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Rebelión estudiantil en Bangladesh: Primera Ministra huye en helicóptero

Publicado en Nueva Sociedad, 7 de agosto de 2024

En la bahía de Bengala se produce un poderoso viento conocido como monzón. Desde tiempos inmemoriales, este viento marca una temporada entera de inundaciones y lluvias torrenciales. A pesar del carácter devastador para las poblaciones, llegó a ser venerado como un dios, ya que tras la catástrofe deja tras de sí importantes cambios ambientales que favorecen a la agricultura y las reservas de agua. En alusión a este fenómeno natural, los estudiantes de Bangladesh bautizaron con el nombre “Monzón de Bengala” al movimiento de protestas a escala nacional que sacudió al régimen político. Hace pocas horas, la primera ministra, Sheik Hasina, dimitió y escapó en helicóptero hacia la India, concluyendo 15 años de gobierno durante los cuales se la había denominado la “Dama de Hierro”. Hasina es parte de la elite política y del partido vinculado a la lucha por la independencia. El jefe del Ejército anunció rápidamente la conformación de un gobierno interino, sin dar muchos más detalles. Los jóvenes viven el momento como un triunfo, pero no van a tolerar un gobierno militar. Los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero profundicemos en sus raíces. [El pasado martes, día 6, el Parlamento de Bangladesh fue disuelto para nombrar presidente interino a Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2006.]

Fase 1: contra la reforma

El detonante de las protestas fue la decisión del Tribunal Supremo de restablecer el sistema de cupos que estaba suspendido desde 2018. Este sistema reservaba el 30% de los trabajos gubernamentales a las familias de los veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán. En aquella guerra había jugado un rol importante la Liga Awami, liderada por Sheik Mujibur Rahman, padre de la expulsada primera ministra Sheik Hasina.

El desempleo es un problema estructural de Bangladesh

Fahim, un estudiante de la Universidad de Dhaka, explica a los periodistas que “la ley tenía sentido en los años tras la independencia, como recompensa para quienes dieron su vida en la guerra”, pero para los jóvenes de hoy “en la práctica significa que la Liga Awami se asegure el control del Estado”. Es decir, el llamado “cupo para los luchadores por la libertad”, junto con la corrupción en el examen de la función pública, impide a muchos de los estudiantes acceder a trabajar en el Estado, lo que significa desperdiciar sus capacidades profesionales en un país donde reina la pobreza. El desempleo es un problema estructural de Bangladesh, pero para la juventud en particular representa un grave obstáculo al finalizar sus estudios. La investigadora bangladesí Naomi Hossein explica que “muchos de ellos tienen las habilidades necesarias para encontrar trabajo en el extranjero, pero están decididos a quedarse y servir a su país”.

De fondo, el reclamo estudiantil apuntaba contra el problema del empleo en Bangladesh, un país pequeño en superficie pero con 170 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive bajo pobreza extrema, que sufre los ciclones anuales junto a epidemias de enfermedades como dengue o cólera. El servicio público abre solo 3.000 puestos de trabajo anualmente para los más de 400.000 graduados de las universidades, y a falta de empleo de calidad en el sector privado, esto pinta un panorama sombrío para los jóvenes.

Julio fue sangriento en Bangladesh. Las protestas que comenzaron el primero del mes de manera pacífica se masificaron y radicalizaron rápidamente por todo el país, y a ellas se unieron trabajadores precarios. Sheik Hasina, conocida como la Dama de Hierro de Asia del sur, respondió con una brutal represión, enviando a su milicia paramilitar la Liga Chhatra, a la Policía y a la Guardia Fronteriza.

El 14 de julio fue un punto de inflexión, cuando se burló de los manifestantes al llamarlos “razakars”, como se llamaba a los bangladesíes que colaboraron con el ejército paquistaní durante la guerra de 1971, acusados de crímenes de lesa humanidad contra civiles en el entonces Pakistán Oriental. Pero este es el modus operandi de la primera ministra. Para justificar la violencia desmedida, el gobierno vincula cada manifestación en su contra con grupos de oposición como el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por su archienemiga Khaleda Zia –viuda del presidente asesinado Ziaur Rahman–, o el Jamaat al Islamia, de orientación islámica radical. Ambos partidos son conocidos por sus brutalidades en el pasado, sus vínculos con la opresión pakistaní y las dictaduras militares entre 1975 y 1990. Es cierto, estos dieron su apoyo a las protestas, pero según explica Kais Mahmood, “los partidos de la oposición no tienen ninguna influencia en el movimiento, son muertos políticos, los estudiantes están luchando por cambios profundos, por eso los reconocen como miembros de la misma elite que la Liga Awami”.

