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Successión.De cómo Ernestina truchó un testamento, por Juan José Salinas

Investigación realizada por el autor a lo largo del año 2005

Publicada completa por primera vez en su portal pajarorojo.com.ar en el 2011

PARTE I

El testamento que le permitió a Ernestina Herrera heredar el diario Clarín de Roberto Noble, su esposo anciano y convaleciente, presenta tal cúmulo de irregularidades que bien puede definirse como “trucho”, según surge de la demanda judicial que le hizo hace casi 28 años Guadalupe, la única hija de Noble.

Corría abril de 1978, en plena dictadura militar, cuando la joven Guadalupe Noble denunció y demandó a su madrasta Ernestina por “redargución de falsedad; nulidad contra un testamento y simulación”, explicó Ana Elisa Feldman de Jaján, leyendo un escrito.

“Es un testamento trucho por donde lo mirés”, sentenció luego aquella tarde de la primavera del año 2005. Estábamos en el jardín de invierno del amplio departamento de planta baja que los Jaján tenían en la calle Paraná entre la avenida Santa Fe y Paraguay.

Radargüir quiere decir “convertir un argumento contra quien lo levantó”, es decir, reconvertirlo, darlo vuelta, hizo notar Ana Jaján, que pasó largos años de su vida estudiando al Grupo Clarín y sus modus operandi.

Ernestina y Roberto Noble

Durante más de una década, Ana había reunido una ingente cantidad de material y presentado innumerables escritos en los estrados de la Justicia. Por entonces escribía una biografía no autorizada de Ernestina Herrera de Noble, la que registró con el título “Del cabaret al imperio de las comunicaciones” pero que en sus charlas con el abogado, periodista y ex delegado general de Clarín, Pablo Llonto, dijo que quería publicar con el título de “La Apropiadora”, tal como quien escribe le había sugerido.

Libro inédito sobre Ernestina: “Del cabaret al imperio de las comunicaciones”

Ana murió hace ya casi dos años. Su libro permanece inédito en manos de familiares suyos que, por alguna razón, no quieren que se publique.

Engatusado

Pero aquella vez, con una copia de la demanda judicial en la mano, Ana recordó que el abogado Juan Carlos Gentile Pace, en representación de la veinteañera Lupita (como la llamaba su padre para distinguirla de su madre, la mexicana Guadalupe Zapata Timberlake), había impugnado el quinto y último testamento firmado por Roberto Noble.

El engaño había sido organizado por Rogelio Frigerio que temía que si Lupita heredaba el diario terminaría el ferreo control político que el mismo ejercía

El fundador del diario Clarín, dijo Ana, había suscripto ese quinto testamento porque estaba muy disminuido a causa de un ACV. A ella le resultaba evidente que lo habían engatusado.

Noble y su hija Guadalupe en brazos

El engaño, siguió diciendo, había sido organizado por Rogelio Frigerio, el ideólogo y jefe del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que temía no sin motivos que si Lupita heredaba el diario, terminaría el férreo control político que ejercía sobre el mismo.

Ese testamento, agregó, había contradicho de manera flagrante a los tres anteriores, en los que los que Noble había declarado a su única hija, Lupita, su única heredera.

Martos, un estratega

La demanda por redargución, etc. había sido presentada por Gentile Pace, en el Juzgado Nacional Civil nº 1 (cuya titular era la doctora Montes de Oca), secretaria Berzosa de Naviera, en el marco de los autos caratulados “NOBLE, Roberto Jorge, s/Sucesión testamentaria”.

La jugada había sido minuciosamente planeada por otro abogado, Ramón Martos, amigo del marido de Ana, Emilio Jaján y mentor de Gentile Pace. “Martos era muy pero muy inteligente, un verdadero estratega”, explicó Ana.

Martos, Ernestina, Magnetto y demás directivos-accionistas entraron en pánico ante la perspectiva de perderlo todo a manos de Lupita

“Tal como lo había calculado Martos, Ernestina, Héctor Magnetto y los demás directivos-accionistas de Clarín entraron en pánico ante la perspectiva de perderlo todo a manos de Lupita”, agregó.

Según la demanda cuya copia blandía Ana, Lupita demandó a los titulados escribanos Idelfonso Lázaro José Ingaramo, Alberto Antonio Poch y Tomás García, así como al gerente general de Clarín, Héctor Cabezas y a la mismísima Ernestina, acusándolos de haber intervenido en la gestación del testamento póstumo de Noble.

En cambio, no demandó al quien todo indicaba  había sido el cerebro de la maniobra, el escribano Mario Asconchilo, escribano de Noble y de todas sus empresas. Asconchilo y Noble habían vivido en el mismo edificio de la avenida Santa Fé 1664-68. Noble ocupaba los pisos 11 y 12, Asconchilo, el primero.

La razón por la que Lupita se había abstenido de demandar a Asconchilo era simple: para entonces ya se había muerto. A continuación, una síntesis de la historia tal como la narró Ana, de acuerdo a las notas que el cronista tomó entonces.

En nombre de Lupita, el abogado Manuel Gentile Pace impugnó el quinto testamento de Noble, registrado con el número 224 por Asconchilo, “que se dice otorgado” por él y registrado “en el folio 713, escritura número 238, del día 15 de julio de 1968”.

Sin testigos

Al impugnarlo, el escrito precisó que Ingaramo, Poch y García aparecían como “testigos” de su dictado; Ernestina como “beneficiaria” y Cabezas, que había “desempeñado un rol fundamental en todo lo relativo a la redacción y (conseguir la) firma” de Noble, aparecía como legatario.

