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Rebelión estudiantil en Bangladesh: Primera Ministra huye en helicóptero

Publicado en Nueva Sociedad, 7 de agosto de 2024

En la bahía de Bengala se produce un poderoso viento conocido como monzón. Desde tiempos inmemoriales, este viento marca una temporada entera de inundaciones y lluvias torrenciales. A pesar del carácter devastador para las poblaciones, llegó a ser venerado como un dios, ya que tras la catástrofe deja tras de sí importantes cambios ambientales que favorecen a la agricultura y las reservas de agua. En alusión a este fenómeno natural, los estudiantes de Bangladesh bautizaron con el nombre “Monzón de Bengala” al movimiento de protestas a escala nacional que sacudió al régimen político. Hace pocas horas, la primera ministra, Sheik Hasina, dimitió y escapó en helicóptero hacia la India, concluyendo 15 años de gobierno durante los cuales se la había denominado la “Dama de Hierro”. Hasina es parte de la elite política y del partido vinculado a la lucha por la independencia. El jefe del Ejército anunció rápidamente la conformación de un gobierno interino, sin dar muchos más detalles. Los jóvenes viven el momento como un triunfo, pero no van a tolerar un gobierno militar. Los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero profundicemos en sus raíces. [El pasado martes, día 6, el Parlamento de Bangladesh fue disuelto para nombrar presidente interino a Muhammad Yunus, galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2006.]

Fase 1: contra la reforma

El detonante de las protestas fue la decisión del Tribunal Supremo de restablecer el sistema de cupos que estaba suspendido desde 2018. Este sistema reservaba el 30% de los trabajos gubernamentales a las familias de los veteranos de la guerra de liberación de 1971 contra Pakistán. En aquella guerra había jugado un rol importante la Liga Awami, liderada por Sheik Mujibur Rahman, padre de la expulsada primera ministra Sheik Hasina.

El desempleo es un problema estructural de Bangladesh

Fahim, un estudiante de la Universidad de Dhaka, explica a los periodistas que “la ley tenía sentido en los años tras la independencia, como recompensa para quienes dieron su vida en la guerra”, pero para los jóvenes de hoy “en la práctica significa que la Liga Awami se asegure el control del Estado”. Es decir, el llamado “cupo para los luchadores por la libertad”, junto con la corrupción en el examen de la función pública, impide a muchos de los estudiantes acceder a trabajar en el Estado, lo que significa desperdiciar sus capacidades profesionales en un país donde reina la pobreza. El desempleo es un problema estructural de Bangladesh, pero para la juventud en particular representa un grave obstáculo al finalizar sus estudios. La investigadora bangladesí Naomi Hossein explica que “muchos de ellos tienen las habilidades necesarias para encontrar trabajo en el extranjero, pero están decididos a quedarse y servir a su país”.

De fondo, el reclamo estudiantil apuntaba contra el problema del empleo en Bangladesh, un país pequeño en superficie pero con 170 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive bajo pobreza extrema, que sufre los ciclones anuales junto a epidemias de enfermedades como dengue o cólera. El servicio público abre solo 3.000 puestos de trabajo anualmente para los más de 400.000 graduados de las universidades, y a falta de empleo de calidad en el sector privado, esto pinta un panorama sombrío para los jóvenes.

Julio fue sangriento en Bangladesh. Las protestas que comenzaron el primero del mes de manera pacífica se masificaron y radicalizaron rápidamente por todo el país, y a ellas se unieron trabajadores precarios. Sheik Hasina, conocida como la Dama de Hierro de Asia del sur, respondió con una brutal represión, enviando a su milicia paramilitar la Liga Chhatra, a la Policía y a la Guardia Fronteriza.

El 14 de julio fue un punto de inflexión, cuando se burló de los manifestantes al llamarlos “razakars”, como se llamaba a los bangladesíes que colaboraron con el ejército paquistaní durante la guerra de 1971, acusados de crímenes de lesa humanidad contra civiles en el entonces Pakistán Oriental. Pero este es el modus operandi de la primera ministra. Para justificar la violencia desmedida, el gobierno vincula cada manifestación en su contra con grupos de oposición como el Partido Nacionalista de Bangladesh, liderado por su archienemiga Khaleda Zia –viuda del presidente asesinado Ziaur Rahman–, o el Jamaat al Islamia, de orientación islámica radical. Ambos partidos son conocidos por sus brutalidades en el pasado, sus vínculos con la opresión pakistaní y las dictaduras militares entre 1975 y 1990. Es cierto, estos dieron su apoyo a las protestas, pero según explica Kais Mahmood, “los partidos de la oposición no tienen ninguna influencia en el movimiento, son muertos políticos, los estudiantes están luchando por cambios profundos, por eso los reconocen como miembros de la misma elite que la Liga Awami”.