El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas

Las protestas se radicalizaron en pocos días. El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas, lo que convirtió las calles en zonas de guerra. Los combates fueron sangrientos y fue fundamental la solidaridad de trabajadores callejeros como los chóferes de rickshaw (unos taxis de tres ruedas a tracción humana), que transportaron a los heridos. Entre las imágenes más escalofriantes está la del activista Abu Sayed, que se paró desarmado frente a una columna de policías con los abrazos abiertos y fue fusilado a quemarropa. Este acto fue condenado por Amnistía Internacional, que expresó su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Bangladesh.

En las protestas se destacaron las mujeres y jóvenes. Para Shafiqul Alam, director de la agencia AFP en Bangladesh, se trata de una “revolución de mujeres”. Su participación fue cruelmente castigada por los miembros de la Liga Chhatra, varones que golpearon a cientos de jóvenes con cañas y machetes sin pudor. Sin embargo, esto no las frenó para volver a las calles.

Para controlar la situación, el Gobierno impuso un toque de queda en todo el país y cortó internet durante casi una semana. De la misma manera, prohibió el derecho a huelga o de reunión pública mientras sembraba el terror militarizando las universidades, donde los estudiantes se atrincheraron y llamaron al cierre total. Por las noches, la policía y otras fuerzas represivas realizaron redadas “puerta a puerta” para encarcelar a líderes y activistas sacándolos de sus casas a golpes. Luego de ser liberados, estos denunciaron torturas en los centros de detención.

Para calmar las aguas, el Tribunal  Supremo volvió a abolir el sistema de cupos, dando a entender que retrocedía con la medida. Pero no fue suficiente. El movimiento había comenzado a exigir justicia y rendición de cuentas por los más de 300 muertos hasta ese momento [el 6 de agosto, Euronews elevó la cifra hasta los 400].

Fase 2: por la caída de Sheik Hasina

Luego de una semana de redadas y encarcelamientos nocturnos, el movimiento se reagrupó. Durante esos días se armó un pliego con nueve demandas, entre ellas el reclamo de un pedido de disculpas oficial, justicia por los muertos y la renuncia de varios ministros. Pero en la medida en que el movimiento creció, esto fue virando hacia una sola demanda representada en los miles de puños alzados con el dedo índice señalando el cielo: la renuncia de Sheik Hasina.

Los coordinadores de las protestas comenzaron a hacer una llamado nacional a un “movimiento de no cooperación”. Es decir, el reclamo principal pasó de ser una reforma limitada a los cupos a apuntar contra todo el régimen político.

El domingo 4 de agosto fue el más mortífero hasta el momento. La juventud en las calles derribó decenas de estatuas del héroe nacional Sheik Mujibur e inundó las calles de Dhaka y otras ciudades. Las redes sociales se llenaron de amenazas de la Liga Chhatra, cuyos militantes aparecieron en las principales esquinas con camionetas 4×4 y armas. El día terminó con 94 muertos en los enfrentamientos en todo el país.

A pesar de tantas muertes, Hasina no cesó en sus provocaciones. En una conferencia de prensa, llamó a los manifestantes “terroristas que buscan desestabilizar la nación” y dijo que había que “tratarlos con mano de hierro”.

En respuesta, el movimiento adelantó la “Marcha a Dhaka” hacia la plaza Shahbag a ese lunes para presionar por su única demanda, al tiempo que convocaban a la construcción de Comités de Lucha y Resistencia en cada barrio y aldea. El método emula el de los comités liderados por estudiantes en distintos momentos históricos para la resistencia: los más significativos fueron los que se formaron para luchar por el uso de la lengua bengalí en 1952, en oposición al urdu impuesto por Pakistán, luego durante la guerra de independencia en 1971, y más tarde en la caída de la dictadura en 1990. Esta misma tradición los llevó a resistir las más crueles masacres de la historia del país.

