Destacada

Rebelión estudiantil en Bangladesh: Primera Ministra huye en helicóptero

Publicado en Nueva Sociedad, 7 de agosto de 2024

En la bahía de Bengala se produce un poderoso viento conocido como monzón. Desde tiempos inmemoriales, este viento marca una temporada entera de inundaciones y lluvias torrenciales. A pesar del carácter devastador para las poblaciones, llegó a ser venerado como un dios, ya que tras la catástrofe deja tras de sí importantes cambios ambientales que favorecen a la agricultura y las reservas de agua. En alusión a este fenómeno natural, los estudiantes de Bangladesh bautizaron con el nombre “Monzón de Bengala” al movimiento de protestas a escala nacional que sacudió al régimen político. Hace pocas horas, la primera ministra, Sheik Hasina, dimitió y escapó en helicóptero hacia la India, concluyendo 15 años de gobierno durante los cuales se la había denominado la “Dama de Hierro”. Hasina es parte de la elite política y del partido vinculado a la lucha por la independencia. El jefe del Ejército anunció rápidamente la conformación de un gobierno interino, sin dar muchos más detalles. Los jóvenes viven el momento como un triunfo, pero no van a tolerar un gobierno militar. Los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero profundicemos en sus raíces. [El pasado martes, día 6, el Parlamento de Bangladesh fue disuelto para nombrar presidente interino a Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2006.]

Fase 1: contra la reforma

El detonante de las protestas fue la decisión del Tribunal Supremo de restablecer el sistema de cupos que estaba suspendido desde 2018. Este sistema reservaba el 30% de los trabajos gubernamentales a las familias de los veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán. En aquella guerra había jugado un rol importante la Liga Awami, liderada por Sheik Mujibur Rahman, padre de la expulsada primera ministra Sheik Hasina.

El desempleo es un problema estructural de Bangladesh

Fahim, un estudiante de la Universidad de Dhaka, explica a los periodistas que “la ley tenía sentido en los años tras la independencia, como recompensa para quienes dieron su vida en la guerra”, pero para los jóvenes de hoy “en la práctica significa que la Liga Awami se asegure el control del Estado”. Es decir, el llamado “cupo para los luchadores por la libertad”, junto con la corrupción en el examen de la función pública, impide a muchos de los estudiantes acceder a trabajar en el Estado, lo que significa desperdiciar sus capacidades profesionales en un país donde reina la pobreza. El desempleo es un problema estructural de Bangladesh, pero para la juventud en particular representa un grave obstáculo al finalizar sus estudios. La investigadora bangladesí Naomi Hossein explica que “muchos de ellos tienen las habilidades necesarias para encontrar trabajo en el extranjero, pero están decididos a quedarse y servir a su país”.

De fondo, el reclamo estudiantil apuntaba contra el problema del empleo en Bangladesh, un país pequeño en superficie pero con 170 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive bajo pobreza extrema, que sufre los ciclones anuales junto a epidemias de enfermedades como dengue o cólera. El servicio público abre solo 3.000 puestos de trabajo anualmente para los más de 400.000 graduados de las universidades, y a falta de empleo de calidad en el sector privado, esto pinta un panorama sombrío para los jóvenes.

Julio fue sangriento en Bangladesh. Las protestas que comenzaron el primero del mes de manera pacífica se masificaron y radicalizaron rápidamente por todo el país, y a ellas se unieron trabajadores precarios. Sheik Hasina, conocida como la Dama de Hierro de Asia del sur, respondió con una brutal represión, enviando a su milicia paramilitar la Liga Chhatra, a la Policía y a la Guardia Fronteriza.

El 14 de julio fue un punto de inflexión, cuando se burló de los manifestantes al llamarlos “razakars”, como se llamaba a los bangladesíes que colaboraron con el ejército paquistaní durante la guerra de 1971, acusados de crímenes de lesa humanidad contra civiles en el entonces Pakistán Oriental. Pero este es el modus operandi de la primera ministra. Para justificar la violencia desmedida, el gobierno vincula cada manifestación en su contra con grupos de oposición como el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por su archienemiga Khaleda Zia –viuda del presidente asesinado Ziaur Rahman–, o el Jamaat al Islamia, de orientación islámica radical. Ambos partidos son conocidos por sus brutalidades en el pasado, sus vínculos con la opresión pakistaní y las dictaduras militares entre 1975 y 1990. Es cierto, estos dieron su apoyo a las protestas, pero según explica Kais Mahmood, “los partidos de la oposición no tienen ninguna influencia en el movimiento, son muertos políticos, los estudiantes están luchando por cambios profundos, por eso los reconocen como miembros de la misma elite que la Liga Awami”.

El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas

Las protestas se radicalizaron en pocos días. El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas, lo que convirtió las calles en zonas de guerra. Los combates fueron sangrientos y fue fundamental la solidaridad de trabajadores callejeros como los chóferes de rickshaw (unos taxis de tres ruedas a tracción humana), que transportaron a los heridos. Entre las imágenes más escalofriantes está la del activista Abu Sayed, que se paró desarmado frente a una columna de policías con los abrazos abiertos y fue fusilado a quemarropa. Este acto fue condenado por Amnistía Internacional, que expresó su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Bangladesh.

En las protestas se destacaron las mujeres y jóvenes. Para Shafiqul Alam, director de la agencia AFP en Bangladesh, se trata de una “revolución de mujeres”. Su participación fue cruelmente castigada por los miembros de la Liga Chhatra, varones que golpearon a cientos de jóvenes con cañas y machetes sin pudor. Sin embargo, esto no las frenó para volver a las calles.

Para controlar la situación, el Gobierno impuso un toque de queda en todo el país y cortó internet durante casi una semana. De la misma manera, prohibió el derecho a huelga o de reunión pública mientras sembraba el terror militarizando las universidades, donde los estudiantes se atrincheraron y llamaron al cierre total. Por las noches, la policía y otras fuerzas represivas realizaron redadas “puerta a puerta” para encarcelar a líderes y activistas sacándolos de sus casas a golpes. Luego de ser liberados, estos denunciaron torturas en los centros de detención.

Para calmar las aguas, el Tribunal Supremo volvió a abolir el sistema de cupos, dando a entender que retrocedía con la medida. Pero no fue suficiente. El movimiento había comenzado a exigir justicia y rendición de cuentas por los más de 300 muertos hasta ese momento [el 6 de agosto, Euronews elevó la cifra hasta los 400].

Fase 2: por la caída de Sheik Hasina

Luego de una semana de redadas y encarcelamientos nocturnos, el movimiento se reagrupó. Durante esos días se armó un pliego con nueve demandas, entre ellas el reclamo de un pedido de disculpas oficial, justicia por los muertos y la renuncia de varios ministros. Pero en la medida en que el movimiento creció, esto fue virando hacia una sola demanda representada en los miles de puños alzados con el dedo índice señalando el cielo: la renuncia de Sheik Hasina.

Los coordinadores de las protestas comenzaron a hacer una llamado nacional a un “movimiento de no cooperación”. Es decir, el reclamo principal pasó de ser una reforma limitada a los cupos a apuntar contra todo el régimen político.

El domingo 4 de agosto fue el más mortífero hasta el momento. La juventud en las calles derribó decenas de estatuas del héroe nacional Sheik Mujibur e inundó las calles de Dhaka y otras ciudades. Las redes sociales se llenaron de amenazas de la Liga Chhatra, cuyos militantes aparecieron en las principales esquinas con camionetas 4×4 y armas. El día terminó con 94 muertos en los enfrentamientos en todo el país.

A pesar de tantas muertes, Hasina no cesó en sus provocaciones. En una conferencia de prensa, llamó a los manifestantes “terroristas que buscan desestabilizar la nación” y dijo que había que “tratarlos con mano de hierro”.

