En un durísimo discurso de apertura de esta nueva edición de La Feria del Libro, Luis Vaccaro, presidente de la fundación organizadora, señaló: “Concurrir a la Feria este año representa un acto de rebeldía y resistencia. Como nunca este espacio cultural, activo, será el eje central alrededor del cuál girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas desbastadoras que propone este gobierno”. Luego de explicar que el gobierno este año había quitado todo tipo de financiación para realizar uno de los encuentros culturales más destacados del continente -que lejos está de considerarse un ámbito de izquierdas- Vaccaro arremetió directamente contra el presidente Milei: “Luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de La Rural. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón, no hay plata”, ironizó para agregar que todas las erogaciones que impliquen su presencia en el predio correrán por parte del gobierno.

Pero no fue el único en poner ‘los puntos sobre las íes’ en una semana en la que una marcha de centenares de miles de personas cubrió las calles del país en defensa de la educación, la ciencia y la cultura.

En su discurso inaugural , la escritora Liliana Hecker, desarrolló una tesis sobre la relación entre literatura, cultura y represión; lectura y pensamiento crítico. Destacamos dos fragmentos clarificadores:

“¿Por qué esta intención manifiesta, por parte del gobierno, de menoscabar o suprimir toda institución o medio de comunicación que favorezca o divulgue el conocimiento, el desarrollo científico, la creación artística y la formación universitaria? Un intento de explicación que circuló cuando empezó a conocerse parte de estas medidas fue que habrían sido propuestas como una forma de distracción; para que pasaran a segundo plano otras medidas más pesadas, como podría ser la venta de nuestras riquezas naturales y empresas estatales, o la destrucción de la industria nacional y de las pymes en favor de los grandes monopolios. Sin duda una explicación tan ingenua solo podía estar provocada por la perplejidad inicial. O tal vez fue una manera de eludir toda asociación con la frase tan temible que se le atribuye a Joseph Goebbels: “Cuando escucho la palabra ‘cultura’ desenfundo la pistola”.

“Y ya que utilicé un verbo tan borgeano como “conjeturar” voy a recurrir a Borges para tratar de explicarme. En su asombrosa y desopilante nota “El arte de injuriar” reproduce este episodio citado por de Quincey: “A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido no se inmutó y dijo al ofensor: ‘Esto, señor, es una digresión, espero su argumento’”. Saber leer, creo, es advertir que, pese a lo extravagante del impacto, un vaso de vino en la cara carece de argumento. Y, para el estilo de comunicación que viene eligiendo el gobierno, implica una posibilidad riesgosa: que se advierta la falta o la falla de los argumentos. Si cada argentino tuviera la capacidad de saber leer –si contara con los elementos para adquirirla- ¿qué pasaría con los pronunciamientos o exabruptos que se suelen lanzar? ¿Estarían en riesgo de perder su eficacia?”

Si bien en el Ministerio de Defensa no hubo centenares de despidos como en otros organismos, las listas de cesanteados tuvieron un tinte más ideológico que de ajuste. Desmantelaron el Equipo de Relevamiento y Análisis documental (EryA) que funcionaba desde el año 2010. Archivo histórico, en el que no solo se puede encontrar documentación militar de hace 200 años sino que preservaba los documentos correspondientes al período de la dictadura. Muchos de ellos fueron utilizados por la justicia para establecer resonsabilidades en delitos de lesa humanidad. De los trece archivistas y profesionales especializados quedaron solo tres, prácticamente sin funciones.

Hace un mes y medio, Petri nombró a Lucas Miles Erves como Director Nacional de Derechos Humanos del ministerio. Abogado y ex comendiante, tiene un curriculum en el que se destaca como asistente del Departamento de Estado de EEUU. Se define a sí mismo como especialista en Defensa y Derechos Humanos, aunque recién en enero de este año logró su diplomatura en DDHH en la Universidad Austral. En su twitter destaca como sus intereses:  “Amor por el tenis. Disfruto de viajar y hacer reír. Comprometido con todo aquello que nos haga mejores personas”.

Se ignora cuáles fueron los motivos que impulsaron a Petri a nombrar en un cargo tan especial a alguien que por sobre todas las cosas le gusta hacer reir. Claro que no es el único nombramiento inquietante también asumió como asesor del ministerio el contador Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien, según el diario La Nación cobrará un sueldo de dos millones doscientos mil pesos.

Entrevistado por Canal Abierto, Alan Rüst, uno de los despedidos del Archivo destacó: “Los paracaidistas que están cayendo en el Estado dan bronca y desazón, es más fácil destruir que construir, llevamos años especializándonos en el tema y ya no sabemos qué va a pasar con esos documentos’ y agregó que con el sueldo del hermano de Adorni se podría pagar a todo el equipo del ERyA, cuyos profesionales cobran un promedio de 600.000 pesos.

Está claro que las cesantías nada tienen que ver con aumentar el superávit fiscal, de hecho Petri denunció a los archivistas como un grupo ‘parajudicial de persecusión a las Fuerzas Armadas’. Consultado por el diario Clarín, el ministro sostuvo que“los informes que produjeron no están en el sistema, yo como ministro no puedo acceder, los mantuvieron en secreto en sus computadoras y en los últimos tiempos fueron con memorias portátiles a llevárselos. Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”.