Fahim Mukarrab comenta desde la Universidad de Jahangirnagar, en el distrito de Savar: “Ahora hemos declarado una larga marcha a Dhaka para rodear la residencia de la primera ministra hoy [5 de agosto]. Puede pasar cualquier cosa, amigo mío. La situación aquí ahora es más mortal que cualquier otra en la historia de nuestro país”. Las acciones de esta semana escalaron a un nivel jamás visto, y los periódicos hablaron de millones de personas en las calles.

Fase 3: la caída. ¿Y ahora?

La Dama de Hierro finalmente se oxidó. Durante la tarde del lunes 5 de agosto, Hasina dimitió y abandonó Dhaka en helicóptero volando hacia la India. Miles de manifestantes saltaron la cerca de su residencia y tomaron la casa de gobierno. Tras el vacío de poder, el jefe del Ejército Waker-Uz-Zaman formó un Gobierno interino que ha entablado un diálogo con los líderes de los partidos políticos. Allí no estuvo presente ningún miembro de la Liga Awami. El precedente de esta situación fue en enero de 2007, cuando el Ejército declaró el estado de emergencia para frenar las protestas generalizadas y se instaló un gobierno provisional respaldado por los militares durante dos años.

El factor clave en la caída de Hasina fueron los trabajadores del sector textil y la presión de los fabricantes. Los bloqueos extendidos en el tiempo, los cortes en las principales rutas y la caída de internet y las comunicaciones habían golpeado duramente a la frágil cadena de suministro de la industria textil just in time, de la cual depende el 80% de las exportaciones del país. El sector advirtió que en pocos días se registraron pérdidas por 58 millones de dólares. Cientos de fábricas cerraron sus puertas por miedo a ser vandalizadas, ya que varias fueron incendiadas. Además, reconocen el temor de que sus trabajadoras se unan al movimiento de protesta y se afecte aún más la producción. Desde la Central Sindical de Trabajadores de la Confección de Bangladesh (GWTUC, por sus siglas en inglés), la activista Ferdewsi Rahman afirmó que se habían comenzado a unir miles de trabajadoras textiles a las protestas, donde ya estaban participando diversos sectores de artistas, intelectuales y profesores. El ingreso de este sector clave fue lo que dio el golpe de gracia. Desde 2013 venían protagonizando protestas y huelgas por mejoras salariales. Tras los años de pandemia, el movimiento huelguístico había vuelto a la carga por una mejora durante 2023, desgastando al gobierno desde ese momento.

El analista Michael Kugelman explicaba en la revista Foreign Policy que las protestas hicieron añicos la imagen de una Hasina inquebrantable. La ex primera ministra había basado su gobernabilidad en tasas de crecimiento del 6% anual durante los últimos 15 años, debidas principalmente a la exportación de productos textiles y la inversión en obra pública. Pero para un país de 170 millones de personas esto no es suficiente. La polución se extiende en las calles, con el aire densamente cargado de hollín, y los extensos ríos que fluyen desde el Himalaya están todos contaminados.

La situación macroeconómica en general ya era sombría. El Fondo Monetario Internacional (FMI) venía exigiendo un programa de restricciones del gasto público junto a reformas de mayor apertura y desregulación. Además, el Gobierno, para sostener el crecimiento, había tomado grandes préstamos de otros países asiáticos, principalmente China y la India, lo que dejó a la economía vulnerable a la volatilidad de las divisas y los mercados.

Aunque Hasina ya pendía de un hilo, había ganado un cuarto mandato recientemente con una participación electoral del 40%, la más baja en la historia del país. Su Gobierno había logrado una convergencia entre los empresarios textiles, una alianza con partidos de derecha pero también de izquierda, como los maoístas del Partido de los Trabajadores de Bangladesh.

La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país

Mumu Balaika, una estudiante de la Universidad de Jahangirnagar, explica que “Hasina, desde que llegó al gobierno en 2009, fue centralizando el poder en su figura y persiguiendo a la oposición, tanto líderes sindicales como estudiantiles”. Efectivamente, un informe de Human Rights Watch revela casos de “desapariciones forzadas”, “ejecuciones extrajudiciales” y “tortura”. Esta característica de su gobierno fue uno de los factores de odio generalizado contra su figura.

