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¿Por qué todavía no somos todos ricos?
Por Timothy Noah para New Republic
En 1930, John Maynard Keynes predijo que dentro de cien años -es decir, ahora mismo- “el problema económico podría estar resuelto, o al menos a punto de solucionarse”. La gente trabajaría quizás tres horas al día. “Por primera vez desde su creación”, escribió Keynes, “el hombre se enfrentará a su verdadero y permanente problema: cómo utilizar su libertad de las apremiantes preocupaciones económicas, cómo ocupar el tiempo libre, que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él, para vivir sabiamente, agradablemente y bien”.
¡Ojalá! Estamos en 2022, y la mayoría de nosotros seguimos marcando tarjeta. Sin embargo, curiosamente, gran parte del razonamiento de Keynes era correcto. Estimó que, durante el próximo siglo, el crecimiento económico anual sería, en promedio, del 2%. Eso debió parecer increíblemente optimista al comienzo de la Gran Depresión. Pero era demasiado bajo. El economista de Yale Fabrizio Zilibotti ha calculado que, desde 1930, el crecimiento anual se ha aproximado, a largo plazo, al 3%. Keynes predijo que el nivel de vida en las economías más avanzadas se multiplicaría por ocho. De hecho, según Zilibotti, se multiplicó por 17. Keynes incluso tenía razón, hasta cierto punto, en que el número de horas trabajadas disminuiría, y que la gente encontraría otras cosas que hacer. Al observar este fenómeno en los años sesenta, el periodista Tom Wolfe se hizo famoso al relatar la proliferación de actividades de ocio -surf, carreras de coches, consumo de ácido- que iban más allá de lo imaginado por Keynes y su grupo de Bloomsbury. Wolfe lo llamó “la explosión de la felicidad”.
Lo que Keynes no tuvo en cuenta fue lo desigual que sería la distribución de esta Explosión de Felicidad entre las naciones y dentro de ellas. Incluso en Estados Unidos, la nación más rica de la Tierra, todavía se puede encontrar gente que carece de esos dos antiguos elementos básicos, comida y vivienda. Keynes tenía razón al afirmar que el problema económico debería estar ya resuelto, o a punto de estarlo. Pero no lo está, y probablemente no lo estará ni siquiera dentro de un siglo.

El optimismo de Keynes se vio impulsado por el advenimiento de lo que J. Bradford DeLong, en su nueva historia económica, Slouching Towards Utopia, llama “el largo siglo XX”, cuyo inicio DeLong fija en 1870. Este fue el período, escribe DeLong, durante el cual la maduración de la Revolución Industrial, combinada con varios cambios sociales como la llegada de la corporación moderna y el laboratorio de investigación industrial, “abrió la puerta que antes había mantenido a la humanidad en la pobreza extrema”. Quienes vivieron este período vieron una explosión de productividad y prosperidad sin precedentes. Lo entendieron bien en su momento. Keynes lo llamó ” un El Dorado económico”.
Para entender por qué toda esta riqueza no se repartió más ampliamente, DeLong mira más allá del crecimiento por sí solo. El modo en que la explosión de prosperidad que siguió a la Revolución Industrial satisfizo, o no, las necesidades económicas de la humanidad dependió, según muestra, de acontecimientos no económicos, como dos guerras mundiales; de las nociones encontradas sobre lo que los mercados podían lograr por sí solos; de los legados coloniales; y de la diferente competencia de los gobiernos para gestionar las economías con sensatez. DeLong domina estos temas individuales con gran sofisticación, pero es mucho para integrar en lo que él llama conscientemente una “gran narrativa”, que se extiende desde 1870 hasta 2010. Si la historia parece difícil de manejar al final de su relato, puede deberse a que amontona en su plato mucha más historia que ocurre en muchos más lugares de los que uno puede digerir fácilmente.
Es más fácil determinar cuándo comienza la historia de este gran cambio que cuándo termina. Si su interés se centra en la fabricación tradicional o en el trabajo organizado, termina, en Europa y Estados Unidos, en la década de 1970. Si su interés se centra en la revolución informática, termina alrededor del año 2000. Si su interés se centra en el ascenso de China, India y las “economías tigre” del sudeste asiático, la historia no comienza hasta los años 70 y 80 y no tiene un final a la vista. Si su interés se centra en el despertar económico del hemisferio sur, esa historia apenas ha comenzado.
No es difícil entender por qué Keynes era tan optimista en 1930. Apenas 60 años antes, la economía mundial seguía funcionando casi por completo sobre la base de la subsistencia. En 1870, más del 80% de la población mundial vivía de lo que cultivaba y no de lo que compraba. Cuando el filósofo anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon declaró, en 1840, que la propiedad era un robo, estaba siendo menos metafórico de lo que hoy podríamos suponer. No se podía enriquecer sin empobrecer a otro, porque el pastel económico apenas se ampliaba. Sólo después de 1870 los cables telegráficos transoceánicos y los barcos de vapor de hélice y los ferrocarriles y los telares eléctricos mejorados y el horno de fabricación de acero de Bessemer, entre otras muchas maravillas, conspiraron para acelerar el crecimiento económico hasta el punto de que la acumulación de riqueza de un hombre podía aumentar la riqueza de otros.

