Periodista, escritor y abogado, Pablo Llonto es una da las figuras que más han trabajado en la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, llevando adelante algunas de las principales causas de lesa humanidad representando a los familitaries de los detenidos desaparecidos de los Centros Clandestinos de Detención de la ESMA, El Campito, Automotores Orletti y Superintendencia de Seguridad Nacional, entre otros. Con él conversamos sobre el impacto producido por la visita de diputados de La Libertad Avanza para visitar a los presos genocidas quienes, lejos de lo que intentas hacer creer, no son ‘viejitos enfermos’. “Hay de 60, 70 y 80 años, en perfecto estado de salud”, advierte. Analiza que no es un hecho aislado y nos adelanta que existe ‘un proyecto de decreto para que se aplique una figura legal que se llama plazo razonable, que es muy parecido al tema de la prescripción. O sea, le quieren hacer firmar a Milei un decreto para que los que no tuvieron juicio, 25 años después de producido el hecho y se extinga la acción penal.” Si bien considera que no están dadas las condiciones para que eso suceda, no deja de ser una idea preocupante. Aquí los entretelones y objetivos de una visita que fue un cachetazo para todos los que exigen verdad y justicia.
Entrevista de Nora Anchart a Pablo Llonto realizada el 12 de agosto de 2024 en larz.com
LCV: ¿Cómo ves vos esta jugada que hace La Libertad Avanza yendo hacia el blanqueo de los represores?
—Si bien no sorprende, y ahora explico por qué, por supuesto, cada noticia que viene de ese lado, que trae el impacto que trajo la visita de diputados y diputadas de Milei a los genocidas, conmueve, preocupa y nos lleva a tratar de tomar algunas medidas. Digo que no sorprende porque sería muy ingenuo, desde el año pasado que en plena campaña la vimos en acción a Villarruel, las cosas que decían los referentes de La Libertad Avanza, sumado lo que es Milei, no pensar en que tienen planes para la impunidad y para liberar a los genocidas sería muy tonto de nuestra parte. Pero una cosa es imaginarse lo qué van a hacer y otra es verla paso a paso. Todo esto, por supuesto, empezó apenas asumieron. Apenas asumió Milei, se tomaron medidas para, por ejemplo, desarmar los equipos de investigación que había en el Ministerio de Defensa y que estaban aportando pruebas para los juicios de lesa humanidad en los juzgados de instrucción. Todo esto siguió fuertemente con varias cuestiones, despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, declaraciones, manifestaciones, actos, subirse arriba del tanque, etcétera. Y llegó esto de los diputados y diputadas que merecen, o por lo menos se generaron, tres investigaciones.
Una, la periodística, que es la que está dando más frutos, porque gracias a muchas y muchos periodistas que se movieron en estas semanas, se pudo saber que esta visita del 11 de julio al penal de Ezeiza no fue la única, que hubo a Campo de Mayo, que hubo reuniones previas para organizar todo esto, que hay planes y proyectos de decreto y de ley para brindarles impunidad a asesinos, torturadores y violadores.
La investigación política, que es la que tiene que hacer la Cámara de Diputados, es la que no arrancó aún. Si bien hay voces que ya han anunciado que se va a poner en marcha, lo concreto es que todavía Diputados no está investigando a estos diputados y diputadas que fueron a la visita para ver si se toma una medida, que puede ser suspenderlos o expulsarlos de la Cámara.
La tercera es la investigación judicial, que se abrió en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora y que trata de averiguar qué pasó en la cárcel de Ezeiza el 11 de julio, ver si es cierto que hay dos diputadas que dicen que fueron llevadas a ser engañadas y ver si se cometió algún delito allí por parte de los diputados organizadores de este viaje o de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Así que, bueno, esos son los tres frentes abiertos hoy.
LCV: ¿Engañadas?
