son las comunas agrícolas israelíes que son un fenómeno único por ser un experimento socialista y de democracia radical que logró ser notablemente exitoso”, escribió hace poco la BBC.

Entre aquel sueño y esta realidad, se instaló definitivamente el sionismo como ideología excluyente en el gobierno de Israel.

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Opinión

Privatizar el agua: la negación de un derecho humano, por Foro Economía y Trabajo*

Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de la provisión del agua y de los servicios sanitarios, el gobierno de Javier Milei , mediante un nuevo e irregular decreto de necesidad y urgencia, acaba de ratificar su decisión de privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)1, buscando conseguir dólares para sostener un esquema económico insostenible.

Lamentablemente la Argentina ya transitó por ese camino y sus resultados no fueron buenos. Los datos sobre la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, realizada el 1° de mayo de 1993, en forma integral, mediante el procedimiento de adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria, muestran en forma clara el fracaso de la privatización.

La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que presentó una oferta predatoria, esto es, que sus números no cerraban para cumplir las exigencias contractuales.

La opción elegida por reducción tarifaria derivó en que la concesión fuera otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon, lo cual no tiene justificación económica. Entre los compromisos asumidos figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).

¿Qué hizo AASA, la empresa concesionaria? Se expandió hacia las zonas con usuarios de mayor poder adquisitivo (norte del AMBA)2, los que podían pagar las tarifas, postergando a los habitantes de zonas de bajos ingresos.

En materia tarifaria, se estableció que los precios debían permanecer estables durante los primeros 10 años y después de ese lapso sólo podrían disponerse reducciones en los valores vigentes. Sin embargo, la tarifa de un usuario residencial no medido tuvo un crecimiento entre mayo de 1993 y enero de 2002 del 82 % mientras que la inflación (IPC) en el mismo periodo fue del 7 %. La mayoría de las subas, que incluyeron nuevos cargos, fueron extra contractuales, autorizados por el ente regulador (ETOSS) y por la autoridad de aplicación, comandada por la Ingeniera María J. Alsogaray.

Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 % cuando la meta comprometida era del 88% y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 % frente a la previsión del 74% establecida en el contrato.

Tampoco AASA (Aguas Argentinas) cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el municipio de Berazategui. Fue AySA quien después se hizo cargo de la construcción que estuvo terminada en tres años e inaugurada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.

Los aumentos tarifarios extracontractuales y los incumplimientos de las metas de inversión permitieron la obtención de elevadas tasas de rentabilidad. AASA tuvo una rentabilidad promedio sobre facturación del 13 %, tasa que se eleva a más del 20 % en la relación utilidades/patrimonio neto, muy por encima de los promedios que caracterizan a servicios similares en países desarrollados.

Los incumplimientos contractuales mencionados a lo que se suman desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación de AySA en 2006.

Pero el fracaso privatizador no sólo abarcó el caso de AASA, ya que la privatización de los servicios públicos se había extendido hacia las provincias. Es así como a fines del 2001, casi el 60 % de la población del país era abastecido por empresas privadas. Del total de 15 empresas que fueron privatizadas 11 de ellas fueron re-estatizadas. Además de Aguas Argentinas, son los casos de Tucumán (1998), Buenos Aires (2002, las dos empresas que se habían fusionado en Aguas Bonaerenses S.A.), Formosa (2002), Santa Fe (2006), Catamarca (2008), La Rioja (2010), Mendoza (2010), Salta (2009) y Jujuy (2015).

En la actualidad, sólo quedan cuatro empresas de agua y saneamiento privatizadas: Aguas Cordobesas S. A., que abastece a la ciudad de Córdoba (sólo de agua ya que el servicio de saneamiento está a cargo del gobierno municipal); Aguas de Corrientes S. A., que abastece a la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia –esta fue la primera privatización del sector, en el año 1991-; Aguas de Santiago S. A., en la Provincia de Santiago del Estero; y Aguas de Misiones S. A. que abastece a las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones. Entre las 4 abastecen a menos de un 10% de la población del país.

EN EL PLANO INTERNACIONAL

La crisis del modelo privatizador y la tendencia a re-estatizar las empresas es un fenómeno que se ha ido extendiendo en el ámbito internacional y que se observa en países y ciudades sumamente dispares. Tanto en países desarrollados, donde el abastecimiento prácticamente se ha universalizado, es decir alcanza casi al 100% de la población, como en regiones periféricas donde aún existen grandes desigualdades en el acceso al agua y aún mayor en el saneamiento, el modelo privatizador y mercantil ha entrado en crisis y los gobiernos optan por volver a un modelo público del agua.

