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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao

“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre,  fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.

Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.

Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.

La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.

Fiesta patria

El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.

El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.

la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981

Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.

A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.

El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.

Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.

El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.

“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.

Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha

“Recortes de derechos para todos los españoles”

La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.

Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.

Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.

“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.”

Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.

“los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política”

La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.

La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.

Seis días de protestas multitudinarias

El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto

Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.

Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.

Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid  … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.

El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Criminalizar el independentismo

Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.

La juventud airada

Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.

Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.

En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan  7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.

Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.

Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”

El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.

Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.

Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.

 

[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.

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Preocupación en el Hospital El Cruce: salarios bajos, financiamiento incierto y alerta ante posibles intentos de privatización

El Hospital Nacional El Cruce, ubicado en Florencio Varela, es una institución pública estratégica para la salud de miles de personas en el conurbano bonaerense y en todo el país. En diálogo con LCV, Diego Garrobo, trabajador administrativo con 16 años de trayectoria en el hospital, describe la situación actual: el esfuerzo cotidiano del personal para sostener la atención, los bajos salarios, el aumento de la demanda producto de la crisis social y la preocupación que generaron versiones periodísticas sobre una eventual privatización.


LCV: “Contanos un poco cuál es la situación actual del Hospital Nacional El Cruce y dónde queda, para la gente de todo el país.”

Diego Garrobo: “El Hospital El Cruce queda en Florencio Varela. Hoy está funcionando y atendiendo gracias al enorme esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, existe una preocupación real por los salarios bajos, los contratos que no se efectivizan y una situación que termina impactando tanto en la calidad del trabajo como en la atención a los pacientes.

La semana pasada circuló una versión en un diario de alcance nacional sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Esto generó una enorme preocupación en la comunidad hospitalaria y en los pacientes, porque no se trata de un hospital más: es un hospital público de alta complejidad, estratégico para la región y para el sistema de salud provincial y nacional. Garantiza atención integral y gratuita y resuelve casos muy complejos que otros hospitales no pueden abordar.”


LCV: “¿Qué tipo de población asiste al hospital? ¿Cuál es su nivel socioeconómico?”

Diego Garrobo: “Es un hospital público que atiende principalmente a población vulnerable, a personas que no tienen obra social. También atiende a pacientes que sí tienen cobertura, pero que requieren prestaciones que las clínicas privadas no pueden realizar, y en esos casos el hospital recupera costos a través del cobro a las obras sociales.

En Florencio Varela se vive una situación social muy difícil: cierran empresas, cierran comercios y muchas personas pierden su cobertura de salud. Eso hace que aumente la demanda en los hospitales públicos, incluido El Cruce.”


LCV: “¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador de la salud y de un médico en el hospital?”

Diego Garrobo: “Depende de la categoría, pero los profesionales rondan entre 800.000 y 1.300.000 pesos. Es un sueldo muy bajo, y eso es parte central de nuestro reclamo.”


LCV: “¿Cuál es tu rol dentro del hospital?”

Diego Garrobo: “Soy personal administrativo. Llevo 16 años trabajando en el hospital, desde sus inicios. Es un hospital que conozco profundamente: atiende pacientes sin distinción, tengan o no obra social. Es un hospital relativamente nuevo, inaugurado en 2007 durante la presidencia de Néstor Kirchner, con tecnología de alta complejidad y diagnóstico de última generación.”


LCV: “Se habló de privatización. ¿De qué estamos hablando exactamente?”

Diego Garrobo: “El diario La Nación publicó una versión sobre una posible privatización o gerenciamiento privado de hospitales AMIC, entre ellos El Cruce. Eso generó muchísima preocupación porque este tipo de medidas suelen derivar en arancelamiento. Nosotros sostenemos que ni la salud ni la educación pueden regirse por una lógica de mercado ni por criterios de rentabilidad.

Tras el repudio rápido del sindicato y de distintos sectores, la dirección del hospital difundió un comunicado aclarando que no existe ningún proyecto de privatización ni de gerenciamiento privado. Eso es importante decirlo. Sin embargo, en ese mismo comunicado se reconoce que hay problemas de financiamiento que afectan la previsibilidad y el desarrollo del hospital.

Desde APEC, el sindicato que representa a los trabajadores, valoramos que se haya aclarado públicamente que no hay un proyecto de privatización, pero también decimos que la preocupación sigue siendo legítima. La historia de la salud pública muestra que muchas privatizaciones avanzan de manera gradual, bajo discursos de eficiencia o modernización. Por eso creemos que no alcanza con un comunicado: necesitamos garantías políticas claras y sostenidas.”


LCV: “¿Cuáles son las próximas medidas?”

Diego Garrobo: “La semana pasada, el jueves 15, realizamos una jornada de protesta de 24 horas con actividades a las 14, a las 18 y a las 24, para que todos los compañeros y compañeras pudieran participar. Hubo una gran convocatoria. Vamos a seguir con el plan de lucha hasta obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades.”


LCV: “¿La comunidad acompaña?”

Diego Garrobo: “Sí, la comunidad acompaña mucho. Agradecemos profundamente a la comunidad y a los medios que nos acompañan y defienden la salud pública y al Hospital El Cruce.”

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Fabio Basteiro: ““Flybondi baja la vara del sistema aéreo y pone en riesgo la seguridad”

Más de 24.000 personas damnificadas por cancelaciones, reprogramaciones arbitrarias y falta absoluta de respuesta por parte de Flybondi reabrieron el debate sobre el modelo aerocomercial en la Argentina. ¿Se trata solo de un problema empresarial o de una política deliberada de desregulación? Desde La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores conversamos con Fabio Basteiro, dirigente sindical histórico del sector aeronáutico y trabajador de Aerolíneas Argentinas, para comprender qué hay detrás del colapso operativo de las low cost, qué responsabilidades tiene el Estado y cuáles son los derechos que hoy se les están negando a los usuarios.


LCV: Yo era una de las más de 24.000 personas damnificadas por Flybondi y estuve a punto de perder mis vacaciones, que eran cortitas pero muy importantes para mí. No podía perder ni un solo día. Por eso queremos hablar de esto con vos, para entender por qué está Flybondi en el país y qué podemos hacer frente a este despropósito que afecta a miles de personas. ¿Cómo estás? Te saluda Nora Anchart.

Fabio Basteiro:
“Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muchos años sin cruzarnos, pero seguimos en el mismo camino. A veces los caminos se separan y después se vuelven a encontrar.”


LCV: Contanos en qué estás hoy, dónde estás trabajando.

Fabio Basteiro:
“Hoy estoy trabajando nuevamente en Aerolíneas Argentinas, en mi puesto, y junto con Roberto Reposo estamos aportando al debate público. Publicamos dos libros: uno se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, que analiza la política aerocomercial del macrismo y el modelo low cost, y otro llamado Cielos abiertos, venas abiertas, que se enfoca específicamente en la política aerocomercial del gobierno de Milei. También escribimos en Tiempo Argentino, Canal Abierto y otros medios, siempre desde la mirada de los trabajadores, no desde la academia ni desde las empresas. Ese primer libro muestra cómo el modelo low cost impulsado por Dietrich continúa hoy con la política de cielos abiertos, cuyo objetivo real es debilitar a la línea aérea de bandera. Esto ya lo vivimos en los 90. No estamos en contra de las low cost en sí, pero creemos que el Estado debe regular, controlar y dirigir para que puedan convivir distintas empresas sin destruir el sistema.”


LCV: La gente no elige Flybondi por ingenuidad, la elige porque Aerolíneas es mucho más cara. A veces viajar a Bariloche cuesta casi lo mismo que viajar a Miami. En otros países las low cost funcionan bien. ¿Por qué acá no?

Fabio Basteiro:
“En Europa las low cost funcionan porque hay planificación, concentración poblacional y controles estrictos. Acá las leyes existen, pero no se cumplen porque falta control real del Estado. En los 90 pasaba algo similar con empresas como LAPA, Dinar, LAER o Sol, que podrían haber funcionado si el Estado hubiera controlado, pero la lógica de muchas de estas empresas prioriza el negocio por sobre la seguridad y la continuidad operativa, y eso termina en quiebras, tragedias o desaparición de compañías. Flybondi es un caso grave porque no se conocen claramente sus dueños, hay opacidad financiera, rotación permanente de directivos, cambios de razón social y de domicilio fiscal, todo con el objetivo de eludir responsabilidades legales. Estas empresas buscan bajar la vara del sistema aerocomercial: menos controles, caída de convenios laborales, menor mantenimiento y menor inversión. No es lo mismo bajo costo que baja tarifa sin respaldo estructural.”


LCV: Pero además Aerolíneas hoy tampoco es competitiva: levanta vuelos, da mal servicio, no renueva flota. Entonces la gente termina eligiendo igual a las low cost.

Fabio Basteiro:
“Es cierto que Aerolíneas hoy tiene problemas serios, pero hay que diferenciar modelos. Por ejemplo, JetSmart tiene detrás a American Airlines, con estructura, planificación y respaldo internacional, y por eso es una low cost más seria. Flybondi, en cambio, combina todos los problemas: aviones viejos, leasing precario, poco personal, falta de repuestos y falta de planificación. No tienen hangar propio y muchas veces es Aerolíneas la que termina resolviendo sus urgencias técnicas. En un Estado serio ya se le habría retirado la concesión.”


LCV: En mi caso nadie atendía el teléfono, te ofrecen un voucher como si fuera algo rutinario. La gente pierde casamientos, turnos médicos, velatorios. ¿Qué puede hacer el usuario?

Fabio Basteiro:
“El día que relatás, Flybondi tenía 47 vuelos programados y canceló 23, lo que muestra que no es una situación excepcional sino sistemática. Esto ocurre porque la ANAC no controla y está totalmente direccionada políticamente. En países serios, cuando una empresa cancela un vuelo debe reubicarte automáticamente en otro y hacerse cargo del perjuicio, no ofrecerte un voucher para patear el problema. El usuario puede reclamar por daño directo y también por lucro cesante, porque si perdiste una oportunidad laboral, un ingreso o un evento importante, eso es indemnizable.”


LCV: Da la sensación de que esto solo va a cambiar cuando ocurra una tragedia, y eso es lo más preocupante.

Fabio Basteiro:
“El mayor riesgo hoy es la seguridad aérea. Trabajo en Aeroparque, en mantenimiento, y veo cómo operan: vuelan con neumáticos vencidos, con escasez de repuestos y con dotaciones insuficientes. Cuanto más vuelan, más ganan, esa es la lógica del negocio. A eso se suma el desfinanciamiento de áreas clave como el control aéreo: los controladores reclaman aumentos salariales básicos y no se los dan. Es una cadena de irresponsabilidades muy peligrosa.”

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Destacada

“El paro nacional ya tiene fecha”, por Alberto Nadra. Boletín de noticias: Eppur si muove! del 12 al 16N

Tiempo de descuento con la Reforma Laboral, la CGT pisa el acelerador en las negociaciones y anuncia un paro nacional. A pesar de los reiterados dichos de Jorge Sola, triunviro de la CGT, sobre su voluntad de diálogo, La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que el próximo martes 10 de febrero realizará un paro nacional con movilización en todo el país para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que ese mismo día será debatido en el Senado. Marcha que confluirá con movilizaciones en todo el país de las diversas centrales obreras. En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas sindicales se concentrarán frente al Congreso.

La ley que afecta de manera directa a los trabajadores sindicalizados y es prioridad en la agenda de dirigentes pero no dejan de preocupar los conflictos regionales en torno a temas ambientales unidos a la concentración de los dueños de la tierra. Dos políticas que van de la mano y dejan a la deriva comunidades enteras. El extractivismo y la desindustrialización están provocando una ruptura en la estructura social y económica pocas veces vista, con miles y miles de desocupados que se suman a la economía popular.

