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España ¿y ahora qué?, por Alvaro Hilario

El domingo 28 de mayo, la ciudadanía fue llamada a las urnas para renovar los gobiernos municipales de todo el Estado español y de doce de las diecisiete comunidades autónomas (equivalentes a las provincias argentinas), devolviendo a la derecha española gran parte del poder perdido en los últimos años: el derechista Partido Popular (PP), arrebató al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al menos seis de las diez comunidades autónomas que este gobernaba y las ciudades más importantes.
El PP pasó de 5.154.728 (22,62%) votos en 2019 a 7.054.887 (31,53%), subida de votos que se explica casi al completo por el trasvase de votos desde Ciudadanos (Cs), partido que perdió casi 1.700.000 sufragios, desapareciendo del mapa político español al no conseguir representación política ni en las capitales de provincia ni en los parlamentos regionales. El resto del ascenso habría que atribuirlo a la capacidad del PP de atraer a la bolsa de indecisos próximos a su ideario, ya que sus votantes venían movilizados de hacía tiempo.
La extrema derecha, Vox, escisión del propio PP y con quien gobierna en coalición en la comunidad de Castilla y León, también cosechó buenos resultados, pasando de 812.000 a 1.608.401 (7,19%) votos, convirtiéndose en la llave de la gobernabilidad en varias municipalidades y comunidades, como Valencia y Extremadura.
El socialismo aguanta y la abstención sube
El socialismo perdió cerca de 400.000 papeletas, aguantando el tipo pese al desgaste que la gestión de gobierno -tanto a nivel estatal, regional como local- y a la agresiva campaña desarrollada por la derecha. Pero sus aliados por izquierda, -Podemos, en especial- cayeron con tanto estrépito como Cs, impidiendo la reedición de los pactos de carácter progresista que venían gobernando las instituciones, ahora perdidas, desde hace 8 años.
Un caso llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde socialistas y Más Madrid mantuvieron sus votos y el PP, a pesar de perder votos y 3 puntos respecto a 2019, consiguió 6 bancas más y la mayoría absoluta.
La explicación hay que buscarla en el incremento de la abstención: más de 100.000 votantes de Podemos y 75.000 de Cs se quedaron en casa.
La abstención se situó en el 36,09% (12.8 millones de personas), 7 puntos arriba de la registrada hace cuatro años
Volveremos, más adelante, a Madrid, por lo que de paradigmáticas tienen las políticas de su presidenta, Isabel Díez Ayuso, dentro del PP, como se vio a lo largo de la campaña electoral.
A nivel de todo el Estado español, en las municipales, elecciones celebradas en todo el territorio, la abstención se situó en el 36,09% (12,8 millones de personas), 7 puntos por encima a la registrada hace cuatro años, situando la participación electoral del día 28 de mayo como la tercera más baja desde la instauración del actual régimen de monarquía parlamentaria hace 45 años.
La abstención se da en las zonas (regiones, municipalidades, barrios) con menos rentas, las zonas más difíciles de movilizar, zonas susceptibles de votar a una izquierda que ya venía desmovilizada de por sí.
Algunas claves
Hasta aquí, los datos. Veamos ahora algunas claves que nos ayuden a entender el ascenso de la “derecha extrema” y la “extrema derecha”, como hace escasas fechas las definió el presidente Sánchez, el desplome del espectro a la izquierda del socialismo y el adelanto de la convocatoria de las elecciones generales.
Como decíamos, el PP funcionaba en clave electoral desde que Alberto Núñez Feijóo abandonara la presidencia del Gobierno gallego, que ocupaba desde 2009, para dirigir el PP en 2022. Sustituía a Pablo Casado, perdedor en una interna frente a la, desde 2019, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, política con gran poder dentro de su partido y con mayor protagonismo mediático que el propio Feijóo.
Si en algún lugar ha sido visible la crisis de Podemos, ha sido en Madrid, donde quedó sin representación; allá donde nació
Con las elecciones generales de 2023 como objetivo, la estrategia política y electoral del PP, animada por Ayuso, ha tenido un claro carácter trumpista basado en la simplificación extrema del debate y la agenda, por un lado, y en la propagación de bulos, por el otro; estrategia efectiva para movilizar al electorado de derechas. Así se explica que en unas elecciones locales, donde las personas, los rostros, el día a día, la gestión y los proyectos acostumbran a tener peso en la decisión del electorado (y las mayorías de progreso podían presumir de buena gestión), los temas que han dominado la campaña hayan sido la presencia de condenados por actos de terrorismo en las listas de partidos independentistas y las acusaciones de fraude electoral, pucherazo, vertidas por contra el socialismo, acusaciones sin prueba que vuelven a repetirse. Ayuso es una especialista en convertir cualquier tema en una cuestión personal entre ella y Sánchez o en un mal atribuible a Sánchez, desde la sequía a la guerra en Ucrania, pasando por el pactar con terroristas y entregar el país a ETA (desaparecida hace años).
