Crece la preocupación de los productores rurales franceses por la puesta en vigencia, el 31 de diciembre de 2024 del Reglamento (UE) 2023/1115 que establece nuevas normas para la comercialización en el mercado de la Unión Europea de materias primas o derivados que hayan provocado una degradación forestal. La medida, votada el año pasado, forma parte de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 , la Nueva Estrategia de la UE a favor de los Bosques para 2030 y el Pacto Verde Europeo . El objetivo es prohibir, a partir de 2025, la importación de café, cacao, caucho, aceite de palma, soja, carne de res y madera cuya producción haya contribuido a la deforestación.

En Francia se debate sobre el futuro de la producción ganadera del país ya que importan el 90% de los forrajes y cereales necesarios para alimentar a sus vacas y chanchos y temen que se limite el ingreso de uno de los principales países exportadores como Brasil. El tema también interesa a otros países de la región como Argentina o Uruguay. En julio de este año se llevó a cabo el primer embarque de harina de soja argentina con certificado de libre de deforestación con destino a Francia. Más adelante veremos cómo se comprueba en nuestro país que no se haya afectado al ambiente.

La queja de los productores franceses confirma que casi la mitad de la producción “granos gruesos, de semillas oleaginosas y de tubérculos, se utilizan para la alimentación animal y para la producción de biocombustibles”, tal como resalta una nota publicada por la Bolsa de Comercio de Rosario.

La novedosa medida adoptada por la UE sostiene a modo de fundamento: “El nuevo reglamento europeo tiene como objetivo prohibir, a partir de 2025, la importación de café, cacao, caucho, aceite de palma, soja, carne de res y madera cuya producción haya contribuido a la deforestación.” De esta forma, la Unión Europea espera: “minimizar la contribución de la UE a la deforestación mundial y la degradación forestal ; y reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad mundial.” Al tiempo que expresa su convencimiento de que “la deforestación y la degradación forestal son consecuencia de la expansión de las tierras agrícolas, que está vinculada a la producción de los productos básicos cubiertos por este Reglamento. Como gran consumidora de estas materias primas, la UE puede reducir su contribución a la deforestación y la degradación forestal mundial asegurándose de que estos productos y sus cadenas de suministro estén libres de deforestación. Según la evaluación de impacto del Reglamento, sin esta intervención, solo el consumo y la producción de la UE de las seis materias primas podrían causar una deforestación anual de casi 250 000 hectáreas de aquí a 2030.”

La prohibición de dicha importación recaerá sobre los productores que hayan deforestado selva o bosques nativos a partir de diciembre del 2020, quedando excentos quienes cometieron dicho delito ambiental con anterioridad.

De acuerdo a un informe de la Agencia France Press, productores de la Cooperativa Agrícola Regional del Somme, en el norte de Francia advierten que “todavía no se ha fijado la cotización de la soja para 2025”, lo que pone en riesgo la alimentación de su ganado y la provisión de alimentos al país. En tanto, el Sindicato Francés de la Industria de la Nutrición Animal informó que “la mayoría de los importadores y proveedores han suspendido sus cotizaciones mientras que sus clientes, los fabricantes de piensos para animales de criadero, solo tienen información muy parcial e insuficiente sobre las cantidades disponibles”. Según AFP “el problema afecta a Francia, uno de los mayores productores de carne y leche de la UE, pero también preocupa a sus vecinos, como España, un gran productor de carne de cerdo.En este sentido la asociación española del sector, Unistock, mostró recientemente su “alarma” por la medida.”

Las grandes transnacionales cerealeras, como el grupo Louis-Dreyfus, aseguran estar en condiciones de demostrar sus títulos de propiedad para asegurar que sus tierras no caen dentro de la sanción prevista por deforestación. Mientras, la Confederación Nacional Agrícola de Brasil teme que los requisitos europeos puedan “castigar a los pequeños productores”, que tienen menos capacidad para proporcionar datos, especialmente por satélite, para demostrar que sus cultivos no fueron plantados en áreas prohibidas.

Más allá de posibles limitaciones tecnológicas, seguramente los pequeños productores tienen menos contactos con el poder para lograr la certificación correspondiente.

¿Hecha la ley hecha la trampa?

Hasta aquí, las buenas intenciones de la Unión Europea y la preocupación que genera dicha medida en los productores de ganado en Francia y España. El tema sería comprender quién otorga el certificado ‘libre de forestación’.

Resulta esclarecedora la entrevista realizada por el portalValor Carne -que se presenta como ‘información para la nueva Ganadería’- a  Gustavo Idígoras, coordinador de VISEC. ¿Qué es Visec? Una empresa privada conformada por los grandes capitales cerealeros, que tiene la responsabilidad de otorgar dicha certificación. No es otra cosa que una plataforma para soja y carne bovina libre de deforestación, “una iniciativa privada que busca dar respuesta al reglamento 1115/23 de la Unión Europea (UE), cuyo punto más álgido para la Argentina es la prohibición de importar esos productos si provienen de áreas deforestadas, en forma ilegal o legal, a partir del 31/12/2020.”