La firma de ese testamento por Noble fue el resultado de un ‘plan de acción ejecutado de común acuerdo’ entre Cabezas y el finado Asconchilo

Y es que según el escrito firmado por Gentile Pace y todo indica que pesado si no directamente redactado por Martos, la redacción y firma de ese testamento por Noble fue el resultado de un “plan de acción ejecutado de común acuerdo” entre Cabezas y el finado Asconchilo.

La demanda reputó como absolutamente falso que los supuestos testigos Ingaramo, Poch y García hubieran podido actuar como tales, pues, precisaba, “nunca vieron ni conocieron” a Noble.

Guadalupe ‘Lupita’ Noble, la desheredada

Todo el aspecto formal del supuesto testamento, sostuvo, “es de una escandalosa mendicidad” puesto que ni Roberto Noble compareció ante Asconchilo, “ni es sincera la fecha en que se dice redactado”, ni fue leído, escrito, ratificado y firmado en un solo acto en presencia de Ingaramo, Poch y García, ni éstos vieron al testador –al que por otra parte, como ya se ha dicho, no conocían– en el acto de la escritura, ni, mucho menos, lo oyeron ratificar su contenido. Ni, como es obvio, lo firmó ante ellos.

“Estamos ante una grosera falacia”, el escrito en nombre de Lupita. Y agregó: “Vamos a probar también por qué medios deshonestos la cónyuge se apoderó de la herencia desplazando a la hija” de Noble.

Todo falso

La demanda firmada por Gentile y craneada por Martos sostuvo, en síntesis, que todas las declaraciones que contiene el controvertido quinto testamento “son falsas” como una perla de cristal. Y que Asconchillo, con la colaboración de Cabezas, creó “un testamento falso desde el punto de vista ideológico”, siendo también falsas “las formalidades que se dicen cumplidas para darle validez al acto y que en realidad nunca se cumplieron”.

Por ejemplo las supuestas declaraciones atribuidas al testador que éste jamás realizó, la presencia de los supuestos testigos, etc. Para mayor abundancia se refirió también a su “mendacidad en cuanto a la profesión de los supuestos testigos”. Ingaramo, Poch y García habían declarado ser de profesión escribanos pero lo cierto es que jamás la habían ejercido.

“Profesión”, según el diccionario de la RAE es “Empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente”, y según el Vocabulario Jurídico de Eduardo J. Couture (pág. 484) la “Dignidad, arte u oficio que ejerce una persona en forma normalmente habitual y pública”.

La demanda pidió que se librara oficio al Colegio de Escribanos de la Capital Federal, lo que permitiría corroborar que aquellos “no ejercían tal profesión a la época de redacción del testamento, ni antes ni después”, sino que “eran simples testaferros” de Asconchilo.

“La declaración de su profesión de escribanos por parte de los tres oculta que eran dependientes del escribano Asconchilo (…) ninguno de ellos ejercía la profesión de escribanos como titulares o adscriptos a registros notariales”, insistió.

Dependientes

Al ser García, Poch e Ingaramo dependientes, como quien dice meros empleados del escribano Asconchilo, se violó el artículo 3037 del Código Civil, que dice que no pueden “ser testigos en los testamentos los parientes del escribano dentro del cuarto grado, los dependientes de su oficina ni sus domésticos”.

El diccionario de la RAE define a “dependiente” como “el que sirve a uno o es subalterno de una autoridad”, y el ya mencionado Vocabulario… afirma que es la “calidad o condición del que está ligado a otro por una relación de subordinación, derivada normalmente de su empleo, y de índole tal que le quita idoneidad para actuar como testigo”.

Ernestina Herrera, la mujer más fuerte del país en tiempos de dictadura.

Parte 2

El modus operandi

La falsedad ideológica del testamento por el que Ernestina Herrera de Noble heredó el diario Clarín de su reciente y anciano esposo parece tan clamorosa como evidente,  y no sólo ni principalmente por las sospechas de que Roberto Noble no estaba en la plenitud de sus facultades mentales, sino, sencillamente, porque ese acto careció de testigos válidos.

Como ya se explicó, los tres testigos necesarios – Idelfonso Lázaro José Ingaramo, Alberto Antonio Poch y Tomás García– se presentaron en dicho testamento como de profesión escribanos, en un pie de igualdad con el  escribano interviniente, Mario Asconchillo, pero resultó que jamás habían ejercido como tales y dependían laboralmente de Asconchilo.

Hasta la sanción de la Ley 15.875 -promulgada en octubre de 1961- recordó la demanda, todos los actos que se realizaban con la intervención de un escribano público requerían por lo menos de dos testigos.

Testigos multifunción

Según los protocolos de la escribanía Asconchilo, puntualizó seguidamente, en las 693 escrituras realizadas en 1960, Poch apareció como testigo en el 98 por ciento, e Ingaramo en el 80 por ciento. No hubo una sola en la que no apareciera  alguno de ellos. “Hay días en que Poch e Ingaramo deben permanecer todo el día en la escribanía, para atestiguar en todas las escrituras que intervienen”, señaló.

La demanda presentada en nombre de Lupita por el abogado Manuel Gentile Pace y pergeñada por el estratega Martos ofrece ejemplos incontrastables: Ingaramo y Poch llegaron a firmar nueve escrituras el 1 de febrero de 1960, ocho el 16 de marzo de ese mismo año, seis el 11 de febrero y también el 2 de marzo, y cinco el 7 de enero, el 10 de febrero y el 28 de marzo.