Según un estudio del Conicet ya son 13 millones las hectáreas que no pertenecen a ciudadanos argentinos y son muchos los departamentos que superan el límite legal fijado por la Ley de Tierras. No se trata solo de un tema de soberanía. En Chubut las plantaciones agro-industriales son una de las razones de los incendios, con la estancia de Benetton a la cabeza. Quince mil hectáreas destruidas ante la negligencia estatal y la falta de prevención. La Ley de Manejo del Fuego también es palabra hueca. Mendoza sigue movilizada por el agua, sólo en la localidad de Malargüe existen 18 proyectos de minería. La Ley de Glaciares está en la cuerda floja.

Trabajo y ambiente no son intereses opuestos. Así como lo que Milei considera un ‘gasto’ del Estado no es otra cosa que una inversión a futuro. Nada de esto está en agenda de nuestros gobernantes quienes sólo parecen preocupados por los números y no por las personas.

No bastará una Ley para cambiar los ánimos. Más aún cuando las leyes no parecen cumplirse como se debe. LCV continuará acompañando ese ‘abajo que se mueve’ con nuestros boletines semanales.

Síntesis de noticias sociales y gremiales de LCV

Semana del 12 al 16 de enero, 2026

INDUSTRIA

AERONÁUTICOS: ESTE VIERNES VENCIÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA ¿HABRÁ MEDIDAS DE FUERZA? El conflicto con la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) no llegó a ningún acuerdo y el gremio que nuclea a los controladores aéreos analiza la implementación de nuevas medidas de fuerza que podrían impactar de lleno en la operación aérea, en plena temporada alta de verano.

CRISIS INDUSTRIAL EN CHUBUT: 18.000 PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS. La decisión unilateral de YPF de abandonar 55 áreas petroleras maduras en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego provocó un efecto dominó que trasciende los yacimientos para golpear los centros urbanos. El titular de la CGT «Saúl Ubaldini» y diputado provincial, Gustavo Fita, denunció que la salida de la petrolera estatal dejó a la deriva a 18 mil familias en la Patagonia. Con 750 locales cerrados y una caída del 20% en la producción, advierten que se está desguazando la soberanía productiva de la región y hay preocupación por la aceleración de la pérdida de puestos de trabajo.

ENSENADA: LA UOCRA SOSTIENE UN ACAMPE EN LA OBRA DE BENITO ROGGIO POR PUESTOS LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO. Trabajadores de la construcción nucleados en la Agrupación Trabajadores Unidos de la UOCRA seccional La Plata mantienen un acampe en la obra que la empresa Benito Roggio ejecuta en la ciudad de Ensenada, correspondiente a la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua. La medida de fuerza se lleva adelante en reclamo de puestos de trabajo para desocupados de la región, además de mejores condiciones laborales y salariales para los obreros que actualmente se desempeñan en el proyecto. El conflicto, que se desarrolla de manera pacífica, se da en continuidad con protestas previas en la misma obra, donde los trabajadores ya habían denunciado falta de pago, precarización laboral y reiterados incumplimientos por parte de la empresa.

LA UTA ADVIERTE CON UN PARO DE COLECTIVOS EN EL AMBA TRAS UNA AUDIENCIA FALLIDA EN LA PARITARIA. La tensión en la paritaria de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa en aumento tras la audiencia virtual de este martes 13 de enero. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias no lograron destrabar un conflicto de financiamiento con el gobierno nacional. El gremio calificó como una “burla” la propuesta del 1% ofrecida por la patronal. El sindicato ya había advertido que los trabajadores no aceptarían ser “rehenes” de la disputa financiera entre las empresas y el Estado y puso sobre la mesa la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza.

SANTA FE: TOMAN TRES PLANTAS DE LÁCTEOS VERÓNICA. La situación de Lácteos Verónica atraviesa uno de sus momentos más críticos en este comienzo de 2026: las plantas están prácticamente paralizadas, la producción propia es inexistente y las deudas salariales se siguen acumulando. Mientras tanto, los más de 700 trabajadores que continúan sosteniendo medidas de fuerza decidieron en asamblea la ocupación de las tres plantas ante el incumplimiento de un acuerdo para el pago de salarios. Permanecen tomadas las sedes de Santa Fe, ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi. La actividad en las plantas de Suardi y Clason se encuentra totalmente detenida, mientras que en Lehmann sólo se mantiene un nivel mínimo de funcionamiento.