En respuesta, el movimiento adelantó la “Marcha a Dhaka” hacia la plaza Shahbag a ese lunes para presionar por su única demanda, al tiempo que convocaban a la construcción de Comités de Lucha y Resistencia en cada barrio y aldea. El método emula el de los comités liderados por estudiantes en distintos momentos históricos para la resistencia: los más significativos fueron los que se formaron para luchar por el uso de la lengua bengalí en 1952, en oposición al urdu impuesto por Pakistán, luego durante la guerra de independencia en 1971, y más tarde en la caída de la dictadura en 1990. Esta misma tradición los llevó a resistir las más crueles masacres de la historia del país.

Fahim Mukarrab comenta desde la Universidad de Jahangirnagar, en el distrito de Savar: “Ahora hemos declarado una larga marcha a Dhaka para rodear la residencia de la primera ministra hoy [5 de agosto]. Puede pasar cualquier cosa, amigo mío. La situación aquí ahora es más mortal que cualquier otra en la historia de nuestro país”. Las acciones de esta semana escalaron a un nivel jamás visto, y los periódicos hablaron de millones de personas en las calles.

Fase 3: la caída. ¿Y ahora?

La Dama de Hierro finalmente se oxidó. Durante la tarde del lunes 5 de agosto, Hasina dimitió y abandonó Dhaka en helicóptero volando hacia la India. Miles de manifestantes saltaron la cerca de su residencia y tomaron la casa de gobierno. Tras el vacío de poder, el jefe del Ejército Waker-Uz-Zaman formó un Gobierno interino que ha entablado un diálogo con los líderes de los partidos políticos. Allí no estuvo presente ningún miembro de la Liga Awami. El precedente de esta situación fue en enero de 2007, cuando el Ejército declaró el estado de emergencia para frenar las protestas generalizadas y se instaló un gobierno provisional respaldado por los militares durante dos años.

El factor clave en la caída de Hasina fueron los trabajadores del sector textil y la presión de los fabricantes. Los bloqueos extendidos en el tiempo, los cortes en las principales rutas y la caída de internet y las comunicaciones habían golpeado duramente a la frágil cadena de suministro de la industria textil just in time, de la cual depende el 80% de las exportaciones del país. El sector advirtió que en pocos días se registraron pérdidas por 58 millones de dólares. Cientos de fábricas cerraron sus puertas por miedo a ser vandalizadas, ya que varias fueron incendiadas. Además, reconocen el temor de que sus trabajadoras se unan al movimiento de protesta y se afecte aún más la producción. Desde la Central Sindical de Trabajadores de la Confección de Bangladesh (GWTUC, por sus siglas en inglés), la activista Ferdewsi Rahman afirmó que se habían comenzado a unir miles de trabajadoras textiles a las protestas, donde ya estaban participando diversos sectores de artistas, intelectuales y profesores. El ingreso de este sector clave fue lo que dio el golpe de gracia. Desde 2013 venían protagonizando protestas y huelgas por mejoras salariales. Tras los años de pandemia, el movimiento huelguístico había vuelto a la carga por una mejora durante 2023, desgastando al gobierno desde ese momento.

El analista Michael Kugelman explicaba en la revista Foreign Policy que las protestas hicieron añicos la imagen de una Hasina inquebrantable. La ex primera ministra había basado su gobernabilidad en tasas de crecimiento del 6% anual durante los últimos 15 años, debidas principalmente a la exportación de productos textiles y la inversión en obra pública. Pero para un país de 170 millones de personas esto no es suficiente. La polución se extiende en las calles, con el aire densamente cargado de hollín, y los extensos ríos que fluyen desde el Himalaya están todos contaminados.

La situación macroeconómica en general ya era sombría. El Fondo Monetario Internacional (FMI) venía exigiendo un programa de restricciones del gasto público junto a reformas de mayor apertura y desregulación. Además, el Gobierno, para sostener el crecimiento, había tomado grandes préstamos de otros países asiáticos, principalmente China y la India, lo que dejó a la economía vulnerable a la volatilidad de las divisas y los mercados.

