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Ambiente

Uruguay siglo XXI: Incendios y plantaciones forestales

Informe especial de Laura Giussani Constenla, desde Colonia

“El fuego devoró todo a su alrededor, cientos y cientos de hectáreas de forestación y campos de otras producciones. El día 30, en dos horas la masa de fuego avanzó 24 kilómetros (es la velocidad de un maratonista). Las chispas volaban como lanzas encendidas hasta cinco kilómetros del lugar donde estaba el fuego”. Así contó el periodista uruguayo Víctor Bacchetta su experiencia frente al fuego en Paysandú. Especializado en cuestiones ambientales, Bacchetta sostuvo que “las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”.

El inicio del año 2022 sorprendió a Uruguay con una serie de incendios en Salto, Paysandú, Río Negro y Canelones. Con 22.000 hectáreas quemadas en un par de semanas se considera la peor devastación forestal de la historia del país. Por la gravedad de la situación cuatro ministros de la Nación deberán asistir a la Comisión Permanente del Parlamento el miércoles 19 de enero para informar sobre los recientes incendios forestales, de los cuales todavía se investiga el origen. Hasta ayer, los bomberos debían combatir un centenar de incendios en distintos puntos del país. La sequía y las altísimas temperaturas estarán seguramente entre las causas.

Más allá de la anécdota sobre cómo se provocó cada foco, conviene remontarse a los orígenes de una política que alentó las plantaciones de eucaliptus y pinos en detrimento de la tradicional economía agrícola de pastoreo y alimentos. Conviene recordar que las ‘plantaciones’ no son bosques. Más bien todo lo contrario. Son árboles transgénicos cuyo único fin es comercial: materia prima de pasta de celulosa o aserrín. Nada aportan a la biodiversidad. Más bien todo lo contrario. Tierra arrasada por el uso de herbicidas químicos que permiten que se planten en filas.

Forestación comercial de Montes del Plata. Lejos de ser un bosque. Sin flora ni fauna.

Según un estudio realizado en el año 2000 por Carlos Pérez Arrarte (Ingeniero Agrónomo, Director Docente de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay, e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay) el impacto ambiental no ha sido medido con seriedad aunque puede afirmarse que: “Desde la perspectiva de la biodiversidad, este proceso es equivalente a la deforestación de la Amazonia para expandir la frontera de la ganadería tropical, pero de sentido inverso: destruimos un sistema natural (la pradera pampeana) y sus múltiples servicios ambientales asociados, para la producción de árboles cultivados bajo un régimen agrícola propio de la revolución verde. Por otra parte, durante tres siglos esa pradera ha sido la base de un sistema productivo sustentable -la ganadería extensiva- sobre el que se estructuró la economía y la sociedad uruguaya. Las plantaciones comerciales eliminan en el período comprendido por los turnos -20 a 30 años- la vegetación original y su fauna asociada, estableciendo la interrogante de cuál es la reversibilidad futura de esta opción. Las diferencias entre un sistema vegetal monoespecífico compuesto por árboles coetáneos, vis a vis una pradera multiespecie integrada en forma dominante por especies herbáceas de más de 80 familias, son notables, incluyendo la biodiversidad, los suelos, el ciclo del agua, y de la atmósfera asociada.

Para leer el informe completo de Carlos Pérez Arrarte : tries/903-impacto-de-las-plantaciones-forestales-en-uruguay

Un modelo. Una política de Estado.

El crecimiento de estas ‘granjas forestales’ o ‘árboles domesticados’ no fue un fenómeno espontáneo, se trató de una política de Estado que inició en los años 90 y permitió que se pasara de 186.000 hectáreas forestadas en 1990 a 1.150.000 en la actualidad.