Precisamente, la Ley 15.875 eliminó los testigos de las escrituras públicas con excepción de los testamentos “para poner coto definitivo a una corruptela de los escribanos”. Al fundamentar la necesidad de la reforma del Código Civil mediante esta ley, el diputado Héctor Angaromi (UCRP) dijo respecto a los testigos de aquellos actos que:

“Es difícil obtener su concurrencia, tan difícil que ya no se busca su presencia, sino que se procura la ulterior firma, como si su asistencia hubiera sido cierta. Ajustados a lo verídico, es absurdo que se mantenga una exigencia legal para hacer valer afirmaciones de testigos que, no estando presentes, digan presuntamente verdad cuando en realidad dicen mentira”.

Mentiras a repetición

La reforma no alcanzó al artículo 3654 del Código Civil que dispone que “El testamento por acto público debe ser hecho ante escribano público y tres testigos” por cuanto no hay contraparte, explicó el escrito. “Al ser actos de última voluntad del testador, se producen con posterioridad a su fallecimiento, con lo que queda descartada cualquier posibilidad de que aquel los controle”.

En este contexto, Asconchilo continuó con el régimen corrupto anterior a la Ley 15.875 usando casi invariablemente como testigos a Poch, Ingaramo y García en los testamentos que registra su protocolo a partir de 1962.

Hay casos en que en un solo día se han redactado y firmado siete testamentos, con la intervención complaciente de los ‘testigos’

Un registro a vuelo de pájaro sobre dicho protocolo permite ver que en dos testamentos refrendados por  Asconchilo en 1962 aparecen como testigos Ingaramo y Poch, y en uno Poch y García. El 3 de septiembre, y también el 22 de octubre,  Poch e Ingaramo llegaron a intervenir en  9 (nueve) escrituras de protesto. En el primer tomo del protocolo correspondiente al año 1963 se abre con un record que se diría imposible de igualar: el 2 de enero este dúo interviene en 15 (quince) escrituras de protesto. En ese tomo hay 147 escrituras, de las que 96 corresponden a protestos de págares, y en todas intervienen Poch e Ingaramo.

Único testigo

Saltemos tres años para evitar el agobio de una incesante repetición. En julio y agosto de 1966, sobre cuatro testamentos registrados, en todos aparece como testigo Ingaramo, y en una revocatoria de testamento, los hacen Ingaramo y García. Durante ese año, Asconchilo registra nueve testamentos y en todos aparecen como testigos Ingaramo y Poch. Ambos también aparecen en los cuatro testamentos registrados en agosto de 1967.

“Puede decirse así que, si no en todos, en la inmensa mayoría de los testamentos refrendados por el escribano Asconchilo el único testigo es él mismo”, sintetizó la demanda. “Hay casos en que un solo día se ha redactado y firmado siete testamentos, por supuesto con la intervención complaciente de los ‘testigos’ Ingaramo, Poch, García y el inefable portero de la casa de departamentos de Avenida de Mayo 953”, Manuel Rodríguez Días, agregó.

Parte del inventario

Antes y después de la sanción de aquella ley, Ingaramo y Poch “forman parte del activo fijo como las máquina de escribir, los folios del protocolo, las mesas y mostradores de los empleados, la tinta, los lapiceros, etc., que constituyen el conjunto de bienes muebles” de la escribanía Asconchilo, se regodea el escrito de Gentile-Martos. El dúo era parte del inventario “hasta el punto de que a veces Poch e Ingaramo protestaban pagarés de Agea”, lo que vuelve evidente que lo hacían en nombre de Asconchilo.

Además del quinto testamento de Noble, en 1968 el escribano Asconchilo registró otros cinco testamentos en los que aparecen como testigos Ingaramo, Poch y Rodríguez Dias. Y en 1969 registró siete testamentos en los que aparecen como testigos aquellos tres y también García.

Cabezas, el hombre de confianza 

La demanda de Lupita negó que su padre hubiera comparecido en la escribanía Asconchilo para dictar su último testamento, protocolizado el 3 de agosto de 1967. “Nunca, por ningún concepto”, sostiene, Noble había concurrido a la escribanía y ademáss resultaba obvio que “el trámite de la firma no estuvo a cargo del escribano”, sino que Asconchilo “le entregó el protocolo, como habitualmente lo hacía  con otras escrituras” a Cabezas, “quien lo llevó al Dr. Noble y lo hizo firmar”.

Y es que Cabezas –precisó la demanda– era para Noble “la persona de su más absoluta confianza”, al punto de que, al morir Noble “la totalidad del paquete accionario  de Agea se encontraba en una caja de seguridad de La Caja Obrera de Montevideo a su nombre.

El ataque le sobrevino a Noble en medio de una feroz pelea con Ernestina

Al morir Noble y abrirse la sucesión –sostuvo el escrito–, se hizo un arqueo del tesoro de Agea en busca de dichas acciones, las que fueron aportadas al juzgado por Cabezas luego de ir a buscarlas a Montevideo. Está información surge del escrito presentado a fojas 139-142 del juicio sucesorio con el título “Denuncia bienes”, escrito que firmaron ambas partes. La abogada Carmen F. Cruz de Giordano Romero lo hizo con el patrocinio letrado de sus colegas Gerardo C. Giordano Romano y Manuel J.P. Cruz en representación de Ernestina,  y Martos –con el patrocinio letrado de Gentile Pace– en representación de Lupita.

Baldado y afásico

Si era falso que Noble hubiera concurrido personalmente a la escribanía Asconchilo para dictar testamento –continuó la demanda–, también lo era que lo hubiera hecho de viva voz, puesto que padecía una lesión cerebral que se lo impedía.

Y es que cuando en enero de 1967 Noble se encontraba en su estancia cordobesa de La Loma, había sufrido un derrame cerebral “que lo había dejado baldado, y que entre otros estropicios le afectó el centro del habla.”

