Opinión
Los idus de marzo, por Hernán Díaz Varela desde Chubut
Los idus de marzo
El cónsul Julio César fue asesinado el 15 de marzo del año 44 AC –en los idus de marzo según el calendario romano- por un grupo de senadores, entre los cuáles se encontraba Décimo Junio Bruto, primo del César y a quien éste quería como a un hijo. Shakespeare inmortalizó ese vínculo en la escena de la tragedia “Julio César” (1599) en la que, agonizante, el protagonista exclama “Tú también, Bruto, hijo mío”. Un vidente había advertido al César “Cuídate de los idus de marzo” pero él, confiado en su poder, no dio importancia al aviso.
04/03/2020
Sin clases
El gobierno de la provincia del Chubut atraviesa por un momento de extrema fragilidad política e institucional, producto no sólo de su estafa electoral primigenia sino de una sucesión de decisiones sobre el manejo de las finanzas públicas que han acelerado la crisis económica y el endeudamiento. El goteo de fondos de Nación –a cuenta de coparticipación- no alcanzó para nada. La lógica contable de comercial nocturno ochentista del titular del Ministerio de Economía choca contra una realidad que requiere de imaginación y un diálogo político que está en el discurso pero no en los hechos del gobierno de Mariano Arcioni y su devaluado gabinete.
El miércoles pasado, a pesar del pago de una parte de lo adeudado a los docentes, la amenaza de descuentos y del ruego plañidero del gobernador, lo cierto es que en Chubut no comenzaron las clases. Este hecho fue relevado no sólo por la tapa de los diarios nacionales del día siguiente, sino que estuvo presente en el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa nacional, al mencionar que las clases habían comenzado normalmente en “casi” todas las provincias, con un reojo hacia Mariano Arcioni, sentado en primera fila el domingo pasado junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Sobre la hora, pero no para todxs
Finalmente, mediante Decreto 1080/19 del 2 de marzo, el gobierno canceló ese mismo lunes todos los sueldos de Legislatura provincial correspondientes al mes de enero, y así aseguró la apertura del año legislativo del día martes.
El pago selectivo a los empleados legislativos –con salarios de tercer y cuarto rango que aún no cobraron los demás agentes estatales- y de las hipercalóricas “dietas” de los diputados provinciales en un marco de parálisis financiera y virtual cesación de pagos, para habilitar el inicio de las sesiones ordinarias anuales e iniciar el tratamiento de las leyes del ajuste, fue el equivalente a los pagos de sueldos en primer término a la policía provincial en años anteriores para asegurar la represión de las masivas protestas sociales en la calle. Éste es el concepto del “funcionamiento del Estado” de esta gestión: premios y castigos conforme las necesidades de coyuntura.
Asimismo, en el discurso del gobernador en Legislatura, pivoteando a tres bandas entre el autoelogio, el fraseo marketinero y el análisis FODA, se confirmó la continuidad del pago escalonado de salarios y jubilaciones, entendiendo el mismo como un principio de “previsibilidad” (¿?) para los agentes públicos, y dejó caer perlas lingüísticas como “respetemos el derecho de huelga con los estudiantes en el aula y los maestros enseñando” (sic), mientras en tono neomacrista pedía el esfuerzo actual de todos para llegar a un futuro venturoso. Al mismo tiempo, dentro del paquete de leyes de ajuste el gobernador coló, por cuarta vez, el proyecto para llevar su propio salario a 700 mil pesos.
Un día antes, el lunes 2 de marzo, la primera reunión paritaria docente del año dejó como saldo un “Sigan participando”. No hubo ninguna propuesta concreta del Ministerio de Educación y ni siquiera estuvo presente el ministro Andrés Meiszner, seguramente más preocupado por la investigación fiscal sobre su gestión como presidente del Club Quilmes que por la situación de los maestros chubutenses. De todos modos, su impericia ha estado a la altura de sus antecesores.
Por su parte, el sector docente repitió, una vez más, su repudio al ilegal pago escalonado de haberes de activos y jubilados, que se complete la cláusula gatillo firmada en la paritaria de febrero de 2019, que se arreglen las escuelas, que se actualicen y remitan en tiempo y forma las partidas para su funcionamiento y que se asegure el transporte escolar. Siguen siendo obligaciones incumplidas por parte de un gobierno provincial que les pide responsabilidad a los trabajadores mientras lleva un mes y medio de atraso en pago de salarios y jubilaciones.
Al paro por 72 horas de los docentes –con posibilidad cierta de extensión- se suma el de los estatales nucleados en ATE, cuyas bases se hartaron de los vaivenes del volátil secretario general Guillermo Quiroga y le arrancaron un paro total de actividades desde el miércoles al viernes de esta semana, empalmando con el de los maestros. Esto implica que, por paro de docentes, retenciones de servicio por salarios impagos, falta de transporte o paro de auxiliares docentes, las escuelas seguirán sin funcionar; a ello se suman los establecimientos que no están en condiciones operativas, un punto sobre el que el comentarista de la realidad devenido gobernador expresó: “El arreglo de las escuelas no debe ser un plan de verano o de invierno, sino un plan de gobierno”. Por ahora, esa te la debo.
Unidos y al Frente
El próximo sábado se reunirá en Trevelin el justicialismo provincial. La convocatoria de este Congreso partidario tiene tres objetivos principales: la muy probable consagración del ex intendente comodorense Carlos Linares –kirchnerista de paladar negro- como nuevo conductor del partido; la “repejotización” de intendentes y referentes peronistas que están hoy en el espacio en diáspora de Chubut al Frente, con especial énfasis en los hermanos Sastre –vicegobernador e intendente de Puerto Madryn- y el intendente de Trelew, Adrián Maderna; y la conformación de una Mesa Política que proponga un “programa de emergencia” al gobierno de Arcioni, una apertura del partido y un llamamiento a la unidad interna como primer paso para integrar un eventual frente o alianza.
Empachados de diagnóstico lo cierto es que, hasta ahora, el único acuerdo político dentro del PJ es empujar el cajón del arcionismo excedente y hacer un funeral vikingo en 2023. De propuestas, ni hablar. El “programa de emergencia” que enuncian referentes justicialistas por los diferentes medios es sólo un título. En el espectro político institucional no hay nada superador al paquete de leyes que el Ejecutivo ingresó esta semana para su tratamiento legislativo, y que tiene como variable de ajuste el salario y las condiciones laborales de los agentes activos y pasivos del sector público. Nunca se trataron seriamente las propuestas de los sindicatos sobre Ley Tributaria de Emergencia o la discusión sobre la matriz distributiva de la riqueza de la provincia. De eso no se habla.
“Por la Legislatura van a pasar proyectos que van a tener que apuntar a salir de la crisis, medidas que no son las más agradables, y se puede hacer una política de integración y compartir objetivos entre diputados que tienen origen del peronismo”, dijo la semana pasada el ex diputado provincial y referente justicialista Blas Meza Evans en declaraciones a la prensa, buscando socializar los costos políticos de las futuras votaciones en la casa de las leyes.
Claramente, no se está tomando dimensión de los problemas cotidianos de la ciudadanía chubutense. Sin efectivo en la calle, con un inminente corte masivo de crédito bancario y financiamiento con tarjetas, una inercia inflacionaria muy alta a pesar del congelamiento de tarifas de servicios públicos y precio de naftas, es de esperar que a mitad del corriente mes –en el que todavía no se pagó la mayor parte de la masa salarial de enero y no hay cronograma al respecto- muchas economías familiares colapsen. Son demasiados frentes: las facturas de servicios, alimentos, transporte y los gastos del inicio de clases. Los pequeños comerciantes ya están afectados por la fuerte retracción del consumo y los supermercados están casi vacíos.
Los sindicatos están comenzando a moverse e intensifican sus reclamos sectoriales, en muchos casos apremiados y/o sobrepasados por sus propias bases, que ya no toleran una “gobernabilidad” a costa de la pauperización de las mayorías; y las organizaciones sociales, si bien están conteniendo un eventual desborde a través de la implementación de programas nacionales como la Tarjeta Alimentaria, entienden que los tiempos se acortan y que debe haber respuestas oficiales ante esta crisis autoinfligida.
Por su parte, si se confirmara a Carlos Linares al frente del PJ, no parece que se fueran a abrir canales de diálogo con provincia por esa vía. Todavía resuenan las denuncias que Linares planteó durante la campaña electoral del año pasado, en la que compitió por la gobernación contra Arcioni. Las heridas que quedaron por la ausencia de ayuda provincial ante el desastre climático sufrido por Comodoro Rivadavia en abril de 2017, sumadas a la causa por corrupción durante esa emergencia, conocida como “Royal Canin”, que involucró a la entonces Ministra de Familia, Leticia Huichaqueo –hoy exonerada de la administración pública-, y a su pareja, aún siguen abiertas.
Si bien Linares tiene comunicación con Nación a través de Julián Leunda, el comodorense recientemente incorporado como asesor presidencial, e interlocución directa con varios referentes nacionales del Frente de Todos, los esfuerzos del gobierno central hasta fin de mes estarán concentrados en la reestructuración de la deuda externa y las negociaciones con bonistas y el Fondo Monetario Internacional. Recién en abril la Nación podría ocuparse en forma consistente de una situación que, evidentemente, el gobernador no puede encauzar ni, mucho menos, resolver.
Por lo pronto, curándose en salud, el diputado Carlos Eliceche solicitó en la primera sesión de la Legislatura un pedido de informes al Ministerio de Economía –que fue aprobado sobre tablas- sobre estructura de la deuda pública provincial, vencimientos y condiciones de contratación de consultoras para renegociarla.
En este contexto, el malestar social se agudiza; hoy a la tarde el gobernador fue recibido con gritos y reclamos airados por un nutrido grupo de personas que lo aguardaban en cercanías del hangar de Gendarmería en Trevelin, donde arribó en helicóptero debido a la grave situación de los incendios en las laderas de Esquel. La gente está harta y fin de marzo está, quizás, demasiado lejos.
Opinión
«No alcanza con la formalidad de la protesta», por Héctor Amichetti
A falta de documentos orgánicos de análisis de la realidad y de directivas centralizadas para la acción, tal como ocurría en aquellos años en que nos llegaban en forma clandestina desde Madrid, cuando el Movimiento tenía conducción, voy a alimentar la práctica de muchos compañeros y compañeras que militan incansablemente, que enfrentan en las calles las políticas destructivas del actual gobierno y descargan por escrito algunas de sus inquietudes reflexionando acerca de cómo salir de esta encrucijada.
Hace algunas horas marchamos –una vez más- con un grupo de trabajadoras y trabajadores gráficos encolumnados bajo la bandera de nuestra Federación Gráfica Bonaerense hasta el Ministerio de Producción, la convocatoria fue de la CGT y la consigna: “Las Malvinas son Argentina y la Industria Nacional también”.
Si tomamos como referencia los duros datos de la realidad, esta movilización debería haber sido multitudinaria, desde que asumió el gobierno de Milei cerraron más de 30 mil empresas y se perdieron más de 460.000 puestos de trabajo, sin embargo, la foto de la concentración desnuda la característica formal que han adquirido desde hace algún tiempo las movilizaciones callejeras convocadas por las centrales obreras, presencia de mucho activismo militante, una dirigencia con mensaje de poco alcance, a la que por falta de un sonido amplificado, solo escuchan los que están más cerca y, de vez en cuando, algún oportunista que se suma como invitado para la foto aunque poco tenga que ver con las luchas que cotidianamente llevan adelante quienes sufren el cierre de sus fábricas y la incertidumbre de sus familias.
