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Ambiente

Uruguay siglo XXI: Incendios y plantaciones forestales

Informe especial de Laura Giussani Constenla, desde Colonia

“El fuego devoró todo a su alrededor, cientos y cientos de hectáreas de forestación y campos de otras producciones. El día 30, en dos horas la masa de fuego avanzó 24 kilómetros (es la velocidad de un maratonista). Las chispas volaban como lanzas encendidas hasta cinco kilómetros del lugar donde estaba el fuego”. Así contó el periodista uruguayo Víctor Bacchetta su experiencia frente al fuego en Paysandú. Especializado en cuestiones ambientales, Bacchetta sostuvo que “las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”.

El inicio del año 2022 sorprendió a Uruguay con una serie de incendios en Salto, Paysandú, Río Negro y Canelones. Con 22.000 hectáreas quemadas en un par de semanas se considera la peor devastación forestal de la historia del país. Por la gravedad de la situación cuatro ministros de la Nación deberán asistir a la Comisión Permanente del Parlamento el miércoles 19 de enero para informar sobre los recientes incendios forestales, de los cuales todavía se investiga el origen. Hasta ayer, los bomberos debían combatir un centenar de incendios en distintos puntos del país. La sequía y las altísimas temperaturas estarán seguramente entre las causas.

Más allá de la anécdota sobre cómo se provocó cada foco, conviene remontarse a los orígenes de una política que alentó las plantaciones de eucaliptus y pinos en detrimento de la tradicional economía agrícola de pastoreo y alimentos. Conviene recordar que las ‘plantaciones’ no son bosques. Más bien todo lo contrario. Son árboles transgénicos cuyo único fin es comercial: materia prima de pasta de celulosa o aserrín. Nada aportan a la biodiversidad. Más bien todo lo contrario. Tierra arrasada por el uso de herbicidas químicos que permiten que se planten en filas.

Forestación comercial de Montes del Plata. Lejos de ser un bosque. Sin flora ni fauna.

Según un estudio realizado en el año 2000 por Carlos Pérez Arrarte (Ingeniero Agrónomo, Director Docente de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay, e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay) el impacto ambiental no ha sido medido con seriedad aunque puede afirmarse que: “Desde la perspectiva de la biodiversidad, este proceso es equivalente a la deforestación de la Amazonia para expandir la frontera de la ganadería tropical, pero de sentido inverso: destruimos un sistema natural (la pradera pampeana) y sus múltiples servicios ambientales asociados, para la producción de árboles cultivados bajo un régimen agrícola propio de la revolución verde. Por otra parte, durante tres siglos esa pradera ha sido la base de un sistema productivo sustentable -la ganadería extensiva- sobre el que se estructuró la economía y la sociedad uruguaya. Las plantaciones comerciales eliminan en el período comprendido por los turnos -20 a 30 años- la vegetación original y su fauna asociada, estableciendo la interrogante de cuál es la reversibilidad futura de esta opción. Las diferencias entre un sistema vegetal monoespecífico compuesto por árboles coetáneos, vis a vis una pradera multiespecie integrada en forma dominante por especies herbáceas de más de 80 familias, son notables, incluyendo la biodiversidad, los suelos, el ciclo del agua, y de la atmósfera asociada.

Para leer el informe completo de Carlos Pérez Arrarte : tries/903-impacto-de-las-plantaciones-forestales-en-uruguay

Un modelo. Una política de Estado.

El crecimiento de estas ‘granjas forestales’ o ‘árboles domesticados’ no fue un fenómeno espontáneo, se trató de una política de Estado que inició en los años 90 y permitió que se pasara de 186.000 hectáreas forestadas en 1990 a 1.150.000 en la actualidad.

Todo empezó en 1987 con la sanción de una ley de promoción forestal que otorgaba los siguientes beneficios para quienes se dedicaran a esa actividad. Entre ellos: exoneración de 12 años de pagar los principales impuestos de cualquier actividad agropecuaria corriente; tampoco debían pagar impuestos de importación de bienes de capital e insumos; subsidios directos a las plantaciones por un monto del 50% del proyecto presentado; permiso de utilizar la figura jurídica de la sociedad anónima, que no estaba permitida en el ámbito del sector agropecuario; líneas de créditos del Banco de la República de largo plazo (12 a 15 años) y con períodos de gracia hasta la cosecha para los intereses; reducción de un tercio en la tarifa portuaria para el movimiento de maderas en relación a otros bienes.

Gracias a éstas dádivas desembarcaron en el pequeño país del sur decenas de empresas del norte. Noruega, Finlandia y Suecia mostraron especial interés en instalar sus fábricas de árboles en Uruguay.

De acuerdo a un artículo de Daniel Roselli en El Eco: “En 2007 se eliminaron los beneficios, pero se trasladaron a la producción en zonas francas. Las empresas de la cadena forestal-celulósica se convirtieron así en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a las plantas de celulosa. Al producir y exportar desde zonas francas libres de impuestos, UPM y Montes del Plata pueden adquirir tierras y pagar arrendamientos superiores a los de la ganadería y la agricultura. La forestación se expandió entonces fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no está prohibido plantar. Un 29% de las plantaciones ocupan hoy tierras aptas para otros cultivos, que no era la finalidad de la ley de 1987.”

Rollizos de eucaliptus para exportar de la Zona Franca de Nueva Palmira

Hace una década, el Ingeniero Pérez Arrerte advertía: “Después de 11 años de ejecución del Programa Forestal y de numerosos llamados de atención por investigadores independientes y organizaciones universitarias y no gubernamentales, ni el Banco ni el Gobierno han alentado un estudio significativo sobre los impactos globales de la forestación en los recursos naturales del país, y de los posibles impactos cruzados de unos proyectos sobre otras actividades que son de interés público y de los bancos multilaterales: abastecimiento de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable a centros urbanos, desarrollo del cultivo de arroz irrigado, impactos sobre la ganadería y otras actividades agrícolas por el incremento del precio de la tierra, utilización antieconómica de infraestructuras viales y portuarias, riesgos de grandes incendios, entre otros.”

Este año, los temidos ‘grandes incendios’ llegaron con fuerza brutal. Uno de ellos en la forestal Montes del Plata de Fray Bentos que vio arder en un par de días 1.300 hectáreas de ecucaliptus destinados a la pasta de celulosa. “Las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”, sostuvo Víctor Bacchetta.

Reglas de excepción en Colonia

Mientras las autoridades intentaban descubrir quién encendió la mecha en cada incendio, sin considerar que la principal chispa fue la que desató un monumental descalabro ambiental en el continente con un plan similar en distintos países y regiones iniciado en los años noventa, en Colonia las empresas forestales obtenían un premio excepcional.

El 10 de enero, la Junta Departamental de Colonia votaba a favor de una ‘excepción’ que le otorgaba prioridad forestal a un predio cercano a Ombúes de Lavalle. Un peligroso antecedente que abre la puerta a los reiterados pedidos de la empresa Montes del Plata, protagonista de uno de los principales estragos forestales.

La excepción otorgada a un establecimiento subsidiario de Montes del Plata, fue aprobada con la mayoría de los votos del Partido Nacional, con la oposición del Frente Amplio y el Partido Colorado. Entrevistado por el semanario local El Eco, el edil departamental del FA, Ismael Perrachón, indicó que esto significa abrir las puertas a otros proyectos por vía de excepción y recordó que uno de los perjuicios de la forestación, “es que su follaje se queda con el 20 por ciento del agua de lluvia. El 20 por ciento del agua no llega al suelo y eso causa estragos en el suelo, en el resto de las producciones”.

A pesar de la defensa a ultranza de los gobiernos del Frente Amplio a este modelo de forestación con todos los riesgos que conllevaba, el decreto de excepción provocó una dura crítica, que incluyó una autocrítica, de la bancada de ediles del Frente Amplio colonienses quienes se solidarizaron con las víctimas de los incendios y agregaron: “la situación de angustia y desesperación que tuvieron que enfrentar no son de causa fortuita, responden al afán de lucro desmedido de las empresas forestales y a la ausencia de regulación por parte del Estado en los últimos 30 años” . Hoy en la oposición, el FA resalta algunos errores de su gestión: “Reconocemos que en los gobiernos del Frente Amplio no se tomaron las medidas suficientes para obligar a las empresas a evitar y prevenir los riesgos que corrió la población de la zona. Sin embargo, destacamos la capacidad de autocrítica de nuestra fuerza política, que antes de fin de año votó por unanimidad de sus parlamentarios, una ley que limitaba el avance desenfrenado de las plantaciones forestales en defensa de los productores y productoras familiares”.

Dicha declaración hace referencia a la defensa acérrima de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica a la instalación de empresas como Botnia que provocaron una complicación diplomática con Argentina y generó uno de los mayores movimientos ambientalistas de la región con sede en Gualeguaychú, frente a las costas de Fray Bentos. Curiosamente, dicha Asamblea tuvo como promotoras a dos militantes del Frente Amplio de la vecina ciudad uruguaya quienes cruzaron el puente en busca de apoyo de la población de Gualeguaychú, entre ellas la profesora y edil del Frente Amplio, Delia Villalba, y la Dra fraybentina Julia Coccaro.