Al hilo de estas acusaciones, el 6 de junio, entrevistado en una emisora de radio madrileña, el periodista quiso saber si suscribía las graves acusaciones de fraude electoral lanzadas por la presidenta madrileña; Feijóo esquivó una y otra vez la respuesta para, al final, señalar que “hay que interpretar las cosas en su contexto y a lo que se quiere trasladar”, calificándolo poco menos de una ocurrencia copiada a la prensa.
Faltan 48 horas para que expire el plazo para registrar coaliciones electorales. A Podemos y Yolanda Díaz, les quedan dos días para cerrar un acuerdo
En Madrid, ciudad y comunidad, PP y Vox, han experimentado un fuerte retroceso electoral. Las bajadas de impuestos, tan del gusto del PP, los severos recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, transporte), la conflictividad social contestados por el siempre impertinente populismo de Ayuso han hecho mella en sus apoyos, pero, aun así, consiguió su objetivo de gobernar en solitario, sin el apoyo de la extrema derecha.
Si en algún lugar del Estado ha sido visible la crisis de Podemos, ha sido Madrid, donde quedó sin representación; allá donde nació. Diferencias personales y políticas ya dividieron el partido hace años, dando lugar a la aparición de Más Madrid, igualada en representación con PSOE. 100.000 papeletas de Podemos quedaron en casa. Tampoco fueron a Más Madrid. Hay desengaño con un proyecto concreto.
Señalo este dato porque en el momento de redactar esta nota, apenas faltan 48 horas para que expire el plazo para registrar coaliciones electorales; en otras palabras, a Podemos y Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, líder del movimiento Sumar, les quedan dos días para cerrar un acuerdo. En estos momentos, los sondeos de opinión señalan que, con ese acuerdo cerrado, las matemáticas electorales permitirían a Sánchez repetir la mayoría sobre la que, hoy, se apoya su Gobierno en el Congreso de los Diputados, “mayoría de progreso” de la que también forman parte partidos políticos nacionalistas e independentistas de la periferia peninsular, de izquierda y derecha. En caso de concurrir por solitario, el PP podría gobernar con el apoyo de Vox.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, nombrada como su sucesora y lideresa de la izquierda por Pablo Iglesias, se postuló hace meses a encabezar un “proyecto de país” donde ella fuera la primera mujer presidenta de Gobierno. En todo este tiempo, ha recorrido la Península, entrevistándose con personas, colectivos y fuerzas políticas, dando forma a una coalición que se presentó en público el pasado 31 de mayo. Así como a sus antiguos compañeros de Podemos la experiencia de gobierno no les ha dado rédito alguno, Díaz apoya su imagen pública en su gestión al frente del ministerio, gestión que vende como efectiva, profesional, exitosa y muy positiva para las clases populares.
Si bien no se conoce el proyecto de país, tiene a su favor la confluencia con agrupaciones de fuerte implantación territorial en zonas significativas en lo electoral a nivel de todo el Estado, como Cataluña o Valencia, agrupaciones antaño compañeras de viaje de Podemos.
En las comunidades gobernadas por el PP, como Valencia o Madrid, hubo un sistemático desmantelamiento del sector público, en áreas como sanidad y educación
Sánchez adelantó seis meses las elecciones. Evitaba seis meses de acoso trumpista; obliga al PP a pactar con Vox en, al menos, Valencia y Extremadura, antes del 23 de julio; y por la fuerza de los hechos obligaría a pactar a Sumar y Podemos que, aun dando esa imagen, recabarían los suficientes votos como para salvarlo.
No es este el momento, ni yo soy la persona, para hablar de la situación de la izquierda, cuadro en que faltan las ya señaladas fuerzas independentistas de izquierda que como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu (EHB), fueron importantes apoyos de Sánchez durante la legislatura.
¿Qué hay en juego?
Convengamos en que cuando hablamos de “mayoría de progreso” estamos utilizando su propia jerga, la jerga de la democracia liberal, del Gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios.
Si hablamos de Defensa, Relaciones Exteriores, el rol de España en la UE, la OTAN, matriz económica, subordinación al capital financiero transnacional y demás lindezas del occidente libre, no hay diferencias entre un gobierno dirigido por la derecha o el progresismo. Si no, que pregunten en Podemos cuántos sapos tuvieron que tragar con el tema de Ucrania y el envío de armas, por ejemplo.