—Pongamos que sí. Pongamos que fueron engañadas, que se les dijo que iban a ir a ver las condiciones en las que estaba la cárcel, etcétera, etcétera, y que no sabían a quiénes iban a visitar. Esto, si es cierto, entonces en los libros donde se registran las visitas, alguien tiene que haber falseado los datos, porque las visitas a las cárceles, como bien se sabe, tanto nacionales o provinciales, tienen un protocolo más o menos parecido. El visitante llega, se anuncia, muestra el documento, llena un registro, dice a qué preso o presa quiere ver y el servicio penitenciario le comunica al preso. Le dice al preso: mire, hay una persona, fulana de tal, documento tal, que quiere verla a usted en los horarios de visita. Y es el preso el que dice si acepta o no acepta, porque no es un hotel que uno va y dice: Sí, denme con… Entonces, si es cierto que las engañaron, todo ese trámite no se tiene que haber hecho. Por lo tanto, ahí hay no solo una falta reglamentaria, sino un probable delito. Y si mintieron y sabían bien a quién iban a ver, va a saltar en el trámite, va a decir: Llenó la planilla la diputada tal, pidió por tal preso y el preso Astiz le dijo que sí, el preso Vázquez Sarmiento le dijo que sí, el preso Donda le dijo que sí. Entonces, mintieron escandalosamente. Lo que llamó la atención es que la diputada Arrieta, de Mendoza, de Milei, dijo que había sido llevada a engañada. Y luego, la semana pasada, ella presentó una denuncia penal que se unió con la nuestra, que es la que presenté yo hace dos semanas y después se sumó el fiscal Félix Crous, y que es la que está transmitando en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Así que, bueno. Yo creo que en unas semanas más se va a ver toda la verdad.
LCV: ¿Cuál es el rol del sacerdote Olivera? Que además pertenece a una familia en donde la represión no le es ajena. ¿Cuál es la fundamentación de su inclusión en todo este lío?
—Da la impresión, por las investigaciones periodísticas, que es uno de los organizadores de una serie de reuniones que culminan en estas visitas. Digo estas porque sería una en marzo a Campo de Mayo. Los genocidas que están en cárceles comunes, lo que se llama prisión común, está un grupo grande en Ezeiza y otro grupo grande en Campo de Mayo. Después hay algunos sueltos en algunas cárceles federales de las provincias y después la inmensa mayoría está en prisión domiciliaria. Entonces, de los dos grupos grandes, Ezeiza y Campo de Mayo, en marzo se habría hecho una visita a Campo de Mayo, a los genocidas presos de Campo de Mayo, y ahora esta de Ezeiza. En ambas, este sacerdote Olivera, hijo de un represor, que se hizo famoso hace tres o cuatro meses porque organizó una fiesta en su casa y estaba con prisión domiciliar y lo invitó a Palito Ortega. También Palito Ortega, después de cantar, dijo que tampoco sabía quién era, nadie sabe nada. Esta es la parte que conocemos, imagínate la que no conocemos. Las reuniones que se habrán hecho o estarán haciendo, lo que debe estar tramando Villarruel. Yo creo que todo esto, por un lado, da asco, pero por el otro lado, sirvió para ver que hay todavía reflejos democráticos en un amplio sector de la sociedad, porque esto generó, por lo menos, repudios verbales y periodísticos de diputados y personalidades del radicalismo.
LCV: No vi que decía Villaruel de esta visita, digamos, en qué lugar se había puesto. Vi las declaraciones de Bullrich que me parecieron vergonzosas, pero no vi exactamente lo que dijo Victoria Villarreal. Y tampoco vi que la gente insultara particularmente.
—Hasta ahora no hubo de ella. Sí hubo esto que decís vos, en Mendoza, la semana pasada, Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, y Bullrich, la ministra de Seguridad, salieron en una conferencia de prensa con unas declaraciones espantosas.
LCV: Espantosas.