Aunque Hasina ya pendía de un hilo, había ganado un cuarto mandato recientemente con una participación electoral del 40%, la más baja en la historia del país. Su Gobierno había logrado una convergencia entre los empresarios textiles, una alianza con partidos de derecha pero también de izquierda, como los maoístas del Partido de los Trabajadores de Bangladesh.

La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país

Mumu Balaika, una estudiante de la Universidad de Jahangirnagar, explica que “Hasina, desde que llegó al gobierno en 2009, fue centralizando el poder en su figura y persiguiendo a la oposición, tanto líderes sindicales como estudiantiles”. Efectivamente, un informe de Human Rights Watch revela casos de “desapariciones forzadas”, “ejecuciones extrajudiciales” y “tortura”. Esta característica de su gobierno fue uno de los factores de odio generalizado contra su figura.

¿Y ahora qué sigue? La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país. Con una oposición débil y rechazada por la población, los estudiantes que lucharon de forma heroica tampoco pueden anticipar el futuro inmediato. Dip Ranjan Sarker comenta desorientado, desde las calles del distrito de Comilla, que “ahora no sabemos qué sigue, estamos todos esperando qué pasará”.

Ashraf, investigador y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Jahangirnagar, comenta que “no hay una alternativa clara tras la caída del Gobierno por la fuerza de las protestas, y puede que haya algún llamado a nuevas elecciones, pero no existe una estructura política que pueda reemplazar a la elite actual de la Liga Awami ni a los otros partidos”. Explica que “es muy probable que esto conduzca a un gobierno militar, pero la población no lo va a tolerar”.

La caída de Hasina no es un proceso aislado en el sur de Asia. Durante 2022, el movimiento Aragalaya volteó a la dinastía de los Rajapaksa en Sri Lanka. En 2021, en Myanmar, las obreras textiles encabezaron la resistencia contra el golpe militar. En 2020, las calles de Tailandia se vieron abarrotadas de jóvenes levantando tres dedos en alusión a las tres demandas contra la monarquía Vajiralongkorn. Aún la situación en Bangladesh es abierta: “El norte no está del todo claro, pero sabemos lo que no queremos”, dice desde Manipur Rab Tanjim, un joven estudiante tras un día largo en las barricadas, “fueron días y noches terribles, perdí a muchos amigos, pero para nosotros hoy es el día de la victoria”.

Destacada

Claudio Lozano: análisis de la crisis de representación y la reconstrucción del lazo social

En exclusiva con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el economista y candidato a diputado por el instrumento electoral de la Unidad Popular, Claudio Lozano, expone su mirada sobre la política argentina, la crisis de representación, la desestructuración social y educativa, y la necesidad de reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus instituciones. A lo largo de la conversación, Lozano combina reflexiones históricas, análisis de la realidad actual y propuestas concretas para intervenir desde el Congreso, siempre con el eje puesto en los derechos de los trabajadores, la comunidad y el fortalecimiento del tejido social.

LCV: “El economista Claudio Lozano, si no me equivoco, es candidato a diputado. El partido es Unidad Popular, pero la lista se llama instrumento electoral.”

Claudio Lozano: “No, el partido se llama Instrumento Electoral para la Unidad Popular. Normalmente decimos Unidad Popular para simplificar.”

LCV: “¿Por qué instrumento electoral?”

Claudio Lozano: “Es una pregunta que obliga a una reflexión bastante profunda. Nosotros no creemos en la idea tradicional de los partidos, como estructuras con cuadros que sostienen una concepción de izquierda, derecha o centro y que la proponen a la sociedad. Creemos que esas concepciones están puestas en debate y hay que construir otras cosas, recogiendo lo que la propia sociedad va produciendo. Por eso, nuestro partido se asume como un instrumento de la sociedad, especialmente en el campo de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, hombres y mujeres de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Nuestra lista está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintas organizaciones con compromiso, trayectoria y vínculo con trabajadores, cooperativistas y temas como derechos urbanos y ambientales. Es un paso más allá del movimientismo, una herramienta de construcción que respeta la iniciativa social.”

LCV: “¿La diferencia con el PJ sería que el PJ tiene una concepción más estatalista?”