TRAS 40 DÍAS DE ACAMPE CAROMAR SE NIEGA A PAGAR LAS INDEMNIZACIONES. El cierre de las cuatro sucursales del mayorista Caromar desató un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y que mantiene en vilo a trabajadores de Mar del Plata y otras localidades. En la ciudad, los 15 empleados de la sede ubicada sobre la Ruta 88 sostienen un acampe permanente en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes, luego de que la empresa anunciara su cese de actividades en diciembre.

LA UOM ENDURECE EL PLAN DE LUCHA: EMPRESARIOS NO PAGAN EL AUMENTO QUE ELLOS MISMOS PIDIERON. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ratificó su decisión de continuar y profundizar las medidas de fuerza frente al incumplimiento de numerosas empresas en el pago de los aumentos salariales acordados en la paritaria firmada el 2 de diciembre de 2025, cuya homologación por parte de la Secretaría de Trabajo permanece demorada. En la provincia de Córdoba, las medidas ya se pusieron en marcha mediante asambleas de un turno por jornada laboral, con la advertencia de que podrían profundizarse si persiste el incumplimiento. Al respecto, el dirigente señaló: «Se van a ir ajustando medidas de que no se cumpla con esto, que saben de que ellos lo tienen que cumplir».

SE ENDURECE EL CONFLICTO EN FATE Y EL SINDICATO ABRE UNA AGENDA DE PAROS. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció la profundización del plan de lucha en la empresa Fate, a la que acusó de mantener una política salarial “irracional y cruel” tras más de 12 meses sin otorgar aumentos a sus trabajadores. Como parte del plan de lucha, el SUTNA anunció un paro total de actividades para el sábado 17 de enero, desde las 6 hasta las 14 horas, y un nuevo paro el lunes 19 de enero, desde las 14 hasta las 22 horas. Además, advirtieron que si no hay respuestas, se avanzará con medidas de mayor alcance.Desde el gremio señalaron que la negativa de la patronal a recomponer los salarios afecta de manera directa las condiciones de vida de las familias trabajadoras y se da en un contexto de fuertes ganancias empresariales, lo que desmiente los argumentos de crisis económica que sostiene la compañía.

LUSTRAMAX: ORDENAN DESALOJO MIENTRAS GENDARMERÍA FUERZA SALIDA DE CAMIONES. En un escenario de creciente confrontación, la Policía Bonaerense procedió esta mañana a notificar a los trabajadores de la fábrica Lustramax sobre una orden de desalojo, en medio del acampe que mantienen contra los despidos y el cierre de la planta. La presencia de la Gendarmería Nacional, desplegada para garantizar la salida de camiones y el funcionamiento de la empresa, ha elevado la tensión al máximo.Los empleados denuncian que esta intervención es ilegal, ya que las fuerzas federales actúan sin jurisdicción ni exhibición de una orden judicial.

TN&PLATEX, LA PRINCIPAL TEXTIL DEL PAÍS, PARALIZÓ UNA PLANTA EN TUCUMÁN Y SUSPENDIÓ A 190 TRABAJADORES. La empresa TN&Platex paralizó por tiempo indefinido su planta en Tucumán y suspendió a 190 trabajadores, en medio de la fuerte caída del consumo, el avance de las importaciones, especialmente de ropa usada, y una crisis profunda que atraviesa la industria textil argentina. La compañía ya había cerrado plantas en La Rioja y Corrientes, en un contexto marcado por la caída del consumo, el avance de las importaciones y las dificultades de financiamiento que enfrenta el sector.

400 MENOS POR DÍA. Desde que Milei llegó a la Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante hecatombe productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.