Todo empezó en 1987 con la sanción de una ley de promoción forestal que otorgaba los siguientes beneficios para quienes se dedicaran a esa actividad. Entre ellos: exoneración de 12 años de pagar los principales impuestos de cualquier actividad agropecuaria corriente; tampoco debían pagar impuestos de importación de bienes de capital e insumos; subsidios directos a las plantaciones por un monto del 50% del proyecto presentado; permiso de utilizar la figura jurídica de la sociedad anónima, que no estaba permitida en el ámbito del sector agropecuario; líneas de créditos del Banco de la República de largo plazo (12 a 15 años) y con períodos de gracia hasta la cosecha para los intereses; reducción de un tercio en la tarifa portuaria para el movimiento de maderas en relación a otros bienes.

Gracias a éstas dádivas desembarcaron en el pequeño país del sur decenas de empresas del norte. Noruega, Finlandia y Suecia mostraron especial interés en instalar sus fábricas de árboles en Uruguay.

De acuerdo a un artículo de Daniel Roselli en El Eco: “En 2007 se eliminaron los beneficios, pero se trasladaron a la producción en zonas francas. Las empresas de la cadena forestal-celulósica se convirtieron así en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a las plantas de celulosa. Al producir y exportar desde zonas francas libres de impuestos, UPM y Montes del Plata pueden adquirir tierras y pagar arrendamientos superiores a los de la ganadería y la agricultura. La forestación se expandió entonces fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no está prohibido plantar. Un 29% de las plantaciones ocupan hoy tierras aptas para otros cultivos, que no era la finalidad de la ley de 1987.”

Rollizos de eucaliptus para exportar de la Zona Franca de Nueva Palmira

Hace una década, el Ingeniero Pérez Arrerte advertía: “Después de 11 años de ejecución del Programa Forestal y de numerosos llamados de atención por investigadores independientes y organizaciones universitarias y no gubernamentales, ni el Banco ni el Gobierno han alentado un estudio significativo sobre los impactos globales de la forestación en los recursos naturales del país, y de los posibles impactos cruzados de unos proyectos sobre otras actividades que son de interés público y de los bancos multilaterales: abastecimiento de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable a centros urbanos, desarrollo del cultivo de arroz irrigado, impactos sobre la ganadería y otras actividades agrícolas por el incremento del precio de la tierra, utilización antieconómica de infraestructuras viales y portuarias, riesgos de grandes incendios, entre otros.”

Este año, los temidos ‘grandes incendios’ llegaron con fuerza brutal. Uno de ellos en la forestal Montes del Plata de Fray Bentos que vio arder en un par de días 1.300 hectáreas de ecucaliptus destinados a la pasta de celulosa. “Las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”, sostuvo Víctor Bacchetta.

Reglas de excepción en Colonia

Mientras las autoridades intentaban descubrir quién encendió la mecha en cada incendio, sin considerar que la principal chispa fue la que desató un monumental descalabro ambiental en el continente con un plan similar en distintos países y regiones iniciado en los años noventa, en Colonia las empresas forestales obtenían un premio excepcional.

El 10 de enero, la Junta Departamental de Colonia votaba a favor de una ‘excepción’ que le otorgaba prioridad forestal a un predio cercano a Ombúes de Lavalle. Un peligroso antecedente que abre la puerta a los reiterados pedidos de la empresa Montes del Plata, protagonista de uno de los principales estragos forestales.

La excepción otorgada a un establecimiento subsidiario de Montes del Plata, fue aprobada con la mayoría de los votos del Partido Nacional, con la oposición del Frente Amplio y el Partido Colorado. Entrevistado por el semanario local El Eco, el edil departamental del FA, Ismael Perrachón, indicó que esto significa abrir las puertas a otros proyectos por vía de excepción y recordó que uno de los perjuicios de la forestación, “es que su follaje se queda con el 20 por ciento del agua de lluvia. El 20 por ciento del agua no llega al suelo y eso causa estragos en el suelo, en el resto de las producciones”.