Ana Jaján decía saber de fuentes directas que el ataque le sobrevino a Noble en medio de una feroz pelea con Ernestina, y que así lo narraba en su inédita biografía no autorizada de Ernestina..

Una notable merma de intelecto

Como fuera, a causa de sus limitaciones físicas, desde entonces Noble tuvo como residencia habitual a su estancia cordobesa –si bien realizó esporádicos viajes a Buenos Aires, y uno al extranjero– hasta que sufrió un nuevo ataque cerebral. Dos años después falleció  de un infarto.

El primer ataque –destacó la demanda de Lupita– le causó a su padre “una pronunciada incapacidad en la dicción” de la que no se recuperó hasta el día de su muerte, además de “una notable merma en su capacidad intelectiva y otras secuelas” que permiten asegurar que “no volvió jamás a adquirir la plena lucidez mental”.

Imposibilitado de poder hablar de corrido y “poseído de un profundo complejo de  inferioridad por tal padecimiento –siguió exponiendo– se excluyó tanto de la dirección del diario como de la vida política y social” hasta su muerte.

Relegado

Prueba de ello –señaló la demanda– fue que “ni en 1967 ni en 1968 Noble concurrió a lo que él mismo había calificado en numerosas oportunidades como el acto más trascendental de su vida: los aniversarios de la fundación de Clarín”.

Efectivamente: desde el 28 de agosto de 1945, Noble estuvo siempre presente en los fastos celebrados en la redacción del diario. En su defecto, el diario informaba a los lectores que Noble no había podido estar presente por encontrarse en el extranjero.

Pero en los aniversarios de 1967 y 1968 Clarín nada informó sobre el paradero de su fundador.

La demanda le sirvió al trío Lupita-Gentile Pace-Martos para negociar nuevas y mejores prebendas por parte de Ernestina, Magnetto & Co.  Obtenidas las cuales, se la retiró.

Pero nunca nadie refutó que las cosas que en ella se afirmaron fueran verdaderas.

Continuará…

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Carta desde el País del Nomeacuerdo, por Hernán López Echagüe

Esta semana, el Archivo LCV incorpora una nota publicada en la revista Humor, publicación que funcionó como un faro en tiempos de dictadura, y fue crítica con el menemismo. Conviene recordar el marco dentro del cual HLE escribía una serie de cartas a un amigo imaginario

En 1989 , Carlos Menem indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; a líderes y miembros de organizaciones armadas revolucionarias (algunos de ellos ya desaparecidos); a los ‘carapintadas’ que se rebelaron contra la democracia en la Semana Santa de 1987 y en 1988; y, finalmente, a los integrantes de la Junta de Comandantes condenados por los delitos cometidos durante la guerra de Malvinas.

Seis decretos firmados en diciembre de 1990 indultaron, finalmente, a todos los miembros de las Juntas Militares condenados en tiempos de Alfonsín (1985) y otros genocidas con proceso abierto. Quedaron afuera: Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps, Suárez Mason, Ovidio Richieri, Martínez de Hoz. También indultó en ese diciembre a Firmenich y Norma Kennedy.

Hoy recuperamos para el Archivo LCV, una nota publicada en la revista Humor de Hernán López Echagüe. Por entonces, un joven apenas retornado del exilio que iniciaba sus primeros pasos en periodismo. Llevábamos siete años de democracia y los indultos de Menem eran una marcha atrás de todas las conquistas en Derechos Humanos. Hoy Carlos Menem es el único presidente del siglo XX que tiene su retrato en el Salón de los Próceres de la Casa Rosada.

Carlos Menem, presidente 1989-1999

Carta desde el País del Nomeacuerdo

Publicado en la revista Humor, diciembre de 1990.

Che, me olvidaba de algo. Hubo una época en que las personas se pusieron a desaparecer, de pronto, de la noche a la mañana. Sin pausa. Cientos y cientos de personas de toda edad que se ponían a no estar nunca más. Y los ojos de los vecinos no percibían nada. Y las bocas de los vecinos parecían bocas sin fundamento, o quizá con fundamento no más que para abrirlas y tragar fideos italianos, galletas alemanas, quesos franceses. ¡Vinos de Portugal por dos mangos! Había mazapán en las venas. ¿Te acordás? ¿Te acordás del general Acdel Edgardo Vilas? Decía el tipo: “Los mayores éxitos los conseguimos entre las dos y las cinco de la mañana, la hora en que el subversivo duerme (…) Yo respaldo incluso los excesos de mis hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”. ¿Te acordás? ¿No? Pero quizá te acuerdes del general Ibérico Saint-Jean que, entre otras cosas, se hizo famoso por su frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. O del general Jorge Rafael Videla: “En la Argentina morirán todos los que sean necesarios para acabar con la subversión”. Años más tarde, ya en democracia, al amparo del indulto que le había obsequiado Menem y en tanto se mojaba el garguero con whisky importado durante una cena de camaradería, Videla celebró la matanza, y, con aires de asesino ocurrente, soltó: “La sociedad argentina tendría que habernos pagado por los servicios prestados”.

Luego, a partir de diciembre de 1983, la historia incontrastable del exterminio selectivo que habían tramado los militares con toda meticulosidad cobró vida a partir de relatos de toda naturaleza: jurídico, periodístico, novelesco, televisivo, cinematográfico. Supongo que te acordarás de La historia oficial, también del Nunca más, y, desde luego, del histórico juicio a las Juntas. Fueron años de dolorosas e interminables reconstrucciones. Que a Esteban se lo llevaron de su lugar de trabajo una tarde, a los golpes; que a Cristina, que estaba embarazada, la sorprendieron en la calle, la ocultaron en alguna catacumba, la asistieron en el parto, le robaron el hijo y después la asesinaron; en la casa de Jon, que de la vida no esperaba más que recibirse de ingeniero, casarse y tener un par de hijos, el grupo de Tareas se instaló a lo largo de una semana… Y ya no están, nunca más volverán a estar.

