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Crónica del estallido de la rebeldía en Cataluña, por Alvaro Hilario, desde Bilbao

“Lo volveremos a hacer”, advirtió el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, general Pedro Garrido, en referencia a la represión del 1 de octubre de 2017 durante el referéndum Catalán. Lo dijo en vísperas de ser conocida la sentencia del Procés que juzga a los independentistas catalanes. El 12 de octubre, fiesta nacional española, se filtró la sentencia: 100 años de cárcel. El lunes, la publicación del fallo desató una protesta popular nunca antes vista que, una semana después, no afloja.

Barcelona arde. La policía reprime con violencia inusitada. Hay heridos y presos. Los medios radicados en Madrid, ajenos a la movilización, presentan un escenario de guerra urbana. Los partidos políticos piden más mano dura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obvia la existencia de un problema político de gran magnitud y no atiende a los llamados del presidente catalán, Quim Torra. En el horizonte, las elecciones legislativas de noviembre.

Venerada desde los primeros años de nuestra era, la virgen del Pilar, capitana general del Ejército español y patrona de la Guardia Civil (GC; gendarmería ), hace coincidir su festividad con la fiesta patria, el día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Día de la España eterna. Es por ello que las diversas guarniciones de la GC acostumbran a homenajearla en los días precedentes. La comandancia de Cataluña eligió el 9 de octubre, miércoles, para desarrollar un acto de exaltación patriótica y castrense en el cuartel de San Andreu de la Barca (Barcelona). Durante el mismo, fue condecorado Javier Zaragoza, fiscal que dirigió la acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes. La GC también condecoró a título póstumo al titular del Juzgado número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, que llevó la causa principal contra el independentismo, y a la secretaria del mismo, Montserrat del Toro, quien fuera testigo en dicha causa. El general Pedro Garrido, máxima autoridad del cuerpo en Cataluña, recordó que estaban a puertas de conocer la sentencia del procés, subrayando la importancia que la GC tuvo en la investigación e instrucción de la causa y en la represión del 1 de octubre. “Lo volveremos a hacer”, dijo. “La Guardia Civil avisa en Cataluña”, tituló su nota el derechista diario madrileño “La Razón”.

La GC, policía militarizada, una gendarmería, nacida en el siglo XIX para combatir la disidencia de la época, está históricamente ligada a la represión política, a la contrainsurgencia y a las violaciones de los derechos humanos. Su prontuario en el País Vasco es siniestro. En 2000, el general de la GC Enrique Rodríguez Galindo fue condenado a 71 años de prisión por su participación en los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el terrorismo de estado creado y dirigido por los gobiernos de Felipe González. Quedó probada su participación en el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los refugiados vascos Lasa y Zabala. Sus restos, aparecieron en 1985, enterrados en cal viva. Fueron identificados diez años después. Galindo solo cumplió 4 años de condena.

Fiesta patria

El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado.

El 12 de octubre, convocados por Ciudadanos, PP y Vox, 10.000 personas marchan en Barcelona “por la Hispanidad”. Los asistentes dan vivas a la GC. Algunos de ellos portan banderas del cuerpo armado; otros, van tocados con su característico sombrero, el tricornio. Los líderes de los partidos presentes aprovechan para hacer campaña: sin conocer la sentencia, exigen que no haya indultos para los políticos presos y que las condenas se cumplan en su integridad; exigen la intervención de las instituciones catalanas y la aplicación de la Ley de seguridad nacional ante el menor atisbo de desobediencia por parte de estas a la sentencia. El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ya afirmó días antes que no le temblaría la mano para hacerlo. La fiesta nacional brilla más con victorias en caliente.

la sentencia del procés es el broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; más que la del golpista Antonio Tejero en 1981

Madrid acoge el desfile militar, acto central del día. El paracaidista que porta la enseña nacional y que debe tomar tierra frente a los reyes se estrella contra una farola de la que queda colgado. Los memes son instantáneos: metáfora de la deriva de España, dicen algunas voces. El protagonista del incidente y la Legión, encabezada por su mascota, una cabra, son lo más aplaudido del desfile. Pedro Sánchez abandona el evento entre viento de fondo: el nacionalismo español que él también quiere encabezar parece estar escorado hacia la derecha y tiempos pretéritos. Ya hace un año que 200 militares se manifestaron en contra de la “perversa pretensión de exhumar a Franco”, exhumación que, ordenada por Sánchez, debería materializarse en días próximos, antes de la convocatoria electoral. La selección de fútbol empata a uno frente a Noruega. Lástima.

A lo largo del día, se filtra la sentencia del procés, broche de oro al feriado patrio: 100 años de cárcel en total; penas que van de los 9 a los 13 años de cárcel que se le imponen a Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán, diputado y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Las penas son más altas que aquellas a las que fueron condenados el coronel de la GC Antonio Tejero y demás protagonistas del golpe de estado del 23 de febrero de 1981.

El 15 de octubre, martes, se cumplen 79 años del fusilamiento de Lluís Companys, entregado a Franco por la Gestapo. Líder de ERC y presidente catalán, proclamó el Estado catalán en octubre de 1934.

El día anterior se publica la sentencia de modo oficial: son condenados por los delitos de malversación de fondos públicos y sedición. No hay rebelión -delito previsto para alzamientos armados- como pretendía la Fiscalía: hubo violencia, pero no fue instrumental. Rosa María Seoane, quien tan pobre imagen dio representando a la abogacía del Estado en la causa, señala en TV que su participación fue “determinante” y que de no haber ofrecido al tribunal la “alternativa de la acusación por sedición, hoy podríamos estar hablando de una sentencia absolutoria” o condenatoria solo por malversación. España parece pensar que en base a una condena por sedición le será posible reactivar la euro-orden para apresar a la pieza de caza mayor, el ex presidente catalán Puigdemont, refugiado en Bélgica.

Error: recibida la euro-orden de detención, la justicia belga lo dejaría en libertad sin fianza el viernes 18 de octubre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza.

El mismo día se hace oficial un video institucional del Gobierno español, filtrado ya los días previos, defendiendo la democracia española; “la democracia mejor consolidada del mundo”, en palabras de Josep Borrell, ministro de Asuntos exteriores y acérrimo anti independentista. Sin mencionar a Cataluña, los ministros, en diversos idiomas, alaban la democracia española y europea, al mismo tiempo que culpan al nacionalismo de todos los males que el continente ha sufrido en los últimos 100 años. Sánchez quiere defenderse de la imagen que la sentencia da a España a nivel internacional. El sábado, la Junta Electoral Central, además, pide la retirada del video por considerarlo propaganda electoral partidaria realizada con dinero público. Barra libre.