Claudio Lozano: “Exactamente. Creemos que hay que darle más entidad a las organizaciones de la comunidad. El PJ tiene tradición en esto, pero no compartimos la vieja concepción de partidos del siglo XIX y XX, donde las decisiones estaban estructuradas por cuadros que le decían a la sociedad qué hacer. Para nosotros, la sociedad tiene que ser parte de lo que decide sobre su propia organización.”

LCV: “Y las últimas decisiones de la sociedad, ¿te preocupan?”

Claudio Lozano: “Sí, en tanto elecciones mayoritarias. La sociedad ha optado en un contexto de debacle. Desde el fin de la dictadura en 1983-84 hasta hoy, hemos pasado de un 30% a alrededor del 40% de pobreza. La idea de que con la democracia se come, se educa y se cura no se cumplió. Las últimas experiencias de gobierno, tanto Macri como el Frente de Todos, aunque confrontadas, mantienen la continuidad del deterioro de la vida social. Hay un emergente de crisis monumental de representación política. Para mí, el problema central a lo largo de 41 años de democracia ha sido la educación, la falta de aspiraciones formativas y sociales, lo que genera un fenómeno donde la generación actual teme que sus hijos estén peor que ellos. Esto mata cualquier aspiración y lleva a la búsqueda de soluciones inmediatas, como las criptomonedas o la inmediatez tecnológica, en ausencia de bases educativas sólidas y un tejido social fuerte.”

LCV: “¿Creés que la desestructuración social se vincula a la transformación regresiva del país?”

Claudio Lozano: “Sí. La destrucción del sistema público educativo y sanitario se enmarca en una reestructuración capitalista que empieza en la dictadura, con la deuda, la fuga de capitales, la desindustrialización y ajustes sistemáticos del Estado. Esto impacta en la sociedad, en las aspiraciones de las nuevas generaciones y en la percepción de comunidad. Antes, los niños tenían la obligación de estudiar y participar de la vida comunitaria; hoy, esa estructura desapareció, y la competencia reemplaza a la cooperación. La comunidad y el tejido social que existían en barrios como Liniers se ha debilitado, y con ello la capacidad de la sociedad para organizarse y reivindicar derechos.”

LCV: “Vos mencionás la responsabilidad de transmitir esos valores, ¿no?”

Claudio Lozano: “Sí. Esa responsabilidad explica mi trayectoria: la fundación de la CTA, la recuperación de ATE, el trabajo con Adolfo Pérez Esquivel en Servicio Paz y Justicia durante la dictadura, el acompañamiento a Gustavo Conte en derechos humanos en 1984 y ahora la candidatura a diputado. Hay una salida más fácil que competir electoralmente: ser el ‘sabio del pueblo’, dar charlas y organizar estudiantes, lo cual también forma parte de mi rutina y me da placer. Pero considero que hay que intervenir institucionalmente, desde el Congreso, para defender derechos y modificar la sociedad.”

LCV: “¿Cuál sería tu propuesta concreta al llegar al Congreso?”

Claudio Lozano: “Primero, rechazar los decretos inconstitucionales de este gobierno, como el 7023, que derogó y modificó leyes afectando a inquilinos, tarjetas de crédito, prepagas y empresas estatales. Segundo, recuperar la capacidad del Parlamento de auditar la deuda y la fuga de capitales, y cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, trabajar para que este gobierno se vaya, porque ha hecho mucho daño social, cultural y político. Presentamos siete causales de juicio político para visibilizar la violación constante de la Constitución y abrir una salida institucional acompañada por la movilización popular. Con estas medidas, nuestra presencia en el Congreso busca defender derechos, recuperar institucionalidad y construir alternativas para el futuro del país.”

LCV: “Es un enfoque integral: derechos, comunidad y control institucional.”