En España no se puede decir que el fascismo volvió: nunca se fue
Las diferencias más apreciables entre un bloque y otro, son el respeto o desmantelamiento de los servicios públicos y el ámbito de lo ideológico. En las comunidades gobernadas durante años por el PP, como Valencia o Madrid, se procedió al sistemático desmantelamiento del sector público en sectores tan sensibles como sanidad y educación, algo que quedó de manifiesto durante la pandemia y va en consonancia con sus políticas populistas de bajadas de impuestos y sus ligazones con el sector privado de ambos rubros, principal beneficiado del desmantelamiento. Obvio, lazos sentimentales acostumbran a unirlos a empresas de estos sectores.
Ayer, 6 de junio, Feijóo, reacio, de momento a aceptar debates cara a cara con Sánchez, a lo Trump, ya anunció todo lo que iba a hacer en caso de llegar a la presidencia del Gobierno: Derogar el Sanchismo. Ningún anuncio fue en positivo: de momento, derogará la ley Trans, la de Memoria democrática … Hará desaparecer el Ministerio de Igualdad …
Transición y continuismo
En España, no se puede decir que el fascismo volviera: nunca se fue. Tras la muerte del dictador, se impuso un blanqueo del estado franquista, de sus instituciones, de su sociedad civil, con sus correspondientes leyes de punto final. Nadie pagó por nada. Incluso los responsables del genocidio demoraron 40 años en ser removidos de sus mausoleos.
Vox, nutrido de ñoquis del PP, entre otros, es más de los mismo, pero sin complejo alguno
La violencia de la transición no fueron los estertores del régimen, de los nostálgicos: era el plomo del estado mismo, creando una nueva opción de terror ante la opinión pública para que esta descartara, de una vez por todas, aquella otra de la ruptura democrática. El anarquismo reunió más de 100.000 personas en su primer acto público y en Portugal se construía la Revolución. Plomo. Y los partidos de orden.
El mismo PP fue fundado por ex ministros del dictador Franco. De hecho, se niegan a condenar el golpe de estado de 17 de julio de 1936.
Vox, nutrido de ñoquis del PP, entre otros, es más de lo mismo, pero sin complejo alguno. Son el complemento perfecto para, mediante pequeños medios de comunicación o redes, instalar debates que el progresismo acaba haciendo propios en sus agendas. No hay más que ver las políticas de inmigración que dominan en la UE, compartidas por socialdemócratas, conservadores y extrema derecha: 23 muertos en la frontera de Melilla, con el ministro Marlaska, del PSOE, juez ajeno a las torturas; Rishi Sunak y sus deportaciones de inmigrantes ilegales a Africa; el Mediterráneo; Hungria y Polonia, su doble rasero… Meloni.

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“Sin archivos no hay derechos”: la advertencia de Andrés Pak Linares ante el vaciamiento de la memoria estatal

El archivista y presidente de AFPA (Archivistas de la Función Pública Argentina) Andrés Pak Linares, advierte sobre los riesgos que corren los archivos públicos en un contexto de desfinanciamiento, desmantelamiento institucional y políticas que apelan a la desmemoria. Desde el Archivo General de la Nación hasta los organismos más pequeños del país, Pak Linares plantea que sin una política estatal sólida en materia archivística no solo se pierde historia: también se atenta contra la eficiencia del Estado y, sobre todo, contra el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En diálogo con LCV, insiste en la necesidad de una política de archivos que trascienda gobiernos y coyunturas ideológicas, tal como sucede en otros países de la región.
LCV: ¿Cuáles son los riesgos que corren los archivos? Sobre todo en este momento, con este tipo de gobierno que apela a la destrucción y la desmemoria.
Andrés Pak Linares: “Bueno, nosotros desde AFPA , advertimos en un comunicado en abril de 2023 que todo estaba en peligro. Tristemente se fue cumpliendo esta visión que nosotros teníamos. Y lo vemos —para decirlo de una forma que se entienda, digamos— detrás de cada institución que se cierra o detrás de cada programa que se descontinúa, hay un archivo. Hay un archivo que recoge los documentos que dan cuenta de lo que hizo ese feminismo, de lo que hizo ese programa, ese funcionario”.
LCV: Ese funcionario también, por supuesto.
Andrés Pak Linares: “Claro, porque los archivos son los lugares donde se puso la documentación que refleja el accionar de las instituciones. Hay una trazabilidad de la historia que indica en qué gobiernos se cuidó más la memoria, en cuáles se cuidó más la cuestión archivística, se le dio visibilidad, se le dio formación a la gente.”
LCV: Recuerdo, desde que tengo uso de razón —y sobre todo desde que soy periodista— haber ingresado, y salvo los de la Biblioteca Mariano Moreno y algunos otros que son buenos en sí mismos, pero recuerdo el ingente trabajo de los archivistas para protegerlos del polvo, de los ácaros, de un montón de situaciones en donde uno dice: “Pará, eh, esto sin ir a otras cosas, como por ejemplo los fílmicos y los discos, que vos recordarás en la época del presidente Menem, por ejemplo, los archivos de Radio Nacional se tiraron todos a los containers de basura”.
