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Libertad para Pablo González, preso por informar. Por Alvaro Hilario desde el País Vasco
El pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, la mayor parte de los 255 habitantes de Nabarniz recorrieron los 9 kilómetros que los separan de Gernika -la ciudad mártir, bombardeada por los nazis en 1937- para sumarse a la marcha en demanda de la libertad de su vecino Pablo González, periodista detenido en la ciudad polaca de Przemysl, cerca de la frontera con Ucrania, el 28 de febrero de 2022, cuando cubría la guerra entre Rusia y Ucrania para La Sexta, cadena de TV española, acusado por las autoridades de este estado de espiar para Rusia.
De hecho, días después, el 4 de marzo, Stanislav Zharin, coordinador de inteligencia del gobierno polaco, declaró que Pablo González había sido identificado como “un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia, estaba enfocado a la realización de actividades para Rusia, utilizando su estatus periodístico y, gracias a esto, podía moverse libremente por Europa y el mundo, incluso por zonas afectadas por conflictos armados y zonas de tensión”.
Desde entonces, Pablo se encuentra en prisión preventiva en régimen de casi total aislamiento, sin la asistencia letrada de su abogado de confianza, Gonzalo Boye, y sin que Polonia, haya presentado prueba que sustente las graves acusaciones en su contra.
Ohiana Goiriena, madre de los tres hijos de González, denunciaba en las páginas de “CNT” (febrero de 2023) que “´espionaje` es el tipo penal del que le acusan, pero no existe acusación formal ni concreta. Las pruebas que tienen salieron al principio, nada más arrestarlo. Dijeron que tenía dos pasaportes falsos, pero era mentira. Pablo tiene la doble nacionalidad rusa y española, y esas son sus dos identidades legales”.
Mentiras oficiales
Así, el 23 de mayo, en Valencia (España), en comparecencia ante los medios junto a sus colegas rumano y español, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Zbigniew Rau, señaló que el caso sigue sujeto a investigación y que la Fiscalía polaca ha recibido una orden judicial para que el periodista vasco continúe en prisión preventiva, añadiendo que “esperemos que sea sometido a juicio relativamente pronto”, remarcando que las acusaciones en su contra son “graves, muy graves”.
“Se está elaborando la acusación y los cargos y, cuando se prepare, más justo será el juicio”, dijo Rau. “Créanme, está en nuestro interés, de los gobiernos de España y Polonia, que nos aseguramos que este caso se cierre y concluya. Pero requiere que la acusación se prepare bien”.
A continuación, manifestó que los derechos de Pablo se respetan, cuenta con letrados polacos y españoles y recibe visitas del personal consular español.
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, haciendo piña con su colega, afirmó que “sus derechos fundamentales, sobre todo el de defensa, están completamente garantizados” y no tiene “ningún impedimento de las autoridades polacas para recibir visitas”.
Sin embargo, hasta el pasado 21 de noviembre, el periodista no pudo tener el primer encuentro con la madre de sus hijos, Ohiana Goiriena y, como esta denuncia, su correspondencia esta intervenida: “Sabemos que sí que le llegan nuestras cartas, pero con entre dos y tres meses de retraso. Las abren, las leen y las censuran, y con las que él escribe ocurre lo mismo, porque nos llegan con un sello rojo pasadas por la censura”.
Por otro lado, ya desde su detención y a pesar de las gestiones de su círculo familiar y afectivo inmediato, se ha impedido que su abogado de confianza, Gonzalo Boye, se haga cargo del caso, pasando las primeras seis semanas sin asistencia legal. Así las cosas, en abril de 2022, el círculo de Pablo contrató un abogado que le asistió hasta octubre.
La prisión preventiva se ha ido renovando cada tres meses a petición de la Fiscalía, siempre sin atender a las alegaciones de la defensa, aduciendo que existe un alto riesgo de fuga y que en caso de estar en libertad podría obstaculizar la investigación; además, se enfrenta a una condena que es muy elevada y tienen la firme sospecha de que él es el culpable del delito.