Antes de 1870, la vida económica se regía en gran medida por el principio, expuesto en 1798 por el sombrío clérigo inglés Thomas Robert Malthus, de que el crecimiento de la población (en una parafraseada suelta pero acertada de DeLong) “se comía los beneficios de la invención y la innovación… dejando sólo a la clase alta explotadora notablemente mejor”. Para la gran mayoría, las condiciones materiales nunca cambiaron. El salario de un trabajador de la construcción en Inglaterra era, tras la inflación, exactamente el mismo en 1800 que seis siglos antes. En 1870, habían subido más de la mitad, pero incluso eso daba poca idea de lo que se avecinaba. En el año 2000, se habían multiplicado por más de trece. Gran parte de ese aumento fue impulsado por el comercio internacional. En 1850, el comercio transfronterizo representaba alrededor del 4% de la producción mundial total, apenas más que la proporción de 150 años antes. En 1880, representaba el 11% de la producción mundial. Hoy en día, representa el 30%.
El largo siglo XX refutó la idea maltusiana de que el crecimiento de la población supera la producción de alimentos y hace bajar los salarios. La población mundial actual es seis veces superior a la de 1870; el rendimiento de las cosechas es unas ocho veces mayor; y la renta per cápita es casi nueve veces mayor. El progreso tecnológico y organizativo ha sido mucho más rápido y con mayores beneficios de lo que Malthus podía imaginar. Desde 1870, calcula DeLong, el ritmo de ese progreso ha sido cuatro veces más rápido que de 1770 a 1870, 12 veces más rápido que de 1500 a 1770 y 60 veces más rápido que antes de 1500. Esta aceleración permitió que el largo siglo XX se convirtiera en “el primer siglo en el que la historia fue predominantemente una cuestión de economía”.
Los grandes beneficios de este cambio eludieron lo que hoy llamamos el sur global. La prosperidad se limitó en gran medida a las grandes potencias imperiales de Gran Bretaña, Europa Occidental y Estados Unidos. (A veces se excluye de este grupo a Estados Unidos, que fue una antigua colonia, porque practicó una colonización más limitada, principalmente en Filipinas, Cuba y el Pacífico Sur. Pero su violenta toma del continente norteamericano a los nativos americanos y su esclavización de africanos, mediante la violencia y la amenaza de violencia, para realizar trabajos agrícolas en el Nuevo Mundo, situó a Estados Unidos en la primera fila de las naciones imperialistas, aunque de una forma que requería poco viaje).
La colonización europea había comenzado en torno al siglo XVI, pero a medida que las economías del Atlántico Norte maduraban, su necesidad de materias primas procedentes del extranjero se hacía más urgente. Los árboles son un buen ejemplo. Las naciones europeas se deforestaron, según ha señalado el historiador de la Universidad de Chicago Kenneth Pomeranz, y la madera empezó a escasear aunque aumentara su demanda como material de construcción. A mediados del siglo XVI, el 33% de Francia estaba cubierto de bosques; en 1789, esa cifra se había reducido al 16%, y en 1850, las zonas boscosas de Gran Bretaña, Italia y España se habían reducido al 10% o menos. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña construía no menos de un tercio de sus barcos mercantes en sus colonias americanas, simplemente porque necesitaba madera americana para sus mástiles.
“No he tenido tranquilidad desde que perdimos América”, dice el rey George III en la obra de Alan Bennett de 1991, La locura de George III. “Bosques antiguos como el mundo mismo, praderas, llanuras, flores extrañas y delicadas, soledades inmensas, y toda la naturaleza nueva para el arte. Todo nuestro. Mía. Desaparecido. Un paraíso perdido”. El rey suena como si estuviera lamentando la pérdida de una naturaleza pastoral. Pero a medida que su discurso continúa (esta parte no aparece en la adaptación cinematográfica de 1994), queda claro que está lamentando la pérdida de la oportunidad de saqueo de Inglaterra. “Pronto perderemos la India, las Indias, incluso Irlanda”, dice, “nuestras plumas desplumadas una a una, esta isla reducida a sí misma, un gran estado derrumbado en la podredumbre y la decadencia”. La riqueza de su reino estaba fuera de él.

¿Por qué los países del sur global no siguieron el ejemplo del Atlántico Norte y se dedicaron a la fabricación? “Cuando me preguntan”, escribe DeLong, “digo que la ventaja inicial de costes de la que gozaba Gran Bretaña (y luego Estados Unidos, y luego Alemania) era tan enorme que habría requerido unos aranceles asombrosamente elevados para poder alimentar “industrias nacientes” en otros lugares. Yo digo que los gobernantes coloniales se negaron a que los colonizados lo intentaran. Digo que el dominio ideológico del libre comercio impidió a muchos otros siquiera considerar la posibilidad”. En resumen, la ventaja que supuso ser los primeros en industrializarse hizo que los países del Atlántico Norte se enriquecieran tan rápido que pudieron establecer las reglas, y las reglas que prefirieron fijaron el precio de entrada demasiado alto para los recién llegados. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las naciones del sudeste asiático no fueron capaces de elevar su capacidad manufacturera hasta el nivel de los países del Atlántico Norte, y luego superarlo.