Andrés Pak Linares: “No es fácil ponernos a hacer cuentas de lo que se ganó y lo que se perdió en los últimos años —a decir, no sé, 40 años—, hay muchos hitos, ¿no? Pero yo empezaría por acá: lo que nosotros planteamos desde AFPA es que lo que falta es una política estatal en materia de archivos. Política estatal, no gubernamental. Después podemos encontrar en los distintos gobiernos algunas acciones positivas, algunas negativas. Querríamos trascender eso a favor de la discusión por una política estatal, que es la responsabilidad estatal de la memoria. Y más que de la memoria, yo diría de archivos. Tenemos otra discusión. Las políticas de memoria útiles, buenas, que nosotros acompañamos y demás, tienen una correlación con las políticas de archivo. Si yo quiero una política de memoria eficiente, necesito una política de archivos eficiente. En ese sentido, y para nombrar hitos venturosos, entre el 2010 y el 2020 funcionó un programa de capacitación por el que pasaron más de 3000 agentes, más de 100 organismos públicos. Discontinuado. En los 90s, por ejemplo —para hablar de distintos gobiernos— durante el proceso de privatizaciones, y por el denodado esfuerzo de trabajadoras y trabajadores del Archivo General de la Nación y de otros archivos, bueno, el Archivo General de la Nación duplicó su patrimonio. Rescatando fondos de organismos privatizados.
LCV: ¿Cuáles serían las deudas de la democracia con la política de archivos?
Andrés Pak Linares: Lo que no tenemos del 83 para acá —para hablar de las deudas- es una actualización normativa, un reconocimiento de la profesión. Reconocimiento que tiene que, además de ver sueldos, verse en estructuras, verse en funcionalidad de los archivos. Entonces, más allá de señalar si este gobierno hizo esto, este gobierno hizo lo otro… nosotros vemos que hay una línea, por así decir, que no termina de instalar una política sólida.
LCV: ¿Cómo ves la política actual en ese sentido?
Estamos viviendo un denodado ataque a toda la estatalidad o a todas las —digamos— funcionalidades estatales, ¿no? Y en ese sentido no hay mucho para destruir. Está todo en peligro. Hay un peligro total, en todos los estamentos.”
LCV: Hay mucho para hablar, te digo, hay mucho para hablar y muy poco tiempo, porque yo te voy a pedir que en un minuto me definas la importancia que tiene —en un país— para su crecimiento intelectual, histórico, político y social, el tener los archivos y poder acceder a ese pasado nuestro que yo entiendo siempre enseña. Bien, en un minuto nada más.
Andrés Pak Linares: “Perfecto. Lo que nosotros planteamos —y esto quizás lo explique bien— es que los archivos tienen una triple función social. Una, la de preservar documentos que puedan oficiar de fuentes para el conocimiento del pasado. Otra, para la eficiencia administrativa. Y acá ya empezamos a abrir el juego: si yo quiero un Estado eficiente, más allá de la ideología o más allá de la dirección política que le dé, necesito archivos adecuados. Y una tercera, que dejo para el final y no es la menos importante: los archivos son el soporte documental para el ejercicio de derechos individuales y colectivos”.
LCV: “Totalmente”.
Andrés Pak Linares: “Entonces, si yo no implemento una política de archivo o directamente ataco la funcionalidad o servicios de archivos, estoy atacando directa o indirectamente —pero más directa que indirectamente— la posibilidad del ejercicio de derechos individuales y colectivos. Para poner un ejemplo de países vecinos: Brasil, hasta hace poco, tenía una política estatal en materia de archivos. Cambiaban los gobiernos —se iba Collor de Mello, venía Lula—, el director del Archivo Nacional de Brasil era el mismo. La CONARC, el Consejo Nacional de Archivo, era el mismo, seguía funcionando. A eso llamamos política estatal.
LCV: “Exactamente”.
Andrés Pak Linares: “Que trascienda las coyunturas. Que trasciendan las coyunturas y las ideologías”.
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Raúl Godoy, trabajador de la fábrica recuperada Zanon: “Nos están asfixiando”.

En un país donde las estadísticas borran a quienes resisten por fuera del mercado, el trabajador y dirigente ceramista, ex diputado del Frente de Izquierda, Raúl Godoy, levanta la voz desde el corazón de una experiencia que desafía las reglas del capitalismo hace casi 25 años. Zanon, la fábrica de cerámicos de Neuquén gestionada por sus trabajadores desde 2001, enfrenta hoy un escenario crítico: tarifas impagables, falta de crédito, desindustrialización y un Estado que nunca apostó por las gestiones obreras.