¿Y ahora qué sigue? La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país. Con una oposición débil y rechazada por la población, los estudiantes que lucharon de forma heroica tampoco pueden anticipar el futuro inmediato. Dip Ranjan Sarker comenta desorientado, desde las calles del distrito de Comilla, que “ahora no sabemos qué sigue, estamos todos esperando qué pasará”.

Ashraf, investigador y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Jahangirnagar, comenta que “no hay una alternativa clara tras la caída del Gobierno por la fuerza de las protestas, y puede que haya algún llamado a nuevas elecciones, pero no existe una estructura política que pueda reemplazar a la elite actual de la Liga Awami ni a los otros partidos”. Explica que “es muy probable que esto conduzca a un gobierno militar, pero la población no lo va a tolerar”.

La caída de Hasina no es un proceso aislado en el sur de Asia. Durante 2022, el movimiento Aragalaya volteó a la dinastía de los Rajapaksa en Sri Lanka. En 2021, en Myanmar, las obreras textiles encabezaron la resistencia contra el golpe militar. En 2020, las calles de Tailandia se vieron abarrotadas de jóvenes levantando tres dedos en alusión a las tres demandas contra la monarquía Vajiralongkorn. Aún la situación en Bangladesh es abierta: “El norte no está del todo claro, pero sabemos lo que no queremos”, dice desde Manipur Rab Tanjim, un joven estudiante tras un día largo en las barricadas, “fueron días y noches terribles, perdí a muchos amigos, pero para nosotros hoy es el día de la victoria”.

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España: Pedro Sánchez se planta frente a Trump. Bombas reales y humo electoral, por Alvaro Hilario, desde Bilbao, País Vasco.

Veinte minutos fueron suficientes para que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, dejase clara la postura española frente a los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán: “La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos y de bombas. Y, finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

Añadió, además, que esta apuesta por el derecho internacional, enarbolada también por España en los conflictos de Ucrania, Groenlandia, Palestina o Venezuela no supone defensa alguna del régimen iraní: “Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego, no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España” -afirmación que relacionó con la sangrienta invasión de Irak, dirigida hace 23 años por George W. Bush con el apoyo y aplauso de los líderes británico y español, Tony Blair y José María Aznar-“La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver”.

Una respuesta que, más allá de las palabras, se complementa con la negativa a que Estados Unidos utilice dos de las tres bases militares (Rota y Morón, sitas en Andalucía desde 1953 en virtud a los pactos alcanzados con Franco) de titularidad hispano-estadounidense para la materialización de los ataques contra Irán, negativa que ha contrariado al presidente estadounidense Donald Trump hasta el punto de anunciar la ruptura de relaciones comerciales con España (algo imposible de materializar tanto en base al derecho privado -los tratos entre empresas- como al hecho de que España pertenece a la Unión Europea que pacta como bloque con Estados Unidos).

Interpretación en clave electoral

España vive una seguidilla, un carrusel, de elecciones autonómicas (equiparables a las provinciales argentinas) provocado por el derechista Partido Popular (PP) con la intención última de debilitar al Partido Socialista (PSOE) y forzar a su líder y presidente del Gobierno, Sánchez, a llamar a elecciones generales. De hecho, desde que Sánchez asumió la presidencia toda la estrategia del PP ha estado dirigida a desalojar a este del ejecutivo embarrando la cancha sea cual sea la polémica que se planteé y valiéndose para ello, por lo general, de una asombrosa pobreza de argumentos.

Así las cosas, no hay interpretación del discurso de veinte minutos que no tenga la carrera electoral como punto de salida y final del análisis, sea este realizado desde la izquierda o la derecha.

El progresismo subraya la autonomía y dignidad españolas a la hora de tomar decisiones, cuyos opuestos se personifican en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el canciller alemán Friedrich Merz, reflejos del servilismo europeo, obviando que durante los gobiernos presididos por Sánchez España ha batido todo récord en gasto armamentístico e implicación en las labores de la OTAN, y que en estos días España está enviando buques de guerra al Mediterráneo oriental con el pretexto de defender Chipre (miembro de la Unión Europea, aunque no de la OTAN).

