El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción, desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.

Desde 1969, en distintas zonas industriales se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras que establecieron con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A esto se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, entre fábricas, y de las zonas industriales a los barrios obreros.

Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venía gestando en la clase obrera, el pueblo y las organizaciones populares.

La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones.

Los militares genocidas llegaron con la consigna de poner disciplina ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las conflictos sociales, e implementaron mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, con el empleo de alta violencia y la no vigencia de las garantías civiles.

La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidos los detenidos, explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.

El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti, fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo de la dictadura: la imposición de un modelo económico anti obrero.

Su aplicación trajo consecuencias sociales: cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, desde antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día sufrió la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.

El golpe militar constituyó el momento culminante de un largo proceso histórico en que militarismo y golpismo se conjugaron periódicamente para negar todo tipo de democracia. Nunca como en el período 1976-1983, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de Estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños.

La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas.

Como hemos afirmado, el segundo objetivo del golpe militar fue imponer el proyecto económico encarnado en la figura del ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, que fue elaborado como un programa de modernización del aparato productivo y de “racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo tipo de aberraciones.

El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes, contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período.

Los asalariados

Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron: intervención de la CGT y de numerosos sindicatos – entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial -asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la ley de Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica -en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación – a pesar de que el 95% de los trabajadores ratificaron a sus anteriores sindicatos -, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar.

A eso se sumó la ley de prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la ley de Contratos de Trabajo, que anulaba normas en materia de derechos.

Sin embargo, existía la necesidad de brindar una imagen de “paz interior”. Por tal motivo, ese proceso de disciplinamiento represivo se realizó en forma abierta y también encubierta, ocultando la identidad de las víctimas, hechos que se materializaron en la figura del “desaparecido”.

Las características de los procedimientos y padecimientos a los que fueron sometidos los detenidos en los centros clandestinos, se conocieron por las declaraciones de sobrevivientes y posteriormente por el relato de los autores que son miles y arrepentidos muy pocos.

Este cuadro sobre los desaparecidos por profesión con datos de la Conadep, ejemplifica lo expresado: Desaparecidos por profesión porcentaje: obreros 30,2%, empleados 17,9%, docentes 5,7%, estudiantes 21%, profesionales 10,7%, autonomos 5%, amas de casa 3,8%, conscriptos 2,5%, periodistas 1,6%, actores, artistas 1,3%, religiosos 0,3%. En síntesis, sumando los porcentajes de desaparecidos obreros, empleados y docentes se llega a 53, 8%, lo que significa que la fuerza de la represión cayó sobre los trabajadores.

(Publicado en La Capital, el 28 de marzo de 2021)

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