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Libertad para Pablo González, preso por informar. Por Alvaro Hilario desde el País Vasco
El pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la mayor parte de los 255 habitantes de Nabarniz recorrieron los 9 kilómetros que los separan de Gernika -la ciudad mártir, bombardeada por los nazis en 1937- para sumarse a la marcha en demanda de la libertad de su vecino Pablo González, periodista detenido en la ciudad polaca de Przemysl, cerca de la frontera con Ucrania, el 28 de febrero de 2022, cuando cubría la guerra entre Rusia y Ucrania para La Sexta, cadena de TV española, acusado por las autoridades de este estado de espiar para Rusia.
De hecho, días después, el 4 de marzo, Stanislav Zharin, coordinador de inteligencia del gobierno polaco, declaró que Pablo González había sido identificado como “un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia, estaba enfocado a la realización de actividades para Rusia, utilizando su estatus periodístico y, gracias a esto, podía moverse libremente por Europa y el mundo, incluso por zonas afectadas por conflictos armados y zonas de tensión”.
Desde entonces, Pablo se encuentra en prisión preventiva en régimen de casi total aislamiento, sin la asistencia letrada de su abogado de confianza, Gonzalo Boye, y sin que Polonia, haya presentado prueba que sustente las graves acusaciones en su contra.
Ohiana Goiriena, madre de los tres hijos de González, denunciaba en las páginas de “CNT” (febrero de 2023) que “´espionaje` es el tipo penal del que le acusan, pero no existe acusación formal ni concreta. Las pruebas que tienen salieron al principio, nada más arrestarlo. Dijeron que tenía dos pasaportes falsos, pero era mentira. Pablo tiene la doble nacionalidad rusa y española, y esas son sus dos identidades legales”.
Mentiras oficiales
Así, el 23 de mayo, en Valencia (España), en comparecencia ante los medios junto a sus colegas rumano y español, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Zbigniew Rau, señaló que el caso sigue sujeto a investigación y que la Fiscalía polaca ha recibido una orden judicial para que el periodista vasco continúe en prisión preventiva, añadiendo que “esperemos que sea sometido a juicio relativamente pronto”, remarcando que las acusaciones en su contra son “graves, muy graves”.
“Se está elaborando la acusación y los cargos y, cuando se prepare, más justo será el juicio”, dijo Rau. “Créanme, está en nuestro interés, de los gobiernos de España y Polonia, que nos aseguramos que este caso se cierre y concluya. Pero requiere que la acusación se prepare bien”.
A continuación, manifestó que los derechos de Pablo se respetan, cuenta con letrados polacos y españoles y recibe visitas del personal consular español.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, haciendo piña con su colega, afirmó que “sus derechos fundamentales, sobre todo el de defensa, están completamente garantizados” y no tiene “ningún impedimento de las autoridades polacas para recibir visitas”.
Sin embargo, hasta el pasado 21 de noviembre, el periodista no pudo tener el primer encuentro con la madre de sus hijos, Ohiana Goiriena y, como esta denuncia, su correspondencia esta intervenida: “Sabemos que sí que le llegan nuestras cartas, pero con entre dos y tres meses de retraso. Las abren, las leen y las censuran, y con las que él escribe ocurre lo mismo, porque nos llegan con un sello rojo pasadas por la censura”.
Por otro lado, ya desde su detención y a pesar de las gestiones de su círculo familiar y afectivo inmediato, se ha impedido que su abogado de confianza, Gonzalo Boye, se haga cargo del caso, pasando las primeras seis semanas sin asistencia legal. Así las cosas, en abril de 2022, el círculo de Pablo contrató un abogado que le asistió hasta octubre.
La prisión preventiva se ha ido renovando cada tres meses a petición de la Fiscalía, siempre sin atender a las alegaciones de la defensa, aduciendo que existe un alto riesgo de fuga y que en caso de estar en libertad podría obstaculizar la investigación; además, se enfrenta a una condena que es muy elevada y tienen la firme sospecha de que él es el culpable del delito.
El Gobierno español no actúa, no presiona diplomáticamente, aunque el ministro Albares diga lo contrario: “Al principio salieron sembrando la sospecha. Luego, Sánchez (presidente del Gobierno español) dijo que respetarían la legalidad polaca igual que él querría que se respetara la justicia española. El problema está en que la legalidad de Polonia no está por encima de la carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y no la están respetando”, denuncia Goiriena.