A partir de diciembre de 1983 el dolor se transformó en cifras: más de cuatro mil desaparecidos en 1976; trescientos cuarenta y dos por mes; once cada día. Más de tres mil en 1977; doscientos treinta y ocho por día… Cifras y más cifras. Contados cuerpos. Personas que nunca jamás volvieron a aparecer. Y ahora los ojos han vuelto a cerrarse, los oídos a enlodarse, las bocas a callar.

En fin, no era mi propósito amargarte. Pero el País del Nomeacuerdo es hoy una realidad ineluctable.

Otro abrazo.

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El origen de los 30.000 desaparecidos. Investigación de Oscar Taffetani

El 9 de diciembre de 2016, un despacho de la agencia Télam envió a los medios el resultado de una investigación sobre los antecedentes documentales de los 30.000 desaparecidos, cifra que se convertiría en símbolo de la lucha contra la dictadura genocida primero y del reclamo de verdad y justicia después. Ciertos negacionistas locales, imitando a los negacionistas de la Shoá y de los otros genocidios del siglo XX, pretenden reducir la valoración de esas tragedias históricas a la exactitud de unos pocos datos que son variables y casi siempre inverificables. La investigación –rescatada del archivo de Télam- nos invita a remontarnos al origen verdadero de esa cifra que fue inicialmente calculada por el terrorismo de Estado, pero que fue resignificada por la lucha de varias generaciones argentinas.

En una carta fechada el 2 de enero de 1976 y dirigida al escritor cubano Roberto Fernández Retamar, el narrador argentino Haroldo Conti, referente del FAS y vinculado con el PRT-ERP, hace una alhelante predicción: “Me acaba de informar muy confidencialmente mi cuñado, que es militar, que se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive los servicios de Inteligencia calculan una cuota de 30 mil muertos”. Consultado Retamar sobre la autenticidad del documento, respondió a quien esto escribe: “La carta que me envió el compañero Haroldo el 2 de enero de 1976 se encuentra en el archivo de la Casa de las Américas”.

“También publiqué dicha carta -agregó Retamar- en mi libro ‘Fervor de la Argentina’, que apareció en Buenos Aires en 1993 y tuvo reedición cubana”. A cuatro décadas de ser escrita, esa carta de Haroldo, lo mismo que el contexto histórico, merecen una reconstrucción.

No fue aquella la primera vez en que Haroldo Conti dio a entender que disponía de información de Inteligencia, por contactos propios –-no sólo familiares– en las fuerzas armadas y de seguridad. En otra misiva, también dirigida a Retamar y fechada el 15 de octubre de 1973, dice: “Acabo de enterarme por una persona de mi amistad, que corrió el riesgo para informarme, que en una orden que se distribuye entre los comandos de asalto hay una lista de unas 30 personas a liquidar. Yo figuro entre las primeras. Otro es Rodolfo Mattarollo, director de ‘Nuevo Hombre’, abogado de presos políticos, entrañable amigo de quien les hablé más de una vez” (el abogado Rodolfo Mattarollo, autor de un temprano ensayo sobre la obra de Haroldo Conti, participó en aquel tiempo de la revista Nuevo Hombre y de la última época del diario El Mundo, ambos medios vinculados con el PRT-ERP).

Haroldo Conti: “Calculan 30.000 muertos”

Ahora, veamos lo que escribió desde las antípodas, en su autobiografía “Yo fui Vargas”, el capitán del Ejército y criminal dos veces condenado Héctor Vergez, quien después de haber actuado en la represión ilegal en el área del III Cuerpo de Ejército y después de haber sido denunciado en Córdoba por apropiación y venta de bienes de desaparecidos, pasó a actuar como agente encubierto del Batallón 601 de Inteligencia, en Buenos Aires:

“Cabe advertir al lector no informado o a menudo desinformado –dice Vergez- que la lucha con la delincuencia subversiva fue una lucha de Inteligencia y que los medios y apoyos del terrorismo sobrepasaron muchísimas veces los del Estado argentino”, agregando en otro pasaje y aludiendo específicamente al aparato de inteligencia del PRT-ERP: “La reunión informativa se realizaba, lógicamente, a través de infiltrados en los diversos ‘frentes’ o ámbitos sociales, empresariales y políticos”.

Podemos descontar que si Haroldo Conti y Rodolfo Mattarollo ya figuraban en las listas de “objetivos” de los organismos de Inteligencia en octubre de 1973, también lo estaban el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo el golpe de Estado que inició la dictadura del Proceso. No pasó mucho, desde el día del golpe, hasta que fue secuestrado Haroldo Conti, la madrugada del 5 de mayo de 1976, en su domicilio de Fitz Roy 1205, Villa Crespo, Buenos Aires.

El GT1 del Primer Cuerpo de Ejército reforzado con PCI (personal Civil de Inteligencia) que, según documentos disponibles, realizó el operativo, también se llevó a un presunto compañero de militancia de Haroldo llamado Héctor Fabiani, que pernoctaba en la casa y que había quedado al cuidado de los niños, aunque el grupo de tareas optó por dejar allí (presumiblemente, porque prefirieron llevar en sus automóviles el producto del saqueo) a Marta Scavac, pareja del escritor, lo mismo que a su hijo Ernesto, de apenas tres meses, y a la niña Miriam Acuña (de 7 años, hija de Marta).

