El domingo 28 de mayo, la ciudadanía fue llamada a las urnas para renovar los gobiernos municipales de todo el Estado español y de doce de las diecisiete comunidades autónomas (equivalentes a las provincias argentinas), devolviendo a la derecha española gran parte del poder perdido en los últimos años: el derechista Partido Popular (PP), arrebató al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al menos seis de las diez comunidades autónomas que este gobernaba y las ciudades más importantes.

El PP pasó de 5.154.728 (22,62%) votos en 2019 a 7.054.887 (31,53%), subida de votos que se explica casi al completo por el trasvase de votos desde Ciudadanos (Cs), partido que perdió casi 1.700.000 sufragios, desapareciendo del mapa político español al no conseguir representación política ni en las capitales de provincia ni en los parlamentos regionales. El resto del ascenso habría que atribuirlo a la capacidad del PP de atraer a la bolsa de indecisos próximos a su ideario, ya que sus votantes venían movilizados de hacía tiempo.

La extrema derecha, Vox, escisión del propio PP y con quien gobierna en coalición en la comunidad de Castilla y León, también cosechó buenos resultados, pasando de 812.000 a 1.608.401 (7,19%) votos, convirtiéndose en la llave de la gobernabilidad en varias municipalidades y comunidades, como Valencia y Extremadura.

El socialismo aguanta y la abstención sube

El socialismo perdió cerca de 400.000 papeletas, aguantando el tipo pese al desgaste que la gestión de gobierno -tanto a nivel estatal, regional como local- y a la agresiva campaña desarrollada por la derecha. Pero sus aliados por izquierda, -Podemos, en especial- cayeron con tanto estrépito como Cs, impidiendo la reedición de los pactos de carácter progresista que venían gobernando las instituciones, ahora perdidas, desde hace 8 años.

Un caso llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde socialistas y Más Madrid mantuvieron sus votos y el PP, a pesar de perder votos y 3 puntos respecto a 2019, consiguió 6 bancas más y la mayoría absoluta.

La explicación hay que buscarla en el incremento de la abstención: más de 100.000 votantes de Podemos y 75.000 de Cs se quedaron en casa.

La abstención se situó en el 36,09% (12.8 millones de personas), 7 puntos arriba de la registrada hace cuatro años

Volveremos, más adelante, a Madrid, por lo que de paradigmáticas tienen las políticas de su presidenta, Isabel Díez Ayuso, dentro del PP, como se vio a lo largo de la campaña electoral.

A nivel de todo el Estado español, en las municipales, elecciones celebradas en todo el territorio, la abstención se situó en el 36,09% (12,8 millones de personas), 7 puntos por encima a la registrada hace cuatro años, situando la participación electoral del día 28 de mayo como la tercera más baja desde la instauración del actual régimen de monarquía parlamentaria hace 45 años.

La abstención se da en las zonas (regiones, municipalidades, barrios) con menos rentas, las zonas más difíciles de movilizar, zonas susceptibles de votar a una izquierda que ya venía desmovilizada de por sí.

Algunas claves

Hasta aquí, los datos. Veamos ahora algunas claves que nos ayuden a entender el ascenso de la “derecha extrema” y la “extrema derecha”, como hace escasas fechas las definió el presidente Sánchez, el desplome del espectro a la izquierda del socialismo y el adelanto de la convocatoria de las elecciones generales.

Como decíamos, el PP funcionaba en clave electoral desde que Alberto Núñez Feijóo abandonara la presidencia del Gobierno gallego, que ocupaba desde 2009, para dirigir el PP en 2022. Sustituía a Pablo Casado, perdedor en una interna frente a la, desde 2019, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, política con gran poder dentro de su partido y con mayor protagonismo mediático que el propio Feijóo.