A pesar de la defensa a ultranza de los gobiernos del Frente Amplio a este modelo de forestación con todos los riesgos que conllevaba, el decreto de excepción provocó una dura crítica, que incluyó una autocrítica, de la bancada de ediles del Frente Amplio colonienses quienes se solidarizaron con las víctimas de los incendios y agregaron: “la situación de angustia y desesperación que tuvieron que enfrentar no son de causa fortuita, responden al afán de lucro desmedido de las empresas forestales y a la ausencia de regulación por parte del Estado en los últimos 30 años” . Hoy en la oposición, el FA resalta algunos errores de su gestión: “Reconocemos que en los gobiernos del Frente Amplio no se tomaron las medidas suficientes para obligar a las empresas a evitar y prevenir los riesgos que corrió la población de la zona. Sin embargo, destacamos la capacidad de autocrítica de nuestra fuerza política, que antes de fin de año votó por unanimidad de sus parlamentarios, una ley que limitaba el avance desenfrenado de las plantaciones forestales en defensa de los productores y productoras familiares”.

Dicha declaración hace referencia a la defensa acérrima de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica a la instalación de empresas como Botnia que provocaron una complicación diplomática con Argentina y generó uno de los mayores movimientos ambientalistas de la región con sede en Gualeguaychú, frente a las costas de Fray Bentos. Curiosamente, dicha Asamblea tuvo como promotoras a dos militantes del Frente Amplio de la vecina ciudad uruguaya quienes cruzaron el puente en busca de apoyo de la población de Gualeguaychú, entre ellas la profesora y edil del Frente Amplio, Delia Villalba, y la Dra fraybentina Julia Coccaro.

Una herida en el Frente Amplio

La política a favor de la forestación y la instalación de Botnia provocó un terremoto silencioso dentro del partido del Pepe Mujica. Tan es así que, a pesar de un clima represivo que incluía pinzas policiales y helicópteros militares sobrevolando la región, el 7 de octubre de 2007 se fundó en Nueva Palmira una Asamblea Regional cuyo comunicado de prensa decía:

“Hoy, en Nueva Palmira, ciudad-puerto que será el punto de partida de la pasta de celulosa uruguaya hacia el mundo, ha quedado instaurada, por aclamación, la Asamblea Regional. Convocada por treinta organizaciones sociales de la región, en la reunión estuvieron presentes delegaciones de Montevideo y de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Maldonado y Rocha. También de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Debemos subrayar la valiosa presencia de una delegada del Movimiento Sin Tierra del Brasil (MST). Más de 400 personas han tenido voz y voto y compartido un histórico espacio de libertad y deliberación. Pequeños productores, apicultores, técnicos, luchadores sociales, trabajadores desocupados, trabajadores de la forestación, vecinos de la ciudad. Voces habitualmente desoídas por nuestros gobernantes y los medios de comunicación. Movidos por la certeza de que solamente a partir de la unión y la hermandad lograremos fortalecer nuestra lucha, consideramos que ha llegado el momento de que comiencen a oírnos.”

Multitudinaria marcha contra Botnia en el puente de Gualeguaychú-Fray Bentos


 
Botnia no era el único reclamo. Criticaban también la forestación del llamado ‘desierto verde’, las plantaciones de soja y transgénicos, al igual que las mineras, las industrias contaminantes y la condición de vida de los trabajadores, entre otras cosas. Para finalizar diciendo:
“Porque todo nos une: la historia, la cultura, los pueblos originarios y la lucha que durante años llevaron adelante Artigas, San Martín y Andrés Guaçurarí por la emancipación de nuestros pueblos. Lazos e historia que gobierno o interés económico alguno lograrán destruir.
Por eso los convocamos a sumarse a esta Asamblea Regional que desconoce fronteras. Porque vendrán otros y otros pasos, cada vez más firmes, cada vez más vigorosos.”

Comunicado completo: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Asamblea-Regional-Argentina-Uruguay-documento-final-sobre-la-primera-reunion-en-Nueva-Palmira

Así se expresaban decenas de organizaciones del litoral en aquel 2007. La Asamblea Regional funcionó un par de años, pero dejó constancia de la unidad de los pueblos y el disgusto por determinadas políticas, aún aquellas llevadas adelante por gobiernos caracterizados como ‘progresistas’. En los años sucesivos se consolidaron las Asambleas Ciudadanas de la UAC.