Con fecha 6 de mayo fue presentado por Lidia Olga Conti, hermana de Haroldo (y esposa del militar aludido en la carta de enero) el primer hábeas corpus pidiendo la aparición de Haroldo. El recurso, como los que siguieron después, no tuvo resultado.

Personal de inteligencia del Batallón 601 estuvo a cargo del interrogatorio, tortura y muerte de Haroldo Conti

Haroldo Conti había sido detenido ilegalmente y elementos del Batallón 601 de Inteligencia y del Cuerpo I de Ejército se ocuparon de interrogarlo bajo tortura, destruyéndolo psíquica y físicamente, al punto de que cuando el cura Leonardo Castellani, tras solicitarlo personalmente a Videla, pudo verlo en el ya desaparecido CCD “Coordinación Federal” –a una cuadra del Departamento Central de Policía–, sólo alcanzó a darle la extremaunción. Castellani reveló eso, bajo secreto, a dos periodistas de la revista Crisis y a Marta Scavac, poco antes de que ésta partiera –con protección de la Marina, por un pedido personal que hiciera Omar Torrijos a Emilio Eduardo Massera– al exilio, junto a sus dos hijos más pequeños.

Dos de los abogados que integraban la flamante CADHU (Comisión Argentina de Derechos Humanos) –Mario Hernández y Roberto Sinigaglia– que estaban coordinando acciones para denunciar atentados y secuestros en Córdoba y Buenos Aires, fueron secuestrados ellos mismos el 11 de mayo de 1976 y permanecen desaparecidos.

La orden de batalla del Proceso (cuyos documentos no terminan de salir a la luz) se estaba ejecutando en aquellos días de otoño con rapidez y ferocidad, lo que obligó a la mayoría de los integrantes de la CADHU, ex adherentes de la muy raleada Gremial de Abogados, a tomar la decisión de poner a salvo a sus familias primero y de abandonar el país poco después, para continuar con la denuncia de los crímenes de la dictadura y con el apoyo a las víctimas desde lugares o países más seguros.

Gustavo Roca y Lucio Garzón Maceda, defensores de gremialistas y presos políticos de Córdoba que sufrían el feroz hostigamiento de las patotas del Comando Libertadores de América y el III Cuerpo de Ejército, fueron a España y a Francia primero, y allí tuvieron oportunidad, por gestión de dos integrantes de la CADHU residentes en Washington, de obtener un “hearing” ante una Subcomisión de Diputados del Congreso de los Estados Unidos dedicada a los Asuntos Externos y presidida por el diputado demócrata Donald Fraser (aquella invitación no era ingenua: los dos miembros de CADHU anfitriones –el ingeniero Gino Lofredo y la ex detenida Olga Talamante, ambos con ciudadanía norteamericana– sabían que la llegada al gobierno de Jimmy Carter significaría un reimpulso de los derechos humanos, tanto en política interior como en política exterior).

Las exposiciones de Gustavo Roca y de Lucio Garzón Maceda el 28 y 29 de septiembre de 1976, inscriptas en una serie que incluía otras denuncias por las violaciones a los DDHH en Chile y el Uruguay, llevaban el pedido concreto de que cesara la ayuda militar estadounidense a aquellas tres dictaduras del Cono Sur, objetivo que fue alcanzado en todos los casos.

Sin embargo, en el caso argentino, el haber hecho aquella solicitud les costó a Roca y a Garzón Maceda una causa judicial por “traición a la patria”, que los tuvo en vilo hasta el regreso de la democracia argentina, cuando obtuvieron el sobreseimiento definitivo.

Ya se había iniciado en los Estado Unidos, a fines de 1976, la investigación que generaría dos visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la última de las cuales fue en 1979. Y el cálculo aproximado de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones, era el mismo que habían hecho los servicios de Inteligencia argentinos meses antes del golpe de Estado, y sobre el que había alertado Haroldo Conti en su carta a Fernández Retamar. A fines de 1976 se hablaba, tanto en Europa como en América del Norte, de “30.000”.

En enero del año siguiente, 1977, al prologar el libro de denuncia de la CADHU titulado “Argentina. Proceso al Genocidio”, el abogado Eduardo Luis Duhalde, quien se había trasladado a Madrid con el propósito de crear sedes y bases en Europa para denunciar la situación argentina, escribió: “Más de 2.300 personas fueron muertas oficialmente por las fuerzas militares y policiales entre marzo y diciembre de 1976. Sacerdotes, abogados, parlamentarios, profesores, científicos, artistas, asilados políticos latinoamericanos, dirigentes sindicales y de organizaciones populares se cuentan entre las víctimas. 20.000 han sido secuestradas y han desaparecido, y más de 10.000 están prisioneros en cárceles y campos de concentración militares” (como se advierte, las víctimas de la represión ilegal seguían siendo, en ese documento, 30.000).

Dos meses después, al intervenir como miembro de la CADHU y en representación de Pax Romana ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Rodolfo Mattarollo –el amigo y compañero de Haroldo Conti que mencionamos al comienzo– expresó lo siguiente: “Según varias organizaciones humanitarias, éste es el trágico saldo del año 1976 en Argentina: 2.300 muertos, 10.000 presos políticos y de 20 a 30 mil desaparecidos. Grupos armados que innegablemente forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía han secuestrado y continúan secuestrando a alrededor de 2.500 personas por mes. Las víctimas son argentinos de toda clase y condición social y latinoamericanos refugiados en territorio argentino”.

Las cifras que difundían la CADHU, el TYSAE (Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio) y otras organizaciones de resistencia y denuncia que actuaban en el exterior, no diferían mucho de las que el mismo Departamento de Estado norteamericano, que recibía cotidianamente los partes de sus propios servicios de Inteligencia y de su propia diplomacia, manejaba.

