Ambiente
Uruguay siglo XXI: Incendios y plantaciones forestales
Informe especial de Laura Giussani Constenla, desde Colonia
“El fuego devoró todo a su alrededor, cientos y cientos de hectáreas de forestación y campos de otras producciones. El día 30, en dos horas la masa de fuego avanzó 24 kilómetros (es la velocidad de un maratonista). Las chispas volaban como lanzas encendidas hasta cinco kilómetros del lugar donde estaba el fuego”. Así contó el periodista uruguayo Víctor Bacchetta su experiencia frente al fuego en Paysandú. Especializado en cuestiones ambientales, Bacchetta sostuvo que “las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”.
El inicio del año 2022 sorprendió a Uruguay con una serie de incendios en Salto, Paysandú, Río Negro y Canelones. Con 22.000 hectáreas quemadas en un par de semanas se considera la peor devastación forestal de la historia del país. Por la gravedad de la situación cuatro ministros de la Nación deberán asistir a la Comisión Permanente del Parlamento el miércoles 19 de enero para informar sobre los recientes incendios forestales, de los cuales todavía se investiga el origen. Hasta ayer, los bomberos debían combatir un centenar de incendios en distintos puntos del país. La sequía y las altísimas temperaturas estarán seguramente entre las causas.
Más allá de la anécdota sobre cómo se provocó cada foco, conviene remontarse a los orígenes de una política que alentó las plantaciones de eucaliptus y pinos en detrimento de la tradicional economía agrícola de pastoreo y alimentos. Conviene recordar que las ‘plantaciones’ no son bosques. Más bien todo lo contrario. Son árboles transgénicos cuyo único fin es comercial: materia prima de pasta de celulosa o aserrín. Nada aportan a la biodiversidad. Más bien todo lo contrario. Tierra arrasada por el uso de herbicidas químicos que permiten que se planten en filas.
Según un estudio realizado en el año 2000 por Carlos Pérez Arrarte (Ingeniero Agrónomo, Director Docente de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República Oriental del Uruguay, e investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay) el impacto ambiental no ha sido medido con seriedad aunque puede afirmarse que: “Desde la perspectiva de la biodiversidad, este proceso es equivalente a la deforestación de la Amazonia para expandir la frontera de la ganadería tropical, pero de sentido inverso: destruimos un sistema natural (la pradera pampeana) y sus múltiples servicios ambientales asociados, para la producción de árboles cultivados bajo un régimen agrícola propio de la revolución verde. Por otra parte, durante tres siglos esa pradera ha sido la base de un sistema productivo sustentable -la ganadería extensiva- sobre el que se estructuró la economía y la sociedad uruguaya. Las plantaciones comerciales eliminan en el período comprendido por los turnos -20 a 30 años- la vegetación original y su fauna asociada, estableciendo la interrogante de cuál es la reversibilidad futura de esta opción. Las diferencias entre un sistema vegetal monoespecífico compuesto por árboles coetáneos, vis a vis una pradera multiespecie integrada en forma dominante por especies herbáceas de más de 80 familias, son notables, incluyendo la biodiversidad, los suelos, el ciclo del agua, y de la atmósfera asociada.
Para leer el informe completo de Carlos Pérez Arrarte : tries/903-impacto-de-las-plantaciones-forestales-en-uruguay
Un modelo. Una política de Estado.
El crecimiento de estas ‘granjas forestales’ o ‘árboles domesticados’ no fue un fenómeno espontáneo, se trató de una política de Estado que inició en los años 90 y permitió que se pasara de 186.000 hectáreas forestadas en 1990 a 1.150.000 en la actualidad.
Todo empezó en 1987 con la sanción de una ley de promoción forestal que otorgaba los siguientes beneficios para quienes se dedicaran a esa actividad. Entre ellos: exoneración de 12 años de pagar los principales impuestos de cualquier actividad agropecuaria corriente; tampoco debían pagar impuestos de importación de bienes de capital e insumos; subsidios directos a las plantaciones por un monto del 50% del proyecto presentado; permiso de utilizar la figura jurídica de la sociedad anónima, que no estaba permitida en el ámbito del sector agropecuario; líneas de créditos del Banco de la República de largo plazo (12 a 15 años) y con períodos de gracia hasta la cosecha para los intereses; reducción de un tercio en la tarifa portuaria para el movimiento de maderas en relación a otros bienes.