Hoy pensamos que la prosperidad económica es una alternativa estabilizadora a la guerra, pero durante mucho tiempo tuvo el efecto contrario. A medida que el siglo XIX se convertía en el XX, y las naciones europeas occidentales se hacían cada vez más ricas, construían fuerzas militares cada vez más poderosas que acabaron provocando dos guerras mundiales. DeLong sugiere que la Primera Guerra Mundial fue el último hurra de los aristócratas que no encontraban lugar en el nuevo orden económico. Para preservar su posición, azuzaron el fervor nacionalista. Ni las Potencias Centrales ni las naciones aliadas comprendieron del todo, hasta que fue demasiado tarde, que con un armamento más destructivo en varios órdenes de magnitud que el desplegado anteriormente, y con cada bando igualado en riqueza y fuerza, el resultado iba a ser un estancamiento muy largo e inimaginablemente sangriento. Incluso Keynes comprendió esto sólo en retrospectiva.
Después de la Primera Guerra Mundial, las circunstancias económicas de las naciones del Atlántico Norte divergieron. Estados Unidos, donde no se había librado la guerra, experimentó el frenético crecimiento económico de los locos años veinte. Europa, que seguía sacando fuerzas de los escombros, luchaba contra las dificultades económicas y el malestar social. Éstas fueron especialmente desestabilizadoras en Alemania, donde el armisticio había impuesto ruinosas reparaciones económicas. Los caminos de los dos continentes se volvieron a unir en 1929, cuando la bolsa se desplomó y las economías se hundieron en todo el mundo. Después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller alemán en 1933, sacó a Alemania de la depresión más rápido, informa DeLong, que cualquier otra nación, salvo los países escandinavos y Japón. “Con la Gestapo de fondo para reprimir la agitación por salarios más altos, mejores condiciones de trabajo o el derecho a la huelga”, explica DeLong, “y con una fuerte demanda del gobierno de obras públicas y programas militares, el desempleo cayó durante la década de 1930.” El fascismo funcionó, hasta que dejó de hacerlo.
Hitler fue, por supuesto, el dictador más malvado de la historia del mundo, o casi. (Stalin y Mao asesinaron a más gente.) Una de las ventajas de mirar a Hitler a través de un prisma económico es aprender que el Führer también era malthusiano. En Mein Kampf, a Hitler le preocupaba que la creciente población de Alemania “acabara en catástrofe”. De ahí el Anschluss, la anexión nazi de Austria, y el Lebensraum, el programa de expansión de Hitler hacia el Este. Estados Unidos entró en la guerra a finales de 1941. La movilización económica que esto requería devolvió a Estados Unidos la salud económica. La derrota de Hitler y la pérdida de territorios por parte de Alemania fueron la ganancia de Stalin, ya que los países ocupados por los nazis fueron absorbidos por la URSS y el bloque oriental. Los Aliados se movieron en la dirección opuesta, perdiendo colonias en las décadas siguientes. La Europa Occidental, empobrecida por la guerra, vio en muchos casos más costes que beneficios en el proyecto imperial. Con el tiempo, una Unión Soviética que se desmoronaba seguiría un curso similar y dejaría libres a sus satélites. La reciente invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin es un intento brutal e insensato de invertir el rumbo una vez más, sin ningún beneficio económico evidente para nadie.

Lo que DeLong llama conscientemente su “gran narrativa” se tambalea cuando pasa a los años de la posguerra. Introduce una gran cantidad de historia de la Guerra Fría que, aunque fascinante en sí misma, se relaciona indirectamente, en el mejor de los casos, con la historia económica, y busca a tientas una respuesta satisfactoria -quizá no la haya- a por qué los regímenes poscoloniales del sur global han tropezado política y económicamente. El libro de DeLong es, de hecho, bastante indisciplinado en su totalidad. Está cargado de ocurrencias infelices; las variaciones de “bendito sea el mercado” aparecen no menos de 16 veces. Durante muchas páginas, DeLong discute consigo mismo. Durante tramos aún más largos, el hilo económico desaparece por completo. Hay muchos árboles fascinantes -hechos intrigantes y agudas percepciones-, pero no mucho bosque. Esto es especialmente cierto en la segunda mitad del libro.
La historia de la posguerra es bastante sencilla. Durante los siguientes 35 años, las economías del Atlántico Norte crecieron a un ritmo fenomenal y, dentro de esas naciones, los beneficios se distribuyeron más ampliamente que nunca. Los franceses llaman a estos años Les Trente Glorieuses; los alemanes los llaman el Wirtschaftswunder (“milagro económico”); los estadounidenses los llaman la Gran Compresión. El economista francés Thomas Piketty, en su nuevo libro más ordenado y lúcido, Una breve historia de la igualdad, escribe que se caracterizaron por “una inversión masiva y relativamente igualitaria” en toda la sociedad: en educación y sanidad, transporte y otras infraestructuras, pensiones y “reservas, como el seguro de desempleo, para estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión”.
