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Ambiente

La Justicia declara nulo el poyecto de CABA-IRSA en la Costanera Sur. Ganaron los vecinos.

Luego de meses de lucha, llevada adelante por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, en contra de la construcción de veinte torres de 145 metros de altura al lado de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, el Juez Aurelio Ammirato declaró, el pasado 10 de marzo, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el GCBA y la empresa IRSA. 

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE).  El conjunto de estas organizaciones junto a vecinos de la ciudad conformaron El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”.

En la causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.

Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.

Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial sostuvo que “la política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños.” Calificó la política urbanística de la ciudad como una absoluta ‘desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria.’

El Observatorio de Derecho de la Ciudad (ODC) consideró que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años: adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, subasta del edificio de El Plata, autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, entre otros beneficios.

Por su parte, la Ing. a María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, e investigadora del IPYPP, consideró como ‘histórico’ el reciente fallo judicial ya que ‘no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental. En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando.’

Entre las razones de la sentencia de nulidad dictaminada por el Juez Ammirato, figuran:

1. El reglamento dictado por el Secretario de Desarrollo Urbano para el tratamiento de los convenios urbanísticos (resolución n° 119/SECDU/20, del 30 de diciembre de 2020) no prevé ninguna instancia de participación pública, y de los expedientes administrativos remitidos a requerimiento de este estrado no surge que en sede administrativa tal participación haya sido implementada.

2. El Acuerdo de Escazú exige participación pública en las etapas preliminares del tratamiento de las cuestiones ambientales, y con respecto a los convenios urbanísticos esa disposición fue interpretada por el legislador; quien, a nivel nacional, reconoció el derecho de toda persona a expresar su opinión en los procedimientos administrativos que se relacionen con el ambiente (ley 25.675, arts. 19 y 21) y en el ámbito local determinó que tal participación debe tener lugar antes de la firma del convenio. La suscripción del convenio por parte del titular del Poder Ejecutivo expresa una decisión estatal, y la ley determina que estos convenios deben ser decididos e implementados en marcos participativos.

3. Esta participación, en consecuencia, debe ocurrir ante el Poder Ejecutivo, y su inexistencia en este caso plasma un incumplimiento objetivo. El régimen jurídico prevé instancias participativas tanto ante el Poder Ejecutivo, que debe implementarla antes de adoptar la decisión de suscribir el convenio; como ante el Poder Legislativo, que debe convocar la audiencia pública antes de expresar su voluntad con respecto al convenio remitido a su consideración por el Poder Ejecutivo, aprobándolo o rechazándolo.

4. Suponer que la audiencia pública del procedimiento legislativo de doble lectura puede suplir la instancia de participación pública que el PUA exige antes de la firma del convenio urbanístico, implica aceptar que el legislador haya dictado esta norma ignorando la previsión constitucional, alumbrando de esa manera una disposición legal inútil, extremo que no cabe presumir (CSJN, Fallos: 343:140, sentencia del día 03/03/2020, entre muchos otros precedentes).

5. La autoridad de aplicación dictó un reglamento que no prevé ninguna instancia de participación previa a la firma del convenio, lo cual incumple el tratado internacional (Acuerdo de Escazú), la ley 25.675 y la ley marco, directamente prevista por el constituyente (art. 29, CCBA), a la que deben ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas (PUA).

6. Respecto a la segunda de las adendas al convenio urbanístico no se completó el procedimiento de doble lectura previsto por el constituyente, toda vez que fue efectuada después de la primera lectura del proyecto y de la celebración de la audiencia pública. Por ello, con relación a ella no existió ninguna instancia de participación pública, esto es, ni ante el Poder Ejecutivo ni ante el Poder Legislativo.

7. El procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone. Este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó.

8. Con estos argumentos, el Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada, admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 con respecto al inmueble situado en Av. España n° 2230/40, de sus adendas, y de todos los actos que sean su consecuencia. 

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Ambiente

Megaminería: vecinos de Choya denuncian un “estado de sitio” de la Policía provincial para que avance el proyecto MARA

Los vecinos y vecinas de Choya que resisten hace casi dos meses el avance del proyecto MARA, que abre las puertas a tres megaempresas mineras a que destruyan la montaña, denuncian que a la ola de detenciones sufridas en las últimas semanas se suma un “estado de sitio” por parte de la Policía provincial para facilitar el avance de las compañías.

Desde el inicio, los vecinos de Choya protestan señalando tres leyes que debieran imposibilitar la realización del proyecto: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.

Amparados en dichas normas, los protestantes detuvieron hace semanas varios vehículos que se preparaban para subir a la montaña y comenzar los trabajos de explotación. Por dicha razón, denuncian que desde la Policía provincial se está llevando a cabo un estado de sitio en la comunidad.

El último hecho se dio el martes, cuando el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, según afirman desde la asamblea.

“En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”, narró Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, acerca de la represión estatal. “Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”

Rosa Farías, integrante de la asamblea desde 2010, aseguró que la policía “no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.

“El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”, puntualizó Sergio.

Este sábado, como todos los sábados hace 12 años, el pueblo de Andalgalá realizará una nueva caminata contra la mina y por “nuestra vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bienes comunes”. Será la número 643. Lamentablemente, a medida que aumenta el número de protestantes, también aumenta el número de detenidos.

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Ambiente

Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”

Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.

Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.

“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.

La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región.  “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.

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Ambiente

Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera

En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.

De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándose en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.

El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo. 

La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.

Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.

Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.

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