Gracias a éstas dádivas desembarcaron en el pequeño país del sur decenas de empresas del norte. Noruega, Finlandia y Suecia mostraron especial interés en instalar sus fábricas de árboles en Uruguay.
De acuerdo a un artículo de Daniel Roselli en El Eco: “En 2007 se eliminaron los beneficios, pero se trasladaron a la producción en zonas francas. Las empresas de la cadena forestal-celulósica se convirtieron así en el rubro dominante del sector: 64% de la madera extraída en 2019 estuvo destinada a las plantas de celulosa. Al producir y exportar desde zonas francas libres de impuestos, UPM y Montes del Plata pueden adquirir tierras y pagar arrendamientos superiores a los de la ganadería y la agricultura. La forestación se expandió entonces fuera de las áreas de prioridad forestal, donde no está prohibido plantar. Un 29% de las plantaciones ocupan hoy tierras aptas para otros cultivos, que no era la finalidad de la ley de 1987.”
Hace una década, el Ingeniero Pérez Arrerte advertía: “Después de 11 años de ejecución del Programa Forestal y de numerosos llamados de atención por investigadores independientes y organizaciones universitarias y no gubernamentales, ni el Banco ni el Gobierno han alentado un estudio significativo sobre los impactos globales de la forestación en los recursos naturales del país, y de los posibles impactos cruzados de unos proyectos sobre otras actividades que son de interés público y de los bancos multilaterales: abastecimiento de energía hidroeléctrica, abastecimiento de agua potable a centros urbanos, desarrollo del cultivo de arroz irrigado, impactos sobre la ganadería y otras actividades agrícolas por el incremento del precio de la tierra, utilización antieconómica de infraestructuras viales y portuarias, riesgos de grandes incendios, entre otros.”
Este año, los temidos ‘grandes incendios’ llegaron con fuerza brutal. Uno de ellos en la forestal Montes del Plata de Fray Bentos que vio arder en un par de días 1.300 hectáreas de ecucaliptus destinados a la pasta de celulosa. “Las empresas forestales evidenciaron una subestimación e incapacidad para enfrentar la situación. No había cortafuegos bien hechos, no tomaron al comienzo las medidas adecuadas que es cuando la magnitud del incendio aún es pequeña”, sostuvo Víctor Bacchetta.
Reglas de excepción en Colonia
Mientras las autoridades intentaban descubrir quién encendió la mecha en cada incendio, sin considerar que la principal chispa fue la que desató un monumental descalabro ambiental en el continente con un plan similar en distintos países y regiones iniciado en los años noventa, en Colonia las empresas forestales obtenían un premio excepcional.
El 10 de enero, la Junta Departamental de Colonia votaba a favor de una ‘excepción’ que le otorgaba prioridad forestal a un predio cercano a Ombúes de Lavalle. Un peligroso antecedente que abre la puerta a los reiterados pedidos de la empresa Montes del Plata, protagonista de uno de los principales estragos forestales.
La excepción otorgada a un establecimiento subsidiario de Montes del Plata, fue aprobada con la mayoría de los votos del Partido Nacional, con la oposición del Frente Amplio y el Partido Colorado. Entrevistado por el semanario local El Eco, el edil departamental del FA, Ismael Perrachón, indicó que esto significa abrir las puertas a otros proyectos por vía de excepción y recordó que uno de los perjuicios de la forestación, “es que su follaje se queda con el 20 por ciento del agua de lluvia. El 20 por ciento del agua no llega al suelo y eso causa estragos en el suelo, en el resto de las producciones”.