Reclamo del International Council on Archives

El Consejo Internacional de Archivos (ICA en su sigla en inglés) fue creado en 1948 como una entidad internacional auspiciada por la UNESCO para el fortalecimiento y protección de los archivos. Su Sección de Archivos y Derechos Humanos (SAHR) promueve el papel de los archivos como facilitadores de pruebas de violaciones de derechos humanos, visibiliza su pérdida y defiende políticas archivísticas que garanticen su preservación y uso por los ciudadanos para reparación y construcción de sociedades democráticas. 

En tal condición, el ICA expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Defensa de Argentina, presidido por Luis Petri, que interrumpen el acceso de personal civil especializado de los Equipos de Relevamiento y Análisis a la documentación militar relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1976 a 1983.

A través de un comunicado difundido en la comunidad internacional afirman:

Considerando que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían negativas consecuencias en la calidad democrática de la sociedad argentina, el ICA solicita al gobierno argentino: 

1. El mantenimiento de los contratos de archivistas, investigadores y otros integrantes de los equipos para el relevamiento y análisis de la documentación oficial 
2. El mantenimiento de las resoluciones 308/2010, 1573/2023 y 1131/2015 y la continuidad e implementación efectiva del Sistema de Archivos de la Defensa 
3. La continuación de las políticas públicas archivísticas destinadas a reforzar el papel de los archivos públicos como herramientas esenciales para conocer la verdad y para sustentar los derechos ciudadanos. 

Luego de la cadena nacional en donde el presidente Javier Milei destacó como un logro histórico el superavit logrado por su gobierno en apenas tres meses, la Confederación General del Trabajo difundió un comunicado replicando sus afirmaciones. De esta forma puntualiza el ‘mecanismo oculto’ de cómo se logró ese ‘éxito’:

1. Licuándole los ingresos a las y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en
   términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros
   históricamente más bajos, peores que los del año 2001.
2. Deudas con las provincias: la Nación paró las transferencias a las provincias (un
   recorte del 62%, ajustado por inflación) afectando servicios esenciales como
   educación y seguridad social. Desfinanciando también los pagos a jubilados
   provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales.
3. Deudas con empresas de energía y gas: el Tesoro no cumple los contratos y
   puede romper esa cadena de pagos. Acumula una deuda del orden de los USD
   2000-2200 millones. Si esta situación no se regulariza, las empresas privadas
   podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal
   abastecimiento de electricidad.
4. Desfinanciamiento de la educación pública y deudas con las universidades: no
   se actualiza el presupuesto educativo y los fondos no alcanzan para el normal
   desarrollo de la actividad. Sin incrementos presupuestarios las universidades no
   podrán funcionar a partir del segundo semestre de este año.
5. Interrupción de la obra pública: atrasando o discontinuando proyectos
   estratégicos, vitales para reducir el gasto en subsidios y en importación de energía,
   considerando además el brutal costo social que significa la pérdida —estimada hasta
   el momento— de 100.000 puestos de trabajo.
6. El supuesto superávit comercial es consecuencia de la brutal recesión y el
   desplome de las importaciones, sumado a la diferencia por las importaciones no
   pagadas (que se transforman en deuda comercial). La recesión para el presente año
   se prevé en el orden del 5% como piso, la mayor desde el 2009.
7. Acumulación de reservas postergando pagos de importaciones. El Banco
   Central RA restringió el acceso a divisas para el pago de importaciones durante el
   primer trimestre del año. Si a los no pagos de bienes, le agregamos los pagos
   restringidos de servicios (unos USD 2.000 millones), el aumento de deuda comercial
   totaliza aproximadamente unos USD 8.800 MM. Es decir, entonces, que el BCRA
   compró efectivamente solo un 30% de lo que dice.
   En números generales, el gasto primario de la Administración Pública Nacional cayó más
   de 35% interanual en términos reales. El 40% del recorte del gasto se explica por la
   caída en jubilaciones y pensiones, un 15% por un menor gasto en subsidios
   energéticos y otro 15% por el freno de la obra pública. Entre estos tres rubros, se explica
   el 70% de la caída del gasto primario.
   “Desde la CGT seguimos reclamando, más allá de medidas coyunturales y muchas veces
   arbitrarias, la implementación de un verdadero programa económico que, desde un diálogo
   social abierto (al que no se convoca), incorpore perspectivas de crecimiento e inversión
   productiva (que hasta el momento no se formulan) para un genuino aumento del mercado
   laboral con fortalecimiento del ahorro y del valor de nuestras Pymes, y que, a su vez, regule
   la especulación financiera. Un modelo inclusivo de Desarrollo, Producción y Trabajo que
   comience a reparar un tejido social agobiado por la pobreza de vastos sectores de nuestra
   comunidad, contribuyendo al bienestar de las y los argentinos”, concluye el comunicado del Consejo Directivo de la CGT firmado el 23 de abril, horas antes de la marcha en favor de la educación pública que convoca a gran parte de la ciudadanía.