Entrevistas
Daniel Arroyo: “Falta comida en los comedores, hay que decretar la Emergencia Alimentaria”
Luego de las jornadas de largas colas frente al Ministerio pidiendo comida para los comedores populares, LCV entrevistó al ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien estuvo a cargo de varios planes de contención social. Se mostró procupado por la situación de los comedores y el hambre en la infancia, consideró que hay que decretar la Emergencia Alimentaria, y encontrar una solución para las familias endeudadas con tasas de interés de usureros que llegan al 500%: “Se preocupan por blanquear las deudas de los que se llevan millones afuera pero nadie le presta atención al vecino que tiene que pedir 30 o 40 o 100 mil pesos para sobrevivir”

LCV: ¿Qué sentís al ver que herramientas como el Potenciar Trabajo, creadas para contener a los sectores más vulnerables, están siendo destrozadas?
—Mucha preocupación. Lo peor es la situación de los comedores. Está faltando comida y los que no llegan a fin de mes solo encuentran fideos, harina, polenta; hay poca leche, carne, frutas y verduras. Respecto al plan Potenciar Trabajo, que son 1.200.000 personas, más allá de lo que se puede mejorar en cuanto al vínculo con el trabajo y la capacitación, el problema es que quedó congelado el monto en 78 mil pesos. Si ya era muy poquito eso en noviembre, en marzo de este año va a ser nada. Entonces la verdad que se está licuando. Yo creo que el Gobierno tiene que desarrollar una malla de contención social, un conjunto de políticas que la pueda hacer de una manera o de otra, que a uno le puede gustar más o menos, pero tiene que desarrollar una malla de contención social rápidamente.
LCV: Fuimos a cubrir la cola en el Ministerio de Desarrollo Humano. Una señora que se llama Jazmín Saravia, que estaba en la puerta decía “tenemos que rotar las familias porque no nos alcanza para todos”. Vos implementaste en julio del 2020 el Renacom, que era el Registro Nacional de Comedores y Merenderos, que para tener una geolocalización de todo esto ¿Eso está vigente? ¿Creció mucho desde aquel momento hasta ahora? ¿Cómo es la situación y qué pensás de lo que decía Jazmín?
—Hoy, hay 10 mil comedores en Argentina. Para ser claro, en términos generales, hay 10.000 comedores y tenemos casi 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. Estoy juntando acá de los chicos que comen en las escuelas, más la tarjeta alimentar, más las personas que van a los comedores y a los merenderos. Lo que decía la señora es exactamente así. Hace tiempo que viene complicado. Lo que pasa es que en los últimos días pegó un salto muy grande el precio de los alimentos, es decir, el pan a 2 mil, la leche 800, o como decía la propia señora, el arroz a 2 mil pesos. Entonces, lo que está pasando hoy es que hay mala nutrición, o sea, se está comiendo como antes decía, fideos, harina, arroz, polenta, se está complicando la situación y ahí hay un problema grave. Que la gente grande comamos mal es un problema relativo porque ya tenemos la estructura ósea desarrollada al igual que nuestro intelecto, pero que un niño o una niña coma mal es brutal porque no desarrolla el peso y talla que podría desarrollar, no desarrolla la capacidad intelectual, no puede prestar atención en la escuela y reproduce la pobreza. Entonces, me parece que es urgente atender el tema del inventario. Es difícil para el Gobierno y entiendo que es así porque es difícil para el Estado comprar alimentos, porque hoy nadie vende, porque no hay precio, pero hay que generar mecanismos o a través de la tarjeta, o a través de parte de la asistencia alimentaria o decretando la emergencia alimentaria.
LCV: ¿Cuántos años hace que vivimos en emergencia alimentaria?