El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas

Las protestas se radicalizaron en pocos días. El odio hacia el Gobierno se canalizó en ataques contra edificios gubernamentales e infraestructuras públicas, lo que convirtió las calles en zonas de guerra. Los combates fueron sangrientos y fue fundamental la solidaridad de trabajadores callejeros como los chóferes de rickshaw (unos taxis de tres ruedas a tracción humana), que transportaron a los heridos. Entre las imágenes más escalofriantes está la del activista Abu Sayed, que se paró desarmado frente a una columna de policías con los abrazos abiertos y fue fusilado a quemarropa. Este acto fue condenado por Amnistía Internacional, que expresó su preocupación por la grave situación de los derechos humanos en Bangladesh.

En las protestas se destacaron las mujeres y jóvenes. Para Shafiqul Alam, director de la agencia AFP en Bangladesh, se trata de una “revolución de mujeres”. Su participación fue cruelmente castigada por los miembros de la Liga Chhatra, varones que golpearon a cientos de jóvenes con cañas y machetes sin pudor. Sin embargo, esto no las frenó para volver a las calles.

Para controlar la situación, el Gobierno impuso un toque de queda en todo el país y cortó internet durante casi una semana. De la misma manera, prohibió el derecho a huelga o de reunión pública mientras sembraba el terror militarizando las universidades, donde los estudiantes se atrincheraron y llamaron al cierre total. Por las noches, la policía y otras fuerzas represivas realizaron redadas “puerta a puerta” para encarcelar a líderes y activistas sacándolos de sus casas a golpes. Luego de ser liberados, estos denunciaron torturas en los centros de detención.

Para calmar las aguas, el Tribunal  Supremo volvió a abolir el sistema de cupos, dando a entender que retrocedía con la medida. Pero no fue suficiente. El movimiento había comenzado a exigir justicia y rendición de cuentas por los más de 300 muertos hasta ese momento [el 6 de agosto, Euronews elevó la cifra hasta los 400].

Fase 2: por la caída de Sheik Hasina

Luego de una semana de redadas y encarcelamientos nocturnos, el movimiento se reagrupó. Durante esos días se armó un pliego con nueve demandas, entre ellas el reclamo de un pedido de disculpas oficial, justicia por los muertos y la renuncia de varios ministros. Pero en la medida en que el movimiento creció, esto fue virando hacia una sola demanda representada en los miles de puños alzados con el dedo índice señalando el cielo: la renuncia de Sheik Hasina.

Los coordinadores de las protestas comenzaron a hacer una llamado nacional a un “movimiento de no cooperación”. Es decir, el reclamo principal pasó de ser una reforma limitada a los cupos a apuntar contra todo el régimen político.

El domingo 4 de agosto fue el más mortífero hasta el momento. La juventud en las calles derribó decenas de estatuas del héroe nacional Sheik Mujibur e inundó las calles de Dhaka y otras ciudades. Las redes sociales se llenaron de amenazas de la Liga Chhatra, cuyos militantes aparecieron en las principales esquinas con camionetas 4×4 y armas. El día terminó con 94 muertos en los enfrentamientos en todo el país.

A pesar de tantas muertes, Hasina no cesó en sus provocaciones. En una conferencia de prensa, llamó a los manifestantes “terroristas que buscan desestabilizar la nación” y dijo que había que “tratarlos con mano de hierro”.

En respuesta, el movimiento adelantó la “Marcha a Dhaka” hacia la plaza Shahbag a ese lunes para presionar por su única demanda, al tiempo que convocaban a la construcción de Comités de Lucha y Resistencia en cada barrio y aldea. El método emula el de los comités liderados por estudiantes en distintos momentos históricos para la resistencia: los más significativos fueron los que se formaron para luchar por el uso de la lengua bengalí en 1952, en oposición al urdu impuesto por Pakistán, luego durante la guerra de independencia en 1971, y más tarde en la caída de la dictadura en 1990. Esta misma tradición los llevó a resistir las más crueles masacres de la historia del país.