Una herida en el Frente Amplio

La política a favor de la forestación y la instalación de Botnia provocó un terremoto silencioso dentro del partido del Pepe Mujica. Tan es así que, a pesar de un clima represivo que incluía pinzas policiales y helicópteros militares sobrevolando la región, el 7 de octubre de 2007 se fundó en Nueva Palmira una Asamblea Regional cuyo comunicado de prensa decía:

“Hoy, en Nueva Palmira, ciudad-puerto que será el punto de partida de la pasta de celulosa uruguaya hacia el mundo, ha quedado instaurada, por aclamación, la Asamblea Regional. Convocada por treinta organizaciones sociales de la región, en la reunión estuvieron presentes delegaciones de Montevideo y de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Maldonado y Rocha. También de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Debemos subrayar la valiosa presencia de una delegada del Movimiento Sin Tierra del Brasil (MST). Más de 400 personas han tenido voz y voto y compartido un histórico espacio de libertad y deliberación. Pequeños productores, apicultores, técnicos, luchadores sociales, trabajadores desocupados, trabajadores de la forestación, vecinos de la ciudad. Voces habitualmente desoídas por nuestros gobernantes y los medios de comunicación. Movidos por la certeza de que solamente a partir de la unión y la hermandad lograremos fortalecer nuestra lucha, consideramos que ha llegado el momento de que comiencen a oírnos.”

Multitudinaria marcha contra Botnia en el puente de Gualeguaychú-Fray Bentos


 
Botnia no era el único reclamo. Criticaban también la forestación del llamado ‘desierto verde’, las plantaciones de soja y transgénicos, al igual que las mineras, las industrias contaminantes y la condición de vida de los trabajadores, entre otras cosas. Para finalizar diciendo:
“Porque todo nos une: la historia, la cultura, los pueblos originarios y la lucha que durante años llevaron adelante Artigas, San Martín y Andrés Guaçurarí por la emancipación de nuestros pueblos. Lazos e historia que gobierno o interés económico alguno lograrán destruir.
Por eso los convocamos a sumarse a esta Asamblea Regional que desconoce fronteras. Porque vendrán otros y otros pasos, cada vez más firmes, cada vez más vigorosos.”

Comunicado completo: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Asamblea-Regional-Argentina-Uruguay-documento-final-sobre-la-primera-reunion-en-Nueva-Palmira

Así se expresaban decenas de organizaciones del litoral en aquel 2007. La Asamblea Regional funcionó un par de años, pero dejó constancia de la unidad de los pueblos y el disgusto por determinadas políticas, aún aquellas llevadas adelante por gobiernos caracterizados como ‘progresistas’. En los años sucesivos se consolidaron las Asambleas Ciudadanas de la UAC.

Quince años después de aquellas movidas se alza en Colonia una tibia autocrítica que apunta a la falta de controles más que al modelo en sí mismo. No es poco, tampoco es mucho.

La Columna Vertebral charló con Daniel Roselli, codirector de El Eco, quien fue en ese momento el moderador de la Asamblea Regional, un acontecimiento histórico para Nueva Palmira, con el lleno total del Club Palmirense. “Parece que empiezan a darles la razón?”, preguntamos. “Sí, tal cual, ahora empiezan a ver lo que planteábamos nosotros. Algunos frenteamplistas dicen ‘ahora porque no están en el poder’, y sí, también es cierto. Aunque hay que reconocer que en Colonia, sobre todo los ediles del departamento de Colonia de Sacramento siempre tuvieron una mirada crítica sobre la forestación. Eso es bueno reconocerlo.”, señaló Roselli.

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Luego de conocerse el decreto de excepción se conoció un comunicado de prensa de la Ecoasamblea de Colonia titulado: “Con barbijo pero sin mordaza. Montes del Plata avanza sobre nuestro territorio”, en el que afirman:

“Somos una Organización Social de pobladores de Colonia unidos con la finalidad de visibilizar los problemas socio-ambientales que afectan directa o indirectamente a la vida cotidiana de las personas de nuestro Departamento, así como también luchar para que estos se reduzcan. La forestación es uno de los temas que nos ocupa visto la gran expansión que ha tenido en Colonia gracias a las excepciones para las plantaciones forestales en zonas no permitidas.(…) Ecoasamblea Colonia fue convocada a fines del 2019 por parte de la bancada del Frente Amplio para elaborar un informe técnico sobre los pedidos de excepcionalidad. El mismo fue realizado por parte de profesionales en diferentes materias (sociología, biología, agronomía), pero que nunca se presentó frente a la Junta ya que no fuimos convocados, como se había comprometido.(…) A través de este comunicado no solo queremos informar sobre esta situación sino también sobre las posibles consecuencias de una expansión de la forestación comercial, las cuales ya se han comprobado en nuestro país, como son el daño a la tierra, la escasez y contaminación del agua, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, desaparición de productores rurales, destrozos de rutas y construcciones antiguas, y el riesgo de incendios.”