Claudio Lozano: “Exactamente. Además, hay que frenar la penetración del narcotráfico en los barrios populares y fortalecer la comunidad a través de organizaciones, iglesias y movimientos sociales. Nuestra fuerza, con presencia en 16 provincias y más de diez años de existencia, busca confrontar al gobierno y crear un bloque político sólido, democrático y comprometido con los derechos del pueblo argentino. Esto significa garantizar coaliciones sin proyectos contradictorios y con procedimientos internos democráticos, excluyendo la influencia de actores destructivos como los narcos.”

LCV: “En el contexto histórico, también señalaste vínculos con la dictadura y la herencia educativa de ese período.”

Claudio Lozano: “Sí. Por ejemplo, Juan José Catalán, ministro de educación durante la dictadura, aplicó métodos perversos de adoctrinamiento y retraso educativo. Hoy, algunos descendientes de esos actores reproducen estrategias similares. Esto refleja cómo la memoria histórica, la represión y la desigualdad educativa se entrelazan con la política contemporánea. La lucha actual incluye frenar la criminalización de la protesta, defender los derechos sindicales y la organización comunitaria, y enfrentar una fase de revancha oligárquica que amenaza los derechos adquiridos.”

LCV: “Para cerrar, ¿cómo resumirías tu misión en el Congreso?”

Claudio Lozano: “Mi objetivo es claro: desmontar decretos que vulneran derechos, auditar la deuda y la fuga de capitales, suspender pagos abusivos, garantizar la institucionalidad y trabajar para una transición hacia un gobierno que respete la Constitución. Todo esto se hará en diálogo con la movilización popular y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la comunidad. Con estas acciones, buscamos que la sociedad vuelva a ser protagonista y que se reconstruya el lazo social que hoy se ha debilitado.”

Destacada

Atacan la sede de aceiteros y entran al despacho de Yofra

Uno de los sindicatos más combativos dentro de la CGT, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), fue atacada entre 4 y 5 de octubre, un par de días antes de que se iniciara un anunciado paro nacional por negociación paritaria. Huelga que quedó en suspenso por el rápido pedido de las cámaras empresarias de una conciliación obligatoria.

El fin de semana aterior al paro, cuando las negociaciones estaban estancadas por la exigencia de un salario digno que cumpla con el mandato constitucional que de acuerdo a cifras oficiales sería de más de 2.000.000 de pesos como primer sueldo, un grupo de desconocidos desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.

No se trató de un robo ‘al voleo’, no sólo estaba planificado sino que el operativo demostró un conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.

Después de analizar lo sucedido, con prudencia, el sindicato difundió éste domingo un comunicado en el que sostienen:

“El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023. Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones. Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera. Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.”

El atentado a la sede sindical aceitera se produjo, también, luego de una postura activa de su dirigencia en pos de la unidad sindical en la que convocaron a un plenario de 200 delegados de diversos gremios, entre ellos UOM, SiPreBA y ATE. Mientras en la CGT se debate la futura conducción a definir dentro de un mes.

De inmediato comenzaron a llegar los comunicados de repudio, primero el de la CTA:

“Se trata de un ataque a una organización sindical que ha dado pruebas de su compromiso en la defensa de los trabajadores. Cualquier agresión o atentado contra una organización sindical o sus dirigentes implica un ataque a la democracia y a toda la clase trabajadora. Desde nuestra CTA exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho y que el poder judicial determine quienes son sus responsables materiales e intelectuales. Por último, solicitamos a los gobiernos provincial y municipal que garanticen la seguridad de la organización afectada y sus dirigentes, como así también el ejercicio de la libertad sindical.”

Destacada

Conflicto por paritarias de Aceiteros: nueva conciliación obligatoria. Van por un mínimo de 2 millones

Una vez más, el gobierno tuvo que recurrir a la conciliación obligatoria por 15 días. Queda en suspenso el paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

El reclamo paritario de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.

En un comunicado difundido en el día de hoy, advierten: “Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones. Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo.”

Luego de considerar que no están dispuesto a acompañar una política salarial que pretende condenar a la pobreza a la clase trabajadora favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos, concluyen: “Por ello, reafirmando nuestra defensa del Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, se ha decidido el inicio de una Huelga Nacional Aceitera de cumplimiento en las plantas aceiteras del país.”