El auge económico fue el cumplimiento de la demanda que se había acumulado en Estados Unidos desde 1929 y en Europa Occidental desde 1914. Pero también fue el resultado lógico de que el gasto público no estuviera, como antes, al servicio de las grandes fortunas privadas (muy mermadas, sobre todo en Europa, por las dos guerras mundiales y la Depresión), sino para fortalecer una nueva y próspera clase media. La raíz de este cambio fue una tendencia democratizadora que, en las naciones que resistieron al fascismo, había ido cobrando fuerza desde alrededor de 1900, con avances como el sufragio femenino, la elección directa de senadores en Estados Unidos, la disminución del poder de la Cámara de los Lores en el Reino Unido y el creciente poder sindical en todas partes.
Parte de esta historia fue la fiscalidad progresiva. Era una idea antigua, pero no arraigó realmente, escribe Piketty, hasta principios del siglo XX. Estados Unidos abrió el camino en 1913 con su impuesto progresivo sobre la renta, seguido por los impuestos progresivos sobre la renta y la herencia en Europa. Las dos guerras mundiales elevaron los impuestos -especialmente la segunda- y después de la Segunda Guerra Mundial, los impuestos sólo disminuyeron un poco. Piketty pregona el beneficio social de la imposición de tipos marginales superiores “confiscatorios” (su término no apologético) del 80 al 90% en Estados Unidos. Estos pusieron fin a “las remuneraciones más astronómicas”. No había razón para que las empresas elevaran los salarios de los altos ejecutivos por encima del umbral del tramo impositivo marginal más alto, porque el gobierno federal recaudaría casi todo ese dinero adicional en impuestos. Eso ayudó a que las empresas gastaran cualquier excedente en las bases. Los conservadores argumentan hoy que cuando los tipos impositivos marginales aumentan demasiado, se ahoga la innovación. Pero en los años 50 y 60, los impuestos “confiscatorios” sólo frenaron el crecimiento excesivo de los salarios en la parte superior. La productividad creció de todos modos a buen ritmo, al igual que la renta per cápita.

Los buenos tiempos de los países del Atlántico Norte terminaron en los años 70, por una combinación de crisis del petróleo, inflación descontrolada, caída de la productividad y desaceleración del crecimiento económico. A finales de esa década, la industria manufacturera se trasladó de forma decisiva al sudeste asiático, creando una competencia para Estados Unidos y Europa. En su influyente libro de 1975, Equality and Efficiency, Arthur Okun, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Lyndon Johnson, sostenía que se podía aumentar la igualdad económica o la eficiencia económica, pero no se podían hacer ambas cosas al mismo tiempo, una opinión que allanó el camino al fundamentalismo de mercado. (El término preferido en la profesión económica es “neoliberalismo”, pero lo rechazo porque muchos críticos del fundamentalismo de mercado con una agenda política más difusa también se llamaron a sí mismos neoliberales, ignorando por completo su otro significado).
DeLong argumenta con fuerza que el giro de los años 80 hacia el fundamentalismo de mercado fue un fracaso económico estrepitoso. Señala que el presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, al recortar los impuestos y reducir la regulación, no lograron ninguna mejora perceptible para el empleo, los salarios, la inversión o el crecimiento económico. La inflación bajó, estimulando una expansión económica cíclica, pero eso fue obra de Paul Volcker, presidente de la Junta de la Reserva Federal. Mientras tanto, el sector bancario desregulado creó primero una crisis de ahorros y préstamos que provocó la evaporación de 160.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron pagados por los contribuyentes, y, más tarde, una crisis hipotecaria que provocó la evaporación de 3,3 billones de dólares en valor de la vivienda, muy poco reembolsado por el gobierno. El verdadero legado de Reagan y Thatcher, sobre todo a través de los recortes fiscales, fue extender y acelerar el retorno a la desigualdad económica de finales de los años 70, una tendencia que continúa hoy en día y que, en contra de Okun, no produce absolutamente ningún beneficio para la eficiencia económica.
Yo opino, de forma un tanto convencional, que el siglo XX largo terminó alrededor de 1980. Seleccionando a DeLong y Piketty, este es mi resumen del siglo XX largo. Al principio, el rápido crecimiento económico hipertrofió el imperialismo y el militarismo. Este último se descontroló de 1914 a 1945, matando a unos 100 millones de personas. Después de 1945, la democratización de principios de siglo maduró hasta el punto de que las naciones industrializadas avanzaron constantemente hacia una mayor igualdad económica. Pero en 1980, tanto el rápido crecimiento económico como la tendencia igualitaria habían terminado. Aplausos, cortina.