—Mentirosas, además. Porque salir a decir que los genocidas son todas personas de 80 años, más de 80 años, que se están muriendo en las cárceles, totalmente mentira. Los genocidas que están presos en cárceles comunes hay de todas las edades. Hay de un poco más de 80, muchos de 70 y pico, y algunos de 60 y pico. Además ninguno de ellos está en situación de enfermedad terminal. Ninguno. ¿Por qué? Porque las decisiones de las prisiones domiciliarias y las prisiones comunes las toma cada juez en cada caso. O sea que acá hay decenas de decenas de decenas de decenas de juezas y jueces que tienen en sus juzgados o en sus tribunales la posibilidad de resolver los pedidos de prisión domiciliaria. ¿Y qué hacen? Los mandan a revisar por el Cuerpo Médico Forense, por las y los peritos de las querellas, las nuestras, y por las y los peritos de las defensas. O sea, se produce una especie de junta médica que da un dictamen y dice bueno, esta persona tiene, suponete, hipertensión, que en general la tenemos todos los que tenemos más de 60 años y está con una pastilla que la puede tomar en la cárcel. Los que tienen enfermedades que no se pueden tratar en la cárcel, porque en la cárcel hay una enorme cantidad de presos comunes y de lesa humanidad que tienen afecciones de distinto tipo y se tratan. Para eso están los Hospitales del Servicio Penitenciario.
LCV: Lo que se habla ya no es tanto de pobrecitos los viejitos que tienen que irse de casa para ser apachados, sino que están hablando de un blanqueo de culpas, de una revisión de este tipo de cosas. ¿Eso puede llegar a suceder?
—Pueden tener estos proyectos que se conocieron ahora, uno de los cuales lo tenemos, lo hemos podido leer. Hay un proyecto de decreto para que se aplique una figura legal que se llama plazo razonable, que es muy parecido al tema de la prescripción. O sea, le quieren hacer firmar a Milei un decreto para que los que no tuvieron juicio, 25 años después de producido el hecho, se extinga la acción penal. Yo creo que no lo va a firmar, por lo menos en este momento. Y si lo firmase, yo creo que no hay juez en la Argentina que no declare nulo ese decreto o lo declare inconstitucional. Así que bueno, tendremos que esperar, como siempre, en la última palabra, en manos de la justicia.
Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.
LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda. Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”
LCV: Contame la situación en este momento de Acindar. Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”
LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso? Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”
LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís? Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”
LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros? Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”
LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios? Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”
LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo? Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”
LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas? Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”
LCV: ¿Cómo sigue el conflicto? Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”
LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral. Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”
Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”
En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Roberto Álvarez, secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, el sindicato que nuclea a las y los trabajadores fiscales. En la conversación se analizan los alcances del informe elaborado por el gremio sobre el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei y sus consecuencias para el sistema previsional, las provincias y los trabajadores.
LCV: “Ya tenemos en línea al secretario de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos de AEFIP, Roberto Álvarez. En distintos medios se conoció un informe elaborado por el gremio que expone el impacto fiscal del proyecto de reforma laboral. Contanos cómo fue la elaboración del material y cuál es el núcleo duro que intenta explicar.” Roberto Álvarez: “Desde el gremio nos enfocamos en identificar todos los recursos que la Nación y las provincias dejarían de percibir si se aplica la ley de reforma laboral que se va a discutir en el Congreso. El proyecto tiene artículos que no refieren a cuestiones laborales sino a una reforma tributaria, lo que en los hechos lo convierte casi en dos leyes en una. Esto genera una merma de recursos en el sistema previsional argentino, que además es coparticipado con las provincias, por lo que también pierden recursos los municipios. Las reformas propuestas implican que trabajadores y Estado dejen de percibir ingresos para reducir costos o incrementar ganancias del sector empleador. A esto lo llamamos el costo oculto del proyecto oficial, algo que no se discute públicamente y que por primera vez se analiza con este nivel de detalle.”
