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Síntesis informativa semanal

Paro por tiempo indefinido de los subtes en reclamo por la detención de 17 trabajadores

A través de una gacetilla, la Prensa del Subte informó que el paro en las seis líneas de subte y el Premetro adopta la modalidad de “tiempo indeterminado”, hasta tanto se proceda a la liberación de los 17 trabajadores entre los que se encuentra el dirigente de los Metrodelegados, Néstor Segovia.

 

“Llamamos a la reflexión al Jefe de Gobierno de la Ciudad y aguardamos que tome los recaudos para que se establezca el diálogo y se solucione esta situación de conflicto”, concluye el comunicado.

 

El plan de acción que se venía llevando a cabo con la programación alternada de paros parciales y aperturas de molinetes tiene como eje el rechazo  al acuerdo paritario salarial de 15,02 por ciento entre el Gobierno, la concesionaria Metrovías y la UTA, y las más de 100 suspensiones a los trabajadores que, desde el 23 de abril, participan en las protestas.

Por su parte, la empresa Metrovías, concesionaria del servicio, aclaró que “los telegramas de suspensión ya ascienden a 114” y están originados en lo que califica como “acciones ilegales tales como la ocupación de instalaciones, apertura de puertas de emergencia y/o la liberación de molinetes”. En el texto advirtió que “en caso de reiterar esta inconductas laborales, las mismas darán lugar a sanciones más severas”.

En las terminales de subtes se están desarrollando en este momento asambleas de trabajadores y se están recibiendo las manifestaciones de solidaridad de distintos gremios.

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Destacada

CGT: “Lo que le falta contar al gobierno”

Luego de la cadena nacional en donde el presidente Javier Milei destacó como un logro histórico el superavit logrado por su gobierno en apenas tres meses, la Confederación General del Trabajo difundió un comunicado replicando sus afirmaciones. De esta forma puntualiza el ‘mecanismo oculto’ de cómo se logró ese ‘éxito’:

  1. Licuándole los ingresos a las y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en
    términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros
    históricamente más bajos, peores que los del año 2001.
  2. Deudas con las provincias: la Nación paró las transferencias a las provincias (un
    recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como
    educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados
    provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales.
  3. Deudas con empresas de energía y gas: el Tesoro no cumple los contratos y
    puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD
    2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas
    podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal
    abastecimiento de electricidad.
  4. Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades: no
    se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal
    desarrollo de la actividad. Sin incrementos presupuestarios las universidades no
    podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
  5. Interrupción de la obra pública: atrasando o discontinuando proyectos
    estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía,
    considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta
    el momento— de 100.000 puestos de trabajo.
  6. El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el
    desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no
    pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año
    se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009.
  7. Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. El Banco
    Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el
    primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos
    restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial
    totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA
    compró efectivamente solo un 30% de lo que dice.
    En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más
    de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la
    caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios
    energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica
    el 70% de la caída del gasto primario.
    “Desde la CGT seguimos reclamando, más allá de medidas coyunturales y muchas veces
    arbitrarias, la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo
    social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión
    productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado
    laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule
    la especulación financiera. Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que
    comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra
    comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de la CGT firmado el 23 de abril, horas antes de la marcha en favor de la educación pública que convoca a gran parte de la ciudadanía.

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Destacada

Un juzgado ordena la reincorporación de un despedido estatal y otro se declara incompetente frente al amparo de UPCN

Luego de los despidos masivos en el Estado hubo una avalancha de presentaciones ante la Justicia por considerar las censantías como violatorias de la reglamentación laboral vigente. La Columna Vertebral tuvo acceso al primer fallo que obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a reincorporar de inmediato a uno de los cesanteados bajo pena de pagar una multa por cada día de demora en el cumplimiento de la sentencia.

Se trata de Brian Emanuel Tonietti quien se desempeñaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El fallo ordena reponerlo en su puesto de trabajo, ‘hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la cuestión de fondo sub lite”.

En caso de que el organismo no cumpla con lo establecido por el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo N 2, se lo conminará con una multa consistente en pagar 40.000 pesos por cada día de demora en su vuelta al trabajo efectivo.