DeLong, sin embargo, extiende su largo siglo XX hasta 2010. Eso le permite incluir el auge económico impulsado por la informática de finales de los 90, que hiperglobalizó la economía y empujó la fabricación, de forma desigual, hacia el sur global. Pero la revolución informática fue, en mi opinión, menos una culminación del largo siglo XX que un eco lejano de sus inicios. A nosotros nos parece algo importante porque fuimos testigos de ello. Pero la convergencia de los teléfonos, la electrificación, los coches, las radios, el cine, los aviones, etc. de finales del siglo XIX y principios del XX alteró la vida económica de forma mucho más dramática. El auge de la informática imitó los efectos de la Revolución Industrial, pero no alcanzó su amplitud y magnitud. La riqueza que creó impulsó los ingresos de la clase media durante algunos años a finales de la década de 1990, pero impulsó mucho más los ingresos de los superricos y, después del año 2000, casi exclusivamente. Esto hizo que fuera un acontecimiento menos transformador que la Revolución Industrial, cuyos beneficios fueron, durante la mayor parte del siglo XX, ampliamente compartidos.
La historia económica del siglo XXI no será, según los pronósticos, una historia feliz. Una escuela de pensamiento afirma que la economía ha entrado en un largo periodo de lo que el economista de Harvard Larry Summers llama “estancamiento secular”, o crecimiento económico lento debido a la reticencia a invertir. Otra escuela, liderada por el economista de Northwestern Robert Gordon, afirma que el crecimiento de la productividad será lento porque las tecnologías futuras no podrán ser tan transformadoras como las del largo siglo XX. Otra escuela de pensamiento dice que la historia económica de los próximos 80 años será China, y que el resto de nosotros sólo estaremos en el camino. Una virtud tanto del libro de DeLong como del de Piketty es que evitan ese tipo de enredo. Piketty es cautelosamente optimista sobre las perspectivas de progreso social en el futuro -una agradable sorpresa después del pesimismo que expresó en su libro de 2014, El capital en el siglo XXI- y DeLong dice que simplemente no podemos saber lo que nos espera. Y tiene razón.
Pero sea cual sea nuestra próxima gran narrativa, el problema económico no se resolverá. ¿Cómo puede ser, cuando la desigualdad sigue aumentando en todo el mundo industrializado, y cuando la mayor parte del sur global ni siquiera ha comenzado a abordar el problema económico? Todos seremos más ricos, pero en grados muy desiguales. Aunque consigamos invertir la tendencia a la creciente desigualdad económica, y aunque nos encontremos hablando, en tono de asombro, de las economías de los tigres de África y América Latina, el problema económico seguirá sin resolverse porque las nociones actuales de suficiencia serán (esperemos) demasiado tacañas para servir a un futuro más próspero. Así que no abandones tu trabajo todavía.
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¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*
Los legisladores entrerrianos aprobaron una norma que prohíbe usar una palabra que la Constitución Provincial emplea en catorce artículos para definir derechos. No es una exageración ni una metáfora: es un disparate jurídico. Corrijan esa ley, señores legisladores. Háganlo si todavía creen que la Constitución no es un folleto optativo.
En noviembre pasado, la Legislatura de Entre Ríos aprobó una ley de nombre ampuloso —“Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”— mediante la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.743 de Regularización de Deudas, impulsada por el gobierno de Javier Milei y conocida como “ley de blanqueo”.
Según se explicó públicamente, la norma establece que en cada operación comercial debe emitirse un ticket que detalle los impuestos que integran el precio final, desde el IVA hasta los tributos provinciales. La medida, tomada aisladamente, es razonable. De hecho, explica que la ley haya sido aprobada por unanimidad: ¿quién podría oponerse a que los consumidores sepan cómo se compone el precio de lo que compran y cuánto se destina al fisco?
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Podría señalarse, de paso, que en una economía con niveles estructurales de informalidad —diversas estimaciones sitúan la economía no registrada en torno al 30 % del PBI— este tipo de normas suele tener más vocación declamativa que eficacia real. Pero ese no es el punto que motiva esta columna.
Lo que me interesa señalar es algo mucho más grave, aunque de efectos empíricos menos visibles: una cláusula que no solo es ideológica, sino jurídicamente insostenible, y que revela una alarmante combinación de dogmatismo, ignorancia y desprecio por la Constitución Provincial.
Una cláusula indefendible
La ley provincial aprobada incorpora, sin mediación crítica, un artículo copiado de la Ley Nacional 27.743. Se trata del artículo 100, que dispone que en la publicidad de “prestaciones o servicios de cualquier tipo” que brinda el Estado —sea nacional, provincial o municipal— no puede utilizarse la palabra “gratuito” ni expresiones equivalentes, debiendo aclararse que se trata de servicios “de libre acceso solventados con los tributos de los contribuyentes”.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada.
Pero no se trata solo de un problema técnico o semántico. Hay un problema constitucional.
Esa cláusula no busca informar mejor: busca reeducar ideológicamente a la población, instalando la idea de que el Estado no brinda derechos, sino favores financiados por “la tuya”.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Ahora bien, aun suponiendo que esa pobreza conceptual tuviera algún sustento, el problema en Entre Ríos es mucho más grave: la Legislatura provincial ha intentado prohibir un término que la Constitución de la Provincia utiliza reiteradamente para definir derechos fundamentales.