La cuestión es que se ha debilitado significativamente la conexión imprescindible y estratégica entre en las demandas de las bases y las decisiones de la estructura sindical creada para unificarlas y canalizarlas y, lo que es aún más preocupante, entre los sindicatos y el sector de la clase trabajadora que permanece en la informalidad, sin organización que los agrupe masivamente y defienda los derechos que tienen aunque no le son reconocidos.
SIN PROGRAMA NO HAY GUIA PARA LA ACCION
Lo más destacable de la valiosa historia de lucha de la clase trabajadora argentina desde el golpe militar de septiembre de 1955, acontecimiento que interrumpió su protagonismo esencial en la realización de un Proyecto Nacional basado en la producción, el trabajo digno y la reafirmación de la soberanía, es que superando la proscripción y las persecuciones, la estrategia de resistencia tuvo como eje la unidad en torno a un Programa que definía claramente las reivindicaciones sociales, políticas y económicas, junto a las estrictamente laborales, y delineaba un plan de acción orientado a derrotar el proyecto enemigo.
La Falda en 1957, Huerta Grande en el ’62, CGT de los Argentinos en el ’68… paros, sabotajes, plan de lucha con toma de fábricas, huelgas generales, Cordobazo e infinidad de puebladas, marcaron el camino que frustró las ambiciones dictatoriales, desbarató los planes liberales e hizo posible la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a su patria.
Hoy, aún reconociendo un escenario distinto, esta concepción a la que llamamos Sindicalismo de Liberación, está ausente, no hay postura clara y contundente del movimiento obrero organizado con respecto al endeudamiento externo como lo señalábamos, más cerca en el tiempo, en aquel programa de 26 puntos de la CGT que conducía el recordado Saúl Ubaldini, es más, no se sabe muy bien que transmiten en nombre de la clase trabajadora los dirigentes de nuestra CGT cuando se reúnen con funcionarios del FMI. ¿Cuál es nuestra postura en relación con el sistema financiero y el comercio exterior?, o con respecto al control estatal en áreas claves y planificación de la economía.
No hay una definición contundente con respecto al alineamiento que nuestro país debería tener en el ámbito internacional, ni un claro rechazo ante la Embajada de los Estados Unidos frente al plan de apropiación de recursos por parte de las multinacionales y sometimiento de nuestro territorio a su doctrina de dominación.
SUPERAR LA CRISIS
En estos tiempos de desembozado intervencionismo imperial con capacidad para intervenir en una elección para salvar a un presidente afín o secuestrar en un operativo relámpago a otro porque no se disciplina a sus planes, se le impone al movimiento obrero organizado el desafío de recuperar una organización sindical con sentido de poder, voluntad de representar a la totalidad de la clase trabajadora y de liderar un gran frente patriótico, si ello no ocurre será muy difícil rescatar a la política de la profunda crisis que enfrenta, agotada en inexplicables tensiones, condicionada por injustas proscripciones y atrapada en una visión estrictamente electoralista que pareciera no comprender los límites que el sistema neoliberal la ha puesto a una democracia que apenas si respeta el derecho al voto.
Como en otros momentos de nuestra interminable historia de resistencias, lo que no surja desde las tradicionales superestructuras sindicales, habrá de venir de esa organización que se construye y crece ineludiblemente desde abajo mismo de la comunidad con la maravillosa creatividad de quienes en cada batalla por lo esencial están disputando, de manera consciente o no, un pedazo del poder popular que pretende ser definitivamente arrebatado por otro que actúa abiertamente por fuera de cualquier regla democrática.