Los partidos de derecha, los socialistas y los medios radicados en Madrid aplauden la sentencia o piden mayor dureza. El Partido Popular (PP) propone nuevas figuras penales en torno a los delitos de rebelión y referéndum ilegal; propone que sean inconstitucionales los indultos para los condenados por estos y por sedición; pide que se retire la competencia de instituciones penitenciarias que, según su presidente, Pablo Casado, el “partido socialista concedió” al Gobierno catalán, obviando que es un derecho presente en Constitución y Estatuto de Cataluña. El PP propone la recentralización que la ultraderecha mantiene como uno de sus principales ejes políticos. No hace alusión a la corrupción sistémica y sistemática de su partido. Tampoco a la precariedad y temporalidad que caracteriza al mercado laboral español, líder en desempleo en la zona euro. Tapar los problemas que preocupan a la ciudadanía con la bandera: lema con el que desde Madrid acostumbran a atacar a los nacionalismos periféricos. Ironías.

“la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado.

Para el independentismo, para la izquierda, para los movimientos sociales e incluso para el Barcelona FC, la sentencia es un error; “la prisión no es la solución”, asegura el Barça en un comunicado. Se opina que la judicialización de un conflicto de naturaleza política no hace otra cosa que embarrar aún más la cancha

“Recortes de derechos para todos los españoles”

La semana anterior al comienzo de los hechos que se narran en esta crónica, tuve la ocasión de hablar con Benet Salellas, abogado penalista y diputado en el parlamento catalán por la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP). En aquellos días, una muy publicitada operación policial había procedido a la detención de 9 independentistas acusados de estar preparando una respuesta de corte terrorista a la publicación de la sentencia. 7 se encuentran en prisión. Todo indica a un montaje destinado a criminalizar el independentismo y favorecer la represión y una suspensión, intervención por Madrid, de las instituciones catalanas. La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, medida que ya tomó el anterior presidente, el derechista Mariano Rajoy, tras el referéndum de 2017.

Aunque Salellas se refería a esta última operación, la operación Judas, sus palabras marcan el objetivo político que persigue la sentencia: “Respecto a la autoría, los principios del derecho penal moderno hablan de la responsabilidad individual. Esto es básico. La responsabilidad individual por un hecho concreto. Los sistemas más autoritarios tienden a, precisamente, desdibujar estos límites y a construir modos de imputación colectivos y que no están vinculados tanto a un hecho sino, sobre todo, a una perspectiva digamos personal, a un perfil, sea este ideológico, religioso, y del que se considera que nace una cierta peligrosidad. A partir de ahí se construye un derecho penal. El ejemplo paradigmático sería la Alemania de los años 30. Entonces, los delitos políticos –muchas veces los delitos de terrorismo los ubicamos en este ámbito- se construyen mucho más desde la perspectiva ideológica y de perfil que no en base a lo que realmente ha sucedido. Yo creo que en este caso podemos encontrarnos ante una situación de este tipo”.

Joaquín Urías, ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, señaló a través de twiter que la sentencia era “errónea y peligrosa”. El 15 de octubre, martes, abundó en lo dicho en “Tot es mou”, un programa de la TV pública catalana. Por lo significativo de sus palabras, lo clarificador de lo mismo respecto a la gravedad de la sentencia, creo que merece incluir en esta crónica casi toda su breve y concisa intervención.

“La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión.”

Tras señalar que las penas son desproporcionadas, abordó el tema de la peligrosidad de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo: “Es, a mi modo de ver peligrosa para toda la ciudadanía del estado español. A partir de la sentencia de ayer nos encontramos con que es mucho más complicado ejercer el derecho de protesta, el derecho de manifestación porque, al final, con ese invento de la sedición –no han podido ir por rebelión y han ido por sedición- nos encontramos que pueden meter a una persona 9 años en la cárcel simplemente por convocar manifestaciones como la del 20 de septiembre (de 2017[i]), protestando por un registro, o, como el 1 de octubre, resistiéndose a una actuación policial. Cualquiera que se siente en el suelo y se resista a una actuación policial o que va a protestar por un acto jurídico, se dice que es un alzamiento. A mí me parece que eso crea, más allá de la injusticia que se ha cometido con los presos catalanes, un precedente muy grave en todo el estado español. Es un recorte de derechos para todos los españoles, no solamente para los presos enjuiciados”.

“los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política”

La conductora del programa le preguntó por una dura afirmación suya aparecida en prensa el día anterior: los jueces se inventan los delitos. El ex magistrado respondió así: “La sentencia empieza bien diciendo que no hubo derechos fundamentales vulnerados y que no hubo rebelión. No hubo un alzamiento que utilizara la violencia para conseguir un objetivo político. Viendo entonces que si se quedaran en la desobediencia no había una condena suficiente para lo que ellos querían, pues se inventan un delito de sedición que no existe. Esto es, la sedición no puede consistir en que se organicen manifestaciones, en que haya resistencia pasiva y en que la gente no esté de acuerdo con que la policía entre en un lugar. Eso no puede ser sedición. La sedición tiene que ser un alzamiento tumultuario. Como no hay, se han inventado un concepto de sedición que es muy grave y va mucho más allá. Fíjese que toda la sentencia descansa en el 20 de septiembre y el 1 de octubre: en personas que van a protestar delante de una consejería porque hay un registro y en personas que no dejan entrar a la policía en un colegio. Fíjense que eso puede ser ilegal: puede ser un delito de desobediencia, incluso de resistencia a la autoridad; pero decir que eso es sedición y te puede llevar 9 años a la cárcel es un despropósito. Además, es un delito que cometieron todos los que estaban allí, lo cual quiere decir que hubo dos millones de catalanes cometiendo delitos, que no es poco”.

La periodista, alarmada, le señala que con la sentencia conlleva, por lo tanto, un problema judicial amén del político: “El problema político no se resuelve y ahora se abrirá un debate en el que los presos pueden convertirse fácilmente en rehenes de la política porque ahora habrá que ver si se les autoriza permisos extraordinarios, si se les concede el tercer grado. Ahí la política va a jugar un papel en el que los presos pueden ser utilizados como elementos de intercambio. Pero es que, además, jurídicamente, lo que se ha dicho es que el Tribunal Supremo tiene la capacidad de castigar cualquier tipo de respuesta social. La idea de que la desobediencia civil pueda tener unas penas ligeras, delitos de desobediencia que no te llevan a la cárcel, que te imponen una multa, desaparece, con lo cual tenemos un problema jurídico. El Tribunal Supremo si quiere, en cualquier momento, es el que puede activar este delito y se puede reprimir con penas de cárcel muy duras cualquier hecho de ejercicio de derechos fundamentales. Efectivamente, tenemos dos problemas”.

Seis días de protestas multitudinarias

El lunes 14, miles de personas, una marea humana, se dirige, caminando por la ruta, al aeropuerto de Barcelona con la intención de bloquearlo para denunciar la sentencia y seguir internacionalizando el conflicto

Piquete aéreo. Más de 100 vuelos cancelados. No es la respuesta terrorista que pregonaba el Gobierno de Madrid.