BUENOS AIRES: CERRARON MÁS DE 5.300 EMPRESAS DURANTE EL GOBIERNO DE MILEI. El gobierno de la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas por el fuerte retroceso del entramado productivo bonaerense. Según datos oficiales difundidos por el ministro de Economía provincial, Pablo López, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cerraron 5.335 empresas en el territorio bonaerense, lo que equivale a un promedio de 232 firmas menos por mes. De acuerdo con el funcionario, se trata de siete meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas activas, en un contexto de impacto generalizado a nivel nacional. No obstante, Buenos Aires concentra el mayor daño debido a su peso productivo: la provincia explica casi el 50% del valor industrial del país y alberga a tres de cada diez empresas que cerraron en la Argentina durante el período analizado.

AGONIZA LA INDUSTRIA TEXTIL: SEGÚN CIFRAS OFICIALES LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA PERFORÓ EL PISO DEL 30%. Son datos oficiales de Noviembre de 2025 difundidos por el INDEC. Confirma la dramática situación de la industria textil en la Argentina. En los últimos días se materializaron más despidos y suspensiones en diversas plantas. La industria textil perforó el piso del 30% de utilización de la capacidad instalada, ubicándose en 29,2%, el nivel más bajo de toda la serie. Se trata de una profundización clara de la tendencia en caída en los últimos tres meses.

ESTATALES Y MUNICIPALES

ATE CAPITAL EN ALERTA Y MOVILIZACIÓN ANTE NUEVOS RECORTES EN EL ESTADO. ANUNCIÓ MEDIDAS DE FUERZA PROGRESIVAS. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital se declaró en alerta permanente y movilización frente a lo que calificó como un proceso de “cercenamiento y vaciamiento del Estado”. Ya se encuentran gravemente afectados por las políticas del Gobierno de Javier Milei el sistema de salud pública, la atención primaria, la educación, el sistema de discapacidad y la inversión en infraestructura para la prevención de catástrofes. A este escenario, señalaron, se suma ahora un recorte cercano al 20 % en distintas dependencias estatales. ATE Capital aseguró que no adoptará una actitud pasiva y anunció la realización de medidas de fuerza progresivas y articuladas en los distintos sectores del Estado. Asimismo, convocó a organizaciones sociales, políticas, gremiales y populares a sumarse a la defensa de lo público y a acompañar las acciones que se definan en los próximos días.

CÓRDOBA: PROTESTARON EN UN PEAJE CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL PROVINCIAL. Sindicatos estatales de Córdoba realizaron este lunes una protesta sorpresiva en el peaje de la autopista Córdoba–Villa Carlos Paz para manifestar su rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial de Martín Llaryora. La medida se enmarca en un plan de lucha conjunto contra la denominada Ley de Equidad Jubilatoria N. º 11.087, recientemente aprobada por la Legislatura cordobesa.Desde las organizaciones gremiales cuestionaron el contenido de la reforma previsional, al considerar que incrementa los aportes, modifica el cálculo de los haberes y traslada el ajuste sobre los trabajadores activos y los jubilados

SAN LUIS: EL GOBERNADOR CLAUDIO POGGI ECHÓ EMPLEADOS ESTATALES DE PLANTA PERMANENTE. El Gobierno de San Luis, comenzó con los decretos de baja a una serie de empleados públicos a los que acusó de presentar certificados médicos truchos y tras un rápido sumario administrativo los dejó sin trabajo. Claudio Poggi, quien se tomó vacaciones de inmediato, y los damnificados fueron notificados una semana después. No se atendieron los descargos que hicieron los acusados y tomaron la decisión de dar de baja a empleados de planta permanente, una resolución muy difícil de llevar adelante que necesita de un sumario y de una acusación concreta.

JUJUY: GREMIOS MUNICIPALES DENUNCIAN DESPIDOS Y APUNTAN CONTRA EL GOBERNADOR. Los gremios municipales de Jujuy denunciaron una ola de despidos en distintas comisiones municipales de la provincia y responsabilizaron directamente al gobernador Carlos Sadir por habilitar cesantías arbitrarias que, según sostienen, responden a acuerdos políticos y no a criterios laborales. Desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) advirtieron que la situación es “muy preocupante” y que el Gobierno provincial mantiene una postura de silencio frente a los reclamos. “En algunos casos lo dicen abiertamente: despiden personal para poder incorporar a su propia gente”, denunciaron, y para remarcar que esta práctica no se limita a las grandes ciudades, sino que impacta con fuerza en las comunidades más pequeñas.