El propio Idígoras explica cómo nació esta empresa que demuestra a través de un software con imágenes satelitales que los productos a exportar no afectaron a los bosques nativos:

“La propuesta surgió en 2019 impulsada por los exportadores del complejo sojero preocupados por el Gran Chaco, el segundo bioma de América Latina que en el país ocupa 60 millones de hectáreas, superficie similar al territorio de Francia. El desafío era demostrar que la Argentina no estaba deforestando ilegalmente en esa región y brindar garantías al respecto”. Así se fueron sumando las entidades de productores, corredores, acopiadores, AACREA, AAPRESID, entre otros.

Una preocupación, la de los productores del Chaco, que tenía sus buenos motivos ya que, “de acuerdo con los números oficiales del Monitoreo de los Bosques Nativos, entre 1998 y 2022 se perdieron 859.503 hectáreas de masa forestal en Chaco, a la que habría que agregar las más de 57.000 que la organización Greenpeace ha calculado para 2023. Un estudio de la Fundación Vida Silvestre Argentina indica que la pérdida de bosques en Chaco representa el 14,21 % de la deforestación nacional y equivale a 58 canchas de fútbol por día”, según cuenta el portal Mongabay. Con dichos antecedentes no hubiera resultado fácil conseguir una certificación que no solo apunta a la deforestación ilegal sino a toda deforestación innecesaria, más allá de las leyes de cada país de acuerdo a la normativa de la Unión Europea, más amplia que la Ley de Bosques.

¿Por qué los privados son quienes responden a la UE?, fue la atinada pregunta de Valor Carne, a la cual el coordinador de Visec respondió:  

“El reglamento europeo exime a los Estados de participar de la certificación, ya que se basa en la debida diligencia empresarial. El exportador es quien debe hacer un análisis de riesgo de los establecimientos de producción”, indicó Idígoras. En tal sentido, debe mantener la cadena de custodia, tanto física como documental, para garantizar que el animal en pie no proviene de áreas deforestadas, y que la media res y la carne no estuvieron en contacto con productos de origen desconocido o en los se comprobó desmonte.En 2023, once frigoríficos exportadores (ABC) mostraron interés en VISEC y a partir de ahí se empezó a trabajar para que se sumara toda la cadena de valor. La Sociedad Rural Argentina lideró la convocatoria.”  

Darse de alta en la plataforma VISEC es gratuito. “A partir de ahí deben generar la imagen satelital de su campo a diciembre de 2020 y a la fecha del alta, para contrastarlas. Esas capturas las puede hacer el mismo productor, el frigorífico o cualquier empresa de la cadena”, dijo Idígoras.

Presentado como el ‘oro blanco’ salvador de nuestras magras economías en el futuro, esta semana se conoció un comunicado por el cual la empresa Puna Mining, que lleva adelante un mega proyecto en el Salar del Rincón,de la Puna salteña, se vió ‘obligada’ a una ‘reestructuración operativa” por la baja del precio internacional del litio. Al menos 140 trabajadores se vieron afectados por esta crisis y fueron despedidos.

El comunicado difundido por la empresa el martes pasado pero que se hizo viral en el día de hoy sostiene: «El proyecto de producción de carbonato de litio grado batería, ubicado en el Salar del Rincón y operado por Puna Mining, una joint-venture con la empresa australiana Argosy Minerals, se encuentra en proceso de reestructuración operativa. Esta decisión responde al contexto internacional de baja en el precio del litio, que lleva una tendencia constante de caída que ronda el 80 por ciento en los últimos doce meses».

Hace apenas 8 meses, en diciembre de 2023, la empresa de exploración y desarrollo de litio Power Minerals anunció resultados positivos de una evaluación económica preliminar (PEA) completada para el salar de Rincón, una parte clave de su proyecto de litio de Salta en el triángulo del litio de Argentina. Dedo arriba, negocio redondo.

Por lo visto, el humor de los mercados y la economía cambian más rápido que el viento. Las expectativas del mágico mineral eran tan altas que, según la propia empresa, “a principios del 2023 logró validar su tecnología y terminar el comisionado de su planta piloto. En aquel momento, dado el contexto favorable en materia de comercio exterior, se decidió llevar la planta hacia fase comercial”. Pero, como diría Tu Sam, puede fallar. Y de pronto, las «condiciones globales en el precio del litio han cambiado e impiden sostener la etapa de producción como estaba planteada”. Razón por la cual “pese a los esfuerzos para garantizar la continuidad de la totalidad del equipo, se llevó adelante una desvinculación de parte del personal, por el cese de las operaciones de la planta piloto“, explicó la minera.