Miles y miles de personas invaden las terminales durante horas hasta que son desalojados por las brigadas antidisturbios de las policías catalana y española. Esta última ha enviado refuerzos a Cataluña desde todo el Estado español para reprimir protestas y reclamos. Comienza otra ola de violencia policial desproporcionada contra la sociedad civil catalana. Otra después de aquella del 1 de octubre de 2017.

Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras de la movilización en Barcelona. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Conscientes, como el ex magistrado Urías, de la gravedad de la sentencia, miles de personas salen a la calle en el País Vasco, Asturias, Andalucía, Cantabria, Castilla, Madrid … Las protestas se repetirán a lo largo de la semana. Al igual que en Catalunya, los cuerpos policiales responden con violencia y detenciones a los reclamos ciudadanos. Desorden público y atentado contra la autoridad son los delitos que se imputan a todos los detenidos. El ministro de Justicia, el juez Grande-Marlaska, ya ha señalado que las penas previstas para estos delitos son de 6 años de cárcel. También ha amenazado al “independentismo violento” y al “independentismo que actúa fuera de la ley” con hacer caer sobre ellos el código penal con toda contundencia. Al momento de escribir estas líneas, entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, grupos de militantes antifascistas se enfrentan con la policía en el centro de Madrid. Hace pocas horas, 42.000 personas han marchado por las calles de Donostia (San Sebastián). La protesta vasca.

El miércoles, 16 de octubre, cinco marchas parten desde diferentes puntos de Cataluña. Las marchas de la libertad. Llegarán a Barcelona el viernes, en plena huelga general. Impresionante huelga. Imágenes sobrecogedoras. Una marea humana, otra más, que al llegar el acto central de la huelga convocada por sindicatos nacionalistas y anarquistas, suma 575.000 personas. Ambiente festivo, pacífico. Otras marchas inundan el centro de Tarragona, Girona y Lleida.

Criminalizar el independentismo

Las protestas también continúan de noche, pero con un cariz muy diferente. Miles de jóvenes, en grupos de cientos y, en ocasiones, de miles, recorren el centro de las cuatro capitales catalanas levantando barricadas con mobiliario urbano al que dan fuego. Aparecen, desaparecen. Juegan al gato y al ratón en mitad de un despliegue policial sin precedentes. La actuación de las policías española y catalana es brutal. Hoy, sexta noche de protesta, nuevos heridos y detenidos se suman a la larga lista. Cientos de heridos, media docena de ellos de gravedad; varios han perdido algún ojo al ser alcanzados por las pelotas y balas de goma lanzadas por los antidisturbios. Ese material está prohibido en Cataluña, pero, en fin, vale todo contra la disidencia.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Las protestas de la noche son muy diferentes a las que el independentismo viene protagonizando en la última década, movilizaciones multitudinarias, familieras, pacíficas y festivas. Algo muy alejado de la violencia con la que el Estado y los medios españoles siempre pretenden relacionar al independentismo, táctica ya empleada con muy buenos réditos políticos y electorales en el País Vasco. En mi conversación con el abogado y diputado Benet Salellas le recordé aquel mantra que, durante años, estuvo presente en la política vasca: sin violencia se puede hablar de cualquier tema. “Me he acordado muchas veces de esa frase. Ahora, este procedimiento (la operación Judas) se ha utilizado como argumento político para deslegitimar al movimiento independentista y para considerar que este no es un interlocutor válido. Lo que busca el Estado es encontrar los argumentos que legitimen su inmovilismo y su negativa a reconocer el ejercicio de derechos democráticos por parte de los pueblos. Ahí está la clave: el discurso de la violencia como ejercicio de deslegitimación, cuando en Cataluña la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017. Y esa violencia tampoco ha sido reconocida ni condenada por parte del Estado. El ejercicio de violencia acaba siendo sinónimo de disidencia, de cualquier cosa distinta al discurso del poder”.

La juventud airada

Como decíamos, las noches están, sin embargo, albergando protestas violentas protagonizadas por miles de jóvenes. Tanto la oficialidad española como la catalana (que pretende desmarcarse de los hechos acusándoles de ser infiltrados), como los medios de comunicación españoles arremeten contra ellos. La campaña de descrédito y criminalización es más terrible y burda que la que durante décadas sufrió la disidencia vasca. Una violencia comparable a la policial. La intoxicación está siempre presente y medios como “El País” y la cadena de TV “La Sexta” afirman que los protagonistas de los desordenes son anarquistas y, además, han venido ácratas de toda Europa ha participar en estos hechos vandálicos. Como durante las luchas obreras del siglo XX, una vez más, los culpables son los anarquistas.

Casi todas las emisoras de TV disponen programaciones especiales durante todas estas noches y emiten en directo los disturbios del centro barcelonés. Las imágenes de las llamas, los encapuchados, las luces de la policía son impactantes. Son ya unos días que se ha impuesto para los movileros una suerte de uniforme de trabajo: chaleco rojo y casco. Al malintencionado relato, siempre solidario con la “proporcionada” actuación policial, añaden esa imagen de reportero en el frente de Rojava o en Iraq. Un objetivo criminalizador, intoxicador y que pretende deslegitimar la respuesta que los jóvenes dan a la brutalidad que ya pusieron en marcha los medios adeptos al presidente Macron durante las protestas de los chalecos amarillos franceses.

En mitad de esta ola criminalizadora, aparecen, sin embargo, voces que les defienden y sacan a la luz las razones de esta juventud airada para dar fuego a la ciudad, para salir a la insurrección.

la única violencia que hemos vivido ha sido la de los propios cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017

Una de estas voces es la de Carmen Rubianes, hermana del que fuera gran actor y tremendo espíritu crítico Pepe Rubianes. En una serie de tuits, Carmen señala que estos jóvenes, entre los 18 y los 25 años llevan 7 años saliendo a manifestarse “sin tirar un papel al suelo y se les ha tratado de terroristas, nazis y filoetarras, comandos, golpistas, sediciosos violentos y poco menos que asesinos”, que el voto de estos jóvenes se ha tirado a la basura en todo este tiempo, que ellos mismos y sus familias fueron brutalmente apaleados el 1 de octubre de 2017, que tienen unas condiciones laborales y unos trabajos miserables, que viven en un país donde se honra el franquismo al mismo tiempo que se basurea a sus víctimas, donde los desahucios están a la orden del día, donde la corrupción política no se persigue, donde el dinero público se emplea en rescatar a la banca y a las autopistas… “Jóvenes frustrados al ver a sus guías pacifistas en prisión por 100 años mientras violadores, ladrones y asesinos andan por las calles con total impunidad a los dos días”, dice Rubianes. Los jóvenes dicen basta.

