Si bien en el Ministerio de Defensa no hubo centenares de despidos como en otros organismos, las listas de cesanteados tuvieron un tinte más ideológico que de ajuste. Desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Archivo histórico, en el que no solo se puede encontrar documentación militar de hace 200 años sino que preservaba los documentos correspondientes al período de la dictadura. Muchos de ellos fueron utilizados por la justicia para establecer resonsabilidades en delitos de lesa humanidad. De los trece archivistas y profesionales especializados quedaron solo tres, prácticamente sin funciones.
Hace un mes y medio, Petri nombró a Lucas Miles Erves como Director Nacional de Derechos Humanos del ministerio. Abogado y ex comendiante, tiene un curriculum en el que se destaca como asistente del Departamento de Estado de EEUU. Se define a sí mismo como especialista en Defensa y Derechos Humanos, aunque recién en enero de este año logró su diplomatura en DDHH en la Universidad Austral. En su twitter destaca como sus intereses: “Amor por el tenis. Disfruto de viajar y hacer reír. Comprometido con todo aquello que nos haga mejores personas”.
Se ignora cuáles fueron los motivos que impulsaron a Petri a nombrar en un cargo tan especial a alguien que por sobre todas las cosas le gusta hacer reir. Claro que no es el único nombramiento inquietante también asumió como asesor del ministerio el contador Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, según el diario La Nación cobrará un sueldo de dos millones doscientos mil pesos.
Entrevistado por Canal Abierto, Alan Rüst, uno de los despedidos del Archivo destacó: “Los paracaidistas que están cayendo en el Estado dan bronca y desazón, es más fácil destruir que construir, llevamos años especializándonos en el tema y ya no sabemos qué va a pasar con esos documentos’ y agregó que con el sueldo del hermano de Adorni se podría pagar a todo el equipo del ERyA, cuyos profesionales cobran un promedio de 600.000 pesos.
Está claro que las cesantías nada tienen que ver con aumentar el superávit fiscal, de hecho Petri denunció a los archivistas como un grupo ‘parajudicial de persecusión a las Fuerzas Armadas’. Consultado por el diario Clarín, el ministro sostuvo que“los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”.
Reclamo del International Council on Archives
El Consejo Internacional de Archivos (ICA en su sigla en inglés) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas.
En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983.
A través de un comunicado difundido en la comunidad internacional afirman:
Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino:
- El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial
- El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa
- La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos.