Perón, durante sus dos primeros gobiernos profundizó la política de sustitución de importaciones, mediante el desarrollo de la industria liviana que se venía impulsando desde la década del 30. En Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, fue el Estado el responsable de producir la modificación de la estructura productiva, impulsando un rápido crecimiento industrial y nacionalizando importantes sectores de la economía.

Entre 1946 y 1950 el Estado fue asumiendo el rol de los empresarios, haciéndose cargo de diversas tareas que anteriormente correspondían a iniciativas del sector privado. En 1946 se nacionalizaron el Banco Central y los depósitos bancarios, permitiéndole al Estado controlar la política financiera del país y orientarla a través del otorgamiento de créditos hacia una política de incentivo de la actividad industrial.

En su primer año de gobierno, el peronismo creó el IAPI –Instituto Argentino para la Producción de Cambio–. Con este organismo el Estado pasó a controlar el manejo del comercio exterior. El IAPI era quien fijaba los precios de las exportaciones agrícolas, regulaba las importaciones y resguardaba la producción nacional. Con el funcionamiento de este organismo como agente de comercialización, el Estado obtuvo un importante caudal de recursos, que derivó en parte hacia la actividad industrial, y en parte hacia la inversión local. Esta transferencia de ingresos del sector agrario al industrial provocó una importante oposición de los sectores terratenientes y de las empresas privadas vinculadas al comercio exterior, como Bunge y Born y Dreyfus.

De este modo, protegida por esta política económica, la actividad industrial –particularmente las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes de consumo– creció a un ritmo sostenido durante algunos años.

El 6 de septiembre de 1944, el entonces Coronel Juan D. Perón, dijo “el capitalismo internacional es instrumento de explotación y el capital patrimonial es prosperidad. No somos enemigos del capital, aún foráneo, que se dedica a su negocio, pero sí lo somos del capitalismo, aun argentino, que se erija en oligarquía, para disputarle a la Nación el derecho de gobernarse por sí misma”. (1)

En 1947, Perón, anunció un Plan Quinquenal para fortalecer las nuevas industrias creadas, y comenzar con la industria pesada (siderurgia y generación de energía eléctrica en San Nicolás y en Jujuy). Luego firmó la escritura por la cual todos los ferrocarriles pasaron a manos del Estado.

Las Compañías Telefónicas en esa época, eran filiales directas de la International Telephone And Telegraph Co. (ITT), que era un holding dependiente de otro holding central, la American Telephone And Telegraph Co., directamente vinculada a la Sofina, y en ésta confluían los grupos Mellón, Morgan y Rockefeller, o sea que el comando central de la ITT en Argentina obraba en representación de las tres cabezas que manejaban las finanzas del mundo. Vinculando aquellos conceptos de Perón y la situación descripta, no debió escapar al análisis del mandatario, la situación de la Unión Telefónica del Río de la Plata, la empresa más fuerte de las ligadas directamente a la ITT, y fue la primera empresa nacionalizada durante su primer gobierno justicialista.

Vale la pena recordar que la ITT se formó en 1920, dividida en varias secciones por todo el mundo, apoyado por el propio gobierno norteamericano que deseaba como necesidad de estado, contar con una red propia de comunicaciones. A este respecto es muy ilustrativo un párrafo del Memorándum que Elihu Root Jr. dirigió a los miembros norteamericanos que participaban en la “Conferencia preliminar de Comunicaciones”, reunida en Washington, en ese año: “Todo el mundo sabe que el eficientisismo sistema de cables de la Gran Bretaña está estrechamente coordinado con los intereses diplomáticos y comerciales de aquel país y que ningún mensaje que tengan interés para el Foreing Office de aquel país, conserva su secreto, si en algún punto de su viaje pasa por una línea británica”. (1 bis)

En pocas palabras, las compañías inglesas de cables se dedicaban al espionaje diplomático y comercial, por lo cual los Estados Unidos debían adoptar medidas para contar con líneas propias, y no es necesario ser muy advertido, que se dedicarían en el futuro a practicar actividades similares. Bajo ese signo nació la famosa ITT, donde se conjugaban los intereses del propio capital con aquellos insoslayables del Estado norteamericano. En consecuencia, actúo el gobierno del Gral. Perón, basado en los conceptos de independencia política, económica y social.