Vicent Partal, director de “VilaWeb”, un muy interesante y exitoso medio digital catalán, titulaba su editorial del 19 de octubre, sábado, de este modo: “Basta de mentiras: son nuestros pibes, los hijos del 1 de octubre, quieren ganar y merecen nuestro apoyo”.

Partal critica que el Gobierno catalán se una al español en la criminalización de los jóvenes que encabezan la respuesta contra la violencia policial, “Una violencia policíaca que todo el mundo puede ver que ha llegado a extremos cercanos a los excesos habituales de una dictadura lo cual no es justificable en ninguna democracia para controlar el orden público”

El director de “VilaWeb” escribe con las entrañas: “Porque todos quienes hemos pisado las calles estos días y estas noches lo hemos visto: hay una generación joven que ahora está librando el combate de su vida, porque si no ganan no tendrán futuro, ni ellos ni Cataluña. Y lo quieren ganar. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganarlo”.

Reconoce que se puede discrepar de los métodos que emplean pero que, en modo alguno, se puede ir contra ellos cuando se les ha prometido una nueva vida, una vida digna, cuando han sido testigos de los apaleamientos del día del referéndum, de la tremenda respuesta cívica, tremenda respuesta cívica que, por desgracia, “no ha conseguido mover ni un milímetro la posición autoritaria del Estado español”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina.

Culpa a Rajoy y a Sánchez de haber causado esta situación por su inmovilismo político y que la solución tiene que llegar a través de la Paz, la Libertad y la Autodeterminación. Además, añade: “Criminalizando a nuestros jóvenes el estado quiere dividirnos, separarnos entre `independentistas buenos`e `independentistas malos`. Pero lo hace con un cinismo tan grande que debería bastar para que ninguno cayese en la trampa. ¿O no recordamos que los independentistas buenos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se van a jugar todo su prestigio personal para frenar todo tipo de violencia y su premio ha sido la prisión? ¿Y que destino más que la prisión se piensan que les espera a quién hoy colabora con España cuando mañana España ya no le necesite? ¿Son tan inocentes? ¿Tan poca cosa se ha aprendido de octubre de 2017”.

En las calles de Cataluña no se pelea por el “objetivo burgués de un nuevo estado”, como se ha dicho desde ámbitos de izquierda de rancia tradición jacobina. En las calles, en las barricadas, se pelea en contra de un Estado español cada vez más autoritario que no cesa en reforzar su formidable legislación contra todo tipo de disidencia, desde raperos a presidentes del Gobierno catalán. Un Estado español donde la precariedad y la temporalidad, los contratos chatarra, son las principales características del mercado laboral; que el desempleo es líder en la zona euro. El Estado, los mercados, se aprestan a reprimir la protesta social. Esta semana, miles y miles de pensionistas, de jubilados de todo el Estado protagonizaron un abrazo al Congreso de los Diputados donde la policía también intervino. La gente grande lleva más de año y medio en permanente lucha por unas pensiones dignas, por un futuro para sus nietos. La rebeldía sigue.

[i] El 20 de septiembre de 2017, la GC procedió al registro de la Consejería de Economía del Gobierno catalán, en Barcelona. Una multitud rodeó el edificio durante 19 horas. “El Mundo”, diario de Madrid, título su relato de los hechos como” Las 19 horas de asedio callejero a la Guardia Civil”. La intencionalidad es evidente. Toda la acusación pública y particular basó su estrategia en considerar esa concentración y las que hubo el 1 de octubre frente a los colegios electorales para impedir que policía y GC secuestrarán las urnas del referéndum como violencia instrumental para conseguir un objeto político y caratular los hechos como rebelión, delito previsto para alzamientos armados, golpes de estado.

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URUGUAY: “El 1, del 1, para el 1”, por María Urruzola

La consigna es el resumen de una propuesta política impulsada por la central sindical uruguaya PIT-CNT, que plantea aplicar una sobretasa del 1% al patrimonio personal del 1% más rico de la población, parafinanciar el 1% de las políticas públicas, destinadas específicamente a erradicar la pobreza infantil en Uruguay.

Pese a las reticencias de varios sectores, el debate sobre la imposición a la riqueza, los impuestos al capital y más específicamente los impuestos al patrimonio, está en plena efervescencia a nivel internacional.

A modo de ejemplo se puede mencionar la publicación firmada por siete ganadores del Premio Nobel de Economía en defensa de una imposición al patrimonio de los multimillonarios en Francia; la solicitud de más de 500 destacados economistas para la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad, según lo recomendado por el Comité de Desigualdad del G20 liderado por Joseph Stiglitz; los debates liderados por Brasil en el ámbito del G20 (con el apoyo de países como Sudáfrica, España y Francia, entre otros) para gravar a los multimillonarios; así como también las recomendaciones de organismos internacionales especializados en materia económica y tributaria, y los debates parlamentarios o reformas parciales que están sucediendo en algunos de los principales países del mundo, como Reino Unido o Francia.

Como lo atestiguan numerosos estudios, la pobreza en Uruguay se manifiesta en múltiples dimensiones que van más allá del ingreso, y su concentración en hogares con niños persiste desde hace varias décadas. El crecimiento económico ha resultado insuficiente hasta ahora para lograr reducciones sustanciales y duraderas en su incidencia y severidad en el futuro de las infancias.

En 2024 los ingresos de un 17,3% de las personas en Uruguay se ubicaban por debajo de la línea de pobreza (según el Instituto Nacional de Estadísticas); esa cifra asciende al 18,9% si se toma en cuenta el indicador oficial de pobreza multidimensional. En el caso de los menores de seis años, la incidencia de la pobreza alcanza al 32,2%, de modo que uno de cada tres niños de cero a seis años vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. A la vez, la vulnerabilidad a la pobreza (tanto monetaria como multidimensional) alcanza casi al 40% de la población.

Por otra parte, el ingreso y la riqueza muestran una fuerte concentración: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del ingreso total del país. Los recursos originados en la aplicación de esta sobretasa propuesta por el PIT-CNT se propone volcarlos a un fondo estatal específico, cuyas características serían definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo
Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

La idea de la central sindical es que las normas que se propongan tendrán que asegurar de modo claro, preciso y públicamente controlable, que el destino de todo lo recaudado esté destinado estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes. Aunque su implementación no permitiría recaudar la totalidad de los fondos necesarios para desplegar el amplio
conjunto de políticas requeridas para erradicar definitivamente la pobreza en hogares con niñas, niños y adolescentes, constituye un aporte sustancial con respecto a la realidad actual.

Las estimaciones actuales señalan que aproximadamente las 25.000 personas de mayor patrimonio de Uruguay poseen entre 1 millón y algo más de 1.000 millones de dólares. Por supuesto que la Confederación de Cámaras Empresariales no está de acuerdo, con el argumento básico de que lo recaudado sería ínfimo y podría retraer las inversiones, por ejemplo en el ámbito inmobiliario (compras con destino a renta). Incluso argumentan que los dos países que tiene una tasa similar (España y Noruega)
recaudan un monto mínimo en relación al PBI.