El viernes 13 de junio a las 17:30 hs en el Auditorio de ATE Nacional “Héctor Quagliaro”, ubicado en Moreno 2654, CABA, convocan a una reunión de solidaridad. En defensa de las gestiones obreras de Neuquén: Zanon, Ceramica Neuquen y Stefani de Cutral Co.
“El gobierno provincial con el uso de las fuerzas represivas: corto la luz y el gas a las cooperativas en plenos fríos. Paralizando asi toda la producción por lo tanto el sustento de cientos de familias. En la provincia de Vaca Muerta que provee energía a un tercio del país cortan los servicios a cooperativas de trabajo. Los trabajadores con un amplio apoyo de la comunidad vienen realizando manifestaciones en Neuquen, pero necesitan hacer visible esta situación a nivel nacional”, explicaron en un comunicado.
De paso por Buenos Aires para impulsar esa reunión de solidaridad y visibilización, Godoy analiza el presente de la cooperativa, recuerda el rol de los gobiernos que prometieron y no cumplieron, y apunta contra un modelo económico que prioriza a las multinacionales mientras deja caer a quienes producen sin patrón. “Lo que es verdaderamente utópico —advierte— es pensar que se puede sostener una cooperativa en medio de este capitalismo destructivo.”
LCV: ¿Dónde estás vos en este momento?
Raúl Godoy: Ahora, en estos momentos estoy en Buenos Aires. Estamos organizando una reunión para este viernes. Fue el pedido de los compañeros, se discutió en asamblea, para poder hacer visible nuestra lucha. Como bien decías al inicio, desde Neuquén siempre hay mucho silencio. Estamos en la Patagonia, lejos del centro político, por lo tanto, para hacer visible una lucha hay que venir hasta Buenos Aires. Entonces, bueno, acá preparando el terreno para poder hacer esta reunión de solidaridad y poder votar un plan de acción.
LCV: Contanos cuál es la situación que están viviendo en este momento en Neuquén.
Raúl Godoy: Claro. Las gestiones obreras, Zanon principalmente, pero después también Cerámica Neuquén, Stefani, y todos, somos parte de la lucha del 2001 en la Argentina, de ese momento donde surgieron y se multiplicaron las asambleas barriales, las ocupaciones de fábricas, gestiones obreras, cooperativas, etc. La gente se recordará lugares emblemáticos como el Bahuen, como Brukman. Fueron más de 250 fábricas y empresas que fueron ocupadas y puestas a producir frente al abandono de la patronal. Frente al cierre masivo de lugares de trabajo, mucha gente ocupó esos lugares y los puso a funcionar. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Zanon, que venimos hace muchos años, ¿no? Ya el año que viene cumplimos 25 años, desde que se ocupó la fábrica y se puso a producir.
Bueno, estos años han sido de resistencia, de mucho trabajo. Al inicio, cuando empezó nuestro trabajo, tuvimos un momento donde las maquinarias estaban en buenas condiciones, veníamos con un cierto empuje, y logramos que las fábricas funcionaran, que ingresaran más compañeros y compañeras desocupadas a trabajar. Construimos una escuela, construimos un centro de salud, trabajamos muchísimo con la comunidad. Ahora, con el pasar de los años, los ajustes, una política peor que la otra, nos fueron asfixiando. No nos dieron jamás un acceso a crédito para renovar maquinaria. Entonces es como tener un taxi con un Ford Line, con un Torino, digamos. Es muy difícil seguir manteniendo una producción con fábricas que tienen más de 30 años de antigüedad. Han pasado los gobiernos, nunca accedimos, y ahora nos están apretando con los cuadros tarifarios. Con la política de Milei, de darle prioridad a las empresas multinacionales, nos vinieron a apretar. Y bueno, la parte más delgada de una economía son las cooperativas. No tienen espalda.
LCV: Respecto de la energía, escuchaba algo que tenía que ver con que si en la zona fría, que son ustedes, claro, tienen más de un medidor, significa que un medidor lo están usando de lujo. ¿No es posible que una cooperativa tenga dos medidores?
Raúl Godoy: Mirá, es incluso más complejo. Con las privatizaciones de los 90, que hizo el gobierno de Menem, quedó un desastre. Tenés una empresa que es la transportadora de gas, que es Camuzzi, una multinacional francesa que tiene el monopolio del transporte de gas. Pero además, tenés que contratar otra empresa que sea la proveedora. Ahí tenés una multitud de empresas, una peor que la otra, que especulan, la mayoría son multinacionales. En un momento tenía YPF la concesión, nos daba el gas, pero se retiró por zonas. Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, la boleta de gas es de 30 millones de pesos por mes.
LCV: ¿Y lo que gastás en sueldos para una cooperativa?