Con suma gentileza, el Director Corporativo de Puna Mining, Francisco Alurralde, agradeció a los trabajadores despedidos: “Valoramos el compromiso y el aporte que cada uno de ellos brindó a la empresa y garantizamos que este proceso se realizó incluso superando las condiciones que establece la ley para este tipo de casos. El esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores está grabado en el hito de haber llevado adelante esta empresa y estaremos siempre agradecidos a cada uno de ellos por eso. Hoy nos corresponde ser responsables también con ese esfuerzo y es por eso que nos comprometemos a acompañarlos en esta transición, esperando poder volver a convocarlos, cuando el contexto internacional lo permita”. Nadie sabe cuándo podría ocurrir eso. Mañana o en diez año.

Hace tiempo se planteó una discusión cuasi semántica entre ‘recursos naturales’ y ‘bienes naturales’. Finalmente, todas las personas familiarizadas con la cuestión ambiental sabe que lo correcto es hablar de ‘bienes’. Los ‘recursos’ se agotan porque obedecen a una política económica-financiera. Algo que está a la vista en las alzas y bajas de precios, o en modas venidas a menos, o certezas científicas que se desmoronan. Los bienes hay que preservarlos, no convertirlos en recursos porque puede pasar ésto.

Quizás el precio vuelva a subir y a las multinacionales les sirva haber hecho esta inversión. Y las máquinas volverán a abrir sus caminos, profundizar los piletones y volver a renovar la infraestructura. Quizás no. En ese caso, como denuncian pueblos originarios y vecinos del lugar, sólo restará un páramo violado, una red social bombardeada, familias sin destino cierto.

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Mientras el gobierno elige suspender el Instituto de Agricultura Familiar e Indígena y colocar como interventora a una joven abogada, Inés Liendo, nieta del recordado Ministro de Trabajo del general Videla, las comunidades campesinas sufren el desamparo y la prepotencia. Este sábado, en Catamarca, una feroz represión hirió a un habitante de la zona de 80 años, Felix Escalante, quien recibió golpes y balas de goma. El 5 de abril, fue asesinado a mansalva Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC).

Catamarca

Desde hace años la Comunidad de Peñas Negras está luchando contra la instalación de proyectos mineros en terrenos que poseen de manera ancestral. Allí, la minera Elevado Gold ha comenzado con permiso de la gobernación las tareas de exploración. Frente al conflicto suscitado con los habitantes, este sábado se intentó poner una garita de fuerzas de seguridad en el camino de montaña y hubo una manifestación para impedirlo. Por orden de una fiscal de Belén, la policía desalojó a las comunidades con escuderos, palos y balas de goma. El principal herido fue Félix Escalante, de 80 años, de la Comunidad de Peñas Negras. Recibió golpes de los escuderos y balas de goma. Temen que en las próximas hora o días los policías vuelvan a reprimir.

El conflicto empeoró luego de que la Comunidad iniciara una denuncia penal en la que dejó asentados hechos de robo, destrucción de propiedad, puestos, corrales, robo de animales y agresiones varias. Desde hace un par de semanas que están pidiendo una audiencia con la Secretaria de Seguridad que no tuvo respuesta.

De acuerdo a los testimonios recogidos por Pag/12 de Catamarca, los vecinos aseguran: “Nos comunicamos con el Fiscal General, quien nos aseguró que había una orden de la Fiscal de Belén para poner un destacamento policial, aunque sin fines mineros, sino para resguardar a las familias. Esto no fue así, porque ayer se presentaron con la orden a fin de instalar un destacamento policial a los fines de llevar a cabo trabajos de exploración minera”, y concluyen: “es una total ironía: quieren montar un destacamento policial en una zona en donde saben que no hay consenso minero, y esgrimen que es para proteger a la población, pero llegan escoltando a las camionetas mineras, y las hacen pasar aún ante el bloqueo de la comunidad”.

Santiago del Estero

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) lleva más de 25 años defendiendo los derechos de los campesinos que producen en sus tierras desde hace añares y supuestos propietarios con títulos dudosos quieren desalojar. No es la primera vez que empresarios agrícolas apelan a la violencia de bandas armadas.

El 28 de marzo arribó al paraje San Francisco, del departamento Alberdi, un grupo armado que exhibía sus fusiles de manera impune. De acuerdo a los testimonios, pertenecen a ‘la banda de los Padilla’ que hace un tiempo comenzaron a cercar los campos en donde los campesinos crían sus animales. Una zona rural donde el Mo.Ca.Se ha tendido redes.

El asesinato de Fabián Martínez ocurrió el viernes 5 de abril luego de que los matones del patrón usurparan tierras de uso comunitario a punta de pistolas. Se acusa a un hombre llamado Yonathan Padilla de ser el autor material del asesinato. Es el cuarto campesino asesinado en los últimos años, siempre en el marco de conflictos entre empresarios del agro y comunidades campesinas e indígenas por la tenencia de los territorios.