—Varios años. De hecho, cuando yo era diputado de la oposición, cuando gobernaba Macri, hice la Ley de Emergencia Alimentaria para ayudar. La emergencia alimentaria lo que le permite es acelerar los circuitos administrativos para comprar alimentos y la verdad que estamos en un problema serio hoy, es evidente que eso hace falta. Está muy difícil la situación. Yo creo que hay tres problemas acá que hay que darle solución rápido. El primero es que tienen que llegar los alimentos a los comedores. El segundo es el tema de la escuela, arrancan las clases ahora en 20 días y lo que es la ayuda escolar que da el Estado está presupuestada en 17 mil pesos. Hoy un guardapolvo para un chico de primaria son 31 mil pesos, para un nene de jardín 14 mil. Con lo cual, lo segundo que tiene que hacer el gobierno es aumentar la ayuda escolar. Más allá de si a uno le gusta el gobierno o no y todos los debates ideológicos, yo estoy lejísimo de la mirada del Gobierno, pero le planteé un proyecto para aumentar la ayuda escolar así por lo menos los chicos arrancan con una mochila, con un cuaderno, con un conjunto de útiles, una cartuchera, las zapatillas y el guardapolvo. Lo tercero que yo veo y que a mi me preocupa mucho es el endeudamiento de la familia, que realmente como la plata no alcanza, la gente se endeuda y hoy se endeuda al 500% de interés anual. Hoy la persona está tomando crédito en la financiera de la esquina, a la vuelta, en cualquier lado al 500% y paga varias veces la deuda que tiene. Entonces, así como se habla de blanqueo, de blanqueo de capitales, de blanqueo de los que tienen dólares afuera bajo el colchón, hay que ayudar a blanquear que debe 30, 50, 100 mil pesos, que lo sacó para comer, que lo sacó para comprar guardapolvos a los chicos, que en realidad lo pagó varias veces ya. Entonces yo iría por eso. Alimento para los comedores, aumentó de la ayuda escolar y desendeudar a la familia, por lo menos para poner una base.
LCV: ¿No debería estar el control del Estado en eso en lugar de estar controlando las otras tonterías a las que quiere controlar?
—Absolutamente. Lula hizo un programa que es que el brasileño que debe 100 reales, no puede pagar más de 200. Se le puso un tope. Yo hice un proyecto de ley con lo mismo. Es decir, uno no puede pagar más del 100%. O sea, es una locura. Si ya la pagó 20 veces. El que sacó 30 mil cuando devuelve 60 mil ya está. No puede vivir toda la vida devolviendo, devolviendo y pagando y pagando y endeudado permanentemente. Ese tipo de cosas son las que hay que encarar. Yo trato de tener una mirada doble, una de una mirada crítica y así lo expreso en el Congreso respecto del Gobierno, la orientación. Creo que es un experimento absurdo lo que está haciendo el Gobierno, quitando el Estado del todo y haciendo el mercado de lo bestia. Pero dos, trato de que alguna cosa pase, el tema escolar, el tema del endeudamiento, el tema de la comida en los comedores. Espero que eso sea posible porque la verdad está muy, muy difícil la situación. Hay mucha gente que la pasa mal, mal, mal en serio.
LCV: ¿Vos crees realmente que existe la mínima posibilidad de diálogo?
—Primero, yo creo que hay que insistir con el diálogo, básicamente. Tengo la peor opinión del Gobierno y la orientación que hace el Gobierno, pero realmente me parece que acá hay que atender lo básico de lo básico.
LCV: Ustedes manifestaron su repudio por el tema de los ataques a la gente en la calle y a los periodistas.
—Sí, yo estuve en la calle de hecho. Nosotros salimos de la sesión y fuimos a la calle el jueves. Era una cosa brutal. La pelea era por si avanzaban media cuadra hacia la mitad de la cuadra o no. Esa era toda la discusión. Toda la gente que estaba reclamando y manifestándose estaba en contra de la ley, claramente, estaban arriba de la plazoleta, avanzaban, entraban, corrían. Una locura. Gas pimienta, las motos dando vuelta a los bastonazos. Una cosa absurda. Una represión brutal. No se puede aplicar el protocolo a como dé lugar. El debate finalmente era media cuadra, esa era toda la discusión.