(publicación original en radiografica.com.ar / 11 de octubre de 2026)
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AYSA: Negocio cerrado, derechos congelados, por Javier Touzón
Con la adjudicación del paquete accionario mayoritario, la red de agua y saneamiento del AMBA queda en manos privadas ¿Qué cambia para los usuarios y qué pasa con el histórico reclamo de agua potable en la periferia?
8 de octubre de 2026 — La escena se repite como un déjà vu trágico para la historia argentina. En los despachos del Ministerio de Economía, entre planillas de cálculo y discursos que celebran la lógica del mercado, se dio un paso decisivo para la privatización de AySA. Con la apertura de las ofertas económicas de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0003-LPU26, el Gobierno nacional avanza en la entrega del 90% de las acciones de la compañía a manos privadas, dejando apenas un 10% para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Entre las ofertas presentadas para asumir el rol de «operador estratégico», el Consorcio Rowing (integrado por Rowing S.A., Arcos, Transclor, PHX, entre otros) ofertó USD 340.200.000, mientras que el Consorcio Roggio Roas S.A.U. presentó un monto de USD 285.000.000.
La peor noticia en tiempos de riesgo hídrico
Las tormenta anunciadas por el fenómeno del Niño empeoran la situación en la barriadas populares y podría profundizar la falta de agua potable que padecen los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico. Quienes no solo se verán sometidos a una estructural carencia de agua para vivir sino a posibles inundaciones por falta de servicios de desagüe y cloacas que empeorarán el impacto de las tormentas.
Sin ir más lejos, hoy mismo, jueves 8 de octubre se anuncia posible falta de agua en distintos puntos de la zona oeste debido a una nueva inspección de Ríos Subterráneos en el Norte y Oeste del AMBA que se estará realizando durante la noche. Según informaron desde la empresa, la inspección de los tramos San Martín – Saavedra y Barrancas – Devoto se llevará a cabo para evaluar la situación estructural del río subterráneo. Después de un diluvio que azoto la región de AMBA, quizás no sea el mejor momento para tareas de infraestructura. Mientras empresarios y funcionarios festejan, los habitantes tratarán de sobrevivir en forma comunitaria a una situación insostenible.
La falacia del «costo cero» y el negocio del agua
Fiel al libreto oficial, el comunicado con el que la cartera de Economía festejó el avance de la licitación recurre a la estigmatización de la gestión pública. Calificando a AySA como un «modelo de disfunción administrativa», el Ejecutivo justifica el remate señalando los USD 13.400 millones recibidos en transferencias entre 2006 y 2023. Sin embargo, omiten deliberadamente que la extensión de redes de agua potable y cloacas en los barrios más postergados del Conurbano Bonaerense nunca fue ni será un negocio rentable para el capital privado, sino una obligación social e indispensable del Estado.
El nuevo esquema impone obligaciones de inversión al privado por más de USD 2.000 millones y un Plan de Acción contractual de $2,89 billones para el quinquenio 2027-2031. No obstante, la experiencia histórica en el país enseña que las metas de expansión en manos de concesionarios privados suelen quedar subordinadas a la rentabilidad financiera y al ajuste tarifario. Cuando los números no cierran para las empresas, los platos rotos los pagan los usuarios con tarifas impagables o con la suspensión de obras esenciales en la periferia.
Los trabajadores y las mayorías, los olvidados de siempre
El argumento de «cuidar los recursos de los pagadores de impuestos» encubre una retirada del Estado de su rol garante de derechos humanos fundamentales. El agua potable y el saneamiento no son mercancías sueltas en un mostrador de oferta y demanda; son condiciones esenciales para la salud pública, la dignidad y la vida.
Mientras las autoridades nacionales celebran que «la libertad y la Argentina avanzan» al ritmo de la enajenación del patrimonio público, los trabajadores del sector y las familias que aún esperan por una conexión de agua potable ven con incertidumbre cómo el acceso a un derecho primordial queda, una vez más, supeditado a la rentabilidad del mejor postor.