Hay que tener presente que el dinero de uruguayos en el exterior alcanza aproximadamente unos 62.000 millones de dólares, en depósitos e inversiones financieras (casi el 50% del PBI del país).

Una de las dificultades actuales en Uruguay es que el nuevo gobierno de izquierda que asumió el 1o de marzo de 2025, presidido por el Presidente Yamandú Orsi, prometió no aumentar los impuestos. Varios legisladores pertenecientes al grupo mayoritario del Frente Amplio (MPP, liderado por el difunto José Pepe Mujica) han intentado minimizar la propuesta argumentando que son “apenas” algunos “pocos” senadores que se han sumado a la iniciativa.

Al mismo tiempo, dos de los referentes públicos del Frente Amplio, el ministro de Economía (Gabriel Oddone) y el Intendente de Montevideo (Mario Bergara), ambos economistas, han tenido posiciones divergentes: para el ministro es “inconveniente” y no hay siquiera que discutirlo, y para el jefe del gobierno de Montevideo es “razonable” y, justamente, lo que hay que hacer es discutirlo, porque es una propuesta “seria”.

Por ahora la propuesta agita sobre todo las aguas del oficialismo, ya que los sectores que la impulsan se han propuesto recorrer todos los organismos de base del Frente Amplio (llamados Comité de Base), para llevar la discusión al seno “de la gente”. Allí, el apoyo es bastante más generalizado que en los ámbitos de la élite.

La oposición (del Partido Nacional y del Partido Colorado) están en contra, y argumentan -claro- que se irán los inversores, corriendo, que buscarán la manera de evadir la fiscalidad, y que nadie garantiza que los fondos recaudados vayan efectivamente a la infancia. Sin embargo, el tema de la extrema desigualdad que reina hoy en el mundo es un trasfondo que nadie puede obviar, y es un telón de fondo que cuestiona la viabilidad de un sistema que agudiza las tensiones sociales y concentra la riqueza. Están quienes argumentan que si el capitalismo quiere sobrevivir, no tiene
otro camino que redistribuir de manera más igualitaria, ya que la desigualdad en realidad debilita la economía y amenaza a la democracia.

El nuevo gobierno del Frente Amplio en Uruguay no se ha caracterizado por su audacia programática y el descontento de votantes tradicionales de la izquierda se hace sentir por ahora en las redes sociales. Los juicios sobre el desempeño del presidente Yamandú Orsi están divididos aproximadamente en tercios, con un moderado saldo positivo. Se agudizan las miradas críticas de los votantes de la oposición, pero también hay leve caída entre los votantes frenteamplistas. En el total, 36% aprueba, 32% desaprueba, y para 28% es indiferente.

En opinión de uno de los politólogos mediáticos del país, Alfonso Garcé, “lo que hizo este gobierno fue tirar hielo hasta dejar congeladas las expectativas de que haya algún cambio”. Para la central sindical entonces, en un marco bastante evidente de inmovilidad, la tarea es gigante.

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Uruguay/ “A miles de kilómetros de distancia”, por María Urruzola

El Comité Central Israelita denunció ante la policía uruguaya que el 26 de noviembre dos jóvenes judíos liceales “fueron perseguidos, acosados y amenazados por su condición de judíos”. La justicia está investigando, como corresponde. Cualquier acto de hostigamiento, sea contra quien sea -judíos, negros, homosexuales, transexuales, feministas, mujeres jóvenes, personas con discapacidad, gente en situación de calle, pobres, extranjeros, etc- debe ser condenado.

Sorprende el argumento utilizado por el CCI: “Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por HECHOS QUE OCURREN A MILES DE QUILÓMETROS DE NUESTRO PAÍS, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo”.

“Hechos que ocurren a miles de kilómetros de nuestro país”, extraña definición del genocidio de Israel en Gaza (y la ocupación de Cisjordania), visto que la inmensa mayoría de los hechos que han determinado la historia oficial (porque siempre hay otra) de la humanidad, de su humanización y de su deshumanización, han ocurrido a miles de kms de nuestro país. Sin ánimo de agotar los hechos y solo a modo de ejemplo:

-Los progroms contra los judíos (Rusia, 13 mil kms, Polonia, 12 mil)-La Shoá (el holocausto), y su solución final (Alemania y la Europa ocupada, entre 11 y 15 mil kms)

-La Segunda Guerra Mundial (Europa y Asia, 19 mil esta última)-El gueto de Varsovia (12 mil kms)

-El golpe de Franco contra la República Española (10 mil kms)-La creación del Estado de Israel en territorio de Palestina (12 mil kms)-La formalización de la Unión Europea (Amsterdam, 11 mil kms)

-La creación de la ONU (San Francisco, 8 mil kms)

-La guerra de Vietnam (17 mil kms)

-La depresión de 1929 en USA (8 mil kms)

-La guerra de Corea (país al que Uruguay envió 70 mil mantas, 19 mil kilómetros)

O sea: la razón de ser del Comité Central Israelita está a 12 mil kms de nuestro país, el fundamento político de su razón de ser (el sionismo) se creó en Basilea, Suiza (11 mil kms), y el fundador de dicho movimiento, Theodor Herzl, nació en Budapest, a 11 mil kms.

La necesidad de usar eufemismos para hablar del Genocidio cometido por Israel en Gaza, no es exclusividad del Comité Central Israelita, el que tiene por misión representar a la comunidad judía sionista (y no a todos los judíos). Esa necesidad de circunloquios para nombrar el Genocidio en Gaza se ha vuelto una especie de seña de identidad de algunas élites de nuestro país.

Para muestra, veamos algunas frases de los senadores que se reunieron en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, en su sesión del 30 de setiembre pasado.

Javier García: “ Lo que pasa, como pasa, EN LA TRAGEDIA DE MEDIO ORIENTE ES una cosa, y otra es que nosotros admitamos que consecuencias de estas circunstancias se trasladen y se expresen en atentados contra personas, contra instituciones o contra una forma de entender la vida en sociedad o una fe”.

Andres Ojeda: “Una cosa ES UN CONFLICTO INTERNACIONAL, respecto al cual podrá haber posiciones, y otra cosa muy distinta es una discriminación en Uruguay, donde no puede haber dos lecturas. Y esto es bien claro: no puede haber dos lecturas”.

Roby Schindler (Presidente CCI): “El 1.° de mayo yo escuché un discurso muy encendido en una calle con decenas de miles de trabajadores y noté que SE TRAJO UN ÚNICO CONFLICTO INTERNACIONAL a ese discurso, que según entiendo debería ser en favor de los derechos de los trabajadores. Queriendo o sin querer, no sé a qué cabecita puede llegar ese mensaje demonizador”.