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Ambiente

Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”

Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.

Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.

“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.

La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región.  “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.

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Ambiente

Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera

En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.

De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándose en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.

El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo. 

La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.

Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.

Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.

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Ambiente

El emperador tiene quien lo alimente, por Tomás Astelarra

Publicado en La Luna Con Gatillo

Desde que tengo recuerdos hay una metáfora muy recurrente en los análisis económicos de la Argentina: la de la frazada corta. Creo que el gran Zloto solía mencionarla. Si te tapas la cabeza, descuidas los pies. Si apostas a subsidiar los grandes grupos económicos exportadores en busca de dólares para pagarle al FMI, esos mismos dólares que estos grupos se deliraron en la bicicleta financiera, seguramente sea difícil financiar las soluciones desde abajo tanto para la producción como para el consumo. Hay un sector mayoritario de la sociedad que viene hace años perdiendo su salario en términos reales. Otro que viene aumentando sus ganancias. Esa diferencia explica por qué la dichosa distribución del ingreso cada día es más desigual. No es una cuestión de mérito, de trabajo, es una cuestión de renta, distribución. Donde por supuesto hay una posición dominante, oligopólica, que paga medios, jueces, funcionaries y también trabajadores y voluntades. Cuando el precio internacional de petróleo sube la nafta sube, cuando baja no. Cuando las empresas tienen ganancias extraordinarias, rara vez la distribuyen entre sus trabajadores, cuando vienen las vacas flacas siempre piden una colaboración o realizan despidos masivos. Cuando hay pandemia el estado les paga los sueldos, cuando hay guerra que sube los precios internacionales del pan le hablan de retenciones y ponen el grito en el cielo. La frazada es cada vez más corta, pero resulta que la cabeza tiene gorro de lana y manos pa tirar fuerte y los pies están desnudos y cada vez más flacos, pedaleando en el aire.

¿Todos los que tiene plata son malos? Tonto sería caer en esa simplificación en tiempos de pachakuti. Pero ciertamente hay un patrón evidente aunque mayoritariamente invisibilizado, de la misma manera que se invisibiliza que ningún pibe nace pa chorro ni pa vago. No es solo estadística, sino evidente observación de la realidad, que la brecha entre ricos y pobres se agranda. Aún para aquelles seres que deciden apartarse lo más que pueden de esos sectores de abajo tanto en el discurso como en su tránsito cotidiano (ignorando la cada vez más creciente probabilidad de que tengan que ir un día a pedir un plato a una olla popular). Aún para muches privilegiades que se siguen manteniendo en los decrecientes márgenes de población salvada del colapso. A más de treinta años de que Fukuyama declarará el fin de la historia y el triunfo del capitalismo es evidente que la cosa no estaría funcionando. Decía Manfred Max Neef que el problema económico mundial era de “estupidez”, definida como la repetición de un camino infructuoso.

Ponele que dejemos de lado la discusión acerca de una estadística, el PBI, que como dice la ecofeminista Yayo Herrero: “mide la producción de armas y no el cuidado de les niñes”. De todas maneras el crecimiento del PBI del que tanto se vanagloria este gobierno deja de ser buena noticia si ese crecimiento no llega a la mayoría de la población (como dice Cristina, se lo llevan tres o cuatro vivos). Si el estado, como dice la más básica teoría económica, está pa arreglar las imperfecciones del mercado, seguir fomentando los oligopolios rentistas, evadidores de impuestos y fugadores de divisas, sería aumentar estas imperfecciones. Seguir esperando el efecto derrame de la actual estructura empresarial e impositiva de Argentina sería como querer colar fideos con un casco.

Por otro lado aquellos analistas que insisten en recetas neoliberales y antikeynesianas deberían tener en cuenta dos hechos fundamentales de la actual economía Argentina. El primero es que no hay libre mercado posible dentro de estructuras oligopólicas. Si tres o cuatro vivos se juntan a establecer los precios del mercado para obtener ganancias extraordinarias, lejos estamos de la competencia dizque perfecta, que es el principal supuesto para la famosa mano invisible de Adam Smith. El segundo es que las empresas argentinas vienen teniendo impresionantes subsidios y contraprestaciones por parte del estado. Suponiendo que no tengan la más mínima solidaridad por el pueblo hambreado, que no tengan miedo de la revuelta social o piensen que las murallas de sus barrios privados van a ser eternamente seguras (amen de que tarde o temprano sus hijes vengan a reclamarle ebrios y coléricos como decía el nadaista Gonzalo Arango*). Suponiendo que no quieran pagar impuestos y crean en la meritocracia amañada del nacer privilegiado o la competencia individualista del sálvese quien pueda. Aún así, si tuvieran algo de coherencia, deberían al menos dejar de recibir subsidios, exenciones y hacer unas vaquitas para pagar las grande inversiones del estado en infraestructura de exportación (puertos, carreteras, relaciones internacionales…).