Si en algún lugar ha sido visible la crisis de Podemos, ha sido en Madrid, donde quedó sin representación; allá donde nació

Con las elecciones generales de 2023 como objetivo, la estrategia política y electoral del PP, animada por Ayuso, ha tenido un claro carácter trumpista basado en la simplificación extrema del debate y la agenda, por un lado, y en la propagación de bulos, por el otro; estrategia efectiva para movilizar al electorado de derechas. Así se explica que en unas elecciones locales, donde las personas, los rostros, el día a día, la gestión y los proyectos acostumbran a tener peso en la decisión del electorado (y las mayorías de progreso podían presumir de buena gestión), los temas que han dominado la campaña hayan sido la presencia de condenados por actos de terrorismo en las listas de partidos independentistas y las acusaciones de fraude electoral, pucherazo, vertidas por contra el socialismo, acusaciones sin prueba que vuelven a repetirse. Ayuso es una especialista en convertir cualquier tema en una cuestión personal entre ella y Sánchez o en un mal atribuible a Sánchez, desde la sequía a la guerra en Ucrania, pasando por el pactar con terroristas y entregar el país a ETA (desaparecida hace años).

Al hilo de estas acusaciones, el 6 de junio, entrevistado en una emisora de radio madrileña, el periodista quiso saber si suscribía las graves acusaciones de fraude electoral lanzadas por la presidenta madrileña; Feijóo esquivó una y otra vez la respuesta para, al final, señalar que “hay que interpretar las cosas en su contexto y a lo que se quiere trasladar”, calificándolo poco menos de una ocurrencia copiada a la prensa.

Faltan 48 horas para que expire el plazo para registrar coaliciones electorales. A Podemos y Yolanda Díaz, les quedan dos días para cerrar un acuerdo

En Madrid, ciudad y comunidad, PP y Vox, han experimentado un fuerte retroceso electoral. Las bajadas de impuestos, tan del gusto del PP, los severos recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, transporte), la conflictividad social contestados por el siempre impertinente populismo de Ayuso han hecho mella en sus apoyos, pero, aun así, consiguió su objetivo de gobernar en solitario, sin el apoyo de la extrema derecha.

Si en algún lugar del Estado ha sido visible la crisis de Podemos, ha sido Madrid, donde quedó sin representación; allá donde nació. Diferencias personales y políticas ya dividieron el partido hace años, dando lugar a la aparición de Más Madrid, igualada en representación con PSOE. 100.000 papeletas de Podemos quedaron en casa. Tampoco fueron a Más Madrid. Hay desengaño con un proyecto concreto.

Señalo este dato porque en el momento de redactar esta nota, apenas faltan 48 horas para que expire el plazo para registrar coaliciones electorales; en otras palabras, a Podemos y Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, líder del movimiento Sumar, les quedan dos días para cerrar un acuerdo. En estos momentos, los sondeos de opinión señalan que, con ese acuerdo cerrado, las matemáticas electorales permitirían a Sánchez repetir la mayoría sobre la que, hoy, se apoya su Gobierno en el Congreso de los Diputados, “mayoría de progreso” de la que también forman parte partidos políticos nacionalistas e independentistas de la periferia peninsular, de izquierda y derecha. En caso de concurrir por solitario, el PP podría gobernar con el apoyo de Vox.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, nombrada como su sucesora y lideresa de la izquierda por Pablo Iglesias, se postuló hace meses a encabezar un “proyecto de país” donde ella fuera la primera mujer presidenta de Gobierno. En todo este tiempo, ha recorrido la Península, entrevistándose con personas, colectivos y fuerzas políticas, dando forma a una coalición que se presentó en público el pasado 31 de mayo. Así como a sus antiguos compañeros de Podemos la experiencia de gobierno no les ha dado rédito alguno, Díaz apoya su imagen pública en su gestión al frente del ministerio, gestión que vende como efectiva, profesional, exitosa y muy positiva para las clases populares.

Si bien no se conoce el proyecto de país, tiene a su favor la confluencia con agrupaciones de fuerte implantación territorial en zonas significativas en lo electoral a nivel de todo el Estado, como Cataluña o Valencia, agrupaciones antaño compañeras de viaje de Podemos.

En las comunidades gobernadas por el PP, como Valencia o Madrid, hubo un sistemático desmantelamiento del sector público, en áreas como sanidad y educación

Sánchez adelantó seis meses las elecciones. Evitaba seis meses de acoso trumpista; obliga al PP a pactar con Vox en, al menos, Valencia y Extremadura, antes del 23 de julio; y por la fuerza de los hechos obligaría a pactar a Sumar y Podemos que, aun dando esa imagen, recabarían los suficientes votos como para salvarlo.

No es este el momento, ni yo soy la persona, para hablar de la situación de la izquierda, cuadro en que faltan las ya señaladas fuerzas independentistas de izquierda que como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Euskal Herria Bildu (EHB), fueron importantes apoyos de Sánchez durante la legislatura.

¿Qué hay en juego?

Convengamos en que cuando hablamos de “mayoría de progreso” estamos utilizando su propia jerga, la jerga de la democracia liberal, del Gobierno de coalición y sus apoyos parlamentarios.

Si hablamos de Defensa, Relaciones Exteriores, el rol de España en la UE, la OTAN, matriz económica, subordinación al capital financiero transnacional y demás lindezas del occidente libre, no hay diferencias entre un gobierno dirigido por la derecha o el progresismo. Si no, que pregunten en Podemos cuántos sapos tuvieron que tragar con el tema de Ucrania y el envío de armas, por ejemplo.

En España no se puede decir que el fascismo volvió: nunca se fue

Las diferencias más apreciables entre un bloque y otro, son el respeto o desmantelamiento de los servicios públicos y el ámbito de lo ideológico. En las comunidades gobernadas durante años por el PP, como Valencia o Madrid, se procedió al sistemático desmantelamiento del sector público en sectores tan sensibles como sanidad y educación, algo que quedó de manifiesto durante la pandemia y va en consonancia con sus políticas populistas de bajadas de impuestos y sus ligazones con el sector privado de ambos rubros, principal beneficiado del desmantelamiento. Obvio, lazos sentimentales acostumbran a unirlos a empresas de estos sectores.

Ayer, 6 de junio, Feijóo, reacio, de momento a aceptar debates cara a cara con Sánchez, a lo Trump, ya anunció todo lo que iba a hacer en caso de llegar a la presidencia del Gobierno: Derogar el Sanchismo. Ningún anuncio fue en positivo: de momento, derogará la ley Trans, la de Memoria democrática … Hará desaparecer el Ministerio de Igualdad …

Transición y continuismo

En España, no se puede decir que el fascismo volviera: nunca se fue. Tras la muerte del dictador, se impuso un blanqueo del estado franquista, de sus instituciones, de su sociedad civil, con sus correspondientes leyes de punto final. Nadie pagó por nada. Incluso los responsables del genocidio demoraron 40 años en ser removidos de sus mausoleos.

Vox, nutrido de ñoquis del PP, entre otros, es más de los mismo, pero sin complejo alguno

La violencia de la transición no fueron los estertores del régimen, de los nostálgicos: era el plomo del estado mismo, creando una nueva opción de terror ante la opinión pública para que esta descartara, de una vez por todas, aquella otra de la ruptura democrática. El anarquismo reunió más de 100.000 personas en su primer acto público y en Portugal se construía la Revolución. Plomo. Y los partidos de orden.

El mismo PP fue fundado por ex ministros del dictador Franco. De hecho, se niegan a condenar el golpe de estado de 17 de julio de 1936.

Vox, nutrido de ñoquis del PP, entre otros, es más de lo mismo, pero sin complejo alguno. Son el complemento perfecto para, mediante pequeños medios de comunicación o redes, instalar debates que el progresismo acaba haciendo propios en sus agendas. No hay más que ver las políticas de inmigración que dominan en la UE, compartidas por socialdemócratas, conservadores y extrema derecha: 23 muertos en la frontera de Melilla, con el ministro Marlaska, del PSOE, juez ajeno a las torturas; Rishi Sunak y sus deportaciones de inmigrantes ilegales a Africa; el Mediterráneo; Hungria y Polonia, su doble rasero… Meloni.