LCV: “Para los trabajadores y trabajadoras de a pie, ¿cuál es el impacto concreto de esta reforma en la obra social, el salario y la vida cotidiana?” Roberto Álvarez: “El impacto en la salud es central, porque las obras sociales dejan de percibir recursos y eso puede derivar en aumentos de las prestaciones, recortes o un servicio más precario. En el sistema previsional sucede lo mismo: el salario diferido que hoy el trabajador deja de cobrar para una jubilación futura también se reduce, lo que implica menos recursos para la seguridad social. Algunos sostienen que ese dinero podría traducirse en aumentos salariales por parte de los empleadores, pero eso nunca ocurrió y no va a ocurrir ahora. La pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del consumo y del mercado interno van a seguir profundizándose.”
LCV: “¿Cuánto tiempo les llevó elaborar este informe y cómo fue el trabajo metodológico?” Roberto Álvarez: “El informe surgió por iniciativa de un compañero con perfil investigativo, pero el principal obstáculo fue la obtención de los datos. Muchos son públicos, pero están tan fragmentados que resulta muy difícil integrarlos de manera coherente. Nos llevó bastante tiempo lograr una armonía entre todos los datos y chequear su consistencia. Metodológicamente, el sentido del proyecto de ley está claro, y entendemos que el informe tuvo repercusión porque las provincias necesitan saber con precisión qué están negociando.”
LCV: “¿El trabajo se hizo con participación de las provincias o fue elaborado desde la secretaría a nivel nacional?” Roberto Álvarez: “El trabajo se formuló desde la mesa nacional de AEFIP y luego fue chequeado con las seccionales del interior del país. Justamente por eso nos tomamos el tiempo necesario para profundizar el análisis y llegar a números que consideramos lo más ajustados posible a la realidad, aun cuando existen otros trabajos con estimaciones diferentes.”
LCV: “Según el informe, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. ¿A qué se debe esto?” Roberto Álvarez: “Esto se explica por la coparticipación: las provincias que hoy reciben más recursos son las que van a resultar más afectadas si se aplican estas reformas, porque la pérdida es proporcional a lo que actualmente perciben.”
LCV: “¿Cuándo se crea la Secretaría de Estudios Fiscales, Laborales y Tecnológicos dentro de AEFIP?” Roberto Álvarez: “Es una secretaría que existe históricamente dentro del gremio, aunque en esta gestión del secretario general Pablo Flores se actualizó su nombre. Por estatuto también nos corresponde estudiar cuestiones laborales y tecnológicas, y eso responde al impacto de las nuevas tecnologías y a los cambios en el mundo del trabajo. Este tipo de estudios no son solo el trabajo de una secretaría, sino el resultado de una decisión política de profundizar el análisis de estos temas.”
LCV: “Te agradecemos el material y el estudio, que seguramente será una referencia para seguir analizando la reforma laboral.” Roberto Álvarez: “Muchas gracias por llamar. Sos una amiga de la casa y cuando quieran volvemos a hablar.”
Agustín “Tano” Amicone: “Dass despide a 43 trabajadores y expone el colapso del sector del calzado”
En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, Agustín “Tano” Amicone, analizó la crítica situación que atraviesa la empresa DASS en El Dorado, Misiones, que fabrica para Nike y Adidas y donde fueron despedidos 43 trabajadores. El dirigente contextualizó el conflicto dentro de la profunda crisis que vive la industria nacional, particularmente el sector del calzado por la apertura indiscriminada de las importaciones, pérdida de empleo sumado a la precarización laboral y ausencia de políticas industriales forman parte de un escenario que, advierte, podría agravarse en los próximos meses.
LCV: “¿Cómo es el conflicto que en este momento está llevando adelante la empresa Dass en El Dorado, Misiones?”
Agustín Amicone: “Lamentablemente, como ya informaron ustedes y otros medios, el fin de semana, a partir del viernes a última hora, la empresa decidió despedir a 43 trabajadores. La medida comenzó a efectivizarse desde el sábado, con el envío de notificaciones. Hoy tuvimos una conversación telefónica con un gerente de La Plata, quien ratificó que los despidos responden a la necesidad de ajustar la cantidad de personal al volumen de trabajo actual, porque los pedidos están escaseando. Incluso nos dijeron que la crisis es tan grande que la medida debería haber sido más profunda, pero que en esta primera etapa decidieron prescindir de 43 trabajadores, esperando que en marzo repunten las ventas, especialmente de las grandes empresas para las que producen. Esta es una empresa que no tiene marca propia, sino que trabaja para grandes marcas como Nike o Adidas, que son los principales proveedores en calzado.”