Por otra parte, hay un punto en común en casi todos los análisis, vengan por izquierda o derecha: el paralelismo establecido por Sánchez entre la situación actual y la guerra de Irak de hace 23 años, el rescate del “no a la guerra” que entonces movilizó de forma mayoritaria a la sociedad española, más allá de reafirmar la vocación por el diálogo del ejecutivo español tendría también la intención de encolumnar a los votantes de izquierda tras el PSOE; como sucediera con la guerra de Irak, el rechazo a la guerra (según las encuestas más de la mitad de la población española comparte la posición de Sánchez) movilizaría este sector del electorado en plena coyuntura adversa (la izquierda tuvo un muy mal desempeño en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón, diciembre de 2025 y febrero de 2026) y en puertas de las autonómicas de Castilla-León y Andalucía

Las derechas, por su parte, tirando de una lógica tan elemental como torticera e infantil defendieron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, manifestó, dirigiéndose a Pedro Sánchez, que “si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, falla usted. Eso no es equidistancia. Es perjudicar los intereses de España frente a un ´régimen odioso¨. Siguiendo en el desprecio al derecho internacional ya manifestado durante la crisis venezolana, Feijóo añadió que “Antes del derecho internacional están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos. En Irán no hay ni derecho nacional, ni derecho internacional ni derechos humanos que defiende el régimen. No lo hay”. Aseguró, por otro lado, que apoyar el belicismo y el desprecio por la ley es estar junto a las democracias liberales, junto a Occidente y, siguiendo esta lógica primariay de tintes electorales, lo contrario es participar del eje del mal: “No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados”, insistió, mientras acusaba al presidente Sánchez de no defender “los intereses generales de España, sino a sus necesidades políticas para quitarle unos votos a la izquierda radical”.

Todo el PP, consciente del apoyo de la sociedad civil al “no a la guerra” ha salido a repetir los argumentos de su líder aunque sin aportar ni originalidad ni brillantez a los argumentos de este. De este modo, su portavoz parlamentaria Ester Muñoz manifestó que la complejidad del derecho internacional impide caer en el simplismo de eslóganes sobre la guerra, defendiendo que, aunque todos están en contra de los conflictos armados, la situación actual es mucho más profunda, sin explicar ninguna de estas afirmaciones y para, a continuación, evitando una vez más pronunciarse sobre la cuestión de la violación del derecho internacional por parte de Israel y Estados Unidos, señalar que Irán “no respeta el derecho internacional” puesto que se dedica a lapidar mujeres, colgar a homosexuales y alentar el terrorismo internacional. Retrucando, que es gerundio.

La extrema derecha, Vox, capitaneada por Santiago Abascal, aliado de Milei, y que disputa al PP el liderazgo del bloque de derechas, también se abraza al agresor norteamericano a pesar de las amenazas contra la España que tanto dicen amar y defender valiéndose de los mismos argumentos del PP, partido al que perteneció durante 19 años. Obviando el derecho internacional, igual que Núñez Feijóo, Abascal dijo que si el régimen «tiránico» de los ayatolás cae, “el mundo será más libre”, y enmarcó la agresión en lo que definió como “la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás”.

Al hilo, criticó la política exterior del Gobierno español, asegurando estar preocupado porque Pedro Sánchez, acerque a España a «la oscuridad antioccidental» con posiciones contrarias a los intereses occidentales, que reciba los aplausos de Hamás o de los talibanes y pretenda “enfrentarse más a Estados Unidos e ir más de la mano de China o de Irán”.

Vox, financiada en 2014 con cerca de un millón de euros procedentes de oscuros grupos del exilio iraní, ha propuesto al PP por boca de su presidente Santiago Abascal presentar una moción de censura parlamentaria contra el presidente Sánchez. Un paso más en la competición por los votos. Abascal, antiguo ñoqui del PP, asegura que Sánchez se disfraza “de pacifista” y utiliza su política exterior contra el genocidio en Palestina y ahora contra la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para su propio beneficio. “Miente porque quiere la guerra. Quiere todas las guerras porque eso le permite ocultar sus crímenes y sus corrupciones. Es el personaje más miserable porque es el carroñero que se alimenta de las guerras con dinero de los españoles”, ha dicho. Y ha añadido: “Sánchez celebra cada bomba porque el humo y el ruido de las bombas le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones”.

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“La Ley de Glaciares no se toca”: la campaña que advierte que están “rifando el agua del presente y del futuro”

En diálogo con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, la activista socioambiental Paula Kaeser explicó en qué consiste la campaña plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, cuestionó la media sanción obtenida en el Senado y alertó sobre los riesgos de la megaminería, la privatización del agua y el uso intensivo de recursos por parte de la inteligencia artificial. “No están discutiendo un cubito de hielo: están discutiendo la reserva estratégica de agua dulce de la Argentina”, afirmó.