VIALIDAD: “AJUSTE PARA LOS TRABAJADORES Y AUMENTOS PARA LA POLÍTICA”. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) repudió el aumento salarial otorgado a funcionarios públicos por decreto, mientras los trabajadores de Vialidad Nacional acumulan 13 meses sin paritarias ni recomposición de ingresos. Desde el gremio que conduce Graciela Aleñá dieron detalles sobre el deterioro del poder adquisitivo que disponen y reclamaron una respuesta urgente del Gobierno nacional. El mensaje sindical se da luego de una extensa serie de audiencias sin resultados y tras la apertura de la mesa paritaria por vía judicial, con un fallo favorable de la Cámara del Trabajo en noviembre de 2025.

ERGÍA ATÓMICA Y ANUNCIA CORTES DE RUTA. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pudo comprobar y denunció el desvío de fondos de más de 3.863 millones de pesos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que estaban destinados a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en la provincia de Neuquén, cuya orientación debía ser el pago de salarios de sus trabajadores. Ante esta situación, el sindicato prepara medidas de fuerza y cortes de ruta.

ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

LEGISLADORES PORTEÑOS DENUNCIAN QUE CON DESALOJOS EL GOBIERNO DE JORGE MACRI YA DEJÓ A 200 TRABAJADORES INFORMALES SIN EMPLEO. Desde Fuerza por Buenos Aires advirtieron que el Jefe de Gobierno porteño tiene en la mira a recicladores urbanos. En un claro plan de persecución, «Les secuestran los carros, les quitan la comida, la violencia es constante», sostienen.

TIERRA DEL FUEGO: FUERON DESPEDIDOS HACE TRES MESES Y HACEN FERIAS SOLIDARIAS PARA SUBSISTIR. A más de tres meses del cierre de la textil Blanco Nieve, en la capital de Tierra del Fuego, Río Grande, el conflicto laboral continúa sin avances y mantiene a sus 35 ex trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Tienen que hacer ferias solidarias para poder, apenas, subsistir. Desde octubre, la situación de los ex empleados es exactamente la misma: continúan los salarios impagos por los meses trabajados, no se abonaron las indemnizaciones. Los empleadores no aparecen ni dan explicaciones a las familias afectadas, que sostienen su reclamo.

ROÑA CASTRO Y EL HAMBRE. “Veo las colas de la gente grande para buscar su platito de comida, porque yo les pido que lleven plato y tenedores para poder comer. Se ve cada vez más la pobreza. Antes iba gente que no podía. Ahora va gente que era pudiente y ahora no puede”. El boxeador Jorge “Roña” Castro relató lo que observa todos los días en los lugares que abrió para ayudar a las personas más necesitadas. Por Radio 750, contó que comenzó hace seis años con una olla en un gimnasio vacío y ahora dirige 14 comedores y nueve merenderos. “El Gobierno dice que sacaron 12 millones de personas (de la pobreza), pero cada vez entra más gente a los comedores. Hace un año me peleé con la Pettovello, porque hablamos y me hizo sacar con la policía. Tenía los galpones llenos de mercadería y la gente pasaba hambre. La gente necesita de verdad”, aseguró.

NEUQUÉN: RESCATAN A UNA FAMILIA CON CUATRO NIÑOS QUE TRABAJABAN EN UNA CHACRA BAJO CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN. El reciente rescate de una familia con cuatro niños en una chacra de Centenario expuso nuevamente las condiciones de vulnerabilidad en las que subsisten algunos trabajadores rurales en la provincia de Neuquén. Según el comunicado difundido por el Ejecutivo provincial, el grupo convivía en una vivienda de material, carente de las garantías básicas para la habitabilidad, lo que motivó su urgente traslado a un lugar seguro. La medida de protección para los menores fue adoptada tras la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y quedó bajo la responsabilidad del Centro de Atención a la Víctima, que desplegó los dispositivos necesarios para asegurar la protección integral tanto de los niños como de sus padres.