Para tener una verdadera dimensión del poder económico de ITT, es importante este cuadro para ver su penetración en el país: Pero, los trabajadores, también fijaron sus posiciones qué hacer con áreas claves de la economía nacional. En 1938, la Unión Ferroviaria aprobó en un congreso la propuesta de nacionalización de los ferrocarriles y muy poco después lo hizo La Fraternidad. La Unión Obrera de los Telefónicos, que encarnaba otro tipo de sindicalismo, también hacia el año 40 aprobó una resolución que pedía la nacionalización de la industria telefónica. La fundación de la Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), se concretó el 19 de noviembre de 1946, cuyos estatutos se homologaron por el decreto 18.885/46. En una ceremonia efectuada en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 3 de septiembre de 1946, la empresa United River Piate Telephone Company Limited pasó a poder del Estado por la suma de 319 millones de pesos (95 millones de dólares). Se destacó que la operación se hizo por el sistema de venta directa y no por expropiación, y que el Estado se haría cargo del monto de las deudas en circulación que ascendían a más de 100 millones de pesos. Pero se les otorgó el monopolio de una concesión para proveer asistencia técnica y todo el material telefónico a la compañía nacionalizada, durante diez años. Los argentinos conocían a esa empresa con otro nombre más familiar: Unión Telefónica.

Pocos reparaban en su verdadero origen extranjero hasta que Perón se encargó de difundirlo para promover la nacionalización. El trust que explotaba esos servicios a través de la Unión Telefónica era la International Telegraph and Telephone (ITT), cuyo presidente y vice asistieron especialmente invitados al acto de transferencia. Se trataba del coronel norteamericano Sosthenes Behn y del doctor. Henry A. Arnold, quienes recibieron de manos de Perón: una réplica del sable corvo de San Martín. No faltó a la ceremonia el embajador de EEUU, quien ingresó junto al Gral. Perón. (…)

Al inaugurarse las sesiones del Honorable Congreso, exprese que el caso particular de las empresas de servicios públicos, la general adhesión a la política de recuperación e incluso de los adversarios era de ampliar el dominio y las funciones del estado, lo que es un sincero sentimiento de reconocimiento de recuperación nacional que no puede herir ni sorprender. Esto es el auténtico y sano nacionalismo, que debe ser una actitud positiva y nunca negativa. “Ningún país ni ninguna empresa deben sentirse heridos ni sorprendidos. La argentinización de la economía sigue su curso, y nadie podrá detenerla ya. En épocas pasadas partidos políticos han auspiciado la nacionalización de los servicios públicos. Y estos proyectos han incluido como es lógico lo de los teléfonos” (…)

El convenio que ad referéndum del Congreso hoy se firma inicia el desarrollo de esta política, si bien el gobierno aspira a la nacionalización de los teléfonos, no la quería a cualquier precio, la quería a cambio de una suma razonable, no solo inferior a los materiales en la actualidad, sino a lo que estos materiales costaban hace un lustro, quería también que el Estado al hacerse cargo de los servicios sin haber formado y sin poder improvisar de la noche a la mañana equipos de expertos no fuese un factor de perturbación ni de ineficacia de los mismos, quería que todos los adelantos que en el día de mañana se incorporen a los servicios de los teléfonos los tenga inmediatamente la Argentina, por la participación legal de las patentes de invención, quería por contratos adicionales careciese de los servicios y de los instrumentos técnicos indispensables para extender la red telefónica argentina a las necesidades de las industrias, de su comercio y su administración y de su defensa. No me halaga la nacionalización a cualquier precio y de cualquier manera, y no quería nuevos proyectos, sino autoridades efectivas. La ceremonia que Uds. veis, prueba que mi gobierno ha logrado lo que para beneficio exclusivo para el país quería y que esto no es un proyecto más sino una bella realidad. “Mi gobierno que tenía que incorporar el servicio de teléfono al sistema nacional de comunicaciones con sus inmensos beneficios para la colectividad y para su seguridad plena para el Estado sino también para dispensar el trato de la nunca desmedida hidalguía nacional a la permisionaria empresa vieja y amiga del país.

