Violencia institucional en tiempos de cuarentena

A los abusos policiales denunciados en la provincia de Chubut, el asesinato de Julio Espinoza en Tucumán, los golpes y detenciones a una familia del barrio Toba en el Chaco, las persecusiones a dirigentes sociales en varias villas de la Capital Federal, se siguen sumando casos que demuestran la falta de respeto a la vida por parte de agentes de seguridad de distintas provincias.

San Luis tuvo dos muertes en comisarías de personas detenidas por violar la cuarentena y que aparecieron ‘suicidadas’ en sus celdas.

Magalí Morales salió el 6 de abril a comprar comida a un negocio cercano. Pensaba volver pronto, le pidió a una vecina que vigilara a sus dos hijos de 11 y 7 años y a su nieta de 2. Se fue en bicicleta pero no volvió. Esa misma noche la encontraron ahorcada en la comisaría de Santa Rosa de Conlara. No está claro en dónde fue detenida. El motivo parece ser que no era el día, por su número de DNI, en el que podía salir. Violación de cuarentena. La policía no tuvo reparos, ella se enojó, terminó detenida. Tres niños, en tanto, esperaban su regreso. Esa noche, encontraron su cuerpo ahorcado en la celda. La versión oficial habla de suicidio con un cordón de su buzo. Nadie cree que eso fuera posible.

El abogado de la familia Morales, Santiago Calderón Salomón, declaró a Telam que desde hace tiempo espera que se resuelva un pedido de recusación planteado contra el juez de la causa, Jorge Pinto, y se autorice una nueva autopsia a cargo del tribunal. A dos meses de la sospechosa muerte de Magalí, hecho que provocó la intervención de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, quien solicitó un informe detallado al ministro de Seguridad, Gobierno y Culto de la provincia, la causa sigue paralizada.

El 24 de abril, Franco Maranguello, un adolescente de 16 años, corrió idéntica suerte en la localidad de Villa Mercedes, también provincia de San Luis. Estaba sentado en el cordón de la vereda en la puerta de su casa junto a un amigo. La policía consideró que estaban violando la cuarentena. Su madre salió a pedirle que no se lo llevaran que ella se ocupaba de mantenerlo adentro. No hubo forma de convencer a los uniformados. Cuando la mamá fue a buscarlo a la comisaría del menor, le informaron que su hijo se había suicidado.

Ambas causas siguen en curso, en el caso de Franco se pidió una segunda autopsia debido a las irregularidades mostradas en todo el procedimiento.

En Rosario, Darío -de quien no se publicó su apellido-, iba en moto a buscar comida para el Centro Comunitario en el que trabajaba y fue atropellado por un patrullero. De acuerdo a las denuncias, notó que una camioneta sin luces lo seguía, no hubo voz de alto, solo escuchó dos disparos al aire y luego fue atropellado bruscamente de atrás golpeando contra una pared. Se trataba de un móvil policial que transitaba fuera de su juridicción. De acuerdo al testimonio recogido por Rosario 3: “En el barrio los vecinos manifestaban absoluta indignación. Según contaron, fueron amenazados por los policías cuando asistían a Darío. Si bien en la zona tiene jurisdicción la 18ª, la camioneta era de la comisaría 21ª. Hasta esta segunda seccional fueron luego del hecho y de que Darío fuera trasladada al Heca. Allí una vecina quiso fotografiar la camioneta en cuestión, que tenía un abollón y perdía agua, pero los uniformados se lo impidieron.”

En este momento, Darío se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con múltiples fracturas.

Sus familiares piden justicia.

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