Fahim Mukarrab comenta desde la Universidad de Jahangirnagar, en el distrito de Savar: “Ahora hemos declarado una larga marcha a Dhaka para rodear la residencia de la primera ministra hoy [5 de agosto]. Puede pasar cualquier cosa, amigo mío. La situación aquí ahora es más mortal que cualquier otra en la historia de nuestro país”. Las acciones de esta semana escalaron a un nivel jamás visto, y los periódicos hablaron de millones de personas en las calles.

Fase 3: la caída. ¿Y ahora?

La Dama de Hierro finalmente se oxidó. Durante la tarde del lunes 5 de agosto, Hasina dimitió y abandonó Dhaka en helicóptero volando hacia la India. Miles de manifestantes saltaron la cerca de su residencia y tomaron la casa de gobierno. Tras el vacío de poder, el jefe del Ejército Waker-Uz-Zaman formó un Gobierno interino que ha entablado un diálogo con los líderes de los partidos políticos. Allí no estuvo presente ningún miembro de la Liga Awami. El precedente de esta situación fue en enero de 2007, cuando el Ejército declaró el estado de emergencia para frenar las protestas generalizadas y se instaló un gobierno provisional respaldado por los militares durante dos años.

El factor clave en la caída de Hasina fueron los trabajadores del sector textil y la presión de los fabricantes. Los bloqueos extendidos en el tiempo, los cortes en las principales rutas y la caída de internet y las comunicaciones habían golpeado duramente a la frágil cadena de suministro de la industria textil just in time, de la cual depende el 80% de las exportaciones del país. El sector advirtió que en pocos días se registraron pérdidas por 58 millones de dólares. Cientos de fábricas cerraron sus puertas por miedo a ser vandalizadas, ya que varias fueron incendiadas. Además, reconocen el temor de que sus trabajadoras se unan al movimiento de protesta y se afecte aún más la producción. Desde la Central Sindical de Trabajadores de la Confección de Bangladesh (GWTUC, por sus siglas en inglés), la activista Ferdewsi Rahman afirmó que se habían comenzado a unir miles de trabajadoras textiles a las protestas, donde ya estaban participando diversos sectores de artistas, intelectuales y profesores. El ingreso de este sector clave fue lo que dio el golpe de gracia. Desde 2013 venían protagonizando protestas y huelgas por mejoras salariales. Tras los años de pandemia, el movimiento huelguístico había vuelto a la carga por una mejora durante 2023, desgastando al gobierno desde ese momento.

El analista Michael Kugelman explicaba en la revista Foreign Policy que las protestas hicieron añicos la imagen de una Hasina inquebrantable. La ex primera ministra había basado su gobernabilidad en tasas de crecimiento del 6% anual durante los últimos 15 años, debidas principalmente a la exportación de productos textiles y la inversión en obra pública. Pero para un país de 170 millones de personas esto no es suficiente. La polución se extiende en las calles, con el aire densamente cargado de hollín, y los extensos ríos que fluyen desde el Himalaya están todos contaminados.

La situación macroeconómica en general ya era sombría. El Fondo Monetario Internacional (FMI) venía exigiendo un programa de restricciones del gasto público junto a reformas de mayor apertura y desregulación. Además, el Gobierno, para sostener el crecimiento, había tomado grandes préstamos de otros países asiáticos, principalmente China y la India, lo que dejó a la economía vulnerable a la volatilidad de las divisas y los mercados.

Aunque Hasina ya pendía de un hilo, había ganado un cuarto mandato recientemente con una participación electoral del 40%, la más baja en la historia del país. Su Gobierno había logrado una convergencia entre los empresarios textiles, una alianza con partidos de derecha pero también de izquierda, como los maoístas del Partido de los Trabajadores de Bangladesh.

La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país

Mumu Balaika, una estudiante de la Universidad de Jahangirnagar, explica que “Hasina, desde que llegó al gobierno en 2009, fue centralizando el poder en su figura y persiguiendo a la oposición, tanto líderes sindicales como estudiantiles”. Efectivamente, un informe de Human Rights Watch revela casos de “desapariciones forzadas”, “ejecuciones extrajudiciales” y “tortura”. Esta característica de su gobierno fue uno de los factores de odio generalizado contra su figura.

¿Y ahora qué sigue? La caída de Hasina condensó la crisis orgánica que atravesaba el país. Con una oposición débil y rechazada por la población, los estudiantes que lucharon de forma heroica tampoco pueden anticipar el futuro inmediato. Dip Ranjan Sarker comenta desorientado, desde las calles del distrito de Comilla, que “ahora no sabemos qué sigue, estamos todos esperando qué pasará”.

Ashraf, investigador y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Jahangirnagar, comenta que “no hay una alternativa clara tras la caída del Gobierno por la fuerza de las protestas, y puede que haya algún llamado a nuevas elecciones, pero no existe una estructura política que pueda reemplazar a la elite actual de la Liga Awami ni a los otros partidos”. Explica que “es muy probable que esto conduzca a un gobierno militar, pero la población no lo va a tolerar”.

La caída de Hasina no es un proceso aislado en el sur de Asia. Durante 2022, el movimiento Aragalaya volteó a la dinastía de los Rajapaksa en Sri Lanka. En 2021, en Myanmar, las obreras textiles encabezaron la resistencia contra el golpe militar. En 2020, las calles de Tailandia se vieron abarrotadas de jóvenes levantando tres dedos en alusión a las tres demandas contra la monarquía Vajiralongkorn. Aún la situación en Bangladesh es abierta: “El norte no está del todo claro, pero sabemos lo que no queremos”, dice desde Manipur Rab Tanjim, un joven estudiante tras un día largo en las barricadas, “fueron días y noches terribles, perdí a muchos amigos, pero para nosotros hoy es el día de la victoria”.

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Agustín Lecchi: “Esta reforma laboral es un negocio redondo para las grandes empresas de medios de comunicación”.

En diálogo con LCV, Agustín Lecchi analiza el escenario que enfrenta el gremio de prensa tras el proceso eleccionario, los desafíos de la nueva conducción y la ofensiva del gobierno nacional sobre los derechos laborales, los medios públicos y la comunicación democrática.

LCV: ¿Cómo fue el proceso eleccionario y con qué panorama se encontraron al asumir la nueva gestión?
Agustín Lecchi: “Empezamos y rápidamente tuvimos que salir a enfrentar la reforma laboral que promueve este gobierno, que incluye el intento de derogación del Estatuto del Periodista y un capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que profundiza un mercado de medios hiperconcentrado. Desde el primer día estuvimos en la calle enfrentando el DNU 70, la Ley Bases, el intento de privatización de los medios públicos y, además, peleando por el salario y las condiciones de trabajo. Logramos ganar algo de tiempo, que no es menor, pero va a haber que profundizar la lucha.”

LCV: ¿Qué llegada tienen a diputados y senadores para explicar lo que implica la derogación del Estatuto del Periodista?
Agustín Lecchi: “La semana pasada participamos de la Comisión de Previsión y Trabajo del Senado, el mismo día que nos movilizamos en las calles. Por las características de nuestra actividad tenemos compañeros que trabajan dentro del Congreso y eso nos permite dialogar con muchos legisladores y legisladoras que nos escuchan. Ojalá podamos torcer esta decisión del gobierno. En la Ley Bases logramos algo parecido cuando los medios públicos estaban entre las empresas privatizables y conseguimos sacarlos, sobre todo explicando a legisladores de provincias del norte y la Patagonia la importancia estratégica de Radio Nacional y la Televisión Pública.”

LCV: Da la sensación de que el Estatuto se presenta como algo “negociable” frente a otros derechos más visibles.
Agustín Lecchi: “Es así. Nosotros rechazamos toda la reforma, pero en particular la derogación del Estatuto y el capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que elimina el gravamen que financia medios públicos y fondos de fomento. Acá no solo buscan quebrar al movimiento obrero, sino destruir la comunicación democrática y la pluralidad de voces. Atacan la libertad de expresión y el derecho a la información, porque si yo puedo ser despedido por lo que pienso, se van acallando voces hoy y mañana.”