Mientras tanto el Tío Alberto sigue fomentando el enfrentamiento utilizando la palabra “guerra” para algo tan cotidiano como la inflación y devaluando su palabra anunciando un fidecomiso, que, al igual que el acuerdo con el FMI, solo sirve para sacarle un poquito de vapor a la olla a presión, pero que no modifica las razones más desiguales del problema que más afecta al dichoso pueblo (la falta de competencia y la mala distribución del ingreso en algo tan fundamental como los alimentos). De un lado (la huestes populares progresistas) lo acusan de “tibio”, del otro (la dizque sociedad rural) de atentar contra la producción. Es curioso que siendo tan poco rentable la producción agropecuaria (según denuncia la “sociedad rural” y asiente el gobierno) su frontera esté creciendo desmesuradamente arrasando con monte nativo y poblaciones originarias (aprovechando o incluso provocando criminales incendios). Las estadísticas hablan de una producción cada vez más concentrada y estrechamente ligada a los mercados financieros, con altos índices de evasión fiscal, vinculaciones al narcotráfico y abuso de los recursos comunes, no solo del estado, sino de la Madre Tierra. El caso Vicentín es un paradigma al respecto. La retenciones o cualquier otro impuesto al agronegocio, con un estado creativo y estratégico, no sólo equilibraría la distribución del ingreso, sino que haría un bien al dichoso medio ambiente.

Incendios en Corrientes: el fuego no se detiene y amenaza los Esteros del  Iberá | Perfil

Genocidio y ecocidio

“Desde el punto de vista de nuestras investigaciones el eje está en cómo la apropiación corporativa de los sistemas alimentarios se está entrelazando con la especulación financiera en distintas áreas: el acaparamiento de tierras y la producción de comodities agrícolas por ejemplo. También en América Latina estamos observando y denunciando como las corporaciones avanzan con las Leyes de Semillas que imponen derechos de propiedad intelectual sobre las mismas con la complicidad de los gobiernos. Y por supuesto, siempre exponiendo cómo a lo largo de toda la historia de la agricultura han sido y siguen siendo los campesinos y campesinas quienes producen la mayor parte de los alimentos que satisfacen las necesidades de nuestros pueblos a pesar de las agresiones que sufren cada día. El avance del agronegocio en nuestro país y en el resto del continente es en estos momentos abrumador. La elección de todos los gobiernos, aún los progresistas, de profundizar este modelo extractivista y ceder la soberanía a las corporaciones del agro o a las mineras está teniendo consecuencias dramáticas y obviamente la única manera de sostener un modelo que arrasa con las comunidades locales es la represión y criminalización de los movimientos. Dentro de 20 o 30 años va a haber que reconocer que se está produciendo un genocidio y un ecocidio dramático en nuestro continente”, me decía el recién fallecido Carlos Vicente en una entrevista de 2005 en el Galpón de Chacarita, donde un grupo de productores se las ingeniaba en un lugar tomado a las veras del tren para ofrecer sus productos.

Surgían incipientes experiencias de comercialización de una economía popular que comenzaba a organizarse después de la debacle neoliberal del Consenso de Washington y la crisis del 2001 (Puente del Sur o Iriarte Verde en Buenos Aires, el Trocadero o el Movimiento Cajonardi en Rosario). Hoy estas experiencias, en base a la autogestión y algunas migajas del Estado, han crecido exponencialmente dando soluciones en diversos territorios a la crisis alimentaria y ecológica, también del trabajo. Los estudios del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) han demostrado que la inflación en estos espacios ha sido inferior a la de los grandes supermercados y sus precios han conseguido, en base a una densa red capilar de intercambio que ve el alimento como derecho y no negocio, ser menores. El detalle de estas posibilidades ya lo hemos retratado en la crónica Inflación y Economía Popular. En su medición del último trimestre de 2021, el CESO ha podido comprobar que la inflación de la canasta básica familiar en las comercializadoras de la economía popular ha sido de 3,40% frente al 4,16% de los grandes supermercados. Durante el año 2021, comprando en estos espacios de comercialización, una familia pudo ahorrarse $8.103. Esto sin contar que en el caso de la economía popular se trata de productos agroecológicos, realizados sin trabajo esclavo y dentro una óptica de cuidado del medio ambiente.