LCV: ¿En qué consiste esta campaña plurinacional por la Ley de Glaciares?

Paula Kaeser: “La campaña se llama ‘La Ley de Glaciares no se toca’. Lo que ocurrió fue que el proyecto obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados. Algunos lo presentan como un logro, pero es apenas un paso en una disputa muy compleja. Lo que estamos pidiendo es que no se modifique la ley para habilitar actividades que puedan afectar glaciares y ambiente periglaciar, porque eso implica poner en riesgo la principal reserva de agua dulce que tenemos.”

LCV: ¿Cómo se le explica a un ciudadano común —o a un diputado que minimiza el tema— por qué esto es tan grave?

Paula Kaeser: “Cuando en la primaria nos enseñaban el ciclo del agua, nos explicaban cómo el agua baja de las montañas, alimenta los ríos y permite la vida en todo el territorio. Si destruís glaciares o descuidás el ambiente periglaciar, alterás ese sistema. No es un pedacito de hielo aislado: es un ecosistema conectado. Si se habilitan proyectos megamineros en esas zonas, la consecuencia es que la reserva de agua dulce puede quedar contaminada o directamente agotada.”

LCV: ¿Tenés ejemplos concretos de lo que puede pasar?

Paula Kaeser: “En la provincia de San Juan, en el departamento de Jáchal, la actividad minera generó derrames que afectaron una cuenca completa. Ese pueblo vivía de dos ríos; tras la contaminación, tuvieron que modificar su sistema de abastecimiento porque uno ya no podía utilizarse para consumo ni riego. A partir de ahí empezaron a registrarse más enfermedades, incluso casos de cáncer, algo que los vecinos remarcan que no era habitual décadas atrás.”

LCV: También mencionaste el tema del acceso al agua potable.

Paula Kaeser: “En Argentina todavía hay un porcentaje muy alto de población sin acceso pleno a agua potable. Y mientras no terminamos de garantizar ese derecho básico, se pretende avanzar sobre las reservas estratégicas. Es un contrasentido: no llegamos a potabilizar el agua para todos y al mismo tiempo queremos habilitar actividades que pueden deteriorar la fuente.”

LCV: ¿Cómo se conecta esto con la inteligencia artificial y los proyectos que se mencionan para la Patagonia?

Paula Kaeser: “Los grandes centros de datos que sostienen la inteligencia artificial necesitan enormes cantidades de energía y agua para refrigeración. Son servidores que funcionan de manera permanente y generan mucho calor. Para enfriarlos se usan sistemas que demandan millones de litros de agua dulce. Entonces, cuando se habla de instalar polos tecnológicos en zonas frías con abundancia de agua, estamos hablando también de presión sobre un recurso finito.”

LCV: También mencionaste la presencia de empresas extranjeras en la gestión del agua.

Paula Kaeser: “Hace años que denunciamos el avance de Mekorot en convenios vinculados al manejo del agua. Por eso impulsamos también la campaña ‘Afuera Mekorot’. Creemos que el agua es un bien común y no puede quedar sujeta a lógicas de negocio. Lo mismo advertimos sobre procesos de privatización en áreas metropolitanas.”

LCV: ¿Cuál es tu perfil y desde dónde impulsás esta militancia?

Paula Kaeser: “Soy maestra jardinera y licenciada en administración hotelera, pero hoy me defino sobre todo como activista socioambiental. Formo parte de la campaña ‘La Ley de Glaciares no se toca’, de ‘Afuera Mekorot’ y de la coordinadora ‘Basta de Falsas Soluciones’, que articula asambleas y espacios territoriales de todo el país.”

LCV: Si alguien quiere sumarse o informarse, ¿cómo puede hacerlo?

Paula Kaeser: “En Instagram pueden encontrarnos en @bastafalsasoluciones y @fueramecorot. Y para información específica sobre glaciares está el blog ‘laleydeglaciaresnose toca.blogspot.com’, donde hay materiales, videos y documentos para descargar y trabajar en escuelas o espacios comunitarios.”