A pesar de la defensa a ultranza de los gobiernos del Frente Amplio a este modelo de forestación con todos los riesgos que conllevaba, el decreto de excepción provocó una dura crítica, que incluyó una autocrítica, de la bancada de ediles del Frente Amplio colonienses quienes se solidarizaron con las víctimas de los incendios y agregaron: “la situación de angustia y desesperación que tuvieron que enfrentar no son de causa fortuita, responden al afán de lucro desmedido de las empresas forestales y a la ausencia de regulación por parte del Estado en los últimos 30 años” . Hoy en la oposición, el FA resalta algunos errores de su gestión: “Reconocemos que en los gobiernos del Frente Amplio no se tomaron las medidas suficientes para obligar a las empresas a evitar y prevenir los riesgos que corrió la población de la zona. Sin embargo, destacamos la capacidad de autocrítica de nuestra fuerza política, que antes de fin de año votó por unanimidad de sus parlamentarios, una ley que limitaba el avance desenfrenado de las plantaciones forestales en defensa de los productores y productoras familiares”.
Dicha declaración hace referencia a la defensa acérrima de los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica a la instalación de empresas como Botnia que provocaron una complicación diplomática con Argentina y generó uno de los mayores movimientos ambientalistas de la región con sede en Gualeguaychú, frente a las costas de Fray Bentos. Curiosamente, dicha Asamblea tuvo como promotoras a dos militantes del Frente Amplio de la vecina ciudad uruguaya quienes cruzaron el puente en busca de apoyo de la población de Gualeguaychú, entre ellas la profesora y edil del Frente Amplio, Delia Villalba, y la Dra fraybentina Julia Coccaro.
Una herida en el Frente Amplio
La política a favor de la forestación y la instalación de Botnia provocó un terremoto silencioso dentro del partido del Pepe Mujica. Tan es así que, a pesar de un clima represivo que incluía pinzas policiales y helicópteros militares sobrevolando la región, el 7 de octubre de 2007 se fundó en Nueva Palmira una Asamblea Regional cuyo comunicado de prensa decía:
“Hoy, en Nueva Palmira, ciudad-puerto que será el punto de partida de la pasta de celulosa uruguaya hacia el mundo, ha quedado instaurada, por aclamación, la Asamblea Regional. Convocada por treinta organizaciones sociales de la región, en la reunión estuvieron presentes delegaciones de Montevideo y de los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Maldonado y Rocha. También de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Debemos subrayar la valiosa presencia de una delegada del Movimiento Sin Tierra del Brasil (MST). Más de 400 personas han tenido voz y voto y compartido un histórico espacio de libertad y deliberación. Pequeños productores, apicultores, técnicos, luchadores sociales, trabajadores desocupados, trabajadores de la forestación, vecinos de la ciudad. Voces habitualmente desoídas por nuestros gobernantes y los medios de comunicación. Movidos por la certeza de que solamente a partir de la unión y la hermandad lograremos fortalecer nuestra lucha, consideramos que ha llegado el momento de que comiencen a oírnos.”
Botnia no era el único reclamo. Criticaban también la forestación del llamado ‘desierto verde’, las plantaciones de soja y transgénicos, al igual que las mineras, las industrias contaminantes y la condición de vida de los trabajadores, entre otras cosas. Para finalizar diciendo:
“Porque todo nos une: la historia, la cultura, los pueblos originarios y la lucha que durante años llevaron adelante Artigas, San Martín y Andrés Guaçurarí por la emancipación de nuestros pueblos. Lazos e historia que gobierno o interés económico alguno lograrán destruir.
Por eso los convocamos a sumarse a esta Asamblea Regional que desconoce fronteras. Porque vendrán otros y otros pasos, cada vez más firmes, cada vez más vigorosos.”
Comunicado completo: https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Asamblea-Regional-Argentina-Uruguay-documento-final-sobre-la-primera-reunion-en-Nueva-Palmira
Así se expresaban decenas de organizaciones del litoral en aquel 2007. La Asamblea Regional funcionó un par de años, pero dejó constancia de la unidad de los pueblos y el disgusto por determinadas políticas, aún aquellas llevadas adelante por gobiernos caracterizados como ‘progresistas’. En los años sucesivos se consolidaron las Asambleas Ciudadanas de la UAC.