La Constitución dice “gratuito” (catorce veces)
La Constitución de Entre Ríos, reformada en 2008, emplea la palabra “gratuito” en no menos de catorce artículos, y lo hace con absoluta claridad jurídica. No como consigna, no como metáfora, no como gesto ideológico, sino como categoría normativa precisa: derechos cuyo acceso no puede condicionarse al pago individual del destinatario.
La Constitución habla de gratuidad en relación con:
· el acceso a la información pública (art. 13),
· la asistencia sanitaria (art. 19),
· los servicios de transporte para personas con discapacidad (art. 21),
· la restitución de tierras a comunidades originarias (art. 33),
· la acción de amparo (art. 56),
· el habeas data (art. 63),
· los trámites judiciales para personas sin recursos (art. 65),
· las tierras para la fundación de colonias (art. 81),
· la distribución del Boletín Oficial (art. 178),
· las actuaciones de la Defensoría del Pueblo (art. 215),
· el acceso a la educación en todos los niveles que brinda el Estado (art. 258),
· el perfeccionamiento docente (art. 267),
· la universidad autónoma (art. 269),
· y la póliza escolar (art. 270).
La Constitución no se equivoca catorce veces. La Legislatura, en cambio, sí puede hacerlo.
Lo que no pueden hacer los legisladores
Disculpen el tono didáctico, pero es imprescindible decir algo que un legislador no debería ignorar: una ley inferior no puede redefinir, vaciar ni prohibir el vocabulario con el que una ley superior (la Constitución) nombra derechos. No puede hacerlo explícitamente, ni por rodeo, ni bajo la excusa de “mejorar la información al consumidor”.
Cuando la Constitución dice “gratuito”, dice exactamente eso: sin costo para el titular del derecho. No significa “gratis porque nadie lo paga”, ni “aparentemente gratis”, ni “financiado mágicamente”. Eso último es obvio y trivial: todo el Estado se financia con tributos.
Lo que la Constitución establece al usar la palabra “maldita” es otra cosa: que el acceso a ciertos bienes y servicios no puede transformarse en una transacción individual.
Es una operación discursiva burda, propia de una derecha sin vuelo intelectual, que reduce la política pública a contabilidad emocional y convierte los impuestos en una forma de expolio narrado en tono de indignación selectiva. Es la fe, la religión del Presidente: el Estado es un ladrón.
Prohibir la palabra “gratuito” no es una sutileza comunicacional: es un intento de erosionar el sentido constitucional de los derechos por vía semántica. Y eso, en cualquier manual serio de derecho constitucional, tiene un nombre: inconstitucionalidad.
Ignorancia u oportunismo (o ambas)
Legislar desde dogmas ideológicos es necio.
Legislar desconociendo la Constitución que se juró respetar es peor.
Y legislar algo así, por unanimidad, es directamente vergonzoso.
Los legisladores entrerrianos tienen la obligación de conocer la Constitución Provincial. No es una sugerencia, no es una recomendación académica: es el presupuesto mínimo de su función. Ignorarla —o fingir que no existe cuando molesta— no es un error menor: es una falta grave.
Señores legisladores: lean la Constitución. Léanla de verdad, no como adorno retórico en los discursos de asunción. Lean lo que dice, y sobre todo lo que obliga. Corrijan esta norma, subsanen esa burrada. No por una polémica coyuntural, sino por respeto a la jerarquía constitucional y a los derechos que dicen representar. De lo contrario, quedará constancia de quiénes fueron los nombres que aprobaron una ley que intentó prohibir una palabra que la Constitución consagra.
Eso, créanme, no envejece bien. Como dice una bella canción, “piensen en sus nietos en clase de historia”. Y corrijan esa ley.
*Doctor en Filosofía (UNSAM). Periodista. Convencional Constituyente de Entre Ríos en la reforma constitucional de 2008.
Publicado en El Miércoles Digital, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
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Pablo Llonto: “El decreto 941 reconstruye herramientas jurídicas de la dictadura cívico-militar”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el abogado de derechos humanos y periodista Pablo Llonto analiza en profundidad el decreto 941 del gobierno de Javier Milei, sus implicancias jurídicas, políticas y comunicacionales, y advierte sobre la reconstrucción de un escenario ideológico similar al de la última dictadura cívico-militar. En una extensa conversación, Llonto reflexiona además sobre el rol de los medios, el uso del concepto de “narcoterrorismo”, la situación regional y los desafíos de la futura reconstrucción democrática.
LCV: “¿Cómo estás? Todo bien, de vacaciones, así que te agradezco el triple que estés aquí. En enero estamos en feria judicial, abogados y abogadas de feria, y justo aparece el decreto 941, que modifica atribuciones de la SIDE, se lleva puesta la ley de inteligencia interior y tiene un impacto enorme, sobre todo para quienes venimos del periodismo y los derechos humanos.”
