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Ambiente

Córdoba: vecinos acampan para preservar el monte de una nueva autovía

Vecinos agrupados en la Asamblea Paravachasca se encuentran realizando desde el sábado 12 un acampe en el kilómetro 36 de la ruta provincial 5 para impedir que avance la obra de la nueva autovía, cuya realización supone una enorme amenaza ambiental al Valle.

Los asambleístas aseguran que la obra no posee la licencia ambiental y social requerida, en tanto que Caminos de las Sierras, la empresa provincial a cargo, aseguró que todos los procesos fueron cumplidos y “está el estudio de impacto ambiental aprobado”.

En el Estudio de Impacto Ambiental presentado, la Provincia reveló que en la primera diagramación del proyecto “se observaron algunos impactos muy significativos al entorno natural que hicieron cambiar la traza propuesta inicialmente, para minimizarlos. De esa manera se logró una traza que cruza cursos de agua y algunos sectores con alto valor ecosistémico, arqueológico, paleontológico y algunas zonas clasificadas de bosque nativo pero que, para la ampliación propuesta de la ruta 5, resulta la más equilibrada desde lo técnico y lo ambiental”.

La organización de los vecinos logró que las máquinas se detuvieran. Sin embargo, esto acarreó un enorme nivel de tensión, luego de que la Policía provincial se presentara en el lugar con una orden de desalojo emitida por la Fiscalía 1 de Alta Gracia, que hasta este martes no se había hecho efectiva.

Desde la Asamblea indicaron que el desalojo no se llevó a cabo porque la copia del amparo ambiental colectivo en contra de la obra presentado en agosto de 2021 llegó tardíamente a manos de la fiscalía. A su vez denunciaron que, a pesar de este reclamo legal que cuestionaba el estudio de impacto ambiental aprobado por la Provincia, las máquinas ya habían comenzado el desmonte y que los algarrobos, aromos y espinillos destrozados fueron enterrados para ocultar las pruebas.

La autovía de Paravachasca, de 27,7 kilómetros entre Alta Gracia y Villa Ciudad de América, fue dividida en 4 tramos para su licitación. La obra prevee extender la autovía ya existente entre Córdoba y Alta Gracia. El Valle de Paravachasca es el único en el cual el trámite de adjudicación ya concluyó, a pesar de los reclamos de los vecinos, en tanto que en el resto de tramos los trámites se encuentran en las etapas finales.

Fuente: LA VOZ

La obra, cuyo presupuesto estimado es de 6.600 millones de pesos, fue avalada por una resolución del Ministerio de Ambiente en la cual se puntualizó que la traza afectará 138 hectáreas, de las cuales 118 cuentan con vegetación introducida o cultivos rurales, seis son de monte que combinan especie nativas con exóticas y 13 con bosque autóctono en buen estado.

Alejandra Perisett, integrante de la Asamblea, denunció que las obras en Paravachasca ya comenzaron a pesar de que el juez Leonardo Massimino,  encargado de la Cámara Contenciosa Administrativa 1ra de los Tribunales ordinarios de Córdoba, jamás se expidió acerca del amparo presentado en 2021. “Entendemos que estamos protegiendo un bien mayor, y que no tiene que ver con la protección de un bien privado, sino con el cuidado del ambiente”, señaló.

Más allá del desmonte, la obra afectará otros factores para los habitantes de la zona. “No tenemos agua potable, no hay planificación del uso del suelo, en donde había una casa ahora hay cinco cabañas, en temporada explota todo, en el verano muchos nos intoxicamos por el agua que tomamos. Todo esto se va a agravar y potenciar con la explotación que va a traer una autovía en términos inmobiliarios”, explicó en el acampe una vecina consultada por el sitio Enfant Terrible.