Quince años después de aquellas movidas se alza en Colonia una tibia autocrítica que apunta a la falta de controles más que al modelo en sí mismo. No es poco, tampoco es mucho.
La Columna Vertebral charló con Daniel Roselli, codirector de El Eco, quien fue en ese momento el moderador de la Asamblea Regional, un acontecimiento histórico para Nueva Palmira, con el lleno total del Club Palmirense. “Parece que empiezan a darles la razón?”, preguntamos. “Sí, tal cual, ahora empiezan a ver lo que planteábamos nosotros. Algunos frenteamplistas dicen ‘ahora porque no están en el poder’, y sí, también es cierto. Aunque hay que reconocer que en Colonia, sobre todo los ediles del departamento de Colonia de Sacramento siempre tuvieron una mirada crítica sobre la forestación. Eso es bueno reconocerlo.”, señaló Roselli.
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Luego de conocerse el decreto de excepción se conoció un comunicado de prensa de la Ecoasamblea de Colonia titulado: “Con barbijo pero sin mordaza. Montes del Plata avanza sobre nuestro territorio”, en el que afirman:
“Somos una Organización Social de pobladores de Colonia unidos con la finalidad de visibilizar los problemas socio-ambientales que afectan directa o indirectamente a la vida cotidiana de las personas de nuestro Departamento, así como también luchar para que estos se reduzcan. La forestación es uno de los temas que nos ocupa visto la gran expansión que ha tenido en Colonia gracias a las excepciones para las plantaciones forestales en zonas no permitidas.(…) Ecoasamblea Colonia fue convocada a fines del 2019 por parte de la bancada del Frente Amplio para elaborar un informe técnico sobre los pedidos de excepcionalidad. El mismo fue realizado por parte de profesionales en diferentes materias (sociología, biología, agronomía), pero que nunca se presentó frente a la Junta ya que no fuimos convocados, como se había comprometido.(…) A través de este comunicado no solo queremos informar sobre esta situación sino también sobre las posibles consecuencias de una expansión de la forestación comercial, las cuales ya se han comprobado en nuestro país, como son el daño a la tierra, la escasez y contaminación del agua, pérdida de ecosistemas y biodiversidad, desaparición de productores rurales, destrozos de rutas y construcciones antiguas, y el riesgo de incendios.”
Ambiente
Tierra de Nadie. Un campesino asesinado y otro herido en 15 días
Mientras el gobierno elige suspender el Instituto de Agricultura Familiar e Indígena y colocar como interventora a una joven abogada, Inés Liendo, nieta del recordado Ministro de Trabajo del general Videla, las comunidades campesinas sufren el desamparo y la prepotencia. Este sábado, en Catamarca, una feroz represión hirió a un habitante de la zona de 80 años, Felix Escalante, quien recibió golpes y balas de goma. El 5 de abril, fue asesinado a mansalva Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC).
Catamarca
Desde hace años la Comunidad de Peñas Negras está luchando contra la instalación de proyectos mineros en terrenos que poseen de manera ancestral. Allí, la minera Elevado Gold ha comenzado con permiso de la gobernación las tareas de exploración. Frente al conflicto suscitado con los habitantes, este sábado se intentó poner una garita de fuerzas de seguridad en el camino de montaña y hubo una manifestación para impedirlo. Por orden de una fiscal de Belén, la policía desalojó a las comunidades con escuderos, palos y balas de goma. El principal herido fue Félix Escalante, de 80 años, de la Comunidad de Peñas Negras. Recibió golpes de los escuderos y balas de goma. Temen que en las próximas hora o días los policías vuelvan a reprimir.
El conflicto empeoró luego de que la Comunidad iniciara una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias. Desde hace un par de semanas que están pidiendo una audiencia con la Secretaria de Seguridad que no tuvo respuesta.
