MOCASE denuncia detenciones ilegales de campesinos

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció en un comunicado la detención de Juan y Gabriel Luna, campesinos de la comunidad de Caspi Corral- Dto Figueroa, en medio de «un operativo cargado de irregularidades».

La organización aseguró que el allanamiento y las detenciones ordenadas por el Juez Darío Alarcón «violaron garantías de los productores de la tierra». «Denunciamos la absoluta violación a los derechos humanos básicos que la Republica Argentina tiene suscriptos a partir de su reforma incorporada en el Articulo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y que tienen Rango constitucional», manifestaron.

Desde MOCASE informaron que Gabriel Luna y Juan Luna fueron detenidos «por delitos que ni siquiera son detenibles por que ninguno de ellos supera los tres años prisión en caso de que se los condenara». Los Luna poseen un territorio en disputa, y la fiscal Lorena Nieva les imputó la comisión del delito de Usurpación de Propiedad, «con un absurdo criterio de irracionalidad».

El conflicto por la posesión de la tierra data de 2013 con el empresario Miguel Sarquiz. Según indican desde MOCASE, Nieva tenía las pruebas suficientes de posesión para «abstenerse e inhibirse», según el criterio que manejaba la fiscalía en casos similares, «dado que nos encontramos ante un supuesto titular dominial y poseedores habitan la superficie, que tienen sus lugar de vida allí y participan incluso de todas las actividades sus actividades productivas y económicas en el lugar. Siendo incluso algunos hasta 3ra. Generación de poseedores campesinos y productores (agro ganaderos)».

Sin embargo, a poco tiempo de que la causa prescribiera, la fiscalía recibió una denuncia de un trabajador de la empresa GusMar S.A, ligada a la familia Sarquiz, quien aseguró haber recibido amenazas con arma de parte de los acusados. «La fiscal toma como prueba una fotografía extraídas de la red social Facebook donde se puede observar a muchos poseedores realizando arreglos, posando con sus herramientas de trabajo haciendo alusión a la defensa del territorio, todas actividades absolutamente legales. Esto se parece más a un espionaje de redes sociales que una investigación seria. No existen pruebas que acrediten que hubo amenazas, ni mucho menos los denunciantes describen de manera precisa con que armas fueron amenazados, ni siquiera por que personas»

«Advertimos también que de continuar haciendo efectivo dicha detención ilegal y arbitraria, hacemos absolutamente responsable y nos obligan de denunciar internacionalmente al fiscal General, Luis Alberto de La Rua como cabeza de dicho ministerio, a la Fiscal a cargo de la Investigación Lorena Nieva, y al Juez DARIO ALARCON, por la gravedad de los hechos que denunciamos. Ni un metro más, la tierra es nuestra!», concluyeron.

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