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“Despiden a los que se organizaron”: conflicto en LustraMax y denuncia de persecución sindical
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Leandro Gómez, delegado de LustraMax, detalla el conflicto abierto tras el despido de 15 trabajadores, entre ellos representantes sindicales. Denuncia persecución antisindical, cuestiona el rol del gremio de Comercio y advierte que la empresa busca desarticular una organización construida durante cuatro años. Mientras esperan la definición tras la conciliación obligatoria, los trabajadores sostienen que la pelea es por el trabajo y por el futuro de sus familias.
LCV: Contanos el contexto del conflicto. Primero, ¿qué es exactamente LustraMax, a qué se dedica y cuántos trabajadores tiene?
Leandro Gómez: “LustraMax es un depósito logístico que distribuye materiales descartables para comedores, como bandejas, platos y vasos. En esta planta trabajan 140 compañeros bajo el convenio de Comercio. Además, la empresa tiene una segunda planta donde 40 trabajadores producen servilletas y papel higiénico.”
LCV: ¿Cuántos trabajadores están afectados por el conflicto? ¿Es un achicamiento general de planta?
Leandro Gómez: “La empresa despidió a 15 trabajadores, incluidos los dos delegados. Estamos en una tregua por la conciliación obligatoria, pero el problema de fondo sigue. La empresa dice que debe reducir el plantel por una supuesta crisis económica. Hay compañeros que estarían dispuestos a irse, pero despidieron a otro grupo: los que nos organizamos hace cuatro años para reclamar salario en blanco y pago en fecha.”
LCV: ¿Están encuadrados en algún sindicato? ¿Cuál es la representatividad?
Leandro Gómez: “Estamos bajo el convenio de Comercio, seccional San Martín. Durante años el sindicato no estuvo presente cuando teníamos trabajo no registrado y pagos fuera de término. Nos organizamos y conseguimos delegados. Con el conflicto apareció el gremio, pero planteó que había que aceptar los despidos, algo con lo que no estamos de acuerdo.”
LCV: El dueño mencionó asesoramiento sindical para los despidos. ¿Qué saben al respecto?
Leandro Gómez: “El propio dueño dijo que no actuó solo y que se asesoró con la regional. El secretario general es Raúl Jot. Nos sorprende que un sindicato asesore a la empresa sobre cómo despedir en lugar de defender a los trabajadores. Queremos que expliquen esa postura.”
LCV: La empresa argumenta una crisis económica. ¿Cómo lo ven ustedes?
Leandro Gómez: “Dicen que hay baja en las ventas, pero nosotros vemos salir camiones todos los días. En los últimos tres años tuvieron ganancias millonarias superiores a los mil millones de pesos. Además, buscan despedir a los delegados y tengo un proceso de desafuero abierto. Entendemos que es un ataque antisindical para destruir la organización.”
LCV: El 11 de febrero vence la conciliación obligatoria. ¿Qué medidas están evaluando?
Leandro Gómez: “Estamos discutiendo cómo seguir. No sabemos si la empresa va a ratificar los despidos. Ese día también hay convocatoria contra la reforma laboral, que siempre acompañamos. Evaluamos movilizar y el 12 continuar la pelea en la planta si es necesario.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en la vida cotidiana de los trabajadores?
Leandro Gómez: “Son 140 familias, y 15 ya están directamente afectadas. Venimos de 23 días de acampe dentro de la empresa, lejos de nuestras casas. Fue duro, pero recibimos mucha solidaridad de sindicatos y organizaciones. Ahora, con el inicio de clases y el aumento de precios, la incertidumbre es muy grande.”
LCV: ¿Dónde realizaron el acampe y qué exigen concretamente?
Leandro Gómez: “Acampamos dentro de la empresa durante 23 días, reclamando que aceptaran la conciliación obligatoria para poder discutir. La aceptaron, pero no hay voluntad de diálogo. Creemos que van a ratificar los despidos. La empresa está en concurso de acreedores y presentó un preventivo de crisis, pero no demuestra la crisis que argumenta. Buscan derrotar la organización para allanar el camino a la reforma laboral.”
LCV: ¿Cuál es, en definitiva, el sentido de esta pelea?