Me complazco en destacar que el Sr. Coronel Behn presidente de la ITT y el Sr Arnold presidente de la corporación para Sudamérica han puesto su excelente voluntad para allanar todas las dificultades que se oponían al éxito final de la negociación, demostrando por consiguiente ser buenos amigos de la Argentina. Mi gobierno ha realizado el convenio más beneficioso para el país, sin lesión alguna para la empresa. Le pagaremos a la empresa lo menos posible, porque yo no estoy defendiendo mi dinero sino el dinero de mi pueblo, pero sin cometer ningún abuso de poder, ninguna injusticia, porque así con lealtad es como procede el pueblo argentino. La Unión Telefónica ha progresado en su condición de entidad que prestaba servicios en su limitado campo de utilidades, hasta llegar a ocupar una posición desde la cual ofrece por medio de sus redes propias y de otras compañías y por medio de las estaciones radioeléctricas del estado un servicio que abarca todo el país y se extiende más allá de las fronteras nacionales hasta los más alejados rincones del mundo. La magnitud de los bienes que hoy se incorporan al patrimonio nacional y la importancia de los bienes son índice elocuente de la evolución alcanzada por la economía de la nación. (2)

(…) El Ministro de Hacienda, ante los periodistas, aclaró que “el precio convenido es muy inferior al valor actual de los bienes de la empresa. La evaluación realizada por técnicos argentinos y extranjeros sobre los bienes que se adquieren alcanza cifras importantes de acuerdo a los precios y salarios tomados como base para el cálculo. Los valores estimados por el plantel en tales oportunidades oscilaron entre 542 millones y 75 millones de pesos. Conviene agregar que a juicio del gobierno el precio fijado para la compra que asciende a 94 millones o sea más de 990 mil dólares, equivalentes a 319 millones de pesos moneda nacional, y el gobierno tomo a su cargo las deudas en circulación que ascienden a más de 100 millones de pesos El gobierno nacional pasa a ser propietario exclusivo de la empresa. Además no ha dejado de pensar en el personal de la empresa, al que mediante el convenio, se garantiza los beneficios a quienes a la fecha que se produce la nacionalización de los servicios, a la vez que asegura su estabilidad, siempre que cumpla con las normas impartidas por el presidente de la Nación”.

Agregó que serían aprovechadas las experiencias, que sobre telefonía realizaron los institutos dependientes de la ITT, para lo cual el gobierno argentino se aseguró por un tiempo prudencial, mediante un convenio con dicha empresa todo el asesoramiento necesario para que la empresa este a la altura de las más avanzadas en el mundo. El asesoramiento incluía: construcción, renovación, tráfico comercial, conservación, etc., y las más variados matices. Además de las patentes de las invenciones del sistema, como del material necesario para el normal funcionamiento. (3) A los dos días, de la ceremonia en la casa de gobierno, el Senado escuchó al Ministro de Hacienda, Ramón A. Cereijo, dar una explicación contable sobre el precio pagado por el gobierno a la ITT: “La Unión Telefónica tenía un activo de 483 millones de pesos y un pasivo de 164. Por eso pagamos solo la diferencia: 319 millones”. Pero esos argumentos no calmaron los reclamos de los diputados radicales, quienes solicitaban la concurrencia de Cereijo a la sesión del 8 de setiembre, que debía tratar la ley de nacionalización de los teléfonos. Antes de considerar el problema, el diputado Ricardo Balbín, protestó “porque cien mil jubilados esperan ansiosos (dos mil están ahora en las escalinatas del Congreso) una solución a sus problemas, mientras se da preferencia a un mal acto de gobierno en perjuicio de la economía del país”.

Por 98 votos contra 44 fue aprobada la ley y el diputado peronista Hernán Fernández fundamentó el despacho de la mayoría, que aconsejaba sancionar el proyecto enviado por el Senado. Se trataba de aprobar la compra de la empresa y los contratos de provisión de materiales y asesoramiento técnico, concedidos a la firma Stándard Electric, filial de la ITT. Los radicales reclamaron airadamente la presencia de Borlenghi y Cereijo, pero la presidencia de la Cámara informó: —El señor ministro Borlenghi no podrá concurrir porque está muy enfermo.— Está enfermo de crisis! —tronó Balbín. Media hora después Cereijo llegó al recinto y defendió acaloradamente la operación, con los mismos argumentos que expusiera en el Senado tres días antes. El diputado Arturo Frondizi criticó “el secreto de las negociaciones”, sostuvo que se pagaba un precio superior al de la valuación y se opuso a la concesión de un nuevo monopolio a la ITT. Propuso, en cambio, la expropiación lisa y llana de la Unión Telefónica y la sanción de una ley orgánica para esos servicios.