De acuerdo a los testimonios recogidos por Pag/12 de Catamarca, los vecinos aseguran: “Nos comunicamos con el Fiscal General, quien nos aseguró que había una orden de la Fiscal de Belén para poner un destacamento policial, aunque sin fines mineros, sino para resguardar a las familias. Esto no fue así, porque ayer se presentaron con la orden a fin de instalar un destacamento policial a los fines de llevar a cabo trabajos de exploración minera”, y concluyen: “es una total ironía: quieren montar un destacamento policial en una zona en donde saben que no hay consenso minero, y esgrimen que es para proteger a la población, pero llegan escoltando a las camionetas mineras, y las hacen pasar aún ante el bloqueo de la comunidad”.
Santiago del Estero
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los campesinos que producen en sus tierras desde hace añares y supuestos propietarios con títulos dudosos quieren desalojar. No es la primera vez que empresarios agrícolas apelan a la violencia de bandas armadas.
El 28 de marzo arribó al paraje San Francisco, del departamento Alberdi, un grupo armado que exhibía sus fusiles de manera impune. De acuerdo a los testimonios, pertenecen a ‘la banda de los Padilla’ que hace un tiempo comenzaron a cercar los campos en donde los campesinos crían sus animales. Una zona rural donde el Mo.Ca.Se ha tendido redes.
El asesinato de Fabián Martínez ocurrió el viernes 5 de abril luego de que los matones del patrón usurparan tierras de uso comunitario a punta de pistolas. Se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.
Ambiente
Litio: peor el remedio que la enfermedad. Advertencia de Elon Musk
Mientras en Catamarca las comunidades originarias celebran el fallo de la Corte Suprema de Justicia Provincial que ordenó suspender la extracción de litio en el salar Hombre Muerto al comprobar el daño ambiental que provocó la desaparición de un río y la contaminación del agua potable; los poderosos países del norte empiezan a poner en duda que los autos eléctricos (principales consumidores de litio para sus baterías) sean una solución a la crisis climática.
El boom del ‘triángulo del litio” que entusiasma a Chile, Bolivia y Argentina, corre riesgo de desvanecerse en pocos años. La semana pasada un fallo judicial le dió la razón a la querella iniciada por el cacique Román Elías Guitian en el 2021 quien denunció la desaparición del río Trapiche por culpa del uso indebido de agua en la minera cuyo cauce se secó totalmente debido a la desproporcionada e inconsulta utilización del agua (380.000 litros por hora) por parte de las mineras Livent (Minera del Altiplano SA) y Galaxi Lithium SA que llevan adelante los emprendimientos “Ampliación de proyecto Fenix” y “Sal de Vida” en la Subcuenca Salar del Hombre Muerto, e involucran tanto a Catamarca como a Salta.
Informes ambientales internacionales ya habían observado la sequía de los algarrobos y la flora en torno al salar Hombre Muerto. Este salar, ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, fue nombrado por el bisabuelo del cacique Román Guitián tras encontrar restos óseos en aquella zona. Los pueblos de Atacama sufren hoy el progreso en pos de la búsqueda de un combustible alternativo al fósil para mantener el sistema de vida que tiene como representante icónico a los automóviles de las grandes capitales. El silencio de la puna se rompió con el ruido de la máquinas. Al tiempo que se secaban los pocos cauces de agua en una zona árida. Román, el bisnieto de quien le puso nombre al salar, lleva años luchando: “antes la vida era más sana. Hoy en día no podemos vivir como antes porque nos quedamos sin agua, no podemos circular libremente y se mueren nuestros animales. Antes de que venga esta empresa nosotros vivíamos sin ningún problema, ahora todos nos contaminamos”. En el 2016 las comunidades originarias fueron duramente reprimidas por manifestarse contra las mineras: “Vinieron a pegarnos y nos armaron una causa diciendo que estamos contra el personal policial cuando la violencia fue al revés”, declaró en su momento Alfredo Morales, vecino de Atacama. Allí fueron violentadas adultas mayores, entre ellas, su madre de 75 años: “A ella y a mi hermana las arrastraron por el piso, nos pegaron, nos llevaron atados de pies y manos hasta el departamento de Belén (ubicado a 360 km). Nosotros somos personas muy respetuosas, si se lo pedían hubiera ido no era necesario que la golpeen”, se lamentaba. Hoy la Corte Suprema provincial les dio la razón.