Pablo Llonto: “Cada vez que sale un decreto o una ley de este gobierno la primera sensación es ‘otra más’, y la segunda es empezar a pensar cómo se va a dar vuelta todo esto cuando se recupere el poder democrático. La reconstrucción va a ser larguísima, no solo por el desastre económico sino por el daño jurídico e institucional. No se puede desarmar esta barbarie en un día, hay que reconstruir toda la legislación.”
LCV: “Da la sensación de que no solo gobiernan, sino que están armando un andamiaje ideológico y jurídico.”
Pablo Llonto: “Exactamente. Están reconstruyendo el escenario ideológico, técnico y jurídico del proceso militar. El plan económico es prácticamente calcado al de la dictadura, más que al menemismo. Incluso hay aspectos en los que la dictadura fue más hipócrita: nunca blanqueó por ley que la SIDE pudiera detener personas. Hoy, si eso pasa, el funcionario te dice ‘estoy amparado por el decreto 941’.”
LCV: “Hace un año hablábamos con abogados y abogadas de que iba a hacer falta una gran ley de reconstrucción.”
Pablo Llonto: “Sí, una especie de ley ómnibus inversa. Así como ellos tuvieron años para preparar la Ley Bases, nosotros tenemos que empezar ahora a pensar cómo revertir cada desmadre. Hay que rehacer leyes laborales, económicas, políticas. Es volver a hacer el país.”
LCV: “Con la expectativa puesta en 2027, también aparecen preocupaciones políticas.”
Pablo Llonto: “Yo confío en que esto termina democráticamente, con el voto, y espero que no haya tragedias como en 2001, porque los muertos siempre los pone el mismo lado. Pero la mayoría que se construya va a ser ajustada, y quienes se elijan tienen que ser muy distintos a Alberto Fernández, a Scioli o a Massa.”
LCV: “Te llevo al núcleo del decreto 941. ¿Por qué aparece ahora? ¿Qué busca?”
Pablo Llonto: “Hay una construcción deliberada del enemigo del ‘narcoterrorismo’. Es un concepto peligrosísimo, porque mezcla narcotráfico y terrorismo, y ahí entra todo. Lo grave es que muchos periodistas lo repiten sin pensar, y eso va calando en el sentido común. Mañana empiezan las delaciones: el vecino, el compañero de trabajo, señalando a otro como ‘narcoterrorista’.”
LCV: “Eso ya lo vivimos.”
Pablo Llonto: “Exacto. La sociedad argentina ya fue llevada a eso con el discurso de la subversión. Eso llevó a la delación, al silencio, a la complicidad. Hoy el mensaje vuelve a ser: ‘No me importa cómo, resolveme el problema’. Antes usaban juntas militares, hoy es atendido directamente por sus dueños.”
LCV: “También preocupa el rol de los medios.”
Pablo Llonto: “Muchísimo. La trivialización es total. Periodistas que dos minutos antes hablaban de MasterChef, ahora opinan sobre invasiones, secuestros de presidentes, como si fuera un reality. Eso construye un sentido común peligrosísimo. Y sí, me preocupa especialmente lo que está pasando en medios que deberían tener otra responsabilidad.”
LCV: “En el caso de Venezuela, el foco parece corrido.”
Pablo Llonto: “Totalmente. Acá hay un hecho central: un país poderoso entra en otro país, secuestra a su presidente y se arroga el derecho de ordenar su gobierno. Después podemos discutir todo lo demás, pero eso es una violación brutal del derecho internacional. No hubo ninguna agresión de Venezuela a Estados Unidos que justifique esto.”
LCV: “Como abogado, ¿qué te genera este escenario?”
Pablo Llonto: “Una pena enorme. Aunque a veces también cierta satisfacción cuando aparecen voces que uno no esperaba y se pronuncian con sensatez. Hoy estamos en un mundo cada vez más alejado de la justicia, y eso duele.”
LCV: “Para cerrar, ¿cómo se sigue?”
Pablo Llonto: “No por optimismo bobo, pero estoy convencido de que la verdad de los hechos se termina imponiendo. El problema son los tiempos. Va a llevar años. Y además de reconstruir lo jurídico, va a haber que reconstruir lo comunicacional y la cultura, porque el daño ahí es enorme.”
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Óscar Muntes advierte sobre el ajuste en Entre Ríos: despidos, salarios congelados y miedo en el Estado
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Óscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, analizó el complejo panorama laboral en la provincia. Despidos encubiertos bajo la finalización de contratos, ocho meses de congelamiento salarial, reformas en agenda y un clima de miedo que atraviesa a los trabajadores estatales configuran un escenario de fuerte ajuste y conflictividad social.
LCV: “Contanos un poco el panorama laboral de la provincia de Entre Ríos.”