El Gobierno español no actúa, no presiona diplomáticamente, aunque el ministro Albares diga lo contrario: “Al principio salieron sembrando la sospecha. Luego, Sánchez (presidente del Gobierno español) dijo que respetarían la legalidad polaca igual que él querría que se respetara la justicia española. El problema está en que la legalidad de Polonia no está por encima de la carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, y no la están respetando”, denuncia Goiriena.
Armando la causa
Nada se sabe de las acusaciones que pesan sobre González (y que podrían acarrear una condena de 10 años de prisión) fuera de los genéricos cargos de “espionaje”. Pareciera que la Fiscalía polaca alargara sin fin los plazos de prisión preventiva mientras arma la causa en su contra. Veamos lo que, hasta la fecha, se ha podido conocer.
Semanas antes de su detención, el 4 de febrero de 2022, los servicios ucranianos detuvieron a Pablo: le interrogaron, le revisaron el pasaporte, le duplicaron las tarjetas de crédito y le instaron a abandonar el país al considerar que estaba informando del conflicto desde una perspectiva pro-rusa.
Así, se trasladó a la frontera polaca, a cubrir el drama de quienes huían de la guerra, momento en el que se produjo su detención. Polonia señaló que aprovechaba su condición de periodista para viajar a zonas de conflicto y que recibía ingresos de plata periódicamente desde Rusia.
“Pablo es nacido en Rusia. Es nieto de ´niños de la guerra` (refugiados de la guerra de España, 1936-39). Por otro lado, tras la separación, su madre se trasladó al País Vasco, de ahí que tenga doble nacionalidad y dos pasaportes”, relata a LA COLUMNA VERTEBRAL Mirari Isasi, reportera de Internacional de “Gara”, diario para el que González ha laburado con asiduidad. “Es irrisorio aducir como prueba que le llamen Pavel, cuando todo el mundo sabe que es Pablo en ruso”.
De hecho, la supuesta duplicidad de documentación alegada por Polonia no es tal, ya que una de las identidades de los pasaportes y tarjetas confiscadas es la de Pavel Rubtsov, pues este es el apellido de su padre, Aleksey quien, además, le envía parte de las ganancias que sus rentas en Rusia le generan. Fue a la edad de 9 años, a su llegada al País Vasco, cuando su madre procedió a cambiarle el primer apellido en el registro.
“Siempre ha estado muy interesado en los temas relacionados con el este de Europa, con el espacio post soviético: Caucaso, Ucrania … Por orígenes, idioma, ha tenido facilidad y acceso a estos lugares y a la información, amén de haber viajado con asiduidad tanto a Rusia como a Georgia o Ucrania desde antes ya de los sucesos del Maidan en 2014”, señala Mirari Isasi. “De hecho, la cobertura que hizo de aquellos sucesos y de la guerra del Dombás fue espectacular, gracias, en gran parte, a su dominio del idioma y su doble nacionalidad”.
De hecho, González, gran conocedor de la política ucraniana, es coautor del libro“Ucrania. De la Revolución de Maidan a la Guerra del Donbas” (Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2016), una de las primeras y más completas investigaciones que aparecieron en castellano sobre esos hechos.
Además de Ucrania, Pablo ha cubierto temas como Kosovo, Nagorno-Karabaj (donde trabajó desde la primera línea del frente), Transnistria, Crimea o la República Popular de Donetsk para medios como los diarios “Gara” y “Público”, cadenas de TV como La Sexta e, incluso, colaborar para la agencia EFE.
“Pablo es un profesional muy responsable y autor de un trabajo encomiable. Habrá, claro está, gente a la que, dependiendo de lo que escriba, le parecerá mejor o peor”, concluye Isasi.
Dado el cerco informativo respecto a esta guerra, quizás habría que buscar por acá las razones tanto del encarcelamiento del periodista vasco como de la cómplice inactividad del Gobierno español.
Duras condiciones de reclusión
Ciertas informaciones señalan que Pablo ha pasado a compartir celda con otros presos hace pocos días, una mejora considerable después de 15 meses de aislamiento. Ha estado incomunicado durante todo este tiempo, encerrado durante 23 horas al día en su celda, pasando la hora restante en un patio de siete por cuatro metros, algo imposible ahora debido a lo crudo del invierno polaco porque ni con toda la ropa que le es permitido tener puede hacer frente al mismo: hay que tener en cuenta que a la familia se le impide enviarle ropa térmica o complementos vitamínicos con los que subsanar la deficiente comida de la cárcel.
Además de la correspondencia intervenida, no puede hacer llamadas excepto a su abogado polaco y se sigue denegando la posibilidad de que sea visitado por su abogado de confianza. Como ya decíamos, hasta noviembre de 2022, no tuvo permiso para recibir ninguna visita, aunque el ministro Albares diga lo contrario.
Mientras tanto, a excepción de algunos medios catalanes y vascos, la profesión calla.
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Massa frente a 200.000 trabajadores: “Viene un tiempo de Unidad Nacional”
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Gerardo Morales, en campaña, arremete contra sindicatos y pueblos originarios
Mientras en la ciudad de Buenos Aires continúa el acampe frente a Tribunales de miembros del Tercer Malón de la Paz que llegaron el 1° de agosto a la Capital para reclamar la derogación de la nueva constitución provincial propuesta por Gerardo Morales que pone en riesgo la posesión de sus tierras, y tres de ellos están cumpliendo una huelga de hambre desde hace más de diez días encadenados a las rejas del Congreso a la espera de ser atendidos por diputados y sendores, en Jujuy continúa la persecusión judicial contra manifestantes y sindicalistas, tal como denuncia el SEOM, sindicato de obreros municipales.
La Justicia Penal Provincial reabrió esta semana una causa contra 11 dirigentes del S.E.O.M. de Jujuy que ya había prescripto después de seis años en los que nadie movió el expediente y por lo tanto caducó. En plena campaña electoral, Gerardo Morales decidió desarchivarla a pesar de haberse cumplido el plazo fijado por la ley para su continuidad.
Pero la embestida no se quedó ahí. La Justicia Contravencional de Jujuy citó a una audiencia de juicio oral para este viernes 29 de septiembre a la tarde, a Santiago Seillant, Secretario Adjunto del S.E.O.M. Jujuy al cual acusan de haber impedido “el paso a ambulancias, vehículos policiales o de bomberos que lleven señales lumínicas y sirenas encendidas.” (Art. 90 del Código Contravencional) y por el supuesto delito de “tomar parte en reuniones públicas tumultuarias o provocaren tumultos en reuniones públicas, autorizadas o no” (Art. 112 del mismo Código), imputaciones que se le formulan por haber participado de las manifestaciones del 20 de junio pasado donde una masiva convocatoria popular rechazó la Reforma Constitucional por ser violatoria de la Constitución Nacional y por no tener consenso social. Por la presente causa, el dirigente mencionado, puede recibir penas complementarias de privación de la libertad, multas millonarias y trabajos comunitarios.
En un comunicado del sindicato difundido en el día de ayer, sostienen que “el código contravencional de Jujuy es un mamarracho legal” que tiene como único objetivo la judicialización de la protesta social.
“El Código Contravencional de la provincia es inconstitucional por arrogarse la facultad de legislar en materia penal que sólo corresponde al Congreso Nacional, porque así lo determina la Constitución Nacional vigente. Asimismo, varios de sus artículos atentan contra derechos constitucionales como el de reunión, libre expresión y petición ante las autoridades, asimismo, en los hechos prohíben la protesta social. Por ello es ilegal y es inconstitucional.
Asimismo, en Jujuy sucede algo que está prohibido por la Constitución y los Tratados Internacionales a los que la República Argentina está adherida y debe respetar, que es que el Estado no puede juzgar ni condenar dos veces un mismo hecho o conducta, dado que esto viola un principio legal histórico del Derecho, que funciona como una garantía de los ciudadanos frente al Estado. En Jujuy, gracias al Código Contravencional, un mismo hecho o conducta es juzgado y penado tanto por la vía contravencional como por la vía penal, este mamarracho jurídico está habilitado por la misma Constitucional Provincial reformada, que permite la doble sanción estatal frente a una única conducta o hecho. Se usan las mismas pruebas para juzgarte dos veces y condenarte con dos sanciones que son complementarias.“, sostiene el sindicato de municipales que participó activamente, junto a docentes y trabajadores de la salud en las movilizaciones contra la reforma que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Morales en junio de este año.