Leandro Gómez: “La pelea es por el puesto de trabajo y contra el despido discriminatorio. Es una defensa de la organización que construimos y del derecho a trabajar. Peleamos por nuestros hijos, por nuestros pibes.”
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“Adorni nos despidió en los medios”: Norma Lezana denuncia represalias contra trabajadores del Hospital Garrahan
En un contexto de conflicto salarial, sumarios disciplinarios y acusaciones de persecución sindical, once trabajadores del Hospital Garrahan enfrentan recomendaciones de despido tras haber encabezado la histórica lucha salarial del año pasado. Norma Lezana, delegada y referente del hospital, dialogó con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores (LCV) y sostuvo que se trata de una represalia política contra quienes “rompieron el techo salarial” impuesto por el gobierno. También explicó el estado legal del proceso, la campaña de apoyo nacional e internacional y la convocatoria a una nueva movilización.
LCV: Contanos un poco el marco en el que se dan estos 11 despidos.
Norma Lezana: “Los despidos son una represalia, un castigo a quienes nos pusimos al frente de la lucha del Hospital Garrahan. Venimos de una asamblea masiva donde tratamos los sumarios y la reforma laboral, en un contexto en el que el interventor Piroso, designado por el gobierno, avanzó contra el hospital luego de que los residentes reclamaran salarios que eran de 800.000 pesos. En ese momento, el presupuesto del Garrahan era presentado como un problema en la Casa Rosada. Sin embargo, tras una lucha histórica que se convirtió en causa nacional y obtuvo un 90% de apoyo social, logramos un 61% de aumento salarial y un bono de 450.000 pesos en octubre pasado. Eso descomprimió la situación, pero ahora aparecen los sumarios, vinculados a una protesta en la dirección cuando se descontaron entre 300.000 y 500.000 pesos a instrumentadoras y enfermeras. En un escenario de salarios deteriorados, pluriempleo y trabajadores endeudados incluso para comprar alimentos en cuotas, se notificó que la abogada del hospital recomendó el despido de 11 trabajadores y sanciones severas a otros 29. Nunca hubo 40 personas sumariadas en la historia del hospital. Lo más grave es que, siendo un documento reservado, a los 40 minutos el vocero presidencial difundió en los medios que estábamos despedidos y publicaron nuestros nombres sin que pudiéramos ejercer el derecho a defensa, lo que demuestra que el proceso está viciado.”
LCV: Generalmente cuando se habla de sindicalistas se mencionan sus prerrogativas y que no pueden ser despedidos. De los 11 casos, 10 son delegados. ¿Aplicaron de hecho la reforma laboral o cuál es el resquicio legal?
Norma Lezana: “No estamos despedidos formalmente, seguimos trabajando y el sumario recién comienza. Tenemos 15 días para hacer nuestros descargos y hemos presentado un amparo sindical ante la Justicia del Trabajo para que se reconozca que esto está directamente relacionado con la lucha del Garrahan del año pasado. Legalmente no pueden despedir delegados sin violar la tutela sindical, pero instalaron en los medios que estábamos echados, por eso decimos que Adorni nos despidió mediáticamente. Frente a eso lanzamos una campaña nacional e internacional, impulsamos amicus curiae para acompañar el amparo —tanto de la ciudadanía como de trabajadores del hospital— y volvemos a apelar al apoyo social que fue decisivo en la lucha anterior. Somos conscientes de que haber roto el techo salarial marcó un antecedente en un contexto donde el gobierno impulsa una política de ajuste que, bajo la idea de ‘secar la plaza de dinero’, implica que los trabajadores no tengamos recursos en el bolsillo.”
LCV: ¿Dónde convocan para la movilización del 11?
Norma Lezana: “Salimos desde el hospital y vamos a confluir con las organizaciones del Cabildo Abierto y con todos los sectores que están convocando a parar y movilizar ese día, en defensa del Garrahan, de los puestos de trabajo y del salario.”
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Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.
Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.
Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?
Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?
Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?
Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?
Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?
Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?
Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?
Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.
Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
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