“Los cambios culturales los estamos viendo y en mi opinión son los que vienen posibilitando este nuevo sistema de producción y comercialización. Existe una gran diferencia entre el interior y las grandes urbes. En el interior es donde más se ve este cambio de conciencia porque existe una inmediatez tangible entre los usuarios, los pequeños productores y las redes de comercialización. Esto no sucede en las grandes urbes, donde todo esta atomizado e intermediado por el marketing y los intereses especulativos de los grandes comerciantes, perdiendo tanto el productor los márgenes de ganancia genuinos como el usuario el precio justo. Creo que los más escépticos irán cediendo frente a los beneficios de un sistema virtuoso. Sin embargo falta mucha apropiación y sentido de pertenencia a este nuevo sistema, en parte porque es relativamente nuevo y en parte porque quienes ostentan el monopolio de los privilegios del modelo expansivo contaminante se resistente por todos los medios a perder dichos privilegios”, opina Ignacio Andrés de la organización La Creciente de Paravachasca, Córdoba.

“Hace muchos años que venimos instalando de que hay un sector en la Argentina que produce el alimento para los argentinos y argentinas, de manera agroecológica y defendiendo el derecho a la tierra y el agua, y creando redes de comercialización directa a los consumidores. Tenemos una propuesta de Ley de Acceso a la Tierra, que es el principal problema que tiene nuestro sector. Más del 70% de los pequeños productores alquilamos la tierra. Solo el 8% de la población de la Argentina es rural, más del 40% de la tierra cultivables esta en manos de 1.200 familias. Y eso lo que demuestra es la gran concentración y desigualdad del derecho a la tierra. Venimos teniendo muchas dificultades. Porque vemos que avanza el modelo del agronegocio y el feedlot sobre la tierra de nuestros compañeras y compañeras de pueblos originarios, campesinos y campesinas. Así que estamos desarrollando las estrategias para defender estos territorios. Incluso de acuerdo internacionales como las megagranjas porcinas”, cuenta Lucas Tedesco, de la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT), que nuclea 25 mil familias de todo el país y que a través de los verdurazos, sus locales de venta al público, redes de consumo, donaciones a los comedores populares y otras iniciativas, ha demostrado que es posible que la población de abajo acceda a productos sanos y baratos. También han desarrollado experiencias de reciclado, compostaje y producción de mermeladas con la fruta de descarte en el Mercado Central, donde uno de sus referentes Nahuel Levaggi ha sido designado presidente.

“Nosotros venimos trabajando en el Plan de Desarrollo Humano Integral, un plan abarcativo de todas las dimensiones del Estado para fortalecer lo que tiene que ver con las economías regionales, con la construcción de núcleos productivos, con el apoyo a sectores más empobrecidos urbanos y rurales y donde podamos pensar la reconversión productiva de la Argentina. En la idea de una empresa nacional de alimentos hay una disputa de lograr que nuestra producción de alimentos sanos llegue al consumo masivo a un precio popular. Para eso hace falta un estado presente que garantice las condiciones de producción, distribución y venta desde una mirada distinta al agronegocio”, opina Fabricio Puzzio de la Unión de Trabajadores Rurales (UTR).

“Creo que hoy en día este modelo no está lo suficientemente desarrollado para abastecer a todo el país, es incipiente al menos en los modos masivos que estamos hablando. Si bien existen experiencias muy ricas y con muchos años de trayectoria y desarrollo, no han tenido la masividad que se requiere para pujar hacia una política pública que los contenga. Considero que un sistema se remplaza cuando aparece uno mejor, en ese sentido creo que está apareciendo el sistema virtuoso en términos de calidad, cantidad, precios y cuidados del medio ambiente, pero aun no es capaz de remplazar el esquema de producción extensivo que se encuentra vigente. Creo que el gobierno actual está apoyando este nuevo sistema pero con políticas fraccionadas, sin planificación y con presupuesto insuficiente, no lo ve ni de manera estratégica ni a largo plazo. A mi entender esto sucede porque, independientemente de la buena voluntad, los indicadores macro económicos siguen siendo la brújula de nuestros gobiernos. Eso hace que pierda de vista la posibilidad de ir cimentando los cambios estructurales de largo plazo que permitan ir remplazando un sistema por otro mejor”, agrega Ignacio Andrés.