Raúl Godoy: Tenemos un sueldo básico, porque depende de la venta. En realidad, todos los primeros años de Zanon, los primeros 15 años, te diría, estábamos por encima, lejos, de lo que es el convenio ceramista en general. Siempre pudimos acceder, mientras la cooperativa funcionaba bien, a buenos sueldos. Cuando se empezó a deteriorar la economía, los sueldos los votamos en asamblea.
LCV: Entiendo. Pero lo que quería era que mi oyente entienda: 30 millones en gasto de gas y sueldos de cuánto.
Raúl Godoy: Estamos entre 300 y 400 mil pesos.
LCV: Me lo contabas de tal manera que pensé que me ibas a decir dos millones y medio. 400 mil pesos es una jubilación mínima.
Raúl Godoy: Exactamente. Por ahí si tenés una venta mayor se mejora y si no, no. No es estable. Al haberse caído tanto la producción y la economía en la cooperativa, se cobra lo que se puede. No todos los meses es igual.
LCV: En algún momento, ¿Zanon exportó?
Raúl Godoy: Sí, Zanón llegó a exportar, pero con mucho obstáculo. Hay mucha competencia. Había otras empresas que importaban directamente cerámicos más baratos, de menor calidad, y teníamos que competir. Las cooperativas, para nosotros, en última instancia, son lugares de resistencia. Mantenemos las fábricas abiertas. Pero debería ser un lugar de crecimiento, no de resistencia. Pero en un mercado capitalista absolutamente destructivo, no te dejan jamás.
De hecho, ningún gobierno nos permitió tener acceso a crédito para renovar maquinaria. Desde 2001 para acá, ninguno. Este gobierno menos. Este viene a liquidarte. Los anteriores te ponían un respirador. Este te lo quita y dice: “Si soportás, bien”.
Mirá, siempre cuento la anécdota: muchos estudiantes iban a Zanón a solidarizarse, estudiantes de economía, ingenieros. Uno de ellos era Axel Kicillof. Después llegó a ser ministro de Economía. Nunca pudimos acceder a un crédito, ni siquiera con él. Le vimos las caras a todos. Soluciones, a ninguno.
LCV: Le estoy preguntando esto a toda persona que fabrica algo. Con las importaciones abiertas, sin control, también se han abierto los controles de calidad y salubridad. ¿La cerámica tiene ese problema?
Raúl Godoy: Totalmente. Por ejemplo, Zanón fue la primera fábrica en Latinoamérica en fabricar porcelanato pulido. Con las importaciones empezaron a traer porcelanato chino, malísimo.
LCV: ¡Es el que se quiebra!
Raúl Godoy: Exactamente. Me alegra que lo digas vos, porque si lo digo yo parece parte interesada. Pero es verdad. Traían cerámicos malos, más baratos. La gente, con necesidad, compraba cualquier cosa. Imaginate planes de vivienda o empresas que hacen edificios: ponían lo más barato.
LCV: En los planes de vivienda del peronismo, las casas de obreros eran de materiales de calidad. Hoy el Estado te pone material barato. También hay una mirada política en eso.
Raúl Godoy: Sí, hay una decadencia generalizada. En Neuquén, que tiene mucha renta petrolera, ya no hay planes de vivienda. O están terciarizados. Nosotros planteamos que se estatizara la fábrica y, con control estatal, dedicar nuestra producción a viviendas. El gobierno proveía materia prima, maquinaria. Nosotros laburábamos. Gestión obrera. Ese fue el proyecto. No llegamos. Nadie quiso.
LCV: Nadie. Ni los más peronistas, ni los más socialistas.
Raúl Godoy: Logramos la cooperativa, sostuvimos el equipo, la fábrica abierta, trabajamos con la comunidad. Pero ese proyecto más amplio no se concretó.
LCV: Del 2001 al 2005 hubo una especie de “moda Zanon”. ¿Qué opinás de esos enamoramientos fugaces de la cultura “woke” que luego los abandonan?
Raúl Godoy: Yo creo que el título sería: No me arrepiento de este amor. Lo que hicimos en Zanon fue impresionante. Hasta 2009, cuando llegó la crisis de Lehman Brothers, tuvimos un golpe fuerte. Se encareció la energía, tuvimos que apagar un horno.
LCV: ¿Quién era el ministro de Economía?
Raúl Godoy: No me acuerdo. Pero fue un golpe. Afectó a toda la economía. Pero lo importante es que Zanon fue una gran prueba de cómo los trabajadores podemos gestionar. Se creó una escuela, se trabajó con pueblos originarios. Acá, siempre que hay crisis, los patrones dicen “cierro”. Pero ahora saben que los trabajadores pueden ocupar la fábrica. Eso quedó. Eso está en la conciencia de miles. Y también en la de los patrones.