“Tampoco hay una planificación en el tratamiento de los residuos y nos preocupa porque contamina las napas. Las escuelas están explotadas, no hay bancos, hay niños de esta localidad que tienen que viajar a otras para estudiar. Todas estas temáticas están vinculadas con lo que trae este supuesto progreso que está afectando un modo de vida, un ecosistema, un ambiente en el que tratamos de vivir respetuosamente”, indicó.

Por otro lado, los vecinos sostienen que los procesos de información y participación no existieron o fueron incompletos, con Audiencias Públicas virtuales en una zona con problemas de conectividad. “Cuando pedimos la información en las comunas, nos mienten o nos dan información certera. Han pasado no solamente por encima del monte, también están pasando sobre nosotros como vecinos y vecinas. Además de la ilegalidad en términos ambientales, también es ilegal porque pasa por encima del consenso social”.

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Ambiente

Megaminería: vecinos de Choya denuncian un “estado de sitio” de la Policía provincial para que avance el proyecto MARA

Los vecinos y vecinas de Choya que resisten hace casi dos meses el avance del proyecto MARA, que abre las puertas a tres megaempresas mineras a que destruyan la montaña, denuncian que a la ola de detenciones sufridas en las últimas semanas se suma un “estado de sitio” por parte de la Policía provincial para facilitar el avance de las compañías.

Desde el inicio, los vecinos de Choya protestan señalando tres leyes que debieran imposibilitar la realización del proyecto: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.

Amparados en dichas normas, los protestantes detuvieron hace semanas varios vehículos que se preparaban para subir a la montaña y comenzar los trabajos de explotación. Por dicha razón, denuncian que desde la Policía provincial se está llevando a cabo un estado de sitio en la comunidad.

El último hecho se dio el martes, cuando el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, según afirman desde la asamblea.

“En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”, narró Sergio Martínez, integrante de la asamblea El Algarrobo, acerca de la represión estatal. “Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”

Rosa Farías, integrante de la asamblea desde 2010, aseguró que la policía “no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.

“El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”, puntualizó Sergio.

Este sábado, como todos los sábados hace 12 años, el pueblo de Andalgalá realizará una nueva caminata contra la mina y por “nuestra vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bienes comunes”. Será la número 643. Lamentablemente, a medida que aumenta el número de protestantes, también aumenta el número de detenidos.

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Ambiente

Santiago Machado: “El Gobierno de Catamarca es empleado de las mineras”

Santiago Machado, integrante de la agrupación Bienaventurados los Pobres, de Catamarca, se refirió a la represión sufrida por habitantes de Choya que se manifestaban en contra de la megaminería, aseguró que el proyecto de minería MARA – Agua Rica quiere comenzar a trabajar a pesar de no tenerla habilitación y criticó la inacción de los políticos provinciales y nacionales.

Una protesta antiminera llevada a cabo por ambientalistas que cortaron la ruta de acceso a la minera Agua Rica terminó con varios manifestantes heridos y una detenida, razón por la cual distintas asambleas realizaron una multitudinaria marcha en el centro de Andalgalá. Según las distintas versiones, la policía disparó con balas de goma, en tanto que los manifestantes se defendieron con palos y piedras.

“Esta empresa no está autorizada para la explotación minera, está en infracción. Lo que hicieron fue un corte selectivo en un camino de alta montaña, estamos hablando de arriba de 4500 metros de altura, pidiendo la presencia del gobernador por los daños que están haciendo en el proceso de explotación”, explicó Machado. “En el Gobierno son más empleados de la minera que funcionales a su pueblo, entonces mandaron fuerzas de seguridad de tipo especiales. Bajó la policía, los reprimió, hubo una detenida, varios heridos de bala de goma y más procesados. Ya hay alrededor de 30 o 40 procesados penalmente en donde el Estado está en defensa de la empresa denunciada contra las personas del pueblo de Andalgalá”, indicó.

