Este último martes 16 de febrero, el rapero catalán Pablo Hasél fue detenido por la policía en la universidad de Lérida y desde allí trasladado a la prisión de Ponent para cumplir una condena de nueve meses impuesta por el Tribunal Supremo español en mayo de 2020 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y las instituciones del Estado.

Hasél fue condenado tanto por una serie de tweets como por el contenido de varias de sus rimas, todo considerado delictivo por la alta magistratura española. El rapero tiene otra condena anterior de dos años por hechos similares y otras tres más, ahora recurridas en instancias superiores, que sumarían tres años más de prisión. El encarcelamiento de Hasél desató una ola se protestas solidarias por toda la geografía española, ola que hoy domingo cumple su sexto día.

Más de 200 artistas, entre los que se encuentran Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Serrat firmaron un manifiesto pidiendo la libertad para Pablo. La bronca callejera va en aumento dada la brutalidad con la que los diversos cuerpos policiales están empleado para disolver las marchas y que ya en la primera noche hizo perder el ojo a una joven en Barcelona. El jueves 18 de febrero, el alcalde de valencia Joan Ribó, calificó desproporcionada la actuación de la policía nacional amen de calificarla como origen de la disipación social que se está viviendo.

Los medios hegemónicos y las bancadas parlamentarias socialistas y de derecha se han apresurado a descalificar la violencia de las marchas, y a justificar el monopolio de la violencia y soslayar el problema de fondo. Los ataques a la libertad de expresión, en el más amplio contexto de la deriva autoritaria que está tomando el Estado español y el occidente libre.

Los delitos de injuria a la corona y ultraje a España y el enaltecimiento del terrorismo, figura penal que está en vigor desde el año 2000, colisionan directamente con el derecho constitucional a la libertad de expresión. Desde 1995 son 150, por lo menos, las sentencias condenatorias por el primero de estos delitos, por cantar como Hasél “los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”, en referencia al rey español y a la sangrienta intervención militar de Arabia Saudita en Yemen.

Sin embargo desde 1995 España no ha movido pieza para derogar este articulo que limita la libertad de expresión de la ciudadanía en la critica a la corona española, al contrario, en 2018 el congreso de los diputados con los votos en contra del partido popular, ciudadanos y partido socialista rechazó la proposición de ley de Esquerra Republicana de Cataluña para que se despenalizara los delitos de injuria a la corona y de ultraje a España.

Otro de los delitos que entra en colisión con la libertad de expresión y para el que varias bancadas piden la derogación es el de enaltecimiento del terrorismo, una figura penal que entro en vigor en el año 2000. Desde entonces han sido condenadas 112 personas, entre ellos no pocas gentes de la escena como el rapero Valtonyc que hoy en día se encuentra en Bélgica, el grupo La Insurgencia o César strawberry, el frontman de Def con Dos. Aunque la de Pablo Hasél ha sido la primera de las condenas que ha llevado alguien a la cárcel y por eso se ha convertido en paradigma de lo que es la resistencia a los ataques a la libertad de expresión, se calcula que el total de las multas en relación a estos delitos y las asociadas a la ley mordaza pueden sumar mas de 600 millones de euros.

Para La Columna Vertebral, desde el país vasco. Álvaro Hilario.

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