Hay una empresa, Madigraf, que era de un fondo buitre. Amenazaban con cerrar. Los compañeros grabaron un video con un fantasma que decía “Zanon” en el pecho. Terminó siendo cierto. Ocupada y puesta a producir. Hoy es cooperativa. Produce en el parque industrial de Pilar. Frente a Ford, con 5.000 obreros.
LCV: El tiempo está a favor de los pequeños.
Raúl Godoy: Esperemos. Ninguna lucha fue en vano. Lo que sí es utópico es tener una cooperativa y pensar que, en este capitalismo destructivo, vamos a prosperar. Eso sí es utópico. Pero pensar en un país cooperativo, más grande, es lo único que nos puede salvar de esta barbarie.
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“El peor momento del periodismo argentino en democracia”: Inés Hayes denuncia persecución, censura y violencia estatal

En el marco del Día del Periodista, Inés Hayes —periodista, escritora y editora de La Columna Vertebral— conversó con LCV sobre el informe que elaboraron para visibilizar la grave situación que atraviesa el periodismo en Argentina. En una entrevista cruda y comprometida, Hayes advierte que “en 40 años de democracia, nunca hubo un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”. Denuncias de represión, estigmatización, uso de trolls oficiales, precarización laboral y una creciente violencia contra la prensa atraviesan su análisis. La entrevista también subraya la necesidad de sindicalización, unidad gremial y solidaridad para enfrentar un contexto que pone en riesgo no solo a los y las periodistas, sino a la democracia misma.
LCV: “¿Qué es lo que han presentado para este Día del Periodista?”
Inés Hayes: “Bueno, hicimos un informe sobre la situación actual del periodismo, eh, y decíamos que en 40 años de democracia nunca había habido un ataque tan directo de un gobierno hacia quienes ejercemos esta tarea”.
LCV: “En ese sentido, ¿podemos ser más concretas? ¿Cuáles son todas las excepcionalidades que hacen que este sea el peor momento de la historia del periodismo argentino?”
Inés Hayes: “Sí. Mirá, por un lado, nunca se ha reprimido tanto y tan directamente a la prensa. Bueno, sabemos que Pablo Grillo estuvo en riesgo su vida, el fotoperiodista que estaba en el Congreso, como bueno, como van todos los fotorreporteros y los periodistas los miércoles a cubrir las movilizaciones de los jubilados y las jubiladas, que lo único que hacen es exigir salarios que les permitan vivir después de haber trabajado toda la vida. Esa es una de las excepcionalidades: la represión tan directa. Y después, la estigmatización a periodistas de todos los arcos ideológicos, desde Ari de El Destape, hasta Alconadamón, hasta Pani. Eso es una excepcionalidad. O sea, yo eso sí lo veo como una excepcionalidad: el tema de tomarse la molestia —que a veces se judicializa y otras simplemente se tira en las redes para la cancelación y el escarnio— el nombre de un periodista, y le dicen a él… bueno, digo, lo de Grillo es una tremenda desgracia que creíamos erradicada en el tiempo. Pero yo no puedo dejar de olvidarme en el Día del Periodista, eh, digo, de José Luis Cabezas, quien no la pudo contar y que también fue víctima de una agresión desde el costado político de nuestro país, digamos, con matices impresionantes y encima con su gente en libertad. Digo, los periodistas argentinos tenemos una larga matriz, una larga historia, quizás desde Moreno que lo tiraron al agua en adelante, de intentos de hacernos callar o de hacernos morigerar lo que pensamos. Últimamente, el insulto, “ensobrados” o “mandriles”, o no sé, todo ese tipo de cosas… y la utilización de las redes creo que es lo que potencia en modo exponencial esta situación. Porque cualquier anónimo hijo de vecino, que está en su casa sin tener nada que hacer, mañana decide que vos o yo somos sujetos de odio para ser.
LCV: “¿Qué rol le das a las redes, al anonimato de las redes, a la ejecución de esta persecución de odio?”
Inés Hayes: “Sí. Eh… creo que otra excepcionalidad es esa, ¿no? Es cómo el gobierno usa las redes. El periodista mismo ataca desde X como si fuera un ciudadano común y no el presidente, que llama a odiarnos, como vos decías. Y tiene todo un ejército de trolls manejando las redes también, eh, no haciendo periodismo, sino propaganda”.
LCV: “Que me parece que también está bueno diferenciar el periodismo de la propaganda”.
Inés Hayes: “Absolutamente. Y no tienen supuestamente presupuesto para aumentar las jubilaciones mínimas, pero sí tienen presupuesto para tener un ejército de trolls odiadores de los y las periodistas”.
LCV: “Sí, eso es muy impresionante”.