La Asamblea El Algarrobo volvió a pedir en un comunicado la presencia del gobernador Raúl Jalil para transmitirle la disconformidad de la población con respecto al proyecto de MARA en la región.  “Los puestos de trabajo no son ciertos. Eso es en un momento donde se empieza a hacer la exploración y explotación y se trabaja con infraestructura. Después los otros trabajos son muchos menos”, explicó Machado. “Aparte poner en la balanza el daño al ambiente, a las personas, a la localidad, que ellos reconocen que el daño es perpetuo, con puestos de trabajo es irrisorio. Es una burla que el Estado pretenda que la gente ponga en la balanza qué vale más: hoy 3 mil puestos de trabajo o los daños a la perpetuidad que van a generar en el medio ambiente por un proyecto minero en donde ni siquiera nos preguntaron a las comunidades que somos parte del territorio qué es lo queremos para el territorio. Porque esta es la cuestión de fondo: la autonomía de los pueblos”, concluyó.

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Ambiente

Evalúan permanencia de un herbicida en el suelo de una arrocera

En el Día Internacional de la Tierra, la Universidad Nacional del Noreste dió a conocer las conclusiones de un estudio llevado a cabo por científicos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE sobre el impacto de herbicidas en el suelo concluyó que en el caso del plaguicida investigado, el Ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA), ‘sus moléculas pueden ser adsorbidas o retenidas por coloides presentes en el suelo, arcilla y materia orgánica”.

De acuerdo a la información difundida por la Universidad Nacional del Noreste, los “compuestos de la industria química junto a una larga lista de productos farmacéuticos, se consolidan cada vez más como agentes contaminantes del medio ambiente”. Un sector de la comunidad científica tomó a su cargo el seguimiento sobre el destino ambiental de estos productos, centrándose en los procesos de tratamiento de las aguas residuales, en los ambientes acuáticos, y en los lodos de depuración, sin embargo, poco se sabía acerca de su comportamiento en los suelos agrícolas.

Un equipo de investigadores del Laboratorio de Investigaciones en Tecnología Ambiental (IQUIBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, encabezado por la doctora Nelly Jorge, enfoca su estudio en la “movilidad de contaminantes emergentes en suelos agrícolas de Corrientes”.

El último trabajo publicado por el equipo de la doctora Nelly Jorge es el referido al seguimiento de un herbicida ampliamente utilizado en cultivos de arroz en diferentes zonas de la provincia. Los resultados de la investigación publicada en la Chimestry Research Journal dan cuenta que el MCPA se adsorbe fuertemente al suelo. 

La adsorción del MCPA significa que el suelo retiene gran parte del herbicida y allí se degrada por acción de la actividad microbiana. Los resultados mostraron además que la sorción del herbicida por el suelo, sugiere la no contaminación de las aguas subterráneas. Según el estudio, la permanencia del plaguicida en el suelo puede ser de 2 meses. Para llegar a estas conclusiones, se realizaron estudios de cinética de adsorción del MCPA en un suelo de cultivo de arroz en función del tiempo y de la temperatura. Los resultados de esos estudios brindan un valor que se denomina tasa de absorción del herbicida en el suelo, que tiene la misma forma que cualquier proceso químico y que posibilita conocer los efectos del transporte (del herbicida) y su persistencia en la zona del cultivo.

Los suelos utilizados en el estudio provienen del sitio cercano al área de siembra de arroz de Mercedes y es del tipo Argiacuol (arcilloso fino). Las muestras fueron tomadas en el invierno de 2016 a diferentes profundidades para diferenciar las zonas afectadas por el trabajo del suelo.

Con los resultados de la investigación en la mano, la doctora Jorge deja abierto el camino para indagar sobre el efecto del uso de otros contaminantes, ya sean herbicidas o fármacos. “La pregunta inmediata es, conocer qué riesgos estamos enfrentando al utilizar aguas procesadas que aún mantienen cierto porcentaje de contaminación y qué papel juegan la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de pesticidas y antibióticos, respectivamente”.

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