Uno de los documentos desclasificados que tiene la organización Archivo de Seguridad Nacional en la Georgetown University, perteneciente al denominado Plan Cóndor, es un mensaje del agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel, dirigido con seudónimo a sus superiores en Santiago, en julio de 1978. 

“Adjunto -dice Arancibia Clavel- la lista de todos los muertos en el año 1975. La lista va clasificada por mes. Es decir, en estas líneas van tanto los muertos ‘oficialistas’ (sic) como los ‘no oficialistas’ (sic). Este trabajo se logró conseguir en el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, sito en Callao y Viamonte, de esta capital, que depende de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, del Comando General del Ejército y del Estado Mayor General del Ejército. (…) Las listas corresponden al anexo 74.888.75/A1.E.A. y al anexo 74.889.75/id. Los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar. Casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados ‘por izquierda’, por las fuerzas de seguridad. (…) Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. En próximos envíos seguiré ampliando las listas. Atentos saludos. Luis Felipe Alemparte Díaz”.

Los casos verificados de asesinatos, secuestros y desapariciones se hacían constar, con detalle, en los escasos medios de difusión disponibles (entre ellos, dos periódicos del exilio en España, titulados “Presencia Argentina” y “Correo Argentino”). Ya en diciembre de 1977, Correo Argentino publicó la primera “Lista de prisioneros reconocidos por la Junta Militar”, con nombres y apellidos de los detenidos en Villa Devoto, La Plata, Coronda, Sierra Chica, Resistencia, Córdoba y otras cárceles argentinas, así como los casos en que se había concedido libertad, salida del país o libertad vigilada. El resto, lo que no se había podido verificar pero que sin duda estaba ocurriendo en los más de 500 centros clandestinos de detención habilitados por la dictadura en el territorio nacional, seguía perteneciendo a esa terrorífica nebulosa de los “30.000”, aquel cálculo proyectivo que habían hecho los mismos autores del golpe de Estado y ejecutores del plan genocida.

El General Ramón Camps dió la cifra de 30.000 desaparecidos

Llegado por fin a la Argentina, el ciclo de la democracia y recuperación de las instituciones, ciertos referentes de la dictadura como el sanguinario general Ramón Camps –quien murió antes de ser alcanzado definitivamente por la justicia– escribían columnas de opinión en medios “amigos” como el diario La Prensa y, además de jactarse de sus crímenes, se permitían aconsejar a los dirigentes y a la ciudadanía de nuestra débil democracia recuperada.

Fue justamente en aquel clima de alivio y a la vez de temor que reinaba a la salida de la dictadura cuando Jorge Luis Borges, entrevistado por periodistas del diario francés Le Monde, en un reportaje que se publicaría a doble página el domingo 6 de mayo de 1984, dijo lo siguiente: “Aquí se usa ese eufemismo de desaparecidos, pero la realidad es mucho más terrible: esas personas no desaparecieron, fueron secuestradas, quizás torturadas y seguramente asesinadas. El general (Ramón) Camps da la cifra de treinta mil. Lo más terrible es que –al parecer– aumentaron, redondearon la cifra para vanagloriarse” (extracto del artículo, reproducido por el vespertino La Razón de Buenos Aires, diario dirigido por Félix Laiño, un hombre que respondía al Ejército Argentino, que era el verdadero propietario del medio, el lunes 7 de mayo de 1984).

En el principio y el final de este relato, donde hemos dejado que hablen los documentos, son los mismos verdugos de la Argentina y de los argentinos quienes lanzaron la cifra de 30.000, cifra que luego fue recogida por la CADHU y las primeras organizaciones que denunciaron a la dictadura cívico militar, con el deseo de parar la matanza y de recuperar vivas a la mayor cantidad de víctimas posibles.

Nuestros 30.000, lo mismo que los seis millones de judíos de la Shoá, lo mismo que el millón del genocidio armenio, los de la posguerra civil en España, los comunistas asesinados en la Indonesia de Suharto o, viniendo más cerca, las víctimas sin nombre y sin tumba de dictaduras genocidas en Asia, África y América latina, son una cuenta abierta, que cada día puede ser incrementada por un nuevo hallazgo o una nueva denuncia. Y son también una herida abierta que sólo una política sostenida de memoria, verdad y justicia  (proeza argentina, que aún no hemos sido capaces de dimensionar ni valorar) puede cerrar. El dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri (1926-2003), minimizando la demanda por los caídos en aquella guerra de Malvinas que él mismo había desatado, dijo en un reportaje que todos los años “muere más gente en accidentes de tránsito”. Pareja frivolidad y desprecio por la vida humana ostentan aquellos que piden hoy un cálculo “exacto” y “cerrado” de las víctimas de la peor dictadura que sufrimos los argentinos.

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Archivo

Vladimir Putin: ayer y hoy, por Oscar Taffetani

Electo con el 87% de los votos (y una participación del 74,22% del padrón) Vladimir Putin se prepara para un nuevo ciclo de gobierno en Rusia, enorme país euroasiático cuyo poder controla directa o indirectamente desde el fin del siglo XX. La nota que reproducimos, publicada en 2006 en Nuevo Siglo On Line y ahora rescatada de su archivo, analiza y caracteriza el poder de Putin, a propósito del asesinato en 2006 de Anna Politkovskaya, una periodista muerta “en confusas circunstancias” cuando estaba denunciando la matanza de rebeldes de Chechenia. Poco antes de las últimas elecciones en Rusia, el mundo se enteró del supuesto suicidio, en una prisión de Siberia, de Alexei Navalny, otro líder y referente de la oposición a Putin. La lista de muertes dudosas, en Rusia, ya es interminable. Y por eso la foto que ilustra la nota rescatada de archivo no difiere mucho de la que podría tomarse hoy. Los muertos, por supuesto, no salen en la foto..