Un juzgado se declaró incompetente ante los amparos de UPCN

Sin embargo, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N° 57 se declaró incompetente para resolver la acción de amparo presentada por UPCN contra los despidos en la Administración Pública Nacional y remitió el expediente a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo.

Al presentarse ante la Justicia, Andrés Rodríguez, Sec. Gral de UPCN, declaró que iban por la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, incluídos los contratados, por tratarse de personas que cumplían iguales funciones que aquellos que habían logrado obtener una planta permanente.

El juzgado N 57 sostuvo, en cambio:  “estamos en presencia de contrataciones que tanto por la materia como por los sujetos que la integran -en virtud de la naturaleza jurídica de la persona demandada- resultan ajenas y, por ende, desplazan la aplicación del derecho del trabajo privado y, en consecuencia, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en las presentes actuaciones. Por lo cual “la invocación de las convenciones colectivas comprendidas en la ley 24.185 no generaban competencia del Fuero Laboral, si de aquellas se desprendía la aplicabilidad de la ley 25.164 (Ley Marco Regulatorio del Empleo Público Nacional)”.

Por tal motivo, el expediente fue derivado a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

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Ambiente

Tierra de Nadie. Un campesino asesinado y otro herido en 15 días

Mientras el gobierno elige suspender el Instituto de Agricultura Familiar e Indígena y colocar como interventora a una joven abogada, Inés Liendo, nieta del recordado Ministro de Trabajo del general Videla, las comunidades campesinas sufren el desamparo y la prepotencia. Este sábado, en Catamarca, una feroz represión hirió a un habitante de la zona de 80 años, Felix Escalante, quien recibió golpes y balas de goma. El 5 de abril, fue asesinado a mansalva Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC).

Catamarca

Desde hace años la Comunidad de Peñas Negras está luchando contra la instalación de proyectos mineros en terrenos que poseen de manera ancestral. Allí, la minera Elevado Gold ha comenzado con permiso de la gobernación las tareas de exploración. Frente al conflicto suscitado con los habitantes, este sábado se intentó poner una garita de fuerzas de seguridad en el camino de montaña y hubo una manifestación para impedirlo. Por orden de una fiscal de Belén, la policía desalojó a las comunidades con escuderos, palos y balas de goma. El principal herido fue Félix Escalante, de 80 años, de la Comunidad de Peñas Negras. Recibió golpes de los escuderos y balas de goma. Temen que en las próximas hora o días los policías vuelvan a reprimir.

El conflicto empeoró luego de que la Comunidad iniciara una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias. Desde hace un par de semanas que están pidiendo una audiencia con la Secretaria de Seguridad que no tuvo respuesta.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Pag/12 de Catamarca, los vecinos aseguran: “Nos comunicamos con el Fiscal General, quien nos aseguró que había una orden de la Fiscal de Belén para poner un destacamento policial, aunque sin fines mineros, sino para resguardar a las familias. Esto no fue así, porque ayer se presentaron con la orden a fin de instalar un destacamento policial a los fines de llevar a cabo trabajos de exploración minera”, y concluyen: “es una total ironía: quieren montar un destacamento policial en una zona en donde saben que no hay consenso minero, y esgrimen que es para proteger a la población, pero llegan escoltando a las camionetas mineras, y las hacen pasar aún ante el bloqueo de la comunidad”.

Santiago del Estero

El momento en que Fabián Martínez exige que salgan de su propiedad.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los campesinos que producen en sus tierras desde hace añares y supuestos propietarios con títulos dudosos quieren desalojar. No es la primera vez que empresarios agrícolas apelan a la violencia de bandas armadas.

El 28 de marzo arribó al paraje San Francisco, del departamento Alberdi, un grupo armado que exhibía sus fusiles de manera impune. De acuerdo a los testimonios, pertenecen a ‘la banda de los Padilla’ que hace un tiempo comenzaron a cercar los campos en donde los campesinos crían sus animales. Una zona rural donde el Mo.Ca.Se ha tendido redes.

El asesinato de Fabián Martínez ocurrió el viernes 5 de abril luego de que los matones del patrón usurparan tierras de uso comunitario a punta de pistolas. Se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.

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