La ley quedó promulgada y el 31 de diciembre de 1946 asumían sus funciones las autoridades de la flamante Empresa Mixta Telefónica Argentina (EMTA), en el edificio de Defensa 143. La ceremonia sirvió para que se aclararan algunos conceptos. “¿Qué se busca con la formación de las sociedades mixtas? En primer lugar, obtener la argentinización (fíjense bien que digo argentinización y no nacionalización) de las grandes compañías de servicios públicos de capitales foráneos”, explicó en su discurso el vicepresidente del IAPI, Carlos Devries, a quien Miguel Miranda comisionó para que hablara en su nombre porque un accidente lo tenía postrado en cama. Otro dato, es que al discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación, el convenio de venta de la ITT la oposición política dio sus puntos de vista, señalando el mal negocio financiero que hacía el país por la compra de casi 95 millones de dólares. El debate se dio alrededor de los aspectos positivos y negativos. (4) La Revista “Nuestra Economía”, dirigida por hombres como Ricardo Ortiz, planteaban sobre el futuro de la propiedad de la telefonía del país: “Mediante la nacionalización se evitó que las utilidades de un importante servicio público como el teléfono salieran de nuestro país, dejando de ser una explotación comercial para convertirse en una empresa cuyos servicios no fueran onerosos. Los acontecimientos han demostrado que la Empresa Telefónica Argentina, lejos de abaratar los servicios, los ha encarecido. Pero aun así, el hecho de que los teléfonos pertenezcan a la Nación constituye un paso adelante de mucha importancia, especialmente tratándose de un servicio tan elemental. Lo lamentable es que el gobierno pago argentino pagó 95 millones de dólares por el activo físico de una empresa que había usufructuado al país durante medio siglo. En el mismo acto de la compra venta se aprobaron dos convenios complementarios por cuyo intermedio se contrataron los servicios técnicos y de provisión de materiales por parte de la ITT para las necesidades futuras de la empresa”. (5)

El asesoramiento técnico fue rescindido el 15 de mayo de 1952, veinte días antes de que Perón terminara su primera presidencia, y el Gobierno indemnizó a la empresa concesionaria con 3 millones de dólares. Recordemos que a lo largo de la década del treinta, se había producido la concentración de la explotación del servicio telefónico, en las manos de unas muy pocas compañías. Una de ellas, la Unión Telefónica con un gran porcentaje del servicio, filial de la ITT, en una típica maniobra monopolista, traspasó a otra de la misma compañía, la Standard Electric Argentina, todas las tareas de montaje e instalación de equipos de las centrales telefónicas fabricadas en el exterior, desmantelando todos sus departamentos no dedicados a la explotación del servicio. Los trabajadores iban tomando conciencia, por medio de su propia experiencia, de la necesidad de ampliar el marco de su política reivindicativa, para incluir en él, a través de su acción política, toda la trama de intereses que estas empresas poseían. El gremio empezó a levantar como una de sus banderas primordiales, la “nacionalización del servicio telefónico”. Ese objetivo se concretó finalmente durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, el 18 de marzo de 1948, mediante el decreto 8104 del poder ejecutivo nacional, que determino la Nacionalización del Servicio Telefónico en la República Argentina. Esta medida complemento la serie de nacionalizaciones en áreas claves de la economía nacional, hasta ese entonces, mayoritariamente en manos de capitales extranjeros. En síntesis, en el área de las comunicaciones, la nacionalización había sido precedida por el decreto 9180/46 del 3/9/46, luego ratificado por la Ley 12.864 del Congreso de la Nación, con el cual se aprobó un Convenio con la ITT, para la adquisición de la Unión Telefónica, que en ese momento explotaba el 85 por ciento de las comunicaciones del país.

Más allá de las discusiones sobre la justeza del procedimiento de compra, y de las cláusulas del contrato, que implicaban asistencia técnica y aprovisionamiento de materiales telefónicos, la importancia de la decisión adoptada estriba, en dos factores imprescindibles para un desarrollo autónomo. Uno de ellos está relacionado con la seguridad y la defensa nacional, al ponerse en manos del Gobierno Nacional el control y los planes de desarrollo de las telecomunicaciones.