Temen un colapso eléctrico en los países desarrollados
El cambio climático con su secuela en deshielos de glaciares, inundaciones, olas de calor, y todos los fenómenos que estamos sufriendo en estos días empezó a preocupar a los países poderosos desde fines del siglo pasado. Después de infinidad de encuentros y conferencias internacionales, concluyeron que el causante de éste desastre era la utilización de combustible fósil (petróleo) para mantener el gigantesco parque automotor mundial. A nadie se le ocurrió limitar el número de automóviles, la gran solución parecía ser el auto eléctrico.
Sin embargo, mientras el experimento se está llevando puestas comunidades enteras, culturas milenarias y una sabia armonía ambiental que se traduce en maravillosos paisajes, empieza a generar dudas.
Mientras Noruega anunció que el 82% su parque automotor 0 km está conformado por autos eléctricos, en los Países Bajos empiezan a sufrir el colapso de sus redes eléctricas por la alta demanda de energía de sus autos enchufables. Stedin, el mayor distribuidor de energía eléctrica de Países Bajos, advirtió que la situación es insostenible. La ciudad de Utrecht ya tiene mayor demanda de electricidad que la capacidad de la red general, y situaciones similares podrían presentarse en muy poco tiempo en Rotterdam, Ámsterdam y La Haya.
El tema no se limita a los países nórdicos, el mismísimo Elon Musk, CEO de Tesla, dijo hace pocos días en la conferencia Bosch Connected World, que “primero hubo escasez de chips de red neuronal. Después, el problema de la disponibilidad estuvo en los transformadores reductores de voltaje. Esta sucesión de acontecimientos me lleva a pensar que el próximo problema será la falta de electricidad”.
Siguiendo la lógica de Musk, el New York Times señaló que la enorme demanda de energía eléctrica actual no solo está poniendo al límite las redes eléctricas, sino que está poniendo en peligro como consecuencia, los objetivos climáticos que se han planteado en los países más desarrollados, tanto por separado como en bloque en el caso de la Unión Europea.
La prestigiosa publicación de Estados Unidos fue más allá y apuntó a los centros de datos, criptominería y a la expansión de la IA de la mano de gigantes como Amazon, Apple, Google o Microsoft como responsables de catapultar la red eléctrica. En algunos Estados como Georgia, la demanda es ahora 17 veces mayor que hace una década.
El año pasado, el físico argentino Juan Carlos Bolcich especializado en la aplicación de hidrógeno para la propulsión de vehículos sostuvo que el mundo colapsaría ante la demanda de energía. Hoy, Elon Musk confirma que ese pronóstico puede ser válido.
Todo indicaría que no vale la pena sacrificar comunidades enteras con sus culturas ancestrales y producción local, en pos de una solución que puede durar pocos años.
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Ambiente
Adorni anuncia 900 despidos en Agricultura Familiar, campesina e indígena. Los trabajadores responden.
Una vez más, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció con bombos y platillos el cierre de dos organismos nacionales: Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. “Quedarán 64 empleados”, de una planta de más de 900. De esta forma, el gobierno anuncia el vaciamiento de los organismos dedicados a la agricultura familiar e indígena. No solo significa novecientos despidos en puerta. También, miles de campesinos a la deriva sin asistencia técnica y el camino allanado para el agronegocio. Le responden a Adorni: Deolinda Carrizo de Mocase, y ATE.
No es la primera vez que el vocero festeja cierres y se alegra por el ajuste del Estado, ya lo hizo con Telam y con el Inadi. Por ahora, ambos organismos continúan existiendo y en pie de lucha. La inconsistencia y el desconocimiento suelen estar a la base de tan impactantes declaraciones.
Conocida la noticia, LCV consultó a la designada directora de Género e Igualdad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena dependiente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación, Deolinda Del Valle Carrizo, militante histórica del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), quien sostuvo que los dichos de Adorni son “Totalmente infundados, cargados de violencia, desprecio y desconocimiento hacia las actividades del Inafci que ya venía trabajando en los territorios a nivel provincial. A través del Inafci se han fortalecido las líneas productivas, el mejoramiento de las cadenas de comercialización, de producción, articulando con otras líneas del Estado como el Inta o el Senasa para llegar al territorio con la mejor política pública que hace al fortalecimiento no sólo del arraigo sino de la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.”