Armando la causa
Nada se sabe de las acusaciones que pesan sobre González (y que podrían acarrear una condena de 10 años de prisión) fuera de los genéricos cargos de “espionaje”. Pareciera que la Fiscalía polaca alargara sin fin los plazos de prisión preventiva mientras arma la causa en su contra. Veamos lo que, hasta la fecha, se ha podido conocer.
Semanas antes de su detención, el 4 de febrero de 2022, los servicios ucranianos detuvieron a Pablo: le interrogaron, le revisaron el pasaporte, le duplicaron las tarjetas de crédito y le instaron a abandonar el país al considerar que estaba informando del conflicto desde una perspectiva pro-rusa.
Así, se trasladó a la frontera polaca, a cubrir el drama de quienes huían de la guerra, momento en el que se produjo su detención. Polonia señaló que aprovechaba su condición de periodista para viajar a zonas de conflicto y que recibía ingresos de plata periódicamente desde Rusia.
“Pablo es nacido en Rusia. Es nieto de ´niños de la guerra` (refugiados de la guerra de España, 1936-39). Por otro lado, tras la separación, su madre se trasladó al País Vasco, de ahí que tenga doble nacionalidad y dos pasaportes”, relata a LA COLUMNA VERTEBRAL Mirari Isasi, reportera de Internacional de “Gara”, diario para el que González ha laburado con asiduidad. “Es irrisorio aducir como prueba que le llamen Pavel, cuando todo el mundo sabe que es Pablo en ruso”.
De hecho, la supuesta duplicidad de documentación alegada por Polonia no es tal, ya que una de las identidades de los pasaportes y tarjetas confiscadas es la de Pavel Rubtsov, pues este es el apellido de su padre, Aleksey quien, además, le envía parte de las ganancias que sus rentas en Rusia le generan. Fue a la edad de 9 años, a su llegada al País Vasco, cuando su madre procedió a cambiarle el primer apellido en el registro.
“Siempre ha estado muy interesado en los temas relacionados con el este de Europa, con el espacio post soviético: Caucaso, Ucrania … Por orígenes, idioma, ha tenido facilidad y acceso a estos lugares y a la información, amén de haber viajado con asiduidad tanto a Rusia como a Georgia o Ucrania desde antes ya de los sucesos del Maidan en 2014”, señala Mirari Isasi. “De hecho, la cobertura que hizo de aquellos sucesos y de la guerra del Dombás fue espectacular, gracias, en gran parte, a su dominio del idioma y su doble nacionalidad”.
De hecho, González, gran conocedor de la política ucraniana, es coautor del libro“Ucrania. De la Revolución de Maidan a la Guerra del Donbas” (Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2016), una de las primeras y más completas investigaciones que aparecieron en castellano sobre esos hechos.
Además de Ucrania, Pablo ha cubierto temas como Kosovo, Nagorno-Karabaj (donde trabajó desde la primera línea del frente), Transnistria, Crimea o la República Popular de Donetsk para medios como los diarios “Gara” y “Público”, cadenas de TV como La Sexta e, incluso, colaborar para la agencia EFE.
“Pablo es un profesional muy responsable y autor de un trabajo encomiable. Habrá, claro está, gente a la que, dependiendo de lo que escriba, le parecerá mejor o peor”, concluye Isasi.
Dado el cerco informativo respecto a esta guerra, quizás habría que buscar por acá las razones tanto del encarcelamiento del periodista vasco como de la cómplice inactividad del Gobierno español.
Duras condiciones de reclusión
Ciertas informaciones señalan que Pablo ha pasado a compartir celda con otros presos hace pocos días, una mejora considerable después de 15 meses de aislamiento. Ha estado incomunicado durante todo este tiempo, encerrado durante 23 horas al día en su celda, pasando la hora restante en un patio de siete por cuatro metros, algo imposible ahora debido a lo crudo del invierno polaco porque ni con toda la ropa que le es permitido tener puede hacer frente al mismo: hay que tener en cuenta que a la familia se le impide enviarle ropa térmica o complementos vitamínicos con los que subsanar la deficiente comida de la cárcel.
Además de la correspondencia intervenida, no puede hacer llamadas excepto a su abogado polaco y se sigue denegando la posibilidad de que sea visitado por su abogado de confianza. Como ya decíamos, hasta noviembre de 2022, no tuvo permiso para recibir ninguna visita, aunque el ministro Albares diga lo contrario.
Mientras tanto, a excepción de algunos medios catalanes y vascos, la profesión calla.