Hay que decir que ese mismo día y a esa misma Comisión se presentó la Asociación Cultural Israelita ‘Dr. Jaime Zhitlovsky’ (que no fue invitada sino que solicitó ser recibida), uno de cuyos directivos (David Fryd) llamó a algunas cosas por su nombre: “Me refiero a cuando decimos qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo. Si yo discrepo con lo que hace el Gobierno de Israel hoy en el Medio Oriente, eso no es antisemitismo. Si yo discrepo con la ideología sionista, eso para mí no es antisemitismo. Si yo aceptara que el Gobierno israelí pretende que, a través de sus palabras, nos representa a todos los judíos de la diáspora, a todos los judíos del mundo, eso para mí no es cierto. No estoy de acuerdo con eso y no me hace antijudío ni antiisraelí ni mucho menos antisemita”.

¿Qué les pasa a los políticos en Uruguay que no pueden llamar a un genocidio por su nombre?¿Qué condiciona el uso de su lenguaje? Y sobre todo ¿qué le pasa a los de izquierda, en cuya filosofía (porque ya no ideología) se supone que existen valores como el anticolonialismo, el antiapartheid, la defensa de los derechos humanos, la protección de las infancias?

A miles de kilómetro de nuestro país se decide el destino de la humanidad, porque la neutralidad ante un Genocidio de la magnitud del que comete Israel en Gaza es una forma de complicidad con lo que los poderosos, los milmillonarios, los colonialistas y expansionistas se sientan con derecho a hacer en esta nueva era de avasallamiento del derecho internacional. No es solo un tema político; es un tema moral. A miles de kilómetro de nuestro país, como casi todo.

Destacada

Eppur si muove! del 24 al 28N, “Ola de despidos en todo el país”, por Alberto Nadra

Sintesis semanal de noticias sociales y gremiales

DESPIDOS Y CIERRES

Cerró Radio del Plata después de años de crisis. La Justicia Comercial declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A. y ordenó la clausura inmediata de la emblemática emisora, tras años de incumplimientos financieros y deudas laborales. El fallo también dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para su presidente, marcando el cierre definitivo de una radio histórica. La Justicia Comercial declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A., poniendo fin a la actividad de una de las radios más emblemáticas del país, cuya historia se remonta a 1931. El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, dispuso la clausura inmediata de la emisora, la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para su presidente, Jorge Julián Cerezo.

Granja Tres Arroyos: demora en pagos, despidos y cierre de plantas ¿cambia de dueño? La avícola líder de la Argentina, que tiene 7.000 empleados, está llevando a cabo un proceso de restructuración silenciosa. Hubo cierre de plantas, entre ellas el establecimiento Súper, en Entre Ríos, cuyo personal fue transferido a otra localidad de la misma provincia. Se informaron 80 despidos, hay atrasos salariales y pagos en cuota, todavía no se terminó de abonar el aguinaldo de julio.

Whirlpool cierra su planta de Pilar. 300 despedidos. La reconocida empresa dedicada a la producción de electrodomésticos cerró de manera intempestiva su planta ubicada en la localidad de Fátima, partido de Pilar, dejando sin empleo a 300 trabajadores. La decisión fue comunicada este martes por la compañía, que argumentó una fuerte caída en las ventas y el incremento de importaciones como factores determinantes.

Santa Fé. 30 despidos en ESSEN. La fábrica de cacerolas y sartenes Essen, con sede en la ciudad santafecina de Venado Tuerto, redujo un 10% de su personal. La empresa confirmó la cesantía de 12 empleados efectivos y 17 eventuales, al considerar que no existía infraestructura necesaria para la producción de ollas en Argentina. La firma Essen, una de las más importantes del sector, comenzó a producir en 1954 y diariamente procesa unas 15 toneladas de aluminio para una producción anual de alrede dor de 600.000 cacerolas. Luego de aclarar que la producción de cacerolas es solo el 1% de su producción, la empresa informó que el 30% de la producción de Venado Tuerto se exporta a sus filiales de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México, y que el plan de expansión regional continúa.

Corven Amortiguadores y Corven Moto suman otros 150 despidos. Otras dos metalúrgicas del sur santafesino vieron diezmado su plantel. Los empresarios del sector vienen quejándose de la pérdida de competitividad por la libre importación de productos, mientras que desde la dirigencia sindical se señala especialmente como las culpables de la situación a las mercaderías que ingresan desde China.

DBT, también conocida como Cramaco, despidió a 37 trabajadores, equivalente a cerca del 90% de su plantilla, y confirmó que dejará de fabricar alternadores y grupos electrógenos en la Argentina para pasar a importarlos desde China. La compañía, asociada desde 2003 a la multinacional española Himoinsa, informó la decisión en una reunión que tomó por sorpresa a empleados de producción y de oficinas. La planta, ubicada en el centro-oeste de Santa Fe, en la ciudad de Sastre, era reconocida por fabricar íntegramente los alternadores que luego se ensamblaban en grupos electrógenos.

Acerías Berisso anunció al Ministerio de Trabajo que presentará la quiebra. Desde el mes de abril de este año cuando empezaron a demorarse en abonar los sueldos, los trabajadores reclamaron por la regularidad de los pagos, indemnizaciones y aportes. En octubre tomaron la fábrica y hubo acampes para evitar su vaciamiento. Según informó el cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los representantes empresariales ratificaron que “no tienen intención de abonar nada a los trabajadores”, postura que el gremio calificó como un acto de “abandono total e irresponsabilidad patronal frente a las familias que sostuvieron la actividad durante años”. Ante este escenario, los operarios evalúan nuevas medidas de fuerza para defender sus derechos laborales y denuncian que los patrones fueron llevándose maquinarias en este parate productivo.

Cerró la fábrica de muebles Color Living. 40 trabajadores en la calle. De manera sorpresiva, la firma comunicó que cierra su planta de Pacheco de la que dependían 40 familias que se suman a una triste navidad sin trabajo. Los empresarios argumentaron caída de la demanda y apertura de importaciones. El Sindicato de Madereros llevará el reclamo ante el Ministerio de Trabajo.

Corrientes: La firma textil TN Platex cerró su planta de Monte Caseros. El anunció del cierre de su producción de ropa interior y deportiva y ropa significó el despido de 20 de sus 36 empleados. La firma textil TN Platex anunció el cierre de su línea de confección de prendas deportivas y ropa interior. Por la caída de la demanda, serán despedidos 20 operarios de ese sector, los 16 restantes serán reubicados en otras áreas de la fábrica, principalmente en telares e hilandería, como parte de un proceso de reorganización interna que la compañía considera necesario para adecuarse al contexto productivo.

Panaderías en el horno. 15.000 despidos en 18 meses. El referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), Martín Pino, se pronunció respecto a la crisis terminal del sector y precisó que las tarifas de luz que están pagando llegaron en algunos casos con aumentos de casi medio millón en comparación con el mes pasado. La CIPAN dio cuenta que en los últimos 18 meses 1.700 panaderías debieron bajar sus persianas de manera definitiva. Esta estadística nacional representa la pérdida de entre 10 mil y 15 mil empleos.