LCV: ¿Cómo se le explica esto a la sociedad de manera simple?
Agustín Lecchi: “Hay que decirlo en términos básicos: si yo quiero contar una noticia desde mi punto de vista y no coincide con el de la empresa, me pueden echar. No importa si está justificado o no. Eso va generando autocensura. No se trata de un gobierno en particular ni de una línea editorial, sino de evitar la hegemonía de voces, porque con cualquier gobierno sería igual de grave.”

LCV: ¿Ese fue el eje de la exposición en el Senado?
Agustín Lecchi: “Sí, planteamos la importancia de la libertad de expresión y de la tarea periodística garantizada por el Estatuto. Es un gobierno que también atacó leyes de acceso a la información pública, por eso tener una norma que resguarde nuestra profesión es fundamental. El Estatuto no es solo laboral: también protege derechos individuales y profesionales, y esa discusión no puede darse dentro de esta ley.”

LCV: ¿Trabajan la concientización con las audiencias?
Agustín Lecchi: “Lo venimos haciendo hace mucho, pero hay una censura enorme de las grandes empresas de medios sobre la reforma laboral y el Estatuto, porque es algo pedido por ellas. Para las empresas es un negocio redondo: les sacan impuestos y nos sacan derechos. Desde el menemismo, cuando se permitió que fuéramos factureros, se fue degradando la relación laboral y el periodismo pasó a verse como un producto.”

LCV: El gobierno anunció una reducción del 20 % en RTA. ¿Qué saben de eso?
Agustín Lecchi: “Hablan de retiros voluntarios que de voluntarios no tienen nada. La semana pasada hicimos un paro con concentración en la puerta del canal, con acompañamiento de dirigentes de la CGT y la CTA. Hay mucha conflictividad porque la situación salarial es dramática. Nos imponen la paritaria de la administración pública cuando históricamente tuvimos paritarias propias. En Radio Nacional el salario está judicializado y en la Televisión Pública seguimos en conflicto.”

LCV: ¿Cómo se preparan para lo que viene?
Agustín Lecchi: “Vamos a rechazar cualquier intento de avanzar sobre los puestos de trabajo. Estuvimos cuatro meses acampando en la puerta de la TV Pública y cuando hacemos paro es contundente, no sale nada al aire. Sabemos que se viene un año difícil, pero una elección no da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Tenemos fortaleza gremial para enfrentar lo que haya que enfrentar y para construir propuestas desde los trabajadores.”

LCV: ¿Hubo cambios en la conducción del sindicato?
Agustín Lecchi: “Sí, hubo mucho recambio. Se incorporaron compañeros jóvenes, como Sebastián Díaz en la Secretaría Gremial y delegados de distintos medios. Tenemos una conducción diversa, ideológica y políticamente, pero todos con un objetivo común: defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de prensa de todos los medios.”

LCV: ¿Cómo es la relación con el Grupo Octubre?
Agustín Lecchi: “Para nosotros es un empleador más. Este año tuvimos mucha conflictividad en Canal 9, Página 12 y Radio Continental. Logramos un impasse porque empezaron a cumplir con el pago de la paritaria. Nuestro objetivo es simple: que paguen lo que se acordó con la cámara empresarial, como cualquier otro medio.”

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“Cuando la vivienda se construye en comunidad: la experiencia de FECOOPTEBA”

Con más de tres décadas de trayectoria, la Federación de Cooperativas de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (FECOOPTEBA) nuclea a cooperativas de vivienda y consumo integradas por docentes y auxiliares de escuelas públicas y privadas. En diálogo con La Columna Vertebral, Marta Andreoli explicó el origen, el funcionamiento solidario y el alcance de una experiencia que ya permitió el acceso a la vivienda a más de mil familias bonaerenses.

Transcripción:

LCV: “Contame un poquito de qué se trata la FECOPEBA, Federación de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires y cooperativa de vivienda y consumo.”

Marta Andreoli: “FECOPEBA no es una cooperativa en sí misma, sino una federación de cooperativas de vivienda y consumo. Tenemos una historia de 30 años en la provincia de Buenos Aires y está vinculada específicamente a docentes y auxiliares de escuelas de toda la provincia, tanto de gestión pública como privada. Como toda cooperativa, está abierta en cada distrito a que se sumen compañeras y compañeros de las distintas comunidades educativas.”

LCV: “¿Por qué surge la federación a nivel provincial?”