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Paula Arkerfeld, docente y miembro de SUTEBA: “El modelo educativo de Milei es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Paula Arkerfeld, docente de educación especial en la provincia de Buenos Aires, analizó el inicio del ciclo lectivo atravesado por paros nacionales, rechazo paritario y una profunda crisis salarial. Cuestionó tanto las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como la administración provincial de Axel Kicillof, y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de enseñanza, el impacto social en las escuelas y el debate pendiente sobre el modelo educativo.

LCV: ¿Cómo viene el tema en la provincia de Buenos Aires, el inicio de clases y demás?

Paula Arkerfeld: “Hoy estuvimos iniciando una jornada de paro nacional que fue muy fuerte en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Mañana continuamos con una medida de fuerza porque se rechazó la oferta paritaria del gobierno de Kicillof. El miércoles va a haber una nueva reunión, pero estamos hablando de salarios que realmente nos dejan por debajo de la línea de pobreza. Estamos entre los cuatro peores salarios a nivel nacional, siendo que la provincia de Buenos Aires es la provincia más rica. Con 750.000 pesos una maestra no puede vivir, y eso nos obliga a tener otros trabajos o hacer Uber, lo que va en detrimento de la calidad educativa de los chicos.”

LCV: ¿Cómo te cayó el fragmento del discurso del presidente hablando de la importancia de la educación como un baluarte?

Paula Arkerfeld: “Yo creo que el gobierno de Milei desde el primer momento se declaró enemigo de los trabajadores y de la educación pública. Nos recortaron el salario mínimo docente nacional, que hoy está en 500.000 pesos, y convocaron a Paritaria Nacional obligados por una medida cautelar ofreciendo 0% de aumento. Es una burla y un destrato. Es un modelo donde lo que quieren es que quienes puedan pagar vayan a la escuela privada y el resto quede afuera.”

LCV: También hay familias que no pueden sostener la escuela privada y vuelven a la pública. ¿Cómo impacta eso?

Paula Arkerfeld: “Se ve cada vez más reducida la población que puede acceder a la escuela privada, pero para las grandes mayorías lo que ofrece este modelo con reforma laboral es precarización y pérdida de derechos. Nosotras nos movilizamos contra la reforma laboral porque también es una defensa de nuestros estudiantes. Damos todo para que egresen de la secundaria y no tengan ni siquiera acceso a un trabajo con derechos. Ese es el futuro que están proponiendo.”

LCV: ¿Sos maestra de grado?

Paula Arkerfeld: “Soy docente de educación especial. Todo el ajuste y el recorte en políticas de discapacidad nos atraviesa directamente. Acompañamos la lucha de los colectivos de discapacidad porque la escuela vive la crisis social de conjunto. Por eso también planteamos que las familias apoyen esta pelea, que es por los derechos de sus hijos e hijas. Muchas veces se intenta enfrentar a las familias con la docencia, pero hoy se ve más claramente que es una pelea común.”

LCV: ¿Qué pensás de los debates sobre repetición, frustración y el estado actual del sistema educativo?

Paula Arkerfeld: “Son debates muy complejos y necesitaríamos un gran congreso pedagógico para discutir qué escuela necesitamos y cómo salen hoy los pibes. La tarea pedagógica está cada vez más desdibujada porque tenemos que garantizar cuestiones básicas: juntar zapatillas, comprar útiles, ayudar a las familias. Lo hacemos porque tenemos un vínculo con la comunidad, pero en ese contexto es muy difícil abordar la tarea pedagógica como corresponde. Además, muchos chicos no acceden a una lectoescritura comprensiva, y eso también tiene que ver con condiciones materiales, alimentarias y sociales. Los recursos no están.”

LCV: ¿Es solo un problema nacional o también provincial?

Paula Arkerfeld: “Hay fondos nacionales que fueron recortados, pero también hay responsabilidad de la provincia. Hay plata y no hay decisión de ponerla donde corresponde. Estamos teniendo cierre de grados en la provincia de Buenos Aires, no es solo un tema salarial. Podríamos trabajar con grupos más reducidos para atender la complejidad actual, pero se aplican lógicas mercantiles de cantidad de alumnos por maestra. El financiamiento de infraestructura y comedores es muy escaso. En lugar de pagar deudas que benefician a grandes empresarios, necesitamos impuestos a las grandes empresas de la provincia y que esos recursos vayan a educación.”

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