Quince años después de aquellas movidas se alza en Colonia una tibia autocrítica que apunta a la falta de controles más que al modelo en sí mismo. No es poco, tampoco es mucho.

La Columna Vertebral charló con Daniel Roselli, codirector de El Eco, quien fue en ese momento el moderador de la Asamblea Regional, un acontecimiento histórico para Nueva Palmira, con el lleno total del Club Palmirense. “Parece que empiezan a darles la razón?”, preguntamos. “Sí, tal cual, ahora empiezan a ver lo que planteábamos nosotros. Algunos frenteamplistas dicen ‘ahora porque no están en el poder’, y sí, también es cierto. Aunque hay que reconocer que en Colonia, sobre todo los ediles del departamento de Colonia de Sacramento siempre tuvieron una mirada crítica sobre la forestación. Eso es bueno reconocerlo.”, señaló Roselli.

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Luego de conocerse el decreto de excepción se conoció un comunicado de prensa de la Ecoasamblea de Colonia titulado: “Con barbijo pero sin mordaza. Montes del Plata avanza sobre nuestro territorio”, en el que afirman:

“Somos una Organización Social de pobladores de Colonia unidos con la finalidad de visibilizar los problemas socio-ambientales que afectan directa o indirectamente a la vida cotidiana de las personas de nuestro Departamento, así como también luchar para que estos se reduzcan. La forestación es uno de los temas que nos ocupa visto la gran expansión que ha tenido en Colonia gracias a las excepciones para las plantaciones forestales en zonas no permitidas.(…) Ecoasamblea Colonia fue convocada a fines del 2019 por parte de la bancada del Frente Amplio para elaborar un informe técnico sobre los pedidos de excepcionalidad. El mismo fue realizado por parte de profesionales en diferentes materias (sociología, biología, agronomía), pero que nunca se presentó frente a la Junta ya que no fuimos convocados, como se había comprometido.(…) A través de este comunicado no solo queremos informar sobre esta situación sino también sobre las posibles consecuencias de una expansión de la forestación comercial, las cuales ya se han comprobado en nuestro país, como son el daño a la tierra, la escasez y contaminación del agua, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, desaparición de productores rurales, destrozos de rutas y construcciones antiguas, y el riesgo de incendios.”

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Ambiente

Megaminería: vecinos de Choya denuncian un “estado de sitio” de la Policía provincial para que avance el proyecto MARA

Los vecinos y vecinas de Choya que resisten hace casi dos meses el avance del proyecto MARA, que abre las puertas a tres megaempresas mineras a que destruyan la montaña, denuncian que a la ola de detenciones sufridas en las últimas semanas se suma un “estado de sitio” por parte de la Policía provincial para facilitar el avance de las compañías.

Desde el inicio, los vecinos de Choya protestan señalando tres leyes que debieran imposibilitar la realización del proyecto: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.

Amparados en dichas normas, los protestantes detuvieron hace semanas varios vehículos que se preparaban para subir a la montaña y comenzar los trabajos de explotación. Por dicha razón, denuncian que desde la Policía provincial se está llevando a cabo un estado de sitio en la comunidad.

El último hecho se dio el martes, cuando el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, según afirman desde la asamblea.

“En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”, narró Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, acerca de la represión estatal. “Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”

Rosa Farías, integrante de la asamblea desde 2010, aseguró que la policía “no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.

“El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”, puntualizó Sergio.

Este sábado, como todos los sábados hace 12 años, el pueblo de Andalgalá realizará una nueva caminata contra la mina y por “nuestra vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bienes comunes”. Será la número 643. Lamentablemente, a medida que aumenta el número de protestantes, también aumenta el número de detenidos.

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Ambiente

Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”

Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.

Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.

“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.

La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región.  “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.

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Ambiente

Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera

En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.

De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándose en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.

El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo. 

La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.

Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.

Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.

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