Óscar Muntes: “Terminamos un año muy, pero muy difícil, prácticamente el último día hábil del año con movilizaciones y asambleas en la propia Casa de Gobierno, donde la manifestación fue muy grande y muy nutrida. A pesar del receso, fuimos muy claros en que no vamos a permitir que a 100 compañeros y compañeras se les haya culminado el contrato; nosotros decimos despido, porque tiene que ver con la lógica que plantea el presidente Milei y que a su vez expresó el gobernador de la provincia. Hablaron de ordenar, de terminar con los contratos de obra y reemplazarlos por contratos temporarios, pero nos encontramos con que a 100 trabajadores y trabajadoras les notificaron que no seguían, muchos de ellos con entre 6 y 16 años de antigüedad cumpliendo funciones como cualquier trabajador de planta.”
LCV: “¿Qué implica este cambio de modalidad contractual y el contexto salarial?”
Óscar Muntes: “Todos sabemos lo que significan los contratos temporarios: trabajan a la par nuestra, cumplen con sus tareas sin inconvenientes, pero sin estabilidad. Cuando el ministro de Gobierno y Trabajo nos dijo que estuviéramos tranquilos porque solo iba a haber un reordenamiento y que los problemas iban a ser para quienes no cumplían, nos confiamos porque sabemos que todos cumplen. Sin embargo, a esto hay que sumarle los ajustes que venimos sufriendo en Entre Ríos, como el recorte del 20% de la hora extraordinaria, que para muchas familias equivale a gran parte del alquiler, y ahora la culminación de contratos de compañeros con muchos años de antigüedad.”
LCV: “¿Cómo impacta esto en el salario de los trabajadores estatales?”
Óscar Muntes: “La otra pésima noticia es que vamos a llegar prácticamente a febrero con ocho meses sin recomposición salarial, ocho meses de congelamiento. No es fácil la situación del trabajador estatal en la provincia: mucho ajuste y la previsión de que va a venir más. Desde ATE vamos a hacer todo lo necesario para cambiar esta relación, porque si los trabajadores del Estado no entendemos que es organizados en la calle, con asambleas y lucha colectiva, el gobierno va a seguir avanzando, como lo viene haciendo en complicidad con UPCN, con un acuerdo muy cerrado que prácticamente implica un cogobierno.”
LCV: “¿Qué acciones están previstas en este contexto?”
Óscar Muntes: “Mañana vamos a estar muchos trabajadores y trabajadoras en Casa de Gobierno, junto a organizaciones de la intersindical y la multisectorial. Estamos trabajando de cara al fin del receso, que en la provincia culmina el 19 de enero. Hoy hay muchos compañeros de licencia y eso dificulta la movilización, pero tenemos que construir la mayor fuerza posible para doblegar el brazo de un gobierno que va a seguir ajustando en complicidad con el sindicato que lo respalda.”
LCV: “¿Cuál es hoy el salario básico de un trabajador estatal en Entre Ríos?”
Óscar Muntes: “El mínimo garantizado es de 860.000 pesos para cada trabajador y trabajadora. A partir de ahí se diferencian las escalas según antigüedad, responsabilidades u organismos, pero ese es el piso. Hoy estamos prácticamente iguales que los docentes y los municipales de la capital provincial, producto de ocho meses de congelamiento salarial; han decidido secarnos el salario.”
LCV: “¿Notás cansancio, miedo o falta de convicción para movilizarse?”
Óscar Muntes: “Es un combo donde juega todo. El 26 de octubre fue clave, el espaldarazo que recibió el gobierno lo están usando para seguir ajustando. Hay mucho miedo, mucho pánico, sobre todo entre los trabajadores temporarios que no tienen estabilidad. Es incontable la cantidad de situaciones de angustia: compañeros despedidos que dudan en movilizarse porque creen que tal vez mañana los vuelvan a llamar. Ese miedo ya lo vimos al inicio del gobierno de Milei a nivel nacional.”
LCV: “Incluso hubo mucho voto estatal a Milei en la provincia.”
Óscar Muntes: “Eso nos lo dijeron incluso desde el propio gobierno. En una reunión, el ministro de Gobierno y Trabajo nos planteó que revisáramos hacia adentro porque muchos trabajadores del Estado los habían votado. Seguramente pasó, había bronca y desazón con el gobierno anterior, pero en Entre Ríos hubo esperanza de pararle la mano a este ajuste y ocurrió lo contrario: recibieron un acompañamiento muy fuerte y lo están llevando a la práctica. El 30, cuando movilizamos a Casa de Gobierno, no había un ministro; el gobernador estaba de vacaciones, lo que muestra el nivel de impunidad con el que avanzan.”
LCV: “¿Cómo se enfrenta este escenario a futuro?”
Óscar Muntes: “Entendemos que es con lucha organizada, con todos los sectores, la multisectorial y la intersindical. Se vienen la reforma laboral, la tributaria y la previsional; en Entre Ríos ya fue anunciada la reforma de la caja jubilatoria. La pudimos frenar una vez, pero va a ser muy difícil porque han doblegado a legisladores de la oposición y hoy cuentan con ellos para aprobar las leyes de ajuste. Es una batalla de sentido cultural, de llegar a cada trabajador y trabajadora y explicar que la salida es colectiva. En nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina nos sobran ejemplos de luchas ganadas desde el campo popular, y no hay otra alternativa que seguir por ese camino.”
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