El Sindicato del Petróleo de Chubut denuncia desinversión en los principales yacimientos. “Iniciamos un diciembre caliente. YPF no solo está tratando mal a la estructura gremial en la Provincia del Chubut sino que también hizo una desinversión muy grande en todos los yacimientos convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge”, afirmó Carlos Gómez, Secretario Adjunto del Sindicato del Petroleo, Gas y Energías Renovables de Chubut. Y anunció que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización por el hermetismo de YPF con respecto a la entrega de Manantiales Behr. “La actitud del presidente de YPF, Horacio Marin, es lamentable. Hasta el día de la fecha no dio respuesta a las notificaciones que se le hicieron”, sostuvo al criticar el hermetismo total de la empresa sobre las ofertas presentadas para hacerse cargo de la operación de Manantiales Behr.

Santa Cruz. Miércoles de paro en YCRT por un despido y falta de elementos básicos de protección. La Seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Turbio inició un Paro total de actividades en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio desde las 0hs de este miércoles 26 de noviembre, tras graves incumplimientos por parte de la Intervención y ante la falta de respuestas a los reclamos del sector. Las causas del conflicto incluyen el despido de un trabajador, la falta de elementos de protección personal, el incumplimiento en el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE), y los pasajes 2023-2024, además de la deuda del complemento jubilatorio y la falta de inversión e insumos esenciales para la operación del yacimiento.

EL BOOM DE LOS PPC

Los Procesos Preventivos de Crisis (PPC) registraron un notable incremento en 2025, según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano. Hubo 143 expedientes abiertos hasta octubre, superando los 131 de 2024 y situándose en el nivel más alto desde 2019, en plena recesión y corrida cambiaria. El Proceso Preventivo de Crisis es un mecanismo previsto en la Ley de Empleo Nº 24.013 a las que se obliga a las empresas en dificultades a una negociación entre la patronal, el sindicato y el Gobierno previo a aplicar despidos o suspensiones ‘por razones de fuerza mayor’. Dicha búsqueda de acuerdo no le da garantías a los empleados. La única ventaja de consensuar la crisis es que se negocian las medidas a tomar y se cumple con la correspondiente notificación. En caso contrario, sin acuerdo entre las partes, la empresa puede realizar los despidos previstos, y al trabajador solo le resta acudir a la justicia.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, expresó su preocupación por la pérdida de competitividad del sector manufacturero y señaló que producir en el país es entre un 25% y 30% más caro que en Brasil. Frente al cierre de Whirlpool, Furlán ironizo: “lindo modelito” “vienen, invierten millones y deben cerrar por falta de política industrial.

Chaco. Tres empresas que cubren parte del Servicio de Transporte Público del Gran Resistencia se presentaron a concurso preventivo. El miércoles hubo paro de colectiveros en la ciudad. Las firmas que operan las líneas 3, 8, 12, 111 y 206 hicieron una presentación en el Juzgado Civil y Comercial 23. Pidieron concurso preventivo y aseguraron que el servicio continuará mientras no haya quiebra. La crisis de transporte continúa federalizándose.

Proceso Preventivo de Crisis para la intervenida Obra Social de UATRE. 600 puestos en riesgo. La intervenida Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) se presentó ante la Secretaría de Trabajo para solicitar un Proceso Preventivo de Crisis. Se trata de un mecanismo administrativo que habilita al interventor, Marcelo Petroni, a realizar despidos masivos de personal y otras medidas drásticas, a menos que llegue a un acuerdo con el propio sindicato intervenido. De acuerdo a trascendidos publicados por Infogremiales , la idea habría sido empujada por Claudio Stivelman, el funcionario libertario que comanda la Superintendencia de Servicios de Salud y que llegó en medio de un tembladeral a la cabeza del organismopor la relación promiscua con el sector privado. Apuntaría al despido de unos 600 empleados de la Obra Social Sindical

EDUCACIÓN

En cuatro provincias peligra el cierre del ciclo lectivo 2025 y pone una manto de incertidumbre en el inicio de clases 2026 por la falta de acuerdos salariales en Jujuy, San Juan, Santa Fe y Santa Cruz, donde los gremios rechazaron los ofrecimientos de aumento de habares por considerarlos insuficientes. Repudian los aumentos de sueldos y los bonos extraordinarios de fin de año.

Jujuy: Paros, movilizaciones, rechazo y acefalía

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep) realizó un paro en rechazo al incremento que propone el gobierno de Carlos Sadir del 2,5% en noviembre y el bono de 300 mil pesos en dos cuotas. El sindicato aseguró que el incremento de haberes no compensa el deterioro del poder adquisitivo del docente.

La situación del gremio de maestros se torno peligrosa porque la acefalía del sindicato va a cumplir un año en diciembre y se agitó por la renuncia de Graciela Ortega, representante de la lista 14 en la Junta Provisoria que conduce el gremio desde hace meses. La dirigente se alejó por desacuerdos con el rumbo del órgano transitorio, en medio de un creciente malestar docente por salarios que “no alcanzan para cubrir necesidades básicas” y además por la incertidumbre de normalización del sindicato y el llamado a elecciones.

San Juan: segundo rechazo consecutivo

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Educación Técnica (Amet) y la Unión de Docentes Argentinos provinciales (Udap) rechazaron la propuesta oficial tras realizar asambleas de base. La falta de un bono extraordinario de fin de año y la decisión del gobierno de liquidar el sueldo d noviembre con la inflación vencida del 2,3% puso complicado el acuerdo.

La titular de Udap, Patricia Quiroga, aseguró que la negociación sigue abierta y que el próximo encuentro será el 5 de diciembre, aunque advirtió que el conflicto podría escalar.

Santa Fe: tensión por un aumento que “no alcanza”

La compensación salarial del 3,8% anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro provocó rechazo inmediato en la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe).

El gremio consideró que la medida solo cubre parcialmente la inflación y que la pérdida salarial acumulada es muy superior. Además, criticó que parte del incremento sea otorgado como suma no remunerativa. “Es en negro”, cuestionó el secretario general Rodrigo Alonso, quien recordó que el deterioro salarial desde comienzos de 2024 supera el 30%.

Santa Cruz: aceptación dividida y reclamos estructurales

Las paritarias docentes también mostraron un escenario fracturado. Mientras la Asociación de Magisterio de la Educación Técnica (Amet) aceptó la propuesta provincial, la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), gremio mayoritario, la rechazó y realizó un paro de 48 horas.

Adosac exige una recomposición que supere la cláusula gatillo vigente hasta enero de 2026, la reducción de matrículas y el resguardo de cargos. “Nos falta un 40% para llegar a la línea de pobreza”, afirmó su secretario general, César Alegre, quien advirtió que la semana próxima evaluarán profundizar las medidas.