Marta Andreoli: “Hablamos de 30 años porque primero se fue formando cada cooperativa de manera autónoma, autogestionada y autodeterminada. La primera fue en el distrito de La Matanza y, a medida que se fue colaborando con el nacimiento de otras cooperativas, se volvió necesario generar una federación para organizarnos, intercambiar experiencias y seguir creciendo en toda la provincia.”

LCV: “Cuando hablamos de cooperativas de vivienda, históricamente se pensaba en el acceso a la primera casa. Hoy, con el crédito tan escaso, ¿cómo funcionan estas cooperativas?”

Marta Andreoli: “En su origen y en su continuidad, nuestras cooperativas se basan en algo que parece en desuso pero es fundamental: el autoahorro. Cada compañera y cada compañero que se asocia va generando, junto a otros, un capital común. Con ese capital se gestiona la compra de un terreno, generalmente cercano a la zona de trabajo. Luego se realiza todo el trabajo con el municipio para lograr la mayor cantidad de viviendas posibles al costo, porque somos nosotros mismos quienes administramos el dinero.”

LCV: “¿Qué rol cumple el trabajo solidario en ese proceso?”

Marta Andreoli: “El trabajo solidario es clave. Las comisiones trabajan de manera voluntaria y eso permite que entre un 30 y un 35% del costo no pase por un fideicomiso ni por una empresa privada. Ese esfuerzo colectivo se vuelca directamente para que las viviendas salgan a costo. No es un crédito, es una capitalización solidaria entre todos para que cualquier familia, en cualquiera de sus formatos, pueda acceder a su primera vivienda.”

LCV: “¿Cómo se define quién accede primero a la vivienda dentro del grupo?”

Marta Andreoli: “Se prioriza a las familias que alquilan y que tienen hijos pequeños. También se tienen en cuenta situaciones de mayor vulnerabilidad, como quienes viven prestados o en una sola habitación dentro de una casa familiar. En general, quienes alquilan son los primeros en acceder y, muchas veces, se trata de jefas de hogar, mujeres que quedaron solas al frente de la familia, algo muy común.”

LCV: “Una vez comprado el terreno, ¿cómo se garantiza el acceso a los servicios básicos?”

Marta Andreoli: “Depende mucho de la zona. En localidades como Rauch, Carmen de Patagones, Junín o Las Heras existe una colaboración muy fuerte con cooperativas de servicios y de trabajo, porque esas comunidades funcionan así. En otros casos, como hoy en Luján, trabajamos sobre terrenos que no tienen servicios y es obligatorio articular con las cooperativas correspondientes para lograr luz, agua, gas y saneamiento, siempre buscando que el pago sea accesible para las familias.”

LCV: “¿Cómo es el vínculo con los municipios y el Estado?”

Marta Andreoli: “En cada municipio donde trabajamos también hay una tarea pedagógica, porque somos docentes. Hay funcionarios que nos abren las puertas y otros no tanto, pero siempre explicamos cómo funcionamos y que no tenemos fines de lucro. Todo debe estar en blanco, con facturas y regulado tanto en la provincia como a nivel nacional. No existe la posibilidad de coimas ni atajos: los expedientes siguen su curso de manera transparente o no avanzan.”

LCV: “¿A cuántas personas han asistido hasta el momento?”

Marta Andreoli: “Con la suma de las últimas diez viviendas entregadas en La Matanza, entre todas las cooperativas ya alcanzamos las 1.214 viviendas construidas y entregadas.”

LCV: “¿Cómo es la vivienda promedio que construyen?”

Marta Andreoli: “En líneas generales tenemos tres modelos: un monoambiente, una vivienda de dos dormitorios con cocina comedor integrado y una vivienda de tres dormitorios, que llamamos la vivienda grande. En las zonas donde se puede se construyen casas y, más cerca de la General Paz, edificios. Todo depende también de lo que permita cada municipio. Una vivienda grande puede tener entre 65 y 75 metros cuadrados, la mediana entre 45 y 50, y el monoambiente o vivienda de un dormitorio entre 42 y 47 metros cuadrados.”