Este proceso comprende diferentes alternativas no sólo la re-estatización, sino también la conversión en empresas de carácter local, porque la provisión del agua tiene esta modalidad, o el establecimiento de empresas de tipo comunitario. Proceso que podríamos definir como un nuevo modelo de gestión pública, que se distancia tanto del modelo privatista como del viejo modelo estatal del siglo pasado.

En el caso de Gran Bretaña, que ha sido emblemática en la privatización de los servicios públicos, cabe resaltar que en Escocia nunca fueron privatizados los servicios de provisión de agua, que en Gales la empresa Aguas Galesas se transformó en una empresa de carácter comunitario, donde los cuestionamientos a los resultados de la privatización fueron un tema central en la campaña electoral para las últimas elecciones.

HACIA NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y GESTIÓN

Estos procesos que involucran el retorno activo del Estado en la prestación y gestión de diversos servicios públicos deberían conducir a reflexionar y debatir intensamente, porque la discusión actual va más allá de la propiedad estatal o privada, dado que se trata de afrontar nuevos desafíos y posibilidades de encontrar nuevas formas de gestión que convoquen a los diferentes actores.

Es que estos nuevos y renovados procesos deberían comprenden un cambio fundamental en la concepción de los servicios públicos y particularmente del agua y el saneamiento, pasando de la lógica mercantilista que caracterizó a los programas de privatización hacia servicios de carácter público y su reconocimiento como derecho humano. Y ello involucra:

a) la universalización eficaz del servicio, lo que necesita criterios adecuados para financiar la incorporación de aquellos que aún no están abastecidos y en casos de exploración privada la fijación de tarifas pagables;

b) la calidad del producto, agua segura, tratamiento de los residuos cloacales y prevención estricta de la descarga ilegal de otros desechos contaminantes;

c) organizar a la comunidad en nuevas formas de propiedad y gestión PÚBLICO SOCIAL NO RENTISTA que incluya la participación de usuarios, vecinos, trabajadores, y con estrictas condiciones, proveedores locales, que supere el ineficaz y mezquino esquema de la propiedad participada;

d) justas condiciones laborales;

e) claros y exigentes sistemas de control y de rendición de cuentas;

f) preservación de los acuíferos

El agua es un derecho humano, recurso estratégico vital e imprescindible para todas las formas de vida, la salud, el trabajo y la producción, la economía sustentable, y la justicia social. En el contexto actual, de guerra económica por los recursos naturales, formas depredadoras de explotación y comercialización, de cambio climático negativo es fundamental asumir una estrategia para la conservación de los acuíferos, y el acceso asequible al agua a toda nuestra población con intervención social y pública del estado.

EL DECRETO 494/25 y LA PRIVATIZACIÓN de AYSA DEBEN SER ANULADOS. Es el Congreso de la Nación el que debe legislar en cuanto a los servicios públicos.

* Foro Economía y Trabajo del que participan: Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, , Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva. Coordinación: Eduardo Berrozpe

El FORO ECONOMÍA Y TRABAJO está abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com

1 Lo hizo a través del DNU 494/25 y la Resolución N° 221 de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Milei y su ministro Luis Caputo pusieron en marcha la privatización total AYSA, mediante la venta del 90% del capital social en manos del Estado Nacional, disponiendo que el 51% del paquete accionario debe ser licitado para su adjudicación a un operador estratégico nacional o internacional, mientras que el remanente de acciones será vendido en bolsas y mercados del país. AYSA representa la empresa nacional prestadora del servicio de agua potable más importante del país, sirviendo al 25% de su población, cuyos objetivos centrales son garantizar el acceso al agua potable y saneamiento universal mediante el desarrollo de obras hídricas y de infraestructura, promoviendo el cuidado ambiental, preservando los recursos naturales. Bajo el pretexto del mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno de Milei abre la puerta a grupos económicos, transnacionales y otros estados, que pareciera ya están elegidos, como podría ser el caso de Mekorot (empresa estatal israelí), para que administren un recurso estratégico para el país, esencial para la vida humana y la producción. La privatización del servicio de agua potable implica subordinar su prestación a la lógica de la maximización del beneficio empresarial y no de su acceso universal, negando así un derecho humano esencial para la vida. En esta línea, en 2024 se redujeron en un 70% * respecto del año anterior, las obras públicas de cloacas, saneamiento y ampliación del servicio llevadas adelante por AYSA. Y ahora, con la modificación del régimen regulatorio estarán habilitados para interrumpir el servicio por completo debido a la mora en los pagos, en un contexto de liberalización de las tarifas, que implicó incrementos en las facturas por más del 300% el último año.

2 Área Metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

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