Misiones: Paro de maestros este 27 por la condena a maestros que protestaron por sus salarios. La justicia de Misiones condenó a dos dirigentes docentes a penas de prisión por participar de un acampe sindical, y generó un peligro precedente. La jueza Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, Marcela Alejandra Leiva dispuso penas de prisión en suspenso, sumadas a tareas comunitarias y el pago de costas, al considerarlos “responsables de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra”. La medida generó el repudio de todo el arco sindical. La protesta por la cual los docentes fueron condenados ocurrió el año pasado en una suerte de pueblada coincidente con cortes de ruta realizados por empleados de la policía provincial en reclamo de aumento salarial.

GREMIALES

La CGT busca recuperar protagonismo. Luego de que Jerónimo visitara la fábrica en conflicto ILVA y se propusieran como mediadores, el miércoles el Triunvirato recibió a representantes de empresarios y más específicamente al sector Pyme, con la idea de conformar un espacio de diálogo social con diversos actores del proceso productivo. Allí acudió la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), una entidad que tiene como característica principal agrupar a un numeroso conjunto de cámaras Pymes de todo el país. También recibieron a los diputados sindicales de Fuerza Patria: Sergio Palazzo, Vanesa Siley, Mario Paco Manrique, Hugo Yasky y Hugo Moyano (h) para establecer una estrategia legilativa en común. Massa, por su parte, acercó una propuesta de reforma laboral.

UOM exige mayor confrontación de la CGT y el Gobierno. El flamante secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, planteó que la nueva conducción de la central obrera debe ser confrotativa con el gobierno de Javier Milei, que prepara una reforma laboral para enviar al Congreso. ” “en las últimas décadas se alejó de las bases”, a la vez que advirtió que “hay dirigentes que tienen que dar un paso al costado, si la CGT hace lo que corresponde, tiene que haber mucho conflicto“, lanzó el dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió llevar a cabo un Paro Nacional con movilización el día en que se debata la reforma laboral en el Congreso. La conducción gremial, encabezada por Rodolfo Aguiar, definió esta medida en el Consejo Federal de San Luis, tras considerar que el diálogo con el Gobierno «fracasó» y que la situación salarial de los estatales es crítica. El Gobierno confirmó que enviará el proyecto de ley de reforma laboral el domingo 9 de diciembre, a través de declaraciones del diputado nacional Cristian Ritondo a periodistas acreditados en la Casa Rosada tras una nueva reunión del Consejo de Mayo.

SALUD

Personal sancionado por las protestas. Este miércoles, los trabajadores del Garrahan llevaron a cabo un abrazo simbólico y una protesta frente al hospital para rechazar los fuertes descuentos salariales y sanciones administrativas aplicadas a 44 integrantes del equipo de salud casi en simultáneo con el anuncio de un aumento de sueldos a todo el personal. La victoria de los profesionales de la salud vino acompañada por un mensaje político del gobierno: “Ganaron pero no tanto”. El personal se niega a recibir una extorsión política con descuentos salariales y anunció que seguía de pie de lucha pidiendo la renuncia del director de salud.

AERONÁUTICOS

¿Intercargo se vende antes de fin de año? Más de 1500 puestos en riesgo. La empresa da ganancias y aporta dólares al Estado. Denuncian que ya hubo despidos. Después de algunos meses sin avances, el Gobierno activó nuevamente el plan de privatización de la empresa Intercargo. La idea, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger, es vender la superavitaria compañía estatal de logística en aeropuertos antes de fin de 2025, lo que pone en riesgo 1.580 puestos de trabajo.

CAMPO

Misiones: Yerbateros suspenden la zafra de verano contra la desregulación de Milei. Luego de que el gobierno prohibiera, por decreto, fijar el precio al Instituto de la Yerba, pequeños y medianos productores decidieron, en bloque, suspender el inicio de la zafra previsto para diciembre. Luis Fleitas, una productora local dijo en declaraciones radiales que ‘la quita de funciones al INYM pone en jaque mate a las familias productoras de Misiones’ y advirtió: “Nunca se vieron tantas chacras a la venta. No queremos que las grandes corporaciones nos saquen de nuestras tierras”.

INTA: avanza el vaciamiento. Denuncian la venta de tierras pertenecientes al Instituto en Ituzaingo mientras avanza el vaciamiento. A pesar del rehazo social y judicial, el gobierno envió a técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a hacer mediciones en las 34 héctárieas del INTA en Parque Leloir, Ituzaingó, para su venta. El plan que circula en diversos medios contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Instituto. Esta semana, ATE y APINTA se manifestaron en el Congreso. Ahí, advirtieron que el Gobierno ya ejecutó sobre el organismo un ajuste del 12 por ciento entre personal e investigadores. En agosto, el Poder Legislativo derogó el DNU que eliminaba el organismo, y lo funcionaba con el INTI. Pese a esto, el ajuste se mantiene.

OTROS

Sindicato de Trabajadores cadetes y mensajeros de Rosario

El miércoles, junto al Movimiento Evita, el Sindicato de Trabajadores Cadetes y Mensajeros de Rosario se movilizó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, para exigir respuestas frente a la delicada crisis que atravesamos tanto los trabajadores de la economía popular como también todos los vecinos y vecinas de los barrios más postergados de Rosario. “Logramos soluciones concretas para las fiestas y abrir una mesa de trabajo a partir de Enero para avanzar en las demandas del sector. No habrá paz mientras no haya justicia social!”, indica su comunicado.

Maltrato laboral y acoso: La justicia a favor del trabajador. En un fallo que sentará precedente, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a la empresa Convergia Argentina -dedicada a servicios de telecomunicación- y a un trabajador jerárquico, comprobar un tratamiento violento hacia el empleado. Deberán pagar la indemnización reclamada por el trabajador. Para los jueces, la empresa es responsable toda vez que debajo de su órbita se ubican los daños que causen los que están bajo su dependencia, sin perjuicio de que dicho dependiente deberá responder de manera concurrente hasta las consecuencias dañosas que derivaron de su actuar.

Chaco: victoria de estatales. Por orden del Juzgado del Trabajo 3 de Resistencia, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, firmó un decreto mediante el cual se instrumenta la reincorporación inmediata y el pase a planta permanente de 15 trabajadores de la Administración Tributaria Provincial (ATP). La decisión administrativa surge como respuesta obligada a las Sentencias Judiciales N° 146 y su aclaratoria, dictadas en octubre de 2025. Los agentes fueron despedidos sin causa el 2 de julio de 2025. El fallo ordena una reparación integral y el nombramiento como personal de planta permanente a partir del 20 de octubre de 2025 en la Jurisdicción 20 (ATP). Para ello, se instruyó a la Dirección General de Finanzas a modificar la estructura de cargos y crear las vacantes necesarias.