“Nuestros movimiento de la economía popular son el subsuelo del subsuelo del subsuelo. Ahora, por ejemplo, viene la propuesta de la Empresa Nacional de Alimentos. Nosotras durante el contexto Vicentín salimos a bancar esa propuesta, porque era un momento estratégico para hacerlo. Yo veo con pesimismo que se avance este año en eso. Veo que la inflación en el rubro alimentario va a ser brutal. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones, porque somos una organización que produce alimento. Estamos viendo como fortalecer el rol del campesinado, de las trabajadoras rurales, en medio de una crisis alimentaria que viene profundizándose a pesar de un repunte del crecimiento económico. Quizás eso va a redituar en una mejora de los ánimos, pero no en una mejora significativa en la situación de vida de nuestros compañeros y compañeras. Este va a ser un año de un desafío enorme, de pensar cómo carajo vamos a hacer con el FMI pisándonos los talones para defender con uñas y dientes lo que hemos logrado hasta hoy y además recuperar lo que en términos de la riqueza de este país nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido la lucha por el Salario Básico Universal es un piso de dignidad indiscutible. Y sin embargo está muy lejos de lograrse”, opina Mercedes Ferrero de Trabajadoras Unidas por la Tierra (Traut, también dentro de la UTR).

En Rosario intentan frenar el desalojo del Tambo “La Resistencia” | Marcha

La propuesta desde abajo

“A un mes de la pandemia, desde Ciudad Futura y el Frente Patria Grande, allá por mayo del 2020, salimos con una idea de una Empresa Pública de Alimentos. La llamamos pública, y no nacional, porque creemos que lo público tiene más alcance que lo estatal. Nosotros creemos que el principal debate que contiene a todos los demás es el de los alimentos. No solo que come y como lo come nuestro pueblo, sino de quién es la tierra, donde, que y como se produce. En que condiciones trabajan aquellos que producen la tierra y cual es el tamaño de las parcelas. Debatir los alimentos en Argentina es debatirlo todo. Nosotros entendimos que la Empresa Pública de Alimento tenia que empezar a poner en el foco este debate. Partimos de la tesis de que comer debería y tiene que ser barato, y nutritivo y ambientalmente sustentable. Pero eso no está pasando. Entonces hay que empezar a preguntarse por qué. Por otro lado somos firmes convencidos que un país verdaderamente federal tiene que apostar a procesos descentralizados, diversificados, a promover las economías regionales. Nuestro proyecto planteaba la creación de plantas fraccionadoras de moliendas provinciales locales a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional. Este año estamos próximos a inaugurar la primer planta en la ciudad de Rosario, que podría reunir a unos 12 productores pequeños y medianos de la provincia de Santa Fe. Es una planta modelo que reúne todas las condiciones para recibir la materia prima, molerla y fraccionarla, envasarla y generar una marca que pueda competir en el mercado traccionando para abajo los precios. Prontamente estaremos sacando los primeros alimentos, sanos, ricos, nutritivos, económicos y producidos de manera justa, con una trazabilidad ambiental y laborar que pueda dar cuenta de un proceso transformador de raíz”, anuncia Antonio Salinas, integrante de Ciudad Futura y a cargo de la Oficina al Consumidor de Rosario, ciudad donde la agrupación política tiene cinco concejales siendo la fuerza con mayor representación.

Se trata de la herramienta política que surgió de la organización Giros que en plena debacle neoliberal resistió el desalojo de las poblaciones del histórico barrio Nuevo Alberdi, uno de los más marginados de la ciudad. Hoy además de frenar estos proyectos inmobiliarios a través de una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados en la ciudad, están desarrollando uno de los proceso de integración sociourbana más grande del país (147 hectáreas donde viven 2.000 familias). Con una mesa intergubernamental, con obras para la instalación de servicios públicos, una sede de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y un centro comercial popular a cielo abierto, entre otras iniciativas.

En Barrio Alberdi también se encuentra el tambo La Resistencia, una cooperativa de producción de leche y quesos que se comercializan en todo el país a través de las redes de la economía popular. “La tasa de homicidios de nuestra ciudad cuadriplica la media nacional. Entendemos que se trata de una serie de fenómenos convergentes, pero que básicamente se explican por el boom de la soja y el lavado de activos a través de la inversión inmobiliaria, que nos hicieron una ciudad por demás desigual. Entendemos que no se puede construir paz si seguimos exacerbando los grados de desigualdad que tiene Rosario. Con Ciudad Futura estamos trabajando fuertemente, con una expansión territorial muy importante, alcanzando 40 barrios populares dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap, que estableció la ley 27.453 conseguida a través de la movilización popular de la UTEP durante el gobierno de Cambiemos). Con alegría también podemos contar que en los dos barrios donde las tasas de homicidios, sobre todo de nuestros jóvenes, más golpea en la ciudad, hace años que venimos sosteniendo nuestras escuelas de gestión social, donde egresan cientos de pibes y pibas de nuestros barrios, a las cuales muchas, las seguimos apoyando en sus estudios universitarios. Luego de la pandemia, donde tuvimos que abrir más de 25 comedores populares para atender la emergencia y contener toda la angustia y la bronca, que daba toda esa situación de aislamiento en las peores condiciones, hoy estamos trabajando fuertemente con toda la compañerada de los barrios populares para construir organización, tejer puentes y seguir ampliando la participación política protagónica, real y transformadora”, agrega Toni.