Proyectada para medio siglo, la EMTA es disuelta antes de cumplir 16 meses. En el año 1949 se creó el Ministerio de Comunicaciones, del cual dependían dos organismos: la Dirección General de Correos y Telégrafos y la Dirección General de Teléfonos del Estado. De este último organismo dependía la Empresa de Teléfonos del Estado, creada el 17 de junio de ese año. El 10 de abril de 1950 se firmó la escritura por cuyo intermedio pasaron definitivamente a poder del Estado los bienes muebles e inmuebles de la ex UT. Faltaba aún una operación, y se formalizo el 1º de enero de 1952 al aprobarse el acuerdo entre el Gobierno y la ITT, por el cual el Estado adquiría los intereses que dicha empresa poseía en la Compañía Telefónica Argentina, la Compañía Telegráfica Telefónica Comercial y la Compañía Telegráfica Telefónica del Plata. A las ventajas para el país suscitadas por la nacionalización, el gobierno añadió otras medidas de neto beneficio para los trabajadores telefónicos:

*.- La firma de un convenio único para todos los telefónicos del país.

*.-El comienzo de la implementación de la jornada de 35 horas semanales.

*.-Fortalecimiento de la organización sindical, nucleando a todo el personal, sin distinción de categorías. Volviendo a la situación de la empresa, se constituyó en forma mixta como un Ente autárquico nacional sin participación de capitales privados, y fueron privilegiados los trabajadores para la compra de las acciones, pero frente a grandes dificultades en su conducción, el 18 de marzo de 1948 se la transformo en Empresa Teléfonos del Estado. Su desarrollo se completa en el año 49 con la adquisición de otras compañías permisionarias en Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

La cláusula del contrato de compra que obligaba a las compañías extranjeras, en principio, a su radicación productiva y fuego a una creciente fabricación nacional de sus aparatos hasta lograr un completo autoabastecimiento telefónico fue a menudo boicoteada por dichas empresas más aún después del Golpe del 55.En el año 1953, gana la licitación Siemens para la instalación de uno de los primeros cables coaxiles del mundo, de 1200 km. de longitud, siendo en esa otra oportunidad en que nuestro país es campo de pruebas de tecnologías para las empresas monopólicas (…) (6)

Dos estadísticas de la primera mitad de la década del 50 refieren a la situación del parque telefónico. En 1953, Teléfonos del Estado contaba con 924.976 abonados, distribuidos en 830 centrales, correspondiendo a Buenos Aires, 656.000 aparatos, el 99,9 por ciento de los cuales era automáticos. Mientras que en 1955 los suscriptores sumaban ya 1.047.000, lo que ENTEL ocupaba el séptimo lugar entre las organizaciones estatales telefónicas del mundo y el primero en América Latina. Deseando ilustrar este punto, es que volcaremos algunas ideas que se escucharon y se leyeron en Rosario y el país en esos meses. Primeramente se planteaba la habilidad de la Empresa Unión Telefónica, para lograr su enriquecimiento ilícito. Como tuvo a su disposición todo el mecanismo del poder concedente, de lo contario, nunca hubiera podido obtener autorización para percibir el precio de tarifas, que obtuvo. Desde los sectores del poder político y económico, ante el poder fascinante de la Unión Telefónica lo beneficiaron sin medida, lesionando la economía del pueblo argentino y atropellando sus más caros derechos. (…)

De un estudio publicado en los periódicos, “Tribuna Comercial”, en su edición del mes de julio de 1938 y “El Mentor” en agosto de ese año, se informaba que la empresa recaudaba, por ese concepto alrededor de $400.000 anuales. La Unión Telefónica nunca objetó esa cifra. Fueron muchas las estrategias de la UT, para el aumento de las tarifas. Una de ellas fue denunciada por el periodismo, cuando solicitó la aprobación de la revaluación de sus instalaciones, y de haber sido aprobada, “sería posible estimar la cifra astronómica a que elevaría su capital la UT, teniendo presente los altos precios que rigen en la actualidad para los implementos telefónicos, por causas que son del dominio público”, decía un artículo periodístico de la época. El parlamento nacional también sirvió a los intereses de la UT, incluso se llegó a que algunos de sus integrantes propiciaran una ley de monopolio telefónico, que felizmente no llegó a concretarse. Tal proyecto de ley fue auspiciado por la mayoría de la Comisión Especial de Estudio del Régimen Legal de Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y puede consultarse en las Órdenes del día N° 103 y N° 119 de los años 1937 y 1938. Pero la reacción de los usuarios fue contundente, se realizaron congresos, asambleas de centros comerciales e industriales de todo el país, a los fines de rechazar dicho proyecto. Se destacó la labor de la Federación Argentina de Entidades Defensoras del Comercio e Industria durante los años 1938 y 1940. En todas esas reuniones los asistentes se manifestaron a favor de la nacionalización del servicio. Los motivos eran de carácter político, económico y social. En el orden político, fueron varios los pronunciamientos. Primeramente se señalaba la pública y notoria colaboración prestada por la Compañía Unión Telefónica al movimiento de los golpistas de 1930, que desalojo del poder al presidente Yrigoyen. En esa oportunidad, la Casa Rosada quedo incomunicada con Campo de Mayo, pues el servicio telefónico dejó de funcionar. (…)