MENSAJE DE ANNA, DESDE EL PAÍS DE PUTIN

Anna Politkovskaya

La naturaleza del poder de Vladimir Putin, su innegable ascendiente sobre los antiguos “”apparatchik”” del imperio soviético y su presencia impetuosa y a la vez amenazante, quedó reflejada en una instantánea tomada en 2001 por algún fotógrafo oficial.
Putin se había reunido con los titulares de las nuevas repúblicas de la Federación Rusa como en los mejores tiempos de Stalin, cuando esa clase de meetings se celebraban en alguna dacha de las afueras de la Capital, llegados los amables calores de estío, a la sombra de los altos (y emblemáticos) abedules. Allí se lo ve a Stalin, perdón, a Putin, saliendo del bosque acompañado por diez presidentes, todos con ropa informal, aunque uniformados en el aspecto que más importa: el mental.

Putín año 2001 junto a 9 presidentes

A nadie le cabe duda, a esta altura de los acontecimientos, de que Putin es la nueva máscara de un antiguo régimen, la fórmula que encontraron los rusos para tranquilizar a un Occidente en donde se había puesto peligrosamente de moda -allá por los ’90- derribar muros y exigir bagatelas como la democracia y los derechos humanos.
La matriz estalinista -construida sobre los sedimentos del despotismo zarista- no había cambiado en absoluto: empresas estatales privatizadas, con enormes activos heredados de tiempos socialistas, brindaban ahora “oportunidades de negocios” al capital trasnacional. Pero sus gerentes eran invariablemente rusos: jóvenes ejecutivos y “tycoons” nacidos del desmadre soviético, aunque siempre concientes de las deudas contraídas con el viejo régimen (y cuando se olvidaban, como en el caso de la petrolera Yukos, el antiguo régimen se encargaba de recordárselos) .

Cuando pasó la borrachera liberal de Mr. Jack Daniel’s (así le decían a Boris Yeltsin), Rusia volvió a lo de siempre: a la censura sistemática, al disciplinamiento y castigo del disidente, al “pogrom” contra los pueblos o las etnias en rebeldía.

En el Pravda soviético no se podían publicar notas policiales, para no desmoralizar a la población. Y sobre las campañas del Ejército Rojo más allá de las fronteras del imperio, sólo podía tenerse la versión oficial, por ejemplo, que se había aplastado la conspiración capitalista-imperialista en Hungría, en Polonia o Checoslovaquia; que se había terminado con el feudalismo de algún jeque árabe en un pequeño país del África; que se había liberado a algún pueblo del Asia central del retrógrado fundamentalismo musulmán, y así.

En el Pravda de estos tiempos, el pluralismo consiste en no hacer preguntas molestas, no recordar el pasado de los funcionarios, no ayudar a los “enemigos de la patria” y no dar espacio al “terrorismo” en ninguna de sus formas. Y los medios que no cumplen con la consigna son presionados económicamente, políticamente y también del modo que hemos visto con la periodista Anna Politkovskaya.
Así, las familias del submarino nuclear Kursk debieron asistir por interminables horas, destrozadas, a la agonía y la muerte decretada de los tripulantes, sepultados a escasos metros de profundidad en el Mar de Barents, todo para no brindar al “enemigo” secretos sobre el accidente ocurrido.
Así, las familias de los rehenes en un teatro de Moscú, o las de los rehenes en la escuela de Beslán, debieron admitir, estoicamente, que un rescate eficaz tiene siempre un alto costo en vidas inocentes. Luego, llegará el turno de los claveles rojos, las condecoraciones y las lágrimas sobre las frías piedras de los cementerios.

Ésta es la nueva Rusia, que conduce con mano firme Vladimir Putin. Cualquier semejanza con la Rusia de Stalin es pura coincidencia. O malintencionada crítica, hecha por el “enemigo”.

Novaya Gazeta

Nóvaya Gazeta -el medio para el que trabajaba Anna Politkovskaya hasta el sábado 7 de octubre, cuando la mataron a balazos- ya había perdido hasta ese momento dos corresponsales, Igor Domnikov y Yuri Schekochijin. En el primer caso, gracias a una investigación realizada por el staff del quincenario, se logró poner a los autores materiales a disposición de la justicia. En el segundo, no se pudo hacer nada, ya que ni siquiera a los familiares de la víctima se les permitió ver los resultados de la autopsia.

Así están las cosas en Rusia, enorme nación que pudo construirse, históricamente, sobre la sangre de millones de seres humanos, y cuyas diversidades y conflictos quedaron aplastadas bajo el peso de un implacable Estado que maneja -como todos los Estados- oscuras e impenetrables “cuestiones de Estado”.

Viacheslav Titiokin, compañero de Anna, también periodista de Nóvaya Gazeta, escribió una emocionante despedida para la colega, con la promesa de investigar -si es necesario, hasta la muerte- el asesinato. “Continuaremos la investigación -escribió- y los asesinos serán castigados. Mientras Nóvaya Gazeta exista, los asesinos de Anna no dormirán tranquilos”.

He ahí un magnífico mensaje moral que nos dan los periodistas rusos, de coraje y amor por la profesión, en tiempos difíciles.

(Artículo publicado en 2006 en Nuevo Siglo On Line , bajo el título “Mensaje de Anna, desde el país de Putin” y rescatado por su autor, Oscar Taffetani, para formar parte del Archivo LCV)




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