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Julián Benitez, de la Cámara de la Industria del Juguete: “La Noche de las Jugueterías mostró que el comercio de cercanía sigue siendo clave”

En un contexto de caída del consumo, cambios en los hábitos infantiles y preocupación por la seguridad de los juguetes, la industria juguetera atraviesa un año complejo. Sin embargo, iniciativas como la Noche de las Jugueterías buscan fortalecer al comercio de cercanía y sostener la actividad. En diálogo con LCV, Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, analizó los resultados de la jornada, la situación del sector y los desafíos que enfrenta la industria nacional.

LCV: Hace muy pocos días, el 11, se realizó la Noche de las Jugueterías. Contame qué resultados tuvieron, cómo fue la jornada.

Julián Benítez: “Fue una muy buena jornada, con una gran adhesión por parte de los comercios. La gente se acercó para conocer novedades y realizar reservas, lo que muestra una de las fortalezas de las jugueterías de barrio: el comerciante de cercanía puede reservar un juguete a un cliente de toda la vida y guardarlo hasta el momento de una promoción bancaria. Ahora estamos complementando esta iniciativa con los días clave que definen el desempeño de la temporada de fin de año, especialmente Navidad.”

LCV: ¿Cuántos barrios abarcó la Noche de las Jugueterías?

Julián Benítez: “Fue una jornada federal, con participación de jugueterías de todo el país.”

LCV: ¿En qué lugares tuvo más impacto? Pienso en Córdoba, Jujuy.

Julián Benítez: “Siempre de acuerdo a la densidad poblacional, pero el impacto se notó en todo el país. Lo más importante es remarcar que existe una manera diferente de comerciar cuando hablamos de un comercio de proximidad.”

LCV: Recién hablábamos del valor del comercio de cercanía.

Julián Benítez: “El objetivo es invitar a la gente a volver al comercio pyme y a la juguetería tradicional para encontrar el juguete indicado. Ese es el valor agregado: la recomendación del juguetero, que orienta según la edad y los intereses de los chicos, y pone la cara por la calidad de lo que está vendiendo.”

LCV: ¿Cómo convive esto con el crecimiento del comercio online?

Julián Benítez: “Hoy hay una reconfiguración de los canales de comercialización, con un fuerte crecimiento del e-commerce, que es muy útil cuando ya se sabe exactamente qué comprar. Pero no siempre es así, y ahí el comercio de cercanía sigue siendo fundamental. Además, el comercio online explica entre el 25 y el 30% de las ventas totales, mientras que el comercio de proximidad continúa siendo mayoritario.”

LCV: Paso del minorista al fabricante. ¿Cómo está la industria hoy?

Julián Benítez: “El nivel de actividad de las pymes es bajo en comparación con años anteriores. Se trabaja a un solo turno y seis de cada diez máquinas no están funcionando plenamente, lo que implica una capacidad ociosa del 50 al 60%. La principal problemática del año fue la caída del consumo general, que afecta no solo a la industria del juguete sino a todos los sectores.”

LCV: Además hay cambios en los hábitos de los chicos.

Julián Benítez: “Sí, cada vez pasan más tiempo frente a pantallas y menos tiempo jugando con juguetes. Esto no solo preocupa a la industria, sino también a la educación y al desarrollo infantil. Junto a pediatras y especialistas vemos problemas de sedentarismo, obesidad, falta de atención y dificultades para tolerar la frustración, algo que antes se aprendía jugando juegos de mesa en familia.”

LCV: Justamente, los juegos de mesa cumplen un rol educativo.

Julián Benítez: “Exactamente, ayudan a aprender a ganar, perder y respetar reglas, que es la vida misma. Por eso insistimos en volver a poner el juego en agenda, incluso el juego sin consignas, el aburrirse, que es fundamental para estimular la creatividad.”

LCV: También expresaron preocupación por los juguetes importados sin controles sanitarios. ¿Qué están reclamando?

Julián Benítez: “Es un problema multivariable. El contrabando elude los controles oficiales y hace ingresar juguetes que no cumplen con la norma técnica de seguridad ni con los procesos de certificación. Desde agosto cambió el esquema de fiscalización y ahora se controla en el mercado, lo que es un gran desafío en un país tan extenso. Estamos trabajando con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: ya se retiraron productos peligrosos, se eliminaron publicaciones online y se avanzará con multas. Además del riesgo para los chicos, estos productos generan competencia desleal porque se venden a precios irrisorios al no cumplir ningún control.”

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