Uno de los fundamentos más fuertes para la nacionalización era la faz económica. Se sostenía que la mayor parte de las tarifas telefónicas, impuestas por el trust, con autorización oficial, eran elevadas e injustas. Una nota periodística de la época pinta con crudeza esa realidad, y con lenguaje propio de esos años “Muchas de esas tarifas son el resultado de la concepción maquiavélica de la filial de la ITT, empeñada u obligada a satisfacer apetitos de lucro incontenido de capitales foráneos o bien, son las que necesita para atender combinaciones financieras de sus empresas filiales, que la surten de materiales telefónicos. Pero también son las que precisa, para pagar gastos creados por la fantasía, y finalmente, son las que ha inventado para liberar del pago del impuesto a la renta, en el extranjero, a los aprovechados capitalistas, que probablemente, están muy lejos de la República Argentina”. (7 bis) Por otra parte, los analistas reclamaban y advertían que “Llegado el momento, la expropiación tendrá que hacerse previo el justiprecio de las instalaciones de las empresas particulares, considerando su “costo histórico”.

No debe dejarse impresionar por los enormes capitales que los interesados acusan, producto de maquinaciones calenturientas y, a la vez exponente de procedimientos empleados por ese capitalismo absorbente que, siempre ávido de dinero, prepara su gran negocio aún para aquellos casos, en que alguno de sus tentáculos pudiese ser expropiado”. (8) Se señalaba que “fácilmente puede observarse cómo la UT, mientras por un lado exprime u despoja a los usuarios, por otro lado escamotea todo cuanto está a su alcance para impedir sus egresos de dinero, birlando a tratando de birlar al Estado cuando debe dar cumplimiento a sus contribuciones fiscales nacionales o provinciales, regateando los haberes del personal obrero o bien exigiéndoles alguna contribución, que la Empresa utiliza indebidamente en su propio provecho. La UT, no es una entidad filantrópica, pero tampoco debe aceptarse que esa empresa, empeñada constantemente en aumentar sus ganancias haya iniciado y sistematizado la disminución de su personal obrero que, desempeñando menesteres delicados, aseguran el buen funcionamiento de las instalaciones. Esa constante eliminación de personal, redunda en manifiesto perjuicio del servicio, y, a la vez, menoscaba el derecho de sus pacientes abonados, pues lo pagan por bueno”. (9)

En definitiva, no solo era el Poder Ejecutivo que estaba decido a la nacionalización del servicio telefónico, sino que fueron numerosos los sectores que apoyaban la iniciativa. Desde asambleas de comerciantes, industriales, hasta la de vecinos, pasando por algunos periodistas, intelectuales y dirigentes sindicales.

CITAS

1.-Instituto Nacional Juan D. Perón, “Discursos de Perón”, Buenos Aires.

2 bis.- Vedoya, Juan, “La ITT en Argentina, Revista “Todo es historia”, N° 74, pág. 9, junio 1973.

3.- La Capital, 4 de septiembre de 1946, pág.

4.4.- La Capital, 4 de septiembre de 1946, pág.

4.5.-Vedoya, Juan, op. cit.6. Revista Nuestra Economía, noviembre de 1946, Buenos Aires.

7.-Revista “Luchas Obreras Argentinas”, op. cit.7 bis.- Constitución 1949, Instituto Nacional Juan D. Perón.

8.-Chispa, 22 de marzo de 1946, pág. 3.9.- Chispa, 22 de marzo de 1946, pág. 4.(*) Estas líneas pertenecen al libro “Telefónicos por sus Derechos”, de Leonidas Noni Ceruti.