Desde la asunción de Milei el área de agricultura fue una de las tantas que se mantuvo en el limbo. No hubo nombramiento oficial de ningún director o directora, aunque dicen que una señora pasó por allí preguntando sobre el funcionamiento del Instituto. Casi nadie recuerda su nombre ni recibieron directivas de trabajo. Hasta el momento no se han notificado los despidos. Son muchos los que no están pudiendo asistir al Ministerio porque se suspendieron los viáticos y les resulta imposible viajar al Buenos Aires. Quienes viven más cercanos a Capital continuaban yendo al trabajo en espera de alguna decisión.
“Lo que hoy está haciendo no es solamente despedir a 900 técnicos trabajadores que asistían y acompañaban a las familias productoras de alimento, también buscaban solucionar problemas endémicos como falta de infraestructura o de aguas en distintos parajes. En lo cotidiano de muchas de las familias estaban los técnicos todos los días trabajando. Es indignante, es indignante que diga que no hubo reclamos de los productores. Hace una semana ha habido una concentración de organizaciones campesinas, organizaciones de la rama agraria de la UTEP que nuclea a nivel nacional a más de 30 organizaciones que representan alrededor del 2% de los que forman parte de la economía familiar campesina indígena. Este es un lugar que van a dejar vacío para que el agronegocio siga con una embestida con mayor crudeza de la que viene haciendo. Y ante eso va a haber resistencia.”, asegura Deolinda desde Santiago del Estero. Y concluye: “están incumpliendo normativa nacional e internacional, no pueden hacer las cosas asi tan livianos, como si no existiera nada mas alla.”
Por su parte, ATE Agricultura respondió una por una las imprecisiones brindadas en conferencia de prensa por el alborotador Manuel Adorni, a continuación el comunicado completo:
Cierre del INAFCI. Mentir para ajustar
El vocero presidencial anuncio hoy, muy livianamente, el cierre del INAFCI y el presidente Milei compartió en sus redes sociales una serie de mentiras para justificar los despidos y la desaparición de la única política pública para el sector campesino e indígena.
• Dijo: uno cada tres era funcionario!!Mentira, somos mas de 900 trabajadores que dependemos de nuestro salario para vivir.
• Dijo: que teníamos 204 vehículos. Con lo cual debería haber, por lo menos,10 vehículos por provincia. Hace años que ponemos el propio para llegar a los parajes rurales.
• Dijo: que el organismo tiene 2 sedes. Eso expresa el total desconocimiento del funcionamiento del organismo. Es una política nacional, que tiene su oficina central en Capital Federal y luego cada provincia tiene una delegación.
• Dijo: Puestos de no trabajo. Todes les técnicos del INAFCI podemos dar cuenta de proyectos ejecutados y en ejecución. .Dijo: que lxs productorxs no se manifestaron. Muchas organizaciones vienen pidiendo presupuesto para el sector con feriazos y verdurazos.
Desde 1993, se sostiene esta política pública en gran medida por el compromiso y voluntad de las y los trabajadores que hoy nos estamos enterando por las redes sociales que nos quedamos sin trabajo. No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad. Con un 100% de trabajadorxs no formalizadxs.
Somos trabajadorxs que acompañamos , en todo el país, la producción de alimentos, la producción agroecologica, el acompañamiento a mujeres rurales campesinas e indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales, el acceso a la tecnología, las mejoras en la infraestructura productiva, el acceso al monotributo social agropecuario, generamos datos estadísticos a través del RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena), acompañamos a ferias y el desarrollo de mercados de cercanía, circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación, acompañamos las producciones artesanales.
Con Macri nos quisieron desaparecer y acá estamos. Milei no te vamos a dar el gusto.
Unidad de lxs que luchan!
*Defendamos el trabajo y la soberanía alimentaria!
Ni un paso atrás!
ATE INAFCI*