LCV: “Esto parece estar vinculado al problema general que atraviesa la industria nacional, las pymes y también a la importación indiscriminada.”
Agustín Amicone: “Exactamente. Esto no es un problema exclusivo de la industria del calzado. Hay un problema económico profundo en el país que atraviesa a todas las industrias. Y si se continúa con las medidas económicas que este gobierno viene aplicando y que aparentemente considera correctas, la situación se va a profundizar. Lamentablemente, se va a agravar. Yo no sé qué creen algunos que tienen en la cabeza: ¿que un país puede convertirse en un mero distribuidor de mercadería importada? Porque cuando importamos lo que estamos haciendo es pagar salarios en el exterior. Y encima, en muchos casos, son salarios de hambre. Es una competencia perversa entre quién explota más a su propia mano de obra.”
LCV: “Incluso ha cambiado el mapa mundial de la producción del calzado.”
Agustín Amicone: “Sí. Hoy China ya no es el principal competidor. Para los importadores de calzado, China está cuarta. ¿Por qué? Porque los salarios en China mejoraron. Ahora aparecen otros países con mano de obra más barata: Indonesia, otros países del sudeste asiático. La industria del calzado es una industria ‘pauperotrópica’, como dijo una vez un amigo economista: se traslada hacia donde hay más pobreza y mano de obra más barata, y se aprovecha de esa situación.”
LCV: “¿Y qué rol juega el Mercosur en este escenario?”
Agustín Amicone: “Yo siempre sostuve que había que replantear el Mercosur. El Mercosur debería servir para potenciar a los países que lo integran, no para que compitan entre sí de manera destructiva. Brasil produce alrededor de 800 millones de pares de calzado al año, mientras que Argentina apenas llega a unos 120 millones. Así es muy difícil competir. Nosotros planteábamos la necesidad de una integración más inteligente, con acuerdos que permitieran complementar capacidades, no pulverizar las posibilidades de desarrollo de ambos países. El espíritu original del Mercosur era construir un gran mercado común hacia afuera, no debilitarnos entre nosotros.”
LCV: “¿Cómo es hoy la situación de los trabajadores del sector?”
Agustín Amicone: “La mayoría de las empresas trata de conservar a su personal, porque formar a un trabajador especializado lleva tiempo y requiere inversión. Pero en este momento hay mucha gente suspendida, y suspendida sin goce de sueldo. Están esperando que la situación mejore, que marzo traiga un repunte. Todo el mundo está a la expectativa.”
LCV: “También hubo cambios estructurales en la industria del calzado.”
Agustín Amicone: “Sí. Antes existía mucha más especialización. Hoy casi todo es ensamblado: una parte se hace en un país, otra en otro. Antes Argentina tenía ventajas por su industria del cuero. Hoy el cuero pasó a ser casi un material de lujo. Aparecieron materiales sintéticos, semicuero, y hasta se engaña con términos como ‘cuero ecológico’, que no existe. Además, la industria del cuero siempre tuvo problemas ambientales, y muchas veces países europeos trasladaron esa contaminación a países como el nuestro. Pero eso es parte de un problema más amplio que atraviesa a toda la estructura productiva.”
LCV: “El panorama es realmente preocupante.”
Agustín Amicone: “Lo es. Y creo que la única salida posible es que la industria, los trabajadores y todos los sectores vinculados al trabajo se sienten a pensar una salida conjunta. Porque si no, nos van a pasar por encima.”
LCV: “Además, el próximo 3 de febrero habrá una reunión de la Confederación de Gremios Industriales para debatir esta situación.”
Agustín Amicone: “Sí, es muy importante que se abran esos espacios de discusión, porque lo que está en juego no es solo un sector, sino el futuro de la industria nacional en su conjunto.”