EDUCACIÓN Y SALUD

SANTA CRUZ: EL GOBIERNO DE VIDAL CONFIRMÓ MULTA MILLONARIA A GREMIO DOCENTE Y CRECE EL CONFLICTO. La multa a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC)  supera los 126 millones de pesos. La sanción fue rechazada por el sindicato que  y anunció que impugnará la multa por la vía administrativa y judicial. ADOSA calificó la decisión como arbitraria y sostuvo que se trata de un intento de disciplinamiento frente al reclamo salarial y las demandas del sector educativo.

HOSPITAL EL CRUCE: 24 HORAS DE PROTESTA Y ALERTA GREMIAL POR LA SALUD PÚBLICA. Trabajadoras y trabajadores del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, llevan adelante una jornada de protesta bajo la consigna “24 horas por salarios dignos”. La medida busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo del personal de salud y presiona por una recomposición salarial urgente. La jornada de lucha es impulsada por la Asociación del Personal del Hospital El Cruce (APHEC) junto a la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS).

PARO POR TIEMPO INDETERMINADO EN LA CLÍNICA MAR DEL PLATA. Los trabajadores de la Clínica Mar del Plata llevan adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo del pago de haberes atrasados, aguinaldo y bonos acordados en paritaria, además de denunciar la falta de insumos básicos para desarrollar sus tareas habituales. La medida de fuerza se inició con una manifestación frente al nosocomio, ubicado en San Luis entre Alberti y gascón, donde los empleados cortaron la calle para visibilizar su reclamo.

BAHÍA BLANCA: PARO Y MOVILIZACIÓN EN EL HOSPITAL ITALIANO. La tensión va en aumento en el Hospital Italiano de Bahía Blanca, el sueldo del mes de diciembre que debía depositarse en el cuarto día de enero aun no aparece y la bronca de los trabajadores tomó las calles.En un mediodía propio de enero, un mercurio que alcanzaba los 35°, los trabajadores de Sanidad que se desempeñan en el Hospital Italiano mantienen el paro con una movilización, que contó con la presencia de la CGT local y  dirigentes del movimiento obrero bahiense.

EL CABILDO ABIERTO POR LA SALUD RECHAZA LA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES SAMIC. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el espacio multisectorial advirtió que la medida forma parte de un “plan privatista de vaciamiento del Estado y de la salud pública”, y apunta al traspaso del gerenciamiento de hospitales SAMIC a manos privadas. Entre los establecimientos mencionados se encuentran el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y el Hospital Alberto Balestrini de La Matanza. Desde el Cabildo Abierto por la Salud señalaron que la privatización de hospitales públicos ya demostró su fracaso en experiencias anteriores. Como antecedente, recordaron el caso del Hospital de Niños de Salta, cuya gestión privatizada se retiró en 2007 tras no obtener la rentabilidad esperada.

COMUNICACIÓN Y CULTURA

EL SIPREBA ADVIERTE UN PANORAMA COMPLEJO Y ANTICIPA POSIBLES CONFLICTOS CON LAS PATRONALES. Con acuerdos vencidos en radio, televisión y una negociación estancada en prensa escrita, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires  prepara la estrategia para encarar una paritaria compleja, atravesada por el último 2.8% de inflación, maniobras empresarias y cámaras que se niegan a firmar los acuerdos.Ya hay fecha de audiencia pero se enfrenta un panorama muy complicado. En radio y televisión, los acuerdos salariales vencieron en diciembre y, tras el pedido formal de convocatoria, el jueves y viernes de la semana que viene, habrá reuniones separadas para cada actividad. Las negociaciones involucran a las cámaras de canales y radios privadas, que agrupan a señales y emisoras como Telefe, El Trece, TN, América, C5N, Canal 9 y radios de alcance nacional.

Viernes 16 de enero

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