Inés Hayes: “Si vos te metés en inteligencia artificial y preguntás causas y consecuencias de las agresiones contra periodistas, inteligencia artificial te devuelve una respuesta muy interesante que dice que la primera consecuencia de las agresiones a los periodistas es el impacto negativo en la libertad de prensa, la difusión de información y, con esto, se decreta la muerte a la democracia”.
LCV: “La inteligencia artificial la tiene clara. ¿Vos creés que nuestra clase política la tiene clara?”
Inés Hayes: “Bueno, una de las cuestiones que marcamos en el informe es justamente pedirle al Poder Ejecutivo que cese con las agresiones, al Poder Judicial que investigue y que dé curso, por ejemplo, a quien le disparó a Pablo Grillo —o sea, que se haga responsable y pase lo que tenga que pasar con esta persona. Que nos cuiden también las fuerzas, que las fuerzas de seguridad del Estado no están para pegarnos ni pegarles a los jubilados, sino para supuestamente cuidar a la ciudadanía. Bueno, que cumplan con su deber. Y a las empresas periodísticas también, que nos protejan cuando vamos a cubrir estas movilizaciones, que nos den los elementos necesarios: casco”.
LCV: “Bueno, parece que vamos a una guerra. Es tristísimo, pero vamos a cumplir con el deber de informar, ¿no?”
Inés Hayes: “Y además te hago un paréntesis en el medio. Aquellos medios como el mío, como el nuestro, como el que tenemos con el equipo de La Columna Vertebral, que no tenemos ninguna posibilidad de tener cascos, chaleco antibalas, y un montón de situaciones que vemos a los compañeros de los medios grandes que van previstos… Nada. Somos la captura fácil de los grillos de la vida. Grillo también era un “frilo”, un freelance. Así que este pedido incluye a los compañeros que están en los medios más, digamos, importantes. Los medios como los nuestros, que son importantes en lo que dicen, pero que tienen recursos escasos, no tienen manera de ofrecer esa protección. Bueno, el tema sería, en la medida de lo posible, sindicalizarse, porque los sindicatos también están tratando de dar respuestas a los que vamos a cubrir en la calle, no solo las empresas periodísticas, ¿no? Y a las empresas también les pedimos que paguen salarios que estén acorde a lo que sale vivir. Porque no pueden pagar 500.000 pesos —diarios conocidos como Página 12 o Perfil“.
LCV: “¿500.000 pesos por mes?”
Inés Hayes: “Por mes, sí, claro. Digo, por 8 horas diarias, 500.000 pesos por mes”.
LCV: “Disculpame, ¿qué es lo que el sindicato provee? ¿Proveen chalecos? ¿Proveen cascos?”
Inés Hayes: “Sí, están proveyendo ahora cascos y elementos de cuidado para ir a las movilizaciones, porque nosotros estamos todos sindicalizados en SiPreBA”.
LCV: “No teníamos esa información”.
Inés Hayes: “Ah, salió hace poquito. Salió la información por correo”.
LCV: “¿Cómo nos encuentra a los periodistas? ¿Nos encuentra unidos? ¿Nos encuentra temerosos? ¿Hay periodistas y hay propagandistas? ¿Cómo es el panorama que me podés mostrar?”
Inés Hayes: “Por lo que nosotros estuvimos viendo cuando hicimos el informe, y los videos que circularon en las redes nuestras, hay una unidad frente a este peligro de la libertad de expresión. O sea, el riesgo que está corriendo la libertad de expresión, y por ende la democracia. Hay una unidad porque es transversal, como decíamos al principio. Y además hay una unidad de las organizaciones: estuvo COPEA, SiPreBA, la directora de la carrera de comunicación de la UBA… Estamos todos juntos y juntas en esta lucha por visibilizar lo que está pasando con el periodismo. Y también lo que queremos decir es que el periodismo garantiza la democracia, el estado de derecho. Y que cuando se persigue al periodismo, también se persigue al estado de derecho y a la democracia”.
LCV:” Obviamente. ¿Cómo creés que lo toma la gente, quien nos escucha, quien nos consume? ¿Se da cuenta? ¿Hay un ida y vuelta?”
Inés Hayes: “Piensan que es un tema de tribu, de sector. Y eso es lo que nosotras tratamos de romper con este informe. Por un lado, decir que somos todas trabajadoras. Por otro lado, que estamos sufriendo el ajuste como toda la sociedad. Y por otro lado, ponerlo sobre la mesa para que no solo lo debatamos quienes trabajamos en comunicación, sino toda la sociedad. Porque lo que decimos nosotras es que el derecho a la información y a la comunicación es de toda la sociedad, no solo de quienes ejercen el periodismo o ejercemos el periodismo. Yo supongo que gracias a programas como el tuyo, que lo está visibilizando, y otros, de a poquito puede llegar a ser un tema de debate común y no de nicho”.


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