Si no hay respuesta, se profundizarán las medidas en todo el país
La resistencia al nuevo ataque a la protesta social en Jujuy crece día a día. Néstor Jeréz, uno de los integrantes del Malón de la Paz encadenado al Congreso declaró a la agencia Telam:”Hace nueve días que iniciamos la huelga de hambre encadenados al Congreso Nacional. Somos tres integrantes del Tercer Malón de la Paz y sólo tomamos agua”, cacique del pueblo Ocloya, Jeréz afirmó que “el cuerpo ya pasa factura, se siente el debilitamiento y el mareo” a nueve días de iniciada la huelga de hambre.
Los manifestantes recibieron el apoyo de diversas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento La Dignidad, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Movimiento Barrios de Pie, que marcharon para solidarizarse con ellos. También fueron recibidos por el presidente Alberto Fernández el mes pasado pero todavía no se destrabó el conflicto.
Fuentes consultadas por LCV advirtieron: “Responsabilizamos por la salud y la vida de las y los hermanos que mantienen la medida, a los legisladores que todavía no se expidieron. Si no hay respuesta se profundizaran las medidas en todo el país.“
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Increíble: Biden en huelga
Con un gorro visera de la UAW (United Auto Workers) y megáfono en mano, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participó del mitín de los trabajadores de la industria automotríz en huelga desde hace veinte días en las principales fábricas del país: Ford, General Motors y Stellantis. El sindicato mantiene un plan de lucha en reclamo de aumento de sueldos, mejores condiciones laborales y más días de descanso.
“Las empresas tenían problemas, ahora les va increíblemente bien. Y, ¿adivinen qué? A ustedes también debería irles increíblemente bien”, exclamó el presidente quien se solidarizó publicamente con la clase trabajadora de Michigan. El lugar elegido para su discurso fue el centro de distribución de General Motors, uno de los puntos principales de la huelga que se ha extendido a múltiples estados.
Biden puso énfasis en la importancia de los sindicatos para la economía del país al afirmar: “Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país, y los sindicatos construyeron la clase media”. Sin medias tintas, agregó: “se merecen el significativo aumento salarial que necesitan”, mientras los trabajadores coreaban “¡Sin acuerdo no hay ruedas!”,“¡Sin pago no hay autopartes!”.
Por su parte, el presidente del UAW, Shawn Fain, calificó como un hecho ‘histórico’ el aval del presidente de la república y agradeció su presencia en el piquete obrero. El gremialista acusó a las grandes corporaciones de seguir sumando beneficios y dejar a los trabajadores “peleando por sobras”.
Ya en la campaña presidencial de 2020, Biden se había declarado a favor de la acción sindical apoyando los paros de trabajadores en Las Vegas y en la industria automotriz en Kansas City. Este martes, en vistas de la elecciones del año próximo, se presentó sorpresivamente en la huelga automotriz.
Con este gesto, Biden se le adelantó en un día a Donald Trump quien tenía previsto participar de una asamblea frente a los obreros de la industria automotriz en huelga pero el UAW se desvinculó de la organización del evento.
Los guionistas de Hollywood llegan a un acuerdo y levantan la huelga.
El resurgimiento de la actividad sindical en Estados Unidos tuvo impacto internacional por la huelga iniciada por actores y guionistas de Hollywood. Después de 146 días de conflicto, los guionistas festejaron el acuerdo firmado con las corporaciones y levantaron el paro que estaba haciendo temblar a las grandes plataformas.
Más allá de un aumento salarial del 18%, el pago por residuales y bonificaciones en el caso de series o películas realizadas para las plataformas, los guionistas de Hollywood han logrado limitar el uso de la inteligencia artificial generativa. Según el acuerdo firmado que tendrá vigencia por tres años, no se podrá utilizar la tecnología para escribir o reescribir material literario, ni tampoco utilizarse como fuente. ¿Esto qué significa? Que los estudios no podrán aprovechar herramientas como ChatGPT o Bard para crear historias que luego los escritores deban transformar en un guion.