Con o sin ayuda del Estado.

“Lo que sucede dentro de la cuestión geopolítica con esto que esta sucediendo con la guerra o las políticas nacionales, como lo del acuerdo con el FMI, no han injerido en el desarrollo de la organización, porque en ningún momento ha habido política del estado en el territorio. No han bajado nada y sinceramente las organizaciones no indígenas han traccionado todos los recursos. No lo digo de mala manera. Sino que han dado la excusa al gobierno nacional y provincial que estaban haciendo cosas de las que en territorios indígenas no han hecho nada, pensando en la región del Chaco Impenetrable. Venimos de dos días de asamblea, decidiendo como íbamos a avanzar, si le íbamos a cortar la ruta a Capitanich o directamente mandarlo a la mierda porque que no necesitamos nada. En el sentido que hemos creado una asociación civil para crear una relativa autonomía con proyectos que han salido del exterior o desde algunos lugares que es mucho más fácil que el Estado. Construir la política social no siempre conlleva construir la política partidaria, o disputar recursos no necesariamente implican arrodillarnos o ser consecuentes con la coyuntura. De alguna manera tenemos permeado el camino, que es mucho mas difícil, pero le andamos, en el sentido que la venta de artesanías en palma o los proyectos de apicultura no están necesitando del apoyo del Estado. Hemos reinventado la política social desde la autonomía”,cuenta desde el Chaco Pablo Gramajo, del Consejo Indígena Nqataxac Nam Chi’Ishe y la Confederación de Pueblos Libres, que basa sus proyectos productivos cooperativos en la reforestación del monte nativo.

El capitalismo no puede evitar disimular su colapso más allá de las pandemias y las guerras. La disputa por bienes tan básicos como el alimento, el agua o el gas, es cada vez es más feroz, como anunció en su momento el Pocho Perón en el mensaje ambiental a los pueblos del mundo (¡Es alimento señores!). La injusticia y la desigualdad en la calidad de vida de las personas aumenta día a día. No sólo la brecha es cada vez mayor entre los que mejor viven y los que rondan términos de subsistencia, sino que los primeros cada vez son menos y los segundos cada vez son más. El desacople de la economía financiera y la real que comenzó con el abandono del patrón oro a mitad del siglo pasado en Breton Woods (cuando se creó el FMI) ha llegado a niveles inusitados de especulación y una cada vez más frecuente explosión de burbujas financieras que dejan el mismo tendal de muerte y hambre que cualquier guerra moderna. El complejo industrial oligopólico funciona como pantalla para este saqueo readaptándose a los tiempos de la industria petrolera o metalúrgica a la farmacéutica o del entretenimiento (a la cual denominan conocimiento). Mientras tanto desde abajo surge la economía verdaderamente real, la comunitaria, del cuidado, feminista, de respeto a los bienes comunes y la Madre Tierra. Cuando algunos teóricos progresistas hablan del ejemplo de Bolivia y su empresa de Alimentos, poco destacan que está política estatal jamás habría sido posible sin los numerosos mercados, redes de intercambio y pequeños productores (la verdadera competencia dizque perfecta) que existen desde tiempos ancestrales en manos de las pueblas andinas y que incluso sirvieron para sortear la crisis neoliberal del Consenso de Washington readaptándose en una economía popular pujante que hoy también importa tecnología China (pueden ver Argentina: las lecciones del milagro económico boliviano).

* “Ustedes en general no saben nada de nada y tienen una falsa idea de lo que es el nadaísmo cuando piensan que somos la amenaza material del orden burgués. Nosotros no vamos a robarle la billetera al capitalista, ni vamos a asaltar a media noche su despensa. Que los burgueses revienten tranquilos en medio de la abundancia. Nosotros no tenemos nada que ver con quienes no tienen problemas, sin dudas, ellos están salvados. Pero queremos confesarle una malvada intención a la burguesía. Señores burgueses: el nadaísmo se fundó para pervertir a vuestros hijos, vamos a interrumpir vuestro sueño y a despertar en vuestras alcobas inquietantes y terribles gérmenes de zozobra. Vuestros hijos regresarán una noche a pediros cuentas, ebrios y poseídos de una terrible cólera. Temedles, yo los conozco, son peligrosos” (Gonzalo Arango, La Malvada Intención)

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